De la Vega anuncia un plan de formación en tecnologías digitales para los empleados públicos

No sólo son necesarias las tecnologías, sino contar con un cuerpo de funcionarios "preparado para dar respuesta a este desafío", precisó la vicepresidenta primera del Gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado hoy la puesta en marcha este año de un plan de formación en administración electrónica dirigido a los empleados públicos para que se pongan al nivel de exigencia en este ámbito y de una ciudadanía cada vez más capacitada en el uso de las nuevas tecnologías.

De la Vega, en la apertura en Zaragoza de las XI Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de las Administraciones Públicas, Tecnimap, ha destacado que para convertir la administración en un nodo de la sociedad de la información no sólo son necesarias las tecnologías y los cambios normativos, sino contar con un cuerpo de funcionarios "preparado para dar respuesta a este desafío".

Acompañada por el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, la vicepresidenta primera ha puesto de relieve que actualmente más de 2.000 procedimientos de la Administración del Estado, el 97%, se pueden realizar por vía telemática y antes de que finalice el mes de julio serán accesibles el 100% y podrán realizarse, como hoy, "con total y absoluta seguridad".

Para De la Vega, las nuevas tecnologías marcan la diferencia entre el ayer y el mañana, el éxito y el fracaso, y la Administración española no sólo quiere mantener el ritmo del cambio, sino ser un estímulo para la modernización, para el avance hacia ese nuevo modelo productivo.

Por ese motivo, ha apuntado, para el Gobierno la implantación de la administración electrónica tiene un carácter "estratégico" porque constituye uno de los motores de la nueva economía, y ese fue el objetivo del Plan Avanza, que se aprobó en 2005, y de su continuación, con el Plan Avanza 2, que se prolongará hasta 2012, y también de la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Además, ha destacado que el esfuerzo que se ha llevado a cabo ha tenido resultados, como evidencia el ránking de Naciones Unidas sobre gobierno electrónico, en el que España está entre los cinco primeros en el ámbito europeo y entre los nueve primeros en el mundo, y es el primero en el desarrollo del DNI electrónico, con más de quince millones entregados.

No obstante, ha reconocido que el éxito de la administración electrónica se medirá estrictamente por el uso efectivo que los ciudadanos hagan de ella y, por tanto, el reto es acercar esos recursos a los usuarios, familiarizar a las empresas con ellos y convertirlos en herramienta de trabajo cotidiana.

Por su parte, Iglesias ha subrayado que la globalización y la revolución de las nuevas tecnologías tienen sus logros, pero también desajustes y contradicciones, porque han generado una "extendida sensación de vulnerabilidad" y, frente a ella, es necesario un sector público eficaz, que sea garante del bienestar social y del económico y proveedor de servicios públicos, que "son una fábrica de derechos para la ciudadanía".

Por una mejor selección de los funcionarios locales

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de las Administraciones locales ha publicado una “Declaración” llamando la atención sobre la necesidad de que el Estado asuma sus responsabilidades y regule aspectos indispensables para mejorar la función pública local. El documento es bien interesante y sensato. Señala la conveniencia de una mínima regulación estatal, que armonice puntos esenciales de estas funciones tan trascendentales para la buena marcha de los Ayuntamientos y Diputaciones. Y es que los temores que muchos albergábamos tras leer la última reforma legal sobre el empleo público se están confirmando con el consiguiente deterioro de la Administración local. La fragmentación de la Administración hace que muchas Comunidades autónomas todavía no hayan precisado su normativa; que muchas plazas queden sin cubrir (con lo que se favorece el clientelismo); que estos singulares funcionarios tengan más dificultades para controlar las actuaciones municipales y, con ello, se extiendan las ilegalidades y corruptelas entre algunos representantes políticos.

Hay que insistir en que los puestos de tesorería, intervención y secretaría (¡se pide el retorno del secretario general!, ¡de acuerdo!) estén desempeñados por profesionales “excelentes”; que haya una carrera bien definida y una posibilidad de promoción; que estén claros unos méritos generales para todo el Estado (¿ya se ha olvidado que la legislación que califica a estos funcionarios claves de “cuerpos nacionales” fue la Ley de 1935 durante la II República?). Reivindicaciones lógicas.

Y otras también esenciales, como la regulación de un sistema de selección. Siempre han tenido gran prestigio estos funcionarios por la amplitud de los temarios y la dificultad de las pruebas de la oposición, dificultad que se incrementaba con la gran competencia existente. El sistema de selección es el presupuesto para conseguir que los funcionarios no sólo tengan unos conocimientos básicos, sino capacidad sobrada para enfrentarse a la cada vez más compleja gestión pública local. Pide así el documento que, al menos, un ejercicio sea oral. Esa es la mejor prueba para que públicamente se advierta la capacidad y competencia del opositor. ¡Cuánto insistimos en las Facultades de Derecho en la necesidad de que se sepa hablar y cómo nos preocupa el nuevo sistema de acreditación del profesorado sin ninguna prueba pública ni competencia! Me alegra que desde ese Colegio se defiendan las ideas de forma tan clara.

La sensatez de la declaración me hace temer que no será atendido... sólo quizá se reformarán otros aspectos que a mí me parecen irrelevantes. Me cansa la confusión entre el género de las palabras con el sexo de los funcionarios, sé que esta opinión nada gustará a los lectores que se mueven en las convenciones políticas. Tengo el honor de contar con excelentes amigas que aprobaron las oposiciones de Secretario, que ocupan puestos en la Intervención y en Tesorerías, de las que mucho aprendo, y que no necesitaron ningún sistema de cuotas para acceder a la función pública y que se sonríen cuando les leo esas frases tan artificialmente complicadas por los errores gramaticales, que dificultan la lectura de los textos con tanta repetición como “los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as”.

En fin, quizá esta Declaración consiga que la próxima ley esté salpicada, no con medidas que reconozcan la dignidad de la función pública, pero sí con la multiplicación de palabros que confunden el lenguaje.

Mercedes Fuertes López

Conjuntos históricos y costas geográficas y procesales

A veces hay que rendirse a la inteligencia de los abogados; a la forma ingeniosa con la que intentan, ante el menor resquicio legal, arrimar el ascua a su sardina. Es cierto que muchas veces la conducta no es muy edificante porque más que adentrarse por los recovecos de la ley, la retuercen y, de paso, hacen lo propio con el pescuezo de sus adversarios, máxime si estos son unos infelices que se creen aquello de que la ley es igual para todos. Hace unos días, en un curso de postgrado, comenté con los alumnos, especialistas en su mayoría en patrimonio artístico, una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 14 de enero 2009, que evidenciaba la destreza interpretativa de los letrados de una empresa constructora. El caso, que más de un lector conoce sin duda, se refiere a la Isla de Tabarca (término municipal de Alicante), sobre la que en su día recayó una declaración protectora de “conjunto histórico”.

Sabido es que la Disposición Transitoria Tercera, punto 3, regla 3ª de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas e idénticamente, la Disposición Transitoria novena, punto 2, regla 3º de su Reglamento, de 1 de diciembre de 1989, establecen que en los "núcleos que hayan sido objeto de una declaración de conjunto histórico o de otro régimen análogo de especial protección serán de aplicación las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en la Ley de Costas".

Partiendo de esa primera premisa y uniendo como segunda que la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, permite, en su artículo 21 la sustitución excepcional de inmuebles si contribuye a la mejora del carácter de los conjuntos históricos, al igual que leves remodelaciones urbanas que respeten las alineaciones tradicionales, la ingeniería abogacil extrajo una conclusión de la que quiso hacer partícipes a los tribunales: si prima la normativa de patrimonio cultural sobre la litoral y aquella permite –bien es cierto que Plan Especial de Protección mediante- algún tipo de renovación urbana, ¿por qué no levantar seis chalecitos adosados en una zona exclusiva, como es una isla monumental, justo lindando con la mar océana?

Pero abogado astuto no significa, necesariamente, magistrados con tragaderas. Y, en esa línea, el Tribunal Supremo, ratificando la argumentación de la sala a quo, desmonta con un punto de ironía –aunque con nada de histrionismo, tan propio, últimamente de algunos togados- la forzada pretensión de los potenciales constructores, al señalar que la previsión reglamentaria que, reiterando la legal, otorga primacía a la legislación de patrimonio histórico-artístico, “es una regla de colisión cuando se produce una contradicción entre la norma referente a un régimen de protección y otro, esto es, entre la protección del dominio público marítimo terrestre y la protección del conjunto histórico artístico. Atendida esta naturaleza de la norma, fácilmente se colige que su aplicación solo procede ante una colisión normativa que deba solucionarse mediante la preferencia establecida”. Dicho lo anterior, el Tribunal Supremo observa que “sucede, sin embargo, que en este caso no se aprecia contradicción o colisión alguna entre ambos regímenes de protección, pues no se entiende, ni se ha formulado explicación alguna al respecto, en qué medida la defensa del carácter de conjunto histórico artístico precisa, para su protección, de la nueva construcción de seis viviendas unifamiliares adosadas, en la zona especialmente protegida como es la servidumbre de protección en la Isla de Tabarca”.

Ciertamente, al margen de razones patrimoniales de esas que nos han llevado a la crisis del ladrillo, no se comprende, en palabras del Alto Tribunal, “partiendo de los intereses públicos que subyacen en ambos regímenes de protección --conjunto histórico artístico y dominio público marítimo terrestre--, en qué medida el interés público de protección del conjunto histórico puede demandar una nueva edificación como es la construcción de seis viviendas adosadas en la zona de servidumbre para imponerse al otro régimen de protección previsto en la Ley de Costas, mediante la aplicación de la expresada regla de colisión prevista en el Reglamento”. Por tanto, concluye el órgano ad quem, “no pueden entenderse infringidas las citadas normas transitorias legal y reglamentariamente previstas por la ausencia de los presupuestos que determinan su aplicación”. Debiendo tenerse en cuenta, además, que Ley y Reglamento, como apunta el Tribunal Supremo, cuando se refieren a la autorización de "nuevos usos y construcciones" establecen dos prevenciones significativas, a saber: que en todo caso se "garantice la efectividad de la servidumbre" y que "no se perjudique el dominio público marítimo terrestre", minucias a las que, por lo que se dice “ni siquiera se alude en los escritos de interposición”.

Fracasado el intento y desestimados los motivos invocados, la Sala declaró no haber lugar al recurso de casación y, como parece oportuno en un tema litoral, les impuso a los recurrentes las costas del proceso.

Pregunta ingenua a los versados lectores que me honran reparando en este comentario: ¿exigen nuestra democracia y el principio de tutela judicial efectiva que obviedades de tal calibre tengan que ser pronunciadas por un sobresaturado Tribunal Supremo?

Leopoldo Tolivar Alas

Aprobada la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2014.

Esta iniciativa da continuidad al anterior Plan General de Prevención de Riesgos Laborales desarrollado desde 2004, aunque adaptando las medidas a plazos más cortos (mediante planes bienales) y a las necesidades de los sectores predominantes en cada territorio. La Estrategia, que tiene como objetivos generales reducir de forma sostenidda la siniestralidad y mejorar las condiciones de trabajo, incluye también entre sus novedades la incorporación de medidas individualizadas de prevención atendiendo a los riesgos propios de colectivos concretos, como el de las embarazadas. En la misma línea preventiva, se intensificará el trabajo de detección y reconocimiento de las enfermedades profesionales, principalmente las derivadas de la exposición a agentes químicos, las patologías musculoesqueléticas y las asociadas al ruido. El primer desarrollo de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo se concretará en un plan bienal para 2010-2011 que incluirá, entre otras novedades, el diseño de un programa de actuación sobre empresas con mayor incidencia de las enfermedades profesionales y la elaboración de un catálogo de buenas prácticas para el control de los riesgos psicosociales. Asimismo, está prevista la creación de un laboratorio-observatorio de condiciones de trabajo desde la perspectiva de género (que asumirá entre sus funciones el estudio de los riesgos para embarazadas) y el desarrollo de trabajos de investigación de la accidentalidad laboral a escala local, sobre la base de las principales actividades económicas de los municipios andaluces y con especial atención a las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, donde es más difícil el control.Otra línea novedosa del plnan bienal es la que se dirigirá a hacer frente al repunte de siniestros relacionados con tractores, mediante acciones formativas y de vigilancia y control. Respecto a la estrategia en su conjunto, las medidas supondrán una ampliación de las desarrolladas desde 2004 y cuyo principal efecto ha sido una reducción del 30,68% en el número total de accidentes, del 43% en la mortalidad y del 33,38% en la tasa de incidencia (que relaciona la cifra de siniestros con la de trabajadores dados de alta). Entre las 91 líneas de actuación programadas, con un presupuesto que prácticamente dobla los 65,8 millones de euros del plan anterir, siguen destacando las orientadas a ayudar a las empresas a mejorar el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos, fundamentalmente a través de incentivos económicos, acciones de asesoramiento directo (sobre todo en los ámbitos de las pymes y los autónomos), programas de renovación de equipos preventivos y planes de actuación específicos para las empresas con mayor siniestralidad y para las administraciones públicas. Junto con ello, se incluyen acciones para fortalecer la implicación de empresarios y trabajadores, a través de la negociación colectiva, y se introducen nuevos baremos para primar las buenas prácticas preventivas de las empresas en el acceso a la contratación pública. Más alla del ámbito laboral y empresarial, el documento recoge también medidas para seguir impulsando el aprendizaje de hábitos de seguridad y salud en los niveles educativos iniciales (Primaria, Secundaria y Bachillerato), los programas de formación superior específica para técnicos o expertos en la materia (principalmente especialistas en Medicina y Enfermería del Trabajo) y los diseñados para empresarios, trabajadores en activo y desempleados. Delegados de prevención Junto con la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Consejo de Gobierno también ha aprobado un decreto para reforzar la figura de los delegados de prevención, que desde su creación en 1999 canaliza la representación y participación delos trabajadores para objetivos relacionados con la seguridad y la salud en aquellas empresas que cuentan con seis o más empleados. Además de homogeneizar los registros de delegados, impulsar los censos provinciales y unificar modelos de inscripción, la nueva norma incorpora el diseño de acciones de formación y la creación de una tarjeta identificativa para estos representantes. Asimismo, añade como nuevos sujetos de inscripción a los comités y a los comités intercentros de seguridad y salud (para las empresas de más de 50 empleados o con varios centros de trabajo, respectivamente).

El Gobierno aprueba la Oferta de Empleo Público para 2010

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Oferta de Empleo Público para 2010 está adaptada a la actual coyuntura económica.

Con ella, el Gobierno responde al plan de austeridad puesto en marcha en el mes de enero, que prevé la reducción de costes de personal en un 4% hasta el año 2013 y limita la tasa de reposición de efectivos hasta el 10%.

El Ejecutivo estima que va a "conseguir un ahorro aproximado de 280 millones de euros respecto a la del año pasado", según la Vicepresidenta, que subrayó que la Oferta salvaguarda el objetivo primordial de "dar la mejor atención y la mejor calidad a los ciudadanos".

Las plazas que se destinan a nuevo ingreso suman un total de 1.989 frente a las 15.084 del año pasado. La Administración General del Estado dispondrá de 781 plazas; la Policía Nacional de 222; la Guardia Civil de 232; y las Fuerzas Armadas de 754.

A esas cifras se suma la oferta de empleo para la Administración de Justicia, que en aquellas comunidades autónomas en las que está transferida es de 1.326 efectivos y en el resto de 704 efectivos.

La Vicepresidenta concretó que estas plazas se distribuyen en sectores prioritarios, como "instituciones penitenciarias, fraude fiscal, investigación, cuerpos informáticos, seguridad aérea y meteorológica".

María Teresa Fernández de la Vega subrayó que "la contención de la contratación temporal y la apuesta por una mayor movilidad del personal son también características importantes de esta Oferta, que incluye igualmente un turno diferenciado para discapacitados intelectuales", con el fin de que este colectivo "tenga una oportunidad real de acceder al empleo público."

Asimismo, dijo, hace una apuesta importante para la promoción interna, para la que se reserva "un buen número de plazas por considerar que esta promoción forma parte de la carrera profesional de los empleados públicos".

Fernández de la Vega reiteró que es posible reducir el gasto público "dando el mejor servicio a los ciudadanos". "Esta Oferta no es sólo una regulación del número de empleados sino un instrumento de planificación efectiva", añadió.