Siguiendo la línea de razonamiento del post anterior, en el que me refería al pequeño aumento de ingresos que la tremenda subida de impuestos había producido, hoy quiero centrarme en la evolución del gasto público, porque a mi juicio es la variable que con más urgencia debería corregirse para superar la crisis.
Si se revisa la última información disponible (Instituto Nacional de Estadística, Banco de España, Ministerio de Economía y Hacienda, etc.) se comprueba que la brecha entre ingresos y gastos de la Administración Pública no solo no se cierra, sino que se amplía, es decir, que la situación de partida empeora.
No es fácil demostrar esta idea con una cifra que pueda ser más o menos incuestionable, porque las estadísticas disponibles se conocen con retraso y, durante el ejercicio vigente, no son plenamente homogéneas con las disponibles de final de cada ejercicio económico. No obstante, hay algunos datos e indicios muy claros al respecto, es decir, de la escasa reducción de gasto público que se está consiguiendo.
Para no aburrir con demasiadas cifras, podemos centrarnos en las que proporciona la Intervención General de la Administración del Estado con los datos consolidados de las administraciones púbicas; las cifras de Julio constatan un volumen de gasto acumulado a Julio de 242.000 M €, que supone la mitad del gasto total contabilizado el año pasado (494.000 M €).
La diferencia entre la evolución de los gastos e ingresos públicos proporciona el saldo de las cuentas públicas, que desgraciadamente hemos asumido que siempre sea deficitario, olvidando que en su origen la buena administración pública debía terminar el ejercicio con un saldo equilibrado. Pero esa idea pasó a la historia, y ahora casi todos damos por descontado que quienes administren el presupuesto públicos concluirán el ejercicio con más gasto que ingresos, es decir, dejando a deber una parte importante de los compromisos de pago.
En concreto, los datos de Julio muestran un déficit público de 54.300 M € medido en términos de las normas de Protocolo de Déficit Excesivo; esta cifra equivale al 5,17 % del PIB (pido disculpas por los decimales, pero en esta ocasión resultan imprescindibles); es decir, que cuando sólo han transcurrido 7 doceavas partes del año (o sea, el 58% del año), se ha acumulado un déficit público equivalente al que debería haber a comienzos de Septiembre, en el supuesto de que este año concluyese con el mismo déficit del año anterior.
La información que el Gobierno proporciona a la Unión Europea en el contexto del Protocolo de Déficit Excesivo este año (27 de Marzo), plantea para Diciembre unas necesidades de financiación (es decir, déficit) de 48.400 M € que, si se consiguiese, supondría un 57% menos que el año pasado (111.000 M €). Con independencia de cuál sea el ritmo de contabilización de los gastos de las diferentes administraciones públicas, que puede ser muy variable según las circunstancias de cada organismo, no parece fácil que en la parte restante del año la tendencia se corrija de manera tan contundente.
Y eso, incluso considerando que el importe del gasto público contabilizado el año pasado (494.000 M €) incluía la segunda parte de los gastos extraordinarios necesarios para los saneamientos y reformas estructurales que el Gobierno implantó para corregir la situación; es decir, gastos que no se producirán durante este ejercicio.
Así pues, llegamos una vez más al argumento en el que siempre concluyen los análisis de la política económica actual: habiendo subido la presión fiscal hasta niveles insostenibles para el contribuyente, sin duda negativos para el normal desarrollo de la economía, los gastos públicos apenas disminuyen, o no lo hacen al ritmo deseable. El déficit público es algo menor que al inicio de la crisis, es cierto, y en términos porcentuales medido sobre el PIB también cae, pero a costa de empobrecer al sector privado (particulares y empresas), deteriorando la capacidad potencial de nuestra economía (menos consumo y casi nula inversión privada).
Cuanto más se retrase la rebaja impositiva que muchos analistas recomiendan, más se retrasará la recuperación, y más se resentirá la capacidad de crecimiento potencial de nuestro sistema económico.
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