PRIMER TORNEO DE PADEL CSI·F, YA DISPONIBLES LOS DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN

A través de este evento deportivo CSIF invita a todos sus afiliados a participar en una buena causa en beneficio de la Asociación Andaluza de Acogimiento de Menores en Familia Ajena "ACÓGELES".

El torneo cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Granada y así como el de numerosos colaboradores.

Se celebrará los días 30 de septiembre / 1 y 2 de octubre.Pistas de la Colina.

El precio de la inscripción es de 15 €.

El plazo de inscripción ya está abierto. Esperamos tu participación.

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN:

La inscripción puede realizarse a través de dos vías:

1. LLAMADA TELEFÓNICA: A través del número de contacto 952.071.170 solicitar el número de cuenta bancaria para realizar el ingreso de la cuantía, facilitando los siguientes datos:

- Nombre y apellidos.

- Categoría en la desea inscribirse.

En el concepto del ingreso se deberá poner:

PADEL + APELLIDO + TLF.

Una vez realizado el ingreso, se deberá enviar el justificante de ingreso por fax al nº 952 289 148 con los siguientes datos:

- TORNEO PADEL + NOMBRE Y APELLIDOS.

- CATEGORÍA

- TELÉFONO DE CONTACTO

2. SEDE CSIF: Si lo desea puede realizar el pago de la inscripción directamente en las instalaciones de nuestra sede en C/. Calvo 15, 29007, Málaga.

MÁS INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO:

952 071 170

La crisis se ha llevado por delante hasta ahora a 302.116 autónomos, según ATA

La crisis económica se ha llevado por delante hasta ahora a un total de 302.116 trabajadores autónomos, según un informe elaborado por la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA). En concreto, entre mayo de 2008 y junio de 2011, los trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social han pasado de 3.409.008 cotizantes a 3.106.892, un 8,9% menos.

Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, estas cifras son "demoledoras", ya que suponen que, durante la crisis, la economía española ha perdido una media de 268 autónomos al día.

A excepción de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, donde los trabajadores autónomos se han incrementado en este periodo un 6% y un 1,3%, respectivamente, todas las regiones españolas han reducido su número de trabajadores por cuenta propia.

Murcia, con un descenso del 13,2%, Comunidad Valenciana (-12%) y Castilla-La Mancha y Aragón (-10,1%) fueron las comunidades que más autónomos perdieron entre mayo de 2008 y junio de 2011. A continuación se situaron Cataluña (-9,9%), La Rioja (-9,8%), Canarias (-9,5%), Madrid (-8,6%), Navarra (-8,3%), Cantabria (-7,8%), Galicia (-7,7%), Baleares (-7,6%), Andalucía (-7,5%), Castilla y León (-7,3%) y Asturias (-7%).

Por su parte, Extremadura y País Vasco fueron las comunidades que mejor comportamiento han registrado en este periodo, con una pérdida de autónomos del 4,3% y del 6,4%, respectivamente.

En valores absolutos, Cataluña, con 58.990 autónomos menos en esos tres años, Comunidad Valenciana (-44.701), Andalucía (-38.330) y Madrid (-33.514) concentraron el 58,1% de la pérdida neta de empleo autónomo.

Por provincias, 50 de ellas registraron descensos en el número de autónomos entre mayo de 2008 y junio de 2011, siendo Alicante (-13,8%), Tarragona (-13,2%) y Murcia (-13,2%) las provincias donde la actual crisis económica ha incidido con más dureza en el colectivo.

MÁS VARONES QUE MUJERES.

De los 302.116 autónomos que ha perdido la Seguridad Social desde el inicio de la crisis, 253.377 han sido varones, frente a sólo 48.739 mujeres. Además, el ritmo de pérdida de empleo autónomo masculino triplica al femenino, ya que en los últimos tres años, los afiliados autónomos varones han descendido un 12,4%, en contraste con la caída del 4,6% de las mujeres.

Los grandes sectores económicos donde se concentran habitualmente los autónomos han registrado importantes descensos a lo largo de la crisis, siendo la construcción el más afectado, con 135.672 trabajadores menos (-24,7%) en estos tres años.

Por su parte, en la agricultura y la industria se han perdido 38.057 negocios (-12,1%) y 32.928 (-12%), respectivamente, mientras que los trabajadores por cuenta propia del sector comercio han descendido en este periodo en 38.374, lo que supone un 4,6% menos.

Únicamente cinco ramas de actividad han registrado durante la crisis un crecimiento en el número de autónomos, destacando las ramas de información y comunicación y de actividades profesionales, que han ganado un 3,6% y un 2,1% cotizantes en estos tres años.

Euro S & P

Continuando el tema de las agencias de calificación de mi artículo anterior, en vista de la medida que ha tomado Standard & Poors (una de las tres en el ojo del huracán de las críticas) de degradar un escalón el nivel de calidad de la deuda pública estadounidense a largo plazo dejándola en perspectiva negativa, propongo que se adopte esta agencia como si fuese europea, y así nos ahorramos el coste de cualquier otro invento. Puede sonar a broma, pero el argumento subyacente en la idea de quienes defienden la creación de una agencia de calificación europea no es mucho más seria.Como es sabido, S & P llevaba bastante tiempo avisando de la importancia que el debate sobre el techo de deuda pública tenía para estimar la calidad del emisor; han sido varios los informes que ha emitido, advirtiendo de esta circunstancia, y nada más concluir el debate con un acuerdo in extremis, como se esperaba, ha decidido rebajar de AAA (máximo nivel de calidad) a otro más bajo AA+, publicando la medida, para general conocimiento de los inversores.

La reacción de los políticos americanos ha sido la que cabía esperar, demostrando con ello que el problema subyacente es muy parecido en todos los países occidentales: ¿qué conocimiento tiene S & P para calibrar la calidad de la deuda americana? ¿Dónde estaba cuándo se valoraba como triple A los activos financieros derivados de las hipotecas basura? ¿A qué partido quieren apoyar? ¿Así piensan colaborar para que USA supere la crisis? Para ser sinceros, solo ha faltado que alguien los calificase como pro-europeos, pero yo no he encontrado ningún comentario en ese sentido.

La agencia ha publicado las razones en las que se ha basado para emitir su criterio, como todas hacen siempre; algún político norteamericano ha dicho que S & P ha cometido errores de principiante con los cálculos matemáticos, pero a mí me parece poco probable (aunque no imposible) considerando los métodos de revisión habituales en esas compañías, máxime en un asunto de semejante trascendencia.

S & P ha explicado los cálculos que ha empleado, partiendo de las cifras de la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) en su previsión de la evolución del presupuesto público norteamericano para los próximos 10 años, en el que se recomendaba una reducción del gasto de 2,1 Billones (europeos) de dólares. Luego, a la vista del acuerdo finalmente alcanzado, han reelaborado la evolución posible del déficit público si se consiguen los ahorros previstos, 2,4 billones (ya sea porque el Comité Conjunto para la Reducción del Déficit de ambos partidos alcancen acuerdos, o en caso contrario, entren automáticamente en vigor las medidas de ahorro contempladas en el acuerdo: reducción de gastos discrecionales civiles, gastos de defensa, y medicare). Finalmente, ha estimado la previsión probable del PIB norteamericano, teniendo en cuenta que la economía sale de una profunda crisis y se necesita mucho tiempo para recuperar el crecimiento saliendo de una situación de endeudamiento tan elevada como la preexistente.

En resumidas cuentas, S & P llega a la conclusión de que el peso total de la deuda norteamericana medida sobre el PIB, que actualmente es del 74% (y, por eso mismo tiene el nivel AAA) podría llegar en 2021, al final del periodo establecido en el acuerdo de ambos partidos, al 85 % (escenario base) o al 101 % (escenario más probable según sus cálculos). Y por esa razón, no puede seguir mucho tiempo en el club de los elegidos.

El club de esos elegidos al que me refiero está formado por un selecto grupo de países cuya deuda pública ofrece un nivel máximo de seguridad a los inversores y todas ellas tienen el nivel triple A (de S & P); curiosamente, los países europeos son mayoría: Francia, Alemania y Reino Unido, a los que se une Canadá.

La agencia ha realizado los mismos cálculos para todos esos países (y es de suponer que si cometió errores con USA, los habrá repetido con los demás; y si no hubo errores entonces, tampoco ahora) concluyendo que todos esos países tendrán en 2015 unos niveles de endeudamiento en un rango entre el 30% (Canadá) y el 83% (Francia).

Es decir, partiendo de una situación actual que permite a USA compartir el máximo nivel de calidad como emisor, pero en el límite extremo de la categoría, si se cumplen para todos los países las variables previstas en sus presupuestos nacionales, dentro de 10 años Estados Unidos habrá perdido ritmo respecto a esos países. Por eso, avisa a los inversores de que, si no se toma otro tipo de medidas, (las que consideren oportuno los políticos norteamericanos), a largo plazo, la deuda americana será de niveles más bajos. No hay problemas de impago a corto plazo, por eso se mantiene la máxima calificación para la deuda a corto, pero se irá degradando los próximos años.

Como dije en la anterior ocasión, el culpable de esta situación no es quien califica, sino el analizado; y la calificación no es cuestión de nacionalidades ni del emisor, ni del analista, sino de hechos, datos, y previsiones: sí, ya sé que en todo ello hay mucho margen para supuestos, hipótesis, modelos matemáticos, etc., pero son las mismas herramientas aplicadas a diferentes realidades, y aportan el componente técnico del que dispone actualmente la macroeconomía. A este respecto, conviene señalar que las otras agencias comparten el diagnóstico, si bien todavía no han revisado sus propias calificaciones.

Como he señalado al comienzo, concedamos pasaporte europeo a S & P y nos ahorramos los costes de crear desde cero una agencia de calificación propia

Tomás García Montes

La paradoja de la contradicción en la auditoría

Se dice que la paradoja sirve para revelar la complejidad de la realidad, y en ocasiones demuestra las limitaciones de las herramientas conceptuales, en nuestro caso, una auditoría que se encuentra en contradicción. En principio, la noción de contradicción, resulta una idea o término extraño en el pensamiento, o que sea tema en la fiscalización; no obstante en la ciencia, lógica, y filosofía se ha convertido en principio clásico, y ha derivado en corrientes o escuelas que forman parte del desarrollo de las ideas en la sociedad. Sin embargo, la historia de la auditoría ha estado determinada por la uniformidad, y su principio ha sido ‘la aceptación general’. De tal forma que resulta inconcebible pensar en la auditoría, sin sus Normas, mismas que han sido producto de la aprobación general de instituciones y organizaciones profesionales para garantizar su práctica en un marco de independencia como elemento fundamental. Por ello se ha derivado su legitimidad, en tanto se ajusta o cumple con las normas, procedimientos, código de ética y nuevas disposiciones regulatorias. Luego, sí todo está articulado, conectado y justificado con la finalidad de lograr una mayor eficiencia y mejoría en la administración pública o privada.

Cómo puede ser esto verdadero si, César Ferrer, socio de KPMG y miembro del consejo directivo del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, afirma que “históricamente las firmas de auditoría eran cajas negras” (revista Auditores, núm. 15, mayo 2011, p. 14), o, Ángel González-Malaxetxebarria, especialista internacional de auditoría, manifiesta “La auditoría ha dejado de ser un negocio de auditores” (revista Auditoría Pública, núm. 54, julio 2011, p. 9), si ha negado la transparencia, objetividad e imparcialidad en el mismo tiempo y en el mismo sentido que pregonan que su práctica otorgaba certidumbre a la sociedad.

En tiempo no muy lejano las declaraciones anteriores hubieran sido impensables, y sin duda, los expertos en comento las han expresado con la mejor de las intenciones, en señalar el cambio que está ocurriendo en el mundo de la auditoría, pero su discurso es circular, vuelven a lo mismo, por ejemplo en la citada referencia, Ángel dice que “un médico, un ingeniero o un abogado pueden dirigir perfectamente una institución de control” luego en correspondencia, un contable ‘puede’ dirigir una clínica de ginecología, la construcción de un edificio o un departamento jurídico, si como afirma Ángel tienen la “capacidad de rodearse de técnicos competentes”. Tal como el Banco Mundial que solicitó sus servicios de especialista competente en los problemas de la deuda internacional y en programas de fortalecimiento en los órganos de control, ahora sabemos entre otras cuestiones porque el Banco Mundial sigue dando palos de ciego.

Sin duda, estamos ante un nuevo horizonte que atisba el por-venir de una nueva auditoría, sin embargo, el advenimiento se obstaculiza si continúan repitiéndose los dogmas de: la vigencia de las normas de auditoría, que rijan la actuación del auditor, y que la auditoría sea técnica. Toda una visión introyectada en la conciencia del auditor y de la colectividad que ha inducido a la ‘normalización’, esto es, un sistema de ideas o forma de pensar que ha eliminado la percepción de la contradicción. Por lo que la crítica a la auditoría se ha situado en un mundo paralelo pero que no toca al mundo de la auditoría jamás. La auditoría se ha construido más con base en el ideal que en la demostración, una práctica más próxima a lo imaginario que a su determinación conceptual, resultando que los auditores andan perdidos en la auditoría del nunca jamás.

Nunca jamás cajas negras, nunca jamás privilegiar el lucro sobre el interés público y social, y otros tantos nunca jamás. De tal suerte o desgracia que si alguien desea salir de esta auditoría deberá dejar en el archivo muerto la concepción del nunca crítica y reflexión, y deberá dejar volar su imaginación y pensamiento hasta un nuevo amanecer.

 Mario Alberto Gómez Maldonado

Transparencia, pero en todos los ámbitos

Muchas noticias está generando la constitución de los nuevos Ayuntamientos, como es lógico. Sin embargo, me llama la atención la difusión que se está haciendo de las declaraciones patrimoniales de los nuevos corporativos. Páginas de periódicos con la lista de sus propiedades o los modelos de sus vehículos. ¿Qué sentido tiene esta exhibición?

Desde hace muchos años la legislación local exige que los concejales presenten una declaración de sus bienes en el Consistorio, del mismo modo que otros muchos cargos electos deben presentar una declaración de intereses. Estas y otras previsiones tratan de prevenir situaciones de conflicto, para que cuando se presenten asuntos en los que están imbricados intereses públicos e intereses económicos del político, se advierta la incompatibilidad y prevalezcan los primeros. Es imprescindible esa transparencia para evitar una malformación de la voluntad política. Pero, es más, la declaración de bienes podría permitir conocer el enriquecimiento que a lo largo de una legislatura ha obtenido el político. Y escribo “podría” porque para ello sería necesario que al final del mandato existiera, como antaño, una especie de “juicio de residencia” al que se sometiera el político y sus representados pudiéramos advertir si se había beneficiado de su cargo y, sobre todo, señalar los efectos de sus decisiones.

Ninguna de esas ideas subyace en los listados de bienes que se publican en los periódicos. Por el contrario, parecen fomentar el comadreo, desviar la atención de los graves problemas públicos a cotilleos insanos. Generan, además, una desnudez que coloca a muchas personas ante un foco de atención privándolas de intimidad y poniendo en riesgo su seguridad. ¿Realmente se piensa que, publicando el domicilio y el coche de un político, ya somos transparentes y se acaba la corrupción? Encuentro esas noticias inútiles, cuando no, noticias que juegan con los límites de la protección de la intimidad según la entiende la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Claro que la transparencia resulta indispensable para la buena gestión pública. Pero los focos de atención deben dirigirse a conocer los intereses y relaciones de los políticos, los grupos de presión que participan en los procedimientos, igualmente debe salvaguardarse la competencia en los contratos administrativos para que no se adjudiquen de manera caprichosa… Muchos son los ejemplos en la gestión administrativa que vienen a la cabeza y en los que sería necesario garantizar una absoluta transparencia.

Pero, sobre todo, la transparencia deben exigirla los ciudadanos responsables que cumplan con los mínimos deberes cívicos.

Y es que, a mi juicio, uno de los problemas más graves que padecemos de falta de transparencia está en el ámbito privado. Documentados estudios han cuantificado que casi la cuarta parte de la economía se desenvuelve a oscuras. Nada de transparencia hay en esa economía sumergida que tanto daño hace a las cuentas públicas. Millones de empleos no declarados o autónomos que no declaran todos sus ingresos. El fraude fiscal alcanza cotas preocupantes ¿Qué sería de nuestro país si tantos ciudadanos que gestionan alrededor del veinticinco por ciento (se dice pronto) de la riqueza económica dieran la luz y pagaran sus impuestos? Sin duda, se minorarían de manera bien notable los problemas de la deuda y del déficit público. Un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro ha cifrado en treinta mil millones la recaudación que se oculta al año. ¡Treinta mil millones de euros! Existirían recursos para los gastos sanitarios, las ayudas a las situaciones de dependencia, la adecuación de las escuelas… Mucho se conseguiría si no se ocultaran tantos ingresos privados.

Por lo tanto, transparencia y que se enciendan las luces, pero en todos los escenarios.

Mercedes Fuertes López

Huertos para el entendimiento

De viaje turístico por Baviera me encuentro, en los periódicos locales, con la noticia de una idea singular que bien podría ser acogida y puesta en práctica por alcaldes españoles imaginativos, ahora que muchos de ellos empiezan -o renuevan- sus mandatos políticos. Contamos con las zonas ajardinadas o con los parques, típicos de cualquier ciudad. Incluso de los huertos que ya existen en los suburbios de muchas ciudades. Pulmones todos ellos que se agradecen en esos agobiantes muros de cemento en que se han convertido tantos espacios urbanos en España. ¡Ah, esa cantidad de edificios que vemos y están pidiendo a gritos aire para respirar! Casos hay en este país nuestro de lugares históricos que están cercados por viviendas o incluso lugares de emblema -como catedrales simbólicas- que se hallan literalmente sepultadas por construcciones y otros disparates.

De la ventana de mi hotel en Estrasburgo veo nítidamente la torre de su catedral, altiva y desafiante. Pruebe a hacer lo mismo alguien que se acerque a León desde un hotel del centro. El intento resultará vano.

Pero me he desviado pues quería hablar de espacios verdes. Más exactamente del fomento de “huertos” en las afueras de las ciudades -Munich es un ejemplo de ello- cuidados por ciudadanos de varias nacionalidades como medio de favorecer el entendimiento entre culturas distintas.

Se trata de pequeños espacios públicos que se adjudican por un precio -desde 25 a 50 euros- por un año aunque es posible renovar el contrato y así en efecto ocurre en la práctica, siempre que se haya actuado con diligencia y el huerto esté cuidado. Conviven las plantas y los cultivos más variados. Y la singularidad consiste en que quienes se afanan en estas tareas son ciudadanos de distintas nacionalidades que a veces en la vida diaria están enfrentados por razones de costumbres, religión, ideas etc.

Pues bien, tal experiencia demuestra que, en estos ámbitos, la convivencia se desarrolla por cauces apacibles y de mutuo y fecundo entendimiento. Los cultivadores se intercambian semillas, consejos o productos ya acabados y aptos para llevar a la boca, lo que crea una solidaridad y una camaradería que se espera ha de fecundar en otros ámbitos.

Hay además actividades comunes, más allá de las relacionadas con la jardinería, como es el caso de comidas, pequeñas fiestas e incluso conferencias a cargo de expertos biólogos para orientar en tales o cuales cuestiones.

La demanda de tales huertos es crecida y, como se insiste desde los ayuntamientos que los promocionan, “lo importante en ellos es entenderse con los vecinos. La jardinería es tan solo un medio para entrar en contacto y propiciar charlas y conversaciones”. Se están prodigando en muchas ciudades alemanas y en todas las experiencias se saldan con éxito. Durante los meses de invierno se aprovecha para, a través de encuentros propiciados desde los ayuntamientos, reforzar los lazos que la primavera y el verano han ligado.

Todo un experimento ciudadano que debería encontrar eco en nuestro medio, especialmente en aquellos territorios que ya conocen fuerte presencia de población inmigrante.

 Francisco Sosa Wagner

Descubra las claves para retener el talento

Dentro de todas las empresas existen talentos que no se deben dejar escapar. Normalmente las organizaciones suelen solucionarlo a golpe de talonario pero en las actuales circunstancias hay que buscar otras vías para que “lo mejor” se quede en casa.

Poner en valor el trabajo de su equipo, respetar las opiniones de sus colaboradores y una buena labor de comunicación con los empleados son algunas de las tácticas que cualquier buen responsable puede poner en práctica para evitar la fuga de talento.

“Muy buen trabajo” tres fáciles palabras que en muchas empresas son casi inexistentes. Valorar el trabajo es un elemento primordial para motivar a la plantilla, como demuestra los resultados de la encuesta realizada por Regus, proveedor de espacios de trabajo flexible, en la que un 69% de los empresarios españoles señalaron el reconocimiento abierto del trabajo como factor esencial para crear una atmósfera laboral agradable.

El respeto también se convierte en una pieza fundamental para sentirse clave dentro del grupo. Un 60% de los encuestados cree que ser respetuoso con las tareas de los miembros de un equipo, sea cual sea su experiencia y puesto, supone uno de los principales motivos para quedarse en la empresa.

Al mismo tiempo para conseguir que los empleados se sientan como en casa se debe profundizar en la relación entre los compañeros. Crear una red donde se intercambien conocimientos y habilidades, así como fomentar la ayuda entre la plantilla puede mejorar el rendimiento de la oficina.

Ya no hay empresas para toda la vida. Conservar y desarrollar el talento interno de una compañía es una labor que se debe cuidar. Y es que, hace ya algún tiempo que la fidelidad a la empresa dio paso al profesional nómada, aquel que busca un crecimiento de su carrera laboral independientemente del número de compañías por las que pase. Y las cifras lo demuestran. Según un estudio elaborado por Randast, el 56 % de los trabajadores españoles siente la necesidad de hacer algo distinto en su empleo.

Cuestión de preferencias

La importancia que ahora se le concede a la carrera profesional no plantea discusión. Sin embargo, y según Regus, mientras que a los españoles les importa en mayor medida el reconocimiento por el trabajo bien hecho, a nivel mundial es el respeto el principal factor que mueve a los profesionales.

La época estival no sólo concede unos días de asueto y entretenimiento. También permite que los profesionales hagan balance y decidan cuál es la motivación que les permite levantarse cada mañana para ir a trabajar.

El Congreso da luz verde a la ley de Salud Pública

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley General de Salud Pública, que entre otras cuestiones reconoce el derecho a la asistencia sanitaria pública de todos los ciudadanos mediante la universalización del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que actualmente hay cerca de 200.000 personas que por diferentes motivos permanecen fuera de la sanidad pública en España.

La norma, que ha sido debatida y votada en la Comisión de Sanidad de dicha Cámara, con competencia legislativa plena, ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios salvo por el Partido Popular, que se abstuvo en la votación. De este modo, pasa al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.

La universalización del SNS ha sido uno de los temas más aplaudidos después de que, aunque el objetivo inicial del Gobierno era impulsar este derecho mediante una ley específica, la ministra del ramo, Leire Pajín, y las comunidades acordaran en el último Consejo Interterritorial del SNS de la semana pasada incluirlo en esta norma.

De este modo, todos los grupos han acordado en una enmienda transaccional que la futura ley de Salud Pública extenderá el "derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico".

Esta medida afecta sobre todo a aquellas personas en paro que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo y a determinados colectivos, como abogados o arquitectos.

En el caso de los parados, la ley establece que la extensión de este derecho sea un hecho a partir del 1 de enero de 2012 y, para el resto de colectivo, que se haga de forma paulatina antes de que acabe dicho año.

"Entonces podremos decir que nuestro sistema sanitario es equitativo, solidario y universal", ha recalcado la portavoz socialista Pilar Grande, quien reconoce que esta medida beneficia a cerca de 200.000 ciudadanos y conllevará un gasto para el sistema de entre 60 y 100 millones de euros al año.

Por otro lado, la ley también establece la creación de una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la salud pública, con un conjunto de programas y actuaciones que incluyen un calendario vacunal único y una oferta, también única, de cribados poblacionales.

Esta medida, sin embargo, ha sido criticada por la portavoz del Grupo Popular y exministra de Sanidad, Ana Pastor, quien ha lamentado que no se hayan concretado más qué servicios y qué cribados deberán ser comunes para todas las comunidades. "Hoy salimos de aquí sin una cartera que estamos esperando desde hace ocho años", ha espetado.

El 69% de los empresarios ve el reconocimiento al trabajo como clave para retener a empleados

El 69% de los empresarios consideran que el reconocimiento abierto del trabajo representa un factor esencial para crear una atmósfera de trabajo agradable que permita retener a los empleados de talento tras las vacaciones, según un estudio del proveedor de espacios de trabajo flexible Regus.

En una encuesta realizada a 17.000 ejecutivos, los empresarios españoles destacaron también el respeto a todos los empleados (60%) y el fomento del intercambio de habilidades y conocimientos entre la plantilla (48%) como el segundo y tercer factor más importante, respectivamente.

Además, el informe constata que ayudar a los compañeros más agobiados por el trabajo también se erige como requisito "imprescindible" para mantener una plantilla de confianza, según los indica el 32% de los participantes.

"El trabajo impone cada vez más presión y las horas laborales interfieren cada vez más en las vidas privadas de las personas. Los trabajadores españoles son conscientes de la importancia de trabajar con compañeros que se sienten satisfechos en sus puestos", explicó el director de Regus en Europa del Sur, Olivier de Lavalette.

Calificación de agencias

Entre los comentarios relacionados con la crisis de la deuda que más sorpresa me están causando destacan las críticas a la labor de las agencias de calificación; vaya por delante que no tengo ningún interés especial ni ninguna razón oculta para justificar su existencia, más allá de la fuerza que me impone la lógica (tal como yo entiendo la situación).

En resumen, el argumento es que como son agencias norteamericanas y/o británicas, trabajan maliciosamente contra el euro (empresas y gobiernos) para favorecer al dólar (y, supongo, a la libra esterlina); por tanto, necesitamos una agencia de calificación europea que nos defienda. La verdad es que estoy tentado de poner el antiguo “sin comentarios”, y concluir el texto, pero me parecería injustificable incluso en verano, así es que voy a desarrollar un poco mi argumento.Es indudable que las agencias de calificación no estuvieron muy acertadas cuando se trataba de valorar los activos financieros derivados de las hipotecas en EE.UU. y que, al estallar la crisis, reconocieron que no habían hecho bien su trabajo; ¿pero fue mejor el papel que jugaron la Securities and Exchange Commission (SEC), o la Reserva Federal y los Bancos Centrales? ¿Va a pedir alguien con un razonamiento simétrico que, como esos organismos no han funcionado perfectamente en la crisis sean sustituidos por organismos privados? Las agencias de calificación no solo hicieron mal su trabajo, sino que, además, deberán afrontar las demandas que planteen los inversores que se consideren perjudicados por su asesoramiento; y en este sentido, el sistema judicial norteamericano es muy eficaz.

Cuando algún emisor de deuda quiere acudir a los mercados internacionales demandando ahorro para cubrir sus necesidades, debe anunciarse, explicar lo que desea hacer con los recursos que solicita, y asegurar a los inversores que, llegado el vencimiento, devolverá el principal. Si el número de emisores es limitado, cabe pensar que los inversores realicen el trabajo de estudiar por sí mismos la realidad financiera del emisor, valorar por su cuenta el riesgo en el que incurren al prestarle su ahorro, y estudiar la evolución de dicho emisor durante todo el tiempo que media entre la emisión y el vencimiento; fácilmente se deduce que, como el número, condición y nacionalidad de los emisores crece al mismo ritmo que la economía mundial, ese método es poco práctico, arrojaría muy diferentes resultados en cada caso, y generaría mucha incertidumbre entre los inversores.

Una alternativa más práctica es que ese trabajo lo hagan especialistas, utilizando metodologías contrastadas y con normas de conducta supervisadas por los reguladores de los mercados (que tienden a homogeneizarse, para facilitar el comercio internacional y la actividad); si la fuerza de la competencia termina reduciendo su número a tres, cuatro o cinco, habrá que actuar para facilitar que entren más participantes en el mercado, pero con las mismas reglas de juego.

Es decir, a mí me parecería muy adecuado que surgieran tres o cuatro agencias internacionales de calificación más, pero privadas y del país que sea, no necesariamente europeas, ni públicas; y para explicarme, acudiré a un ejemplo que podría ilustrar lo ilógico de la propuesta, sin herir nuestra susceptibilidad de fervientes europeos (cuando nos conviene). Supongamos, que dado el importante papel que juega China en la compra de títulos de deuda occidental para colocar el ingente volumen de ahorro que su economía genera, quisieran ser ellos mismos quienes valorasen la deuda de los emisores, y siendo como parece que son, crearan una agencia de calificación china; yo, particularmente, haría poco caso a las notas que asignaran: si se tratara de empresas chinas, porque pensaría que estaban influidas por su propio gobierno para favorecer las emisiones, y si valorasen empresas occidentales, porque todavía no les atribuyo capacidad suficiente para entender el funcionamiento de las economías no centralmente planificadas. Es muy posible que me quede sólo defendiendo este argumento, pero sinceramente, el paso del comunismo a la economía occidental requiere más tiempo: ya llegarán, no lo dudo.

Pues bien, tan extraño me parece que se pidiera una agencia china, como que se pida una europea: ¿calificará mejor a todos los emisores europeos porque somos del mismo equipo? ¿aplicaría métodos de valoración de riesgos más exactos que los que durante más de cien años han desarrollado sus colegas? ¿sería más indulgente con la deuda pública para favorecer el funcionamiento del euro? ¿cómo trataría las carencias de la información pública de algunos emisores/países (ésta es la materia prima que se utiliza para el análisis: estados financieros)?

Una agencia de ese tipo, que surgiera como resultado de una decisión política, no de mercado, tendría muy poca credibilidad y casi nadie utilizaría sus “notas”: las de emisores europeos, porque tenderíamos a pensar que estaban sobrevaloradas para favorecerlas; y las de emisores no-euro, porque pensaríamos que estarían bajando la calificación para perjudicar al dolar o a la libra. Si no contentos con ese problema, la agencia de calificación europea fuese un organismo de origen público…., ya sí que habría que decir “sin comentarios”.

Dejemos que el mercado decida cuántas agencias internacionales tienen cabida; que cuando se equivoquen, paguen muy caro los errores; que surjan más participantes por la fuerza natural de la competencia; y que los emisores europeos hagan sus deberes, cumplan los compromisos que adquirieron al emitir los títulos, sean trasparentes en la información que generan (contabilizando todas las deudas), y no se extrañen si por sus propias decisiones baja la confianza en sus títulos.

No es un problema de calificación de las agencias, sino de calidad de las emisiones y seriedad de los emisores.

Tomás García Montes

¿Quién tiene que hacer qué?

El titular de la Revista de la FEMP, en portada del mes de abril de 2011, ocupando un tercio de la misma rezaba: “El gasto no obligatorio, la cuarta parte del presupuesto municipal”. En el contenido interior, dedica cinco páginas al tema y despliega numerosas estadísticas según un estudio hecho por la Universidad de Barcelona, la FEMP y la Fundación Democracia y Gobierno Local. Efectivamente, si uno examina los datos que ofrece la Revista, el 25 % del gasto que hacen los Ayuntamientos es gasto que no toca hace” a un Ayuntamiento (más extensamente se puede consultar el estudio en la “Colección de documentos e informes (D + I)” de la Fundación.

Me gustaría resaltar que llama poderosamente la atención que los argumentos que indica la FEMP son del tipo el último gran héroe, salvadores de la humanidad, adalides del servicio público al ciudadano. Lo cual –hay que decirlo- está muy bien. La administración local (municipal) está muy cercana al vecino. Éste enseguida, en cuento le pasa algo, se lo cuenta al alcalde, máxime en los municipios medianos y pequeños; el alcalde está pegado a la tierra y vive y sufre muy de cerca con sus ciudadanos.

La cuestión es que la FEMP siempre habla de escasez de financiación, de reforma del sistema y de competencias impropias, pero desde una perspectiva de quien se ve abocado indefectiblemente a hacer cosas que considera “imprescindibles”. Pero nunca o casi nunca habla –o escribe- sobre lo que le toca hacer a cada administración. O sí, sólo lo hace para resaltar que al ayuntamiento no le toca pero lo tiene que hacer.

La Ley de Bases –ya se ha comentado aquí en otras ocasiones- estableció un sistema competencial abierto, indefinido y por tanto, infinito. Las competencias obligatorias son las del artículo 26. A partir de ahí, aparece el artículo 25, conforme al cual “puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Y con el artículo 2 que otorga “derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”. Títulos más que suficientes para que un Ayuntamiento pueda hacer prácticamente todo salvo declarar la guerra y según.

En una época de vacas gordas, esto ha sido jauja, los alcaldes el rey Midas, convertían en oro todo lo que tocaban, el boom inmobiliario permitía ingresar ingentes cantidades o al menos bastante importantes, de dinero a través de convenios urbanísticos, impuesto de construcciones, impuesto de plusvalía y de bienes inmuebles. Esplendor en la hierba.

De repente pincha la burbuja inmobiliaria y blof, se derrumba el castillo de naipes. En este momento el país no da para más, imposible pintar la gran muralla, cinco millones de parados, aumento de gasto social derivado, disminución drástica de ingresos, las inversiones casi no se pueden mantener. Muchos ayuntamientos empiezan a promover expedientes de regulación de empleo.

Y surge la pregunta del millón que habría que hacer al bueno del señor alcalde: mire, sabemos que es usted muy preocupado por su ciudadanía, que quiere lo mejor para sus vecinos, pero ¿por qué se mete donde no le llaman?, ¿cómo va a pagar su ayuntamiento todo esto si no tiene ingresos corrientes suficientes? (lo de “Dios proveerá” ya no se lleva). Sin duda contestará que sus ciudadanos tienen derecho a esto, a aquello y a lo de más allá. Con ese argumentario un ayuntamiento de menos de mil habitantes puede construir un aeropuerto si siente que sus vecinos demandan la necesidad de desplazarse en avioneta.

Por lo tanto, el problema financiero local tiene varios frentes que hay que resolver:

1.Es urgente una reforma del gobierno local que establezca claramente qué competencias tiene un ayuntamiento, una provincia, una comarca y una comunidad autónoma (el debate de por qué tenemos tantas administraciones es otro tema).

2.Estas competencias tienen que ser cerradas. Siendo cerradas, se puede calcular con cierta facilidad qué financiación necesita. Una vez se sepan las competencias, se deben asignar recursos para esas competencias.

3.Debería limitarse pues drásticamente la posibilidad de que un ayuntamiento o una diputación haga lo que no toca. Incluso establecer algún tipo de consecuencia jurídica si se hace.

4.Cada administración debe hacer lo que le competa. Así el ciudadano sabrá a quién debe reclamar las soluciones incluso patrimonialmente. Igual que un ciudadano puede reclamar al ayuntamiento que exista alumbrado público en condiciones, debería exigir a su comunidad autónoma que haya escuela, consultorio, etc. o al Estado que haya seguridad pública.

Ignacio Pérez Sarrión

Diferentes deudas

Llevamos ya muchos días escuchando los debates sobre los impagos de la deuda soberana de diferentes países, sobre la fiabilidad e incluso independencia de las agencias internacionales de calificación crediticia, sobre quién debe soportar el coste del impago, etc. y todo ello contribuye a crear un ambiente de desconfianza generalizada en los mercados, en la situación económica, la recuperación, y en muchas otras cosas.

Me ha llamado la atención cómo algunos aprovechan para meter todos los problemas en un mismo saco y plantear, de ese modo, una enmienda a la totalidad del sistema financiero internacional; siempre que puedo dejo clara mi posición personal favorable al funcionamiento del mercado como mecanismo más adecuado de asignación de recursos y en esta ocasión, no podía ser de otro modo.Resulta especialmente llamativo escuchar a algunos analistas sus críticas a la situación de la deuda pública y ver cómo tratan de la misma manera a Estados Unidos, Francia, Alemania, Portugal, Grecia, España y ahora Italia; el diagnóstico es siempre parecido: los malvados mercados financieros han atraído a incautos de todo el mundo (políticos, particulares, entidades financieras, etc.) engañándoles con expectativas de elevados beneficios, para luego abandonarlos a su suerte, con grandes pérdidas; ¡ah!, y por si fuera poco, ahora intervienen las agencias de calificación como inductores necesarios del desastre que, para colmo, son de cultura anglosajona.

Hay muchos matices en la crisis actual que conviene ir analizando poco a poco, para despejar el horizonte. Y por ejemplo, podríamos empezar por diferenciar la crisis de la deuda norteamericana del resto. Como se sabe, las “perversas” agencias de calificación han amenazado con rebajar la nota de esos títulos, ante la elevada probabilidad de impago que podría producirse a corto plazo si el Congreso no aprobara la propuesta de aumentar el techo de gasto del Estado, porque conduciría al impago de, al menos, los intereses de parte de la deuda viva. El primer rasgo a destacar es que en USA existe “un techo” para el gasto público, y que el gobierno, sea del partido que sea, no puede saltarlo sin permiso del Congreso; y es también curioso que si ese permiso no se consigue, el Gobierno no puede seguir gastando, y se vería obligado a reducir los pagos inmediatamente. Es lógico, pues, que ante esa eventualidad, las agencias de calificación avisen que si no se alcanza el acuerdo, habrá problemas.

Por otra parte, dadas las graves consecuencias que podría tener semejante situación, los políticos americanos suelen terminar alcanzando algún tipo de acuerdo que evite la catástrofe; en ese proceso, y dependiendo de los equilibrios políticos del momento entre la Presidencia y mayoría del Congreso, aquél suele verse obligado a hacer concesiones a sus oponentes, a cambio de la aprobación; y esto ha ocurrido tanto con Presidentes demócratas, como con republicanos.

Se podría argumentar que, si al final el techo del gasto público terminará subiendo, para qué tantos pasos intermedios, tantas reuniones y negociaciones, etc., que es mejor el modelo clásico europeo: se emite tanta deuda como puedan absorber los mercados financieros internacionales; pues yo prefiero el sistema americano, por varias razones:

- El Presidente de la República es la persona en quien confía la mayoría del país como líder; pero no es “dueño de la nación”: sabe que ocupa el cargo por un periodo máximo de 8 años (si logra la reelección), tiempo suficiente para que sus políticas generen resultados visibles.

− El Congreso representa a los contribuyentes y, por tanto, le corresponde aprobar los Presupuestos que presente el Gobierno; el ciclo de elecciones del Congreso difiere de la Presidencia y a menudo conviven mayorías de signo contrario.

− Los congresistas se deben a sus votantes, no al partido, y estos son quienes pagan la deuda pública que emite el Gobierno (bueno, ellos, sus hijos y sus nietos, a juzgar por los saldos vivos de deuda pública), y a casi nadie le gusta pagar impuestos: no olvidemos que la deuda pública la compran los inversores finales pero quien tiene que devolver el principal es el país emisor, a partir de la recaudación fiscal.

− Es lógico que el titular de la deuda, el contribuyente, pida explicaciones a quien quiere gastar más sobre el destino de esos fondos; y que se resista a aprobar más emisiones aunque el Presidente sea de su partido; y que pida algo a cambio.

No me negarán, que el modelo es muy diferente del caso de Grecia, Portugal, etc. (para no herir sensibilidades), donde se da vueltas a la máquina de emitir títulos, y sólo se observa el límite del saldo vivo respecto al PIB (y eso, porque lo imponían los criterios de convergencia para la entrada en la Unión Monetaria), con la misma trascendencia que se observa un eclipse de luna: se sobrepasa, no ocurre nada, se sigue emitiendo…. y al final, cuando la rueda se para, todos nos sorprendemos. No, definitivamente todas las deudas no son iguales.

Tomás García Montes

Que los gestos no generen muecas

Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas hemos leído muchas declaraciones de políticos sobre el recorte de gastos en las Administraciones públicas. La dureza de la crisis económica hace inaplazable atender a una buena gestión de las haciendas públicas, pero también resulta una estupenda oportunidad para poner coto a llamativos despilfarros, corruptelas y evitar el riesgo de saqueo del erario en muchas instituciones.

Se reducen los coches oficiales, se recortan los sueldos de las autoridades, se rebajan las comisiones por asistencia, se reduce el número de vocales en los órganos colegiados o de otros cargos de libre designación… Sin embargo, el bombardeo de escuetos titulares puede conducir a que esos gestos se conviertan en meras muecas tanto de políticos como de algunos ciudadanos fácilmente manipulables por la falta de formación o defectuosa información que nos envuelve.

Ahora, ecos de conversaciones populares me han traído algunos comentarios simples. Porque hay gente que, al hilo de la reducción del número de consejerías de los gobiernos autonómicos o de la supresión de entes públicos, se pregunta qué hacían antes, para qué se crearon si ahora podremos vivir sin ellos. Y hay que matizar. Por supuesto que la Administración ha vivido hiperinflamada de altos cargos y de organismos, en muchas ocasiones lo hemos denunciado, pero ésto no conduce a afirmar que su mero recorte y supresión sea la solución. Porque ¿en qué punto paramos de cortar? Hay que analizar cada servicio y cada función pública y según su naturaleza y con criterios de buena administración establecer la correspondiente organización. Lo contrario, que se resume en el lugar común de que “el órgano crea la función”, ha dado lugar a esta hiperinflación de autoridades y cargos entre cuyos ejemplos más visibles están las Universidades. Sí que se sorprenderían los ciudadanos si leyeran la relación de los centenares de cargos que hay sumando vicerrectores, directores de hectárea, de área, de departamento, coordinadores, secretariados, decanos, vicedecanos y demás.

Pero volvamos con las declaraciones de recortes y los vulgares ecos populares, porque la supresión de coches oficiales también ha generado pobres comentarios sobre la conveniencia de que las autoridades vayan a pie. No se necesitaban quizá tantos coches, pero tampoco hay que degradar a la autoridad. Todo cargo de cierta relevancia requiere unas mínimas condiciones de dignidad. No debería ser necesario explicar que, en muchas ocasiones, resulta imprescindible la disponibilidad de un coche oficial. Sin embargo, la difusión de graves abusos demuestra que esa disponibilidad había sido mal utilizada.

Y es que quienes peinamos canas ya hemos vivido cómo muchos gobiernos (estatales, autonómicos y locales) presentaban como primera iniciativa la contención de gastos públicos y una política de austeridad frente a sus antecesores. Desde hace más de treinta años es fácil encontrar en las hemerotecas de los periódicos titulares sobre la reducción del número de altos cargos, de puestos de libre designación o de los coches oficiales. Tampoco han sido extraños los acuerdos de reducción de un pequeño porcentaje del sueldo o de otras retribuciones, pero que luego no se correspondían con la contención de los gastos de protocolo o de libre disposición. Nihil novum sub sole.

En conclusión, ¿son convenientes estos gestos? Mi respuesta es claramente afirmativa. Pero también considero que hay que saber explicar esas reducciones y su porqué. Quizá así se mejore la educación cívica de muchas personas (incluidos políticos) tan necesaria para la correcta participación pública, y la propia autoridad reflexione sobre la conveniencia de cada acuerdo y aplique un mínimo sentido común. Y así llegue a la conclusión de que las normas de Derecho público contienen sensatez al limitar los cargos de libre designación; al restringir la creación de nuevos organismos; al regular la actividad de los secretarios e interventores o al exigir el control de cuentas posterior por órganos externos. En fin, que, si se cumplieran las leyes, no habría que soportar tantas imposturas.

Mercedes Fuertes López

Instalaciones eólicas, Control urbanístico e Ingresos municipales

La Comunidad Autónoma de Aragón se encuentra en este momento en pleno proceso para la priorización y autorización de instalaciones de energía eléctrica a partir de la energía eólica. Un vez que se han solucionado los problemas planteados por la falta de infraestructuras para la evacuación de energía eléctrica, se da un nuevo impulso a la implantación en la Comunidad Autónoma de Aragón de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica.

Para ello se ha establecido un nuevo marco jurídico contenido en el Decreto 124/2010, de 22 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los procedimientos de priorización y autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica. Esta disposición normativa sustituye al Decreto 279/1995, de 19 de diciembre, al amparo del cual se autorizaron las instalaciones eólicas que vienen funcionando en la Comunidad Autónoma.

Las dos novedades más importantes introducidas en el Decreto 124/2010 son, por un lado, la definición de las distintas instalaciones eólicas a las que es de aplicación el nuevo marco jurídico y, por otro lado, la desaparición del Plan Eólico Estratégico, configurado en el Decreto 279/1995 como un instrumento de planificación para racionalizar la explotación de los recursos eólicos.

En el artículo 2 del Decreto 124/2010 distingue y define las siguientes instalaciones eólicas: a) Parque Eólico; b) Instalación Eólica de Interés Especial; c) Instalación Eólica Singular; d) Miniparque Eólico; e) Parque de Investigación y de Desarrollo (I+D); f) Repotenciación de un Parque Eólico y g) Ampliación de un Parque Eólico.

Pero la novedad más importante es, sin duda, la desaparición de los Planes Eólicos Estratégicos y la sustitución por el denominado procedimiento para la priorización de instalaciones eólicas en zonas o nudos eléctricos. Se prevé en el nuevo Decreto la convocatoria de concursos en las distintas zonas o nudos eléctricos para seleccionar de entre las entidades que concurran aquellas que presenten propuestas más ventajosas.

El Decreto 124/2010 no determina las zonas o nudos eléctricos en los que han de convocarse los concursos para la priorización de las instalaciones. Curiosamente la delimitación de zonas se hace en un documento denominado “Comunicación referente a los concursos eólicos”, que no consta que haya sido aprobado por ningún órgano autonómico.

A través de esta Comunicación –a la que se adjunta un mapa- se han delimitado las seis zonas –A, B, C, D, E y F- en las que se han convocado concursos para la priorización de instalaciones eólicas, mediante Ordenes del Consejero de Industria, Comercio y Turismo.

Entre los meses de agosto y diciembre de 2010 se convocaron los concursos para la priorización de instalaciones eólicas en cada una de las seis zonas. Se han resuelto ya los concursos de todas las zonas. La priorización de las instalaciones en cada una de las zonas da derecho a la tramitación del procedimiento de autorización.

Así pues, una vez resueltos los concursos convocados en cada una de las zonas para la priorización de las instalaciones eólicas, se tramitarán los procedimientos de autorización de aquellas instalaciones que hayan sido seleccionadas.

Lo cierto es que el Decreto 124/2010, que regula el procedimiento de autorización de las instalaciones eólicas, deja sin aclarar algunas cuestiones relacionadas con el control urbanístico de la implantación de estas instalaciones.

Para empezar, no está claro como articular desde el punto de vista urbanístico la ejecución de estas instalaciones en suelo no urbanizable. Es dudoso si bastará con una autorización especial en suelo no urbanizable o si será necesaria la tramitación y aprobación de algún instrumento de planeamiento urbanístico o de alguno de los instrumentos de política urbanística contemplados en la Ley de Urbanismo de Aragón, como son los Planes de Interés General de Aragón.

La Circular del Departamento de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón sobre criterios de aplicación y de coordinación para los órganos urbanísticos de la Comunidad Autónoma de Aragón en los procedimientos de autorización en suelo no urbanizable, interpreta que las instalaciones eólicas entran dentro de la categoría de “Construcciones e instalaciones que quepa considerar de utilidad pública e interés social y contribuyan de manera efectiva a la ordenación o al desarrollo rurales”, del apartado d) del artículo 31 Ley de Urbanismo de Aragón, dedicado a la autorización de usos en suelo no urbanizable genérico mediante autorización especial.

La cuestión no está clara sobre todo si tiene en cuenta la doctrina jurisprudencial sentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – sentencia 887/2008, de 10 de noviembre-, en virtud de la cual este tipo de instalaciones tienen la consideración de sistemas generales y deben estar previstos en el Plan General de Ordenación Urbana. Por ello no se admite la implantación de instalaciones eólicas en suelo no urbanizable mediante una mera autorización especial.

Ni siquiera está claro si estás instalaciones deben someterse al control previo mediante licencia urbanística. El Decreto 124/2010 no aclara tampoco esta cuestión. Se limita a regular el procedimiento de autorización administrativa, contemplando -artículo 9.2 del Decreto 124/2010- como un trámite dentro de este procedimiento, con carácter previo al de información pública, la emisión de un informe preceptivo por los Ayuntamientos afectados y también por el Departamento competente en materia de urbanismo.

Cabe suponer, aunque no se dice expresamente, que estos informes –tanto el emitido por los Ayuntamientos afectados como el emitido por el Departamento competente en materia de urbanismo- versarán fundamentalmente sobre la compatibilidad de las instalaciones eólicas proyectadas con el ordenamiento urbanístico. ¿La emisión de estos informes –en particular el emitido por el Ayuntamiento afectado- dentro del procedimiento de autorización administrativa tramitado por el órgano autonómico competente en materia de energía, exime del control efectuado a través de la licencia urbanística?

El artículo 194 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón –que lleva por título Autorizaciones y licencias- dispone en el apartado 3 que “. Cuando el ejercicio de una actividad por los particulares requiera la obtención de la correspondiente autorización o licencia municipal y las de la Administración de la Comunidad Autónoma, deberá establecerse un procedimiento de gestión coordinada que comportará una sola autorización de una de las dos administraciones. La Administración que no adopte la autorización final deberá informar con carácter previo en relación con el ejercicio de sus competencias propias”.

A tenor de lo establecido en este artículo, podría pensarse que el Decreto 124/2010 regula un procedimiento de gestión coordinada, que se resuelve mediante la autorización del órgano autonómico competente en materia de energía y en el que interviene el Ayuntamiento ejerciendo sus competencias urbanísticas mediante la emisión de un informe que tiene carácter preceptivo pero no vinculante.

La conclusión a la que se llegue acerca de la necesidad o no de someter a licencia urbanística las instalaciones eólicas, puede condicionar el que la ejecución de estas instalaciones entre o no en el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Ha de tenerse en cuenta que el ICIO -artículo 100.1 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales- “… es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento de la imposición”.

Conviene señalar, por último, que los Municipios pueden obtener otros ingresos, además del ICIO, por la implantación de las instalaciones eólicas en terrenos clasificados como suelo no urbanizable. Se trata de las prestaciones patrimoniales previstas en el artículo 35.4.b) de la Ley de Urbanismo de Aragón. Entre los deberes de los propietarios que promuevan la ejecución de actuaciones sometidas a autorización especial en suelo no urbanizable está: “Satisfacer las prestaciones patrimoniales que se establezcan mediante Ordenanza municipal, para legitimar usos privados del suelo no incluidos en el artículo 30.1.a)”.

Este precepto de la Ley autonómica reproduce en lo esencial lo establecido en el artículo 9.2.b) del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo.

Varias leyes autonómicas en materia urbanística ya han regulado esta prestación patrimonial por usos excepcionales en suelo no urbanizable. Y han sido varios los Municipios que amparándose en lo establecido en estas leyes han liquidado estas prestaciones patrimoniales por la implantación en suelo no urbanizable de instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Ello ha dado lugar a que las empresas promotoras de estas instalaciones hayan recurrido en vía jurisdiccional las liquidaciones de estas prestaciones patrimoniales, cuestionando la naturaleza de esta prestación y la forma de calcular el importe liquidado.

Las cuestiones planteadas en estos recursos han sido resueltas en sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia –fundamentalmente por los de Castilla-La Mancha, Andalucia y Extremadura-, creándose una doctrina jurisprudencial que conviene tener en cuenta al analizar el régimen jurídico de las prestaciones patrimoniales en la Ley de Urbanismo de Aragón y su posible aplicación en esta Comunidad Autónoma.

Por lo que respecta a la naturaleza de esta prestación, se ha considerado que se trata de una prestación de derecho público –artículo 2.1.h) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales-, a través de la cual se hace efectiva la participación de la comunidad es las plusvalías generadas por la actividad urbanística. Esta prestación patrimonial por usos en suelo no urbanizable es el equivalente al aprovechamiento urbanístico atribuido a los Municipios en los suelos urbanos no consolidados y en los suelos urbanizables. Queda descartada, por tanto, la naturaleza tributaria de esta prestación.

La Ley de Urbanismo de Aragón, reproduciendo lo establecido en el RDL 2/2008, comos se ha dicho, se limita a imponer el deber de satisfacer esta prestación patrimonial a los propietarios que promuevan determinadas actuaciones en suelo no urbanizable, sin que se establezca ningún criterio para determinar el importe de esta prestación, a diferencia de lo que sucede en otras leyes autonómicas. La regulación detallada de esta prestación patrimonial se remite a las Ordenanzas Municipales.

De manera que los Municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón que quieran hacer efectivo el deber de satisfacer esta prestación patrimonial por parte de las empresas promotoras de instalaciones eólicas, deberán aprobar la correspondiente Ordenanza en la que se regulen cuestiones tales como la forma de determinar el importe de la prestación, el devengo y la gestión.

Pedro Corvinos Baseca

CCAA y ayuntamientos reducen un 57% la licitación de obra pública

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos redujeron a más de mitad (un 57,8%) la licitación de obra pública en la primera mitad del año respecto al mismo periodo de 2010, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan recogidos por Europa Press.

Los gobiernos autonómicos y locales promovieron obras por un total de 4.755,2 millones de euros hasta junio, lo que implica un recorte de 6.516 millones de euros respecto a los 11.271 millones de euros invertidos un año antes.

Las restricciones presupuestarias y el parón derivado del proceso electoral y la posterior constitución de los nuevos gobiernos y ayuntamientos constituyen los principales factores de este recorte de la obra pública en las comunidades y los ayuntamientos.

De esta forma, la Administración local y la autonómica redujeron hasta el 53% su peso en el volumen total de obra pública promovida en el Estado desde el porcentaje del 81% que supusieron en junio 2010.

El descenso fue más pronunciado en los ayuntamientos, que recortaron en un 62,4% sus obras, hasta 2.561,9 millones. En las comunidades, la reducción fue del 50,8%, si bien promovieron obras por una menor cuantía (2.193,3 millones).

La licitación de obra pública total del conjunto de las distintas administraciones públicas en el primer semestre del año sumó 8.914 millones de euros, lo que supone un descenso del 35,8% en comparación a un año antes.

El Gobierno central acaparó el 46,7% de estas obras públicas, impulsado por Ministerio de Fomento, principal organismo inversor del Estado que, gracias a las obras promovidas con capital público, duplicó (+105%) su inversión en obra pública en la primera mitad del año.

En concreto, el departamento que dirige José Blanco sacó a concurso proyectos por 3.524,25 millones de euros en los seis primeros meses. Este importe incluye no obstante 956 millones correspondientes a un contrato del AVE a Galicia que se abordará en colaboración con el capital privado.

MÁS TREN Y MENOS COLEGIOS.

Por tipo de obras, el 71% del total de las promovidas hasta junio por el conjunto de las administraciones corresponden a grandes infraestructuras, y el 30% restante a obras de edificios públicos, si bien éstas son las que más se reducen (un 59,6%).

En concreto, entre enero y junio se sacaron a concurso contratos para levantar edificios públicos por 2.596,7 millones, de entre las que destaca el descenso del 74,4% registrado en la construcción de nuevas instalaciones deportivas, el del 50% de centros sanitarios y el del 57% de nuevos colegios.

De su lado, la licitación de grandes infraestructuras cayó un 15,3% en el primer semestre, hasta suponer 6.317 millones. En este subsector sobresalen los 3.000 millones de euros destinados a ferrocarriles, más del doble que un año antes, que contrasta con la caída del 23% en la promoción de nuevas carreteras y las del 53,7% y 69,3% en los proyectos de urbanización y medioambientales, respectivamente.

EUROPAPRESS

Trabajo está abierto a estudiar desgravaciones en el IRPF por la contratación de empleados del hogar

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se ha mostrado abierto a introducir desgravaciones en el IRPF según tramos de renta por la contratación de empleados del hogar, con el fin de evitar que el incremento del coste en cotizaciones que supondrá para los empleadores la integración de estos trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social reduzca el número de contrataciones.

En rueda de prensa, Gómez indicó que este tipo de desgravaciones escalonadas ya existe en otros ámbitos como el de la vivienda y que "se puede estudiar en el futuro" un tratamiento similar en el caso del empleo en el hogar.

Tal y como formularon su propuesta, Toxo y Méndez apuntaron a la posibilidad de desgravarse en la Declaración de la Renta el gasto derivado de la contratación de estos trabajadores. Dicho esto, Gómez indicó que "se analizará si hay una propuesta en firme", aunque recordó que la integración del régimen del hogar en el general ya contempla bonificaciones durante un periodo transitorio de siete años.

Por otro lado, además de poner en valor esta integración y de la reforma del sistema de relación laboral especial para introducir mejoras en la protección de los empleados del hogar, Gómez avanzó que durante 2012 se pondrá a trabajar a un grupo de expertos para confeccionar un sistema específico de protección por desempleo para las empleadas del hogar, con el objetivo de ponerlo en marcha a partir de 2013.

En este punto, Méndez le recordó que no sólo está pendiente de regulación esta prestación sino también lo referente a las causas de despido. Con todo, el líder de UGT puso en valor las mejoras introducidas en el régimen del hogar y aseguró que "suponen un reconocimiento del empleo doméstico como un trabajo y no como una servidumbre".