De jueces no humanos y las tonterías de Javier Marías

Lamento tener el defecto de rebelarme frente a la infamia y la lectura del reciente artículo publicado en el Dominical del País Semanal (8/02/2015) por Javier Marías, bajo el titulo “Jueces no humanos” y subtitulado “Hay no pocos jueces que no disimulan nada, y a los que no preocupa lo más mínimo manifestar síntomas de locura” merece un comentario como respuesta a un artículo pobre, pretencioso y que dice poco, o mucho según se mire, de quien lo firma.

Escuchemos las perlas que destila el artículo de quien se alza en “juez de jueces”, aunque recomiendo su íntegra lectura, pese a que como todo panfleto tienda a ser leído parcialmente antes de ser desechado.

1. Estos son algunos fragmentos del artículo.

No es que los jueces hayan sido nunca demasiado de fiar.”

Pero ahora hay no pocos jueces que no disimulan nada, y a los que no preocupa lo más mínimo manifestar síntomas de locura o de supina estupidez. Uno se pregunta cómo es que aprueban los exámenes pertinentes, cómo es que se pone en sus manos los destinos de la gente, su libertad o su encarcelamiento, su vida o su muerte en los países en que aún existe la pena capital.”

La epidemia de jueces lunáticos se extiende por todo el globo”

Y a ellos sí (-jueces argentinos-), pese a su desvarío, habría que reconocerles el derecho al habeas corpus, faltaría más. Confío en que la orangutana (ya puestos) sea proclive a concedérselo. No vería gran diferencia si fuera ella quien vistiera la toga y enarbolara el mazo con el que dictar sentencias. La capacidad de raciocinio de la una y los otros debe de ser bastante aproximada.”

 

2. El primer error del Sr. Marías es de principiante, pues eleva la anécdota a categoría.

Como hay unos jueces en argentina que ponen una sentencia que se le antoja un disparate y como un juez español dictó una sentencia que no entiende pues, resulta que según su reflexión, “hay no pocos jueces que no disimulan nada y a los que no preocupa lo más mínimo manifestar síntoma de locura”. O sea, el salto del caso concreto a la ley general. Toma ya. Como un médico en Pekín cortó la pierna equivocada “hay no pocos jueces mutiladores en el mundo”.

Debería el Sr. Marías repasar las leyes de la lógica pues los estudiantes poco avezados de primaria ya saben que una oveja negra en el rebaño no implica presumir que todas las ovejas del mundo son negras.

 

3. El segundo error del Sr. Marías, y da sonrojo exponerlo, es que pese a ser miembro de la Real Academia de la Lengua Española, parece no utilizar bien los pronombres pues lo suyo sería afirmar que “algún” o “algunos” jueces se equivocan o tienen síntomas de locura, pero no es lo mismo que decir que “no pocos” jueces tienen síntomas de locura.

Veamos. A mi particular juicio como lector que no va mas allá de las veinticinco páginas de cualquier novela si no le engancha, puedo confesar que el Sr. Marías me parece un escritor “plúmbeo”, un auténtico coñazo. Acepto y respeto a los lectores que disfrutan de los libros del Sr. Marías, pero a mi juicio, para un buen artículo periodístico no basta con juntar palabras y demagogias de café para provocar el goce del lector.

Sin embargo, mi opinión personal sobre el modo de escribir del Sr. Marías no me autoriza a publicar un artículo periodístico que se titule o subtitule “Hay no pocos académicos en la Real Academia que son plúmbeos”.

Así, hay que recordar al Sr. Marías, que “no pocos” está mas próximo a “muchos” que a “algunos”, y por su amplísimo y riguroso trabajo de campo que sostiene su artículo (una sentencia penal sobre el ensañamiento, los exámenes de los Registros Civiles y el caso del Tribunal Supremo venezolano y una sentencia argentina), me parece que su juicio es precipitado por no decir temerario.

Tampoco sería de recibo que yo afirmase que hay una epidemia de “escritores lunáticos”, pues calificar como hace el Sr. Marías a los jueces de “lunáticos” es algo que no se sostiene sobre un “error” o “una decisión jurídicamente discutible”. Creo que esa súbita conversión en psiquiatra experto del Sr. Marías incurre en el mas burdo de los intrusismos y torpeza expresiva.

 

4. El tercer error del Sr. Marías radica en confesarnos que apoya su original tesis sobre  la epidemia de jueces lunáticos,  en cuatro frágiles patas.
 

4.1 El caso del ensañamiento. En primer lugar, considera el Sr. Marías que es un disparate que un juez no considere “ensañamiento” (por cierto en una sentencia penal… ¡de hace una década!) haber asestado setenta puñaladas a la víctima.

Claro, si el Sr. Marías habla con el significado coloquial, puede considerarse que quien asesta sesenta puñaladas “se ensaña” en la víctima.

Pero el Sr. Marías olvida que los jueces tienen que aplicar las Leyes penales que aprobamos todos (no es un capricho) y además las leyes penales no se aplican analógicamente ni con interpretación extensiva, y además según lo marca la jurisprudencia del Tribunal Supremo. De ahí que el ensañamiento como agravante penal (que se suma a la condena del homicidio) para nuestras fuentes del Derecho (de las que no bebe el Sr. Marías) se ciñe a la existencia de una situación de “sufrimiento” de la víctima de un delito cuando todavía “sufre”, esto es, que no ha muerto, de manera que si se demuestra que ya estaba muerto cuando la patean o apuñalan, todas las tropelías que se cometan con el cadáver tendrán otra calificación delictiva, pero no son la agravante de ensañamiento.

O sea, que no hay tal error del juez sino juicio de un profano en Derecho que se mete en terrenos que desconoce. Algo así como si yo me quejo de que el Sr. Marías escriba “huevo” con “hache” cuando todos los ciudadanos lo pronunciamos sin “h”. Será mi opinión, muy divertida en una mesa camilla, pero si pretendo desautorizar a todos los escritores, resultará un error o torpeza clamorosa.

Pero es más, si el Sr. Marías en vez de escribir tonterías se hubiese leído el Diccionario de la Real Academia de la que forma parte (al menos cobra por ello) hubiera leído la definición de “ensañamiento”: Der. Circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en aumentar inhumanamente y de forma deliberada el sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para la comisión del delito”.

Y si lo lee, le quedará claro algo tan elemental, que digan lo que digan las leyes, tampoco hay ensañamiento para la Real Academia si no hay “sufrimiento”.

 

4.2  El caso de los expedientes de nacionalidad ante el Registro Civil. La segunda torpeza la demuestra el Sr.María al apoyarse en las preguntas que se le antojan absurdas y que parece ser que hacen los jueces en los expedientes ante el Registro Civil para la concesión de nacionalidad, en los cuales se hacen preguntas que pueden resultar chocantes o extravagantes.

El Sr. Marías nuevamente nos demuestra su ignorancia jurídica, pese a que ya la dábamos por probada.

Al margen de que nuevamente incurre en la anécdota de la pregunta que se le antoja rebuscada o capciosa (y que no puede elevarse a general) alguien debería enseñarle que una cosa es la actividad jurisdiccional y otra muy distinta la actividad administrativa encomendada a algunos jueces, los encargados del Registro Civil. No confundamos churras con merinas.

Asimismo, los expedientes gubernativos de concesión de nacionalidad, con intervención del juzgado intentan determinar la seriedad y arraigo o conocimiento de la cultura de quien pretende vivir en nuestro país. No se trata de una oposición con temario sino algo mucho mas sencillo, y si el Ministerio o la sociedad quieren un examen estilo oposición pues que se apruebe la Ley o reglamento que así lo imponga. Pero no se le pida al Juez que improvise y actúe cuando la norma no regula su quehacer, insisto, en función administrativa. A lo mejor, al Sr. Marías le parecería mejor que le preguntasen al ciudadano congolés si ha leído alguna obra de Javier Marías (aunque pensándolo bien, si la respuesta es negativa, jugaría en su favor).

 

4.3 El caso venezolano. La tercera torpeza es apoyarse en el dato del Supremo venezolano para considerar que todos los jueces del orbe son lunáticos.

Es evidente que utilizar ejemplos de tribunales venezolanos como utilizarlos de Corea del Norte, no tiene ningún valor para asimilarlo con los españoles.

 

4.4 El caso argentino. La cuarta torpeza es apoyarse en una sentencia argentina que para el Sr. Marías “dictaminaron que una orangutana del zoo era “persona no humana”, con derecho al habeas corpus (como si hubiera sido arrestada) y a circular libremente”.

Al margen de la mayor o menor risibilidad del caso tal y como lo presenta por lo prensa, bien estaría recordar al Sr. Marías que las sentencias judiciales hay que citarlas tras leerlas en su extensión y con fragmentos entrecomillados, pues si no convertimos los titulares adulterados en realidad. Se olvida a bote pronto el Sr. Marías:

A) Es un caso aislado en Argentina, que se aparta de todos los precedentes y por eso ha merecido primera plana.

B) Es un “habeas corpus” o sea, una medida de emergencia para evitar males mayores y no un proceso penal o civil con sentencia definitiva.

C) Ningún juez del mundo es infalible y para eso están los recursos.

D) No es firme y será objeto de recurso y revisión;

E) Es más, si el Sr. Marías se hubiere molestado en hacer un barrido por internet se percataría de que ese mismo caso y orangután fue rechazado judicialmente por el juez de instancia.

Parece que si unos jueces dicen una cosa, y otros la contraria y quedan los terceros dirimentes, es un exceso calificar a todos los jueces (implicados y no implicados, a favor y en contra, argentinos y no argentinos) de lunáticos.

5. En fin, se ve que el Diario El País paga poco y el artículo se corresponde con lo poco que paga a sus colaboradores, o quizás (y me inclino por esta segunda posibilidad) el País paga lo justo y como el artículo pertenece a la literatura-basura, tendrá el Sr. Marías que devolver lo cobrado.

 

6. Yo me comprometería como jurista a no opinar de los novelistas y a cambio que los novelistas no opinen de los jueces. Pero si valiese todo, y me parece que debemos respetar la libertad de expresión, al menos me comprometo a reflexionar y pensar las cosas antes de decirlas con título y subtítulo, y menos mala leche.

 

7. Alguien debería decir al Sr. Marías que hay gente que valora la justicia de este país, que no necesita quien la desmitifique con insidias y visto lo visto, me temo que donde parece que no hay justicia es cuando se nombra a alguien así para la Real Academia de la Lengua o cuando se le deja espacio para estos delirios.

Si el Sr. Marías se pregunta cómo los jueces aprueban las oposiciones yo me pregunto como se obtienen premios literarios y asientos en Academias personas como él. Me pregunto si los requisitos son equiparables en objetividad, aunque la respuesta se me ofrece claramente: el Sr. Marías es víctima de su éxito novelístico, seguramente por derroteros tortuosos dignos de ser novelado por otro, y se cree como el Rey Midas que convertía todo en oro, que cualquier cosa que ponga por escrito en un periódico es dogma de fe. Triste.

 

8. Lo que no es justo son esas generalizaciones pretenciosamente ocurrentes del Sr. Marías en un país con 4000 jueces y mas de dos millones de sentencias anuales, algunas erradas y otras posiblemente no harán justicia porque las leyes parlamentarias a veces conducen a ello, pero en su inmensa mayoría realizadas “con sangre, sudor y lágrimas”, porque no es fácil hacer justicia sino una gran responsabilidad. Y si el Sr. Marías cree que estamos en manos de lunáticos pues bien haría en emigrar a otros pagos.

Mas bien, creo que el Sr. Marías ha tenido una mala experiencia con la justicia y sangra por la herida, pero “tiene que hacérselo mirar”.

También tiene mucho que aprender de su amigo Pérez Reverte quien sabe hablar con contundencia, agudeza y riqueza expresiva, y lo mas importante, sin aburrir y sin sembrar infamias sobre colectivos que de forma callada hacen su trabajo por todos. Y lo peor, que no tienen la plataforma periodística para defenderse frente a otros que están en nómina.

Y si quienes están en nómina no tienen ideas para escribir esa crónica semanal, por favor, que se busquen otro mono o se miren al espejo para inspirarse.

 

En fin, pido disculpas a mis lectores por el tono y discurso de este post, pero como dije, solo me salgo de la carretera jurídica, cuando veo abusos y atropellos con visos de impunidad.

Secretos, mentiras y belleza de la abogacía: Codex 2015 en la Universidad de Salamanca

Con ocasión de la celebración de las fiestas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, las populares fiestas del Codex, que cuentan con fiestas, juegos así como otras actividades lúdicas y formativas, el Decano de la Facultad de Derecho, D. Ricardo Rivero Ortega, ha tenido la amabilidad de invitarme a impartir una conferencia o charla en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho (Campus Miguel de Unamuno, Paseo de Francisco Tomás y Valiente, s/n, 37007 Salamanca), el próximo martes, día 17 de Febrero a las 16,00 horas sobre tema tan vivo y sugerente como “Secretos, mentiras y belleza de la abogacía”. Casi nada.

Aunque ya me suelo ocupar de la vertiente de la profesión de los abogados en este blog así como en el reciente libro escrito en colaboración con Juan Manuel del Valle Pascual, “Abogados al borde de un ataque de ética” (Civitas – Thomson Reuters, 2014), en esta importante ocasión me esforzaré en transmitir a la sangre joven de los futuros abogados los desafíos que les esperan las claves que, a mi juicio, pueden ayudarles en tan noble profesión.

Así pues, la asistencia al acto es libre y serán bienvenidos tanto los jóvenes juristas como los veteranos, confiando en provocar la sorpresa en aquéllos y la sonrisa de éstos.

Al fin y al cabo las fiestas de Carnaval no impiden unas dosis de sana palabrería sobre el variopinto mundo jurídico y el escenario procesal donde no faltan ocasiones para la carnavalada y la sorpresa.

Debo hacer constar mi entrañable recuerdo a la ciudad de Salamanca, que fue la cuna de mi familia y en la que serví a su Universidad como letrado durante varios años, además de cosechar buenos amigos y contar con recuerdos cariñosos hacia muchísimos profesores y funcionarios que me ayudaron de muchas maneras. Anécdotas y vivencias a raudales, custodiadas en mi memoria con mimo similar a como la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca custodia sus cuatrocientos incunables.

De hecho, me atreví a elevar mi visión de la Universidad de Salamanca para festejar su VIII Centenario, en el próximo 2018.

En este punto no me resisto, para goce de los lectores, en traer a colación la anécdota histórica de tan meritoria Universidad, referida a los “Libros redondos y gordos” que son los diez globos, celestes y terráqueos, que se conservan en la Biblioteca Histórica. Cuatro de ellos, fueron adquiridos en su viaje a París por el que fuere Catedrático de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, Torres Villarroel (1693-1770), según nos informó Antonio Arias en un ameno post, y como el contable que hacía las veces de interventor por entonces, se opuso a prestar conformidad a la gastos de adquisición de tales globos puesto que la partida presupuestaria era únicamente para “libros”; pues bien, el ingenioso Catedrático hizo constar que eran “libros redondos”, para sortear el reparo y convencer al Claustro, lo que demuestra que “quien hace la ley, permite que otro haga la trampa”. Además se preciaba de adivinar el futuro y parece, a la vista de la situación actual que no iba mal encaminado cuando titulo a un soneto “Los ladrones mas famosos no están en los caminos”.

Y dando un salto en el tiempo hacia el siglo XXI y retornando al evento del Codex, como es de bien nacidos, debo y quiero plasmar mi agradecimiento personal al Decano de la Facultad de Derecho, y Catedrático de Derecho Administrativo, Ricardo Rivero Ortega, que pese a su juventud nos ha enseñado mucho con su prolífica obra, siendo especialmente admirable su valentía en adentrarse en ese territorio poco explorado pero de creciente protagonismo en la vida pública y privada, que es el Derecho Administrativo Económico.

¡Hasta el martes, en Salamanca!.

Retroceso en la negociación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos

 No es frecuente que las Sentencias del Tribunal Supremo cuenten con votos particulares. Menos aún que tales sentencias marquen el territorio en un ámbito tan relevante como son las fronteras o límites del derecho a la negociación por los sindicatos con la Administración.

Es el caso de un puñado de recientes sentencias que versan sobre el mismo objeto impugnatorio el Reglamento Orgánico y Funcional de una Consejería autonómica, y niegan que tales determinaciones de deban ser objeto de negociación. El Supremo interpreta nada menos que el art.37.2 del EBEP cuando utiliza la siguiente fórmula: “Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación las materias siguientes: a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.

Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto”.

Así el Supremo centra la cuestión litigiosa en estos términos: “Y todo ello ya circunscribe la controversia a la siguiente cuestión: si al regular junto a los servicios de la Consellería las funciones que a cada uno se le asigna, se están también regulando las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 37.1 del Estatuto Básico. del Empleado Público.”

 1. El caso es importantísimo pues hay que recordar que según los arts.7 y 10.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) la creación, modificación y supresión de unidades administrativas, cuando no tengan la consideración de órganos, se realiza a través de las relaciones de puestos de trabajo (art. 10.3), de manera que existe una vinculación íntima entre “unidades administrativas” y “puestos de trabajo” a lo que se une el crucial dato de que la Administración había acometido la definición de funciones de tales unidades. La cuestión es si las decisiones de reestructuración, creación o supresión y modificación de órganos, y funciones asociadas a los mismos, requiere la previa negociación con los sindicatos o si por el contrario la potestad de autoorganización las inmuniza, y no precisan de tal negociación.

 

2.Tales sentencias de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo ( por todas, la Sentencia de 19 de Diciembre de 2014 (rec. 113/2014), revocan otras tantas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y afirman:

 “Sin embargo, en el criterio de esta Sala, no es posible la creación de servicios de una Consellería sin asignar las funciones correspondientes, y será posteriormente, una vez han sido creados estos servicios y asignadas las funciones que les corresponden mediante una decisión que tiene un marcado carácter organizativo, cuando habrá que negociar, a través de las RPT u otros instrumentos, las condiciones en que el trabajo de esos nuevos servicios tendrá que realizarse.

 Y así ha de ser considerado porque, si la mera creación o supresión de servicios tuviera que negociarse, la exención de la necesidad de negociar las decisiones organizativas carecería de eficacia alguna.

 Dicho todo lo anterior desde el plano de la interpretación de la ley actualmente vigente, pues nada impediría que también para este caso estuviera prevista legalmente la negociación, aun cuando la Administración gozara luego de potestad organizativa plena.”

 

Por tanto, para el futuro la decisión de creación, supresión o modificación de “plazas”, “unidades” u otras determinaciones orgánicas, que vengan de la mano de reglamentos orgánicos, estructuras orgánicas o similares, quedan extramuros de la negociación con los sindicatos.

Ello sin perjuicio de que cuando se acometan las adaptaciones o modificaciones por las Relaciones de Puestos de Trabajo, éstas si deben seguir siendo negociadas.

 

 3. A mi modesto juicio, esta interpretación es correcta.

  Basta tener presente la letra del citado art.37.2 EBEP. Recordemos: “Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones…”. Así, a mi juicio si se impone negociar “ dichas condiciones”, es cosa distinta de negociar “dichas decisiones”. 

  Además añadiría de cosecha propia, que el art.11 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Administraciones Públicas se ocupa mediante norma básica de los requisitos de creación de los órganos administrativos imponiendo el apartado c) del art.11 la “delimitación de sus funciones y competencias” , de manera que tal regulación especial, sin requisito alguno de que se negocie tal decisión orgánica, prevalece sobre interpretaciones extensivas de la regulación sectorial de la negociación de las condiciones de trabajo.

Y es que, en efecto, una cosa es crear o modificar una plaza y otra determinar sus “condiciones”. Por ejemplo, se puede crear una plaza de “cartero” y enumerar sus “funciones” ( repartir, etc). Lo que se negociarán serán los efectos de crear esa plaza de “Cartero” con esas funciones ( horario, modo, uniforme, etc.).

O sea, la ingeniería orgánica y “engranajes” de la estructura de funcionamiento de la Administración es decisión de oportunidad de la misma, sin espacio para la negociación con los sindicatos.

 

4.  Por tanto, pese a lo razonado del voto particular de dos magistrados, a esta doctrina habrá que estar en el futuro. Eso sí, debiendo evitarse que la Administración incurra en el fraude de “vestir con el hábito de estructura orgánico a quien no es monje” pues la tentación está cantada para algunas autoridades desaprensivas. O sea, aprovechar para introducir en el reglamento orgánico o en la estructura orgánica, “condiciones de trabajo” so pretexto de formar parte de las “funciones”, y de este modo huir de la negociación sindical. Pero insistamos: las funciones es “qué” se hace, y las “condiciones” es “cómo” se hacen. Fácil de entender.

 

5. Y así no olvidemos que los sindicatos siguen  estando legitimados para impugnar tales acuerdos orgánicos, aunque no por la falta de negociación, sino por otros motivos de legalidad, desviación de poder o similares. Y es que no debemos olvidar que el mismo Tribunal Constitucional en su STC 203/2002, de 28 de octubre ,  constataba que:

hemos reconocido la existencia de ese interés específico para recurrir un Acuerdo de la Junta de Gobierno de una Universidad aprobatorio de la dotación de determinadas plazas de profesorado (STC 101/1996, de 11 de junio FJ 3); para impugnar el sistema de provisión de una plaza de Jefe de la policía local en un Ayuntamiento (STC 7 /2001, de 15 de enero , FJ 6); para impugnar las bases de la convocatoria de un concurso-oposición para la provisión de plazas de bomberos de una Diputación Provincia (STC 34/2001, de 29 de enero , FJ 4); o para recurrir el Acuerdo del Pleno de una Ayuntamiento que aprobaba la plantilla orgánica del mismo  (STC 84/2001, de 26 de marzo , FJ 4). En todos estos supuestos entendimos acreditado tal interés por la conexión entre los fines y la actividad del sindicato (la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores) y el objeto del pleito, centrado en actividades relacionadas con la organización administrativa. Es más, expresamente declaramos que el hecho de que un acto sea manifestación de la potestad organizativa de la Administración poco o nada explica sobre la existencia o inexistencia de legitimación procesal, porque poco no nada dice de la titularidad de intereses legítimos del sindicato ( STC 7/2001, de 15 de enero , FJ 6)”

En fin, confiemos en la sensatez.

El delito de prevaricación reverdece jurisprudencialmente

A veces nos tropezamos con sentencias de condena penal por prevaricación que deberían ir enmarcadas en el despacho de los Alcaldes y Presidentes de entes públicos, entre la bandera y el retrato del Rey.

Al fin y al cabo, la legalidad es cosa seria, y es fundamento del poder que ejercen las autoridades públicas, por lo que es gravísimo que de forma deliberada se atrevan a ignorar los informes de los funcionarios, para saltarse chulescamente el procedimiento y realizar pagos con cargo al presupuesto.

Es cierto que la época del “vale todo”, “tira que libras”, “nunca pasa nada” ha sido desplazada por la crisis económica por una etapa de hiper-responsabilidad de los mandatarios públicos que se sienten en libertad vigilada por las leyes de estabilidad, sostenibilidad y similares tenazas de control económico-financiero. Así y todo, no está de más que para aviso de navegantes, la misma Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deje claras cuales son las reglas del juego. Y ello con mayor razón cuando en las próximas elecciones locales posiblemente habrá cambios de ediles, muchos de los cuales, intentarán aplicar sus programas contra el viento y la marea de la densa legalidad que enjaula la autonomía económico-financiera local.

En esta línea, la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 24 de Noviembre de 2014 (rec.729/2014) marca un rumbo de control duro de la prevaricación, mas allá de la laxitud que en otras ocasiones parecía animarle como comentamos en algún caso sangrante. Esta reciente sentencia confirma a su vez la Sentencia de la Audiencia Provincial en el particular relativo a la condena a un Alcalde como autor criminalmente responsable de un delito de prevaricación administrativa, tipificado en el art. 404 del Código Penal , y ello como consecuencia de dos resoluciones administrativas -decretos de pago- a favor de un empresario con cargo al presupuesto del Ayuntamiento.

Pero veamos con detalle esta Sentencia que encierra un Manual de urgencia sobre la Prevaricación administrativa ya que por un lado, perfila las exigencias jurisprudenciales de lo que es “prevaricación” deslindándolo de figuras afines, y por otro lado, va desmontando con soltura y racionalidad práctica las defensas del que fuere Alcalde, y que son típicas de ratoncito acorralado y que nos resultarán familiares a quienes tenemos esta extraña afición de entomólogos de la cosa pública.

 I. El entonces Alcalde intenta demostrar que no se enriqueció, sino que fueron gastos que redundaron en el bienestar municipal y se contabilizaron. El Supremo precisa que no se trata de delito de malversación ( o sea apropiación) sino de prevaricación ( decisión ilegal a sabiendas).

    No se imaginan la de veces que he oído a una autoridad pública que quiere saltarse la Ley por el interés general ( convertido en brujo que interpreta ese “interés general” a su gusto) y que “mientras no robe” no pasa nada, creencia que lamentablemente tiene reflejo en buena parte de la opinión pública que consideran un pecadillo venial saltarse la Ley si mejora la ciudad o se resuelve el problema concreto.

Oigamos la respuesta del Supremo:

 De hecho no se está condenando por malversación de caudales públicos (como sería procedente en la tesis de que los pagos carecieran por completo de contraprestación), sino que se está castigando por el hecho de que el acusado ni contrató con arreglo al procedimiento público procedente con el Sr. Fausto , ni existía expediente de contratación, ni se le habían adjudicado a Fausto contrato alguno, ni había consignación presupuestaria para la realización de esos trabajos que realizó, y que al final no supusieron más que la elaboración de un folleto y un borrador de unos pocos folios. Como dice el Fiscal, la gravedad de la arbitrariedad del alcalde se pone de manifiesto al desoír las advertencias (orales y luego escritas) del Secretario Interventor del Ayuntamiento, que le ponía de manifiesto la ilegalidad de tal proceder. La Sentencia, en su Fundamento Jurídico Segundo hace referencia a estos aspectos.

 Como hemos dicho, la razón del fallo condenatorio se encuentra en la falta en absoluto de procedimiento administrativo para el pago, en la inexistente consignación presupuestaria, y en el contundente reparo de ilegalidad del Secretario-Interventor del Ayuntamiento.”

 

II. El Alcalde invoca ignorancia y desconocimiento del informe del Secretario-Interventor . El clásico “ Nadie me informó”.

Nuevamente el Supremo zanja esta excusa:

 Mediante el motivo segundo, y al amparo de lo autorizado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , el recurrente censura la vulneración de la presunción constitucional de inocencia del acusado, alegando un segundo informe del Secretario Interventor del Ayuntamiento en relación con la factura pagada a instancias del acusado por importe de 21.634 euros el día 29 de febrero de 2004, y señala además que el acusado desconocía el contenido del primer informe del Secretario Interventor del Ayuntamiento. De nuevo insiste en que los trabajos por los que se paga al Sr. Fausto se habían realizado, facturado y contabilizado.

 Como dice el Ministerio Fiscal, la normativa citada por el Secretario Interventor en sus informes es clara: solamente pueden pagarse gastos presupuestados ( art. 24 del RD 500/1990 de 20 de abril ). El acusado ignora deliberadamente ese hecho, y alega ignorancia del mismo después de llevar varios años ejerciendo la Alcaldía.

 En efecto, la prueba practicada ha sido abundante, los informes y reparos de ilegalidad en su proceder se encuentran en autos, el secretario municipal acudió al plenario, y en suma, existió una objeción de ilegalidad que ponía de manifiesto que no existía consignación presupuestaria, además de tratarse de facturas cuyo pago no correspondía al Ayuntamiento sino, en todo caso, a la sociedad mercantil municipaliza SUMM, pues a tal publicidad concernían, como hemos visto.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.”

 

III. El Alcalde se escuda en que las cuentas de las sociedad pública, que registraba el gasto ilegal, fueron aprobadas por el pleno, y entonces se convalida el gasto. ( El viejo truco, estilo Fuenteovejuna, y como es fácil meter de matute todos los gastos en las cuentas y mas fácil todavía que se aprueben en el Pleno, pues salvado el reparo por arte de birlibirloque).

El Supremo no traga:

  Como documento literosuficiente, se invoca el contenido del Acta de la Junta General de Accionistas de SUMM, celebrada el 20 de diciembre de 2005, en la que se aprueban las cuentas de la sociedad. Considera que dicho documento convalida los gastos realizados por proveedores y acreedores, por prestaciones de servicios durante febrero del año 2004. y se argumenta que el silencio del Secretario del Ayuntamiento en ese acto de la aprobación de cuentas muestra su aquiescencia con el gasto realizado.

 Como destaca el Ministerio Fiscal, el recurrente pretende que un delito cometido en 2004 deje de serlo por la aprobación de unas cuentas anuales un año después.

 En consecuencia, el documento no tiene ninguna eficacia para alterar el hecho probado.  El motivo no puede prosperar.

 

IV. Finalmente el Alcalde esgrime el clásico escamoteo, a base de insistir en que es una irregularidad administrativa y no un delito penal, aquello es la regla y esto la excepción, que será una infracción disciplinaria pero no delito, que no se pueden matar moscas a cañonazos, etc.

Pues bien, lo primero que me encanta es la contundencia, claridad y brillantez del informe del Secretario-Interventor que desoye al Alcalde, y que es literalmente transcrito en sentencia:

 “ el Secretario-Interventor que suscribe emite el siguiente Informe:

1°) Que en las Dependencias municipales a mi cargo no existe constancia de la tramitación de expediente alguno para contratar dichos trabajos, ni en consecuencia su adjudicación.

 2°) Que no existe consignación presupuestaria que pudiera amparar el gasto.

 3°) Que en consecuencia, no procede el pago de dicha factura, puesto que no pueden adquirirse compromisos de gasto sin existir la correspondiente consignación presupuestaria, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos que adolezcan de dicha norma ( artículo 25-2° del Real Decreto 500/1990, de 20-4-1990 , por el que se desarrolla el Capítulo 1 del Título VI de la Ley 39/1988 de 28-12-1988, reguladora de las Haciendas Locales).

 Además de haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en lo que se refiere a la contratación de los trabajos.

4°) Que el señor Alcalde , en su condición de ordenador de pago, será personalmente responsable del pago, en virtud de lo establecido por el artículo 189 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .”

Mas claro no podía ser el Secretario.

 

A continuación, viene el razonamiento de la Sala con gran despliegue para señalar el perfil y exigencias de la prevaricación. Todo un Manual, preciso y actualizado sobre esta figura delictiva y su enfoque jurisprudencial:

” En ocasiones hemos puesto de manifiesto – STS de 7-1-2003 – la dificultad que comporta la delimitación de la línea fronteriza entre la ilicitud administrativa y la penal, y que con la jurisdicción penal no se trata de sustituir, desde luego, a la jurisdicción contencioso-administrativa en su labor revisora y de control del sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho, sino de sancionar supuestos límite en los que la posición de superioridad que proporcionaba el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano afectado o a los intereses generales de la Administración Pública en un injustificado abuso de poder.

En consecuencia, la STS de 5-3-2003, núm. 331/2003 , nos recuerda que «no basta, pues, con la contradicción con el derecho». Para que una acción sea calificada como delictiva será preciso algo más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas de infracción penal. Este plus viene concretado legalmente en la exigencia de que se trate de una resolución injusta y arbitraria. E incluso esta Sala Casacional se ha referido a veces con los términos de que se necesita una contradicción patente y grosera ( STS de 1 de abril de 1996, núm. 171/1996 ), o de resoluciones que desbordan la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, ( STS de 16-5-1992, núm. 773/1992 y de 20 de abril de 1995) o de una desviación o torcimiento del derecho de tal manera grosera, clara y evidente que sea de apreciar el plus de antijuridicidad que requiere el tipo penal ( STS núm. 1095/1993, de 10 de mayo ).

Otras sentencias de esta Sala, sin embargo, sin abandonar las tesis objetivas, e interpretando la sucesiva referencia que se hace en el artículo 404 a la resolución como arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia, vienen a resaltar como elemento decisivo de la actuación prevaricadora el ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el artículo 9.3 de la Constitución , en la medida en que el ordenamiento lo ha puesto en manos de la autoridad o funcionario público. Y así se dice que se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario dictan una resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Cuando se actúa así y el resultado es una injusticia, es decir, una lesión de un derecho o del interés colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevaricación administrativa ( SSTS de 23-5 – 1998 , 1/1998 ; de 4-12-1998 ; 766/1999, de 18 mayo y núm. 2340/2001 , de 10 de diciembre), lo que también ocurre cuando la arbitrariedad consiste en la mera producción de la resolución -por no tener su autor competencia legal para dictarla- o en la inobservancia del procedimiento esencial a que debe ajustarse su génesis ( STS núm. 727/2000, de 23 de octubre ).

Abundando de nuevo en la tesis objetiva, como se hace en otras sentencias, la prevaricación aparece cuando la resolución, en el aspecto en que se manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley ( STS núm. 1497/2002, de 23 septiembre ), o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor ( STS núm. 878/2002, de 17 de mayo ) o cuando la resolución adoptada no resulta cubierta por ninguna interpretación de la Ley basada en cánones interpretativos generalmente admitidos ( STS núm. 76/2002, de 25 de enero ). Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que la autoridad o funcionario, a través de la resolución que dicta, no actúa el derecho, orientado al funcionamiento de la Administración Pública conforme a las previsiones constitucionales, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable.

Finalmente, el tipo subjetivo del delito exige que el autor actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución. De conformidad con lo expresado en la citada STS núm. 766/1999, de 18 mayo , como el elemento subjetivo viene legalmente expresado con la locución a sabiendas, se puede decir que se comete el delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal , cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración.

Y ello es lo acontecido en el caso, en el que la actuación del acusado, fue advertida de plena ilegalidad, como reiteradamente expone la doctrina de esta Sala Casacional (SSTS 1223/2004, de 21 de octubre ; 1686/2003, de 12 de diciembre ; 878/2002, de 17 de mayo , etc.).

IV. Y colorín colorado, la Sentencia se ha acabado. En fin, parafraseando a la Biblia “Si alguno tiene oídos para oír que oiga”, y añadimos, y si puede leerlo y pensárselo dos veces antes de ningunear un informe que advierte de ilegalidad, pues mejor.

O sea, los informes del Secretario o Interventor importan. Malos tiempos para los informes de complacencia a que me referí en un anterior post. La Jurisdicción Contencioso-administrativa puso en su sitio el valor de los informes preceptivos de los habilitados, y debiendo eludirse la práctica del “puenteo” de la autoridad para apoyarse en informes de otros funcionarios o en los costosos informes de consultoras externas, ya que tanto aquéllos como éstos son útiles si se recaban para forjarse criterio pero no para sortear los informes de los órganos llamados legalmente a asistir jurídicamente y evitar males mayores para los intereses públicos.

Así y todo, queda por recorrer el camino hacia la supervivencia de aquéllos que blindan sus ilegalidades con el ropaje de una Ley o Decreto-Ley, lo que encierra una estrategia que permite sortear la prevaricación y convertirlo en un “cadáver jurídico”, tal y como comenté en un post anterior.

El abogado para todas las horas: Tomás Moro

Erasmo calificó a Tomás Moro (1478-1535), de hombre para todas las horas y se ha dicho que por su ejemplo es abogado para todos los tiempos. Por eso, hoy 7 de Febrero en que se cumple el aniversario de su nacimiento, es oportuno glosar mínimamente a quien supo dejar el ejemplo de la primacía de la conciencia sobre la tiranía y de la inmunidad de la razón moral frente al poder.

Tomás Moro, mas allá de su obra “Utopía” fue un abogado admirado y un juez aclamado, que a diferencia de altísimos cargos jurídicos modernos, no se dejó seducir por los cantos de sirena de dignidades regias ofrecidas por Enrique VIII, y el precio que pagó por no dar su juramento y bendición jurídica a una nulidad matrimonial contra el Derecho entonces vigentes fue su vida. La película “Un hombre para la eternidad” (1966, Fred Zinnemann) refleja espléndidamente la tensión entre principios y creencias religiosas frente al poder del monarca y nobles que le sostienen.

No pretendo cansar al lector con cuestiones históricas pero me atrevería a decir que serán bien empleados diez minutos en leer estos fragmentos de un brillante opúsculo del profesor de Derecho Civil de la Universidad de los Andes, D.Hernán Corral Talciani, bajo el atractivo título “Tomás Moro: un abogado para todas las horas”.

Y dado que quizás no se tiene tiempo para deleitarse con su lectura y transportarse a un tiempo en que la ley, el poder y el pueblo se enzarzaban en sobrevivir a costa de los otros, me limitaré a ofrecer los fragmentos que a mi juicio, deberían permanecer en nuestra mente para íntima reflexión. Nos mostrarán que ni la abogacía ni las insidias políticas actuales están tan lejos de aquéllos sucesos. ¡ No está de más una mirada al pasado!. ¡¡ Adelante amigos!!

1. Un primer resumen de su vida.

“Sus habilidades de abogado lo llevaron al servicio público, como diplomático, como encargado de administrar justicia en la ciudad de Londres, como parlamentario, y miembro del Consejo del Rey, hasta llegar al más alto cargo del reino como Lord Canciller de Inglaterra. Fue el primer laico en ocupar este alto puesto. Las circunstancias políticas comenzaron a serle adversas por su fidelidad a la Iglesia Católica, sin perjuicio de las críticas y deseos de legítima renovación que animaba a los humanistas ingleses. El deseo de Enrique VIII de disolver su matrimonio con Catalina y desposar a Ana Bolena, sería el inesperado “accidente” que desviaría al reino de Inglaterra de la unión con Roma, para terminar dentro de la órbita del movimiento de la Reforma iniciado por Lutero. Sería la hora de las convicciones. Moro, sin incurrir en temeridad o precipitación, renunció a su cargo y pretendió retirarse de la política para dedicarse a la familia y a su devoción. Pero su silencio era demasiado elocuente para un Reino que veía en el gran abogado y juez la representación de la rectitud y la integridad moral.

Compelido a jurar las leyes que legitimaban el nuevo matrimonio del Rey y su nueva calidad de jefe supremo de la Iglesia inglesa, se negó a hacerlo invocando que su conciencia no le permitía tal proceder. Sería juzgado y condenado por traición y ejecutado por decapitación el 6 de julio de 1535.

 

2. Tomás Moro, abogado.

“Como abogado uno de sus mas eminentes biógrafos afirmó que “Tenía condiciones para la actuación, era un excelente orador, manejaba los recursos de la retórica y la argumentación, pudiendo mirar un problema desde distintos puntos de vista y sin cazarse desde un comienzo con una sola solución, era además amante de la ley y del orden y de una severa pero compasiva justicia”

(…) En Moro el abogado está muy metido en su propia personalidad, desde que mezclaba condiciones de actuación, negociación, argumentación en pro y en contra de un determinado partido y un exquisito sentido práctico. Puede llegar a ser agresivo y mordaz, o suavemente persuasivo, pero siempre convincente. Dice Ackroyd que sus textos revelan la tenacidad, la sutileza y el ingenio de sus ataques contra sus oponentes, y que continuamente cambia o extiende su línea de ataque buscando las más pequeñas inconsistencias, encontrando puntos débiles o derechamente burlándose de los errores terminológicos o de fondo del oponente; y concluye “Moro, como abogado, es el súmmum del hombre inteligente y práctico”.

(…) Otra característica de Moro en la que se observa el perfil profesional del abogado, es la capacidad para mirar un problema jurídico desde distintos puntos de vista y contraponer argumentos que miran hacia soluciones opuestas, sin que necesariamente dijera cuál era en definitiva su postura definitiva”

3. Y aquí viene lo que debería ser el proceder de todo abogado del siglo XXI:

“Las crónicas cuentan que cuando le llegaba un cliente se tomaba un buen tiempo en estudiar pormenorizadamente el asunto y exigía que se le dijera toda la verdad. Luego concluía: “si el caso es como me habéis declarado me parece que ganaremos el asunto”. El “me parece” revela que aun en este caso Moro no aseguraba completamente la victoria, sabiendo que el fortuna en juicio no depende exclusivamente del abogado. Pero si pensaba que la ley no favorecía las pretensiones del cliente, se lo decía francamente y le alentaba a desistirse mostrándole la injusticia en que incurriría si prosiguiera el asunto ante los tribunales. Si no lo convencía, lo remitía a otros abogados y no tomaba el pleito”.

4. Tomás Moro, juez.

“Erasmo destaca que como under-sheriff Moro adquirió una reputación de hombre de decisiones rápidas y justas, condonando muchas veces a los litigantes el pago de las costas, de manera que la ciudad le ganó un gran aprecio”.


5. Tomás Moro, Lord Canciller (máxima autoridad jurídica de Inglaterra):

“Como profundo conocedor del Derecho, Moro elevó el nivel de estos tribunales y flexibilizó la interpretación estricta y literal de las leyes. Como Lord Canciller estaba facultado para introducir elementos de equidad en el fallo de los casos, mediante la formación de su conciencia, no arbitrariamente, sino “de acuerdo con las reglas y los fundamentos del derecho”. La forma de entender esta función judicial por parte de Moro generó críticas en los jueces de derecho común que solían seguir los dictámenes de los jurados y aplicar mecánicamente el precedente y las formas procesales”.

Pero veamos ahora como resolvió las quejas de sus colegas jueces:

“Para solucionar el impasse, Moro invitó a cenar a los jueces descontentos en la Cámara del Consejo en Westminster y con ellos examinó detalle a detalle las causas que habían suscitado polémica, hasta verificar que los jueces concluyeron que ellos habrían actuado del mismo modo que Moro. Entonces, el Lord Canciller les propuso que fueran ellos mismos los que moderaran el rigor de la ley mediante una más atenta consideración de la justicia y la equidad del caso y, en tal evento, él se abstendría de modificar las sentencias por medio de sus mandamientos judiciales. Los jueces sin embargo no aceptaron la propuesta. Moro le contó a Roper que presumía que los jueces preferían atenerse al veredicto del jurado y a la ley estricta, para evitar que la críticas de los justiciables se desviaran del jurado hacia ellos. Otra innovación que se debe a Moro, y que revela el aprecio por el oficio de abogado, es que permitió que las partes pudieran comparecer por medio de abogado y no estar obligadas a acudir en persona al tribunal”.

6. Aquí va un pleito zanjado por Moro en forma deliciosa y salomónica. Leedlo, por favor:

“El buen sentido jurídico de Moro y su prudencia como juez quedan bien ilustrados por la anécdota de la disputa sobre un perro, en la que se vio implicada su misma mujer. El perro en cuestión había sido perdido por una mendiga y había llegado a manos de Lady Alice, la que lo había recogido y tomado gran cariño. La mendiga finalmente descubrió el paradero del perro e invocó su derecho sobre el mismo ante el dueño de casa. Moro discurrió un procedimiento para averiguar a quién pertenecía en definitiva el apetecido animal. Le pidió a las dos mujeres que se pusieran en extremos opuestos de una gran sala y colocó el perro al centro. Para desgracia de Lady Alice el perro corrió en búsqueda de su antigua ama, la mendiga, y Moro dictó sentencia a su favor. Lady Alice, sin embargo, no quedó conforme y le ofreció a la mendiga una pieza de oro por la compra del perro, a lo que su dueña accedió gustosa”.

7. Pero veamos como se cocinó la muerte del insigne personaje:

“Después de fracasar en el intento de anular el matrimonio del Rey por medio de un tribunal presidido por el delegado pontificio, el Cardenal Wolsey, el 9 de agosto de 1529, fue arrestado por traición. Moriría luego en la Torre. El puesto de Lord Canciller quedaba vacante y se hacían elucubraciones sobre quien sería el sucesor. El 25 de octubre de 1529, Moro fue notificado de que el Rey le ofrecía el cargo. Es posible que Moro no tuviera especial interés en esta designación (y así lo relata en sus cartas a Erasmo), pero su lealtad al Rey y su afán de servicio estaban por encima de todo y aceptó inmediatamente la responsabilidad. El Rey le entregó el Gran Sello, y el 26 de octubre por la mañana fue conducido en procesión a través de Westminster Hall hasta la Cancillería, acompañado por los grandes Lores, eclesiásticos y laicos.”

8. La lucha entre poder regio y poder moral arrancó:

“Se dio una lucha soterrada entre los partidarios ya no de la anulación del matrimonio del Rey sino de la separación de la Iglesia de Inglaterra del Papa, entre los cuales estaba el Rey, Ana Bolena y sus parientes, y el cada vez más influyente Tomás Cromwell; y aquellos que pretendían disuadir al Rey y mantener la fidelidad con la Iglesia Universal, liderados con cautela y discreción por el mismo Lord Canciller y seguidos por el obispo de Rochester John Fisher, George Thockmorton, Nicholas Wilson y Richard Reynolds. La lucha se centró contra los obispos y el clero de Inglaterra, a los que el Rey amenazó de acusarlos de violar la ley por haberse sometido a una soberanía extranjera al obedecer al Papa”. (…) la batalla se resolvió a favor de los separatistas: el clero se sometió a la potestad del Rey. Tomás Moro vio que ya nada podía hacer en la política, y dimitió como Lord Canciller alegando razones de salud. Era el 16 de mayo de 1532 cuando en el jardín de York Place Moro se encontró por última vez con Enrique, le devolvió el Gran Sello, hizo una reverencia y se retiró. Enrique fingió aceptar de buen grado la renuncia y dejó partir al Canciller dimitido, pero sabía demasiado bien las razones reales de la renuncia para dejar que la historia concluyera aquí”

9. El fatal desenlace era previsible:

“Más adelante, durante el juicio que le tocará afrontar, defenderá la libertad de conciencia para no jurar algo que no se cree, aunque lo mande el Rey y la mayoría del Parlamento y lo aconsejen así doctores, obispos y juristas. La conciencia interior es inviolable, y la ley positiva no debe invadir ese territorio interno en el que cada hombre es soberano.

Moro nos da ejemplo de la actitud de resistencia que debe darse frente a la ley injusta. En las condiciones de la época y ante el poder ilimitado del Rey, Moro no podía ya protestar ni oponerse directamente a la orden de sumisión de la conciencia a la ley injusta, pero sí podía, a riesgo también de su propia vida, no consentir en la injusticia, no hacerse cómplice del atropello a la juridicidad. Su negativa a acatar la ley que mandaba jurar la legitimidad de las leyes de sucesión y supremacía es una resistencia pacífica, no agresiva, pero tremendamente elocuente. Tan elocuente que le costó la vida, y bien estaba Moro preparado para ofrecerla en sacrificio por su amor a la justicia.

Su declaración antes de poner la cabeza en el cadalso de ser servidor leal del rey, pero primero de Dios (King’s good servant, and God’s first), bien puede traducirse en una concepción de todo el Derecho que inspiró su vida: buen servidor de la ley civil, y primero de la justicia”

 

10. Las vísperas de la ignominia fueron duras:

“el Rey impuso la aprobación en el Parlamento y promulgó la Ley de Sucesión (Act of Succession), por la cual se declaraba nulo el matrimonio entre Enrique y Catalina, se señalaba que la reina legítima era Ana Bolena y que sus hijos eran los sucesores del trono.

Se añadía un listado de conductas que envolvían el delito de traición o colaboración con ella, entra las cuales estaba la de difamar o menoscabar a la familia real. Finalmente, se mandaba a todos los súbditos del Rey prestar juramento a los efectos contenidos en la ley.

El 12 de abril de 1534 Moro fue notificado de que debía concurrir el día siguiente al Palacio de Lambeth a prestar el juramento de la Ley de Sucesión.”

11. El debate jurídico de altura.

“Después de la negativa, Moro quedó bajo la custodia del Abad de Westminster, y finalmente el 17 de abril fue confinado en la Torre de Londres. La prisión formalmente era ilegal, ya que no había una ley que penalizara la negativa a prestar el texto del juramento, pero el mismo Cromwell le hizo saber a través de su hija Margaret, autorizada a visitarlo en prisión, que el Parlamento podía seguir legislando. Moro le contesta que “si redactan una ley para perjudicarme, esa ley nunca podría ser legítima”. Pero la ley llegaría: el 4 de noviembre de 1534 el Parlamento aprueba varias normas castigando la alta traición, en las que se incluye a Moro y se le confiscan sus bienes (Act of Attainder 151). El procedimiento seguía siendo ilegal, ya que se castigaba jurar una supremacía que el Parlamento no había declarado. Sólo el 18 de noviembre de 1534 se puso en vigor la Ley de Supremacía, que declara ya sin condicionantes a Enrique VIII como el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra”(…) Moro señaló que no culpaba a nadie de haber jurado, pero que él debía ser fiel a su propia conciencia. La Comisión insistió en que diera las razones por las cuales se negaba acusándolo de obstinación por no explicarlas. Moro que conocía la ley respondió: “si no puedo declarar las causas sin peligro, en tal caso, dejarlas sin declarar no es obstinación”: nadie está obligado a declarar en su propio perjuicio. El arzobispo Cranmer le opuso una objeción importante: si se trataba de una cuestión dudosa, como el mismo Moro reconocía, lo justo es que se inclinase por su deber de obedecer al Rey. La agudeza del argumento es reconocida por el mismo Moro: “este argumento me pareció de repente tan sutil y con tal autoridad… que no pude responder nada, sino sólo que pensaba que no podía hacerlo así, porque en mi conciencia éste era uno de los casos en los que estaba obligado a no obedecer a mi príncipe, dado que cualquier cosa que otros pensaran en el asunto… en mi conciencia la verdad parecía estar del otro lado”.

Se esgrimió, también, que su actitud era temeraria por ir contra la opinión ampliamente aceptada por el gran Consejo del reino. Moro contestó que su criterio se apoyaba en una mayoría más relevante: “el consejo general de la Cristiandad”.

 

12. La cruel elasticidad del Derecho

“Se le arguyó que tanto Fisher -Obispo díscolo con el Rey- como Moro aludieron al ejemplo de una espada de doble filo en sus interrogatorios, en el sentido de que si no juraban perdían su cuerpo y si juraban perdían su alma.”(…) Frente a la objeción de que su mismo silencio prueba una voluntad perversa contraria a la ley, Moro arguye que, al revés, podría aplicarse la máxima del derecho civil: qui tacet consentiré videtur (quien calla otorga, de modo que el silencio más debía interpretarse como una aprobación que como una reprobación de las leyes no juradas. (…) Nada hay en contra de Moro más que este perjurio, en todo caso desvirtuado por el mismo acusado. No obstante, se pasa de la fase expositiva a la deliberativa y se manda a un ujier a llamar al jurado compuesto por 12 miembros que deben consultar la acusación, las pruebas producidas y juzgar si Moro había contravenido maliciosamente la ley. Se retiran para deliberar y quince minutos después vuelven con el veredicto: Moro es declarado “guilty”: culpable. Audley intenta apresurarse a concluir el trámite dictando sentencia, pero el jurista experto que tiene al frente le hace ver que está faltando a una norma del debido proceso según la cual se debía previamente preguntar al acusado por qué en su concepto no debería ser condenado: “Lord, cuando yo administraba justicia en semejantes casos, se acostumbraba preguntar al reo antes de la sentencia los motivos que aducía en contra de ella”. Audley, desconcertado, accede.” (…) Audley pronuncia finalmente la sentencia de condena a ser ahorcado, desentrañado y troceado. El Rey la conmutó por la decapitación en atención a los servicios prestados a la Corte._”

13. Ejecución

La condena se llevó a efecto el día 6 de julio, cuando Moro alcanzaba los 58 años de edad. En el trayecto a la Tower Hill, una mujer le alegó que siendo juez no le había hecho justicia. Con la serenidad y sinceridad de estar en el umbral de la eternidad, Moro contestó simplemente: “Demasiado bien recuerdo tu caso. Si otra vez tuviese que dar sentencia, sería exactamente la misma que antes”. No sin hacer algunas bromas amables a sus ejecutores, el gran abogado pidió a la multitud que rezasen por su alma y declaró que moría como buen servidor del Rey, y primeramente de Dios. No me resisto a dejar mejor sabor de boca con la anécdota de la broma que hizo a sus ejecutores: “Durante la prisión le había crecido la barba, al poner la cabeza en el tajo le pidió al verdugo poder pasar toda la barba que había quedado aprisionada ya “ésta no ha cometido alta traición”

14. Colofón

En apariencia perdió su último pleito, a pesar de haberse defendido magistralmente. Pero para la posteridad lo ganó, porque la injusticia quedó de manifiesto.

Aquí tenéis el texto completo del artículo.

Por algo incluí a Tomás Moro junto a los treinta mejores juristas de la historia en un post anterior. E incluso aludí a su caso al comentar cierto cese de un letrado mayor de libre designación por no gustar sus informes al poder establecido.

Pero mas allá de esta cruel anécdota está la talla del personaje que nos ocupa. Gloriosa.