Sí, hace seis años, Luis Muñoz Garde, presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, demandó “Abrir nuestras sedes abiertas al ciudadano, con jornadas de puertas abiertas, y programas de visitas de colectivos interesados, también simboliza una actitud positiva” (revista Auditoría Pública, No. 42, julio 2007, p. 14). Sí cinco años después, Luis Ma. Ordoki, Secretario General, de la misma Cámara referida, en un artículo expuso la necesidad de una transformación radical en los OCEX, afirmando “existen muchas entidades de fiscalización en España que son ignoradas por el ciudadano” (www.auditoriapublica.com, revista Auditoría Pública, No. 57, julio 2012).
Y como no son ignoradas, si en las entidades de fiscalización se habla con mentiras. Como nunca jamás aceptan públicamente sus errores, como tampoco su realidad circundante. Sí, como en los X Encuentros, celebrado en Sevilla, los días 23 y 24 de mayo del año 2013, se ha concluido, “sería deseable que se permitiera a la ciudadanía claramente conocer el destino de los recursos”. Sin embargo, en la fiscalización resulta engañosa la palabra, tal como, deseable. Porque no es un deseo que los auditores públicos muestren sus diferencias por los informes aprobados sino un derecho democrático de exigir el respeto al trabajo del auditor, ni tampoco es un anhelo difuso y lejano de la ciudadanía demandar rendición de cuentas sino los auditores tenemos la obligación de hacerla realidad, ahora y aquí.
Porque como pretender determinar, ¿Qué normas son de aplicación en las auditorías a entidades del sector público? Sí se concluyó en el V Congreso Nacional de Auditoría Pública, “las auditorías de las cuentas públicas carecen de la suficiente claridad y seguridad jurídicas”. Lo que reiteró la necesidad expuesta por Rafael Cámara, en suparticipación de la apertura institucional del Congreso, “recordó que las tres corporaciones representativas de los auditores de cuentas crearon en el mes de mayo la Comisión de Auditores del Sector Público con el objetivo de apoyar a las administraciones públicas” Auditores No. 19, junio 2013, p. 31). Y agregó, “es tiempo de exigir a la Administración Pública, lo mismo que a las entidades mercantiles, transparencia”. Pero tal parece, ha olvidado que “históricamente las firmas de auditoría eran cajas negras, a partir de ahora lo seremos lo menos posible” como lo afirmó, Cesar Ferrer, socio de KPMG, miembro del Consejo Directivo del ICJCE y representante del mismo en el grupo de trabajo de ética de la Federation des Experts Comptables Européens (revista Auditores, No. 15, mayo 2011, pp.13-14). De nuevo cultivar la esperanza, la promesa depositada en la confianza individual, y de nuevo el dominio de la auditoría privada en lo público, que ha privilegiado a pocos en detrimento de muchos.
Y no obstante la crisis, el presidente del ICJCE, afirmó “los organismos de control cuentan con personal competente”. Es decir, la competencia profesional del auditor está fuera de duda. Por esto, “Siempre he defendido el papel de los auditores como una pieza esencial del sistema financiero” (Fernando Restoy, Ídem, p. 28). Caso contrario, cuando las entidades de fiscalización no responden a los intereses de las mayorías parlamentarias, como en el estado de Michoacán (México), el Congreso no sólo rechazó el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2011, también ha amenazado (vía la Contraloría Interna de la Legislatura estatal) a diez funcionarios, incluido el Auditor Superior, por presuntos actos de dolo, al momento de realizar y entregar dicho Informe, y entre otras acusaciones, se ha considerado de regular a malo el desempeño laboral de los auditores, según diagnóstico de la Mesa Técnica de la Comisión Inspectora de la ASM, e incluso, su titular José Luis López, declaró “Hay personal de la ASM que no cumple funciones de auditor o fiscalizador” (La Voz de Michoacán, 21 de mayo de 2013, p. 8 A). Por lo que no resulta extraño que el órgano fiscalizador de Michoacán acuse un rezago de 4,500 expedientes sin resolver. Y paradójicamente se señala “en materia de normatividad y leyes de fiscalización, el órgano técnico salió bien librado con calificaciones aceptables” concluyó en mayo de este año, el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara (La Voz de Michoacán, 3 de junio de 2013, p. 6 A).
Conclusión imaginaria que contrasta con la realidad. Como la historia siguiente: Una mañana de enero del presente año, a 75 auditores se les negó la entrada al edificio de la Auditoría Superior de Michoacán, sin mayor aviso ni notificación, su error fue pretender formar un sindicato, cuando los auditores son considerados trabajadores de confianza, y por ello, se les niega el derecho a la vida sindical. Así de simple y sin respeto a los auditores se les despidió, sin hacer entrega de sus papeles de trabajo o avances de sus auditorías ni menos pudieron recoger sus cosas personales. Y tras cuatro meses de protestas por la medida y la falta de indemnización, reaccionaron de la misma forma, y durante 21 días mantuvieron ‘tomadas’ las instalaciones de la ASM (sin permitir la entrada al personal) hasta que el día 5 de junio fueron desalojados por la fuerza policiaca, y ahí terminó, quizá el primer intento en México, de hacer valer los derechos laborales de los auditores públicos.
Luego, cómo promover el derecho a disentir del auditor en las entidades de fiscalización si la obediencia y el silencio se imponen con la fuerza del autoritarismo, condición que reproduce la antidemocracia en los organismos de control. Entonces, éstos solamente podrán contribuir en la defensa de los derechos del hombre si contribuyen en la defensa de los derechos del auditor.
Mientras la tarea inmediata es determinar las contradicciones, debilidades, y vacíos que muestra el discurso y la teoría de la fiscalización del nunca jamás
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