El país de las maravillas

“-Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?

-Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar – dijo el Gato.

-No me importa mucho el sitio… -dijo Alicia.

-Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes.”

Esta conversación de “Alicia en el País de Las Maravillas” parece una metáfora del momento que vivimos en este país, y en particular en nuestra querida Administración Local. Todos parecemos coincidir en la necesidad de transformarla pero, como Alicia, nos preguntamos por el camino a escoger. Y es que la reforma de la Administración Local ha sido el cuento de nunca acabar. De hecho, en las dos últimas décadas, las referencias a la “segunda descentralización” han sido constantes y el Pacto Local de 1998, la reforma de la Ley de Bases en 2003, con la destacada aparición del régimen especial de municipios de gran población constituyeron hitos importantes. Con posterioridad, el Libro Blanco (2005) fue el antecedente de un fallido intento de “Ley del Gobierno y la Administración Local”, condenado desde sus inicios por la irrupción de una crisis que bloquearía la otra gran cuestión pendiente, la de su financiación.

Cualquier profano que se acercara a esta breve introducción creería, erróneamente, que existe un cierto consenso, al menos, sobre el modelo local que pretendemos. Sin embargo, quienes nos enfrentamos a diario con la tarea de contribuir en la gestión y dirección de una corporación local sabemos de sobra que el debate se encuentra más vivo que nunca. Día tras día, la prensa y la discusión política nos revelan tesis contrapuestas sobre la fusión de municipios, la supresión de Diputaciones o de Mancomunidades o el rediseño del sistema competencial.

Pero la realidad es tozuda. Hace unas semanas, el Gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunció su plan de compra de Deuda pública, antesala del inevitable rescate de España. En su comparecencia, dejó claro que cualquier ayuda iba a estar marcada por su condicionalidad (“strictly conditioning”), dejando abiertas muchas especulaciones sobre las condiciones a imponer, y en nuestro caso, qué concretas medidas afectarán a las Entidades Locales. El Programa Nacional de Reformas, enviado a la Comisión Europea, da algunas pistas (pág. 94) al referirse a la “racionalización en el número de entidades locales y sus competencias”. Es en este contexto donde aparece el “Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, que no debemos olvidar que nace bajo la influencia decisiva de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas. Algunos interesantes análisis se han hecho en este blog de su contenido, a los que me remito.

Sin duda, del texto hay que saludar como muy positiva la recuperación por el Estado de las competencias sobre los funcionarios con Habilitación Estatal, pero de su lectura parece desprenderse una extraordinaria preocupación por la insostenibilidad financiera de nuestro sector público, algo en lo que las Entidades Locales no pueden ser señaladas como principales responsables, ni por volumen de endeudamiento ni por aportación al déficit consolidado de las AA.PP. En buena lógica, este texto debería venir acompañado de un Anteproyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Autonómica. Probablemente a eso se refería Ángela Merkel cuando al explicar su entrevista con el Presidente Rajoy el pasado 6 de septiembre, decía aquello de que “habían hablado sobre la situación de las Comunidades Autónomas ”. En este sentido, las estadísticas de EUROSTAT son reveladoras del extraordinario peso, en comparación con otros países europeos, de la Administración regional y, ante este escenario, cualquier experto en reestructuración de organizaciones sugeriría que donde más se puede recortar es en donde más se concentra el gasto.

La Administración Local dista mucho de ser el País de las Maravillas, pero desde luego no es la culpable de todos los males de este país. Es cierto que podemos ser más eficientes en la prestación de nuestros servicios, pero eso no se conseguirá sólo a base de mandatos contemplados en las leyes. Porque dichos mandatos ya existían. La Constitución Española, en su art. 31.2 impone que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.” El Texto Refundido de las Haciendas Locales también recoge el tradicional principio de equilibrio presupuestario. Es cierto que hay un importante margen de mejora en este ámbito, si analizamos el sector público local en su conjunto, y a muchas entidades locales en particular. En este análisis, la cuestión de las competencias impropias adquiere una importancia capital. Pero deberíamos hacernos algunas preguntas antes de abordar una precipitada reforma: ¿Por qué carecemos en muchos Ayuntamientos de memorias sobre el coste y rendimiento de los servicios? ¿Por qué no utilizamos controles de eficacia y eficiencia? ¿Por qué resulta tan difícil obtener indicadores de gestión para comparar distintas Entidades? ¿En qué se ha plasmado esa auténtica burbuja de proyectos de e-Administración en los que se invirtieron tantos millones de euros en los últimos años? Podríamos hacernos muchas más, por ejemplo, en materia de transparencia.

Las respuestas a estas preguntas nos revelan que quizás muchas deficiencias presentes en nuestros Consistorios tienen que ver más con la necesaria profesionalización de la Gestión Pública Local (en la que los Habilitados tendremos que asumir un reto importante) que con problemas en la asignación de competencias entre los distintos niveles de Administración. Y es que las fórmulas de colaboración y coordinación interadministrativa ya figuraban en la Ley de Bases. ¿Por qué no se han puesto en práctica de una manera más exitosa? Lo cierto es que, al día de hoy, la incertidumbre en cuanto al futuro más inmediato impide la planificación a medio plazo que la propia Ley de Estabilidad pretende implantar, sumiendo a la Administración local en un estado de confusión que necesita ser despejado cuanto antes. Es fundamental conocer a donde tenemos que ir, porque si no, podríamos acabar en un lugar en el que tampoco valga la pena estar.

Por ello, sería deseable que, a pesar de los plazos que se manejan, se pudiera consensuar un modelo territorial local que sea producto de un atento estudio de los datos de los que disponemos y que no descuide la oportuna flexibilidad en el mismo, ya que debe ser aplicado a áreas geográficas con distintas características en cuanto a orografía o demografía. No se debe tratar sólo de eliminar las competencias impropias, sino de lograr que, sea por la Administración que sea, los servicios sean prestados al ciudadano de la manera más eficaz y eficiente de entre las posibles. Todo ello sin descuidar que la Administración Local es la más próxima al ciudadano y se encuentra dotada de una representatividad que es la que legitima el reconocimiento constitucional de la autonomía local.

La sostenibilidad de las finanzas públicas debe ser un principio rector de la actuación de todos los agentes públicos. Por eso, mientras la reforma se gesta, no debemos desperdiciar las oportunidades que a nivel de cada entidad local pueden aprovecharse para cumplir ese mandato. A golpe de Ley no es tan sencillo reformar la cultura de la gestión pública. Por muchas referencias que hagamos a la estabilidad presupuestaria, a la sostenibilidad y a la racionalización, son los actores locales los llamados al cumplimiento efectivo de dichos principios. Y en este punto deberíamos plantearnos qué hacemos en cada Corporación para lograrlo.

La reforma de la Administración Local es necesaria, pero corremos el riesgo de abordarla de manera apresurada, sin atacar las causas profundas que dificultan que nuestros queridos Ayuntamientos presten sus servicios de manera eficiente. Entonces, todo el esfuerzo que el Gobierno y el Legislador pretenden puede quedar en agua de borrajas, en buenas intenciones de racionalización y sostenibilidad. Como le pasaba a Alicia, que “se daba por lo general muy buenos consejos a sí misma (aunque rara vez los seguía).”

Alejandro Rodriguez