Que España ha recorrido un enorme camino hacia el progreso económico en las casi cuatro décadas de convivencia democrática es un hecho. Como muestra, un botón: entre 1977 y 2013, la renta per cápita real ha crecido un 70%. Y eso ha sido posible gracias a todos: trabajadores, empresarios y Administraciones Públicas. Sin embargo, y tras más de seis años de una profunda crisis, surgen dudas acerca de las fortalezas pasadas, insuficientes para crear otros 40 años de progreso.
Por eso, el ‘Barómetro de los Círculos’, un documento elaborado por el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía, y el Círculo de Empresarios Vascos, ofrece una serie de recomendaciones que contribuyan a un mejor funcionamientos de las administraciones. Son las siguientes:
-Es necesario garantizar el principio básico de seguridad jurídica mediante leyes más claras y estables.
-Debe mejorar la transparencia y predictibilidad de las decisiones públicas (tanto las administrativas como las judiciales). Para mejorar la calidad de las decisiones deben hacerlo, asimismo, los conocimientos técnicos de funcionarios y jueces.
-La carga fiscal no debe suponer una desventaja respecto a los principales competidores. Los tipos impositivos en la imposición directa deberían reducirse; se podría contemplar la reducción de deducciones y bonificaciones en el impuesto de sociedades, junto a la reducción de las cotizaciones sociales.
-La lucha contra el fraude se considera una prioridad. Por un lado, deben incrementarse los recursos para inspecciones de la Agencia Tributaria, agilizar los tiempos, endurecer y dar difusión a las sanciones (como ocurre en Noruega y Holanda), y proveer incentivos fiscales para aflorar actividad. Y por otro lado, adoptarse medidas que generalicen el pago por medios electrónicos, siguiendo la experiencia de los países nórdicos y de Corea.
-Promover una mejor relación y cooperación entre el contribuyente y la Administración Tributaria. Ésta tiene que mostrarse cooperadora con quienes cumplen con sus obligaciones, siguiendo la experiencia de Reino Unido y Bélgica.
-Acelerar la resolución de conflictos vía administrativa y judical, introduciendo mecanismos de resolución alternativa de litigios tributarios (arbitraje tributario o mediación) como en Reino Unido, Portugal y Bélgica.
-La gestión pública se debe mejorar introduciendo instrumentos similares a los disponibles en la privada como: pagos opcionales por servicios prestados en condiciones de calidad más favorables, por ejemplo, opciones de provisión de servicios urgentes; o reformular el modelo de contratación, despido y remuneración de los empleados públicos asimilándolo al sector privado, y equiparándolo al sector público de otros países de la Unión Europea como Reino Unido, Dinamarca y Suecia.
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