Tribunal Constitucional y valoración de servicios como interino : ni sí ni no, sino todo lo contrario

Nuevamente me ocupa y preocupa el exquisito distanciamiento del Tribunal Constitucional cuando se trata de dar respuesta a grandes cuestiones, sin “ensuciarse las manos” al eludir plantear una sencilla cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podría aclarar “urbi et orbe” el problema.

Viene al caso por un asunto de inmenso calado. Ni mas ni menos que si se ajusta a la Constitución el valorar ( o dejar de valorar) la experiencia previa acuñada como funcionario interino en los concursos de provisión de puestos de trabajo. Es cierto que ya el Tribunal de la Unión Europea impuso su valoración a efectos de promoción interna, pero ahora llegaba al Tribunal Constitucional la ocasión de oro para pronunciarse sobre si se valora o no dicha experiencia en el ámbito de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

La importancia es tremebunda si tenemos en cuenta, por un lado, los miles de procedimientos de consolidación de personal temporal, funcionarización o acceso por concurso-oposición; y por otro lado, el incremento de “concursos de méritos” para provisión de puestos de trabajos pues la crisis económica ha frenado la entrada de nuevos funcionarios a cambio de la reordenación de los existentes mediante concursos de traslados.

Pues bien, la reciente STC 212/2014, de 18 de diciembre de 2014 (BOE 3/2/2015) aborda la cuestión pero con gran sutileza argumental, una especie de  “ni si, ni no, ni tampoco lo contrario”. Me explico.

1.Esta sentencia constitucional desestima el recurso de amparo interpuesto contra varias resoluciones judiciales recaídas en un procedimiento contencioso-administrativo zanjado por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de Enero de 2012 y que consideró ajustado a derecho que no se computase a efectos de antigüedad los servicios prestados para la Administración autonómica en calidad de funcionaria interina a los efectos de un concurso de provisión de puestos de trabajo.

 El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo pues se limita a analizar si la sentencia contenciosa ha vulnerado el derecho a la motivación de las sentencias judiciales derivado del art.24 CE por no haber planteado la Sala contencioso-Administrativa la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pese a la doctrina sentada por el mismo en línea con la valoración en identidad de condiciones de la experiencia acuñada como interino y como funcionario de carrera.

 Y concluye desestimando el recurso de amparo con este fragmento que entronca con la tradición jeroglífica egipcia:

 En segundo término, abstracción hecha del juicio que merezcan las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de apelación sobre la incidencia, en el presente caso, de la doctrina recogida en la STJUE de 8 de septiembre del 2011, lo cierto es que los argumentos expuestos sobre tal cuestión no incurren en arbitrariedad ni adolecen de falta de razonabilidad, pues, al fin y al cabo, la referida argumentación explicita de manera suficiente las consideraciones de índole jurídica que sustentan la decisión finalmente adoptada, de cuyo contenido se desprende que la desestimación de lo pretendido por la demandante no contraviene lo estatuido por la Directiva 1999/70 ni la doctrina enunciada en la reiterada STJUE. Debemos insistir que a este Tribunal no le corresponde pronunciarse sobre el eventual acierto de la decisión finalmente adoptada, ni tampoco alumbrar otras interpretaciones que pudieran resultar más plausibles. Los órganos judiciales son los únicos competentes, ex art. 117.3 CE, para resolver sobre las materias de estricta legalidad ordinaria.”

 

2.Hago hincapié en como cuida el propio Tribunal Constitucional sus palabras, como si caminase por un campo de minas ( “no le corresponde pronunciarse sobre el eventual acierto de la decisión finalmente adoptada, ni tampoco alumbrar otras interpretaciones que pudieran resultar más plausibles”)desembocando en confirmar la constitucionalidad de la sentencia andaluza ( a la luz del art.24 de la Constitución) por contener argumentos suficientes (  “no incurren en arbitrariedad ni adolecen de falta de razonabilidad”).

 O sea, que estamos en la casilla de salida. Y la cuestión sigue abierta porque el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el meollo de la cuestión, sobre si se ajusta al art.23.2 de la Constitución (el derecho a la igualdad en el acceso al empleo público, promoción y provisión). Se ha limitado a aplicar el test de “razonabilidad” de la sentencia, no si su argumentación jurídica es ajustada a otros derechos constitucionales y si el alcance de esos derechos constitucionales es el marcado por el Tribunal de la Unión Europea, que por lo que sabemos es proclive a equiparar servicios prestados en régimen de interinidad y en régimen de carrera, como hizo en la contundente Sentencia de 8 de Septiembre de 2011 ( y en línea con la STS de 30 de Junio de 2014 (rec.1846/2013), que confirmó la falta de justificación de diferencia de trato entre empleados temporales y de carrera cara a los beneficios de la carrera profesional del ámbito estatutario.

 

3. La Sentencia del Tribunal Constitucional cuenta con un espléndido voto particular de la magistrada Adela Asúa que considera que tenía que haberse planteado la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( y lamenta el voto particular el retroceso en la línea abierta por la STC 58/2004, que inauguraba un nuevo posicionamiento sobre la relevancia constitucional de la falta de planteamiento de la cuestión prejudicial) pero ya sabemos lo reacio que es nuestro Tribunal Constitucional a “cartearse” con el Tribunal comunitario.

 Creo que solo contamos con el precedente aislado del Auto 86/2011, de 9 de junio, con el que el Tribunal Constitucional acordó por primera vez en el marco de un recurso de amparo contra el Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la cuestión prejudicial relativa a la interpretación y validez de la Decisión Marco 2002/584/JAI, del Consejo, de  13 de junio, reguladora de las órdenes europeas de detención y entrega, así como a la interpretación de la Carta de los Derecho Fundamentales de la Unión Europea.

 En fin, el Tribunal Constitucional sigue en su línea de “escurrir el bulto” que comenté en un anterior post sobre la inadmisión de las cuestiones de constitucionalidad. Me temo que como no se mueva el Tribunal Constitucional, quedará atrapado en los hielos de su propia doctrina inmovilista.

 

 4.En fin, malo que el Tribunal Constitucional no considere relevante para la tutela judicial efectiva la ausencia de planteamiento de cuestión prejudicial cuando la misma se revelaba imperiosa para el juez, pero peor resulta que el Tribunal Constitucional no plantee la cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión Europea me recuerda, no sé porqué, ese párrafo de una bellísima canción de otra época del grupo Gabinete Caligari, denominada Saravá, donde dice: “Dios mio dime cuál es la forma de diferenciar/ cúando el orgullo es orgullo/ o simplemente dignidad”.

Frente a la lentitud de la justicia: ¿ calculadora, cerradura o trituradora?

Me entero de que hace unos días fue noticia que mas de ocho mil juristas por twitter denunciaban la lentitud de la justicia española a la vista de los señalamientos de juicios laborales y contenciosos para 2019. Y es que, en los últimos tiempos, pese a que la litigiosidad ha descendido por el impacto de las tasas judiciales unido al desaliento para afrontar litigios del ciudadano medio, se oyen voces irritadas por la exasperante dilatación del señalamiento en algunos Juzgados contencioso-administrativos y sociales, de juicios para dentro de tres o cuatro años. A ello se une la morosidad de litigios civiles de testamentarías o de familia, por no hablar de algunas instrucciones penales que tienden a sobrevivirnos a todos tras pasar por varios jueces y trienios.

No pretendo dar soluciones para esta eterna cuestión que presenta complejas y variadas perspectivas: psicológicas ( quien plantea una demanda cualquier espera O trámite se le hace insoportable), sociológicas (no todos los juicios tienen la misma importancia para la sociedad, bien por su impacto objetivo bien por su carácter ejemplarizante o de buque insignia); económicas ( la Justicia cuesta en edificios, documentos, nóminas y tecnología); jurídicas ( el precio de las garantías suelen ser trámites e incidentes) e ideológicas ( el modelo de justicia se vincula a concepciones progresistas o conservadoras, ya que según sea el protocolo médico contra la epidemia, distinta será la respuesta de los pacientes).

Sin embargo me parece sumamente ilustrativo e inspirador de reflexión, además de aportar un poso divertido, el análisis que efectúa el profesor argentino Agustín Gordillo en el Capítulo XIV del Tomo II de su monumental Tratado de Derecho Administrativo que no hace mucho puse a disposición de los lectores en formato digital gratuito en un anterior post.

Dado que como decía Hipócrates, “Ars longa, vita brevis”, me permito ahora ofrecer en extracto un pasaje delicioso de tan magna obra ( algo así como cuando de pequeños no leíamos el Quijote pero nos facilitaban el pasaje de Don Quijote contra los molinos, lo que tranquilizaba nuestra conciencia y nos creaba la ilusión de haberlo leído). No tiene desperdicio. Altamente recomendable, creedme.

 

1. Trata sobre el problema del acceso a la justicia. Pero oigamos al autor, partiendo de la descripción de la situación judicial de colapso en ese país ( aunque a algunos le parecerá familiar o no lejana):

El extraordinario atraso de la justicia procesal administrativa en todas sus instancias, que se mide en años cuando no en décadas, el continuo rechazo in limine litis de amparos; el rechazo de medidas cautelares20 que en definitiva eran procedentes pues la sentencia final hace lugar a la acción, cuando el daño ya está consumado y la sentencia solamente sirve para los eventuales daños y perjuicios pero no para evitar la consumación de la infracción al orden jurídico; el tiempo que lleva la ejecución de la sentencia —también años—, las sentencias que ya no sirven porque la cuestión ha devenido abstracta y los tribunales no quieren dictar sentencias con efectos solamente morales, etc. Súmense los millones de habitantes que desisten ab initio de acudir a la justicia —esa de que hablamos en el punto anterior, no la ideal constitucional— porque la saben lenta e ineficaz, todo eso importa lisa y llana denegación de acceso a una instancia judicial pronta y eficiente. Si además quisiéramos que el juez estudie los expedientes y haga las sentencias, ya tenemos entonces que hablar de otros números de magistrados. Es una cuestión elemental de matemática. Ya señalamos que cuando la Corte de Justicia Europea en Zimmermann y Steiner condena a Suiza por demora de justicia, Suiza tenía una cantidad de jueces procesal administrativos que equivalía a que nosotros tuviéramos, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, 208 jueces. Tenemos veinte veces menos jueces que los que tenía Suiza cuando la condenaron. Para no ser condenados necesitaríamos treinta veces más jueces, algo así como 350 o 400 jueces en lugar de los doce actuales.”

 

2. Ahora no me resisto a invitarles a leer el siguiente análisis del profesor Gordillo, que nos lleva con elegancia a sorprendentes reflexiones:

1.2. Cuántos expedientes y sentencias puede estudiar y resolver una persona por día y año

Parte principal del problema es el abarrotamiento de causas en los juzgados. La respuesta racional es aumentar constantemente el número de juzgados, en la propia medida en que aumentan las causas. Es lo que haría un estudio jurídico privado al que entraran cada vez más asuntos. Simplemente tomaría cada vez más abogados para atender la tarea. Ese principio mínimo de eficiencia no parece formar siempre parte de los criterios de racionalidad del sector público, en materia judicial. La “racionalidad” judicial a veces es tratar de disminuir el número de causas, algunas enviándolas a otros tribunales, otras dejándolas sin justicia. (…)

Racionalmente, es cuestión de determinar cuál es el número de asuntos —entrados y salidos— por año que puede manejar eficazmente un juzgado —en su caso las Salas— y establecer en forma rigurosa un aumento constante y proporcional, simultáneo, inmediato, del número de jueces. La alternativa es no aumentarlo y disminuir paralelamente la calidad o la forma de administrar justicia, o resolver las causas con efectos erga omnes, lo que finalmente se ha comenzado a hacer. Es solamente en la Corte Suprema que esta lógica deja de ser aplicable. La Corte Suprema debería imitar a la Corte Suprema de los Estados Unidos y constreñir el número de casos que tratará anualmente, para hacer fallos líderes y no meramente finales en el ámbito interno.(…) Quien mucho abarca poco aprieta, todos lo saben.

1.2.1. La capacidad física de una persona

Si adoptamos como hipótesis que en una jornada de trabajo intenso un juez lúcido y esforzado puede estudiar todo un expediente judicial más el expediente administrativo, arribar a una conclusión y redactarla reflexivamente en forma de sentencia, mandarla imprimir, leerla y firmarla, tenemos un total de veinte sentencias por mes, doscientas cuarenta por año. Se puede hacer, aunque es un trabajo muy intenso. Redondeemos en doscientos cincuenta. Es más, para estudiar y resolver una causa diaria, el juez necesita de colaboradores que le busquen jurisprudencia e información, doctrina, etc., en los cuales apoyarse. La investigación debe hacérsela alguien. Por nuestra parte declaramos que nuestra capacidad de trabajo personal, utilizando todos los recursos de la informática y la investigación previa, no supera un asunto por día de trabajo y que ello nos produce un cierto agotamiento que impide trabajar a ese ritmo todos los días. De ninguna manera podemos trabajar personalmente con ese rendimiento todo el año. Sí podemos corregir el trabajo de otros. En esta primera cuenta estamos dando por supuesto que las providencias de trámite son redactadas por personal de los tribunales, sin que los jueces las miren sino que se limiten a firmarlas.

1.2.2. La capacidad de revisar, no de hacer

Para que un juez firme más de doscientas cincuenta sentencias al año ya empezamos a tener que decir que las firme pero que no las haga. Debemos transitar el camino de la cuasi máxima delegación no pública de justicia a funcionarios judiciales sin rango constitucional de juez, que no han pasado por los filtros constitucionales para la designación de los jueces ni están sometidos al mecanismo constitucional de remoción o al control de la opinión pública.

1.2.3. La alternativa de revisar dos sentencias por día

Si cambiamos la tarea de un juez y decimos que su deber no es estudiar los expedientes y redactar las sentencias, sino revisar los proyectos de sentencia que le preparan funcionarios inferiores, entonces su rendimiento puede aumentar. ¿Cuántos expedientes judiciales —y el consiguiente expediente administrativo que casi siempre existe— puede leer rápidamente para repasar, de igual modo rápido pero consciente, un proyecto de sentencia? Digamos que dos por día. Allí estamos en quinientas sentencias por año.

1.2.4. La alternativa de cuatro sentencias por día

Supongamos que se resuelve aumentar la delegación de justicia y limitar la tarea constitucional del juez en su sentido prístino para dar lugar a una definición postmoderna de su función. En esa hipótesis, si le suprimimos al juez la tarea y el tiempo que le lleva leer el expediente administrativo y el judicial y le damos como jurisdictio únicamente analizar el proyecto de sentencia (una suerte de casación desde el vamos, en primera instancia), podremos llegar a cuatro sentencias por día, mil al año. Si estamos dispuestos a aceptar un trabajo de menor análisis por el juez, en función de la cantidad de tareas que esperamos ejerza, podremos llegar tal vez a dos o tres mil al año como máximo. Ya es el nivel de renuncia, enferme dad o muerte del magistrado que quiera revisarlas —no nos referimos a revisar la actividad administrativa del Poder Ejecutivo, sino a revisar la actividad prejurisdiccional de los funcionarios dependientes en el seno del Poder Judicial. En ese punto no tenemos revisión judicial de la actividad administrativa, tenemos revisión judicial de la actividad protojurisdiccional de los funcionarios que trabajan en el Poder Judicial.

1.3. Cien mil decretos por año, cuatrocientos por día

En este juego mental podemos seguir aumentando el nivel de delegación y hacer del Poder Judicial algo similar a lo que era el Poder Ejecutivo hace varias décadas. Cuando no se admitía la delegación en Ministros y Secretarios y todos lo actos eran suscritos por el Presidente, a más de cien mil decretos por año. Cuatrocientos decretos por día, ocho mil por mes. Una persona no puede firmar cuatrocientas veces por días. Debe encargar a alguien que le haga la firma. Hemos visto a autoridades ejecutivas máximas, a nivel nacional y local, firmar expedientes o decretos sin mirar la hoja.(…)

 

3. Tras esta viva elucubración el profesor Gordillo, invita a no quedarse parado y que los jueces adopten una actitud valiente, vocacional e imaginativa. Por favor no se pierdan esta reflexión.

1.8. Mientras pensamos el problema, busquemos alternativas

Mientras la sociedad se toma unas décadas o un siglo para resolver una cuestión de suma y resta y mientras no adopta la decisión de tener jueces procesal administrativos en número aritmética y materialmente proporcional a las causas que deben resolver, veamos qué medidas de emergencia, o de superación conceptual, puede encarar la Justicia misma. Pues los pocos jueces que hay tampoco pueden cerrar los ojos a la realidad y con sus decisiones de abstención jurisdiccional hacerse cómplices de la inacción que destruye la base democrática del Estado. Deben tomar como una afrenta institucional que no se designen jueces suficientes y que les llegue una avalancha de asuntos que no pueden materialmente atender. Y deben reaccionar constructiva y positivamente, con medidas de superación, en lugar de encerrarse en las viejas prácticas de denegación de justicia que la sociedad ya no tolera. No es cuestión de enfermarse ni morir por el exceso de trabajo, como ejemplos ciertamente hay en la historia del contencioso administrativo. Tampoco es cuestión de renunciar. Es cuestión de bucear dentro del alma, la inteligencia y la imaginación para encontrar salidas creativas y novedosas que al menos mejoren la situación, aunque en el camino se sacrifiquen algunos hábitos seculares: pues mucho peor es el hábito secular de no poder brindar justicia pronta ni adecuada, de no poder materialmente ser fieles al juramento constitucional en el sentido que aquí explicamos.

 

4. Delicioso. A mí me encantó y por eso he querido compartirlo desde el blog.

Personalmente creo que el problema de la lentitud de la justicia no se soluciona con la calculadora en la mano, pues creo que el problema es mas cualitativo que cuantitativo.

Tampoco con cerraduras, a base de poner barreras de tasas y requisitos formales o temporales que impidan el acceso a la justicia, pues creo que los hospitales están para curar a los enfermos y no para curar a los enfermos que son capaces de pagar y conseguir el privilegio de una plaza hospitalaria.

Y tampoco creo que la solución sea la trituradora, entendiendo por tal, el mecanismo de “leyes-atropello” que blindan con fuerza de Ley o Decreto-Ley situaciones claudicantes preexistentes.

Mi opinión es mas simple y posiblemente errada, pues pienso que, hay otros Ordenamientos Jurídicos propios de Estados avanzados, dentro de la misma Unión Europea, que consiguen increíbles tiempos de respuesta judicial con soluciones razonables, y bastaría un esfuerzo de estudio serio de Derecho Procesal Comparado para aplicar tijera en trámites, formalismos e incidentes, de manera que agilizando tiempos y abaratando costes, pudieran ser admitidas mas personas al “quirófano” y se atendidas en menos tiempo.

Y no se digan esas viejas rémoras u obstáculos: “ Nuestra tradición”, “ Las garantías conquistadas”, “ aspectos técnicos”, “ nuestro acervo científico”, etc. Ni el viejo truco de crear una Comisión, un Observatorio, etc, etc. Y si hay que doblegar el corporativismo judicial, académico o de la abogacía, hágase en la confianza de que todos los colectivos saldrán ganando con una Justicia más rápida, menos formal y menos costosa.

Si se quiere, se puede. Otra cosa es que cuando se quiere acometer una reforma procesal como al pastel de la fábula, “acuden mil abejas” y algunas avispas y moscardones, y el resultado suele ser la aprobación de una Ley a bombo y platillo como la solución universal, pero que realmente encierra:

1. Una reforma parcial.
2. Una reforma sobre cuestiones anodinas con tinte moderno.
3. Una reforma con mas procedimientos, mas palabrerías y posiblemente suprimiendo los que ya eran familiares para los profesionales del Derecho.
4. Una reforma plagada de Transitorias, Adicionales y calendario deslizante.
5. Una norma llamada a ser criticada antes de su entrada en vigor, y corregida, como no, por influencias corporativas o por las fuerzas dominantes del Tribunal Constitucional.

5. Vamos, no es admisible que un juicio entre inicio y sentencia se dilate…¡ cuatro años! , pero menos todavía que ese anuncio de duración lo tenga el litigante el mismo día que le admiten la demanda… Por buscar una referencia viva para aplicarla a los litigios, como referencia promedio ( asunto de complejidad media, intereses medios, partes normales), lo suyo sería una duración similar al parto del ser humano ( 9 meses); lo molesto en casos más complejos o de mayor volumen sería una duración similar al parto de una elefanta ( 24 meses) pero lo que sería vergonzoso sería acostumbrarnos a la duración del mayor período de gestación conocido, el de la salamandra negra que vive en los Alpes Suizos y alcanza…¡ cuatro años!.

Y así nos va. Me temo que si este blog sigue funcionando dentro de una década podré librarme algún día de ingeniar un nuevo post: me bastará con subir este a la red, como si fuese nuevo… Y seguro que es actual, y así cada diez años…

Familias en Aragón

Recientemente se ha publicado la Ley de Apoyo a las Familias de Aragón, Ley 9/2014 de 23 de octubre.  De la apresurada lectura de la misma, hay que señalar que, dicho sin ambages, la misma es un canto al sol, ya que no contiene, medida concreta alguna que se pueda apreciar. La extensa Exposición de Motivos, se la podría haber ahorrado el Legislador, ya que el articulado o parte dispositiva es una simple continuación de la propia Exposición, filosofía del deber ser en estado puro. Y cuando indico que es filosofía pura, es que es así. La Ley no contiene ni una sola medida concreta, ni una sola medida aplicable de forma directa se puede encontrar. O que se pudiera invocar en tribunales.

Cierto es que corren tiempos duros en lo económico y se quiera o no este hecho incide en lo social. Pero de ahí a aprobar una ley sin contenido alguno media un abismo. Justifica la Exposición de Motivos que “la ley pretende avanzar en la respuesta a las necesidades básicas que presentan las familias de la Comunidad Autónoma de Aragón y hacerlo con una norma de rango superior que instrumentalice las medidas más eficaces de apoyo a las familias y refuerce su papel en la mejora de la calidad de vida de la sociedad y de cada una de las personas que componen la unidad familiar. Este enfoque comporta una redistribución de reconocimientos y responsabilidades entre las familias y las instituciones, a través de acciones positivas que garanticen el desarrollo coordinado, integral e integrado de las políticas de atención y protección de la familia, su potenciación y su impulso efectivo.” Declaración vacía, como el resto de la Ley.

El Legislador Aragonés ha pretendido aprobar una especie de Constitución de la Familia, pretendiendo condicionar a la sucesiva normativa que de un modo ingenuo sin tener en cuenta el principio de que lex posterior derogat priori o lo que es lo mismo, una ley posterior deroga una ley anterior. Es decir, la legislación aragonesa, en lo sucesivo, se supone que debe respetar la declaración de principios de esta Ley, pero sólo será así si el Legislador lo decide puntualmente en cada caso. El propio Consejero

En su defensa de la Ley dijo textualmente que “El objeto de la ley, su finalidad, se resume en cuatro aspectos: primero, reconocer a la familia como estructura básica de la sociedad aragonesa y ámbito natural de desarrollo de la persona; en segundo lugar, establecer el marco legal que permita diseñar y desarrollar una política integral de apoyo a la familia en todos los ámbitos en los que desarrollan sus funciones; en tercer lugar, fijar los principios, objetivos y medidas que deben ser adaptados por parte de los poderes públicos para proteger a las familias, y, por último, sentar las bases sobre las que los poderes públicos establecerán las actuaciones de apoyo a las familias aragonesas.”

Hagamos números como les gustaría  a los periodistas. La Ley contiene 2 títulos y 58 artículos, cinco adicionales y tres finales, tras cinco folios (!) de exposición de motivos, emplea el verbo promover 33 veces, el verbo impulsar, 16, fomentar, 36, facilitar, 33, potenciar, 12 y posibilitar, 2. La propia oposición calificó al Proyecto de Ley como (sic) un documento hueco, vacío. (Puede leerse el debate parlamentario en http://bases.cortesaragon.es/bases/disca2.nsf/(DiscaID)/9A5651AB9CD5B13BC1257D2C002B684E?OpenDocument )

Por supuesto ni una sola referencia a las entidades locales, sólo referencias a “las administraciones públicas” ninguna alusión  las entidades locales cuando éstas son las más cercanas a los ciudadanos.

Eso sí. Como no podía de ser de otro modo, se hace alusión al Observatorio Aragonés de la Familia, órgano que se creó mediante Decreto 31/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, de creación del Observatorio Aragonés de Familia cuyo Pleno debe reunirse dos veces al año y que posee objetivos con verbos como conocer, asesorar y realizar el seguimiento, promover  y estimular. Al decir de http://aragonsocial.es/nace-el-observatorio-aragones-de-la-familia/ ha celebrado su primera reunión en 2012 (no he encontrado referencia de alguna reunión anterior.

Y se crea una cosa nueva, la Comisión Interdepartamental con funciones de (empleo los verbos exactos a que se hace referencia en el art. 38) profundizar, estudiar, asesorar, conocer, promover, proponer y evaluar. Como vemos, verbos que dejan la acción en la más absoluta indeterminación. Y como dijo aquel, si quieres que algo no funciones crea una comisión.

Si se pretende ayudar a la población aragonesa con este tipo de medidas vacías, mal vamos, o mejor dicho, no vamos. Bien están las intenciones, pero el movimiento se demuestra andando. Aragón padece uno de los problemas demográficos más graves de Europa y del mundo, eso es un dato, y aunque bueno es empezar con algo, hay que hacerlo, no solo decir que se va a hacer. Obviamente las familias son el núcleo social esencial de todas las personas. Y sin el apoyo que la familia presta a sus miembros, probablemente ahora habrían frecuentes barricadas. Así que mejor sería hacer algo positivo.

Probablemente se ha querido aprobar esta Ley ante la inminencia de las elecciones autonómicas para poder decir que se ha hecho algo en apoyo de las familias. Pero para este viaje, no eran necesarias estas alforjas.

Nota. He de dejar constancia de mi fascinación, cuando leo, buceando en la web de las Cortes de Aragón, que recientemente ha habido una “Comparecencia de la Asociación de Madres Solas (AMASOL), al objeto de “exponer la grave situación que viven actualmente las familias monomarentales en Aragón”. Directamente el redactor se ha inventado, siguiendo la recientes tendencia tipo miembro/miembra, la palabra monomarental sin entender que “monoparental” significa un solo pariente, no se refiere al género padre, o a un solo padre del género masculino.  O témpora, o mores como diría el simpático abuelete pirata de los tebeos de Astèrix.

 Ignacio Pérez Sarrión

Sobre los efectos de la incorporación de remanentes de crédito en la estabilidad presupuestaria

Al comienzo de cada ejercicio presupuestario en las entidades locales aparece la necesidad de proceder a la obligatoria incorporación de los remanentes de crédito procedentes de los proyectos de gasto con financiación afectada. La siguiente entrada se centra en los efectos que sobre el cumplimiento de los objetivos fiscales tiene la aprobación de la citada modificación de crédito.

Al cierre de cada ejercicio económico las entidades locales, conforme a lo establecido en el artículo 175 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en los sucesivo TRLRHL), deben determinar los créditos para gastos que no se encuentren afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas y proceder a su anulación; excepto en los siguientes supuestos (artículo 182.1 del TRLRHL):

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que hace referencia el apartado 2.b) del artículo 176 de esta ley.

c) Los créditos por operaciones de capital.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.

En este último supuesto, su incorporación resulta obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar su ejecución (artículo 182.3 del TRLRHL).

El producto de la recaudación efectiva de los ingresos afectados se encuentra en el Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada.Tal y como recoge la vigente Estructura presupuestaria de las entidades locales, la aplicación de dicho recurso al presupuesto a lo largo del ejercicio se imputa al Capítulo 8 del Estado de ingresos.

Siguiendo lo establecido en el artículo 48.3 a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en materia presupuestaria la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, será recurso preferente en la incorporación de tales remanentes los excesos de financiación obtenidos en el proyecto.

Por tanto, tras una correcta aplicación de la normativa presupuestaria, con la incorporación de los remanentes afectados y su financiación con los excesos de financiación, ineludiblemente se cubren gastos no financieros con recursos financieros y, por consiguiente, se rompe el principio de estabilidad presupuestaria y, en su caso, el límite fijado por la regla de gasto.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en lo sucesivo, LOEPSF), dispone que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiéndose por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural. Por su parte, el artículo 12 de la LOEPSF  establece la regla de gasto como la magnitud límite para la variación interanual del gasto computable. Cualquier incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto supone para la entidad local la obligación de aprobar un plan económico financiero que permita en un año alcanzar tales objetivos (artículo 21 de la LOEPSF).

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, se presenta la siguiente paradoja: con el empleo exigido de los excesos de financiación para la obligatoria incorporación de los remanentes de crédito procedentes de proyectos de gasto con financiación afectada se genera una situación de inestabilidad presupuestaria en términos de contabilidad nacional en el momento de ejecutar la modificación y, posiblemente, un incumplimiento futuro de la regla de gasto; con lo que la entidad local se ve obligada a la aprobación de un plan económico financiero.

Sin desatender la obligatoria aprobación del citado plan, es importante resaltar que la incorporación de remanentes analizada nunca puede ser la causante de una situación de déficit estructural, ya que la financiación empleada (remanente de tesorería afectado) procede de los ahorros presupuestarios del ejercicio de cierre que permiten la ejecución de los gastos afectados en otros ejercicios sin necesidad de acudir a los ingresos no financieros del ejercicio o a la obtención de recursos financieros aportados por terceros.

En consecuencia, el plan económico financiero que, en su caso, la entidad local debe acompañar a la incorporación de los remanentes de crédito pasa simplemente por la identificación del origen del desequilibrio y por la recuperación de los objetivos fiscales incumplidos en la aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente.

Francisco Javier Sánchez Rubio

Grecia y la teoría del todo

Tsipras, el griego, afirma que Europa no puede obligarle a renunciar a sus propuestas porque han sido validadas en unas elecciones  democráticas y porque nadie puede entrometerse en su soberanía. Los de Bruselas le responden que la democracia griega no puede imponerse sobre el resto de democracias europeas, igualmente dignas, al fin y al cabo, y que el asunto no es cuestión de soberanía sino de finanzas. Que los griegos pueden gastar su dinero en lo que quieran, pero lo que no pueden pretender es que el resto de los europeos se lo paguen.  Así que, si quiere seguir recibiendo más dinero, tendrá que cumplir una serie de condiciones a pesar del resultado electoral. ¿Podrá el flamante premier griego solucionar ese grave dilema? Si permanece fiel al programa que le llevó hasta el poder, Europa no le dará ni un euro y tendrá que suspender pagos en el mejor de los casos o irse del euro, en el peor. Y si quiere pactar para salvar los muebles, traicionará su discurso y defraudará a sus votantes. Aunque los programa se hacen para no cumplirlos, según las palabras del profesor Tierno, la decisión debe ser dura y compleja.

Lo más probable, es que finalmente se intente ir por la calle de en medio, cediendo bastante y manteniendo algunas de las banderas que le permitan salvar mínimamente la cara. De alguna forma, Tsipras intentará encontrar la fórmula que consiga aunar los dos extremos: conseguir gastar mucho más dinero público, por una parte, y que el resto de los europeos se lo paguemos, por otra. ¿Es esto posible?

No parece fácil el empeño, como tampoco lo fue en la historia. Y lo que es válido para la política, también lo es para la ciencia. Dos películas sobre ciencia y científicos, La Teoría del Todo  y The Imitation Game arrasan estos días en las pantallas. La primera aborda la vida de Stephen Hawking y la segunda la de Alan Turing, uno de los padres reconocidos y más venerados de la actual informática. Las salas abarrotadas certificaban un evidente interés del público por la divulgación científica básica y la aventura sobre el filo de lo desconocido.

En la Teoría del Todo, Hawking busca infructuosamente la fórmula que logre explicar tanto la realidad cuántica- válida para las partículas – como la Teoría de la Relatividad General de Einstein – útil para entender los misterios del universo -. Entre esa realidad cósmica y la cuántica nos encontraríamos nosotros, esclavos de nuestros sentidos y cabalgando sobre las herramientas que el bueno de Euclides postuló y que el huraño de Newton consagró con su Ley de la Gravitación Universal. Todavía no lo ha conseguido, y la pléyade de partículas subatómicas sigue comportándose caprichosamente, según unos apenas vislumbrados principios cuánticos. Las leyes generales son difíciles de encontrar, como bien comprobó el mismísimo Einstein, obsesionado, y también sin éxito, en lograr formular una Teoría de Campo Unificada que explicase al tiempo las leyes de la gravitación y del electromagnetismo.

Quizás Tsipras logre lo que hoy se nos antoja imposible, que el resto de europeos pague sus promesas electorales. Pero, visto el fracaso de Hawking y Einstein en esto de las leyes englobadoras de realidades distintas y distantes, lo más probable es que fracase y que tenga que envainársela o que, en caso contrario, directamente prepare a Grecia para salir del euro. Ya veremos. Ojalá, lleguemos entre todos pronto a un acuerdo, que, hoy por hoy, no parece fácil ni factible.

EinstLUCAE PACIOLI. DIVINA PROPORTIONE. Nihil est in intellectu quin prius sit in sensu. “Nada hay en el intelecto sin que antes haya pasado por nuestros sentidos”

Manuel Pimentel