Cámaras y escáneres evitarán las agresiones a funcionarios

El Gobierno regional aprueba un plan de prevención para garantizar la seguridad en los edificios de la Administración autonómica

Cámaras de seguridad en las entradas y salidas de público y zonas de entrega de paquetería, así como vigilancia en los centros donde el riesgo de agresión sea mayor y escáneres o equipos de detección de metales protegerán a los funcionarios murcianos. Estos son algunos de los sistemas de seguridad que se detallan en el Plan de Prevención y Actuación ante Agresiones Externas para los empleados de la Administración regional que fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, proyecto con el que se intentará garantizar la seguridad de 10.000 funcionarios. Además, se prevé la instalación de sistemas de comunicación y alarma en determinados puestos y la dotación de teléfonos móviles para el personal de la Administración cuyas tareas se desarrollen fuera de su centro habitual de trabajo. El objetivo de este plan es evitar o minimizar el riesgo de determinadas actitudes o situaciones violentas que se producen en las consejerías y organismos autónomos de la Administración y que suponen un daño para la salud de los trabajadores, según explicó la portavoz del Gobierno murciano y consejera de Presidencia, María Pedro Reverte. Blindan a 50.000 empleados Desde la Consejería indicaron que este plan viene a completar los que ya existen en el ámbito sanitario y docente, tres documentos con los que se protege a los 50.000 empleados públicos que hay actualmente en la Región de Murcia. A la implantación de sistemas de vigilancia también se unirán programas formativos para los funcionarios sobre habilidades comunicativas para que sepan manejar situaciones delicadas, sobre todo en los departamentos con más riesgo como son los centros de atención al ciudadano y servicios de inspecciones o sanciones, entre otros. Aunque la Administración no cuenta con un registro exhaustivo para estas agresiones, indican que en los últimos cuatro años se han producido 44 amenazas verbales y seis agresiones físicas, de las que cinco agresiones se registraron el pasado año en trabajadores sociales que desarrollan su labor con menores y familias. De las cinco agresiones del último año dos fueron de menores y tres de familiares -dos en el centro de trabajo y una en el juzgado-. Por colectivos, los guardias de seguridad son los que han denunciado un mayor número de amenazas -35-, derivando una de ellas en agresión física que fue denunciada. A éstos les siguen los agentes medioambientales, que han denunciado tres amenazas por discrepancias con cazadores, y veterinarios que han tenido que sacrificar animales que tenían alguna enfermedad durante una inspección rutinaria.Desde la Comunidad Autónoma también indicaron que este plan fue aprobado por unanimidad el pasado 27 de enero en el Comité de Seguridad y Salud de la Administración y Servicios, en el que están representadas las organizaciones sindicales UGT, CC OO, CSI-CSIF y Sterm.