Cuando el Estado sirvió en bandeja a las Comunidades Autónomas la posibilidad de implantar un tributo sobre el consumo en fase minorista de Hidrocarburos (gasolineras), cedido a las Comunidades Autónomas para vincularlo al gasto sanitario, algunas olieron la sangre fresca recaudatoria y se lanzaron a aplicarlo. La Sentencia de 27 de Febrero de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para los pies a esta iniciativa y declara que es contraria a las Directivas Comunitarias el establecimiento de un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos. El Tribunal comunitario vela por la libre competencia y tráfico de bienes dentro de Europa que impidan impuestos que obstaculicen los intercambios al gravar indebidamente a unos transportistas respecto de otros.
Considera el Alto Tribunal (inapelable) que ese Impuesto sería legítimo si persiguiera una finalidad específica vinculada a atender costes sociales y medioambientales derivados del uso de vehículos pero en modo alguno puede considerarse finalidad específica utilizarlo para atender el gasto sanitario. En consecuencia, lo invalida y de paso aprovecha para dar un tirón de orejas al Estado y la Comunidad Autónoma por considerar que han tolerado su aplicación durante mas de diez años -13.000 millones de euros recaudados- pese a que se habían dictado sentencias comunitarias y emitido dictámenes por la Comisión que alertaban del grave riesgo de invalidez de tales tributos.
El Estado en vez de deshacer el entuerto ante los primeros avisos ( expedientes infractores ante la Comisión, denuncias,etc), y especialmente cuando vió las orejas del lobo del informe negativo del Abogado General, optó en este último año por reunirse con la representación de Comunidades Afectadas ( Asturias, Galicia, Navarra, Cataluña, Baleares, etc) para aplicar el viejo truco de disfrazar el tributo con piel de cordero: propiciar la conversión de las tasas autonómicas independientes como integrantes del impuesto general sobre hidrocarburos, en forma de tramo específico de este (el mismo perro con distinto collar). Sin embargo, mientras el monstruo estuvo vivo sembró de desolación tributaria a los obligados al pago.
El resultado es un tributo enterrado y con un triple problema en el horizonte:¿ Quien pagará los platos: Estado o Comunidad Autónoma?,¿ Cómo se devolverá lo injustamente recaudado?, ¿ Cómo se financiará el agujero que deja este tributo evaporado?.
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