El gobierno ha anunciado un plan para ayudar a las empresas a cobrar las cuantiosas facturas adeudadas por las administraciones locales y autonómicas. El montante total podría superar los 30.000 millones de euros, un 3% del PIB ni más ni menos. La idea, en principio, nos parece sensacional y digna de todo apoyo. Las instituciones no tienen – ni van a tener – dinero a corto plazo para pagar a unos proveedores en riesgo cierto de quiebra por asfixia económica. Por eso, conseguir movilizar dinero para saldar esas deudas puede suponer un bálsamo para nuestra actividad y empleo. Pero, ¿es realista el plan? En principio, el gobierno ha dado un plazo breve para que las instituciones presenten el estado real de sus deudas. Después, las entidades interesadas deberán presentar un plan de saneamiento financiero que deberá ser aprobado y tutelado por el gobierno para así poder acceder a los fondos librados por bancos e ICO con aval del Estado. Más o menos, y a trazo grueso, ese es el diseño de la operación. Algunos comentaristas han apuntado con agudeza que viene a ser lo que la Unión Europea está haciendo con los países rescatados, a los que presta el dinero que precisan en su fase terminal siempre que acometan planes severos y controlados de ajuste. Pues si así fuera, y es lo que parece, muchos nos tememos que el desarrollo de este atractivo plan se va a encontrar con unos problemas de naturaleza similar a los que hemos visto en Europa.
El Estado será, en última instancia, el avalista de los préstamos que se concedan, dado que las entidades financieras recelan abiertamente de la solvencia y capacidad de recobro de las entidades locales al borde de la ruina. Sólo prestarían dinero a las que presenten una situación holgada, pero estas son las que, afortunadamente para ellas, no precisan de estos planes de salvamento. Sólo se presentarán aquellas que estén regular o, directamente, mal.
El Estado, al avalar, asume su riesgo, lo que de alguna forma viene a equivaler a incrementar su endeudamiento. Es cierto que el plan no generaría déficit a corto plazo, aunque podría suponer un riesgo cierto de incremento de la deuda pública. El Estado, por tanto, sólo podrá avalar a aquellas entidades cuyo plan de saneamiento garantice el pago de las deudas contraídas. ¿Cuántos ayuntamientos se encuentran en esta situación, podríamos preguntarnos? Suponemos que un porcentaje razonable de ellos podrían presentar planes creíbles, aunque nos tememos que un número significativo no tendrán capacidad de reembolso cierta. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Se les negará el pan y la sal? ¿Se les retendrá una parte proporcional del los ingresos estatales? No lo sabemos aunque, visto lo visto, dudamos mucho de que el estado avale sin más unas deudas condenadas a declararse como fallidas. Eso supondría un estímulo inverso contra todas las entidades que se esfuercen con programas de austeridad creíbles.
Aunque el plan nos guste, y le deseemos el mayor de los éxitos, nos parece que tendrá una eficacia más limitada de la que hoy nos prometen sus grandilocuentes titulares. El Estado no puede endosarse deuda mala, y, desgraciadamente, la de muchas instituciones lo son.
Manuel Pimentel
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