Hace algún tiempo, antes de que terminase el año, me atreví a hacer una apuesta personal sobre cuál sería el dato final del déficit público en 2012, matizando claramente que se trataba de una mera apuesta: a partir de los datos que se iban conociendo, de los comentarios de algunos destacados políticos, y de la observación de la realidad, aposté por un déficit superior al 6,3% que contemplaba el Plan de Convergencia, y que se acercaría al 7,5%. Los datos oficiales conocidos se ha movido en la línea esperada por todos, menos los responsables políticos: -10,64%; si de esta partida se descuenta, como hace el Gobierno, el impacto de “las ayudas a Instituciones Financieras en el marco de la reestructuración del sector” el déficit queda en -6,98%, cifra que sospechosamente se aproxima al -7%.
Como muestran los datos de la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España, el año pasado la Administración Pública, en su conjunto, concluyó el ejercicio con unas necesidades de financiación de 111.600 M €. Es decir, a pesar de que el Gobierno ha subido todos los impuestos existentes; aumentado la presión inspectora sobre autónomos, pymes, y particulares; y extremado el proceso sancionador… ha necesitado esa enorme cantidad de dinero para hacer frente a sus gastos anuales, y eso habiendo dejado otra vez escondidos en los cajones un volumen de facturas difícil de estimar que, en algún momento alguien tendrá que pagar (los contribuyentes, por supuesto).
He escrito en varias ocasiones que el problema está en el Gasto Público, y me reafirmo en la opinión: la recaudación fiscal ha disminuido en muchas partidas, y en las que ha crecido lo ha hecho de manera poco significativa, conforme el sector productivo privado de la economía va cayendo por el impacto de la crisis y la excesiva y costosa regulación que soporta. Es decir, cada vez un menor número de empresas, pymes, autónomos y particulares ven más recortados aún su renta disponible para hacer frente a lo que se gasta la maquinaria administrativa.
El Gobierno y varias Comunidades Autónomas se encuentran en una situación que resulta familiar a quienes se dedican a la contabilidad de costes en empresas en crisis: cuando se distribuye los costes de la estructura (oficinas centrales, gastos de publicidad, estudios de mercados, producción, departamentos de control, administración, planificación, etc.) entre los productos que se venden al mercado, para cuadrar el reparto total, el coste relativo que soporta cada unidad vendida crece conforme bajan las ventas; es decir, cuantas menos unidades absorbe el mercado, si se mantiene la estructura central, el coste imputado hace que los precios a los que, en teoría, deberían venderse dichos productos crezcan, porque de lo contrario no generarían margen. En ese punto, las empresas que mantienen invariables los sistemas de imputación de costes tienen un triste final, porque cada vez les resulta más difícil vender, el precio teórico de venta sube, el mercado no absorbe ese precio, los márgenes caen, etc.
Como digo, el Gobierno y varias Comunidades Autónomas se enfrentan a una situación parecida, con la misma rigidez y estrechez de miras: los costes de la estructura son muy elevados, el resto del mundo nos exige cerrar el desequilibrio de las cuentas públicas para seguir prestándonos dinero, y sólo se les ha ocurrido actuar sobre sus ingresos, que son los impuestos que soportamos todos los contribuyentes. Es decir, siguiendo la analogía con la contabilidad de costes, imputan a cada unidad de producto vendida un mayor coste relativo, con lo que dificultan su venta. Si se prefiere, cargan cada vez con más impuestos a las pocas unidades productivas que van quedando, sin atacar el auténtico problema, los costes de la estructura central.
No hace falta recurrir a la curva de Laffer (que mide la evolución de la recaudación impositiva conforme aumenta la presión fiscal) para comprobar que seguir explotando esta vía no aporta los resultados que se persiguen. Sin ir más lejos, a pesar de la tremenda subida de los tipos de la renta de las personas físicas aplicada el año pasado, la recaudación disminuyó: según publica la Agencia Tributaria en el informe estadístico de diciembre, la recaudación acumulada por IRPF durante 2011 (con los tipos vigentes antes de la última subida) fue 68.800 M €, mientras que 2012 termina con 70.619 M €, es decir, que todo el esfuerzo de los contribuyentes ha aumentado la disponibilidad en las arcas públicas en unos escasos 1.600 M €. Bueno, escasos si se compara con el descuadre anual de 110.000 M €.
En esta misma línea de argumentación, con el tan detestado IVA ha sucedido algo parecido: tremenda subida de los tipos, descontento de todos los contribuyentes, serio impacto en algunas decisiones de gasto e inversión, para pasar de 49.000 M € de 2011 a 50.500 del año pasado, es decir, otros 1.500 M €.
El único impuesto que ha dado una momentánea alegría es el de Sociedades, que considerando los pagos a cuenta del tercer periodo del año pasado, han ingresado 4.800 M € más que un año antes; queda por ver qué pasará cuando las empresas liquiden realmente el impuesto en Julio, pero de momento ese ingreso figura en las arcas públicas. El conjunto total de entrada de fondos por recaudación ha sido de 6.800 M € más que en 2011 (168.600 M € frente a 161.800)
Los responsables pueden argumentar que esta tendencia muestra el camino por el que se debe seguir para reducir el desequilibrio de las cuentas públicas, pero a ese paso, necesitarán unos 15 años si no actúan sobre otras partidas, esencialmente el gasto; y no creo que aunque la troika nos de otra prórroga para la convergencia, sea tan generosa.
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