La rehabilitación es el futuro. Esta es la idea que subyace en alguna de las medidas legislativas adoptadas en los últimos tiempos y que a lo largo del presente y posteriores comentarios me propongo diseccionar en la medida de lo posible.
Para impulsar la rehabilitación la Administracióndel Estado ha puesto en liza el Plan Estatal de fomento 2013-2016, como medida de estímulo económico a través de subvenciones, yla Ley8/2013, de de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (en adelante, Ley 3R), que recoge una serie de medidas sustantivas que pretenden modificar el procedimiento rehabilitador, introduciendo el Informe de Evaluación de los Edificios que viene a sustituir al Inspección Técnica de Edificios, una mejor regulación de las actuaciones en medio urbano formadas por las actuaciones de rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbana, y la modificación de algunas leyes, entre las que destacala Leyde Propiedad Horizontal y dela Leydel Suelo. Sobre la nueva regulación de las actuaciones en medio urbano recomiendo la lectura del comentario que con el título “¿De la burbuja a la regeneración?” publica Julio Tejedor en este mismo blog.
Sin perjuicio de algunas consideraciones particulares, estas medidas legislativas merecen una valoración positiva. Pero, siempre hay un pero, se ha omitido toda referencia a un aspecto que influirá decisivamente en el éxito o fracaso de la política rehabilitadora: la financiación, cuestión sobre la volveré en futuros comentarios
La justificación de esta idea la podemos encontrar en la exposición de motivos de las normas citadas, que vienen a recoger un resumen de las estadísticas oficiales del Ministerio de Fomento sobre la vivienda y la rehabilitación. Dentro de este argumentario destacan, a mi juicio, algunos datos:
Primero. Existen 676.038 viviendas nuevas sin vender según “El informe sobre el stock de vivienda nueva 2011” del Ministerio de Fomento (http://www.fomento.es).
Cualquier lector pensará, con buen juicio, que es una barbaridad y que lo que procede es paralizar inmediatamente cualquier construcción de vivienda nueva. Este es el problema de la fría cita de datos. Este informe aclara que “se observa que comunidades como la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Cataluña o Andalucía cuentan con un elevado porcentaje de stock de viviendas, tanto sobre el stock nacional como sobre sus parques de viviendas. A nivel provincial esto mismo ocurre con Castellón, Alicante y Murcia. Madrid sin embargo, que aparece como una de las comunidades con mayor nivel de stock sobre el total nacional (45.437 viviendas, correspondiente al 6,72% del total), presenta un stock sobre el parque de viviendas autonómico menor al 2%, lo que indica que aglutina gran volumen de la construcción en comparación con otras Comunidades Autónomas. Esto hace que su stock sea elevado al valorarlo a nivel nacional, y sin embargo resulte equilibrado dado el amplio parque de viviendas existente en dicha comunidad”. Continua el informe señalando que“Tres Comunidades Autónomas acumulan el 51,66% del total nacional del stock de 2011: Comunidad Valenciana, Andalucía, y Cataluña. Por su parte, Ceuta y Melilla, Extremadura, Cantabria y Navarra son las comunidades y ciudades autónomas con menor porcentaje de stock acumulado sobre el total nacional”.
Este mismo lector quizá se esté replanteando su conclusión anterior, quizá esté pensando que fue prematura, incluso quizá esté pensando que el problema del stock de la vivienda, siendo un problema generalizado, se localiza en mayor medida en algunas Comunidades Autónomas y que las medidas que se adopten para unas no tienen que ser necesariamente las correctas para otras.
Segundo. Existen 3.443.365 viviendas vacías según la estadística del INE “Censos de Población y Viviendas 2011” (http://www.ine.es). Este informe precisa que Galicia,La Rioja y Murcia son las Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de viviendas vacías, mientras que Navarra, Madrid, País Vasco, Melilla y Ceuta son las que cuentan con un porcentaje menor. Comparativamente, en los últimos diez años ha crecido el número en 336.943, si bien en algunas Comunidades Autónomas comola Comunidad de Madrid, Baleares, el País Vasco o Cataluña ha disminuido.
La conclusión vuelve a ser la misma, si bien el problema es generalizado la intensidad del mismo no es igual en todas las Comunidades Autónomas y, por tanto, las medidas a adoptar no tienen por que ser las mismas.
Tercero. El 58% de las viviendas españolas se construyeron antes de 1979 sin ninguna normativa mínima de eficiencia energética, lo que les hace especialmente sensibles al cumplimiento de los objetivos dela Unión Europea establecidos en el llamado “Paquete 20-20-20”. La estratégica europea 2020 establece como objetivos obligatorios la reducción en un 20% de las emisiones de efecto invernadero respecto a las de 1990 y el incremento de un 20% de la cuota de energías renovables en nuestro consumo y, como objetivo indicativo, la consecución de un ahorro energético también del 20%.
De los casi 26 millones de viviendas que tenemos en España, más del 58% tienen más de 30 años y casi 6 millones tienen más de 50 años, lo que les hace especialmente sensibles a la rehabilitación.
Cuarto. La rehabilitación en España, aunque está convergiendo con Europa a consecuencia del desplome del sector de la construcción, está 13 puntos por detrás de la media europea en términos globales (28,7 %, frente al 42% del total de la construcción) y 10,6 puntos por detrás si sólo se hace referencia a la rehabilitación “residencial”, según el informe Euroconstruct 2011.
Quinto. De los 10,7 millones de viviendas en edificios de 4 o más plantas, 4 millones todavía no tienen ascensor. Este dato simplemente pretende evidenciar el amplio margen de mejora que en este aspecto tiene España.
Y en caso de que la política rehabilitadora triunfe ¿cuáles son los efectos previstos?
La Exposiciónde Motivos de la Ley3R señala que “el camino de la recuperación económica, mediante la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción y también la garantía de un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y económico, requieren volcar todos los esfuerzos en las actuaciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas,…”.
Por tanto, para el legislador estatal la rehabilitación se constituye en uno de los pilares sobre los que sustentará la recuperación económica, pero ¿en qué medida esto supondrá un aumento del empleo?
Según las estimaciones del Ministerio de Fomento por cada 1.000 € de ayuda directa en rehabilitación se genera una inversión productiva de 3.300 €. Estos datos son coherentes con el Plan de Fomento que establece que la cuantía máxima de las subvenciones a conceder por edificio en el programa de fomento de la rehabilitación edificatoria no podrá superar el 35% del coste subvencionable de la actuación (artículo 23), lo que supone que cada 1.000 € de subvención se corresponde a 2.857 € de presupuesto protegible. Este mismo porcentaje se mantiene en el programa de regeneración y renovación urbana (artículo 29).
En concreto, se precisa que la puesta en marcha del nuevo Plan Estatal de Fomento va a suponer en 4 años la creación de 32.000 puestos de trabajo por las ayudas directas y 105.000 por la inversión productiva total.
El Plan Estatal de Fomento prevé una dotación total de 2.311 millones de euros, de los que 627 millones se destinarán a financiar la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Estas ayudas directas provocarán una inversión total, contabilizada en términos de presupuesto protegible, de 1.791 millones de euros. Esto supone que cada empleo directo requiere de una inversión en torno a los 56.000 €. Desconozco los términos en los que se ha calculado el incremento del empleo por la inversión productiva total, me parecen excesivamente optimistas.
En unas recientes jornadas organizadas por AVS sobre los Retos dela RehabilitaciónUrbanaen el Siglo XXI, el Gobierno Vasco presentó su plan de rehabilitación concretando que el importe de las ayudas a conceder ascenderá a 81,5 millones, que movilizará otros 859,5 millones de euros, lo que da lugar a que el volumen total de los recursos destinados a la rehabilitación sea de 941 millones de euros. En lo que se refiere al empleo, la previsión es de 13.765 empleos generados entre 2013 y 2016. Esto supone que cada empleo requiere de una inversión aproximada de 68.300 €.
En lo que se refiere a los informes especializados en la materia, el estudio ‘Pobreza Energética en España, Potencial de Generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas” (http://www.cienciasambientales.org.es) señala que la rehabilitación energética de viviendas genera en España cerca de 17 puestos de trabajo directos a tiempo completo por año y millón de euros invertido, lo que ocasiona que la creación de un puesto de trabajo requiera de una inversión en torno a los 58.823 €. Esta cantidad la eleva el “Informe GTR 2012” realizado por el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (http://www.gbce.es), uno de los mejores por no decir el mejor que he leído sobre el asunto, a 18 nuevos empleos por cada millón de euros invertidos en renovación de viviendas, lo que da lugar a que cada puesto de trabajo requiera de una inversión de 55.555 € aproximadamente. Por último, el informe CONSTRUMAT “Impacto Económico y Social de la Rehabilitación de Vivienda” (http://www.construmat.com) señala que por cada euro invertido en rehabilitación se genera una actividad productiva de 1,85 €, por cada puesto de trabajo directo en la rehabilitación se generan 1,67 puestos de trabajo y por cada euro de PIB generado por la actuación se crean 1,83 euros de PIB en el global de la economía española. La inversión necesaria para crear un puesto de trabajo se cifra en torno a los 65.000/70.000 €.
Estos son los datos y sobre ellos dos reflexiones:
La idea de que la rehabilitación es el futuro debe adecuarse a las previsiones para evitar la creación de falsas expectativas de crecimiento. El cumplimiento de las previsiones dela Administracióndel Estado dará lugar a la generación, en el mejor de los casos, de 100.000 puestos de trabajo.
El éxito o fracaso de la idea dependerá en buena medida del grado de implicación que tengan todos los sectores implicados, públicos y privados. Esperemos que esta implicación sea real y con ello evitemos frustraciones como la provocada por el Plan E, cuyas expectativas de generación de empleo se incumplieron.
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