Imagino a veces a nuestras Cámaras legislativas como hilanderas acopiando fibras e intereses sociales y, haciéndoles rodar a través de la rueca de un sólido debate y de las garantías del procedimiento, conseguir una ley finamente bien hilada con la que tantos profesionales -funcionarios, jueces, abogados o juristas- puedan trenzar relaciones sociales y evitar nudos de conflictos. Sin embargo, esta ensoñación se estrella en ocasiones con otra percepción opuesta. Porque el estudio de nuevas disposiciones nos desvela que ciertamente “se ha perdido el hilo” y que hemos de enfrentarnos a rotos y descosidos generados por la publicación de una nueva ley.
Mucho se está escribiendo -y sin duda se publicará más- sobre la reforma de la Administración local. Su elaboración originó ya amplia agitación de dictámenes, informes, estudios, propuestas… y, tras su publicación, este foro ha acogido interesantes comentarios, pues son diversos los problemas que suscita. Tantos que incluso se han anunciado contiendas, lógicamente mediante la esgrima incruenta que suponen los recursos en garantía de la autonomía local de cientos de Ayuntamientos y de inconstitucionalidad por algunas Comunidades autónomas. Administraciones que, como “centros de poder”, acarician avariciosas el patrimonio dorado de sus propias competencias que nadie más puede administrar.
Es complejo articular una armónica gestión pública de competencias que se multiplican en miles de actuaciones y entre tantos protagonistas que se consideran “centros”. Por eso, sólo las Administraciones alcanzan su madurez cuando demuestran saber ponderar los intereses afectados y actuar con responsabilidad y con lealtad.
En todo caso, sueño con que antes de que se resuelvan esos recursos de inconstitucionalidad y en defensa de la garantía local, la estructura de las Administraciones españolas se haya reducido y reorganizado. No me refiero a la reducción de personal, por el contrario cada vez más necesario a pesar de las facilidades que da la tramitación telemática o de que se minoren los espacios públicos de gestión y sean empresas privadas las que colaboren para la consecución de tantas actividades de interés para los ciudadanos. Siempre será imprescindible una supervisión pública: municipal o autonómica. Dependerá de la actividad o del servicio, pero resultará necesario asegurar por el poder público que esa gestión privada satisfaga unas mínimas garantías y que se desenvuelva de acuerdo a las leyes.
De ahí que piense en la urgencia de reorganizar las Administraciones.
Otros países europeos tienen sobre su mesa este debate con nuevos mapas. En Alemania, existen estudios e informes sobre la posibilidad de reducir los 16 Länder actuales a 9, porque, argumentan entre otras consideraciones, satisfacer con calidad muchos servicios exige un número mínimo de población y para que una región mantenga su suficiencia financiera debería contar al menos con seis millones de habitantes. En Italia, se acaba de aprobar hace unos días la Ley que, a partir del uno de enero de 2015, conducirá a la supresión de las 73 provincias, creará áreas metropolitanas e incentivará la fusión de municipios. Se es muy consciente de que los ciudadanos no nos desenvolvemos en el mismo espacio, sino que vivimos y trabajamos en localidades más o menos cercanas y los servicios públicos deben ser similares. También en Francia, el recien estrenado Gobierno pretende reducir a la mitad -de 22 a 11- el número de regiones. Y es que no son sólo las Administraciones locales las que deben fusionarse para contar con recursos suficientes y garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos que aseguren la igualdad entre todos los ciudadanos. Cualquier buen carpintero nos enseñaría cómo origina más problemas que soluciones atender a sólo una “pata de la mesa” del tablero de la organización pública. Resulta algo iluso suscitar una fusión de municipios si no se sabe qué hacer con las mancomunidades ni con las comarcas; pues si éstas se mantiene se puede prescindir de las provincias; así como el ámbito de las nuevas regiones. La reforma ha de atender a todos los protagonistas en su conjunto. Y, por supuesto, ha de ser una reforma que piense en el todo, de ahí que rechace las últimas ocurrencias que como parches se han presentado: más leyes singulares de transferencias o incluir una disposición adicional en la Constitución. Deben evitarse estos artificios que tanto desnaturalizan la buena ordenación legal. No es este el momento de recordar el abecedario de todo sistema constitucional ni la correcta técnica legislativa que tanto se olvida.
Permítaseme un último símil. Los “poderes territoriales” son como los autómatas del Doctor Coppelius que pueden ser muy útiles para muchos fines. Pero no debemos incurrir en el error del protagonista del cuento de ETA Hoffmann, Nathanaël, y enamorarnos de una bella autómata, por muy atractiva Administración que se nos presente. Puede estar programada para bailar o cantar, gestionar servicios o resolver problemas. Hay que pensar primero qué servicios queremos y, después, qué Administraciones organizamos. Y entre lo que más urge ahora es atender a muchos servicios sociales.
Mercedes Fuertes López
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