¿Es preceptivo el dictámen de los órganos consultivos autonómicos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por las entidades locales?

El carácter del dictamen de los órganos consultivos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por las entidades locales, no ha sido una cuestión pacífica.

El Consejo de Estado consideró que en estos procedimientos de responsabilidad patrimonial no era preceptivo el dictamen de este órgano consultivo. Se argumentó que el carácter preceptivo del dictamen no podía inferirse ni de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado ni de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo Título X contiene el régimen de responsabilidad patrimonial, al que se remite el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Esta doctrina ha sido seguida por buena parte de los órganos consultivos autonómicos, con la excepción de los Consejos Consultivos de Andalucía y Galicia y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que haciendo una interpretación sistemática de la citada legislación han llegado a la conclusión contraria, manteniendo el carácter preceptivo dictamen en estos procedimientos.

Hay que añadir a lo expuesto que algunas Comunidades Autónomas, para evitar dudas interpretativas, han considerado oportuno extender el carácter preceptivo de los dictámenes de sus respectivos órganos consultivos a los procedimientos de responsabilidad tramitados por las entidades locales. Y lo han hecho en las leyes reguladoras de estos órganos consultivos al establecer sus funciones.

De manera que hasta ahora en algunas Comunidades Autónomas, siguiendo la doctrina del Consejo de Estado, se ha considerado que no era preceptivo el dictamen de los órganos consultivos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por las entidades locales. Mientras que en otras Comunidades Autónomas, por establecerlo así la legislación reguladora de sus respectivos órganos consultivos o siguiendo la interpretación de estos órganos consultivos, se ha considerado que el dictamen tenía carácter preceptivo.

La controversia ha vuelto a suscitarse como consecuencia de la de la modificación introducida en el apartado 3 del artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la disposición final 40 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

La modificación ha consistido en añadir al apartado 3 del artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre un inciso final que se reproduce en negrita, quedando redactado este apartado de la siguiente forma:

“Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley. En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica”.

Se han manifestado sobre el alcance de la modificación el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en el dictamen 146/2011, de 4 de julio, y más recientemente el Consejo Consultivo de Aragón, en el dictamen 45/2012, de 17 de abril, llegando a la conclusión de que tras la entrada en vigor de esta modificación es preceptivo el dictamen de los órganos consultivos autonómicos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por las entidades locales, siempre que la cuantía de la reclamación exceda del limite establecido en la correspondiente legislación autonómica. También viene manteniendo esta interpretación el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

No se tiene constancia de que el resto de órganos consultivos autonómicos se hayan pronunciado sobre la incidencia de esta modificación en el carácter del dictamen en estos procedimientos de responsabilidad patrimonial.

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia emite el dictamen 146/2011 ha solicitud de un Municipio para que se pronuncie sobre la modificación del apartado 3 del artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se dedica una buena parte del dictamen a analizar la compatibilidad del citado artículo con el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y sólo en la parte final se hacen unas breves consideraciones acerca de la incidencia de la modificación en el carácter del dictamen en estos procedimientos de responsabilidad patrimonial. Se concluye que como consecuencia de la modificación será también preceptivo el dictamen del órgano consultivo autonómico en los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por las entidades locales, sin que se expliquen las razones que llevan a esta conclusión.

El caso de la Comunidad Autónoma de Aragón es curioso, dado que el Consejo Consultivo de Aragón se pronuncia de oficio sobre el alcance de la modificación y lo hace un año después de su entrada en vigor. Al parecer durante todo este tiempo el órgano consultivo autonómico no cae en la cuenta de que la modificación del apartado 3 del artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre impondría como tramite esencial en los procedimientos de responsabilidad patrimonial seguidos ante las entidades locales el dictamen preceptivo, cuando la reclamación superase el limite establecido en la Ley de constitución de este órgano. Si se considera acertada la interpretación mantenida por el Consejo Consultivo de Aragón, lo cual es discutible, como se verá, todas las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por las entidades locales en Aragón tras la entrada en vigor de la modificación del citado artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre que excedan de 6.000 euros y en los que se haya omitido el dictamen del órgano consultivo autonómico, serán nulas de pleno derecho.

Tampoco el Consejo Consultivo de Aragón se extiende en la argumentación que le lleva a concluir que tras las modificación del apartado 3 del artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es preceptivo el dictamen de este órgano en los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por las entidades locales, cuando la reclamación supere los 6.000 euros. Se limita a argumentar: “Que el apartado 3º (nuevo) se sitúa inmediatamente detrás de un apartado segundo en el que se hace referencia a los órganos competentes de las distintas Administraciones Públicas que tramitan procedimientos en esta materia. Así, se habla en el art. 142.2 y para la Administración General del Estado del Ministro respectivo o el Consejo de Ministros, si así lo dispone una Ley, o de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, “o de las Entidades que integran la Administración Local”. Esta última referencia a la Administración Local (y también la mención a la de las CCAA) trasmite claramente la idea de regulación para todas las Administraciones Públicas (básica) que el texto contiene y la hilazón lógica con la regulación de ese procedimiento administrativo en el que deberá existir dictamen de órgano consultivo competente en las condiciones que indica el art. 142.3 (nuevo) de la misma Ley 30/1992”.

Frente a lo que interpretan el Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el Consejo Consultivo de Aragón en estos dictámenes, no parece que la finalidad perseguida con la modificación del apartado 3 del artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, haya sido establecer el carácter preceptivo del dictamen de los órganos consultivos autonómicos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por las entidades locales. Si hubiese sido ésta la finalidad de la modificación lo lógico es que se hubiese establecido expresamente el carácter preceptivo del dictamen en estos procedimientos, sobre todo teniendo en cuenta las dudas interpretativas que se han suscitado en relación con esta cuestión. Es más, si era esto lo que se perseguía podría haberse aprovechado la ocasión para modificar también el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, estableciendo el carácter preceptivo del dictamen en estos procedimientos, al igual que se modificaron otros artículos de esta disposición legal en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

La cuestión es más sencilla. La modificación del apartado 3 del artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, vinculada con la modificación del apartado 13 del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, llevada a cabo por la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, ha tenido por finalidad excluir formalmente del ámbito de la reserva de ley orgánica el limite a partir del cual es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y una vez excluida la materia de este ámbito se aprovecha para incrementar el importe hasta los 50.000 euros.

No cabe, por tanto, inferir de estas modificaciones el carácter preceptivo del dictamen de los órganos consultivos autonómicos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por los entes locales, como hacen el Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el Consejo Consultivo de Aragón.

Pedro Corvinos Baseca

Otra visión jurídica para el timo de las preferentes

Vengo escribiendo últimamente en otros foros sobre la magnitud del timo de las participaciones preferentes, con las que no pocas entidades crediticias engatusaron a la clientela en los últimos años para, en diciembre de 2011, confesar que habían perdido casi todo su valor al dejar de ser negociables “ad intra”.

El problema no es sólo que la pólvora del rey con la que tiran los bancos y antiguas cajas –rescates incluidos- se haya llevado por delante a setecientos mil súbditos o más. El asunto evidencia que los controles sobre la banca, ya vengan del otrora emisor, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de Hacienda, de las unidades de investigación de delitos económicos o del Ministerio Fiscal, han sido una comedia.

Fíjense, a toro pasado, lo que nos dice ahora en su web la CNMV de las participaciones preferentes en su Portal del Inversor:

“Son valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho de voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada.

Su remuneración el primer año suele ser fija. A partir del segundo normalmente está referenciada al Euribor (o a algún otro tipo de referencia) mas un determinado diferencial. Esta remuneración está condicionada a que la entidad emisora de las participaciones obtenga beneficios suficientes.

Se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido”.

A buenas horas, mangas verdes. Y todo esto recientemente y bien escondidito, pues hay que hacer cuatro clicks con el ratón para detectar dónde se aloja tan importante aviso. Igual que el anuncio del Ministro de Economía de que, en agosto, endurecerá las medidas relativas a la adquisición de preferentes para que no vuelva a pasar algo tan grave. Y que, como el propio señor De Guindos ha ratificado, dejará absolutamente inermes a los inversores de entidades intervenidas.

El caso de las preferentes es un buen exponente de la escasa seriedad de un país donde se amnistía a los defraudadores y se hace pagar a funcionarios, parados y pensionistas lo que esos infractores no han ingresado ni, por gracia gubernamental, van a ingresar. ¿Hay alguien con la cara tan dura que se atreva a sostener que en el Banco de España o en la CNMV no se sabía del engaño masivo que bancos y cajas estaban realizando sobre amplias capas de la población no ya inversora sino simplemente ahorradora? ¿Alguien ignoraba que, entre bambalinas, se tranquilizaban conciencias –si es que en ese mundo se tienen- comentando que, por arriesgado que fuera, todos hacían lo mismo con sus clientes?

Porque el Estado no es un extraterrestre ajeno al devenir bancario. Las entidades crediticias no son pequeñas empresas que operan heroicamente a su riesgo y ventura. La clientela, que cuenta parcialmente con la red del Fondo de Garantía de Depósitos, sabe bien que la banca es una insaciable sanguijuela de lo público. Que se han saneado y recapitalizado numerosas entidades; que desde el Estado se ha forzado a fusiones frías y templadas y que, en los últimos meses, el Gobierno dice ser el pedigüeño de Europa, sólo para rescatar a la Banca. No creo que las empresas y comercios minoristas, tan de capa caída en su mayoría, puedan decir lo mismo. Y la regla elemental es que, quien da, presta o avala, sobre todo si defiende intereses generales, debe controlar al milímetro todo cuanto se cuece desde los consejos de administración hasta las oficinas periféricas de los bancos.

En los últimos días, se ha hablado de una sentencia de un juzgado de Cambados que condenaba a una entidad gallega a indemnizar a un cliente por vicios en el consentimiento. Correcto; y ni es ni será la última decisión judicial en tal sentido, aunque alguna Fiscalía ya ha mirado hacia el orden civil, siempre menos comprometido. Y el tema bien merecería que el Ministerio Público abriera una causa general por este asunto. Además, quisiera llamar la atención sobre un riesgo de interpretación jurídica que parece haber tomado cuerpo en las reclamaciones de los colectivos perjudicados y en la incipiente jurisprudencia, que es basar el perjuicio de las depreciadas preferentes en el elemento subjetivo. Bien en el perjudicado, por no poseer los conocimientos financieros suficientes (el tópico de la ancianita iletrada); bien en el asesor o empleado bancario por ocultar el riesgo de la operación, su duración ilimitada u otras circunstancias cuya elusión viciaría la voluntad del suscriptor del producto.

A mi entender esta fundamentación personalista, siendo acertada es incompleta. ¿Acaso no se ha estafado a personas con amplios conocimientos económicos? Me consta muy directamente que sí, porque los entresijos y arcanos de la banca no están al alcance de los teóricos de las finanzas. Defender lo contrario sería igual que descartar que a un electricista no le vayan a meter un clavo en el recibo de la luz o que a un médico no le puedan hacer una chapuza cuando le reducen una fractura. El problema es objetivo: la voracidad bancaria y sus atajos, conocidos y consentidos por el aparato estatal. Una operación, esta de las participaciones preferentes, urdida y comercializada con un marketing personalizado, intimista y supuestamente privilegiado a favor de clientes previamente seleccionados, no por su ignorancia o sabiduría, sino por su parné. Gentes hastiadas de no ver un céntimo en intereses, mientras las entidades de crédito siguen incrementando sus comisiones. Es ese propósito; esa maquinación, lo que debe ser perseguido y no la consigna memorizada que te endilga un trabajador bancario que se limita a cumplir las directrices jerárquicas, igual que un funcionario aplica órdenes de sus superiores que más tarde pueden anular los tribunales. A tal respecto no está de más recordar, por una parte, que el artículo 31 bis del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, recoge la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y, por otro lado, que mientras no se modifique el artículo 106.2 de la Constitución, el Estado responde por los daños causados por el funcionamiento –en este caso demencial- de los servicios públicos.

Tampoco –por eso hablo de una causa general- debe verse el asunto como una cuestión de entidades concretas. Aunque por un principio culpabilístico cada palo deba aguantar su vela, no parece casual que el mismo producto –tóxico, se dice ahora- fuera simultáneamente puesto en circulación, con la misma liturgia y tipo de feligresía por casi todo el espectro crediticio español. Porque encontrar aquí un justo, es más difícil que en Sodoma. Algunos, -me sé la historia-, en una suerte de arrepentimiento espontáneo o temor procesal, dieron la opción a la clientela a transformar sus preferentes en acciones ordinarias y hasta la fecha ruinosas o perder casi todo lo invertido. Huelga decir que tal opción, como sabe cualquier iniciado en Derecho, también contiene un vicio invalidante del consentimiento. Es igual que decir a un secuestrado que o abraza la fe de sus captores o lo rebanan en lonchas. Libertad total de elección.

Por tanto aquí tenemos un buen test para los poderes del Estado. El Gobierno debe reconocer su pasividad dañina y el Parlamento exigirle, si no lo hace voluntariamente, alguna suerte de reparación; por que a los bancos no sólo hay que llamarles para preguntar cuánto necesitan. Y los jueces… Yo creo que es la hora de que, gallardamente y purgando pecados del pasado, se pongan una medalla merecida.

Leopoldo Tolivar Alas

Cuando el enemigo está dentro

Qué diríamos de aquella empresa cuyos directivos no cesan de criticar y menospreciar, acusándoles de vagos e incompetentes, por sus continuos “cafelitos” matutinos y las pausas eternas, por su impericia supina, a sus empleados, a los medios personales de que disponen? Pongo el símil con la empresa privada porque gusta a los altos directivos y representantes de la cosa pública ensalzar el paradigma empresarial (siempre eficaz y eficiente) frente a la Administración Pública siempre burocrática, torpe, “legalista” y estulta. Partamos, no obstante, de que la Administración se rige por principios distintos y obedece a lógicas diferentes a las puramente empresariales, algo que parecen olvidar (intencionadamente) las modernas corrientes de las políticas públicas, por la sencilla razón de que no es prioridad de lo público buscar el lucro a costa de lo que sea y de que su objeto es la tutela de los intereses generales (y no de los intereses privados).

Aún así, y asumiendo aquel paradigma, ¿qué empresario se lanza piedras contra su propio tejado y no cesa de pregonar en el mercado los males que aquejan a su empresa, ensalzando a la vez a la competencia de un modo continuo e insistente? Hay también que saber dirigir para que la organización funcione correctamente, pero esto es otro problema, claro está.

Que la Administración Pública no es una empresa, ni que debe actuar sólo con esquemas de funcionamiento empresarial es algo que se impone de modo aplastante. Para empezar, si funcionara realmente atendiendo al paradigma empresarial los que la dirigen serían profesionales cualificados, competentes y reconocidos, tanto como se lo pudiera permitir la propia organización. Y le interesaría siempre rodearse de los mejores, de los más competentes, porque su supervivencia en el mercado dependería en buena parte de ello.

Nada de esto sucede, por más que guste desempeñar el papel de grandes gestores a quienes carecen de la brillantez y eficacia necesaria para tales cometidos (con honrosas excepciones), expertos en sobrevivir e imponerse en las luchas internas de los partidos y en unas elecciones, que no es poco, pero que desconocen realmente cómo se gestiona una Administración, y menos tratando de aplicar criterios de gestión empresarial (en lo que resulten aplicables, como decimos). Y es que una cosa son las tareas de gestión y de dirección de una organización y otra bien distinta son las tareas políticas. Cuando la política, entendida como el arte de lo posible (para muchos, ello significa equivocadamente el arte del torcimiento impune de las reglas que se imponen al resto de los mortales) se inmiscuye en las tareas técnicas, de gestión pura y dura, y profesionales, y viceversa, las cosas siempre empiezan a marchar mal. Porque el control deja de ejercerse como debiera ejercerse según criterios técnicos, y porque se adoptan decisiones regladas de todo tipo ajenas a criterios técnicos y profesionalizados.

Pero no sólo es grave la intromisión en el ámbito administrativo, profesionalizado, ejerciendo presiones intolerables (igualmente es grave la conducta de quienes se pliegan a ellas de modo vergonzante, para ir ganando favores), sino que además se señala con el dedo al personal al servicio de la Administración, tachándolo de inepto, aquejado del pecado capital de la pereza, y encima sobredimensionado. Personal que ha superado exigentes oposiciones (mención especial, claro está, merecen aquellos empleados públicos que entraron sin superar tales pruebas, o a través de pruebas recortadas a su medida y maquilladas, por presiones políticas o personales, y que en buena lógica luego no responden a unos mínimos niveles de calidad, lo que repercute en la mala imagen de ese funcionariado abúlico que trata de venderse a la opinión pública, pues de todo hay), y que es muy competente, cuyo mérito y capacidad ha sido demostrado, con iniciativa, laborioso, cumplidor y decente. Aclaremos que la fijeza en su empleo no obedece al mero hecho de superar unas duras oposiciones, idea también equivocada y malintencionadamente divulgada, sino que responde a sus funciones de servicio público, que deben ser neutrales, imparciales y objetivas, con independencia de la autoridad política de turno que ocupe la poltrona, siempre temporal. Es decir, que si no es de la “confianza” del político de turno, que no sea despedido, lo que es una garantía para y del propio sistema. Y que ahora parece más que nunca que protege al funcionario de quienes dirigen el sistema, que con su dedo acusador, y tras jugar durante décadas a ser generales con la pólvora del Rey (mientras son sostenidos por los verdaderos dirigentes de todo este tinglado), apuntan al funcionariado como el culpable de todos los males.

Así llegamos, en una vuelta de tuerca más, a las últimas medidas que se recogen en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (tiene guasa lo del fomento de la competitividad, que por lo demás parece querer lograrse devaluando el precio de la siempre torpe mano de obra, medida de compleja ingeniería empresarial sin duda alguna), con la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, entre otras mutilaciones al modo griego, irlandés, portugués, e italiano. Todo ello precedido de esa pertinaz campaña pública en contra del funcionariado vago y abúlico, como si fuera el causante de todos los males actuales. Funcionariado que presta servicios cuyo trabajo equivalente prestado por el sector privado es muchísimo más costoso para la Administración, y pese a ello reiteradamente contratado como sabemos. Es la progresiva destrucción de la cosa pública por quienes vienen viviendo de ella y quejándose de ella a la vez durante décadas, de forma continua, y sus descendientes, que en esto suele adquirir la condición de heredable.

Por cierto, y para terminar, propongamos que esta vez también se proceda a recortar las retribuciones de las autoridades, de todas ellas (como ya se sugiriera por la FEMP en 2010, ¿recuerdan?), en una catorceava parte de sus retribuciones totales. Más que nada para dar ejemplo, que siempre andamos necesitados de ellos, y para que el reparto de las cargas y “penas” públicas sea igualitario, como reclama el Tribunal Constitucional de la vecina Portugal.

Rodrigo Ortega Montoro

No (sólo) es esto

La gran preocupación que me invade en el día de hoy me impulsa a comentar las drásticas medidas que anunció Rajoy en el Congreso y que se empiezan a traducir en textos normativos, en el BOE de 14/7/2012. Y otras medidas se anuncian pero necesitan desarrollos posteriores. ¿Son las medidas adecuadas y las consecuencias serán aceptables?

La exposición de motivos de la reforma es el anuncio del Presidente de que [sic] “Nos encontramos en una situación extremadamente grave” frase que sin duda anima a los inversores mundiales a confiar en nuestra economía al tiempo que sirve de justificación de lo que viene.

Hagamos un análisis breve, puntual y urgente de algunas medidas en lo que nos afecta a bote pronto a la administración Local. Obviamente el debate es mucho más amplio:

I. Reducción del 30 % del número de concejales (esto no está en el RDL) … Al margen de que eso no es posible en este mandato ¿Qué medida es esa de reducir el 30 % de concejales cuando el 90 % de los concejales no cobran? En mi pueblo el único coste que provocan los concejales es un móvil de uno de ellos y el coste de las fotocopias de la información que se les ofrece. ¿Y no se reducen Diputados y Senadores paniaguados-floreros cuya única contribución es cuantitativa (hacer bulto a la hora de votar) que sólo votan lo que les dice la voz de su amo? Por supuesto extensible a 17 autonomías, 32 comarcas en Aragón y casi 50 diputaciones. Con un tercio o menos y sistema de voto ponderado es más que suficiente.

II. De nuevo reducción de salarios, aproximadamente un 5%; se sigue yendo a lo fácil. Pero no se reducen los asesores de Moncloa. Se informa en algún medio que Rajoy dispone de 632 asesores personales. Zapatero tenía parecido, 656. Pongamos un superoptimista promedio de 45.000 € anual de coste entre salario y seguridad social y sale la bonita cifra de 28 millones de euros. Y más:

- ¿No suprimen –verbigracia- a los traductores del Senado?

- ¿No se reducen los asesores del Estado CCAA, DDPP y Ayuntamientos? Ejemplo: la DPZ dispone de 65 individuos como personal de confianza (datos del BOP).

- ¿Por qué nos se habla de los consejeros de las Comarcas?

- ¿Por qué no se reducen también más de la mitad de los 750 parlamentarios europeos que y que todo el mundo trabaje las 1647 horas de la D. Adicional 71 de la LPGE de lunes a viernes incluidos ambos? (los jueves noche todos los parlamentarios europeos están en su casa, gastos pagados, exención de impuestos, etc).

- Por qué no fichan los asesores, diputados etc como todo hijo de vecino?

Se dirá que todo esto es el chocolate del loro, pero el loro está cada vez más obeso.

Leo un socarrón comentario literal (hago un copy-paste) en Expansión:

“¿solo va a quitar a los funcionarios la paga de Navidad? Así no saldremos nunca de la recesión. Lo procedente es fusilarlos. Mientras no acabe con todos ellos no saldremos nunca adelante.”

III. Se pretende suprimir mancomunidades (esto no está en el RDL). Otra medida sorprendente. La Diputación Provincial, que ahora mismo no presta los servicios obligatorios con respecto a los Ayuntamientos (verbigracia funciones públicas necesarias en municipios exentos) va a gestionar una pequeña Mancomunidad de dos pueblos para la prestación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento. Como dicen en el pueblo, no me lo creo ni harto de vino. Y si lo hacen, nos va a salir por un ojo de la cara, se va a incrementar el personal de las diputaciones, efecto boomerang. No merece mayor comentario. Nada se dice de eliminar de un plumazo todas las representaciones de la las CCAA en el exterior ni del déficit de las televisiones autonómicas.

IV. Resulta sorprendente que la dureza que se emplea con los Ayuntamientos no asome lo apenas con respecto a las CCAA. Europa interviene a España. El Estado interviene a los Ayuntamientos. Y las CCAA siguen yendo por libre, así lo demuestra la rebelión abierta de muchas de ellas. El País Vasco no va a aplicar el aumento del copago farmacéutico. Y ya está.

V. Se anuncia que los Presupuestos de 2013 incluirán un nuevo recorte del 20% en la subvención destinada a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, que se añade al que se ha realizado en 2012, también del 20%. Otra igual. De reducción del 20 % nada. Debería eliminarse totalmente cualquier aportación con este fin. Que vivan de las cuotas. Ejemplo. Pago a partidos del 1º Trimestre de 2012, BOE de 21/6/2012 (no se relacionan todos, solo los primeros de la lista):

PARTIDO POPULAR	7.677.545,40
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4.380.604,38
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	548.354,52
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	655.734,09
PARTIDO POPULAR-PARTIDO ARAGONES
•PARTIDO POPULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	214.489,05
•PARTIDO ARAGONÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	71.496,36
IIZQUIERDA UNIDA (LA IZQUIERDA PLURAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	738.980,07
AMAIUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	267.933,99
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	618.887,70
PARTIDO NACIONALISTA VASCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	231.749,4

En la publicación del BOE no está la suma. Probablemente da vergüenza sumar.

VI. Lo único bueno que después de todo exista en esta reforma es que los interventores municipales sean reforzados. ¿Se atreverá el Gobierno a estatalizarnos y pagarnos con cargo al FCM?

En cualquier caso, y ya puestos, propugno ser un Land alemán más, quizás podríamos llamarnos Spanien Niedersüdmediterraneen Land. A los efectos que nos ocupan qué más da. El Presidente dijo el miércoles que no somos libres y que la situación es extremadamente grave. Manda quien manda.

Quizás como dijo Ortega no es esto. No es esto porque lo que hace falta es un cambio de sistema, no una simple reducción de gastos. Hace falta también incentivar de algún modo la creación de riqueza pero lo más importante, hace falta una verdadera mentalización colectiva de la imperiosa necesidad de practicar la solidaridad y ser más eficientes, productivos y responsables. No hay sector en el país que no defienda a sangre y fuego su sector, su parcela, lo que es normal. Pero esto debe ser un esfuerzo colectivo; si se sigue ayudando a los mineros que se ayude también a Talleres Pepito S.A.L.

Ignacio Pérez Sarrión

Amnistía urbanística

Después de la desastrosa amnistía fiscal, recaudatoriamente hablando, parece que se avecina otra variante de amnistía – la urbanística – aunque no alcanzo a comprender a qué exigencias de los mercados responde esta medida o qué tipo de objetivos paliativos de la crisis encierra.

Parece que el Ministerio de Fomento ha enviado a las Comunidades Autónomas y a algunos Ayuntamientos, a los efectos de conocer su postura y para que éstos realizaran las alegaciones que estimaran oportunas, un documento en el que se plantea, mediante las modificaciones necesarias en las leyes del Suelo, de Propiedad Horizontal y de Economía Sostenible al menos, que las sentencias para demoler una edificación ilegal quedasen suspendidas cuando se demostrara que tales viviendas son habitadas por un tercero de buena fe, es decir, un comprador de la vivienda que la hubiera adquirido desconociendo el fallo judicial que imponía el derribo de la construcción.

Parece ser que el Ministerio de Fomento ha elaborado un documento, al que no puede accederse, brillando por su ausencia la tan ansiada transparencia de la administración – habría sido deseable que, por ejemplo, estuviera colgado en la página web del ministerio para que los ciudadanos también pudieran opinar en una materia en la que la acción popular tiene tan arraigada tradición – que se posiciona eufemísticamente «a favor de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas», según las noticias aparecidas en prensa que constituyen mis únicas fuentes de conocimiento.

Siguiendo esas mismas fuentes, parece que el texto intenta facilitar la renovación y rehabilitación de viviendas como una salida natural para el sector de la construcción y que para que puedan beneficiarse del cambio legal las construcciones deberían cumplir cuatro condiciones:

1º) Las viviendas deben estar terminadas

2º) La compraventa debe ser posterior al fin de la obra, de forma que no sea el promotor quien se beneficie de la amnistía,

3º) La vivienda no debe exceder la licencia o el plan urbanístico que fue declarado ilegal.

4º) La vivienda no puede estar en dominio público (cauces de ríos o en primera línea de playa) ni de defensa y no suponer un riesgo para las personas.

La norma no afectaría a las casas construidas directamente sobre la playa – zona de dominio público marítimo-terrestre -, si bien para estos casos parece que se prepara una reforma de la Ley de Costas mediante la cual no pertenecerán al dominio público marítimo-terrestre estatal las ciudades navegables y las áreas urbanas consolidadas con singularidades propias. Reforma que podría afectar a barrios enteros como El Palo, en Málaga.

Es decir lo que se plantea es una especie de indulto de aquellas construcciones, ilegales en su día, que han visto como han pasado a propiedad de un tercero de buena fe por la falta de diligencia de éste a la hora de comprobar su legalidad – casi todo el mundo cuando tiene intención de comprar una vivienda se cerciora de que no tiene cargas hipotecarias o gravámenes y de que es verdaderamente su dueño quién dice serlo – o por los infundios tendenciosos del promotor o vendedor que si eran plenamente conocedores de las irregularidades existente en torno a la vivienda e, incluso, de una sentencia firme que ordenaba su demolición.

Sin embargo, dicho indulto solamente alcanzaría a las construcciones irregulares amparadas en una licencia o en un planeamiento anulados por ser ilegales y no incluiría las obras que excedieran del límite autorizado por ellos, por lo que no quedarían indultadas las construcciones clandestinas ejecutadas sin licencia.

La amnistía fiscal en ciernes viene a reconocer la dificultad para ejecutar las sentencias de demolición, tal y como señala la última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que, además, pone de manifiesto que en algunas zonas hay un conflicto social por el tema; pero también admite indirectamente la negligencia en la inspección de la legalidad urbanística por parte de los responsables de los organismos encargados de ella debida a la ignorancia o a la falta de interés en su cumplimiento o en su restablecimiento, en su caso.

Según la información de Rafael Méndez publicada en el diario “El País” de 30 de mayo pasado «la Fiscalía de Cádiz denuncia la existencia de “verdaderos grupos de presión para la regularización de viviendas ilegales, evitándose con ello las procedentes demoliciones”. “Los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en auténticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística [...] Tales grupos no solo exigen la legalización de sus edificaciones —muchas de ellas incursas en procedimientos penales— sino que, con base en su supuesta incapacidad de hacer frente a los gastos, tratan además de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos [...] se financie con fondos públicos”».

A los que trabajamos en la administración local no nos son ajenos argumentos tales como: “Si demuelo una construcción ilegal o clandestina o clausuro una actividad sin licencia me tengo que marchar del pueblo”. Recuerdo que en un pequeño municipio de Cuenca de unos 300 habitantes aproximadamente, perteneciente a la Mancomunidad de Aguas que yo tenía acumulada, una granja avícola, perteneciente por cierto a un conocido personaje, filtraba los purines a la red de abastecimiento de todos los pueblos mancomunados, mientras que el Alcalde se debatía entre la obligación de clausurar la granja – la Consejería de Sanidad insistía en que era competencia municipal y que ellos no moverían un papel para resolver la situación – y la consecuencia de la clausura de mandar al paro a más de la mitad de la población que trabaja en las instalaciones infractoras. Lo que sí puedo afirmar es que yo, después de visitar la red de abastecimiento y el río del que partía el suministro, no volví a beber agua del grifo y me aficioné al agua embotellada, pues, no en balde, el agua de “Solán de Cabras” es autóctona de la misma provincia.

Quizás esta presunta amnistía urbanística sea un aliciente para reflexionar sobre el sistema de inspección urbanística y reconsiderar a qué órganos se atribuye, para evitar que la adopción de medidas de control o restauración urbanística pueda suponer a los responsables una situación estresante y rayana con el autodestierro.

Pero no creo que la solución sea el tirar por la calle de en medio y, atajando, otorgar carta de naturaleza a situaciones ilegales para resolver los problemas creados por muchos terceros de buena fe que se encuentren afectados. Un miembro de la Asociación de Maltratados por la Administración que compró una casa en una urbanización ilegal en 1997, cuya orden de demolición fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2007, tras mostrar su alegría porque el Gobierno tenga la intención de indultarla y porque empiece el su pesadilla, afirmaba que «no hubiera aceptado que me dieran una vivienda en otro lugar. La mía está en un lugar idílico”.

Sin embargo, lo grave de la cuestión es el mensaje que se lanza a una ciudadanía que posiblemente también hubiera querido tener una vivienda en un lugar idílico, pero ha cumplido con la legalidad por convicción cívica o por falta de redaños para enfrentarse a estado de derecho en aras de sus deseos, así como a los responsables políticos que sí consideraron que tenían el deber de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico; y la cara de tontos que nos queda frente a las ultimas variedades de amnistía.

Jesús Santos Oñate

65.000 millones de ajuste hasta 2014.-

Reducción del gasto público en subvenciones, comunidades y ayuntamientos | Subida de impuestos | Recortes a los funcionarios | Liberalizaciones.

Pasan del 8% al 21% de golpe

Así quedará el IVA tras la subida de Montoro

Las entradas a espectáculos culturales, los servicios, los alquileres o las reformas sufrirán una subida del 13%.

El 40%, del IVA

El Gobierno espera recaudar 56.440 millones hasta 2014 con el ajuste

Este cálculo sólo figura en un comunicado en inglés destinado a inversores y medios de comunicación extranjeros.

Reforma de la Administración Local

El Gobierno reduce concejales y elimina las mancomunidades

Libre mercado

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de reforma de la Ley de Régimen Local.

Para asimilarlos al sector privado

Montoro quita tres moscosos a los funcionarios

Se modificará el régimen de incapacidad temporal, reducción de días libres, renuncia de la paga extra y reducción del número de liberados.

Pasa de 72 a 90 horas semanales

El Gobierno liberaliza las rebajas y amplía los horarios comerciales

Las tiendas de menos de 300 metros cuadrados podrán abrir todos los días y en el horario que elijan, sin ninguna restricción.

Y aumenta retenciones en el IRPF

También suben Sociedades, el tabaco y cotizaciones sociales

Junto al incremento del IVA, el Consejo de Ministros aprueba una serie de medidas destinadas a aumentar la recaudación.

Desde el 1 de septiembre

Las retenciones en el IRPF para las actividades profesionales sube del 15% al 19%

Esta medida, que tendrá carácter temporal, no figuraba entre las anunciadas por el Gobierno.

200 millones menos para dependencia

Los parados tendrán que pagar íntegra la cotización a la seguridad social

El ajuste aprobado ayer en el Consejo de Ministros se ha materializado este sábado en 91 páginas de Boletín Oficial del Estado.

Mayor apertura

La liberalización ferroviaria y aeroportuaria comenzará este mes

El Gobierno planteará este mismo mes de julio un plan para profundizar en la liberalización de todos los modos de transporte.

.ALREDEDOR DE 5000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN MÁLAGA CONTRA LOS RECORTES

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) informa de la manifestación que alrededor de 5.000 personas han protagonizado  jueves dia 19 en Málaga. Convocados por CSI·F, STAJ, USAE, CEP, APIA, SAFJA, SMA, USO y AMPE contra los recortes, los manifestantes, procedentes de todos los rincones de la provincia, no han dudado en echarse a la calle para rechazar los abusivos recortes de Gobierno central y Junta de Andalucía.
 La protesta, con los representantes de todas las fuerzas sindicales a la cabeza, ha partido de la Alameda Principal sobre las 19:30 horas para finalizar su recorrido en la misma Plaza de la Constitución cerca de las 22:00 horas. A lo largo de la marcha ha habido ocasión para una improvisada, aunque intensa, pitada frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.

CSIF-A también celebró ayer manifestaciones en todas las capitales de provincia andaluzas, incluida Málaga, donde también registró una numerosa asistencia, en defensa de la función pública y contra los recortes aprobados tanto por el Gobierno central como por el de la Junta de Andalucía.

Por su parte Csif quiere agradecer a todos los participantes en esta convocatoria su participacion que se realizo sin incidentes alguno. Csif en nombre de su presidente, Joaquin Perez añadio que las concentraciones y protestas no van a cesar mientras se siga cargando contra los trabajadores todo ello provocado por uan mala gestion.

Los delegados y trabajadores del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre acudieron a la convocatoria en un gran numero demostrando el interes por la causa.

De imposturas normativas

Entre los atributos que está perdiendo nuestro Estado de Derecho está el del brillo de las Cortes generales ante la preferente aprobación por el Gobierno de continuos Reales Decretos Leyes. Normas que se redactan de manera atropellada -quizás sea esa la única urgencia que demuestran- incluyendo diversas previsiones sin mayor conexión. Hace años ya redacté una pragmática para los malos legisladores (“Once tesis y una premática para salvar la dignidad de la Ley”, en la Revista de Administración Pública, núm. 177) cuya aplicación habría que extender a los gobiernos.

En la lectura de uno de los recientes Reales Decretos Leyes, el que ya hace el número 19, de 25 de mayo, me encontré con la siguiente disposición adicional: se permite a las Corporaciones locales contratar con entidades colaboradoras la comprobación de los requisitos exigidos en las declaraciones responsables o en las comunicaciones previas previstas ahora para el establecimiento de diversos comercios. Recordé las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, varias tienen fecha de 17 de febrero de 2011, que habían anulado gran parte de la Ordenanza local del Ayuntamiento de la capital relativa al régimen de gestión y control de las licencias urbanísticas de actividades. Entre los muchos motivos que llevaron a la Sala a invalidar tal Ordenanza se señalaba que el Ayuntamiento carecía de la suficiente habilitación legal para imponer ese régimen de “externalización” de funciones. Porque realmente “lo imponía”. Obligaba a los particulares y empresarios a contratar con esas empresas colaboradoras de manera necesaria para que se pudiera tramitar su solicitud, pues no se tramitaría ninguna solicitud que no estuviera avalada con el certificado de una de esas entidades colaboradoras. Ahora el gobierno estatal facilita esa habilitación, permitiendo que las Corporaciones locales encarguen a entidades colaboradoras la gestión y control y sin que los ciudadanos debamos condenarnos a mantener una relación con las mismas.

Pero mi desconcierto al leer la disposición del Real Decreto Ley no radica en que se trata de amparar una situación anulada por los Tribunales de Justicia sino por otras contradicciones que quizás alcancen la impostura.

Es cierto que no es nueva, ni tampoco debe despreciarse, la colaboración de entidades privadas en el quehacer administrativo. Muchos sectores reclaman su necesaria asistencia: la inspección de buques, el régimen de la adopción internacional, análisis ambientales… En todos estos ámbitos la legislación prevé la adecuada colaboración de empresas privadas. Pero hay que advertir de que se trata de sectores caracterizados por su complejidad o que no han sido propios de la gestión administrativa común, de ese “giro o tráfico” clásico con el que muchos profesores intentamos trazar el ámbito propio de la actuación administrativa. Algo que no puede decirse de la tramitación de las licencias municipales de apertura o, ahora, tras las últimas reformas, del control de las comunicaciones y declaraciones responsables.

Y es que estamos cansados de oír cómo se repite de manera automática por tantos responsables políticos que hay que luchar contra la burocracia, como si la tramitación de los expedientes administrativos, que busca garantizar la correcta aplicación de la ley, lo razonable de la decisión, la participación de los interesados fuera una extravagancia. Pues bien, a pesar de esa cantinela, se aprueba una Ordenanza y ahora se permite en una ley la realización de trámites administrativos y, además, que los realicen empresas privadas con ánimo de lucro. ¿Dónde quedan las garantías de imparcialidad, objetividad y neutralidad que debe predicarse de la gestión pública?

Es más, cuando abrimos los periódicos nos encontramos con noticias de despidos de personal laboral de los Ayuntamientos, con planes de reordenación que pueden conducir a la excedencia a muchos funcionarios, no, por cierto, de reducción de cargos políticos o de dirección. Pues bien, ¿cómo se casan las drásticas medidas de adelgazamiento del personal de los Ayuntamientos con esa multiplicación de los contratos de servicios para realizar trámites administrativos? Si se reconoce que hay tantos expedientes de control e inspección que es necesario contar con la colaboración de empresas ¿por qué no mantener esa actividad propia de la Administración en su ámbito?

Mercedes Fuertes López

Órdago. Y a ver qué pasa.

Como un blog no deja de ser una bitácora o cuaderno de viaje, un relato del acontecer diario, relataré que recibo mail de la Diputación Provincial, quien amablemente tiene a bien informar a los Ayuntamientos de la demarcación a través de los FHE, de las diversas novedades normativas que nuestro complejo y descentralizado sistema se complace en regalarnos cada mañana. Y como quien no quiere la cosa, se dice (casi parece un parte de guerra):“El sábado 30 de junio de 2012 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.El texto del mismo se puede encontrar en el siguiente enlace web:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8745.pdf

-En la disposición adicional “décima octava” se modifica la disposición adicional decimocuarta del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, que a su vez modificaba la disposición final decimoquinta de la Ley 39/2010, de PGE para 2011, que a su vez actualizaba el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que a su vez refundía la ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales…, con una nueva modificación de los términos “ahorro neto” y “capital vivo”, a los que se les añade el siguiente párrafo:

“descontando, en todo caso, en el cálculo del ahorro neto y en el del nivel de endeudamiento, el efecto que, en ambos casos, pueda tener el importe de los ingresos afectados”.

Ah, pues qué bien. Dedicaré toda la mañana a seguir el hilo de Ariadna. A ver de qué está hecha esta vez la tortilla normativa. Si ya era complicado entender estas cosas de la estabilidad presupuestaria etcétera, hablo con colegas y esto de la deuda viva o muerta, el ahorro neto o bruto, la capacidad de financiación, el cuatro treinta y nueve (parece un nuevo juego de la ONCE), los informes de morosidad y el no-se-qué apenas lo entienden siquiera los iniciados.

Y es que de repente la economía nos invade todo. Todo el mundo habla(mos) de cosas que no sabíamos que existían, sobre todo de la prima de un tal Riesgo, del déficit por cuenta corriente, de subprimes, de recortes y rescates europeos.

Es el mundo de los economistas, personas listas como quien más que tienen la virtud de desentrañar lo que ha pasado con explicaciones distintas según quién las dé, pero que nunca tienen la virtud de anticipar de modo fiable lo que va a pasar. Como recuerda el dicho: un médico cura, dos dudan, tres, muerte segura. Estos sabios economistas criados en escuelas de negocios de mucha elite y que trabajan con corbata en los pisos altos de oficinas de la Castellana, la City o de la Calle 42, escrutan dónde está su beneficio y deciden fríamente en consecuencia. Si hay que hundir un país, qué le vamos a hacer, c’est la vie.

Así, en las entidades locales nos vemos enfrentados a nuevos conceptos, nuevas exigencias, nuevos requerimientos, nos enfrentamos a la penuria y la administración de la pobreza y al mismo tiempo a controles desde todas partes, Comunidad Autónoma, Estado, UE, Cámara de Cuentas, Ministerio de Hacienda, nos vemos abocados a ser el feo y el malo de la película y a pedir perdón en el confesionario. Hoy, como muestra, llegan nuevos requerimientos de la Diputación, una justificación del Plan de Educación de Adultos que hasta ahora era laboriosa pero sencilla y que veníamos haciendo veinte años, ahora se complica, hay que presentar nómina a nómina de los trabajadores, TCs y Mod. 190 y además justificantes de que todo eso se ha ingresado efectivamente. Y me planteo que: a) Esto es una competencia totalmente impropia. b) Una financiación de hace 20 años que se aproximaba al 90 % ahora no se acerca ni al 15 % (el viejo Capitán Araña ataca siempre). c) De un Ayuntamiento no se fía al parecer nadie, los Secretarios-Interventores parecemos estar de adorno. d) ¿No sería más sencillo que el servicio lo gestionase directamente quien lo financia? e) Renunciamos a eso de la subsidiariedad.

Mientras tanto en este mundo traidor en la cosa económica, la UE decide finalmente que va a rescatar a los bancos que, siendo en una importante parte los causantes de estos estropicios saldrán, como siempre, de rositas. Y éstos se siguen portando. Primero desalojan a los pobres hipoteahogados lanzándoles de sus casas, nos hacen creer en sus balances que éstas valen un potosí y condenan a los desahuciados a una deuda de por vida. Luego les alojan amablemente en los cajeros por la noche para que duerman entre cartones.

Y todos seguimos en un ay, en la cuerda floja, como los funambulistas y el estado catatónico cada vez elimina más redes de seguridad. Si nos la damos, será buena.

Europa, ah, lejana Europa que ha decidido asfixiarnos. Creímos en ti y ahora quedamos en la cuneta descalabrados bajando el Tourmalet sin frenos. La F.M./A.M. (Frau/Ángela Merkel) imponiendo a sangre y fuego el espíritu y modelo cisterciense (cisterciano, se diría en La venganza de Don Mendo) de economía sin una mínimas medidas de impulso de reactivación. Más IVA, menos sueldo, la Troika residiendo en el Palace y acudiendo a Economía y a Moncloa a controlar cada mañana. Quizás sea hora de volver a lo castizo, echar un órdago a la grande en este patético mus europeo y anunciar que más vale solos que mal acompañados y a ver qué pasa. Decir que o salimos de ésta todos o nos llevamos por delante a media Europa. Una pobrecilla Europa que ya fue secuestrada por Zeus en la Grecia clásica y que sin embargo dio nombre al continente.

Ignacio Pérez Sarrión

El regreso de los oficios tradicionales

Supe que una autora de la editorial que dirijo había quedado en el paro tras no ser renovado el contrato que mantenía con una universidad. En vez de deprimirse, se puso inmediatamente a idear fórmulas para ganarse la vida hasta que, además de diversas colaboraciones, encontró una actividad que le satisfacía y que le permitía ganar el dinero que precisaba para ir tirando. Retiraba muebles abandonados, los restauraba con gusto y los vendía a través de internet. Le va razonablemente bien. Otra mujer, familiar cercana, que jamás había trabajado para la calle, complementaba la pensión de su divorcio diseñando y cosiendo trajes de flamenca. Cualquiera que viaje con frecuencia podrá comprobar la cantidad de pequeños huertos familiares que están surgiendo como por ensalmo. Podría poner otros muchos ejemplos de nuestra cotidianidad cercana. Algo está cambiando y muchas personas están retomando oficios artesanales prácticamente abandonados, ayudados por las posibilidades que conceden las nuevas tecnologías. ¿Cómo interpretar esto? ¿Se tratan de simples chapuzas para aguantar el tirón o estamos ante el nacimiento de un nuevo tejido productivo, débil pero extenso? ¿Una simple muestra de la economía informal típica de los países en vías de desarrollo o un cambio de la sociedad hacia actitudes más activas? ¿Una evidencia del fracaso social o de la nueva energía que terminará por hacernos remontar?

Estamos desconcertados. La crisis, al igual que los feroces jinetes mongoles de Gengis Khan, cabalga desbocada sobre las estepas de nuestro desconsuelo. Hoy golpea aquí, mañana allí. Cuando no es la prima, es la deuda y cuando no, el crédito. Europa, nuestra tabla de salvación, cada día nos parece más lejana y sorda. Siempre parece existir una víctima propiciatoria para ser sacrificada a la furia secular de esta crisis milenaria. Los ciudadanos observamos con los ojos muy abiertos de asombro y temor los avances de un enemigo al que nuestros generales no logran detener. Seguimos con pasión las noticias de macroeconomía que antes ignorábamos. ¿Quién sabía lo que era la prima de riesgo hace un año? Ahora está invitada a comer en casa todos los días. La horda aplasta haciendas y países, con su secuela de dolor, ruina y desempleo, sin que ninguna de las estrategias probadas para detenerla haya conseguido otra cosa que envalentonarla y enfurecerla. Las personas desempleadas encuentran dificultades crecientes para recolocarse… ¿Qué pueden hacer?

Y ante este panorama desolador existen dos tipos de personas. Las que creen que la solución corresponde a los de arriba, ya sean los políticos, los financieros, los mercados o la virgen de Lourdes frente a aquellas otras que son conscientes de que la solución comienza por ellas mismas y que no pueden resignarse a la pasividad. Hasta ahora, eran mayoría los primeros. Pensaban que la crisis se trataría de un mal pasajero y que nuestras instituciones lograrían derrotarla con las políticas tradicionales. Sin embargo, por convicción o por obligación, cada día son más los que se percatan de que un nuevo ecosistema está naciendo y que ha venido para quedarse durante una larga temporada y que conllevará un esfuerzo de adaptación generalizado. Se sale de esta trabajando más e inventando, y no quedándonos en casa culpando al resto de la humanidad – jamás a nosotros mismos, por supuesto – de todos los males que nos afligen.

Muchos tendremos que reinventarnos. Encontrar por nosotros mismos el oficio o la ocupación que nos puede salvar y que nadie nos dará. ¿Por qué alguien habría de hacerlo cuando un altísimo porcentaje de los empresarios están arruinados? Y con la mente abierta nace la creatividad, que unida al tesón y a la voluntad puede abrirnos puertas al futuro y, quién sabe, semillas de empresas para el día de mañana. Estamos asistiendo al inicio de un tejido – muy débil e incipiente – de oficios y actividades artesanales, algunos nuevos, otros muy tradicionales. Costura, remiendos, bordados, encuadernaciones, reparación de muebles, reciclado de materiales, reparaciones varias, representaciones comerciales personalizadas, pequeñas distribuciones, cultivo de frutas y hortalizas… Observe a su alrededor y encontrará ejemplos de personas que antes se encontraban cómodas en el sistema de trabajo por cuenta ajena, con su nómina, su cotización y sus derechos, y que, una vez expulsadas de ese paraíso, han decidido comenzar una actividad por su cuenta. Sin duda alguna, se trata de un grito de rebeldía contra esa epidemia de zombificación que nos invade. El mejor antídoto contra el muerto viviente en el que podemos convertirnos es apostar por la actividad que puede significar el inicio de una profesión o de una actividad empresarial para nuestro futuro. Este cambio de actitud, forzado sin duda por las circunstancias, muestra la energía creadora que alberga nuestra sociedad en su seno. No nos resignaremos y el futuro se construye trabajando, creando, inventado. Y quizás un oficio para el que tengamos talento puede ser el primer paso para la salvación.

Nos empobrecemos como país. Pero por vez primera advierto la energía telúrica que comienza a aparecer desde la base. Los españoles siempre nos hemos crecido ante las adversidades. Nuestro sistema intenta narcotizarnos con aquello de los derechos adquiridos. La historia nos enseña que no existen otros derechos más que los que individual y colectivamente nos ganamos con nuestro esfuerzo y creatividad. Estos modestos oficios artesanales que retornan suponen un paso pequeño de un pueblo con corazón de gigante. Y si no, al tiempo.

 Manuel Pimentel

Hacernos trampas en el solitario

Oigo con indignación y vergüenza la noticia que salta a los medios. Resulta que al cruzar datos entre Hacienda y Seguridad Social, cosa que no se hacía al parecer desde hace ocho años, la Ministra Mato concluye que existen 800.000 personas en este país que están haciendo uso indebido del sistema de pago de a factura farmacéutica, es decir, pagan cero euros por los medicamentos cuando deberían aportar como cualquier trabajador el 40 %. De esos 800.000 se informa también que 600.000 de ellos es por errores del sistema; al parecer no fueron muchos los errados que quisieron corregir la situación. Y 200.000 por abierto fraude consciente al sistema. O al menos gravemente negligente.

Dicho esto la primera reflexión es que el sistema es verdaderamente deficiente si no ha detectado hasta ahora la situación. Tanto informáticamente como desde los gestores que tendrían que haber controlado con un poco más de cuidado esas perversiones.

Pero la segunda y más grave es que existan 200.000 personas que engañan abierta, franca y descaradamente a la Seguridad Social. No son unos pocos robaperas con perdón, no, es multitud, son el Camp Nou y el Bernabeu juntos, una cantidad ingente, que lleva a concluir que en el sentir colectivo nacional el que no engaña es porque no puede o no sabe. Tonto el último. O qué listo es éste que se escaquea piensa el común de los iberos.

¿Tó er mundo e güeno? Eso creía Voltaire, la bondad natural del hombre. Queda desmentido abriendo cualquier periódico cualquier día. EREs fraudulentos, consejeros de Cajas que se suben la indemnización y pensión vitalicia cinco minutos antes de salir por la puerta de atrás, el Jefe del Tercer poder haciendo un uso más que cuestionable de los fondos públicos, enjuagues, sueldos, enchufados, prebendas. País, como no decirlo de nuevo, de Rinconete y Cortadillo, El lazarillo de Tormes; la literatura ha retratado desde hace cinco siglos el ser hispano. Cuánto mal y cuánta miseria trajo la Contrarreforma en España y en el sur de Europa al reforzar el perdón de los pecados en vez de la responsabilidad personal.

Parece que más bien Homo homini lupus est como diría el bueno de Hobbes que si levantase la cabeza… Hay un dicho popular más pedestre que es que el que venga detrás que arree.

Ante tales noticias hispanas, es de suponer que el Embajador de Germania en la Castellana haya informado convenientemente a la Frau, quien habrá dicho automáticamente algo así como “ya lo sabía y no hace más que confirmarse, ¿cómo nos vamos a fiar de éstos…? Reacción por otro lado normal.

¿Pero de quién es todo este dinero, no es de todos los contribuyentes y cotizantes? ¿Pero qué solidaridad es ésta? ¿Qué valores son los predominantes en nuestra sociedad? Un país con un gran conjunto de ciudadanos que no posee valores morales (tenerlos supondría respetarlos) es un país sin futuro. ¿Cómo quejarse de que haya políticos corruptos si éstos no son más que una representación de la sociedad?

Constatar todo esto causa desesperanza, difícilmente veremos una salida a la tremenda crisis si no somos capaces de hacer un esfuerzo colectivo consciente. La actitud es aprovecharse del sistema sin pensar en que formamos un todo y que el vuelo de una mariposa en Europa puede provocar un huracán en el Pacífico.

Causa desazón pensar que se cumplen las normas sólo por si le sancionan y no porque se tenga interiorizada la necesidad moral de hacerlo.

Ignacio Pérez Sarrión

CSI-F convoca a los empleados públicos a una huelga general a finales de septiembre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha convocado a los empleados públicos del conjunto del Estado a una huelga en la función pública a finales del mes de septiembre, tras conocer los detalles de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este viernes.

La organización tiene previsto concretar la fecha definitiva de la jornada de huelga en la reunión que mantendrá el próximo jueves, día 19, junto al resto de los sindicatos que tengan representación en el sector público.

La convocatoria se sumará a la manifestación convocada para ese mismo día y a las diferentes actuaciones, movilizaciones y paros parciales que los organizaciones quieren promover en el marco de una plataforma sindical, en la que estarán CC.OO, UGT, CIG, CGT o ELA, entre otros.

El vicepresidente de CSI-F, José Fernández, ha explicado en rueda de prensa que el sindicato ha aprobado esta convocatoria por unanimidad después de analizar las medidas que se han detallado en el Consejo de Ministros, "pues se ha constatado el cabreo y la indignación de todos los funcionarios por este nuevo recorte que les hace el Gobierno".

Fernández ha señalado que la fecha definitiva aún no se ha fijado porque CSI-F quiere que participen el resto de sindicatos con representación en la función pública, "pues en este momento no hay colores ni banderas, es momento de unirse contra estas injusticias".

El sindicato ha asegurado que no teme que el retraso de la jornada de huelga hasta el mes de septiembre le haga perder fuerza, "porque los problemas del funcionariado no habrán acabado ese mes, lamentablemente". "En septiembre se aprueban los Presupuestos Generales del Estado y entra en vigor la subida del IVA, así que no creo que nadie haya olvidado los recortes anunciados esta semana", ha subrayado Fernández.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Por otra parte, el vicepresidente de la organización ha confirmado que CSI-F intentará instar al Defensor del Pueblo "o convencer a 50 diputados" para que se presenten el recurso de inconstitucionalidad que quieren que se interponga ante el Tribunal Constitucional (TC) contra estas medidas.

"El Gobierno está vulnerando todas las normas que teníamos en el ámbito público y todos los derechos de los trabajadores que ya estaban consolidados y que ahora se quieren cargar de un plumazo con un Decreto Ley que nos imponen sin ningún tipo de negociación", ha aseverado el vicepresidente de CSI-F.

El sindicato ha afirmado que "los médicos, los profesores, los policías, los soldados, los bomberos y todas las personas que trabajan para mantener la calidad de los servicios públicos y atender con garantía a los ciudadanos están hartos de que los diferentes gobiernos les conviertan en paganos, cabeza de turco y caja del Estado".

EUROPAPRESS

Las medidas, una a una

El Gobierno prevé ahorrar entre el aumento de ingresos y la reducción de gastos 65.000 millones de euros de aquí a 2014. Ahora falta por saber si la medicina del presidente del Gobierno funciona. Éste es un resumen de las principales medidas.

Ayuntamientos: Rajoy ha anunciado un profundo cambio en la forma en la que están organizados ayuntamientos y diputaciones. Según sus cálculos, estas medidas permitirán un ahorro de unos 3.500 millones.

• Primar la austeridad y evitar duplicidades: una administración, una competencia
• Se delimitarán las competencias de cada administración, solucionando el problema de las competencias impropias
• Se refuerza el papel de las diputaciones para asegurar la prestación de servicios en los municipios más pequeños
• Control de las cuentas públicas en el ámbito local, aumentando la independencia del interventor municipal y con el nombramiento de funcionarios con habilitación de carácter nacional
• Homogeneización y publicación de la retribución de los alcaldes
• Los salarios de los alcaldes y los concejales se pondrán por el Gobierno, en función de las características de los municipios
• El número de concejales se fijará por tramos de población. Se recortará hasta un 30% el número de concejales de los más de 8.000 ayuntamientos
• Drástica reducción de las empresas públicas en el ámbito local

Comunidades autónomas

• Revisión de los planes económicos financieros de las CCAA
• Control estricto a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
• Hispabonos: el ministro de Hacienda ofrecerá mañana a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) un "instrumento financiero que garantice liquidez suficiente para que puedan hacer frente a sus compromisos financieros". Es decir, habrá hispabonos, aunque "con condicionalidad" para los gobiernos regionales

Empleados públicos:

• Habrá una revisión integral de la función pública
• Menos días de libre disposición (moscosos)
• El número de liberados sindicales se limitará estrictamente al mínimo que marca la ley
• Se equiparan sus condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de los trabajadores
• Se facilita la movilidad de los empleados públicos
• Elimina la paga de navidad de este año para funcionarios y altos cargos de las AAPP, y se lo pide diputados y senadores (este recorte será compensado con una aportación a fondos de pensiones en 2015, pero sólo para los empleados públicos)
• Reducción significativa del número de empresas y fundaciones públicas

Gasto del Estado

• Recorte del 20% de subvenciones en partidos, sindicatos y organizaciones empresariales
• Modificaciones en la Ley de Dependencia, con el objetivo de racionalizar el gasto
• En materia de empleo se eliminarán gran número de bonificaciones a la contratación (excepto las del nuevo modelo de emprendedores)
• Cambio en las prestaciones por desempleo, pero sólo para nuevos perceptores. No se modificará el plazo máximo de 24 meses y se mantendrá el nivel de la prestación en los primeros seis meses. A partir del sexto mes, la prestación será del 50% de la base y no del 60% como hasta ahora
• Se exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción

Pensiones

• Habrá un nuevo proyecto de ley sobre el sistema público de pensiones para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. En principio no afectará a los actuales jubilados, aunque ésta ha sido la parte del discurso de Rajoy en la que ha ofrecido menos detalles
• Posiblemente, la consecuencia práctica es que se acelerará la jubilación a los 67 años (con la última reforma no se iba a implantar por completo hasta 2027)
• Además, la previsión es que se amplíe el período de cálculo de las pensiones, para tener en cuenta toda la vida laboral de los jubilados

Impuestos

• Tipo general del IVA aumenta tres puntos (del 18 al 21%) y el tipo reducido del 8 al 10%
• Cotizaciones sociales se reducirán un punto en 2013 y un punto adicional en 2014
• Se suprimirán las bonificaciones a la contratación, excepto las relativas al nuevo contrato de emprendedores creado con la reforma laboral o las de inserción para el colectivo de discapacitados
• Reforma de la tributación medioambiental (habrá un nuevo impuesto o tasa verde), siguiendo el principio de quien contamina paga
• Subida de la imposición sobre el tabaco
• Modificaciones en el sistema de pago fraccionado del Impuesto de Sociedades
• Eliminación de la deducción por vivienda para nuevos compradores a partir de 2013

Liberalizaciones

• Reforma del sector energético: habrá un nuevo esquema de fiscalidad energética para repartir el déficit (se espera una tasa a la producción de la energía que recaerá especialmente sobre las instalaciones de renovables que se benefician del actual sistema de primas)
• Liberalización y privatización de servicios en el sector ferroviario, aeroportuario y portuario (Aena y Renfe, en el punto de mira)
• Unidad de mercado: habrá una ley para que cuando una administración certifique a una empresa, esta aprobación alcance al resto de los órdenes del Estado
• Eliminación de barreras y posiciones anticompetitivas en el sector servicios, especialmente en el campo de los servicios profesionales y para empresas. Se fortalecerá el principio de libertad de acceso y de ejercicio
• Flexibilización de horarios comerciales, especialmente en las zonas turísticas

Círculo de Empresarios ve la prestación por desempleo "más generosa" que en la UE

La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, ha demandado al Gobierno "más ritmo, velocidad e intensidad" en la adopción de medidas para ajustar el déficit y en las reformas para hacer de España un destino atractivo para los inversores y retornar a la senda de crecimiento.

En cuanto a las recetas, De Oriol ha apostado durante su intervención en el Fórum Europa por revisar la prestación por desempleo, ya que considera que es "la más generosa" de la UE y no incentiva la búsqueda de empleo. Además, consideró necesario revisar el régimen de sanciones para que cuando un trabajador no acepta un empleo pierda el derecho al paro.

Además, apostó por acometer otra reforma laboral, pese a que admitió que la última ha sido "revolucionaria", y llevar la indemnización por despido desde los 33 días por año de tope máximo actual hasta los 18 días por año de la media europea. "Podíamos haber dado ese salto (en la anterior reforma laboral), si la huelga general iba a venir igual", dijo.

En cuanto al empleo público, De Oriol abogó por "recortar todo lo que sea personal estructural" en el sector público. "¿Por qué tenemos que tener más de tres millones de trabajadores en el sector público, pagados por los contribuyentes, si en el año 2000 no vivíamos tan mal y teníamos 800.000 menos?", se preguntó.

MÁS IVA, MENOS COTIZACIONES.

Por otro lado, criticó la última subida del IRPF, porque ha deprimido el consumo interno, y consideró que habría sido mejor modificar la estructura del IVA, en línea con lo avanzado recientemente por el Gobierno, y haber bajado cotizaciones sociales al mismo tiempo.

En su opinión, ello supondría, por un lado, una rebaja de los costes del factor trabajo que daría margen a las empresas para "absorber" esta subida del IVA para que no repercutiera en los ciudadanos y no se penalizara el consumo, al tiempo que se lograría una "recaudación enorme".

De Oriol manifestó, en cualquier caso, que el presidente del Gobierno ha tomado nota tras la cumbre europea de la pasada semana y se ha puesto manos a la obra para hacer las reformas necesarias antes de que sean impuestas. "Ha entendido que vale más que haga los deberes a que se los hagan", apostilló.

HAY QUE SALVAR A GRECIA.

Por otro lado, la presidenta del Círculo de Empresarios comparó Europa con un tren en el que los países son los vagones y avisó de que "si Grecia descarrila" el euro irá detrás. "Hay que evitar a toda costa que Grecia salga del euro", añadió.

En este punto, se mostró favorable a "mutualizar parte de la deuda" de los países, en la línea de los eurobonos, para dar confianza a los mercados.

EUROPAPRESS

El Gobierno prepara un nuevo 'viernes de dolores' con la subida de impuestos indirectos

Al Gobierno se le agotan los plazos legales internos para elaborar las próximas cuentas del Estado y los impuestos desde la UE para concretar sus nuevas medidas contra el déficit público. Toca recuperar el ritmo reformista del que presumía el Ejecutivo de Rajoy en el arranque de la legislatura y en el próximo Consejo de Ministros se puede juntar de todo, según admiten en medios gubernamentales, por poco que se despejen las decisiones de la UE con respecto al España entre el lunes y el martes en el Eurogrupo y en el Ecofin. Será un viernes de dolores, con aprobación del techo de gasto de los próximos Presupuestos (para la administración central y las autonomías), previsible plan de ahorro previo en la Administración, subidas de impuestos indirectos para paliar el descenso de ingresos y reforma de las haciendas locales para que gasten menos.

Mariano Rajoy se ha limitado durante una semana a lanzar avisos genéricos de que llegan nuevos sacrificios al mismo tiempo que, como ayer mismo desde el Campus Faes, exigía a la UE que ponga en marcha los acuerdos del último Consejo Europeo. A partir de este lunes tendrá que entrar en materia. Los ministros de finanzas reunidos en el Eurogrupo tienen que aclarar cuándo concretan el crédito para la banca española con problemas. Siempre con la prima de riesgo por testigo, a partir del día siguiente el Ecofin examina los planes del Ejecutivo español para cumplir el objetivo de déficit, el 5,3% comprometido para diciembre y el 3% para terminar 2013. El miércoles Rajoy acude al Congreso a explicar los acuerdos del Consejo que siguen en el aire. Además, tendrá que avanzar sus planes para los próximos meses.

El Gobierno tiene que poner en marcha los trámites para la elaboración de los próximos Presupuestos y, al mismo tiempo, las medidas paliativas para el desfase de ingresos que ya tienen las cuentas del Estado que acaban de entrar en vigor. En fuentes gubernamentales ya reconocen como inevitables e inminentes las subidas de impuestos indirectos para paliar el descenso en los ingresos por IVA y admiten que este mismo verano es posible que haya recortes adicionales sobre el gasto previsto en el Estado. Las concreciones quedan para el Consejo de Ministros del viernes.

Hacienda tiene listo un plan de reformas para ensanchar la recaudación por IVA y otro para aumentar el resto de impuestos especiales como el de los carburantes. Las medidas de recorte en plantillas y remuneraciones para los empleados públicos también están diseñadas desde hace meses porque estaban previstas para los Presupuestos del Estado de 2013. Falta por ver si se adelantan y se hacen efectivas ya esas medidas o se quedan en anuncio para un futuro próximo como hace Mario Monti en Italia.

La fijación del techo de gasto es ya ineludible. Por ley tenía que haberse aprobado antes del 1 de julio y tiene que estar remitida al Congreso antes de las vacaciones. Supone avanzar las grandes cifras del recorte general del Estado, también para las comunidades autónomas, para el próximo ejercicio. Para concretarlo, Hacienda reúne el jueves a los consejeros de Economía de los gobiernos regionales.

Sobre ese avance que es el techo de gasto, el Ejecutivo tiene que sostener ya las líneas generales de los presupuestos para 2014. Es lo que ha pedido la UE para comprobar si el Gobierno español tiene clara la senda de la estabilidad presupuestaria para llegar al 3% de déficit en los plazos comprometidos.

Administraciones locales

También es seguro, como ha confirmado Rajoy, que el Consejo de Ministros aprobará el viernes la reforma de la Ley de Haciendas Locales para simplificar su funcionamiento, acabar con duplicidades de competencias y ahorrar en los ayuntamientos. Las Diputaciones agruparán y asumirán los servicios que prestan ahora los consistorios más pequeños y el Gobierno fijará en cada ejercicio presupuestario los sueldos de alcaldes y concejales.

Rajoy, ministro de Administraciones Públicas en tiempos de Aznar durante tres años, tiene un especial interés en esa reforma que se conoce a fondo y no pudo aprobarse en el último Consejo por la complejidad jurídica de su aplicación. “Servirá para evitar la inflación normativa, la multiplicación de ventanillas, la proliferación de formularios, la desmesura reglamentística o el ensimismamiento competencial", dijo ayer en el Campus Faes. Incluso hizo una apelación a los principios más liberales del PP: “El sector público tiene que estar al servicio del sector privado, al servicio de la sociedad, y no al revés".

EL CONFIDENCIAL

CEIM pide "seguir profundizando" en la reforma y propone ampliar la duración del contrato de formación

El vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, ha pedido al Gobierno que siga "profundizando" en la reforma laboral ya que, a su juicio, aún quedan temas "pendientes" de abordar, entre los que incluye la necesidad de clarificar más los "genéricos" criterios para poder acogerse a expedientes de regulación de empleo (ERE) o ampliar la duración del contrato de formación.

Durante su intervención en un encuentro del Observatorio Colón, Lázaro reconoció que la reforma laboral aprobada por el Gobierno y convalidada de forma definitiva por el Congreso no es la que los empresarios madrileños hubieran deseado, si bien valora las nuevas medidas que "flexibilizan las relaciones laborales en España" después de 30 años durante los cuales organizaciones empresariales y sindicales y gobiernos han sido "incapaces de llegar a acuerdos de calado en materia laboral".

Así, aunque el nuevo marco laboral "pone las bases para que, cuando se reactive la economía, los empresarios vuelvan a crear puestos de trabajo", el vicepresidente de CEIM considera que "aún no se han resuelto" cuestiones relativas a los criterios económicos que permiten a las compañías acudir al ERE, que a su juicio son "demasiado genéricos", con lo que los tribunales "anulan muchos expedientes que habrían permitido la viabilidad empresarial".

En la misma línea, considera necesario "flexibilizar algunos aspectos del contrato para la formación, posibilitando su utilización durante más tiempo, siempre con el objetivo de que los jóvenes accedan a su primer empleo", ya que sus actuales "rigideces" hacen "difícil que las pymes lo puedan asumir".

Los empresarios madrileños también reclaman actuar contra la "verdadera lacra laboral" que constituye el absentismo, reclaman que las mutuas tengan la "facultad de dar el alta a efectos económicos" y ven "urgente" dotar de un marco "más flexible" a pymes y autónomos a la hora de aplicar reducciones de jornada.

DESPIDOS MUY CAROS

Lázaro también ha aplaudido la introducción de "mecanismos suficientes para que mantener la plantilla en España no sea más caro que en el resto de Europa", argumentando que muchas empresas se vieron abocada a la extinción de contratos ante una legislación "inamovible en plena crisis" que les impedía hacer los "ajustes necesarios" para enfrentar la caída de la actividad.

En cualquier caso, ha subrayado que la indemnización por despido en España "es la más elevada en la Unión Europea" y ha defendido que el Gobierno debe intentar "acomodar el ordenamiento laboral español al de los países del entorno, de forma que mejore la competitividad".

EUROPAPRESS