Regreso de la convención que ha celebrado el XXV aniversario de Grupo 5, una empresa que trabaja en el ámbito de los servicios sociales, y que desde unos orígenes modestos – lo crearon cuatro trabajadoras sociales – ha logrado crecer hasta dar trabajo a más de mil profesionales en la actualidad. Conjuntamente con José Antonio Marina, Patrocinio Las Heras y Tomás Merín, moderados por la periodista Pepa Fernández, hemos debatido sobre el futuro de los Servicios Sociales. Aparte de las habituales y necesarias disquisiciones sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar y la intensidad de los recortes presupuestarios, se planteó un tema que debe preocuparnos de manera perentoria. Las reformas de las leyes locales van a restringir sus posibilidades de actuación en materias de las que son competentes. En principio, se trata de una buena idea que persigue evitar las costosas e ineficaces redundancias que lastran la deseable eficiencia de las administraciones públicas. Hasta ahí, de acuerdo. Los problemas surgen cuando se desciende a lo concreto, y lo concreto en este caso eran los muchos servicios sociales que prestan los municipios con sus propios medios y presupuestos, apoyados, parcialmente, con fondos europeos, nacionales, autonómicos.
De alguna forma, se anima a los ayuntamientos a que dejen de prestar los servicios que no sean de su competencia exclusiva, para que los desarrolle la administración competente que, en el caso de los Servicios Sociales, corresponden básicamente a las Comunidades Autónomas. Y aquí surge el problema. Cuando los ayuntamientos – porque algunos están deseando, porque a otros se lo imponen y porque otros no pueden soportarlos – quieren ceder sus centros, las Comunidades Autónomas no se los recepcionan por múltiples motivos y excusas. Y entonces, como en la copla, ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio. Los gobiernos autónomos, sometidos a severas restricciones presupuestarias, no tienen el mínimo interés en seguir aceptando más cargas financieras y de personal. Mientras, los ayuntamientos no pueden dejar de prestar esos servicios básicos, amenazados de derrumbe presupuestario. Aunque existen muchas excepciones y matizaciones a la realidad expuesta, esta sensación de territorio de nadie va siendo moneda común en un significativo número de municipios.
Esta disfunción competencial se une a las restricciones económicas para generar una gran incertidumbre tanto en los beneficiarios como en los profesionales y trabajadores sociales. Dado que los servicios sociales atienden normalmente casos de mucha necesidad, nos parece prioritario realizar el mayor esfuerzo por mantenerlos en el mayor nivel posible, dado la impagable tarea que desarrollan en estos tiempos de dura penuria económica. Los ayuntamientos han desarrollado una impagable tarea en el sector de la atención social, sin estar obligados a prestarlos. No tendría sentido desmontar esas infraestructuras materiales y humanas por una cuestión administrativa-competencial. Estaremos atentos a la evolución de esta cuestión, que todavía nos ocupará mucho durante estos próximos ejercicios.
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