Razones de Estado y razones morales

El goteo es continuo y las historias individuales de cada protagonista son casi siempre dramáticas. Siguen llegando inmigrantes por oleadas, saltando o intentando saltar vallas dobles con pinchos / concertinas  imposibles y presuntamente infranqueables,

aventurándose en pateras o en botes neumáticos de juguete como los que se podrían comprar al niño en Salou o como el que te pudiera regalar la Cocspi-Cola.O nadando desde la costa colindante de Ceuta o Melilla. Cientos, miles  de subsaharianos, los más fuertes y preparados de cada casa que salieron de su país y atravesaron el Sáhara quizás hace cinco años, incluso más y que tras una penosa espera llena de privaciones en el Monte Gurugú  sin apenas nada, egresarán del mismo tratarán de llegar a una decadente pero ciertamente atractiva Europa. Llegan heridos, ateridos de frío, pero casi todos, una vez en suelo europeo muestran su alegría sin ambages, algunos hasta se inclinan y lo besan mientras, alegres como si hubiesen batido el récord de los cien metros,  hacen señales de victoria ante cualquier presente con los dedos  índice y corazón.

Llegarán a España por Melilla, por Tarifa, por Algeciras o cualquier otro lugar de la costa, o bien a Italia por Lampedusa o Sicilia y como personas, serán, una vez atendidos desde el punto de vista humanitario por diversas ONGs,  ingresados en Centros de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI), lugares que no siendo cárceles, podría denominárseles “Centros de Retención”,  en los que deberán permanecer el tiempo necesario para ser identificados e iniciar los trámites de repatriación. Tiempo necesario con un tope de cuarenta días, fecha límite en la que, o serán repatriados si han sido identificados y existe un Convenio de Repatriación con el país correspondiente o bien serán puestos en libertad en cualquier  ciudad española. Como no son torpes, obviamente vendrán sin documento identificativo alguno que permita conocer su identidad o de dónde son. Serán inmigrantes irregulares a partir de entonces, viviendo un limbo jurídico. Si son menores, tendrán asegurada su estancia por las Leyes de Protección de Menores.

El fenómeno es recidivante y se agudiza cíclicamente cuando los países del Norte de África relajan los controles, obviamente de forma premeditada, para obtener ventajas de Europa a cambio de controlar desde el origen la presión migratoria y sin demasiada delicadeza en el trato. Tanto el Monarca Alauita actual como su padre han manejado con maestría siempre estas situaciones. Jajajá, dirá el Alauita, si queréis control, aflojar la mosca…

Y es aquí donde se puede plantear el problema de la razón de estado y la razón moral, como tal, individual. La razón de estado es un concepto ya proveniente de El Príncipe de Maquiavelo (que se dice que escribió la obra sobre el modelo de Fernando el Católico). La idea filosófico-política es que la moral de las acciones de Estado es distinta de las razones morales individuales. El Estado tiende a proteger el interés colectivo de la población bajo la premisa de que sus dirigentes,  además, desean perpetuarse en el poder.  De este modo, una acción violenta, que desde el punto de vista individual será probablemente inmoral si no es que se trata legítima defensa, será moral y legal si es una decisión que adopta el Estado en determinadas ocasiones. La razón de estado mueve pues a los gobernantes a tomar decisiones de interés público general pasando por encima de objeciones morales, razones que suelen basarse en la seguridad pública tanto interna como externa, el bienestar social o, simplemente,  el deseo del gobernante de mantenerse en el poder.

Así, la razón de estado plantea a menudo una seria controversia entre actividad estatal y principios morales individuales y se tratan de establecer parámetros justificativos distintos intentando separar nítidamente una y otras, argumentando que los principios morales individuales no son válidos como criterios de quien gobierna. Se independiza la razón de estado de la razón moral, convirtiéndose en  conceptos autónomos de tal modo que el político se queda tranquilo de preocupaciones, sosegando la propia conciencia y pensando que lo importante es que las decisiones que adopta benefician al común general aunque puedan causar perjuicios graves a personas determinadas.

Admitiendo que es una realidad y que probablemente puede existir cierta justificación, el límite de la razón de estado es muy delicado. ¿Hasta qué punto el Estado puede llevar a cabo acciones cuasi delictuosas? Así, es muy fina la línea entre la justificación de una intervención en una guerra, en la existencia de organizaciones como los GAL, en la existencia de servicios secretos con carta blanca,  en perseverar en la existencia de “Guantánamos” (que el “nobelizado” de la Paz preventivamente,  Obama, dijo que iba a suprimir y aún está ahí), en sistemas integrales de interceptación de comunicaciones de millones de ciudadanos, en que existan fondos reservados de libre disposición para acciones poco confesables o para que los servicios secretos de cualquier país occidental decidan “prescindir” de algunos elementos peligrosos. O, por lo que viene al caso, a establecer todo tipo de barreras a la inmigración.

Se genera a partir de ahí una suerte de esquizofrenia que necesariamente surge confrontando la razón de estado, basada en la preservación del sistema europeo de bienestar, con la ayuda humanitaria a dispensar a los desposeídos. El Estado por una parte pues, trata de evitar por todos los medios que entren inmigrantes en Europa colocando vallas infranqueables, controlando fronteras y vigilando el mar bajo la razón de estado de mantener el estado de bienestar europeo, que  no podría soportar una inmoderada avalancha migratoria si se abren totalmente las fronteras, que supondría, sin duda una quiebra del sistema de bienestar social. Y por otra parte las personas, llevadas por razones morales individuales desarrollan la compasión y ayudan a los recién llegados como voluntarios de diversas ONGs.

Conflicto moral pues, irresoluble y que se traslada a los propios individuos. Así, un ciudadano puede pensar que hay que acotar la entrada de inmigrantes y justificará vallas y controles y  mientras, tratará de ayudar como ser sufriente al subsahariano ilegal que tiene al lado en su barrio.

Conviene por lo tanto no hacer demasiada demagogia al respecto, salvo asumir y aceptar que pudiera venir cualquiera de cualquier parte y que los recursos europeos los compartiremos todos los que estemos, aunque todos seamos, todos, mucho más pobres y tengamos muchos peores servicios. Si bien es lo que aconsejaría la moral individual de cualquier persona,  dudo que esto sea asumible por la inmensa mayoría de europeos salvo para un mínimo porcentaje de personas. Leo en el Programa de “Podemos” lo siguiente:

“4.3 – Derecho a tener derechos. Reconocimiento del derecho de los y las emigrantes. Prohibición de los CIES. Anulación de los programas contra la inmigración FRONTEX y EUROSUR. Fin de la llamada “Directiva de la vergüenza”.  Eliminación de las vallas fronterizas anti-persona y del SIVE. Fin de la política de externalización de fronteras. Fin a los vuelos o barcos de deportación de inmigrantes. Red de acogida integral que atienda a las víctimas de “trata” de seres humanos, especialmente en los sectores en los que son especialmente explotados (cuidados, prostitución): redes transnacionales de cuidados y sus especiales sufrimientos en la frontera sur. Luchar contra particulares y empresas que se aprovechen de la condición de los inmigrantes para ofrecer peores condiciones laborales…”

Loable programa, es obvio, que tiene en cuenta a las personas nada más  (y nada menos). Pero habría que preguntar a los votantes de este Partido si estarían dispuestos a que el médico del sistema público tarde en atenderles por una gripe como mínimo  una semana o dos, que para operarse de una hernia se demore más de un año la intervención o si se está dispuesto a compartir la Escuela Pública a razón de 10 % nacionales-90 % extranjeros, salvo que no quede más remedio. Al fin y al cabo, antropológica y socialmente todas las sociedades tratan de mantener su nicho ecológico, es decir, un territorio con sus recursos que hacen posible la vida colectiva de la tribu (puede leerse a Marvin Harris en sus reveladores estudios sociológicos acerca de los yanomamis en el Amazonas).

Un último inciso que me venía a la mente y no debo dejar de hacer a propósito de las avalanchas migratorias en forma de pateras: son los Ayuntamientos quienes dan una primera atención humanitaria a todos estos inmigrantes, alojándoles en polideportivos municipales y poniendo en funcionamiento sus propios recursos locales de todo tipo.  Me pregunto si es esta una competencia de las enumeradas en la Ley de Bases en la reciente reforma operada por la LRSAL. Me temo que no existe ningún tipo competencial tipo “atención de inmigrantes llegados en pateras” y no por ello se debe ni se puede dejar de hacer. Sr. Montoro, debería usted  pensar un poco mejor algunas decisiones. O firmar convenios con los Ayuntamientos, con dineros por delante, para compensar estos gastos. 

 Ignacio Pérez Sarrión