Navegando distraídamente por la información de internet, el otro día fui a parar a una noticia de hace cuatro años, en la que se comentaba que una empresa farmacéutica había decidido volver a fabricar los famosos parches Sor Virginia para dolores localizados, rediseñando la imagen y aspecto del producto; el artículo me transportó a la infancia, e inmediatamente recordé a mis abuelos, que tanto confiaban en las virtudes del producto.
Viene esto a cuento de la imagen que ha acudido a mi mente oyendo las explicaciones del pomposamente denominado Plan de Racionalización de la Administración Pública que la vicepresidenta del Gobierno presentó en sociedad el pasado día 20 de junio, como resultado del trabajo elaborado durante un año y medio por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA.
Quien haya tenido la bondad de leer alguna vez en esta ventana mi opinión sobre esta materia, podrá imaginar la conclusión que yo extraigo de todo esto: palabras, y más palabras, acompañadas de un montón de buenas intenciones, pero que no producirán el efecto deseado. Y no es cabezonería, no, es que los políticos no son conscientes de la magnitud del problema; o si lo son, no lo demuestran con sus actos.
Intentando no ahogarme en el fango de las opiniones políticas, hay hechos incuestionables, que este conjunto de buenas intenciones no va a corregir, lo diga quien lo diga.
De entrada, recordemos que el gasto público del Estado (operaciones no financieras) medido según el Protocolo de Déficit Excesivo supuso 494.000 M € en 2012; que la cifra ha crecido durante la crisis: desde 413.000 M € en 2007, ha aumentado todos los años. El saldo de las cuentas públicas así medidas ha sido negativo desde 2008, es decir, que todos los años se ha gastado mucho más de lo que se ingresaba, en media, 75.000 M € cada año, lo que arroja un déficit acumulado en cinco años de 377.000 M €. Por último, y como dije en la anterior columna, el aumento de la presión sobre los contribuyentes hasta los niveles insostenibles que actualmente soportamos, permitió que en 2012 las arcas públicas ingresaran 1.600 M € más que en 2011.
En ese contexto, que como poco cabe considerar preocupante, después de un año y medio de sesudos trabajos, tomas de datos, contraste con todos los interlocutores sociales, consensos, etc. la Comisión de expertos para la Reforma de las Administraciones Públicas concluye diciendo que hay que racionalizar la estructura de las administraciones, ver dónde hay duplicidades (se supone que para corregir la situación), coordinar mejor la información que comparten las diferentes administraciones, centralizar bases de datos, contratar algunos bienes y servicios de manera conjunta, dar más trasparencia a los concursos, oportunidades de negocio, etc. ah!, se me olvidaba, y reformar 57 organismos públicos (fusionándolos, o haciéndolos depender de algún ministerio diferente, no como se cierran las empresas en problemas) y suprimir 90 observatorios existentes, no se sabe bien para qué, pero que podrían ser redundantes. Sencillamente, sin palabras. Sobre todo cuando lo primero que se va a hacer es crear una Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración.
No hace falta ser un lince para apreciar el voluntarismo y carácter publicitario de este informe: ahora hay que trasformar todas esas buenas intenciones y recomendaciones en algo práctico; hay que pactar con las comunidades autónomas (muchas de las cuales han dicho que el tema no va con ellas); hay que ejecutar las medidas; etc. todo ello en el contexto de un sistema político en el que tenemos elecciones importantes cada 2 años. Antes de que se pueda poner algo en marcha, estaremos de lleno en la campaña electoral siguiente, ya sea de europeas, autonómicas, locales o nacionales, y ningún partido querrá perder votos aceptando medidas contrarias a sus intereses locales propios. Sencillamente, así no da tiempo a resolver el problema.
Por supuesto, las cifras que aporta el informe de la citada Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas no dejan de ser un brindis al sol, pero si se me permite, un brindis con poca enjundia, más bien de andar por casa: según sus propios cálculos, “las medidas de racionalización administrativa, supresión de organismos y estructuras, eliminación de duplicidades y mejora de la gestión de medios y servicios recogidas en el informe de la CORA comporta unos ahorros acumulados totales de 6.440 millones de euros en los tres años de su implantación para las AA.PP., a los que se sumarían los generados por las medidas ya cuantificadas en materia de empleo público. Y, cuando se produzca la total efectividad de las reformas, unos ahorros para ciudadanos y empresas de 16.295 millones de euros”.
O sea, que si todas las administraciones implicadas se ponen de acuerdo, ya sean gobernadas por el mismo o diferente partido, y las medidas se implantan, ¡conseguirán 2.000 M € de ahorro anual en el gasto público! De los 16.300 M ni comento, porque no soy capaz de entender en qué unidad de tiempo se alcanzan; si fuera en un año, sería para estar contentos, pero lo habrían dicho; parece que la magnitud se deja en el aire, sin precisar, para que cada uno piense lo que prefiera.
En resumen, que a este paso, se necesitan otros 25 años para cerrar la hemorragia del gasto público; no hay economía que lo aguante. Bienvenido sea el intento de arreglar la situación, pero no sé por qué vuelvo a acordarme de los parches Sor Virginia.
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