Un cinturón de seguridad

La función pública es la columna vertebral de un Estado. Por eso, degradarla contribuye a entregarse a un peligroso juego. Lo grave es que a él nos hemos dedicado los españoles en los últimos decenios con singular fortuna. Creando con ello el infortunio colectivo.

Cuando me refiero al Estado quiero abarcar con este sustantivo al conjunto de entidades territoriales que en España incluye a las Comunidades autónomas y a las Corporaciones locales. Contar en cada uno de esos niveles públicos con funcionarios capaces, independientes y seleccionados de acuerdo con el imperativo constitucional del mérito y la capacidad es requisito inexcusable para poder llevar a cabo las tareas de gobierno (que no de la meliflua gobernanza). Ahora, cuando de nuevo hablamos de la reforma 0constitucional, preciso es aclarar que, en este punto, la Constitución no necesita cambio alguno. Sí es imprescindible respetar en todo momento su mandato referido al mérito y la capacidad, el más comprometido y el más revolucionario (me atrevo a decir) de cuantos figuran en el texto de 1978.

Porque seamos claros: sabemos que un sistema democrático selecciona al personal político a través de las elecciones y sabemos asimismo que quienes a ellas concurren no están obligados a acreditar conocimientos profesionales o técnicos específicos. ¿Se puede cambiar esta realidad? Difícil y tampoco deseable toda vez que el personal político debe estar integrado por capas sociales muy variadas para que de verdad aquellos espacios en los que se integra (asambleas, parlamentos, plenos municipales …) sean realmente representativos de una sociedad en perpetuo cambio, capaz de acoger las palpitaciones de una población variada en la que hoy han de acomodarse incluso personas procedentes de culturas muy alejadas de la nuestra. No hay nada más desolador que constatar la existencia de un número exagerado de licenciados en derecho, por ejemplo, en un parlamento o en el pleno de un ayuntamiento. En la Prusia de principios del siglo XIX el barón von Stein quiso robustecer la Administración municipal con cargos honoríficos para que en las asambleas locales se sentaran personas mayores dispuestas simplemente a ofrecer a la colectividad su experiencia. A lo mejor no sería malo repasarnos la obra del imaginativo noble prusiano.

Pero también conviene seguir siendo claros: la gestión de los asuntos públicos es cada vez más exigente porque no son fáciles los problemas que es obligado enfrentar y resolver desde los despachos oficiales. La época en la que el Estado o un Ayuntamiento apenas si intervenía en la vida social o económica está definitivamente enterrada y esta es una realidad que aun los más obstinados liberales han de aceptar. Tocar los palillos de una sociedad como la que vivimos exige destreza y mucho tacto. O sindéresis que es, según el Diccionario, la discreción o la capacidad natural para juzgar rectamente.

Pues bien, por estas razones propongo rodear al alcalde o al ministro de un cinturón de seguridad compuesto por funcionarios especializados, reclutados con absoluta limpieza competitiva, retribuidos de forma objetiva y con una carrera administrativa perfectamente reglada. Es decir personas que puedan desarrollar su trabajo alejadas de los sobresaltos que desencadenan los caprichos o las ocurrencias de quienes son -y, ojo, deben seguir siendo- sus superiores naturales. Desterrar las corruptelas ligadas a los vicios del prebendalismo, del amiguismo, del compadreo partidario o sindical, de las “libres designaciones” es la tarea relevante de esta hora en la que nuestras Administraciones -las locales son un lacerante ejemplo- gimen en buena medida bajo el peso nefasto de ese “dedo” que es capaz de ofrecer puestos, legitimar sueldos y ascensos y respaldar sinecuras.

En las corporaciones locales esos funcionarios ya existen en las figuras de los habilitados nacionales pero sería preciso aumentar su nómina extendiéndolos a otros campos y sectores especializados. Y lo mismo en el Estado o en las Comunidades autónomas: no hay ninguna justificación para que subsecretarios, directores generales etc sigan siendo designados por razones políticas. Sépase que el comisario europeo puede designar un gabinete con libertad pero, en el nombramiento de los directores generales y los directores, que son sus inmediatos colaboradores, carece de atribuciones para hacer prevalecer las afinidades políticas. Ello garantiza un alto grado de preparación técnica y por ello conforman ese cinturón de seguridad en torno al político que reclamo aprovechando la hospitalidad de estas páginas.

Francisco Sosa Wagner