Elementos para la construcción de la Auditoría Pública (I)

Introducción

En principio, la auditoría pública no existe. Aunque se pretenda que la aplicación de la auditoría en el sector gubernamental pueda denominarse como tal. Ésta pretensión no sólo es responsable de la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos y de la deficitaria rendición de cuentas, sino del ocultamiento que la auditoría es fuente de opacidad e impunidad.

Desde su origen la auditoría surgió para servir al poder, por ello su práctica privilegia el secreto, tal como lo demanda y es ejercido por el propio poder. El mismo poder que decide qué sale a la luz y que se mantiene en la oscuridad; complicidad mutua entre la auditoría y el poder Por ello, el tránsito de socios de las grandes firmas de auditoría a las asociaciones e instituciones rectoras de la auditoría y fiscalización, y viceversa. Un movimiento que no sólo fortalece sus intereses sino que mantiene el monopolio de su saber. No obstante que desde la crisis de Enron a Lehman Brothers, de la griega a la española, tanto en el sector privado como público y en todo el mundo se ha sustraído de poner a la auditoría en el banquillo de los acusados, al explicar que las irregularidades han sido producto de acciones individuales, cuando se ha mostrado la participación de auditores. O, una generalidad diluyente, al afirmar que resultaba por las deficiencias del marco regulatorio. Sin embargo, por mucho que se interprete o justifique que sea la ambición o falta de ética, la negligencia o la imposibilidad y dificultad de detectar el fraude y la corrupción. O que las reformas derivadas del caso Enron, como las implementadas por la crisis internacional del 2008 y la reciente reforma al sistema financiero europeo en el 2013, han sentado las bases para garantizar que otra crisis no volverá a suceder jamás. Pero en el pasado se ha evidenciado la inutilidad de dichas reformas, y en el presente de nueva cuenta se alejó a la auditoría de los interrogatorios y reflectores, al validar que los auditores están obligados a mantener el secreto y así, lo único que han garantizado es la impunidad del poder.

Derivado de la concepción en la auditoría privada, que sostiene en contra de las recurrentes crisis y escándalos de corrupción, que garantiza la fiabilidad de la información financiera, y la supuesta auditoría pública afirma, las entidades de fiscalización (se omite que sean superiores porque más bien parecen inferiores) garantizan el interés público, la rendición de cuentas y transparencia. Ésta reiterada apología de la auditoría ha originado que permanentemente su práctica sea acrítica, autoritaria y antidemocrática (3 As), ante la complacencia de los que dirigen el rumbo de la auditoría y fiscalización.

El presente escrito no se ocupa de la auditoría privada, aunque la tendencia dominante enfatice su preeminencia sobre la que la desarrollan los órganos de control, y es la causa que se implore su colaboración. Más bien se intenta un cambio o transformación en la visión de la auditoría, que no dependa de los condicionamientos y supuestos que han conducido a estudiantes y profesionistas de la auditoría a la incapacidad de reconocer la falsedad de su actividad. Ocasionada por: la ausencia de capacidades y competencias en los auditores para analizar y criticar las ideas, normas, procedimientos y lineamientos de la auditoría y fiscalización; de no citar ni juzgar casos concretos en público; de no dar razones ni rendir cuentas de sus acciones y resultados; de ocultar información que afecta el interés público por amenazas o temor de perder su empleo; y, de ser tratados como sujetos pasivos y manipulables, desde el auditor más modesto hasta el Auditor Superior, Contralor General, u otro equivalente.

Por el contrario, re-conocer el derecho de los auditores conduciría a establecer la auditoría como un derecho ciudadano, pero antes resulta prioritario, la construcción de la auditoría pública.

1.    Cultura de debate

La uniformidad o armonización del pensamiento en la auditoría y fiscalización ha constituido el obstáculo más pernicioso para impulsar su innovación. Por ejemplo, Juan M. Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en México, afirmó la vida pública es “un espacio de disenso y de confrontación, que resulta poco conducente a un mayor desarrollo económico y una convivencia más armoniosa y productiva”[1]. Por lo que no resulta extraño que se haya convertido en el impulsador más ferviente de la armonización contable, y ahora promueva el sistema nacional de fiscalización. Pero la idea no es novedosa ni original del Auditor Superior de la Federación, ha surgido desde el propio centro del poder. En Europa, la auditoría ya ha sido objeto de un proceso de armonización, antes de que la Comisión Europea emitiera el Libro Verde, en octubre de 2010, sobre qué cambios serían necesarios en la auditoría para fueran sólidas e independientes. Y antes, de que la misma publicara los resultados, Mario Alonso Ayala, vicepresidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) titulaba su artículo “El libro verde está muy verde”. Y en una columna de la revista Auditores, sin firma de autor, señalaba al respecto “El documento ha sido criticado por desactualizado al recuperar debates que estaban cerrados (…) Además, en España se acaba de legislar sobre estas cuestiones con unanimidad parlamentaria y gran acuerdo profesional” (Número 14, enero de 2011, p. 7, negritas del autor),  una uniformidad que no evitó la profundización de la crisis. Así, una consigna recorre Europa, América y todo el mundo: prohibido disentir. No, no se permite pensar diferente, mucho menos ejercer el derecho a disentir. Ya lo dijo el Auditor Superior, “nuestro trabajo debe ser visualizado de manera constructiva y no negativa”[2]. Pero no es una cuestión de herir o lastimar sus sentimientos sino de la evaluación del manejo de las finanzas públicas de un país. Dado que ante los cuestionamientos de la opinión pública de establecer una relación entre los altos niveles de corrupción y sus resultados, respondió que es indebido. Aseverando, el desvío de recursos existe en México por “un sistema de incentivos creados por inconsistencias legales y problemas estructurales, que propician la reincidencia en las irregularidades”, y añade “si no se castiga a los culpables de los males nacionales, esto no es atribuible a la Auditoría Superior de la Federación”[3]. En otras palabras, “en esta crisis económica los auditores no son parte del problema, sino de la solución” declaró el vicepresidente del ICJCE que terminó siendo su presidente, más ¿hubiera sido designado si hubiera estado de acuerdo con el Libro Verde y declarado que la auditoría es parte del problema?

Y ante las declaraciones del Auditor Superior, los diputados y diputadas del Congreso de la Unión se muestran conformes, como el resto de las entidades de fiscalización, finalmente, todos son inocentes de la corrupción e impunidad. Porque, “cumple la fiscalización superior para coadyuvar en hacer realidad la transparencia y la rendición de cuentas”[4]. Replicando las aseveraciones del tótem de la fiscalización. Sí, el Auditor Superior de la Federación se ha convertido en la imagen o figura que representa la autoridad intelectual de los organismos de control. Por ello sus artículos publicados en la página web de la ASF se catalogan como ‘mensajes’, tal si fuera el mensajero de los dioses del Olimpo, y a los mortales sólo nos restara aceptarlos.

E incluso, la Red por la Rendición de Cuentas, un proyecto que,” nace de la confluencia entre la investigación académica, el periodismo de fondo, la acción de la sociedad civil y la responsabilidad institucional. Quiere ser una red incluyente y dinámica, capaz de sumar y coordinar las acciones del mayor número posible de organizaciones académicas y sociales, de instituciones públicas y de medios de difusión, comprometidos con el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera política de rendición de cuentas en México. El objetivo principal es crear un contexto de exigencia a favor de la construcción de una política de rendición de cuentas”[5]. Cuenta con 72 miembros, y dice “Fortalecimos el papel de la fiscalización, creamos la Auditoría Superior de la Federación y órganos equivalentes en cada entidad federativa (…) El cambio ha sido de envergadura y es menester reconocerlo”[6]. Sin embargo, lo anterior es una falsedad, y mientras no se reconozca como falso, no puede haber mejoramiento o transformación en la fiscalización, y menos en la rendición de cuentas.

La historia de la fiscalización hasta nuestros días ha sido la ausencia de debate del instrumento o herramienta que posibilita la fiscalización, es decir, la auditoría. Su enseñanza está basada en la memorización, lo que ha conducido a la desformación del auditor. Y los antropólogos, economistas, sociólogos, periodistas, y otros profesionistas y ciudadanos han partido de supuestos, plegándose  al pensamiento aceptado de la auditoría y de organismos internacionales de la fiscalización como la INTOSAI, y algunos se han atrevido a afirmar que sus lineamientos tienen base científica (ver, Los sofismas de las INTOSAI y La INTOSAI, culto superfluo a la independencia). Y es la raíz del problema, al abordar la rendición de cuentas y transparencia han omitido cuestionar la auditoría y fiscalización.

La Institución de la Fiscalización, no sólo en México también en otras partes del mundo, se ha sacralizado. Y la crítica parece herejía. Por ejemplo, Antonio Arias, Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias en España, en su blog, señala, he tardado en publicar el retraso del Tribunal de Cuentas de España en la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos “porque contribuir al descrédito de las Instituciones me suscita algunas reticencias”[7]. Y, Juan Ramallo, miembro de la Sala III “Acciones exteriores” del Tribunal de Cuentas Europeo, ante la pregunta, cuáles son las carencias más importantes en su opinión en el Tribunal de Cuentas Europeo, responde, “Más que hablar de carencias de dichos controles, me gustaría resaltar sus virtudes”[8]. Representando la concepción dominante en el mundo de la fiscalización, un enfoque que visualiza lo positivo pero no lo negativo, los aciertos pero no los errores, basado en la idea que señalando lo negativo se debilita la institucionalidad, pero solamente si se reconoce, se podrá limpiar el desorden y fortalecer su actividad. Entonces, ¿Los responsables de la fiscalización tendrán la capacidad de analizar y exponer en público las debilidades de su quehacer?

Por lo tanto, resulta necesario plantear que, sí es correcto que el desvío de recursos se origine por inconsistencias legales y problemas estructurales, pero también por la propia auditoría y fiscalización. Y en consecuencia, sí es atribuible la falta de rendición de cuentas e impunidad a la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior de Michoacán (órgano de control en la entidad federativa) como es el caso que se desarrollará en el punto 3.

CONTINUARÁ