Viene esto a cuento por el citado Día del agua y porque una de las primeras iniciativas ciudadanas a nivel europeo que se pone en marcha está relacionada con este indispensable elemento de nuestra vida cotidiana. Se sabe que el Tratado de la Unión europea dispone en su artículo 11.4 que “un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requiern un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados”.
Después, el Reglamento 211/2011 del Parlamento europeo y del Consejo ha regulado, ya con minuciosidad, el ejercicio de este derecho y ha concretado por ejemplo que el número “significativo” de Estados miembros es el de “la cuarta parte” de los mismos. A su vez, el número mínimo de firmantes requerido en cada Estado miembro debe corresponder al número de diputados al Parlamento europeo elegido en cada Estado multiplicado por 750. En el caso de España salen 37.500 ciudadanos. La edad mínima de estos debe coincidir con la requerida para el ejercicio del derecho de voto en las elecciones europeas.
Pues bien, miles de europeos se han comprometido con su firma a invitar a la Comisión europea a presentar una propuesta legislativa “para la implementación del derecho humano al agua y el saneamiento reconocido por la ONU y a promover el suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para todos”.
Se trata pues de que, desde la legislación de la UE, se exija a los Gobiernos a que “por obligación” tanto las instituciones comunitarias como los Estados velen para que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al agua y al saneamiento, de un lado, y el abastecimiento y la gestión de recursos hídricos, de otro. Pero se pide más y algo más polémico y es que tanto el abastecimento como la gestión de tales recursos “no se rijan por las normas del mercado interior” y que se excluyan los servicios de aguas del ámbito de la liberalización.
La petición nace porque se sabe que en la superficie del agua se reflejan ya grandes negocios con protagonistas y siglas cuya trascendencia económica -a escala europea- es bien conocida. Veremos lo que ocurre pero los temores no son infundados si se tiene en cuenta la situación en que se encuentran las arcas municipales y la tentación que supone para quienes las administran “hacer caja” con este bien imprescindible y popular. Las salas de lo contencioso-administrativo llevan tiempo ocupándose de pleitos en torno a ventas, participaciones accionariales, sociedades y demás que son bien conocidos por los lectores de este Blog. De otro lado, la misma reforma municipal en curso, en la medida que puede ocuparse de las mancomunidades, de los consorcios o de las juntas vecinales, dejará también su huella que, aunque se proyecte en el agua, será indeleble.
No se trata de sentir nostalgia por los viejos servicios municipales o municipalizados del agua pero sí de alertar acerca de los riesgos que una nueva oleada liberalizadora poco meditada podría acarrear. A mi juicio, defender en esta hora el control público, la presencia de la autoridad neutral e independiente en la gestión de este recurso, resulta imprescindible.
Porque en nuestros oídos tintinean los sonidos del agua y de la fuente así como los clamores que brotan de la sed y de la salud.
No hay comentarios:
Publicar un comentario