2. Cultura de denuncia
Mientras Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España, elogiaba el participación de las auditoras y sociedades valoradoras “Debo decir que el trabajo ha sido muy satisfactorio y me consta que han dedicado mucho tiempo y recursos. Para ello ha sido clave también la experiencia y solidez de los inspectores del Banco de España, que han estado muy implicados en todo el proceso”[1]. Poco tiempo más tarde, supervisores del Banco de España, denunciaron “en el trabajo de la inspección aparece con relativa frecuencia indicios de conductas que pudieran ser delictivas, pero que la forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”[2]. Pero la denuncia se diluyó porque “Ningún inspector cita casos concretos”[3], no obstante que supervisores rebajaron las provisiones exigidas, básicamente para salvar la cuenta de resultados de alguna entidad, pero 2010 fue un año especialmente complejo para Bankia, clave en la crisis financiera española.
Y es también la historia de la auditoría y fiscalización, los artículos, ensayos, y específicamente las denuncias que parten de auditores y fiscalizadores, evaden señalar nombres y apellidos y casos concretos de empresas o instituciones.
Se manifiesta en las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de la Blogosfera Pública en España, que resulta necesario abrir las puertas al cambio y a la innovación en los servicios públicos, impulsando nuevas ideas y modelos de gobierno abierto y que se debe defender el orgullo de ser trabajador de la administración pública. Y trasladando la idea a los organismos de control. Sí, se debe abrir las puertas al cambio y a la innovación en el Tribunal de Cuentas, en los Organismos Autónomos de Control Externo en España (OCEX), en la Auditoría Superior de la Federación, en las Auditorías Superiores y Contralorías Estatales en México y en las Entidades de Fiscalización del mundo, y asimismo se debe defender el orgullo de ser auditor en cada una de ellas. Pero no a través de filtraciones (como ha sido frecuente en México) ni tampoco mediante denuncias anónimas. El derecho de la auditoría se inicia ganando el respeto de ser auditor. Para ello resulta indispensable impulsar la cultura de la denuncia, con valor.
3. Refutar informes de auditoría
Según un estudio del Banco Mundial[4] una condición para el éxito de las instituciones de fiscalización es la credibilidad, y una de sus bases, que los informes de auditoría no sean cuestionados. Sin embargo, las buenas intenciones de los Órganos de Control no condujeron a mejorar su situación, se empeoró, “Las denuncias en los medios de comunicación sobre los informes de auditoría y su no correspondencia con la realidad son abundantes”[5]. Pero el problema no es la erosión de la confianza pública en los auditores, como tampoco la debilidad de los sistemas de control, ni la falta de legislación o la carencia de rigurosidad de sus nociones centrales, sino de la capacidad de la concepción de la auditoría y fiscalización que a través de la repetitividad ha modelado tácitamente la práctica y comportamiento de los auditores para que no indaguen ni formulen nuevos problemas, no obstante que la realidad pública es dinámica, compleja y diversa. Por lo que resulta prioritario dar un giro en la visión de la auditoría y fiscalización, revisando su práctica e informes, para que igualemos la realidad con el pensamiento. Partamos de lo concreto.
La Auditoría Superior de Michoacán, Órgano Técnico del Congreso del Estado de Michoacán, en México, emitió el Informe de Resultados de la Revisión, Fiscalización y Evaluación de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2012, en la parte final dice al calce “En la revisión de la ejecución del gasto, se detectó que en los Programas Federales donde hay mezcla de recursos” (p. 3919, negrita del autor). Y el diputado Jorge Moreno Martínez, integrante de la Comisión Inspectora de la ASM, que tiene la competencia según artículo 17, de la Ley de Fiscalización “La Comisión tendrá la responsabilidad de vigilancia y seguimiento de las actividades de la Auditoría Superior y (…) evaluar el desempeño de la Auditoría Superior (fracción IV), señaló “el actual gobierno estatal uso la misma ‘licuadora financiera’ que la pasada administración estatal emanada por el PRD para destinar recursos públicos etiquetados a otros rubros”[6]. Lo anterior parece interpretar y justificar el desorden financiero en las finanzas estatales de Michoacán. Y la ASM parece cumplir con su lema “Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar”. Sin embargo, en la presentación del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, por parte de la ASF, se constató que:
La Secretaría de Educación del Estado no abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, pero la Secretaría de Salud también hizo lo mismo con respecto al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, dado que los depósitos y movimientos fueron realizados por la Tesorería General del Estado (actualmente, Secretaría de Finanzas) por lo que no fue posible determinar los productos financieros ni el fin que se les dio a éstos. De lo anterior, se emitió una recomendación para que la ASM atendiera e informara a la ASF las gestiones realizadas de dicha observación. Y se emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, solicitando a la Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán, para que resolviera y, en su caso, fincara las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los actos u omisiones (ver, La opacidad en la Cuenta Pública 2006). Resultando evidente que la ASM no atendió la observación de que se debía depositar en cada Secretaría sus Fondos respectivos y que no se mezclaran recursos en la Tesorería del Estado, dado que se detectó la misma irregularidad seis ejercicios presupuestales después. Y en consecuencia la recomendación formulada por la Auditoría Superior de la Federación para mejorar la gestión pública resultó inútil. El problema es que nadie asume su responsabilidad por el desorden financiero en Michoacán, ni la ASF, ni la Auditoría Superior de Michoacán, menos el Poder Ejecutivo y Legislativo Estatal, actual y anterior, que tienen la encomienda constitucional de vigilar los fondos públicos y rendir cuentas.
4. Refutar la concepción de la auditoría y fiscalización
La historia de los auditores ha sido la de conservar o mantener la idea, concepción o sistema de la auditoría y fiscalización. Por ejemplo, en los Manuales de Auditoría, se repite que, “Los principios relativos al sujeto auditor son de naturaleza personal”. Pero también, la práctica, “Por su naturaleza, las auditorías de desempeño pueden llevar más tiempo de ejecución que otros enfoques de fiscalización”[7]. Así como su Institución, “La naturaleza técnica, disuasiva y preventiva de la fiscalización superior”[8] (sí realmente fuera disuasiva y preventiva no debió haber ocurrido lo de Michoacán), es decir, los principios, su herramienta (auditoría) y las entidades de fiscalización tienen el carácter de naturaleza. Y según el diccionario, la naturaleza es la esencia y propiedad de cada ser. Es lo que permanece invariable. Por esto se explica que el auditor sea un receptor pasivo que, a semejanza de una placa sensible sea impresionado por la realidad, “Nuestra pretensión es obtener una radiografía completa y sistemática de la gestión pública”[9]. En otras palabras, conforme a la tradición europea “La misión de los auditores es emitir una opinión técnica sobre si las cuentas de una organización representan fielmente la realidad”[10] encontrándose al respecto una diversidad de ejemplos, pero en todo caso, es la visión mecanicista de la auditoría y fiscalización, cual si por medio de una fotografía se obtuviera en términos claros y precisos la realidad de una entidad. Ésta concepción que ha sido inobjetable en la esfera privada, pero en lo público se evidencia su debilidad. Más la auditoría privada continua determinando a la pública, y la crisis (todavía no reconocida) en las entidades de fiscalización se origina porque ninguna auditoría reproduce fotográfica o radiográficamente la realidad. Por ello la información de la auditoría resulta estéril, como estériles han sido las acciones de las entidades de fiscalización.
Conclusión
Michoacán ha ocupado la atención e interés del escenario nacional e internacional debido a la violencia e inseguridad, al grado de que Enrique Peña Nieto, Presidente de México ha reconocido la debilidad institucional. Y en ésta se encuentra necesariamente la debilidad de los órganos de fiscalización. Pero en este caso es inviable solicitar el apoyo de la Federación, vía la Auditoría Superior de la Federación, dado que padece el mismo mal. Un diagnóstico serio sobre la debilidad en las instituciones, indicaría que su fortalecimiento implica el de los Organismos de Control, y ante todo, enfrentar la crisis de su modelo actual con su secuela de ocultamiento de la verdad.
En Michoacán solamente emergió la punta del iceberg, pero subyace en México y en el mundo, las exorbitantes deudas públicas, la falta de empleo, un empobrecimiento que se extiende cada día más, y el flagelo fortalecido de la corrupción, no obstante las agencias, fiscalías u oficinas anticorrupción, véase los magros resultados en España o Argentina. Sin embargo, es posible la construcción de la auditoría pública, si se deslinda de los errores y la tutela de la auditoría privada, de su gestión autoritaria y antidemocrática, a través de impulsar una educación e investigación universitaria donde sea factible enseñar a aprender la auditoría y fiscalización, y que se enseñe a indagar e investigar nuevos caminos, generando permanentemente preguntas, como, ¿Qué auditoría pública queremos?
No hay comentarios:
Publicar un comentario