Comisiones municipales de investigación

Se ha convertido en moneda corriente la puesta en funcionamiento de Comisiones de Investigación municipales, especialmente cuando algún Juzgado de lo Penal interviene en un asunto municipal. Si el Ayuntamiento cuenta con Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y éste prevé estas Comisiones ningún problema plantea la cuestión, pues al citado ROM y su regulación ha de estarse. Y si no existiese Reglamento, parece claro que el Pleno tiene capacidad para aprobar la constitución de la misma, con naturaleza de Comisión Informativa de carácter especial.

Pero no es de este aspecto técnico-jurídico del que hoy nos queremos ocupar, sino de la cuestión de lege ferenda sobre como deberían regularse en una futura reforma legal.

Es un hecho innegable que los imputados en causas penales tienen derecho a negarse a declarar ante una Comisión de Investigación sobre los mismo hechos que determinaron la imputación, pues en el ejercicio de su derecho constitucional de defensa pueden incluso negarse a declarar ante el Juez Instructor. Aún más, cuando la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, el deber de respetar ese secreto impedirá declarar tanto a los imputados como a los que fueran llamados a declarar como testigos.

Por otra parte, las labores de estas Comisiones, salvo casos de rapiña descarada, se limitan a seguir recortes de noticias de prensa, con valoraciones políticas sobre los hechos que describen, sirviendo de plataforma a enfrentamientos entre partidos. Las conclusiones de las Investigaciones casi siempre son recomendaciones saludables, pero raro es que pasen de lo que se suele denominar como brindis al sol.

Por último, la naturaleza de Comisiones Informativas hará que, salvo previsión expresa en contra, la constitución de la misma y la celebración de sus sesiones determine un coste económico importante para la Corporación, dado que se devengarán dietas de asistencia por los miembros que no cuenten con dedicación exclusiva.

Desde nuestra modesta opinión es bueno establecer un órgano al que se encargue estudiar aspectos concretos del funcionamiento municipal, con el fin de promover mejoras. Si el órgano es puramente político, sin perjuicio de poder contar con asistencia de técnicos asesores, podrá ser una Comisión municipal, pero si se desea organizar de otro modo no habría inconveniente en constituir un comité de estudio en el que pudieran intervenir personal municipal, miembros de la Corporación y personas ajenas a la Administración. Pero nótese que estas últimas no podrán ser retribuidas, salvo que se recurra a un procedimiento de contratación amparado por la LCSP, por lo que sería precisa una reforma legal.

La propuesta para una próxima reforma legal podría pivotar sobre los siguientes puntos:

• Regulación expresa de las Comisiones de Investigación en la LRBRL.
• Investigación sobre asuntos de competencia municipal, excluyéndose los hechos que hayan dado lugar a la apertura de procedimientos penales, que no se podrán investigar mientras no se produzca sentencia firme o sobreseimiento.
• Obligación del Pleno que la constituye de aprobar el objeto de la investigación, periodicidad de las reuniones, duración máxima (salvo prórroga por el propio Pleno) y carácter reservado o público de las sesiones y posibilidad o no de retransmisión.
• Composición de las mismas. Dado que normalmente se investigará a los equipos de gobierno, no parece lógico que el partido gobernante tenga mayoría absoluta.
• Gratuidad de las investigaciones. Entendemos que la razón de ser de preservar las esencias democráticas puede exigir el sacrificio de la gratuidad, evitando pérdidas de tiempo innecesarias para lucimiento.

Fernando Castro Abella

Segregaciones y entidades locales menores

Mucho hemos defendido algunos la conveniencia de fomentar la fusión de Municipios. Garantizar una prestación de servicios públicos de calidad o evitar que se incremente la brecha de la desigualdad por el lugar de residencia han sido, entre otros, argumentos queinvocábamos al reclamar que las Comunidades autónomas afrontaran su responsabilidad de ordenación del territorio. Sin embargo, a pesar de indicar la conveniencia de seguir esa dirección hacia un horizonte con Ayuntamientos de cierta entidad, la realidad nos muestra cómo se camina en sentido contrario. En lugar de fusionarse Municipios, hay pueblos que luchan por conseguir la separación administrativa y alzar la bandera de contar con una propia autoridad.

La prueba la tenemos en el Registro de Entidades Locales que recoge el acta de nacimiento de nuevos Municipios. En los últimos cinco años, diez. Hace unas semanas: Pueblonuevo de Miramontes en Cáceres; y Serrato y Montecorvo en Málaga. Todos ellos cuentan con una contenida población, inferior a mil vecinos.

Tal número es, a mi juicio, significativo, máxime cuando por un lado, también los Tribunales nos enseñan en sus sentencias tensiones en localidades que disputan por la segregación (por ejemplo, la del Supremo de 28 de enero de 2013, que confirma la denegación de la solicitud de segregación del barrio de Benimamet del Municipio de Valencia); y, por otro, se siguen tramitando otros muchos procedimientos de alteración territorial.

A mi entender, resulta dificultoso que pequeñas localidades con escasos recursos puedan sustentar una Administración que garantice una óptima prestación de servicios y afronte el ejercicio de otras competencias que reclamen sus vecinos. Pero si los servicios se ofrecen por las mancomunidades o es la Comunidad autónoma la que fomenta la cultura u otros servicios sociales, ¿qué hacen esos Corporativos?

Por el contrario, sí considero beneficioso que en los pueblos que han contado con una propia administración, las conocidas como pedanías u otras tradicionales denominaciones, y que han tratado de conservar los montes, mantener la limpieza de los caminos, asistir por su cercanía a las necesidades de los vecinos… se apoye su subsistencia. Y, de nuevo, la realidad vuelve a contradecir este comentario porque, como es bien sabido, la última reforma de la legislación local ha tratado de suprimir, ha intentado “matar” la corporeidad de la personalidad jurídica de las entidades locales menores. Una previsión que generará nuevos conflictos porque tales intereses propios del pueblo siguen palpitando.

La supervivencia y actuación de las Entidades locales menores suscita muchos problemas. Hace unos días, la Facultad de Derecho de la Universidad de León acogió la defensa de la tesis doctoral de una competente funcionaria local, Virginia Losa, que precisamente llama la atención sobre los mismos. Un estudio en el que, tras bucear en la historia, ha analizado el régimen jurídico de estas Entidades locales, de manera especial, en la Comunidad autónoma de Castilla y León.

Deberían las autoridades leer tales páginas para advertir la riqueza de situaciones que se presentan en las pequeñas y vivas localidades. Quizás se advirtiera la trascendencia de su cuidado, la necesidad de facilitar a estos pueblos medios personales para una adecuada gestión administrativa, para la llevanza de sus cuentas, para la conservación de los espacios y el asentamiento de nuevos vecinos. Quizás si se cuidaran los pueblos disminuirían las tensiones segregacionistas de crear nuevos Ayuntamientos.

Mercedes Fuertes López

La retención/motivación del personal

En una Administración Local, al igual que en cualquier Organización, es primordial para el buen funcionamiento del servicio una adecuada conducta de los profesionales que 

integran la plantilla. Lógicamente, primero es necesario contar con gente preparada para las labores que debe realizar, pero para el comentario de hoy damos por supuesto que hemos logrado atraer a gente con talento y que la hemos sabido situar en los puestos adecuados para cada cual.

Y hete aquí que en esa organización idílica que hemos seleccionado con tanto esfuerzo, se nos pueden producir desajustes importantes, bien por la fuga de talento (salida hacia otros destinos profesionales), bien por la pérdida del mismo (desactualización frente a nuevos retos) o por el desperdicio de aquél (desmotivación).

Frente al primer caso la solución debería haber sido anterior, con acciones preventivas para la retención, pero una vez que alguien decide salir es prácticamente imposible frenar el proceso sin daños. Para ello habrá que reiniciar el proceso de atracción y fichaje de talento, sin cerrar las puertas a un futuro regreso del hijo pródigo.

Para el segundo problema debemos procurar instaurar procesos de formación permanente de nuestra gente, evitando caer tanto en la falta de nuevos conocimientos por falta de medios, como en el exceso de confianza del profesional con experiencia que por saberse bueno y experto se deja llevar.

Pero hoy nos vamos a centrar en la situación de los empleados que no satisfacen las expectativas que se ponen en ellos por el desinterés, la falta de motivación.

Uno de los mayores errores en la gestión de recursos humanos es confundir motivación con dinero. Efectivamente la retribución es un elemento motivador importante, pero no todo se puede arreglar con subidas de sueldo, ni éstas son posibles en muchos casos.

Casi más importante que el dinero, es la satisfacción personal con el trabajo desempeñado, para lo que no es imprescindible hacer lo que a uno más le guste. Puede ser suficiente cumplir con los siguientes requisitos.

–   Capacitación

Especialmente ineficiente puede ser la falta de capacitación para la tarea a desempeñar. Por ello es importante exigir las habilidades necesarias en el momento de la selección de personal y en la provisión de puestos de trabajo. Pero no olvidemos en ningún caso la importancia de la formación, máxime en este siglo XXI en que los avances tecnológicos hacen cambiar las soluciones de un día para otro.

Y no descuidemos la vigilancia de los problemas que puede causar la sobrecapacitación.

–   Adecuación de medios

Personal idóneo puede fracasar por contar con herramientas insuficientes o inadecuadas.

–   Fijación de objetivos

El empleado, sea cual sea su nivel de responsabilidad en la organización, debe saber qué se espera de él.

–   Participación en la toma de decisiones

A la hora de fijar los objetivos es necesario contar con las opiniones de quienes tendrán que ejecutar las tareas. Ello facilitará el entendimiento por quienes han de ejecutar las tareas el sentido de éstas. No basta con oír las propuestas, sino que se debe comunicar su valoración y, cuando no sean asumibles, explicar los motivos por los que se desestiman.

–   Valoración de resultados

Es importante que una vez terminado el proceso o, cuando sean servicios permanentes, de forma periódica se haga una valoración de la consecución de resultados. Y es importante corregir desviaciones, pero también premiar o distinguir a los buenos cumplidores. Y contar con la opinión de los usuarios.

En resumidas cuentas, no todo es el dinero. Muy al contrario, más importante puede ser elsalario emocional que proporciona irse a casa sabiendo que se va uno con el deber cumplido, a satisfacción de los vecinos y con el adecuado conocimiento del jefe.

 Fernando Castro Abella

El carácter público como nexo de unión entre el Urbanismo y la Contratación Pública: Galicia

En la actualidad es innegable la estrecha relación entre la Contratación Pública y el Urbanismo. Ello es debido a la caracterización de ambas como función pública.

Muestra de ello son por ejemplo en el campo de la Contratación el art.22.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

“1. Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

Y estos fines institucionales del sector público, como su propio nombre indica serán básica y genéricamente los recogidos en el art. 103 de la Constitución Española cuando cita a los “intereses generales”.

Tanto fines institucionales como intereses generales no dejan de ser conceptos jurídicos indeterminados, pero fácilmente discernibles, los que entran dentro de este concreto espectro de los que no.

En el ámbito urbanístico el carácter de función pública lo vemos fundamentalmente en primer lugar en la CE y específicamente en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo y en Galicia en Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.

El Título Preliminar “Disposiciones Generales” de la Ley del Suelo Estatal estipula en sus tres artículos la regulación, entre otros, de conceptos tales como la igualdad en el ejercicio de derechos, la utilización de las políticas públicas de suelo cuyo fin común es el interés general y que la ordenación urbanística es una función pública no susceptible de transacción.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma Gallega, dentro de la LOUGA es significativo el art.4 de la misma “Fines de la actividad urbanística”, donde indica que se desarrollan los arts. 45,56 y 47 del texto Constitucional, y si bien son principios rectores de la política social y económica y no gozan de la misma protección de los Derechos y Deberes Fundamentales propugnada mediante el recurso de amparo ex art. 53 del mismo cuerpo legal, no podemos obviar que los intereses que defienden son los de la población en su conjunto.

Recordar el carácter transversal del urbanismo que como indican los arts. 45, 46 y 47 de la CE, inciden en ámbitos también públicos como el medio ambiente, la protección del patrimonio histórico o la vivienda.

La configuración de “ius publicum” del urbanismo se configura a su vez con el carácter de su “acción pública” propugnada por ele art.4.f) de la Ley del Suelo y la Disposición Adicional 4ª de la LOUGA.

Mediante este mecanismo cualquier ciudadano (que no interesado en el ámbito más restringido del art. 31 de la Ley 30/1992) puede utilizarlo en aras de dar cumplimiento efectivo a la normativa urbanística.

La relación entre ambas disciplinas (Urbanismo y Contratación), la vemos a lo largo de las distintas fases urbanísticas: Planeamiento (Preparación de los Instrumentos urbanísticos, Convenios), Gestión (Sistemas de actuación, Convenios), Obras de Urbanización, Intervención en la Edificación  y Uso del Suelo (ECCOMS) y por último respecto a laDisciplina Urbanística (Ejecución Subsidiaria).

Alberto Pensado Seijas

Un mal generalizado (II)

La presión recaudatoria de la Administración no tiene límites en ningún de sus muchos escalones; y además, ha evolucionado inversamente a la intensidad de la crisis económica, es decir, cuanto peor iban las cosas, más ha crecido. Este fenómeno, conocido por muchos autores desde el origen de la economía política, es la contrapartida de la nula capacidad de los políticos para reducir el coste de la administración.

Este hecho se observa inmediatamente cuando se analiza la liquidación del Presupuesto General del Estado, cualquiera que sea la línea revisada, a partir de los datos que proporciona la Inspección General de la Administración del Estado; tomamos como base de partida el año 2006, previo a la crisis y en plena fase expansiva de nuestra economía,  hasta 2013,  último ejercicio cerrado para el que se dispone de datos anuales (de 2014 sólo consta el acumulado a Noviembre, y no tiene sentido anualizarlo por el carácter aperiódico de la contabilización de estos datos, además de la imaginación contable).

En esta ocasión quiero centrar la atención en una rúbrica de título atractivo para los contribuyentes: “tasas, precios públicos y otros ingresos”, que incluye un conjunto de partidas que todos hemos sufrido en algún momento de nuestra vida fiscal.

Para ser medianamente justos en el análisis de los datos, he incluido una línea de elaboración propia (como el cuadro en su conjunto) titulada “Atribuible a los mercados”, en la cual he agrupado dos partidas muy importantes cuyo principal mérito es del BCE, en su decidida política de ayuda a los gobiernos europeos para superar la crisis: diferencias de cambio, y diferencias entre valor de reembolso de la deuda y el valor de emisión; especialmente esta última ha sido muy favorable al Gobierno y es lógico DESCONTARLA a los efecto de nuestra revisión; para no aburrir con tanto número, resumo las conclusiones más llamativas para mí:

-      La recaudación total del Estado en concepto de “tasas, precios públicos y otros ingresos”  se ha mantenido estable durante el periodo, en una media de 3.600 M. €, con momentos estelares como 2009, cuando la recaudación discrecional superó 5.000 M.

-      En el apartado “Tasas” confluyen dos tendencias opuestas (que no se muestran en el cuadro para no complicarlo):

•      “Tasa dirección e inspección obras”: hasta 2010, en media, suponía 180 M €; los tres últimos años 100, y cayendo, porque en 2013 era sólo 85 M; es decir, a menos actividad, menos recaudación por este concepto (-41%).

•      “Tasa ejercicio potestad jurisdiccional”: hasta 2010, en media, 115 M €, y subiendo, porque la serie arrancaba en 49 M (2006); los tres últimos años suponía en media 220 M €, y el crecimiento continuaba, pues en 2013 aportó 316 M €. Es decir, este concepto ha MULTIPLICADO por 6,5 los ingresos del Estado (+545 %).

 -      En el apartado “Otros ingresos” hay un concepto tan destacado, que me ha parecido oportuno aislarlo: “Recargos y multas”. Como se observa en el cuadro, esta partida ha pasado de 431 M. € en 2006, a 933 en 2013, es decir, +116%, o si se prefiere, en plena crisis, la recaudación por recargos y multas del Estado se ha duplicado (x 2,2).

Conviene indicar a quienes no estén familiarizados con estas cifras que esta partida presupuestaria agrupa conceptos tales como: recargo de apremio (periodo ejecutivo); intereses de demora; multas y sanciones; y recargo sobre autoliquidación.

En el cuadro puede apreciarse cómo el crecimiento de la partida se acelera desde 2009, en línea con la caída de otros conceptos recaudatorios, y en un contexto de tipos de interés históricamente bajos: hasta ese año, los recargos y multas suponían el 16% de los ingresos discrecionales del Estado en concepto de “tasas, precios públicos y otros ingresos”; en 2013 alcanzar el 32%.

No cabe duda de que la crisis puede haber mermado la capacidad profesional de los departamentos encargados de la fiscalidad de las empresas y de los asesores fiscales independientes, que los contribuyentes se han visto sometidos a más tensión conforme la crisis les afectaba, que se habrán retrasado los pagos, etc. pero no es tampoco  ilógico sospechar que la presión inspectora y sancionadora ha aumentado.

Y esta sospecha se reafirma ante mensajes como los últimos que se han filtrado a la prensa amenazando a los contribuyentes con que  “Hacienda utilizará programas espía para recabar datos en redes sociales” (Cinco Días, 20.02.15), según el cual, Hacienda “conocerá la red de contactos y la actividad online de particulares y empresas”.

 Tomás García Montes