Quien quiera enterarse con detalle de la situación actual de la función pública le recomiendo que acuda al libro de Jesús Ángel Fuentetaja Pastor: “Pasado, presente y futuro de la función pública” (editorial Civitas-Thomson).
El lector hallará en él no solo un análisis detenido, de relato crítico, de la legislación española sino también una panorámica general de Ordenamientos tan importantes como el italiano, el francés, el inglés y el de los Estados Unidos sin faltar, lo que es verdaderamente raro y meritorio, la explicación de la función pública en la Unión europea. Por lo que se refiere a España encontramos, además del estudio histórico, la regulación hoy en vigor, incluida la que afecta a la torturada función pública al servicio de las entidades locales.
Este no es lugar para entrar en detalles de todo ese magma normativo sino de realzar la crítica feroz con la que se cierra el libro. La titula Fuentetaja “Repolitización, repatrimonialización y quinta columna funcionarial”, expresiones que aciertan a resumir la degradada situación en la que se encuentra el servidor público.
Sin perjuicio de reconocer que “la mayor parte de los funcionarios y también muchos contratados laborales no solo han sido seleccionados de forma respetuosa con los principios constitucionales de igualdad y de mérito y capacidad sino que también desempeñan sus tareas de forma encomiable y al servicio del interés público y de los ciudadanos” anota que “lo que hoy en día seguimos denominando función pública nada tiene que ver con la institución que surgió en los albores del siglo XIX, que se desarrolló sufridamente durante ese siglo y que se consolidó en la primera mitad del XX”.
Y ello porque la función pública “comenzó a ceder al asedio, desde fuera, de la repolitización y, desde dentro, de la supeditación del interés público a intereses individuales o colectivos”.
El progresivo y silente desmantelamiento se llevó a cabo, a través de la introducción de excepciones al régimen general de la función pública. Una vez acostumbrados a tales excepciones, se ha aceptado como normal su aumento cuantitativo, su desparrame por todos los recovecos de las oficinas administrativas. Que es de tal naturaleza e intensidad que han venido a parar en la desfiguración general del sistema en su conjunto.
Podríamos decir, con evocación literaria, que cuando la función pública tradicional se mira en los espejos cóncavos, no de la calle del Gato valleinclanesca, sino de la laboralización y la politización, da como resultado el esperpento que hoy constituye el paisaje cotidiano. Y es ahí, en ese espejo grotesco, donde aparecen reflejados los originales con sus contrarios (como esos diccionarios que acogen las palabras y sus antónimos) o, como dice el autor “funcionarios y laborales; personal de mérito y personal de confianza; mérito y confianza en el desarrollo de las carreras; función pública y política dentro de la Administración”.
Todo ello agravado por la complicidad de una “quinta columna funcionarial” que ha colaborado en la desfiguración del sistema pues muchos funcionarios “se han beneficiado de la libre designación y de la generosidad de los servicios especiales para hacer carrera administrativa. La contaminación de los planos político y administrativo es continua y el resultado es un colectivo funcionarial del que en muchos casos es fácil identificar su ideología”.
¿Debemos proclamar sin más un resignado requiescat in pace al modo del responso que cierra la misa de difuntos? Creo que no, que la lucha por devolver dignidad e imparcialidad a los servidores públicos ha de inscribirse en un proceso histórico en el que nuevos y esforzados actores, con renovados bríos, acierten a escribir nuevos capítulos.
Porque no podemos aceptar que el cuerpo de la función pública española yazga como un esqueleto desvalido en un campo de combate abandonado a sus enemigos.
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