Una solución efectiva contra la corrupción: carné por puntos para los políticos

Leo con incredulidad que el partido del gobierno va a promover un pacto para la regeneración contra la corrupción. Exactamente la noticia dice que “ El PP promoverá un pacto ético con los demás grupos para estudiar cuándo un cargo público implicado en un caso de corrupción debe abandonar sus responsabilidades políticas”. No sé si es que los actos de contrición propios de Semana Santa llevan a formular los buenos deseos que serán rotos el resto del año o si se intenta nuevamente jugar con la ciudadanía y utilizar ese cortina de humo para aplacar los ánimos de los indignados consistente en un bonito “Pacto nacional”, que sirve para todo como el bálsamo de Fierabrás: corrupción, salud, educación, hipotecas, o sobre cualquier otro tema ardiente que requiera ser sofocado con urgencia.

Confieso que cuando oigo hablar de “Pacto Nacional” ( especialmente cuando desliza esas válvulas de seguridad que aseguran su total inocuidad, que son la alusión a pacto “ético”, con el objetivo descafeinado “para estudiar”), no puedo evitar recordar aquello que decía el malvado nazi Goering: “cuando oigo hablar de cultura, quito el seguro a mi pistola”.

I. Digámoslo claro. Los “ Pactos nacionales” (salvo los legendarios Pactos de la Moncloa o los pactos anti-terrorismo) son una zarandaja:

a) En primer lugar, porque los pactos pueden y deben cocerse en sede parlamentaria, en Ponencias y Comisiones, lugar donde las transacciones tienen cabida. Las ideas de los partidos políticos han de expresarse en proposiciones de ley, proyectos o enmiendas. Lo demás es jugar con cartas marcadas y con “reserva mental” ( ya haré lo que tenga que hacer).

b) En segundo lugar, porque tales Pactos suelen plantearse entre los grandes partidos, y como “entre bomberos, no se pisan la manguera” pues suelen alcanzar acuerdos para la galería. O sea, declaraciones pomposas “mientras la peste se expande”.

II. Para Sevach la solución para la solución a la corrupción requiere coger el toro por los cuernos. Y no se diga que solucionar la corrupción es imposible o difícil. 

Si se quiere, se puede, y voy a apuntar una sugerencia sencilla y me atrevo a decir que eficaz al ciento por ciento.

De entrada señalaré que el punto de ataque contra la corrupción política debe partir del castizo refrán de que “el miedo guarda la viña”. Está claro que un político sabe que la vía penal entre imputaciones y vacilaciones suele acabar en vía muerta. Lo que duele auténticamente es la sombra de la guillotina a la carrera política. O sea, miedo a la inhabilitación para los cargos políticos. Además esa inhabilitación no debe limitarse al ámbito de las Administraciones Públicas sino que debe alcanzar a los cargos de ese retiro o refugio dorado que son las empresas o fundaciones públicas (el sector público).

En segundo lugar, para evitar una caza de brujas de todos los políticos ( hay mas de 80.000 altos cargos en el país) hay que tener en cuenta que la corrupción suele estadísticamente llamar a la puerta de los “políticos profesionales” considerando tales no a los bisoños de la política, llenos de sueños y que toman posesión de su escaño o poltrona pública. No. La tentación de corrupción llega cuando el político comienza a dominar los resortes del sistema, a conocer la fuerza de un clientelismo bien administrado y sobre todo cuando descubre que aunque la Jurisdicción Contencioso-administrativa controla la actuación administrativa, “nunca pasa nada” ( y no digamos la sonrisa de gato de Cheshire que se le escapa cuando le hablan del Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas). En esa segunda legislatura es cuando algunos ceden a la tentación de adoptar decisiones arbitrarias, de adjudicar contratos vistiendo el santo, de desviar fondos para los favoritos, de asignar plazas a familiares y correliginarios,etc. Y el mal acecha a cualquier político de cualquier ideología. Tómese alguien ajeno a la política y de moral intachable, súbasele a un cargo público, désele poder, déjesele cocerse entre los grupos de presión, agitémosle y al cabo de un tiempo no largo, veremos sus debilidades y un rastro de corruptelas que dejarán paso a grandes corrupciones.

III. Por eso, me dejaría de pactos y sencillamente emplazaría a los grandes partidos a que, con valentía implantasen por Ley formal un modesto “carné por puntos”, como el de tráfico, pero para conducirse en la política y manejar fondos públicos. No puede ser que un político ocupe un cargo, provoque grandes estragos jurídicos, personales y económicos, y vaya de cargo en cargo como de “oca en oca” , en total impunidad.
 Aquí va mi propuesta articulada de proposición de Ley ( y manifiestamente mejorable,pero como líneas maestras podría abrir el debate):

1. Todo alto cargo que inicie un segundo mandato representativo al frente de cualquier Administración o entidad pública tendrá un crédito máximo de errores relevantes (CER), cuyo agotamiento determinará la inhabilitación permanente para todo cargo político en cualquier Administración, entidad o sector público.

2. Se considerarán errores relevantes computables los que se ponen de manifiesto implícitamente con el dictado de sentencias contencioso-administrativas que invaliden actuaciones administrativas expresas o presuntas imputables al alto cargo como titular de órgano de gobierno unipersonal o al órgano colegiado presidido por el mismo (siempre que hubiere votado a favor). Tales sentencias deberán ser firmes, no enervando tal firmeza el planteamiento de recursos extraordinarios ( nulidad de actuaciones, recurso de revisión, Tribunal Constitucional, Derechos Humanos, etc), sin perjuicio de lo que resultase de su eventual estimación.

3. El número máximo de errores relevantes dentro de un período máximo de cuatro años, bien por ocupar el mismo o distinto cargo, de forma continua o discontinua, será el que se cometa en alguno de los siguientes supuestos:

A) Cuatro sentencias que declaren la invalidez de la actuación administrativa por apreciar vicio de nulidad de pleno derecho por sentencia dictada por el procedimiento ordinario.

B) Dos sentencias que declaren la invalidez de la actuación administrativa por apreciar vicio de nulidad de pleno derecho por conculcación de derechos fundamentales o libertades públicas en sentencia dictada por el procedimiento especial para su tutela.

C) Dos Sentencias estimatorias de la invalidez de la actuación administrativa que consideren probada la desviación de poder.

D) Tres multas coercitivas impuestas para la ejecución de la misma sentencia o auto firmes.

4. Asimismo tendrán idéntica eficacia dos Sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas declarando la existencia de responsabilidad contable.

5. El Registro de Créditos de Errores Relevantes  se llevará por la Junta Electoral Central.

Con eso, se notarían en breve los efectos auténticamente regeneradores de la cosa pública. Lo contrario es seguir tolerando la “Cosa nostra”.