En alguna ocasión me he referido aquí a la normativa sobre infraestructuras energéticas que se lleva discutiendo hace años en las instituciones europeas. Fui ponente y redactor, en la Comisión de Investigación, Industria y Energía del Parlamento europeo, del Informe sobre tales infraestructuras en el horizonte 2020. Después vino la redacción del Reglamento y su aprobación que hoy ya se encuentra en el Diario Oficial (347/2013). Ahora se está en la selección de los proyectos de “interés común” para Europa.
Todo ello tiene importancia para los lectores de este Blog porque con las nuevas normas, y en el caso de los proyectos seleccionados por las autoridades europeas, se alteran las competencias de las Administraciones públicas, en concreto de las corporaciones locales.
El Reglamento actúa sobre algunas exigencias bien relevantes: aumentar el porcentaje de fuentes de energía renovable; ahorrar con la ayuda de redes y contadores que se llaman “inteligentes”; garantizar el abastecimiento de gas; diversificar nuestro abastecimiento; reforzar el mercado único … Hay que partir de una realidad: la pobreza de Europa en recursos energéticos.
Desde la perspectiva que aquí interesa procede decir que son las empresas promotoras de los proyectos las que deben ponerse en movimiento para solicitar
que los mismos sean declarados de “interés común”. Primero se seleccionan en un nivel “regional”, expresión que alude al espacio territorial de varios Estados miembros (los países bálticos por ejemplo más algún otro, Portugal con España y Francia etc): de ahí pasa al nivel de las instituciones de Bruselas donde se seleccionan definitivamente.
Cuando se recibe el sello del “interés común” se puede llegar a tener acceso a una financiación pública procedente de la UE (hasta el 50% de los estudios y obras y, en casos excepcionales, hasta el 80%). Como digo, solo “se puede” porque la concesión de tales dineros públicos no es automática. Lo que sí es automático es el disfrute de un procedimiento especial de concesión de permisos que será más ágil -no podrá exceder de tres años-. Cada Estado designará además una única autoridad competente para la tramitación del proceso (ventanilla única). Aquí es donde se van a ver alteradas las competencias de las Administraciones del territorio en que se aloje el proyecto. Las autoridades municipales y autonómicas habrán de estar al tanto de los proyectos que puedan ser seleccionados en Bruselas y que afecten a su territorio.
De momento hay doscientos cuarenta y ocho proyectos seleccionados correspondiendo seis a España. No entro en lo que este número -un poco pobre ciertamente- supone desde el punto de vista de la política energética de nuestro país pues el fin de estas líneas es, como digo, el de alertar a autoridades y funcionarios de unas nuevas normas que les van a afectar directamente.
Hay dos proyectos gasísticos y cuatro eléctricos. El primero es una línea eléctrica de cuarenta kilómetros que conectará dos pueblos de la provincia de Gerona y cuyo objetivo último es aumentar la capacidad de interconexión con Francia. El segundo -360 kms- conectará el País Vasco con Francia a través del golfo de Vizaya. El tercero es la instalación de transformación de la subestación eléctrica de Arkale en el País Vasco con la mira puesta de nuevo en Francia. En la frontera entre Orense y Portugal hay otro de estos proyectos aprobado (Beariz-Fontefría). Los gasísticos se localizan entre Zamora y Portugal y un último está pensado para una conducción de 185 kms entre España y Francia que afectará a la estación de Le Perthus (en Francia).
Atención: son casi seis mil millones de euros los que la Comisión europea destina a estos fines. Esperemos diligencia desde España para hacerse con un apreciable pellizco de esa cantidad.
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