Hemos asistido recientemente a un intenso debate sobre las Recomendaciones que Bruselas (dicho así: Bruselas, en general), ha hecho al Gobierno español para que se consolide la salida de la crisis y se supere la adversa situación económica que atraviesa nuestro país. Por supuesto, las reacciones han sido inmediatas, tanto en el terreno político, como en la opinión pública.
Casi todos los argumentos han sido contrarios a las Recomendaciones, fundamentalmente porque éstas aconsejan más recortes de gastos y disciplina fiscal, en un contexto de apreciable desesperación y desgaste social, y porque vienen de Europa, concepto que para muchos supone el origen de todos nuestros males y está sospechosamente ligado a Alemania.
Como siempre, creo que conviene meditar un poco el contenido real del documento en cuestión, para opinar con fundamento, y no repetir sin más el resumen de los titulares de prensa producidos por autores que, a lo mejor, no han tenido suficiente tiempo para leerlo. Esta tarea no cabe en la extensión habitual de una columna, así que dedicaré algún día más a la materia.
La mayoría de las críticas comparten la raíz común del orgullo nacional malherido que, simplificando mucho, podríamos resumir en la castiza frase ¿pero que se han creído estos, quiénes son ellos para decirnos lo que tenemos que hacer?
Para responder sin que nadie se sienta herido, conviene señalar que las Recomendaciones proceden del Consejo de la Unión Europea, que es un importante órgano de gobierno de la Unión y por tanto está muy cualificado al efecto, y se centran en el contenido del Programa Nacional de Reforma de España de 2013: es decir, el órgano competente analiza el documento que le remite el órgano dependiente.
Y siguiendo esta línea de respuesta neutra, convendría señalar los “fundamentos de derecho de la Comisión Europea” para decir a España lo que tiene que hacer, que son de dos tipos: los generales, procedentes de la adhesión voluntaria de España a la Unión Europea; y los concretos de la situación actual, que entre otros incluyen los siguientes acuerdos:
- La Propuesta de la Comisión Europea del 26 de marzo de 2010 para la nueva estrategia de crecimiento y empleo denominada Europa 2020, que España suscribió, donde se define el tipo de economía que Europa quiere tener entonces.
- Las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión para el periodo 2010 – 2014.
- El “Pacto para el crecimiento y el empleo” aprobado en 2012 por los jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros, que estableció un marco coherente de actuación de cada país, de la propia UE y de la zona euro, para desarrollar la estrategia Europa 2020.
- El dictamen del Consejo de la Unión sobre el Programa de Estabilidad actualizado de España para el periodo 2011 – 2015, a partir del plan anterior que, como se sabe, se vio superado por la dura realidad de nuestra crisis.
- La recomendación que el Consejo de la Unión hizo el año pasado sobre el Programa Nacional de Reforma de España de 2012.
- El Programa de Estabilidad para el periodo 2012-2016 que presentó el gobierno de España este año, así como el Programa Nacional de Reforma de 2013.
Creo que esta muestra no exhaustiva de documentos, planes y razones es suficiente para explicar por qué el Consejo de la Unión Europea puede hacer Recomendaciones a la política del gobierno español de turno, es decir:
- Porque España optó voluntariamente por incorporarse a la Unión Europea.
- Porque la economía española cumplió en su momento los requisitos de entrada al euro, y pudo incorporarse a la zona euro.
- Porque participando libremente en los órganos de decisión de la Unión, los diferentes gobiernos españoles han suscrito los acuerdos y estrategias debatidas en los órganos de decisión europeos.
- Porque la mayor parte del oxígeno que ha mantenido con vida a la economía nacional desde el comienzo de la crisis y todavía hoy sigue manteniéndola ha sido el dinero procedente de las arcas europeas, especialmente del Banco Central Europeo.
- Porque a cambio del oxígeno recibido desde el comienzo de la crisis, nuestros gobiernos se han comprometido con la Unión a llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para que la economía retome la senda de ortodoxia definida para la zona euro.
Es decir, las Recomendaciones pueden parecer duras y sin duda lo son, pero proceden de quien debe realizarlas y marcan el camino que debería seguir España para recuperar el sitio que ocupó entre los principales países de la Unión la década pasada.
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