Si el Tribunal de Cuentas no responde a la transparencia, conforme a su Aviso: Los auditores privados no pueden fiscalizar las instituciones públicas como ayuntamientos y comunidades autonómicas (www.nuevatribuna.es, 2011-07-01). Ante la intención de nuevos gobernantes locales de realizar auditorías externas sobre las cuentas de determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos. Cuando la realidad pública nos indica que, sí pueden realizar auditorías públicas los auditores privados ¿Acaso la Nueva Ley de Auditoría de Cuentas, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de julio de 2010 no supuso un paso adelante al reconocer la insuficiencia de los medios propios en los órganos de control de las Administraciones Públicas expresada en los Congresos Nacionales de Auditoría del Sector?Si el Tribunal de Cuentas no contribuye con la transparencia, en tanto acepta por una parte, que su función es primordialmente pública, y su auditoría en correspondencia tiene una naturaleza igual, es decir, pública. Y por otra, su Presidente, Manuel Núñez Pérez, afirma que muchas de las actuaciones en la fiscalización continúan permaneciendo en un mundo desconocido para la mayor parte de la sociedad, derivado “más a posiciones ideológicas o partidistas que al verdadero interés de la sociedad” (Transparencia e instituciones de control, revista Auditoría Pública, número 49, noviembre de 2009, p. 11). Sin embargo, omite analizar que el Tribunal de Cuentas obliga a los auditores a mantener el secreto de cuanta información conozcan en el ejercicio de su actividad. Luego, ¿Cómo el Tribunal de Cuentas puede cumplir con una función pública, que su auditoría también sea pública, y contribuya con la transparencia si exige la secrecía o confidencialidad?
Si el Tribunal de Cuentas no transparenta la colaboración o participación de firmas privadas en la fiscalización de los fondos públicos. Al aparentar cerrarles la puerta pero darles entrada por la de atrás, bajo la justificación de la insuficiencia en los organismos de control, y tal pareciera la “única salida” para solucionar su grave retraso, un problema que acusa el Tribunal de Cuentas y que existe en la generalidad de los órganos de fiscalización. Y si en verdad el Tribunal de Cuentas ha pretendido salir al paso de las informaciones sobre la referida intención, su declaración de la colaboración de la auditoría privada con la pública resulta hueca. Porque no aclara o determina las causas de la permanente desactualización, dependencia, insuficiencia, o rezago en los órganos de fiscalización. En el fondo, la pretendida colaboración refleja el dominio conceptual de la auditoría privada, y éste término proviene del latín privatus, es decir, privado, del verbo privare, privar de algo. Y la auditoría privada es la herramienta que ha permitido privar información. Pero, lo público es aquello que es de interés general, debe estar a la luz, todos deben poderlo ver. Luego, ¿No resulta absurdo solicitar un informe anual de transparencia a las firmas privadas cuando su práctica se desarrolla en la oscuridad, al margen de las miradas y del escrutinio público de la sociedad?
Si el Tribunal de Cuentas no asume en su institución y en sus auditores, su historicidad. Al atribuirles supuestas propiedades per se, que les permiten aislarse de sus circunstancias y situaciones, tal como lo ejemplifica “El Consejero Mayor de Cuentas de Andalucía, Antonio M. López, pretende reforzar la independencia, integridad y objetividad de la institución y para eso ‘debe estar fuera del debate político’, al tiempo que ha señalado que no descarta para ampliar el campo de actuación buscar colaboración de entidades privadas especializadas en el sector público” (Web de Auditoría Pública, noticias). Tal si la política fuera un ‘contaminante’ y las entidades privadas estuvieran ajenas a esta ‘contaminación’. La auditoría desde su origen hasta nuestros días se ha legitimado a través de la idea, que su naturaleza es independiente y se desarrolla con objetividad. Es decir, sus propiedades están en sí, no obstante Enron o Lehman Brothers, se acude una y otra vez a la auditoría privada tal si fuera un faro que guiara a la certidumbre y seguridad sobre el manejo de los fondos públicos, aunque se olvide que esa guía ha llevado a empresas, gobiernos y a la sociedad global al borde del naufragio y a encallar. Más los funcionarios de la fiscalización parecen encontrarse en una dimensión donde no les afecta los condicionamientos históricos, y en todo caso, si los perciben no han estado dispuestos a determinar la forma o el grado en que la política y lo social influyen en la fiscalización. Pero en tanto, en el seminario que organiza la universidad de verano de Maspalomas, promovido por la Audiencia de Cuentas de Canarias, Manuel Núñez centró su discurso en defender a los Órganos de Control Externo como los garantes de las cuentas públicas, luego Tribunal de Cuentas ¿Para qué?
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