Despilfarro público

En medio de la crisis económica y de los pactos de transferencias a favor de las Comunidades autónomas, se otorga una subvención directa de siete millones de euros y “mira para qué finalidad”, me señalaba esta buena defensora del interés público, pues no en balde aprendió mucho de su padre que fue secretario de un Ayuntamiento.

Y claro que en este momento parece un dispendio. Resumo el acuerdo que se publicó en el Boletín oficial del Estado el 31 de octubre pasado. El Gobierno subvenciona, sin convocar ningún concurso público, a “Basque Culinary Center Fundazioa”. Esta fundación, que cumplirá ahora un año, depende de la Universidad de Mondragón y en ella participan conocidos cocineros vascos. Entre sus fines resalta la creación de una Facultad gastronómica y la creación de un Centro de investigación e innovación gastronómica. Esos objetivos y “la trascendencia de la cultura gastronómica en el producto interior bruto” (sic) son los que califica el Gobierno de “razones de interés público, social, económico” que justifican esa subvención “singular” y directa para atender “cualquier gasto para poner en marcha” la Facultad y el Centro de Investigación.

No debería extrañar que a algunas personas nos sorprenda esta prioridad que se adelanta a otras necesidades. Pensar en otras posibles actuaciones públicas, que se podrían realizar, no es una actitud demagógica. La demagogia es manipulación, no la intención de contrastar razonamientos. Así, con siete millones de euros se pueden renovar muchas instalaciones hospitalarias para acoger las últimas tecnologías. ¡Los hospitales de toda una Comunidad autónoma!, me dice un especialista en gestión sanitaria. Y qué decir de las prestaciones sociales y la ayuda a la dependencia. Con esos millones de euros se cumplirían las solicitudes de toda una provincia. Y las necesidades de tantos Ayuntamientos y su grandísima deuda con miles de empresarios, a quienes se les está empujando a la insolvencia. Ante tantas otras necesidades asombra este acuerdo y más maravilla su rápida ejecución. Porque, según el real decreto publicado, el pago se realizaría de manera anticipada, tras su publicación, y sin necesidad de constituir garantía alguna.

Quizá haya que empezar a indicar estos casos de dispendio, no sólo para que no se repitan, sino, incluso, para que se corrijan. En mi modesto entender, antes de anunciar una reducción lineal del sueldo de los funcionarios públicos, habría que reconsiderar otros muchos gastos que han incrementado la deuda pública. Es más, creo que debería reconsiderarse la legalidad de este regalo a los cocineros. ¿No resultan tales acuerdos lesivos a los intereses públicos? ¿Por qué no se convocó un concurso público? ¿Hubiera cerrado el restaurante Bulli si se le hubieran facilitado siete millones de euros? ¿Por qué se han recortado otras ayudas a proyectos de investigación? ¿Por qué hubo de realizarse el pago anticipado sin mayores garantías? ¿Se ha otorgado ese mismo trato a los Ayuntamientos con las ayudas de los denominados Planes E? ¿Era tan urgente adelantar la subvención estatal, cuando hay otras subvenciones, menos cuantiosas creo, del Gobierno Vasco y la Diputación provincial?

En fin, mientras estudio para darme respuesta a estas preguntas, creo que deberíamos llevar a la práctica esa cláusula de “buena administración” que se incluye en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.