España, noveno país del mundo en Administración Electrónica

España ha pasado a ocupar el noveno puesto a nivel mundial en materia de Administración Electrónica, según el informe EGoverment Readiness de Naciones Unidas.

De este modo, España ha avanzado once posiciones en este ranking durante el año 2009. Además, se convierte en el quinto país de Europa y en el líder de los países del sur del continente.

El informe EGoverment Readiness analiza la capacidad de los diferentes países para desarrollar el uso de las nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas con el objetivo de que los ciudadanos puedan acceder a la información y a los servicios públicos.

Asimismo, el informe “e-Gov Readiness” estudia la presencia del Gobierno en la Red , las infraestructuras de Telecomunicaciones y la disposición de la población a usar la administración electrónica.

Implantar plenamente la Administración Electrónica es una de las prioridades del Gobierno de España. Con ese objetivo se aprobó la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, que ha supuesto un importante impulso a este proceso.

Según un informe sobre su implantación, presentado por la Vicepresidenta Primera en el Consejo de Ministros del pasado 8 de enero, a día de hoy ya se puede acceder a través de medios electrónicos al 96,4% de los trámites de la Administración General del Estado. De ellos, más de 2000 (84 % del total) son los procedimientos administrativos más utilizados por los ciudadanos.

Además, se ha aprobado el Esquema Nacional de Interoperabilidad y de Seguridad para la administración electrónica. Dos Esquemas que ofrecen al ciudadano un servicio unificado y seguro.

Concentración en la plaza del Ayuntamiento para exigir a I U que retire la denuncia

Los afectados por el proceso judicial que interpuso la ex portavoz de la coalición repetirán esta medida de protesta cada 15 días.

Alrededor de cien personas -entre trabajadores afectados por la denuncia de las bases de la convocatoria por la cual obtuvieron sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, compañeros, funcionarios y familiares-, se han concentrado esta mañana a las puertas de la Casa Consistorial, acompañados por los representantes sindicales de CSI-CSIF y FSP-UGT de este Ayuntamiento. Los empleados protestan de esta forma, nuevamente, para reclamar al grupo municipal de IU-CA y a su asamblea y consejo local para que retiren el recurso contencioso-administrativo interpuesto en 2007.

Los afectados han vuelto a exhibir pancartas reivindicativas y han coreado consignas para que este partido político reconsidere su decisión. La concentración estaba encabezada por los representantes sindicales, que portaban una gran lona en la que se podía leer “Los trabajadores en defensa de su puesto de trabajo”. Con esta protesta, la tercera en los últimos dos meses -las anteriores fueron ante el Pleno Municipal-, han querido denunciar la situación de incertidumbre en que se encuentran, exponiendo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía les ha mentido reiteradamente, con la promesa de una retirada de dicha denuncia. Ahora que se ha hecho pública la dimisión de la hasta ahora portavoz de IU, Mercedes Ávila, firmante del recurso, los empleados exigen saber cuál es la postura actual del Grupo.

A partir de ahora, cada 15 días, el grupo de trabajadores repetirá esta misma concentración en la plaza del Ayuntamiento hasta que exista un pronunciamiento de IU acerca de la retirada del recurso, además de seguir asistiendo a los Plenos Municipales. De todas estas actuaciones, seguiremos dando cumplida información.

*Nota aclaratoria: La concentración de esta mañana se ha llevado a cabo a la hora del desayuno de los empleados municipales. Todas las reuniones y asistencias a plenos se realizan por convocatoria de los sindicatos, tal como permite el convenio colectivo.

Secciones sindicales CSI-CSIF y FSP-UGT del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

27 de enero de 2010.

La paradoja sobre el empadronamiento de extranjeros y su origen

Según la Real Academia Española, una de las acepciones de paradoja es la de “figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción”. Tras el caso de Vic, parece evidente que es preciso reflexionar sobre las contradicciones del sistema con la inmigración ilegal. Si, como he escrito más veces, el Padrón es la puerta de entrada a la sociedad de bienestar, no tiene sentido que la normativa laboral y la de orden público encajen tan a duras penas con las previsiones contenidas en la legislación local, pese a las piruetas de la ley de extranjería. Si al día de hoy un extranjero no comunitario, en situación irregular, se empadrona en un municipio español y consigue así que sus hijos menores se escolaricen obligatoria y gratuitamente, ¿qué puede ocurrir cuando al progenitor se le conmine a abandonar el territorio nacional? Sé la respuesta de algunos oficialistas defensores de la bondad del modelo, pero lo cierto es que la espada de Damocles se cierne sobre unos pobre inocentes. No dudo que todo proceso de integración de foráneos debe ser ordenado y proporcional a lo que podemos ofrecer. Pero no cabe más hipocresía ni más desfachatez que la de cargar, una vez más sobre unos ayuntamientos escasos de recursos, buena parte de las consecuencias del empadronamiento generalizado. Cualquiera que conozca lo que se cuece en los servicios sociales de cualquier Corporación sabrá hasta qué punto el Estado paga con pólvora ajena buena parte de la atención a la inmigración y se lava, gratis, las manos y la conciencia con las que expulsa del paraíso del primer mundo a los indocumentados.

El tema da para mucho en el plano dialéctico pero me gustaría señalar en estas líneas que lo de empadronar extranjeros tiene más de ciento cincuenta años y no es cosa que se hayan inventado gobiernos de los últimos lustros, como piensan algunos de nuestros políticos que se echan la culpa unos a otros de estas “disfuncionalidades” legales.

Haciendo un poco de historia, Mª Sandra GARCÍA PÉREZ en su publicación “El padrón municipal de habitantes: origen, evolución y significado” (Hispania Nova, 2007), señala que “se podría considerar como el origen primigenio del padrón de habitantes a aquellos libros en los que desde la Baja Edad Media, se asentaban anotaciones relativas a las cartas de vecindad, concedidas por el Concejo a aquellas personas que deseaban convertirse en vecinos de pleno derecho de una población, libros en los que también se asentaban las bajas (…) De cualquier modo, no existe un consenso entre los investigadores de la fecha concreta en la que nace el padrón municipal en el Derecho Español y se establece como tipología documental. Así, por ejemplo, D. José Antonio Suero Salamanca considera que esa fecha es la del año 1823, mientras que D. Mariano García Ruipérez establece que su origen es posterior, en el año 1857”.

Sin embargo, como publicamos en una monografía aparecida hace dos años, el Padrón tiene un origen más antiguo y común con el registro civil en el Decreto CCCLXIX, de 23 de junio de 1813 (artículo II) aprobado por las Cortes de Cádiz. Al final del siguiente período de vigencia de la Constitución gaditana, el artículo 6 de la Instrucción de 3 de febrero de 1823, ordenó a los ayuntamientos la formación del padrón en el mes de enero de cada año. Y como bien recuerda la propia GARCÍA PÉREZ, el Real Decreto de 14 de marzo de 1857, estableció, ante la inexactitud e inseguridad en el conocimiento de la cifra que conformaba la población española, la confección de un censo general de la población que “se formará por empadronamiento nominal y simultáneo de todos los habitantes nacionales y extranjeros” (art. 2). Aquí, nada menos tenemos el origen del empadronamiento de los venidos de fuera. Huelga decir que en esa época, la distinción entre comunitarios y no comunitarios era sencillamente impensable.

La Ley Municipal de 20 de Agosto de 1870, estableció que el empadronamiento sería quinquenal. Es la misma Ley en la que, tras mil avatares que no vienen al caso, las secretarías municipales pierden definitivamente la llevanza del Registro Civil, objeto de otra Ley que acababa de aprobarse el 17 de junio anterior.

Desaparece el Registro civil de la Ley Municipal de 20 de agosto de 1870, pero, quizá como compensación, se refuerza el valor del Padrón como instrumento “solemne, público y fehaciente”, comprensivo de datos numerosos y diversos sobre las personas empadronadas, tales como “calidad de vecinos, domiciliados o transeúntes, nombre, edad, estado, profesión, residencia y demás circunstancias que la estadística exija y el Gobierno determine”. Obsérvese que la legislación vigente aunque ha perdido el calificativo de solemne, ha mantenido los de público y fehaciente.

Actualmente, aunque la Ley 7/1985, de 2 de abril, parece querer establecer un numerus clausus cuando señala que serán obligatorios, para cumplimentar el alta en el Padrón, solamente los siguientes datos concretos: nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, número de documento nacional de identidad y certificado o título escolar o académico poseído, inmediatamente se desdice con una generalidad, al referirse a “cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”. Igual ahora encontramos a un intérprete de la ley que, en construcción alambicada, nos dice que, como los “sin papeles” no votan, nunca pueden aportar un documento que les permita ingresar en el censo por lo que no pueden empadronarse. El papel lo aguanta todo.

En cuanto a los extranjeros, el artículo 18.2 de dicha Ley Básica Local, en redacción dada por la Ley 4/1996, de 10 de enero, establece que su inscripción en el Padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España. Y es que, como puede colegirse del segundo párrafo del artículo 16.2. f), cuando se trata de ciudadanos nacionales de Estados que no son miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, pueden también acceder al Padrón con el simple número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, incluso, de no ser titulares de éste, con el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades de su país de procedencia. La propia normativa de extranjería parece admitir una cierta relajación de las exigencias burocráticas, cuando se trata de que los extranjeros, incluso no regularizados, sean atendidos por los Ayuntamientos. Y en verdad, el municipalismo español y sus servicios sociales son, salvo excepciones llamativas, buen ejemplo de solidaridad con los extranjeros más desfavorecidos, pese a la teórica limitación de ese artículo 18.2 de la Ley local básica.

CSIF expresa su solidaridad con Haití y dona 100.000 euros

En cumplimiento con el acuerdo adoptado por la Central Sindical de Funcionarios Independientes en su Consejo Sindical Nacional celebrado el pasado 20 de enero en Valencia, este lunes 25 de enero, el sindicato CSI.F, con su Presidente Nacional a la cabeza, D. Domingo Fernández Veiguela ha hecho entrega de un cheque de 100.000 euros al Secretario General de Cruz Roja, D. Leopoldo Pérez Suárez para ayudar a paliar la gravísima situación que vive la República de Haití tras el devastador terremoto del pasado 12 de enero que asoló la capital, Puerto Príncipe y que se ha cobrado, por el momento, 150.000 víctimas.

Domingo Fernández Veiguela ha destacado la inmejorable labor de ayuda humanitaria que realiza Cruz Roja y se ha mostrado dispuesto a seguir colaborando en un futuro de forma permanente en algunos de los muchos proyectos que se tengan que desarrollar en este país. “Tenemos una cita pendiente para establecer esta colaboración”, ha declarado. Por su parte Pérez Suárez ha agradecido esta aportación y ha declarado que espera “seguir contando con la colaboración del sindicato en un futuro”.

En estos momentos la ayuda de Cruz Roja se centra en el reparto de agua, comida y provisiones entre la población así como la atención en servicios médicos y el alojamiento de emergencia. “Es una situación complicada y nuestro trabajo se centra en dar atención inmediata a niños, mujeres y mayores”, asegura el Secretario General de Cruz Roja.

Guía Práctica para la Planificación Presupuestaria de las Entidades Locales

Recientemente hemos tenido conocimiento de la publicación de este libro cuyos reconocidos autores son José Manuel Farfán Pérez (Tesorero General de la Diputación de Sevilla y del Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal) y Alfredo Velasco Zapata (Economista de la Unidad de Asesoramiento Económico a municipios del OPAEF) y que, tras la entrada en vigor de la normativa de estabilidad presupuestaria, sin duda nos ayudara a hacer un diagnóstico económico-financiero eficaz y a lograr el equilibrio financiero, lo que es imprescindible en estos tiempos de crisis.

La pérdida en las Entidades Locales del equilibrio financiero, propiciada por la crisis económica actual, ha hecho que la gestión financiera tenga ahora un papel principal, no como antes que era secundario a la prestación de los servicios públicos de forma eficiente.

Además la falta de equilibrio financiero está produciendo una crisis de liquidez en las Entidades Locales y una pérdida de imagen de las mismas desde el punto de vista de algunos terceros como las entidades financieras, los proveedores o la ciudadanía; lo que está motivando una demanda incesante de planes de reequilibrio en la mayoría de las Entidades Locales, fundamentalmente de planes de saneamiento.

La gestión financiera necesita una herramienta de diagnóstico, y una pormenorizada descripción del marco legal de las operaciones de crédito, como paso previo para la elaboración de planes económicos-financieros.

Por todo ello, esta guía tiene como objeto mostrar a través de ejemplos prácticos la elaboración de los distintos tipos de planes económicos-financieros a largo plazo que se dan en las Entidades Locales.

Laboral. Baja el absentismo injustificado en el trabajo en un 90% por la crisis.

El absentismo laboral injustificado se redujo un 90% en 2009 ante el temor de los empleados a perder su puesto de trabajo, motivo por el que han rebajado «al mínimo» sus ausencias del trabajo, según un informe de Randstad. De hecho, la compañía de recursos humanos señala que el absentismo laboral ha quedado reducido este año a la «mínima expresión», de forma que sólo ha estado originado por una incapacidad temporal del trabajador o un accidente laboral. De acuerdo con este informe, en España se pierden anualmente más de 60 horas laborales por trabajador, lo que supone un gasto importante para empresas, Seguridad Social y mutuas, así como una caída en la productividad de las empresas españolas. De hecho, Randstad cifra el coste del absentismo laboral en unos 2.000 millones de euros anuales y asegura que 2009 ha cambiado la tendencia del absentismo en el mercado laboral. Mientras los casos de incapacidad temporal han crecido durante los últimos años, desde el inicio de la crisis también han comenzado a reducirse.

La nueva Estrategia de Seguridad Laboral promoverá la detección de enfermedades profesionales.

Esta estrategia tendrá como uno de sus objetivos estratégicos la prevención de las enfermedades profesionales y la mejora de la higiene empresarial, con actuaciones específicas de vigilancia, detección y asesoramiento en actividades con mayor riesgo en la materia. Para el consejero, la higiene empresarial no sólo incluye el control técnico de los riesgos para el medio ambiente o para la salud (sustancias tóxicas, emisiones nocivas, manipulación de residuos, etc), sino también la propia organización del trabajo y la protección colectiva e individual. En este sentido, la nueva Estrategia, que prevé invertir inicialmente más de 130 millones de euros, dará continuidad a iniciativas ya emprendidas en el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía 2004-2008, que apoyó diferentes investigaciones profesionales y universitarias, tanto en materia de toxicidad como en técnicas preventivas, y que incorporó a la planificación de la Inspección de Trabajo la vigilancia de las enfermedades profesionales. No obstante, el nuevo plan hará hincapié en la detección y reconocimiento de las enfermedades profesionales (como el estrés) para poder mejorar su prevención; así como en el perfeccionamiento de la formación y la investigación en la materia. La estrategia 2009-2014 no marcará medidas concretas, sino que define los objetivos, que se concretarán en Planes de Actuación Bienales, de modo que las iniciativas puedan adaptarse mejor a la coyuntura y a cada territorio. Así, la estrategia, que pretende reducir de forma sostenida la siniestralidad y mejorar las condiciones de trabajo, pondrá especial empeño en avanzar en la situación preventiva de los territorios, atendiendo a las actividades económicas predominantes en cada uno de ellos. Asimismo, se pondrán en marcha medidas para individualizar la prevención de determinados colectivos especialmente vulnerables, ya sea por el territorio en que trabajan, la actividad que desempeñan, sus características socioeconómicas o por los riesgos a los que están expuestos por su condición física (como las embarazadas).

Laboral. La CEOE pide reducir las prestaciones por desempleo y su duración.

La CEOE propone reducir las prestaciones por desempleo y su duración para "no trasladar a la gente el mensaje de tomárselo con calma", ya que ello puede "condenar a un paro perpetuo", según fuentes de la patronal. La organización indica que estas prestaciones y el tiempo de percepción son más elevadas en España que en otros países. Estima que el 75% de los parados que se colocan lo hacen en menos de seis meses y el 60% permanece en el paro un sólo mes, mientras que de los parados de más de un año sólo se coloca el 12%. Además, la patronal incluye junto a este punto la "reforma" del salario mínimo y de los mínimos salariales de los convenios. "Somos el único país del mundo que no discrimina un salario mínimo para trabajadores jóvenes y la consecuencia es un paro juvenil del 40%, el doble que la media mundial". En su modelo de reforma laboral, los empresarios también piden "reducir los costes de contratación de los parados" y eliminar la rigidez de los salarios reales en los convenios. TODO ELLO ES NECESARIO PARA SALIR DE LA CRISIS Todas estas medidas se incluyen dentro de una reforma laboral sin la que será imposible salir de la crisis, según los empresarios. En este sentido, consideran que ésta es la vía para frenar el paro, "el principal detonante del aumento de la deuda pública porque provoca una caída de los ingresos públicos". "Si no se reduce rápidamente el aumento del paro no podemos aspirar a estabilizar el déficit público y si no se estabiliza el déficit público, la subida de impuestos es inevitable", argumentan. Además, la CEOE considera que el paro está detrás de los problemas en el sistema financiero y argumenta que "de poco sirve arreglar los problemas que tienen que ver con el crédito promotor si no se arregla el problema del paro". "Es imprescindible volver a tener una población asalariada con confianza en el futuro y un sistema financiero con confianza en que los préstamos que conceda a la población asalariada serán devueltos", añade. Además, la patronal lanza otro mensaje para agilizar la reestructuración del sector: "Es imperativo que se actúe urgentemente para cerrar, fusionar o estructurar esas entidades o no volveremos a ver crecer el crédito en España en mucho tiempo".

El Reglamento de la LAECSP: Los registros electrónicos

Se publicó, por fin, el Reglamento (RD 1671/2009) de desarrollo (parcial) de la Ley 11/2007, la conocida LAECSP o ley de Acceso Electrónico. Obviamente, comentar al detalle esta norma resultaría desproporcionado en el escueto espacio de un artículo de blog, pero sí que podemos hacernos eco, en una serie de artículos, de algunos de los aspectos más relevantes del mismo. Hoy empezaremos con las sedes electrónicas.

El concepto de sede sería, según el Reglamento, el “punto de prestación de servicios de comunicación con los interesados” en las que “iniciar o participar en los procedimientos que por ser tramitados en soporte electrónico, requieren el acceso a aplicaciones o formularios concretos“.

Es decir, la sede electrónica viene a ser la “ventanilla electrónica” de cada organismo.

El RD aprovecha sin embargo para “imponer un régimen común de creación de forma que se evite la desorientación que para el ciudadano podría significar una excesiva dispersión de tales direcciones“. Aquí entramos en un terreno menos claro, pero volveremos más adelante para analizar sus implicaciones. Las cuestiones que todos debemos saber sobre las sedes son:

Cada Ministerio u Organismo dependiente debe tener una sede propia.

Debe haber una normativa específica para cada sede, publicada en el BOE.

En las sedes se realizarán todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran autenticación electrónica.

El titular de la sede es responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios de la sede.

La dirección electrónica de la sede incluirá el dominio “gob.es”

Todas las sedes figurarán en un directorio de sedes gestionado por el Ministerio de la Presidencia.

Todas las “ventanillas electrónicas” actuales de la AGE deben adaptarse en cuatro meses (contados a partir del 18 de noviembre) a la normativa de sedes del RD 1671/2009.

Además prevé la creación de “sedes compartidas” y “subsedes”, aunque a primera vista parecen tener una misión un tanto marginal.

Tras un primer vistazo, la impresión que me queda es que el RD ha adoptado un enfoque radical, pues impone la creación de sedes para todos los organismos, para todos los trámites, en un dominio propio (no valen por tanto los dominios actuales), con una normativa específica publicada en BOE, y en sólo cuatro meses.

Incluso para un Ministerio u Organismo con suficiente músculo, la tarea que se presenta es difícil. Por un lado hay que identificar los servicios electrónicos que se están prestando, o se van a prestar en un plazo breve (todos, pues lo obliga la ley 11/2007). Entre estos servicios se deben incluir por supuesto los Registros Electrónicos y Boletines Oficiales que se estén publicando. Luego hay que proceder a catalogarlos y planificar la migración de éstos servicios al nuevo sitio WEB de la sede electrónica.

Hay que proceder a la creación de la dirección electrónica de la sede, que como hemos visto debe ser de la forma “http://organismo.gob.es”, es decir, que no vale el sitio web actual: hay que crear uno nuevo e independiente para la sede. Habrá que contratar y solicitar los correspondientes certificados de sede: https, de firma, de sello en su caso, etc.

Por último, hay que iniciar los proyectos de migración e implantación: desarrollos, pruebas, etc. Por supuesto de acuerdo a las condiciones de seguridad e interoperabilidad que requiere el propio Reglamento.

En paralelo a todas estas actividades técnicas, y de forma sincronizada con ellas, hay que efectuar las acciones legales: redacción de los texos de la Orden o Resolución ministerial correspondiente, revisión por los órganos competentes, Abogacía del Estado, Gabinetes, etc. y luego publicarlo en el BOE.

Si a mi me preguntasen, diría que todas estas actividades necesitan al menos un año para realizarse, por supuesto contando con los medios, humanos y económicos, suficientes, y eso para organismos que tengan unas unidades TIC suficientemente bien engrasadas.

Esto respecto a la forma, pero también tengo algunas objecciones respecto al fondo.

En la práctica, a partir de éste RD, cada organismo va a terminar teniendo dos sitios web, uno el actual, por ejemplo “www.mityc.es” y otro el de trámites “mityc.gob.es”, entroncados de una determinada manera entre ellos que no es evidente a primera vista. De este modo, no sé cómo puede lograrse el propósito de “evitar la desorientación para el ciudadano”; en realidad la desorientación puede aumentar.

Porque, además, esto implica multiplicar el número de sitios web de la AGE de forma geométrica. Al total de los 17 sitios de los Ministerios hay que sumar los de sus organismos dependientes. Así por ejemplo Industria, Turismo y Comercio tiene 18 organismos dependientes, Economia y Hacienda tiene once, Presidencia tiene cuatro, Exteriores otros cuatro, y no sigo… es seguro que el número de webs afectadas supera el medio centenar. Y puede que muchas de ellas no tengan el músculo suficiente para realizar con eficacia todos estos nuevos deberes derivados del reglamento.

Me sigue quedando la duda de si el propósito del legislador es en realidad eliminar las URL actuales de los Organismos y Ministerios de la AGE, obligándoles a migrar a nuevas direcciones, todas ordenaditas y acogidas a ese paraguas del “.GOB.ES”. Espero que no sea así. En la sociedad actual tiene gran valor la imagen de marca, que en el mundo de Internet está siempre asociada al nombre de dominio. Imagináos por un momento que Google cambiase su nombre de dominio por otro, y dejase de ser accesible en google.com. El lío que se formaría sería monumental, y las pérdidas para la compañía incalculables.

Bien es cierto que en el organigrama administrativo español se llevan a cabo cambios con suma facilidad, ignorando olímpicamente los costes y desajustes que ello lleva consigo, amén del intenso esfuerzo que supone para las unidades afectadas (las unidades TIC en particular). Motivos de peso por los que en éste blog insistimos en la creación de la Agencia de Servicios Públicos Electrónicos desde hace tiempo.

¿Qué mejor solución para implantar las sedes electrónicas que encargárselas a la Agencia?. ¿Qué mayor ahorro de tiempo, esfuerzo, dinero y disgustos?.

Los trabajadores afectados por la denuncia de Izquierda Unida protestan en el pleno y exhiben pancartas alusivas y anuncian nuevas movilizaciones

El pasado  día 14 del presente mes, los trabajadores afectados por la denuncia de las bases de la convocatoria por la cual obtuvieron sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se han vuelto a manifestar ante el Pleno Municipal, acompañados por los representantes sindicales de CSI-CSIF y FSP-UGT de este Ayuntamiento. Los empleados han exhibido pancartas representativas con mensajes como “No somos marionetas de los políticos”; “IU destruye mí puesto de trabajo”; o “IU miente… Continuamente”. Con esta protesta, han querido denunciar la situación de incertidumbre en que se encuentran, exponiendo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía les ha mentido reiteradamente, con la promesa de una retirada de dicha denuncia y para reflejar que no son títeres de ningún partido político. Esto no serán las únicas medidas de presión, ya que próximamente, trabajadores y sindicatos realizarán más actuaciones de la que daros cumplida información.

Secciones sindicales CSI-CSIF y FSP-UGT del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

El Gobierno acuerda con los sindicatos europeos formalizar el diálogo social en el sector público

El Gobierno ha acordado con los sindicatos europeos de la Función Pública formalizar el diálogo social en el sector público durante el mandato de España en la Presidencia Europea a través de un acuerdo que contempla la creación de un Comité de Diálogo Social interestatal.

Así lo puso de manifiesto hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández De la Vega, tras la reunión que mantuvo en Moncloa con los representantes de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) y los sindicatos españoles CC.OO. Y UGT.

El acuerdo ha sido firmado por la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, la secretaria general de FSESP, Carla Fischbach-Pyttel, el secretario general de la FSC de CC.OO., Enrique Fosul, el secretario general de la FSP de UGT, Julio Lacuerda y representantes de CSI-CSIF.

A partir de este acuerdo, el Gobierno promoverá los contactos necesarios con el resto de los estados miembros de la UE para impulsar el proceso de diálogo social, elaborando un reglamento interno y un programa de trabajo que permita la formalización del mismo.

Para conseguirlo, se creará un grupo de trabajo del que formarán parte representantes de las federaciones europeas de sindicatos y los diferentes estados miembros.

Durante el encuentro, De la Vega también repasó con los representantes sindicales los objetivos y retos de la presidencia española en materia de administraciones públicas, como el convencimiento de que el papel del sector público debe ser "crucial" como motor de crecimiento y eficiencia.

Por este motivo, De la Vega consideró que los trabajadores del sector público tengan voz a la hora de establecer las políticas y adelantó que el Comité tendrá como objetivo alcanzar un acuerdo supraestatal que haga de la administración europea un modelo y un elemento activo de la economía sostenible al servicio de los ciudadanos.

En este sentido, afirmó que el acuerdo firmado en España en el mes de septiembre para la Función Pública es un "buen punto de partida", ya que contempla medidas de gran calado destinadas a mejorar la calidad, eficacia y la productividad de la administración.

A su parecer, estos objetivos "entroncan" con el nuevo modelo de administración europea que persigue la presidencia española para crear una administración más "cercana" a los ciudadanos que tienen derecho a recibir unos servicios "eficaces y de calidad".

De la Vega tachó el encuentro de hoy de "fructífero", ya que todos han demostrado que comparten el mismo "punto de partida", y resaltó el valor del diálogo social como método para conseguir avances en materia económica. En este sentido, agradeció el "gran sentido de la responsabilidad" que están demostrando los sindicatos contribuyendo a salir de la crisis y sentar las bases del nuevo modelo de crecimiento, ya que el diálogo y la concertación deben ser "sin duda" las principales herramientas para poner en marcha el nuevo modelo.

Por su parte, Fischbach-Pyttel mostró su "satisfacción" por el acuerdo firmado ya que, en tiempos de crisis, el papel de la Administración es "especialmente importante" para los ciudadanos. Además, reconoció que en España la acción sindical ha dado lugar a numerosos acuerdos importantes y consideró que el acuerdo de hoy da una "señal política muy fuerte".

DIÁLOGO SOCIAL EN ESPAÑA.

En otro orden de cosas, la vicepresidenta primera se refirió al diálogo social en España y aseguró que se recuperará "en los próximos días" porque considera este elemento un "eje fundamental" para avanzar en materia económica. "Así seguirá siendo", añadió.

Sobre si los problemas de las empresas del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, pueden dificultar el diálogo, recordó que la designación de los representantes de empresarios y sindicatos sólo incumbe a las propias organizaciones y que el Gobierno trabajará con aquellos que ocupen esos puestos.

CSI.F Y CEP FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN DE CARÁCTER INDEFINIDO

 El Presidente Nacional de CSI.F, (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), Domingo Fernández Veiguela y el Secretario General del CEP, (Confederación Española de Policía), Ignacio López de la Torre, firmaron ayer por la tarde, en la sede nacional de CSI.F, en la calle Maudes, 15, un protocolo de colaboración, con el objetivo de sumar esfuerzos en las actividades propias de ambas organizaciones sindicales, y en beneficio de sus afiliados, trabajadores públicos al servicio de los ciudadanos.

Tanto el Presidente Nacional de CSI.F, como el Secretario General del CEP, han valorado muy positivamente el acuerdo alcanzado para la consecución de los intereses de ambas organizaciones y han estimado que supone un ingente número de oportunidades para las que este protocolo, es, sin duda, el punto de partida.

Un punto de partida que posibilitará, entre otras cuestiones, la prestación de una mutua y permanente colaboración por parte de CSI.F en materia de formación y comunicación, así como la experiencia en materia internacional, dada la presencia de CSI.F en las distintas organizaciones supranacionales.

El CEP por su parte aportará sus conocimientos y experiencia en el ámbito profesional policial, en cuanto al incremento del nivel de formación de los afiliados de CSI.F. Se creará además, un Foro de encuentro para debatir la reforma de la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que permita llevar al Gobierno de la Nación el modelo policial propugnado por ambas organizaciones.

Asimismo acuerdan el apoyo mutuo en estas acciones y en aquellas iniciativas de carácter reivindicativo, de mejora o de desarrollo de las condiciones laborales de los miembros de las FCS que estimen oportunas. Sin duda este acuerdo redundará en beneficio de los afiliados de ambas organizaciones sindicales y será un fuerte impulso para lograr unos servicios públicos acordes con las necesidades que la sociedad de nuestros días demanda y para reforzar el papel de unos trabajadores públicos en consonancia con estas necesidades.

Jubilarse en torno a los 55 años rejuvenece

La investigación, recogida por "The Lancet", se basa en las estimaciones personales de más de 14.700 empleados de la compañía nacional de gas y electricidad de Francia; un 79% eran hombres. Con una periodicidad anual, los participantes rellenaron distintos cuestionarios en los que valoraron su salud durante un periodo de 15 años (siete antes de retirarse y siete después de la jubilación).

Los investigadores, procedentes de distintos centros europeos (como la Universidad de Estocolmo o Londres) y liderados por Hugo Westerlund, detectaron que la salud de los que se retiraron en torno a los 55 años mejoró marcadamente. "Entre el año anterior a la jubilación y el posterior, la prevalencia de una salud inadecuada cayó de un 19,2% a un 14,3%, lo que supuso una ganancia de unos ocho o 10 años de salud", indican.Este "rejuvenecimiento" se detectó tanto en hombres como en mujeres y su efecto se mantuvo hasta siete años. Tan sólo un 2% de la muestra no experimentó este efecto protector de la jubilación; se trató principalmente de "sujetos con un alto cargo, baja demanda y alta satisfacción en el trabajo".

Durante los tres años anteriores a retirarse un 72% lo hizo antes de los 56, un 11% sufrió depresión, un 29% presentó dolores musculoesqueléticos y un 32% faltó más de 21 días por enfermedad. Estos factores mejoraron en la mayoría de los que se jubilaron pronto y que no estaban satisfechos en su trabajo.

Los menos satisfechos con su trabajo fueron los que más se beneficiaron "Las altas exigencias, físicas o psicológicas" se relacionaron con una peor salud. Sin embargo, tras dejar el empleo, aquella presión se tradujo en una mayor probabilidad de disfrutar de los beneficios de la jubilación.

Según los autores del documento, uno de los principales puntos fuertes de su trabajo se basa en que se recopilaron datos de las mismas personas de forma anual, lo que permitió ver cómo fue evolucionando su salud, a la vez que se valoraron sus jornadas laborales. Frente a estas consecuencias perjudiciales los investigadores se muestran optimistas: "Cuando es muy exigente y poco satisfactorio, el trabajo supone una carga añadida para nuestra salud. Pero, los efectos de este peso son reversibles". En un comentario adjunto, también aparecido en "The Lancet", se incide en que las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa francesa no siempre se dan en todas las empresas. Los participantes pudieron jubilarse de forma temprana y conservando un 80% de su pensión. Por eso, sería una buena idea contrastar los datos en investigaciones similares realizadas en otros ámbitos.

A pesar de ello, los firmantes de este artículo de opinión, procedentes de la Universidad de Düsseldorf (Alemania), subrayan el valor del estudio. "Sus resultados sugieren que la calidad de las tareas y del trabajo afecta fuertemente a la percepción de la salud y, por tanto, contribuye a la intención que tienen las personas de abandonar su empleo lo antes posible".

En este sentido, coinciden con los autores del documento científico en recomendar a las autoridades que mejoren las condiciones laborales (si lo que quieren es que los trabajadores se jubilen lo más tarde posible).

Elogio al fracaso

Ser empresario significa asumir riesgos, y el riesgo supone necesariamente fracasar en ocasiones. Cualquier persona que haya arriesgado, habrá conocido éxitos y derrotas, las dos caras consustanciales de su actividad. En España tenemos alergia al fracaso, y castigamos socialmente a los que consideramos perdedores. ¡Qué razón tiene el refrán de hacer leña con el árbol caído! Tenemos aversión a arriesgar, en gran parte por el atávico pavor a perder.

Esa es una de las principales razones de la bajísima tasa de empresarios de este país nuestro, en el que una mayoría abrumadora de jóvenes siguen prefiriendo opositar a embarcarse en una aventura empresarial. Y esa tendencia se está acentuando en esta crisis pavorosa, que tantas ilusiones se llevó por delante. ¡Míralo – murmuran muchos con sádica satisfacción – se creía alguien y fíjate como está el pobre, arruinadito perdido! ¡Niño, niña, dejaros de aventuras e iros para lo seguro que mira lo que le pasó a fulanito, que se iba a comer el mundo y le acaban de embargar la casa. ¿Quién querrá ser empresario? Muchos son los que se regodean ante la imagen de los muchos emprendedores que lo están pasando mal o que, sencillamente, se han arruinado durante estos años aciagos. Nadie tiene compasión con ellos. Se les considera apestados, se les mira con conmiseración en el casino del pueblo, se les acusa de avaricia desmedida y ambición cruel. Incluso, de ser los responsables de la crisis. Sus familias, avergonzadas, dejan de asistir a sus reuniones sociales habituales. No pueden soportar la humillación de verse derrotados ante los que antes le alababan.

Cientos de miles de empresas han cerrado, con el consiguiente dolor para los trabajadores despedidos – a los que tenemos que ayudar en lo posible – y para sus promotores. Dado que la inmensa mayoría de nuestras empresas con muy pequeñas, e incluso unipersonales, podemos figurarnos la dramática situación por la que estarán pasando esos autónomos y empresarios a los que no les queda ningún derecho tras el cierre de su negocio, salvo el oprobio y la desesperación. Desde aquí nos acordamos de ellos, y les pedimos que no se arrodillen. Los necesitamos. Que luchen contra viento y marea para volver a levantarse. Muchos lo conseguirán a base de raza y casta.

Tenemos que reivindicar el fracaso. Necesitamos muchas más personas que se atrevan a arriesgar sus patrimonios para construir empresas con las que cimentar la riqueza de nuestra sociedad. Y si un porcentaje de ellas fracasan en su intento, no pasa nada. ¡Que vuelvan a intentarlo de nuevo! En EEUU incluso se considera el fracaso como una buena experiencia para un curriculum. Es la única garantía de que no volverá a incurrir en lo mismo. Si nadie arriesgara, no existirían fracasos puntuales, la que fracasaría sería la sociedad en su conjunto. En España precisamos más fracasos. Será la evidencia de que muchos éxitos también están teniendo lugar. Debemos hacerle un lugar al fracaso en nuestra escala de valores. No existe el progreso sin su compañía.

Gerardo Díaz Ferrán, como tantos otros empresarios, tiene graves problemas con algunas de sus empresas. Puede acabar en la ruina. O no. Sólo el tiempo lo dirá. Es impresionante el ejercicio de dignidad que está ofreciendo, dando la cara y asumiendo los hechos. Nadie recuerda ahora que, hace unos años, vendió una de sus empresas y obtuvo por ella doscientos millones de euros. Podía haber vivido como un marajá el resto de sus días, pero decidió invertir ese dinero y arriesgar en nuevos negocios. Uno de ellos fue Air Comet, que llegó a contratar casi mil personas. Por diversos motivos la empresa fracasó. ¿Hizo entonces mal en crearla? Díaz Ferrán lo puede perder todo. ¿Perdería España si muchas más personas decidieran arriesgar todo su patrimonio en crear empresas y actividad, aunque fracasaran un porcentaje de ellas?

El dia 16 de Enero se celebrara GobCamp en el Citilab

GobCamp se define como una AAPP Unconference, para todos los trabajadores de la administración pública española y las personas interesadas en ella. También se define como un BarCamp, donde todos los participantes son iguales, porqué todos tienen algo que explicar y compartir. El objetivo es debatir sobre el futuro de la administtración pública.

Definición extraída de la web de GovCamp

Es una AAPP Unconference, para todos los trabajadores de la administración pública española y las personas interesadas en ella. Es un BarCamp así que todos somos iguales, todos tenemos algo que explicar y compartir.

Porque somos muchos que queremos que la administración pública haga un cambio, que se convierta en una administración abierta, ágil, dinámica, transparente, colaboradora, participativa, próxima al ciudadano, que sea un banco de conocimiento compartido y con una estructura horizontal.

El objetivo principal es reunir a todas las personas que estamos intentando que las cosas tomen otra dirección en la administración, para debatir y reflexionar sobre las actuaciones que se están llevando a cabo.

El cambio social está ahí, el ciudadano y el trabajador lo van a hacer posible, lo van a exigir y la AAPP no podrá ignorarlo, deberá adaptarse.

Este evento se celebrará el 16 de Enero en el Citilab-Cornellá de 09:00 a 20:00, para registrarse o pedir más información http://gobcamp.com/

Caen las inspecciones en materia de prevención

Crecen las inspecciones a empresas por denuncia de trabajadores y caen las que luchan contra la prevención de riesgos laborales. Son datos de la actividad de la Inspección de Trabajo durante el primer trimestre de este año. Al caer la actividad en la construcción la Inspección ha reorientado sus actuaciones hacia el ámbito de las relaciones laborales, donde están creciendo los problemas entre trabajadores y empresarios.

Aunque las actuaciones para detectar fraudes a la Seguridad Social y el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos siguen representando dos tercios del trabajo de la Inspección de Trabajo, la crisis ha obligado a reorientar parte de sus actuaciones.En el primer trimestre del año, se han incrementado un 40% las inspecciones en el ámbito de las relaciones laborales por dos motivos: se han disparado los expedientes de regulación de empleo (que requieren informes de la Inspección) y han aumentado las denuncias de trabajadores porque aseguran que sus empresas no pagan los salarios o les obligan a hacer jornadas más largas sin contraprestación. Por este motivo se han impuesto sanciones valoradas en 7 millones de euros, una cuantía que multiplica por cuatro la del año pasado.

También han aumentado las actuaciones contra empresas que no colaboran con la Inspección, ya sea porque no aportan la información necesaria o porque impiden el trabajo de la Inspección. Fruto de las actuaciones de la Inspección de Trabajo, entre enero y marzo se han impuestos 21.700 sanciones valoradas en 61 millones de euros.

El CGPJ analiza con los jueces un sistema de prevención de riesgos laborales

Así lo ha indicado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, quien ha explicado que los jueces y magistrados no tienen un sistema para atender a los problemas derivados del ejercicio de sus funciones cuando si está previsto para los funcionarios de la Administración de Justicia. En declaraciones, los representantes de las asociaciones de jueces han asegurado al finalizar la reunión que es fundamental que se empiece a trabajar en esta materia. "Hoy hemos iniciado el camino para desarrollar ese sistema", ha explicado a los periodistas Bravo, que considera de gran importancia que se puedan atender las consecuencias que podrían derivarse de la excesiva carga de trabajo, del estrés y de la insalubridad de muchos juzgados. Según Bravo, las asociaciones formarán parte de una comisión de seguimiento con el fin de garantizar los derechos derivados de esta protección social, lo que ha sido acogido con satisfacción por éstas. José López García de la Serrana, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -mayoritaria en la carrera-, ha indicado que el citado borrador es positivo, ya que "es una reivindicación de los jueces desde hace tiempo". "Más vale tarde que nunca", ha añadido López García de la Serrana, quien ha hecho hincapié en que todas las empresas tienen un plan de prevención, mientras que los juzgados no. Igualmente se ha pronunciado el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, para quien, no obstante, hay que dotar de contenido al convenio que les ha presentado esta mañana el Consejo. Por su parte, Marcelino Sexmero, de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que las asociaciones judiciales formen parte de la comisión de seguimiento. Además, el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Benito Raboso, ha destacado que lo mostrado por el CGPJ a los jueces es únicamente un instrumento base para empezar a trabajar y llegar a un acuerdo con Justicia. "Es una declaración de intenciones, luego hay que desarrollarlo", ha concluido. En esta reunión, según Bravo, también han analizado con los jueces un borrador de un Reglamento de Asociaciones Judiciales y se ha llegado "más o menos" a un acuerdo sobre el cobro de las retribuciones variables correspondientes al año 2008. Este encuentro se inscribe en el marco de la actividad que el CGPJ desarrolla para lograr acuerdos en el proceso de reforma de la Justicia.