La preocupación por los escándalos de corrupción persiste, pero hay que atender a otros deberes para tratar de evitar futuros problemas.
En este sentido, llamo la atención sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 2 de diciembre (referencia c-196/13) que condena a la República de Italia a cuantiosas multas. Por un lado, cuarenta millones de euros y, por otro, con una periodicidad semestral, una multa coercitiva que parte de casi cuarenta y tres millones de euros y que se podrá ir reduciendo si se cumplen los dictados establecidos en una sentencia anterior. Porque la causa de esta sentencia ha sido el incumplimiento de otra resolución judicial previa, la sentencia del mismo Tribunal de 27 de abril de 2007 (asunto c-135/07) que declaró la infracción de la normativa europea relativa al régimen de gestión de los residuos.
Sabemos que son muchas las disposiciones que desde los años 70 se han aprobado con el fin de contener los efectos nocivos de tantos residuos, peligrosos o no, que generamos. Entre los objetivos de esta política europea está su reducción, pero también se han establecido unas condiciones mínimas para la gestión de los vertederos.
Para alcanzar esos objetivos, sanear los depósitos de desechos, cerrar los que no alcanzaran esas mínimas medidas e iniciar la recuperación de los suelos contaminados se fijaron largos plazos de adaptación, así como el análisis mediante sucesivos informes del correcto cumplimiento por parte de las instituciones comunitarias. Pues bien, la Comisión europea abrió en su momento un procedimiento de incumplimiento de la normativa de vertidos a la República de Italia que se saldó con esa sentencia condenatoria de 2007, al acreditarse que subsistían más de doscientos basureros ilegales.
Desde entonces las autoridades europeas han perseguido el cumplimiento de esa sentencia. Tras nuevos requerimientos, reuniones, informes, análisis e inspecciones, la Comisión volvió a denunciar ante el Tribunal de Justicia a Italia por incumplir la citada sentencia. Y el Tribunal ha vuelto a condenar a Italia hace unos días.
Por un lado, porque la Comisión había acreditado que subsistían a pesar del tiempo transcurrido muchos vertederos ilegales: vertederos sin autorización y otros que no satisfacían las condiciones exigidas porque las obligaciones impuestas por la normativa europea son obligaciones de resultado. Además, por otro lado, porque el Tribunal insiste en que resulta insuficiente el cierre para cumplir con las exigencias ambientales. La normativa europea impone a los Estados la obligación de comprobar la situación de los antiguos vertederos en emplazamientos ilegales y, en su caso, sanearlos. Y las autoridades italianas no habían presentado ningún plan de saneamiento sobre muchos depósitos de residuos.
Para tratar de evitar la multa, la defensa italiana alegó que las sanciones restarían recursos a las Regiones y a los Ayuntamientos para proteger el ambiente. Argumento desatendido y el Tribunal, como anticipé, impone dos multas. Una, de carácter coercitivo para tratar de impulsar el cumplimiento de la normativa europea y que se saneen los depósitos de basuras porque, según se reduzcan los vertederos ilegales, minorará la cuantía de la sanción. La otra fija, dirigida a castigar directamente la inejecución de la sentencia con el fin de disuadir futuras conductas rebeldes.
En España subsisten también muchos vertederos ilegales, así como retrasos en la presentación de planes de saneamiento y recuperación de los suelos. La Comisión europea ha denunciado hace unos meses también al Reino de España ante el Tribunal de Justicia. Desde 2009 -han pasado ya cinco años- deberían haberse acondicionado muchos depósitos y escombreras y, sin embargo, alrededor de una treintena de casos denunciados en este expediente incumple la normativa europea. Y desgraciadamente hay muchos más como comprobamos ante las quejas de vecinos que publican los medios de comunicación, así como al pasear por los montes y riberas.
Por ello, ante las próximas elecciones locales exijamos que las reiteradas proclamas de los candidatos a favor de la protección ambiental se hagan realidad y que se acondicionen los vertederos a las reglas europeas lo antes posible. Nos evitaremos el reproche judicial además de cuantiosas multas.
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