El BNG pide la comparecencia de Valeriano Gómez en el Congreso por el ERE de Telefónica

El BNG ha solicitado la comparecencia del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, en el Congreso de los Diputados para que explique la posición del Gobierno en relación a las empresas con beneficios que presentan Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), como es el caso de Telefónica.

   La portavoz de pensiones del BNG, Olaia Fernández Dávila, ha registrado esta petición un día después de que Gómez asegurara que Telefónica ha transmitido "verbalmente" al Ministerio su disposición a asumir los costes del proceso, que afectará hasta a 8.500 trabajadores.

   Fernández Dávila quiere que Gómez aclare ante al Comisión de Trabajo de la Cámara Baja qué medidas va a adoptar el Gobierno para "atajar este tipo de situaciones", máxime cuando aún no se ha empezado a tramitar el proyecto de Ley de reforma de las políticas activas de empleo, en la que el PSOE ha presentado una enmienda para limitar el coste público de las prejubilaciones.

   Con esta modificación, el Gobierno quiere que las grandes empresas de más de 500 trabajadores y que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, realicen EREs que afecten a trabajadores mayores de 50 años efectúen una "aportación económica" al Tesoro Público para compensar su impacto en el sistema de protección por desempleo.

   Gómez confía en que la norma pueda estar en aplicación en julio, si bien esto no garantiza que afecte al caso concreto de Telefónica, sobre cuyo ERE tendría que decidir en un mes y medio, ya que la propuesta no tiene carácter retroactivo. En cualquier caso, el ministro confía en que la compañía asuma voluntariamente este gasto.

EUROPAPRESS

El Secretario General del Sector de Admón. Local de CSI-F visita las instalaciones donde los alumnos realizan las prácticas del curso "Método ARCON" impartido gratuitamente por nuestro sindicato Vie, 20/05/2011

Nuestro Secretario General de Admón. Local Andalucía y responsable de Formación, Juan Carlos Pérez López, junto con el Presidente del Sector en Huelva, Juan Manuel Quilón, han visitado las instalaciones donde se estaban realizando las prácticas del curso de la FAMP Método Arcón.

El Secretario General y el Presidente de Huelva han presenciado cómo tras el enterramiento de dos compañeros entre los escombros, uno de ellos nuestro Delegado en Sevilla Juan Manuel, los perros y sus guías, siguiendo el método Arcón, han localizado a los supervivientes en cuestión de segundos, demostrando así la efectividad del método. 

CSI-F, una vez más incluye en su plan de formación gratuita de la FAMP un curso, en este caso dirigido al colectivo de Bomberos, que apuesta firmemente por la calidad y por un método que está reconocido mundialmente y que con toda seguridad  salvará muchas vidas.

Juan Carlos Pérez ha manifestado “Estoy realmente asombrado de la maravillosa demostración de efectividad del método Arcón, me siento muy orgulloso de que CSI-F, haya sido el primero en apostar por un método que dará mucho que hablar y salvará lo más valioso que tiene el ser humano que es su propia vida”   “.....CSI-F, tiene el peso de tener un convenio de colaboración en materia formativa con Jaime Parejo, inventor del método Arcón, y desde nuestra institución tenemos la obligación de darlo a conocer a la ciudadanía.  Estoy convencido que si se pudiera ver la efectividad del método, tal y como he tenido yo el privilegio, se comprendería que estamos ante un descubrimiento histórico basado en el rigor y la efectividad.....”

Nuevo régimen de modificaciones contractuales en la Ley de Economía Sostenible

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible está en vigor desde ayer domingo 6 de marzo. La norma consta de 114 artículos, 15 disposiciones adicionales, 10 transitorias, 60 disposiciones finales y como características fundamentales podemos destacar su contenido heterogéneo (dado que afecta a un sinfín de normas), o la influencia mediática significativa que ha existido sobre alguno de sus preceptos ( muy a pesar de que otros, no por ello menos relevante han pasado totalmente desapercibidos no sólo por la sociedad en general sino por el legislador; ejemplo de lo anterior es la Disposición Final Segunda, que tantas líneas ha ocupado – más conocida como “Ley Sinde”, en referencia a la Excma Sra. Dª Ángeles González-Sinde, Ministra de Cultura.).

En lo que afecta a la contratación administrativa la disposición final decimosexta efectúa una regulación sobre múltiples cuestiones, una de las más impactantes por sus efectos es la regulación que efectua sobre los modificados de los contratos (ius variandi).

Se crea un nuevo Título V está integrado tan sólo por cuatro artículos y viene denominado “Modificación de los contratos”, que va a conllevar la aplicación de su regulación no sólo a los contratos administrativos sino a los celebrados por otros poderes adjudicadores.

Se establece la obligación de computar dentro del valor estimado los posibles modificados del contrato, para evitar la práctica de modificar un contrato hasta alcanzar incluso una modalidad procedimental distinta que hubiera exigido dar una publicidad generadora de mayor concurrencia.

Se reconoce la posibilidad de modificar un contrato no sólo cuando así esté previsto en el condicionado (eso sí precisando ahora que dicha previsión debe efectuarse de forma clara, precisa e inequívoca), sino también, como reconoció la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de abril de 2004, Comisión contra CAS Succhi di Frutta SpA, cuando concurran circunstancias imprevistas y no se afecte a ninguna condición esencial/ importante de la licitación, definiendo qué debe enterderse tanto por circunstancia imprevista como por alteración sustancial.

Y es que frente a la opinión de algunos autores, otros, ya expresamos lo increible de la supuesta imposibilidad de no modificar un contrato si no constaba en los pliegos tal referencia pues a día de hoy si sólo puede modificarse un contrato por circunstancias que no pudieron ser previstas al tiempo de formalizar el contrato (mediando la oportuna diligencia) menos aún el pliego iba a poder preveerlas.

Debe apreciarse que nos encontramos ante la regulación más restrictiva sobre modificados en la historia de España, pese a que ello era realmente necesario, por la exacervada permisividad de la Ley de Contratos del Sector Público, que suponía que en muchos casos se desvirtuar el carácter competitivo de la adjudicación inicial, siendo frecuente que en el marco de la realidad económica actual cuantiosas licitaciones se adjudiquen a quienes efectúan grandes bajas económicas sobre el valor estimado del contrato que rozan la temeridad para luego incardinarse en una pugna constante y desafortunada con el afán de recuperar esa baja, convirtiendo la excepcionalidad de los modificados en una regla general, debe mostrarse extrañeza por la fijación de este límite tan restrictivo.

Pero es que la reforma, por ejemplo, conlleva pasar de la aceptación de las modificaciones hasta el 10% como normales donde ni siquiera era necesario tramitar procedimiento alguno, a la regulación actual en que debe resolverse un contrato cuando se supera tal importe (antes podía entenderse como límite el 30% de aumento). Ello no parece comprensible, más aún cuando el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible fijaba este porcentaje en un 20% del precio de adjudicación del contrato y fue el Proyecto redujo al 10% el porcentaje de modificaciones, bajo el argumento de que fijándose el límite en un 20% el Consejo de Estado podría dejar de conocer muchos de los modificados que se llevaran a cabo; en consecuencia, quizás hubiera sido más razonable bajar la cuantía y el importe (actualmente 6.000.000 euros) a partir del cual informa el Consejo de Estado.

En fin, parece tratarse de una reforma necesaria de una norma (Ley de Contratos del Sector Público) que va camino de ser una de las normas con más reformas en sus escasos 4 años de vigencia. No obstante, la reforma unas veces se excede en sus interpretaciones (como le ocurre al interpretar ampliamente el concepto de circunstia imprevista) y otras restringe más de la cuenta los modificados (limitándolos al 10% de aumento).

Fco. Javier Vázquez Matilla

Una administración ágil facilita la competitividad del país

Recientemente leí «Administración Electrónica, El Modelo Español» donde se recoge, como un fantástico caleidoscopio, una pluralidad de visiones y proyectos en torno a la Administración Electrónica a lo largo de nuestra piel de toro. De entre todas esas reflexiones quiero destacar hoy la que realiza D. Domingo Laborda Carrión, exDirector del Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información Red.es y ExDirector General de Modernización Administrativa. En su artículo, se hace una excelente reflexión acerca de la «Carga Administrativa». Una Administración farragosa y lenta, lastra la competitividad del país, puesto que eterniza y encarece sus trámites, y con ellos, vuelve lento y caro el esfuerzo innovador de las empresas. Sin embargo, una Administración ágil, sencilla, operable desde casa, facilita la rapidez y la competitividad de las empresas. Un debate importante dado la situación económica presente, en el que cada segundo cuenta.

Se le atribuye a Otto von Bismarck una frase que hace patente esa “carga Administrativa“: “He vencido a los daneses, he vencido a los austríacos, he vencido a los franceses. Pero jamás he podido con la burocracia del Reich”.

El autor en dicho artículo aboga por la reducción de trámites, de requisitos. Sugiere posponer la presentación documental a la resolución del trámite, y no en el momento de la presentación. Así mismo, hace frente contra la rigidez de los procesos, la excesiva verticalidad de las organizaciones, el miedo al cambio, a la creación de reglas y requisitos no exigidos en la legislación. Como bien dice «Ninguna organización es más eficaz o productiva que sus procesos. La calidad de éstos determina la calidad de la organización y el grado de cumplimiento de su misión».

Sin duda, una Administración más efectiva favorece la competitividad de nuestras empresas, puesto que una actividad menos burocrática, lenta y farragosa permitiría reducir tiempos de espera y costes innecesarios, favoreciendo la optimización de la actividad económica privada. Y, en los tiempos de crisis económica, cualquier aliciente que favorezca la actividad económica de nuestras empresas, es fundamental. Puesto que si un Estado se rige por una Administración eficiente, el sector privado también lo será.

Es esta la filosofía que impulsó a la Unión Europea ya en el año 2000, mediante la Estrategia de Lisboa, a impulsar la modernización administrativa; puesto que es un elemento clave para que Europa lidere en actividad económica y en conocimiento, y que ha derivado en normas de entre las que podemos destacar la Directiva de Servicios 2006/12/CE, de 28 de diciembre, que ha dado origen a normas “tan valientes” como la Ley 17/2009, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; o la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Raúl Argente

El Gobierno aprueba 90 certificados de profesionalidad para acreditar las competencias profesional

El Consejo de Ministros ha aprobado 90 certificados de profesionalidad para acreditar las competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral, con el fin de potenciar la competitividad, la empleabilidad, la movilidad laboral y el fomento de la cohesión y la inserción laboral.

   Estos certificados acreditan las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, obtenidas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

   En concreto, los 90 certificados de profesionalidad aprobados corresponden al sector actividades físicas y deportivas; artes gráficas; imagen personal; imagen y sonido; industria extractivas; instalación y mantenimiento; madera, mueble y corcho; marítimo pesquera; química; sanidad; seguridad y medioambiente; servicios socioculturales y a la comunidad; textil, confección y piel; transportes y mantenimiento de vehículos; y vidrio y cerámica.

   Para la elaboración de los certificados, el Gobierno ha valorado la incidencia económica de cada uno de los sectores productivos en el mercado laboral, la demanda de trabajadores cualificados y ausencia de oferta formativa y el establecimiento de formación asociada a actividades laborales relacionadas con el desarrollo de la economía sostenible, entre otras.

   El Gobierno ya aprobó un decreto para reformar las políticas activas y mejorar la empleabilidad, en el que se recogía que la oferta formativa vinculada a la obtención de los certificados de profesionalidad facilita la acreditación parcial acumulable para el proceso de reconocimiento de competencias profesionales.

Ordóñez asegura que los empresarios no tienen "horror" a contratar y culpa del paro al marco legal

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha asegurado que no es indispensable lograr que el PIB crezca por encima del 2% para poder crear empleo como sostiene el Gobierno, y ha insistido en que la clave es cambiar el marco legal, en referencia a la reforma de la negociación colectiva pendiente.

   En una conferencia con motivo de la Asamblea Anual de Socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Fernández Ordóñez ha asegurado que la actual normativa laboral supone un "problema grave" que "dificulta seriamente" a la oferta de puestos de trabajo.

   En su opinión, "existe el planteamiento de que el empresario hasta cierto punto tiene horror a contratar, cosa que no sucede en otros países", y estima que la normativa legal es una "losa". "Es trascendental que se eliminen obstáculos para ofrecer puestos de trabajo a jóvenes y mayores, a todos", ha añadido.

   A renglón seguido a hablado de otros posibles beneficios de estos cambios: "Con las instituciones adecuadas, no sólo los empresarios podrían ofrecer un mayor número de empleos que fueran rentables para sus empresas, sino que los trabajadores tendrían opción de decidir si quieren aceptar o no esos puestos de trabajo".

NO HAY QUE ESPERAR A QUE CREZCA EL PIB.

   Por otro lado, el gobernador del Banco de España ha dicho que se puede crear empleo con el PIB creciendo por debajo del 2%, recalcando que esta relación "no es inamovible", sino en todo caso "resultado del esquema institucional vigente".

   Así pues, Fernández Ordóñez cree que España debe "cambiar el marco institucional y legal del empleo, no porque los mercados lo pidan", sino porque le "interesa". "Nos interesa a los ciudadanos tener tasas de paro más bajas y salarios más altos en aquellos sectores o empresas donde la productividad crezca más", ha añadido.

   Antes de concluir, el gobernador del Banco de España ha lanzado una advertencia más y ha dicho que "la solución de los problemas fiscales, por muy adecuadas que sean las políticas adoptadas, será mucho más complicada si los ingresos son mediocres" o se sigue gastando "un 3% del PIB en transferencias a los desempleados durante mucho tiempo".

Más de quince mil personas protestan en Sevilla contra la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz

Convocadas por CSI-F Andalucía, y otras trece plataformas y asociaciones sindicales, la manifestación ha recorrido las calles de Sevilla dejando claro que la Ley 1/2011 es lesiva no sólo para los empleados públicos, sino también para el conjunto de la ciudadanía andaluza.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI-F, en Andalucía volvió a congregar a más de quince mil personas en las calles de Sevilla para protestar por la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz en una marcha a nivel autonómico convocada por la Central Sindical, y otras trece plataformas y asociaciones sindicales.
Bajo un intenso calor y con colectivos y grupos llegados de las ocho provincias andaluzas, la marcha ha recorrido el itinerario previsto (que se inició en la Plaza Nueva y acabó en la Plaza de España) mostrando su frontal rechazo a una Ley que, para CSI-F Andalucía, es lesiva no sólo para los intereses de los Empleados Públicos, sino para el conjunto de la ciudadanía andaluza.
En este sentido, las más de quince mil personas que CSI-F Andalucía ha congregado esta mañana en la capital andaluza han demostrado que la Central Sindical sigue en oposición a la Ley 1/2011 y a todo el entramado legal que ésta conlleva y que CSI-F Andalucía tiene recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Así, la presidenta del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSI-F Andalucía, Alicia Martos, quiso dejar claro que CSI-F Andalucía “no cejará en su defensa de los derechos de los Empleados Públicos hasta lograr la derogación, que es la única forma de reponer los derechos vulnerados en primer lugar a los funcionarios y en segundo lugar a la ciudadanía andaluza”.
De esta forma, Martos indicó que CSI-F Andalucía “seguirá adelante en todos los frentes que tenemos abiertos. En la calle, en la Mesa General y en la Justicia, porque tenemos recurrida la Ley y los Estatutos de las nuevas Agencias Públicas que han salido de ella. CSI-F Andalucía seguirá con su hoja de ruta hasta lograr la derogación de la Ley”.
CSI-F Andalucía, siempre al lado de los intereses generales de los empleados públicos y de los trabajadores y en defensa de lo público, ha vuelto a dejar claro que sigue en frontal oposición con la aprobación de esta Ley, lesiva para los intereses de los Empleados Públicos y que fomenta el desarrollo de la que consideramos ilegal administración paralela de la Junta de Andalucía. Por eso seguirá en la lucha, sea cual sea el frente, hasta lograr su derogación.

La ley europea no obliga a dar complemento salarial a trabajadores expuestos a ruido excesivo, según el TUE

La legislación europea no obliga a dar un complemento salarial a los trabajadores expuestos a un ruido excesivo, según ha dictaminado este jueves el Tribunal de Justicia de la UE (TUE). La sentencia resalta no obstante que los empresarios están obligados a adoptar medidas para reducir el nivel de ruido y que los trabajadores deben poder exigirles que respeten los límites máximos.

   El dictamen se refiere al caso de dos españoles que trabajaban en una empresa cuya actividad consiste en la elaboración de materiales de piedra a partir de piedra natural. En sus jornadas laborales, el nivel de ruido supera el promedio diario de 85 decibelios (dB). Para paliar esta situación, se les entregó un equipo de protección auditiva individual que reducía la exposición a 80 dB.

   Los trabajadores impusieron sendas demandas contra su empresario reclamando el pago de un complemento salarial debido a la penosidad de su puesto de trabajo por estar expuestos a un nivel de ruido que supera el promedio diario de 85 dB. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde acabó el caso, ha presentado una serie de cuestiones prejudiciales a la justicia europea.

   En su sentencia de este jueves, el TUE declara que un empresario en cuya empresa el nivel de exposición diaria de los trabajadores al ruido sea superior a 85 dB, medido sin tener en cuenta los efectos de la utilización de protectores auditivos individuales, no cumple con sus obligaciones.

   En efecto, la empresa debe aplicar un programa destinado a reducir la exposición al ruido cuando los trabajadores estén expuestos a un nivel de ruido que supere los 85 dB, medido sin tener en cuenta los efectos de la utilización de protectores auditivos individuales.

   A continuación, el Tribunal de Justicia señala que la legislación europea no exige que el incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones preventivas establecidas por la directiva sobre protección de los trabajadores se sancione con la obligación de abonar un complemento salarial.

   No obstante, la sentencia considera que el derecho nacional debe establecer mecanismos adecuados que garanticen que un trabajador expuesto a un nivel de ruido superior a 85 dB, medido sin tener en cuenta los efectos de la utilización de protectores auditivos individuales, pueda invocar el cumplimiento, por el empresario, de las obligaciones preventivas establecidas en dicha directiva.

Incentivos para impulsar el vehículo eléctrico

En el marco del Plan de Acción 2010-2012, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que regula la figura del gestor de carga, como agente que podrá revender electricidad para la recarga de vehículos eléctricos y que facilitará la instalación de puntos de recarga por terceros al margen de las comercializadoras de electricidad. Además, se crea la tarifa supervalle para incentivar la recarga nocturna de vehículos eléctricos a precios más atractivos.

Ayudas directas a la compra

Según este Real Decreto, el Gobierno subvencionará hasta un 25% del precio de venta antes de impuestos, con un máximo de 6.000 euros por vehículo incluyendo las baterías, para los usuarios particulares y flotas privadas. También se subvencionará el 25% del precio bruto de adquisición de otros vehículos eléctricos como autobuses, autocares o furgonas con un máximo de 15.000 ó 30.000 euros, dependiendo de tipo de vehículo y autonomía.

Para la gestión de las ayudas se contará con una entidad colaboradora que cumplirá lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. Para su elección se establecerá un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Una vez seleccionada, se formalizará un convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la entidad colaboradora.

La solicitud de ayuda se realizará a través de los agentes de ventas que voluntariamente decidan adherirse al plan de ayudas. Los agentes de ventas realizarán las actividades que se determinen en el convenio que cada uno de ellos suscribirá con la entidad colaboradora. En dichos convenios se especificaran las condiciones para el registro de las solicitudes en el sistema telemático que se implementará para la gestión de las ayudas.

La entidad colaboradora establecerá un sistema que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, informe con carácter previo a la formalización de la solicitud de la cuantía de subvención que le corresponde, facilitando así información para los beneficiarios finales. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación en el sistema telemático de gestión hasta el 30 de noviembre de 2011.

Gestor de carga y tarifa de acceso supervalle

Dentro de las medidas para impulsar el despliegue de las infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla reglamentariamente la actividad de los nuevos gestores de cargas del sistema.

La figura del gestor de carga fue incluida en la última modificación de la Ley del Sector Eléctrico en 2010 con el objetivo de convertir los servicios de recarga energética en una nueva actividad liberalizada. La regulación permite a estas figuras vender electricidad, una actividad hasta ahora restringida a las comercializadoras eléctricas. Así, los gestores son consumidores habilitados para la reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética de vehículos eléctricos.

Los gestores de cargas del sistema llevarán a cabo su actividad de recarga de los vehículos eléctricos de los consumidores en instalaciones propias por lo que es previsible que esta actividad se realice como negocio secundario en establecimientos como aparcamientos públicos o grandes centros comerciales.

Complementariamente, de acuerdo con la mencionada Estrategia para el impulso del vehículo eléctrico y con la regulación de nuestro sector eléctrico, se procede a crear una nueva tarifa de acceso supervalle con un nuevo periodo de discriminación horaria para las horas de menor demanda del sistema, desde la 1 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, con menores precios que incentiven el traslado del consumo del periodo punta a estas horas. Al ser una tarifa de acceso, tanto los consumidores en el mercado libre como los acogidos a la tarifa de último recurso (TUR) podrán optar a ella y disfrutar de un menor precio final de la electricidad en esa franja horaria.

Esta normativa es un elemento fundamental para el desarrollo en nuestro país del vehículo eléctrico, de acuerdo con la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico en España, presentada por el Gobierno el 14 de abril de 2010, y su Plan de Acción 2010-12. El vehículo eléctrico es un producto industrial que aúna las características de ser tecnológicamente innovador, capaz de generar un nuevo sector de actividad con potencial de crecimiento e instrumento de ahorro y eficiencia energética y medioambiental.

Además, el suministro de electricidad a este tipo de vehículos permitirá mejorar la eficiencia global del sistema eléctrico mediante una adaptación de su curva de demanda. Así, y dado que la recarga de los vehículos se realizará principalmente por la noche, cuando no están en uso, su cumplimentación coincidirá con los valles de demanda del sistema, en los que el coste asociado a la generación es inferior, por lo que se consumirá electricidad en horas de menores costes, reduciendo el gasto energético del uso del vehículo eléctrico respecto al tradicional de combustión interna.

Valoración de CSI-F ante los rumores de una nueva rebaja salarial a empleados públicos

La CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS ante los insistentes rumores que sobre una nueva reducción salarial para los Empleados Públicos, quiere señalar que no ha habido ninguna comunicación ni oficial ni oficiosa por parte de la Administración, ni sobre este tema ni sobre ningún tema de los que atañen a los Empleados Públicos.
La Administración sigue inmersa en la parálisis que hemos denunciamos hace meses.

La aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 consumó una agresión sin precedentes a los salarios de los Empleados Públicos en la dirección de cargar sobre nuestras espaldas la crisis económica como si hubiéramos sido nosotros los culpables de la misma.
Estos Presupuestos Generales del Estado para 2011 perpetúan la rebaja salarial tanto en la nómina mensual como en las pagas extras, rebaja en las pagas extras que sufrimos en diciembre de 2010 y que volveremos a sufrir también en junio de 2011. Nos costó mucho esfuerzo conseguir que las pagas extras fueran el equivalente a una mensualidad y este Gobierno ha acabado con ello.
Si el Gobierno Central, los Gobiernos Autonómicos o las entidades locales están pensando en volver a recortar las retribuciones de los Empleados Públicos van a encontrares la oposición frontal de CSI·F y de todos los Empleados Públicos de este País.
Rechazamos nuevos recortes a los Empleados Públicos. Volver a hacer recaer en nosotros el coste de la crisis sin que se hayan tomado en serio la contención del gasto público, es una tomadura de pelo para todos los Empleados Públicos que día a día contribuyen con su trabajo y esfuerzo a mejorar este País.
Si de verdad quieren reducir el déficit público que se aprieten ellos el cinturón con sus asesores, administraciones paralelas, consejos de administración de las empresas públicas, subvenciones de todo tipo, televisiones públicas, aeropuertos públicos, y miles de cargos políticos, etc.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Valeriano Gómez asegura que habrá un acuerdo sobre negociación colectiva "equilibrado" y "eficaz"

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se ha mostrado "seguro" de que los agentes sociales cerrarán un "buen acuerdo" sobre negociación colectiva, que será "equilibrado" y que "pronto dará sus frutos" en forma de una mejora del empleo.

"(Patronal y sindicatos) están a punto de llegar a buen puerto", dijo Gómez durante la presentación del informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 'Promover la creación de empleos de calidad en España', un día después de la primera reunión celebrada entre los agentes sociales y el Ejecutivo para abordar las cuestiones relativas a las mutuas y el absentismo, en los que dijo, el Gobierno "tiene mucho que decir".

Según indicó, estos frutos de la negociación están "basados en uno de los grandes objetivos compartidos: que sea la flexibilidad interna el principal mecanismo de adaptación (de las empresas) y no los despidos". Y es que, según dijo, actualmente existen "problemas" en el ámbito de las relaciones laborales, como el "mejorable dinamismo y fluidez" de las negociaciones.

Por otro lado, el ministro de Trabajo se refirió a algunas de las reformas en materia de empleo puestas en marcha. En este punto, señaló que "por muy fuertes que sean los estímulos" al empleo a tiempo parcial, no se avanzará en este aspecto hasta que no exista una "un nivel de preferencia suficientemente alto" por parte de los trabajadores. "Éste es un tema clave", añadió.

Respecto a la reforma laboral, consideró que es pronto para valorar sus efectos, pero destacó algunos indicios de su potencial eficacia. Así, subrayó que los contratos de fomento del empleo han aumentado en un 39% respecto a hace un año; un 14%, los de formación, y un 15% los contratos de prácticas. Con todo, consideró fundamental seguir avanzando en la reducción de la temporalidad.

El salario pactado en convenio sube un 3,01% en abril por los convenios revisados

El incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos registrados en abril alcanzó el 3,01%, cifra ocho décimas inferior al indicador adelantado del IPC para dicho mes (3,8%), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La subida salarial del 3,01% pactada en abril es llamativa, no sólo porque se acerca más a la inflación que en los últimos meses, sino porque es mucho más elevada que la de meses anteriores. Por ejemplo, no hubo ni un solo mes del año pasado en el que los salarios se incrementaran por encima del 2% y en enero crecieron un 2,98%, si bien en marzo ya repuntaron un 3,06%.

Según ha indicado el Ministerio de Trabajo en una nota de prensa, la subida se explica porque la mayoría de los datos se refieren a convenios revisados (el 96,4% del total) y afectan a casi la totalidad de los trabajadores (98,6%).

En concreto, el aumento medio de los convenios revisados se situó en el 3,03%, mientras que los nuevos convenios registraron un incremento notablemente inferior (1,63%), si bien son aún cuantitativamente insuficientes, por su menor número frente a los revisados, para incidir de forma significativa sobre el incremento medio total.

SUBIDA MUY INFERIOR EN LOS CONVENIOS DE EMPRESA.

Por ámbito de negociación, los convenios de empresa (el 77% del total) reflejan un aumento salarial del 1,88%, mientras que en los de ámbito superior (el 23% restante) se ha situado en el 3,12%.

El Ministerio de Trabajo precisa que este año existe la incidencia de un factor relevante, como es la existencia de un número notable de convenios que, pese a tener formalmente su incremento salarial pactado, no ha podido ser registrado aún debido a que está referenciado a la inflación prevista, cuya concreción debe ser ratificada por las partes firmantes.

Hasta el 30 de abril se han contabilizado 499 convenios que tienen referenciado su incremento salarial en base al IPC previsto, de los cuales 385 son de empresa y 114 de ámbito superior. En total, estos convenios afectan a 1.805.989 trabajadores, lo que supone que, según se vayan incorporando estos convenios, se modificará sustancialmente el aumento salarial reflejado en la estadística.

Además, representan un aumento del número total de trabajadores con convenio para 2011 de casi el 60% sobre el volumen actualmente existente, pasando de 3.024.980 trabajadores a cierre de abril hasta 4.830.969 con la incorporación de estos convenios pendientes de ser ratificados.

MÁS DE TRES MILLONES DE TRABAJADORES CON CONVENIO.

El total de trabajadores con convenios hasta el mes de abril (3.024.980) se corresponden con 1.632 convenios firmados con efectos económicos para este año, que engloban a 353.295 empresas.

El 77% de los convenios son de empresa, pero afectan solamente al 8,9% del total de trabajadores (270.002). El 23% restante corresponde a convenios de ámbito superior al empresarial, y atañen al 91,1% de los trabajadores (2.754.960).

Europapress

El Gobierno desarrollará un plan para "irradiar" en el sistema educativo la prevención de riesgos laborales

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha adelantado que próximamente se acordará en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo un plan de formación en prevención de riesgos laborales que buscará "irradiar" en todo el sistema educativo la prevención de estos accidentes.

Durante la inauguración del segundo coloquio europeo sobre Coordinación de Seguridad y Salud en la Construcción, Rodríguez ha reclamado la integración de la seguridad y salud laboral en el cambio de modelo productivo, para mejorar la salud de los trabajadores, pero también por la productividad y competitividad de las empresas.

Por otra parte, ha reconocido la importancia del sector de la construcción para el crecimiento económico del país en los últimos años, aunque ha habido "un sobredimensionamiento que ha producido la pérdida de muchos empleos y empresas".

Por ello, ha insistido en que el sector de la construcción debe "reinventarse" apostando por aspectos como la rehabilitación y la eficiencia energética para seguir construyendo empleos, sin construir vivienda.

Rodríguez ha asegurado que la siniestralidad laboral bajó en el sector de la construcción más de un 7% en 2010 y que, en el último mes y a nivel general, la tasa de siniestralidad descendió más de un 8%, mientras la población ocupada con sus riesgos profesionales cubiertos lo hizo en un 1,4%. A su parecer, esto demuestra, que el trabajo de Gobierno y agentes sociales está "dando sus frutos".

Como ejemplo, la secretaria de Estado ha señalado a la construcción, un sector donde la bajada de la actividad ha sido muy importante durante la crisis, y la siniestralidad se ha reducido considerablemente, con un descenso de los accidentes mortales que supera el 18%.

"Nos hemos dado mucha prisa en cumplir las medidas, porque en ello se iba a salvar muchas vidas", ha asegurado la titular de Empleo, tras recordar que las medidas contempladas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que acaba en 2012, están en marcha en su totalidad.

En concreto, Rodríguez ha subrayado los avances producidos en la regulación de la contratación y subcontratación en este sector, así como la labor en materia de formación en prevención de riesgos laborales realizada por la Fundación Laboral de la Construcción, que ha permitido "a miles de trabajadores" contar con la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).

A pesar de las buenas cifras, Rodríguez ha rechazado cualquier discurso complaciente en esta materia, ya que "mientras haya un trabajador que pierda su vida en el puesto de trabajo, habrá motivos para seguir trabajando por combatir la siniestralidad".

El plan de empleo sumergido entro en vigor, con sanciones que se multiplicarán hasta por cinco

El plan de empleo sumergido que entro entrará en vigor el pasado dia 7, momento a partir del cual y hasta el próximo 31 de julio, los empresarios que lo deseen podrán dar de alta a la Seguridad Social a los empleados que no tienen declarados sin recibir la sanción administrativa correspondiente, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Real Decreto-Ley, aprobado el pasado viernes por el Gobierno, contempla que los empresarios podrán voluntariamente regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren ocupados por los mismos de manera irregular y podrán acogerse a cualquier modalidad de contratación, si bien el contrato no podrá ser inferior a seis meses.

Pasado este 'periodo de gracia', que concluye el próximo 31 de julio, se endurecen las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos.

En concreto, el plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.

Por otro lado, cuando el trabajador que compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos 'en negro' la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.

Además, la iniciativa comprende una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años. En esta misma línea, el plan incluye la realización de campañas de sensibilización pública.

LOS INFRACTORES, EXCLUIDOS DOS AÑOS DE LAS AYUDAS.

El Real Decreto también contempla que las empresas que hayan cometido infracciones muy graves perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, y podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas por un periodo máximo de dos años, que se reduce a un año cuando la infracción es grave.

Por último, el Ministerio de Trabajo se compromete, transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, a realizar una evaluación y seguimiento de los resultados de las medidas y oirá a la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Atendiendo a las conclusiones de dicha evaluación, procederá a adoptar o promover las medidas de adaptación o modificación que resulten adecuadas.

Campa ve "imprescindible" que la reforma de la negociación colectiva se desarrolle "cuanto antes"

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que es "totalmente imprescindible" que la reforma de la negociación colectiva se desarrolle "cuanto antes".

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja, Campa mostró su convencimiento de que los agentes sociales "estarán a la altura para trasladar una reforma de calado como requiere la situación".

El 'número dos' de Economía consideró que la reforma de la negociación colectiva dotará a las empresas españolas de mayor flexibilidad y contribuirá de esta forma a la necesaria reasignación de los trabajadores que persiguen las políticas activas de empleo.

"La reasignación de trabajadores que tiene que hacer nuestra economía a resultas de la crisis implicará un esfuerzo adicional de formación y reorientación, que es lo que se intenta con la reforma de las políticas activas", dijo.

Campa reconoció en su comparecencia cuatrimestral para dar cuenta sobre la evolución de la economía española que la tasa de paro en España "sigue siendo muy elevada", si bien subrayó que el Gobierno ha impulsado medidas para la recuperación del mercado laboral.

En este sentido, constató que la debilidad del crecimiento económico no permite generar empleo suficiente, pero estimó que hay "efectos palpables" de la reforma laboral aprobada en septiembre por el Parlamento, tal y como refleja el mayor número de conversiones de contratos temporales a indefinidos.

Analistas Económicos aplazan a 2012 la creación de empleo, y de forma moderada

El consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco Villalba, ha asegurado este martes que durante el presente ejercicio se producirá "una cierta estabilización" económica, siendo, a partir de 2012 cuando se comience a crear empleo, pero de forma moderada.

"Aunque no podemos decir que la crisis ha sido superada, los datos corroboran que la fase de decrecimiento de la actividad económica ha terminado", ha manifestado Villalba, quien ha apuntado que "después de la caída queda la recuperación" y, para ello, "habrá que pasar por una fase de estabilización, que es en la que estamos".

Ésta es la realidad que se extrae de los datos recogido en el informe número 64 'Previsiones Económicas de Andalucía', correspondiente a la primavera de 2011, que ha sido elaborado por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja y presentado en Málaga.

El documento señala que la economía andaluza podría crecer este año un 0,7 por ciento, tasa insuficiente para poder crear trabajo. De esta forma, la situación en Andalucía durante 2011 estará marcada, tal y como se prevé, por la destrucción de empleo que podría cesar hacia finales de año, alcanzando en el tercer trimestre una cifra de ocupados que podría ser superior a la estimada en el mismo periodo de 2010.

No obstante, la cifra de ocupados en el promedio del actual ejercicio resultaría "ligeramente inferior" a la del año anterior, exactamente del -0,4 por ciento. Ello, unido a la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral, provocará que la cifra de parados continúe creciendo.

En concreto, se estima que el número de desempleados aumente un cuatro por ciento en el promedio del año, tasa que podría estabilizarse hacia finales de 2011, situándose en torno al 29 por ciento, ocho décimas por encima de la de 2010. De esta forma, al cierre de este año habrá entre 1,13 y 1,15 millones de parados en la región. Por lo tanto, no será hasta 2012 cuando se pueda comenzar a hablar de creación de empleo.

A nivel territorial, la previsiones para 2011 apuntan "una paulatina" mejora de la actividad económica en todas las provincias andaluzas, con un crecimiento que podría superar la media regional en Sevilla y Jaén, siendo "más moderado" el avance en el litoral.

TURISMO, "TIRA DE LA ECONOMÍA"

En este contexto económico, el turismo, que ha registrado un comportamiento "positivo" durante 2010, "seguirá siendo el sector que tire de la economía" durante 2011, tal y como ha apuntado la coordinadora del informe, Felisa Becerra, quien ha especificado que, a pesar de estas buenas perspectivas, la tasa de crecimiento será algo inferior a la del año anterior, cuando fue del 0,6 por ciento.

En este comportamiento "optimista" ha influido la demanda extranjera, que se "está recuperando" y que, además, se ha visto "favorecida por la inestabilidad de otros países competidores como pudo ser Egipto en su momento". Por el contrario, la demanda interna continúa "manteniéndose débil", ha indicado Becerra, quien ha destacado que Andalucía es la cuarta comunidad autónoma por número de turistas internacionales, con casi 7,5 millones en 2010.

Frente a la actitud mostrada por el sector servicios, se sitúa la construcción, actividad que continúa "en mínimos". A lo largo de 2010, no se ha percibido "una desaceleración evidente" en el ritmo de caída, de forma que, en el acumulado del año, el retroceso de este sector ha sido del 6,5 por ciento. Además, el sector residencial "sigue dando muestras de desánimo" y el número de viviendas iniciadas no ha superado las 20.000, "la cifra más baja desde principios de los 80".

Sin embargo, aunque de forma "muy escasa", durante el último año este almacenaje se ha reducido en unas 2.200 viviendas, contando la comunidad autónoma aún con unas 185.000, debido a que la venta se recupera y a que no entran nuevas viviendas al mercado. "Hasta que no se resuelva este stock, la iniciación de vivienda continuará en niveles bajos, casi inexistente", han destacado desde Analistas Económicos, incidiendo, además, en que el sector de la construcción "no volverá" a los niveles alcanzados en 2005 o 2006.

Asimismo, han destacado que es necesario que este almacenaje "se digiera, no por la venta de viviendas, sino por la apuesta en alquiler de muchas de ella o por su reconversión en otro tipo de producto inmobiliario". "A groso modo, para que la demanda pudiese absorber ese volumen de inmuebles sin vender, serían necesarios unos cinco años", ha señalado.

REFORMAS "MÁS ESTRATÉGICAS QUE TÁCTICAS"

El consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía ha hecho hincapié en que "estamos en un punto en el que se hacen necesarias, de forma urgente, reformas más estratégicas que tácticas", las cuales nos lleven a la recuperación".

"Se están haciendo cosas, pero echamos de menos que ese impulso de reforma sea más potente y se haga con una mayor credibilidad", ha apostillado Villalba, quien ha aseverado que "el calendario electoral actual no acompaña a que ese impulso se pueda hacer con fuerza y con potencia".

Por último, ha incidido en la importancia de la creación de empleo privado, pues "la solución no puede ser la creación de empleo público". Las empresas han de ser las que originen puestos de trabajo, ha señalado, precisando, que para ello es fundamental que "haya una mayor competencia e iniciativa en la creación de empresas, así como una mejora en las posibilidades de financiación".

EUROPAPRESS

El Gobierno aprueba la integración de los 820.000 asalariados del sector agrario en el Régimen General de la Seguridad Social

La integración de los asalariados del sector agrario en el Régimen General de la Seguridad Social es una reivindicación histórica de este colectivo y de las organizaciones que lo representan. El texto normativo equipara las prestaciones de la Seguridad Social que reciben los trabajadores del campo con las del resto de los trabajadores por cuenta ajena.

A partir de la entrada en vigor de la reforma, los trabajadores agrarios cotizarán por su salario real, lo que les igualará al resto de los trabajadores.

El anteproyecto sigue las directrices del acuerdo firmado el pasado 8 de marzo por el Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme y las organizaciones sectoriales Federación Agroalimentaria de CCOO, FTA-UGT, Asaja, Fepex y Comité de Gestión de Cítricos, en cumplimiento de los acuerdos de 13 de julio de 2006 y de 2 de febrero de 2011 suscritos en el marco del diálogo social. Además representa un paso adelante en el mandato del Pacto de Toledo de integración de regímenes del sistema de Seguridad Social en dos grandes bloques, el de trabajadores por cuenta ajena dentro del Régimen General y el de trabajadores autónomos, dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta).

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

“Por un trabajo que contribuya a la realización de las personas”

Con motivo del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, CSIF

Andalucía exige atraves de este manifiesto a la Junta de Andalucía,

- Actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud de los Empleados Públicos de

la Junta de Andalucía, que ha demostrado ser ineficaz, de forma que se cumpla con lo previsto

en la Ley 54/2003.

- Una autentica participación de los Empleados Públicos en la prevención de riesgos laborales a

través de la puesta en funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud.

- Una Prevención eficaz, donde el trabajador sea protagonista y no un mero destinatario de las

medidas adoptadas.

- Una dotación adecuada de recursos humanos, con Técnicos de Prevención en los centros de

trabajo.

Desde CSIF Andalucía proponemos que lo eficaz en la sociedad actual es potenciar

una cultura preventiva, donde la actuación es previa a que se produzca el daño en la salud del

trabajador. Estamos acostumbrados a una sociedad, hasta ahora, instalada en una cultura

reparadora, cuando surge el daño, se actúa. Esto supone un coste elevado en bajas laborales,

nula productividad y eficiencia. Desde el año 1995 está en vigor la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales y parece que no hayamos avanzado nada. Por ello, llegados a este punto, CSIF

Andalucía plantea hacer una reflexión seria y profunda y propone:

- Incidir en educar en una cultura preventiva, donde las condiciones de trabajo sean facilitar la

vida en vez de quitarla.

- La seguridad y la salud en el trabajo son un derecho humano.

- Luchar por conseguir una prevención eficaz, donde el trabajador sea el protagonista en cuanto

a la prevención de riesgos laborales se refiere.

- Trabajar en mejorar los niveles de prevención no sólo en la empresa privada, sino también y

todavía con mas motivo en las Administraciones Públicas, pues éstas son empleadoras y

sancionadoras a la vez.

CSIF ANDALUCÍA: TU SINDICATO TAMBIÉN EN PREVENCIÓN