Cambiar todos

Frecuentemente se acusa a los políticos de ser “lo peor”. Son, al decir de las encuestas de los institutos demoscópicos, el  tercer problema más importante según los ciudadanos(véase por ejemplo el siguiente artículo)  

La primera pregunta que surge es: ¿cómo es posible que los políticos sean un problema? ¿No deberían ser una solución? En el trasfondo se considera que los políticos son los culpables de que las cosas sean como son, de que vayan tan mal, pero no sólo porque no sepan afrontar los problemas (que probablemente y dicho con todos los respetos, no saben), sino porque se les considera esencialmente deshonestos y en el sentir colectivo flota en el ambiente que se las llevan todas. Tanto como para lo malo, ya que se llevan muchas bofetadas, como para lo bueno para ellos, ya que en compensación ya se procuran unas buenas prebendas, inalcanzables para el resto de los mortales. Dame pan y dime tonto, ya se sabe.

Pero no quería enfocar este el comentario por los privilegios con que se regalan a sí mismo los políticos, que no hay que ver más que las condiciones de jubilación de los parlamentarios nacionales verbigracia (el amor empieza por uno mismo). Quería incidir en un aspecto que frecuentemente se olvida y es que esos mismos probablemente con toda la razón denostados políticos, no son más que una representación de la sociedad. Si hay políticos honrados, deshonestos, bandarras, inútiles, listos, trabajadores o escaqueadores, los hay en la medida que, en la misma proporción, hay ciudadanos así.

Es frecuente que en muchos círculos, se despotrique de los políticos. Como se deduce, no seré yo quien les defienda en general de muchas de sus impresentables acciones y omisiones (que se defiendan solos que para eso deben al menos que saber argumentar).  Porque ciertamente en muchos casos se aprovechan del cargo todo lo que pueden -toma el dinero y corre, como la película de W. Allen-  y además, en una gran parte, tienen una preparación manifiestamente mejorable. Hay muchos y renombrados casos en los que no consta que ni siquiera fueran capaces de pasar de primero de carrera, de cualquier carrera. Y no hay nada más peligroso que un ignorante puesto a tomas decisiones, más si simplemente se ayuda de unasesorcete tan ignorante como él o quizás tan listo como para hacer lo necesario para mantenerse en su cargo pese a lo que sea. Grave es que en muchas ocasiones se dispongan a regular cosas, importantes parcelas de la actividad humana, y ni siquiera hayan leído el Título Preliminar del Código Civil. El mayor atributo que les adorna es normalmente ser un lealfuncionario del partido equis, haber cundido mucho por el partido, haber hecho bulto en todas partes donde le llamase el jefe o hacer la clac y la pelota adecuadamente y con estilo, es decir haciéndola pero sin que se note demasiado. Finalmente es premiado por su lealtad, nunca se cuestiona su competencia profesional o preparación intelectual. Así surgen leyes como la de la patada en la puerta. Es como ponerse en manos de un supuesto cirujano que nunca ha visto un bisturí ni sabe lo que es una gasa. Un peligro público.

Por lo tanto, como tantos otros han dicho ya, no sé como, pero se debería exigir un mínimo de preparación para ejercer política. Ésta es el arte de tomar decisiones que afectan a la colectividad de entre diversas alternativas que previamente hay que comprender y valorar. Un médico cuando receta a un enfermo aplica su conocimiento valorando adecuadamente el coste-beneficio y sabiendo que siempre que prescribe algo, existen efectos secundarios, sabiendo cuáles son y decide –con conocimiento de causa- si merece la pena correr esos riesgos. Pero muchos políticos ¿hacen lo mismo? Me temo que no.

Por lo tanto, ciertamente, hay que exigir un cambio radical por parte de los políticos, una regeneración democrática que promueva al poder gente honrada y además un poco preparada, concepto que subyace  en el aire y que es necesario concretar en actos. Al mismo tiempo, es necesario hacer algo aun más difícil, hace falta un cambio radical de todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos. Los políticos no son ni mejores ni peores que nosotros. Cuando ese círculo de gente al que antes aludía puede proseguir con sus diatribas, se puede razonar que ciertamente muchos políticos se aprovechan descaradamente del cargo, cuando no incurren en tipos penales. Pero si reflexionamos acerca de cuál sería el comportamiento de uno mismo en su situación,  ¿es que en esta sociedad el que puede no se escabulle de pagar algo en renta si barrunta que no le van a pillar? ¿O no paga directamente y sin factura a un gremio equis para ahorrarse el IVA?  ¿o se salta un semáforo? Los políticos no son más que una representación de la sociedad. Probablemente hay la misma proporción de políticos inútiles y corruptos que de ciudadanos inútiles y corruptos. Por eso es preciso un giro de ciento ochenta grados no sólo de los políticos sino de todos nosotros. Quizás en ese momento empiece a cambiar la sociedad en su conjunto.

Y por eso soy sumamente pesimista. No veo posible ni factible en nuestra sociedad hispana que se actúe en gran medida de un modo éticamente correcto desde la interiorización de lo correcto de los comportamientos. Una gran parte de la sociedad si puede, defrauda a Hacienda, circula a mayor velocidad de la permitida, molesta con ruidos a los vecinos, echa papeles al suelo o fuma en el ascensor. Hasta que no nos convenzamos desde el interior de que es necesario respetar las normas a toda costa, a pesar de que no haya sanción e incluso revisar lo ético o no de nuestras acciones a pesar de que puedan ser legales (lo que implica cierto grado de compromiso con uno mismo), esto no cambiará, estaremos abocados a ser la cola de Europa en casi todo.

Se cuenta que un trabajador de una firma de una conocida marca de automóviles en Suecia llegó un día con su automóvil a la fábrica muy temprano y en vez de aparcar en la puerta, aparcó en un extremo del aparcamiento. Cuando fue a entrar, el encargado del control de entrada, que vio todo, le preguntó que si llegaba tan pronto por qué aparcaba tan lejos. Éste contestó que porque los que por causas sobrevenidas vinieran después vendrían con prisa y si tenían libres las plazas más cercanas a la puerta podrían incorporarse antes a su puesto. Toda una parábola. Aquí en el sur, lo primero que pensaríamos es que ese ciudadano era un poco lelo.

Ignacio Pérez Sarrión

Doce uvas

Gotean las noticias estos primeros días del año sobre la reforma de la legislación local. Como acabamos de salir de la fiesta de Nochevieja, me atrevo a proponer las siguientes doce uvas:

 1. Supresión de Ayuntamientos.Se trata de una operación que debe hacerse en cada Comunidad autónoma pues las fórmulas pueden ser muy variadas y han de atender a las peculiaridades de cada territorio. Mecanismos a aplicar, entre otros: la fusión voluntaria contemplada en las normas vigentes o la obligatoria impuesta a través de una ley de la Comunidad autónoma.

 2. Mancomunidades. Se dice ahora que se van a suprimir todas de la misma forma que se dijo ayer que se haría lo mismo con las entidades locales menores y las juntas vecinales. Algunos alertamos del disparate y parece que se ha olvidado. Ahora se aplica el mismo criterio a las mancomunidades. Aparte de la posible inconstitucionalidad de la medida, procede analizar caso por caso pues hay muchas mancomunidades que están perfectamente justificadas.

3. Diputaciones provinciales. Como gozan de la protección constitucional procedería pensar en convertirlas en la Administración indirecta de las Comunidades autónomas, lo que permitiría suprimir muchos servicios periferícos donde anidan tantas duplicidades (de las que todo el mundo habla).

 4. Competencias de los Ayuntamientos. Su reordenación ha de partir de la distribución constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas que ha de ser respetada mientras no se cambie la Constitución.

5. Competencias impropias. Jamás se deben aceptar ni ejercer si no van acompañadas de la adecuada cobertura financiera que ha de garantizar el Estado o la Comunidad autónoma. Aunque “vistan mucho” y procuren momentáneamente votos.

6. Elección de los alcaldes. Cuando no hay mayorías absolutas hay que ir a la segunda vuelta para que sean los ciudadanos quienes decidan, no los jefes locales de las organizaciones políticas.

7. Financiación. Obvia es la necesaria reforma de las haciendas locales, que ya debió hacerse al hilo de la que afectó a la financiación autonómica. No se hizo por razones de complacencia política y ahora se están pagando las consecuencias.

8. Reducción de sueldos de alcaldes. Un tema estrella para la prensa que reviste interés relativo. Deben corregirse las situaciones llamativas con algún criterio objetivo pero debe tenerse en cuenta que la mayoría de los alcaldes cobran mesuradamente y que muchos ni siquiera cobran. Persecución de la corrupción y alejamiento del cargo a quienes se encuentren “procesados” (no meramente imputados). Refuerzo de las atribuciones y los medios de los Tribunales de Cuentas, estatal y autonómicos.

9. Servicios. Volver a la utilización prudente -no desparramada- de las fórmulas contempladas en la ley vigente atendiendo a las novedades que impone el derecho europeo.

10. Funcionarios de habilitación nacional. Todo está dicho sobre ellos: oposiciones públicas, tribunales compuestos por especialistas y funciones para cuyo ejercicio se asegure la independencia. Fin de la broma de las “libres designaciones”. Y lo mismo vale, en términos generales, para el resto de funcionarios.

11. Una uva para los compañeros y lectores de este blog deseándoles salud en 2013 y que sepan guarecerse de todo tipo de pelmazos.

12. Y otra, con iguales deseos, para los esforzados trabajadores que hacen posible la existencia de este Blog. 

Francisco Sosa Wagner

CSIF Andalucía considera que la CEAPA tergiversa la realidad con el tema de los deberes escolares

Una encuesta de CSIF Andalucía ofrece una visión muy diferente a la argumentada por la CEAPA para “criminalizar” los deberes escolares, obviando su contribución al desarrollo de valores como el esfuerzo y su contribución a la mejora académica de los alumnosLa Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Andalucía considera que la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) tergiversa parte de la realidad sobre la conveniencia o no de los deberes escolares en los colegios, buscando sólo sus intereses y obviando parte de la compleja situación existente.

En este sentido, el presidente del Sector de Enseñanza de CSIF Andalucía, sindicato mayoritario de la enseñanza pública andaluza, Francisco Hidalgo,  asegura que “es un simplismo penoso achacar a los deberes escolares la enorme culpa del fracaso de un sistema acuciado por muchos males estructurales y de recursos”. Hidalgo recuerda la encuesta que CSIFAndalucía realizó a finales del curso pasado entre el profesorado andaluz, cuando la CEAPA volvió a plantear esta polémica espoleada por la controversia surgida en Francia por los deberes escolares, utilizando argumentos similares a los esgrimidos ahora, para achacar a los deberes escolares responsabilidades excesivas y falsas en el fracaso escolar.

“Los deberes contribuyen a inculcar el valor del esfuerzo y posibilitan la mejora académica del alumno”, argumenta Francisco Hidalgo, que recuerda que en la citada consulta, el profesorado aseguró mayoritariamente, más de un 95% de las 1.051 encuestas recibidas, que las tareas para la casa son un aliado fundamental para conseguir desarrollar e integrar el valor del esfuerzo entre nuestros escolares y estudiantes. Por tanto, “si los padres dejan sin valor las tareas escolares y las menosprecian contribuyen, un poco más, a desmotivar a sus propios hijos y, de paso, a los profesores, que falta les hace”.

Otra cuestión significativa que quedó clara frente a lo que asegura la CEAPA, se refiere al apoyo de los propios padres a los deberes. De este modo, los docentes andaluces aseguran en un 88% que los padres aprueban los deberes, frente al 12% que los rechazan. Además, a la pregunta, “¿Son los propios padres quienes te piden que les pongas deberes a sus hijos?”, afirman en un 61% que los progenitores reclaman las tareas para la casa.

Otro motivo de controversia en torno a los deberes eran las desigualdades que pueden generarse entre los alumnos, según tengan ayuda o no de sus padres para realizar estas tareas. Por eso, nuestra encuesta preguntó a los maestros y profesores andaluces: “¿Las tareas están diseñadas para ser realizadas por los alumnos sin ayuda de sus padres?” Una cuestión que fue respondida afirmativamente por el 87,5 % del profesorado. Se demuestra que los deberes se mandan sobre materia dada y explicada suficientemente, de modo que no deben causar tensiones familiares. Además, los propios docentes afirman, en un 71%, que los deberes no contribuyen a aumentar las desigualdades entre alumnos que reciben ayuda de su familia y los que no disponen en el ámbito familiar de este apoyo.

La encuesta del Sector de Enseñanza de CSIF Andalucía también se interesó por el tiempo que dedican los escolares a la realización de estas tareas en casa. Por eso, se preguntó a los docentes por el tiempo que consideran idóneo para la realización de los deberes en casa, afirmando en un 59% que debería ser de una hora, un 20% media hora y dos horas un 18%. 

“Queda claro -concluye Francisco Hidalgo, presidente del Sector de Enseñanza de CSIF Andalucía- que los deberes escolares, justamente dimensionados y diseñados para los objetivos que se persiguen, “siguen teniendo su encaje en el aprendizaje y lejos de criminalizarlos injustamente y menospreciarlos, los progenitores deberían apoyarlos”.  

CSI-F exige al Gobierno un Plan urgente de Ordenación de Recursos Humanos en el sector público

Un total de 218.900 personas perdieron su empleo en el sector público en 2012, siete veces más que el año anterior

Un total de 218.900 personas perdieron su empleo en el sector público en 2012, lo que supone un 7 por ciento más respecto año anterior. Se trata del segundo año consecutivo en el que se destruyen puestos de trabajo en el sector público, con el agravante de que en este ejercicio la pérdida de empleos ha sido casi siete veces superior a la de 2011, cuando el empleo público descendió en 32.400 puestos de trabajo.

Estos datos confirman las denuncias que ha venido realizando CSI-F -sindicato más representativo en las Administraciones Públicas- mes a mes sobre la destrucción de empleo en sectores tan sensibles como la sanidad, los servicios sociales, la educación o la justicia.

Además, ponen en evidencia que hoy más que nunca es necesario un plan urgente de ordenación de recursos humanos en el sector público para determinar las necesidades de personal para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

CSI-F vuelve a emplazar al Gobierno a impulsar un pacto de Estado en esta materia. Es preciso realizar un diagnóstico objetivo y planificado de los recursos humanos para determinar las necesidades de los diferentes servicios; realizar la convocatoria urgente de una oferta de empleo público; desarrollar un plan de consolidación empleo y de la temporalidad.

El Plan de ordenación de recursos humanos debe contener también los sistemas de organización del trabajo, la selección formación y movilidad del personal, los planes e itinerarios de carreras profesionales, o  la promoción de la movilidad y promoción interna.

“Estamos asistiendo a un ERE encubierto de empleo público. En la actualidad, acceder al empleo público ya no es garantía de nada. Nos jugamos el futuro del Estado Social que hemos construido en democracia, con el esfuerzo de todos los españoles”, destaca el presidente de CSI-F, Miguel Borra.

CSIF Andalucía alerta de la extrema gravedad de los datos recogidos en la Encuesta de Población Activa

A juicio de la Central Sindical, Andalucía no puede asumir casi un 36% de desempleo, con una subida en el año pasado de 194.100 personas 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Andalucía alerta de la extrema gravedad del desempleo en Andalucía tras los datos ofrecidos en la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012 hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según dichos datos, Andalucía ha aumentado en 2012 en un 15,54% con respecto al año anterior, lo que supone que más de 194.000 andaluces han engrosado las listas del paro el año pasado, aumentando la cifra total de desempleados hasta los 1.442.600 parados. A juicio de CSIF Andalucía, la Comunidad no puede soportar dichos datos, y considera urgente la adopción de medidas eficaces para poner fin a esta sangría.

En paralelo, para CSIF Andalucía es bastante preocupante que, a nivel nacional, un total de 218.900 personas perdieron su empleo en el sector público en 2012, lo que supone un 7 por ciento más respecto año anterior. Se trata del segundo año consecutivo en el que se destruyen puestos de trabajo en el sector público, con el agravante de que en este ejercicio la pérdida de empleos ha sido casi siete veces superior a la de 2011, cuando el empleo público descendió en 32.400 puestos de trabajo.

En este sentido, CSIF vuelve a emplazar al Gobierno Central a impulsar un pacto de Estado en esta materia. Es preciso realizar un diagnóstico objetivo y planificado de los recursos humanos para determinar las necesidades de los diferentes servicios; realizar la convocatoria urgente de una oferta de empleo público; desarrollar un plan de consolidación del empleo y de la temporalidad.

Las cifras de la EPA del cuarto trimestre de 2012 y de los sucesivos informes de Empleo a nivel autonómico ponen de manifiesto la ineficacia de las políticas de empleo desarrolladas por la Junta de Andalucía y la Reforma Laboral aprobada por el Ejecutivo nacional. Tales políticas han desembocado en una situación alarmante a nivel autonómico y muy preocupante en el Sector Público, por lo que CSIF Andalucía insta a llegar a acuerdos de manera urgente.

Antenas, sin licencia

De las muchas disposiciones cuyo estudio nos ocupa estas fechas, reparo en la Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (Ley 12/2012, de 26 de diciembre), que ha derogado el Real Decreto Ley  que se aprobó en mayo para suprimir algunas licencias municipales, en especial, las de apertura de pequeños establecimientos. Quizá el hecho de que podía conocer ya el régimen jurídico básico introducido hace meses, fue lo que me llevó a la lectura inversa para advertir qué novedades se habían introducido durante la tramitación parlamentaria.  Así que atendí primero a todos los remiendos y parches que se incluyen en sus disposiciones finales (¡catorce!, que modifican ocho leyes), disposiciones transitorias y adicionales. Entre estas últimas está una transcendente precisión que quiero comentar. Me refiero a la extensión del régimen establecido para los comercios, esto es la supresión de la licencia previa, que se sustituye por una declaración responsable del interesado y por insistir en un control posterior de los establecimientos, a las instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Múltiples conflictos han conocido los Tribunales de Justicia (y tienen todavía sobre sus mesas) con relación a la ordenación de las instalaciones de telefonía móvil.

Por ejemplo, sabemos que el Tribunal Supremo anuló el Decreto catalán que pretendía establecer la ordenación ambiental de dichas instalaciones al entender que se invadían competencias estatales (sentencia de 12 de marzo de 2011). Otras muchas sentencias se han pronunciado con relación a Ordenanzas locales anulando gran parte de sus dictados. Entre las últimas de este año, pueden verse las que tienen fecha de 14 de febrero y de 24 de abril. Del mismo modo, es grande el número de resoluciones de otros órganos judiciales con relación a la denegación de las licencias de instalación.

Problemas jurídicos, por tanto, han existido para el despliegue de las instalaciones base de telefonía. Al mismo tiempo, se incrementa la tensión desde las empresas interesadas y por muchos ciudadanos. Y es que esas instalaciones son cada vez más necesarias ante la expansión de las nuevas formas de comunicación y el relevante aumento del tráfico. La incorporación de las nuevas tecnologías, las nuevas redes de mayor capacidad y cobertura, requieren cambios en las instalaciones que se beneficiarán de la supresión de la licencia municipal.

Sin embargo, a mi juicio, se podrían haber considerado otras opciones antes que suprimir la licencia. Porque facilitar el ejercicio de actividades económicas no puede estar reñido con la seguridad jurídica.

La nueva regulación, que generaliza la presentación de declaraciones responsables, reduce la actividad previa de control, pero aumenta, lógicamente, la supervisión posterior sin que sepamos, haya previsión de dotar a los Ayuntamientos de más recursos económicos ni de personal técnico para garantizar unas actividades de supervisión suficientes y ágiles.

Por el contrario, la citada Ley reitera, como se avanzó ya en el Real Decreto Ley, que los Ayuntamientos pueden acudir a la colaboración de “entidades privadas de valoración, comprobación y control”. En su momento critiqué que empresas privadas vayan sustituyendo la actividad típicamente administrativa de tramitación de expedientes, de controles de legalidad y de seguridad. Porque no parece del todo coherente que se insista en curas de adelgazamiento de los Ayuntamientos, de su estructura y reducción de su personal, mientras se permite la contratación de los servicios de empresas privadas que, por definición, reconocen su ánimo de lucro. Un contrasentido que califiqué de impostura.

Esperemos, en todo caso, que las previsiones de colaboración entre las Administraciones públicas que se anuncian, con el fin de promover unos modelos de declaraciones responsables y comunicaciones previas, así como la extensión de las comunicaciones electrónicas sí den frutos a favor de la simplificación administrativa y se renueve de manera homogénea sin mayores abusos las antenas para favorecer el tránsito a las nuevas generaciones tecnológicas.

 Mercedes Fuertes López

Justicia Para Todos pide a la Defensora del pueblo que recurra las tasas Constitucional

Comienza una ronda de contactos con los grupos parlamentarios

La Plataforma Justicia para Todos –que agrupa a las asociaciones de la judicatura, sindicatos y asociaciones de consumidores— mantuvo hoy un encuentro con la Defensora del Pueblo para que promueva un recurso de inconstitucional contra la Ley de Tasas, al considerar que vulnera el principio de tutela judicial efectiva.

Los integrantes de la plataforma llamaron la atención a la Defensora de las situaciones de indefensión en la que se encuentran muchos ciudadanos que no pueden hacer frente a estas tasas y confían en que promueva este recurso.

En la misma línea, mañana mismo iniciarán una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que hagan uso de sus facultades constitucionales para promover un recurso. Mañana mantendrán una reunión con el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y la próxima semana, previsiblemente se reunirán con el Grupo Socialista.

El presidente del sector de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) –sindicato mayoritario en el sector--,  Francisco Lama, informó hoy a los medios de comunicación que el próximo sábado tendrá lugar en Madrid una manifestación de empleados de Justicia, provenientes de toda España, contra las tasas, la privatización del Registro Civil y los diferentes recortes emprendidos por el Gobierno en este ámbito.

La manifestación, que pretende ser masiva, discurrirá desde la Plaza de Cibeles hasta la sede del Ministerio de Justicia (C/San Bernardo), donde se hará una entrega simbólica de las firmas de ciudadanos recogidas a lo largo de las últimas semanas en los juzgados de otra España. Según cálculos de CSI-F, hasta el momento se han recogido en torno a las 100.000 firmas.

El grueso de empleados en la Administración General del Estado ha interpuesto hoy la reclamación de la paga extra

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, y el resto de sindicatos con representatividad en este ámbito, han interpuesto hoy, de forma colectiva, un recurso administrativo para la restitución de la paga extra de Navidad. Este es el paso previo a la demanda judicial por la vía de lo Contencioso-Administrativo.

En concreto, se han presentado reclamaciones que afectan a los 13 ministerios que conforman el Gobierno más la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A lo largo de los próximos días se harán efectivas las reclamaciones en el resto de los sectores de la Administración, tanto en el personal laboral como funcionario, para que se restituya este derecho salarial consolidado.

Francisco Camarillo, Presidente del Sector Administración General del Estado  de CSI-F,  confía en que estos recursos, presentados de manera individual con el respaldo de las centrales individuales, prosperarán y en su caso, se solicitará la extensión de la sentencia a todos y cada uno de los empleados públicos afectados por la medida. Los sindicatos consideran que la retroactividad del decreto de recortes vulnera las garantías constitucionales, además de quebrar el principio de seguridad jurídica.

Las Organizaciones sindicales en breve también promoverán Conflictos colectivos en todos los Convenios del ámbito de la Administración General del Estado de cara a conseguir la nulidad del Real Decreto.

El colectivo de empleados públicos, de manera paralela, solicita una reclamación parcial de la parte proporcional de la paga extra devengada los días previos a la entrada en vigor del citado real decreto, en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que ha sido desatendida por el Gobierno.

El Gobierno incorpora a los sindicatos a la reforma de las Administraciones, tras la petición de CSI-F

CSI-F reclama el inicio de la Comisión con un plan y calendario de trabajo concretos

El Gobierno ha incorporado a los sindicatos a la Comisión asesora sobre la futura reforma de las Administraciones Públicas, tras la petición formal realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en el sector.

El presidente del sindicato, Miguel Borra, mantuvo una reunión el pasado 28 de diciembre con los subsecretarios del Ministerio de la Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas, en el Palacio de la Moncloa. En esa reunión se señaló la necesidad de que los agentes sociales estuvieran presentes en la citada comisión para todos aquellos asuntos relacionados con el personal.

En este sentido, CSI-F se felicita de la constitución de esta Comisión y espera que se traduzca en hechos concretos que permitan mejorar las condiciones y dignificar el empleo de los trabajadores de la Administración, eliminar duplicidades e ineficiencias y al mismo tiempo preservar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

CSI-F espera que la comisión no se quede en un gesto y advierte de que los empleados públicos no van a asistir como convidados de piedra a la reforma de las Administraciones Públicas. Por tanto, reclama que se constituya lo antes posible, con un calendario y unas líneas de trabajo que, entre otros aspectos, deberían incluir la mejora de las condiciones, la profesionalización y la productividad de los empleados y empleadas públicas.

CSI-F cree que se debe aprovechar esta reforma para impulsar, de una vez por todas, un Pacto de Estado en el ámbito de las Administraciones Públicas, que pase página a los recortes que han sufrido durante los últimos años los trabajadores de este sector y se les compense en un periodo de tiempo razonable, cuando las circunstancias económicas lo permitan.

La sabiduría papal y los reyes magos hispanos

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡Ay, Dios!… Pues eso, toda la vida de Dios, valga la redundancia, creyendo que los Reyes Magos provenían de Oriente y ahora resulta que son paisanos nuestros, compatriotas de algún lugar de Tarsis, o sea, del rincón occidental de nuestra Andalucía ancestral. Nada de Persia, India o Yemen, orígenes exóticos y evocadores, sino de alguna antigua ciudad cercana a Huelva, Sevilla o Cádiz, realidades cotidianas para los seguidores de este blog municipalista. ¿Lebrija, acaso? ¿O Moguer, o Trigueros, o Jerez….? Quién sabe. El caso es que hace ahora más de dos mil años, dos mil dieseis según las cuentas vaticanas, una comitiva salió de nuestra tierra para llevar ricos presentes al hijo del humilde matrimonio de María y José. Y esto no lo dice uno cualquiera animado por el anís de las fiestas, sino que lo afirma el mismísimo Papa de Roma, el muy erudito Benedicto XVI, en su libro La Infancia de Jesús.

Y si los Reyes Magos eran hispanos y llevaban esos ricos presentes, la lógica apunta a que la Hispania de la ápoca, o al menos de su esquina suroccidental, fue un territorio próspero, de abundantes riqueza naturales y vivo comercio. Cruel paradoja ahora que acabamos de digerir los últimos datos de empleo. De aquel emporio de riqueza, a la zona con mayor paro de nuestros días…. ¡si los Reyes Magos levantaran la cabeza! La vida da muchas vueltas. Y la historia, notario fiel de lo acontecido, deja buen recuerdo de ella. Lo que ayer parecía imposible, es una realidad cotidiana hoy; lo que ahora consideraríamos como un sueño, pudo acontecer antaño. Así de caprichoso es el pasar del tiempo, que en ocasiones nos regala la abundancia y en otras nos castiga con la pobreza, como bien refleja la afirmación bíblica de la alternancia de periodos de siete años de vacas gordas con otros de vacas flacas. La afirmación del Papa Ratzinger contrapone las luces del ayer con las sombras del hoy.

Y todo esto viene porque hace unas semanas leí una noticia que me llamó la atención. Con innegable habilidad periodística se titulaba “Los Reyes Magos venían del Sur de España”. Y tal afirmación procedía, ni más ni menos, que del mismísimo Papa Benedicto XVI, antiguo cardenal Ratzinger. En concreto, en la página 102 del libro mencionado, se puede leer: “La promesa contenida en estos textos extiende la proveniencia de estos Magos hasta el extremo Occidente (Tarsis-Tartessos en España)”. Los textos a los que el escritor se refiere con  los Salmos 72,10 que comienza con unos versículos directos: “Que le paguen tributos los reyes de Tarsis y de las costas remotas…”  e Isaías 60 que hace referencia a las opulentas naves de Tarsis con sus míticos cargamentos de oro y plata. Es cierto que el Papa también contempla la posibilidad de que los Reyes Magos fueran astrólogos persas – qué bonito aquello de que los condujera una estrella – o que se trate de un simbolismo concretado por la tradición y que haría referencia a los tres grandes continente de Asia, África y Europa. Quién sabe. El caso es que nosotros, como españolitos de a pie, nos ilusiona la referencia papal a nuestro terruño y nos hace sentir alguien en estos tiempos tan atribulados.

Debemos matizar que el reino de Tartessos, de existir como tal, habría alcanzado su apogeo mercadeando con griegos y fenicios unos mil años antes del inicio de nuestra Era, para desaparecer sobre el siglo VI antes de Cristo. Los Reyes Magos andaluces no habrían procedido de la Tartéside, sino de la Bética iberoromana, contemporánea a la fechas del nacimiento de Jesús. Aunque existió cierto interés por el reino mítico durante el Renacimiento, fue el peculiar arqueólogo alemán Shulten quién volvió a rescatar su recuerdo del olvido. El hallazgo del espectacular tesoro del Carambolo exacerbó el deseo de saber más de aquel periodo de nuestra historia, hoy bastante acreditado gracias a los reiterados descubrimientos arqueológicos. Schulten, al modo de Shliemann con Troya, utilizó las referencias bíblicas y clásicas para intentar descubrir Tartessos bajo las Marismas del Guadalquivir. Fracasó en su intento, aunque dejó abiertas las puertas de su recuerdo. Tarsis aparece citada en más de veinte ocasiones en la Biblia, y siempre con referencias a sus riquezas. Como muestra, un botón: la plata que ornaba el templo de Salomón procedía de nuestra tierra.

La afirmación del Papa nos permite contrastar aquellas riquezas bíblicas con nuestra dura realidad actual. Pero como somos optimistas, y no desfallecemos en el intento, debemos pedir sus Majestades salud, dinero y amor para este Año que hemos comenzado. Y ahora, que sabemos que son compatriotas…, ¡tenemos un buen enchufe para conseguirlo! ¿Quién dijo que la marca España ya no servía para nada? Que la prosperidad tartésica regrese a nuestra tierra, amén.

Manuel Pimentel

La Ley de Justicia Gratuita es una operación de maquillaje a las tasas

Trabajadores de la Administración de la Justicia de toda España se manifestarán el sábado 19 de enero en Madrid contra los recortes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, advirtió hoy de que el anteproyecto que estudia el Gobierno de reforma a la Ley de Justicia Gratuita es una operación de maquillaje a las tasas impuestas a los ciudadanos que no resuelve las desigualdad de acceso a la Justicia.

El Gobierno, una vez más, ha ninguneado a los representantes de los trabajadores, que han conocido el informe del anteproyecto a través de los medios de comunicación. En todo caso, CSI-F considera que los nuevos criterios de gratuidad siguen siendo muy insuficientes y continúan limitando el derecho de acceso a la Justicia.

En este contexto de continuos recortes a un derecho fundamental de la ciudadanía, los sindicatos representativos de la Administración, con el apoyo de la Plataforma Justicia para Todos, han convocado una manifestación el próximo 19 de enero, sábado, a las 12,00 horas, desde Cibeles al Ministerio de Justicia.

La manifestación pretende ser masiva y congregará a trabajadores del sector procedentes de toda España, bajo el lema “Gallardón acaba con la justicia para todos”.

De esta manera, se pretende hacer patente el rechazo de la ciudadanía a la Ley de Tasas Judiciales, la privatización del Registro Civil y en general a los límites a uno de los derechos fundamentales. Al término de la manifestación se entregarán miles de firmas (recabadas a lo largo del último mes en los juzgados de toda España) contra la Ley de Tasas Judiciales y el resto de los proyectos del Ministerio de Justicia que pretenden acabar con el servicio público de la justicia.

CSI·F ANDALUCÍA EXIGE, MEDIANTE ESCRITO AL PRESIDENTE DE LA JUNTA, ESTAR EN EL PACTO ANDALUZ COMO PRIMER SINDICATO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA ANDALUZA

CSIF Andalucía exige, mediante escrito al presidente de la Junta, estar en el Gran Pacto Andaluz como primer sindicato en la Función Pública andaluza 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Andalucía ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, formar parte del llamado Gran Pacto Andaluz como primer sindicato de la Función Pública Andaluza en una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía.

En dicho documento, el presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia, le recuerda que, “por la responsabilidad que conlleva ser el primer sindicato dentro de los Empleados Públicos Andaluces y la representatividad de nuestras siglas e ideales, la voz y la experiencia de CSIF Andalucía deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en un acuerdo que llevamos demandando desde hace meses dada la situación de extrema gravedad que vive nuestra región, sobre todo en cuanto a número de desempleados”. 

Asimismo, Heredia insiste en que dicho acuerdo no debe ser “una guerra de partidos sin tener en cuenta que el verdadero problema es que el sufren los ciudadanos andaluces. Por ello, se debe buscar el consenso entre fuerzas políticas y agentes sociales más allá de ideales, siglas o rencillas personales o partidistas que enturbien la búsqueda del principal objetivo del acuerdo”.

Como se recordará, CSIF Andalucía lleva reclamando, desde hace meses y dadas las alarmantes cifras de desempleo en la región, la convocatoria urgente de un Pacto Andaluz por el Empleo, aunque entiende que el Gran Pacto no debe limitarse a esa idea. “Creemos –insiste el presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia- que debe asegurarse y defenderse la enseñanza como pilar fundamental de nuestra sociedad; la gratuidad y universalidad de la sanidad pública y la existencia de una dependencia en la que Andalucía ha sido pionera. Pero, además, debe abordarse una profunda, sopesada y analítica reforma de la Administración Pública, tras el intento fallido de la Reordenación del Sector Público que los tribunales han golpeado una y otra vez y a la que CSIF Andalucía se opuso desde el primer momento”.
 

Por último, Heredia insiste en la voluntad de diálogo de esta Central Sindical y la predisposición a llegar a acuerdo poniendo a disposición todos los recursos humanos y materiales de los que CSIF Andalucía dispone. “El único objetivo debe ser llegar a acuerdos satisfactorios y reales para solucionar los problemas de Andalucía y, sobre todo, de los andaluces”, concluye.

Peláez, es usted voluntario para servicios mecánicos.

Casualmente y buscando acaso algún escondido artículo del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, tropecé con el Capítulo VI que regula la Prestación personal y de transporte dentro del Título II (genéricamente denominado “Recursos de los municipios”). Ya casi no me acordaba de su existencia. El art. 56 escuetamente dispone que “La hacienda de los municipios estará constituida por los recursos enumerados en el artículo 2 de esta Ley en los términos y con las especialidades que se recogen en este título.” Y acudiendo al art. 2, supongo que cuando se indica que “1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos…” hay que hay que acudir al último apartado, al h) que enuncia “Las demás prestaciones de derecho público.”Enmarcado así el asunto, estamos ante un recurso de los municipios que no tiene carácter tributario, es decir, no es impuesto ni tasa, ni siquiera precio público, pero sí una prestación de derecho público. Es, parece ser un tertium genus, algo raro que se ha quedado enriscado en la bella  tradición hacendística local. Podríamos clasificar este recurso como un recurso residual e histórico.

Muchos de nuestros colegas más jóvenes les sonará esta figura a chino mandarín, y a mí, casi. Sin embargo aun recuerdo haber aplicado esta figura tributaria en los inicios de mis andaduras rurales por el inhóspito pero acogedor Aragón.

A qué viene esto, me dirán algunos. Bien, viene a que en estos momentos de penuria y zozobra (no zozobra de zobrar como diría alguien de Lepe, sino zozobra de tribulación) quizás habría que retomar figuras como ésta. Echar imaginación y ya que no hay dineros quizás aprovechar alguna de estas posibilidades, que aunque son ya fósiles pueden sin embargo volver a la vida. Medios que se empleaban en los tiempos de escasez, cuando se decía eso de que pasa más hambre que un maestro de escuela y cuando los vecinos, conscientes de que nadie que no fuera del pueblo les iba a ayudar, se arremangaban y arrimaban el hombro para lo que fuese entre siembra y siega del cereal.

Es pues la prestación personal y de transporte un recurso económico local que se presta en especie: con trabajo personal y con aplicación de medios de transporte propios puestos al servicio de la comunidad, todo ello para obras de competencia municipal y que puede ser exigido en aquellos municipios de menos de cinco mil habitantes. Es como en la mili cuando decía el Sargento: ¡Peláez,  le toca ser voluntario para servicios mecánicos (eufemística forma de llamar al servicio de barrer la compañía), coja escoba y recogedor y que no quede una mota! Se trataba de un servicio voluntario – forzoso, una curiosa contradicción pero que funcionaba a base de la disciplina del ordeno y mando.

Retomando el hilo, la prestación personal y de transporte es una posibilidad económica del TRLHL. Le llamo posibilidad económica porque no parece que se pueda encuadrar en lo que llamamos tributos, es una prestación de hacer obligatoria que o bien se hace, o bien se redime a metálico bien  al doble del SMI (prestación personal) o bien al triple (prestación de transporte). De otro modo, se va a la vía de apremio.

Hasta aquí la breve exposición del tema legal. Pero ¿qué se puede decir desde el punto de vista sociológico? ¿Sería viable que un Ayuntamiento hoy exija a sus vecinos este recurso? Parece que no. Cuando se va de menos a más, o sea de pobre a bien acomodado, no hay problemas. Lo peor, como ahora, es adaptar el modo de vida a un estilo mucho más austero cuando se proviene del estado de vacas gordas, estilo que retorna a los pueblos a una forma de economía autosuficiente, es decir, a organizarse con los medios que se tienen, al huertecillo, a las propias reparaciones etc y no esperar ninguna ayuda de fuera, como la patrulla paracaidista que se queda sin apoyo tras las líneas enemigas.

A pesar de que quizás fuera conveniente repensar la idea, no se me pasa por la cabeza que hoy en los Ayuntamientos, acostumbrados a la cultura de la subvención y la sobreprotección pública, puedan o vayan a recurrir a exigir esta prestación. Para muchas personas sería hacer algo casi tercermundista, me imagino que posiblemente alguien llevaría el asunto al Constitucional y éste –posmoderno de toda posmodernidad- declararía que no es posible exigir a los ciudadanos una prestación de trabajo gratis et amore. Así que mejor no intentarlo.

Pero como ya me he pronunciado en otras ocasiones, quizás éste sea el momento de adoptar comportamientos comunitarios solidarios y quizás sería el momento de buscar todo tipo de mecanismos de implicación voluntaria de la gente en la resolución de los problemas.

Ignacio Pérez Sarrión

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO CONTRA EL ABSENTISMO ESTÁN INJUSTIFICADAS

Las diferencia en el absentismo entre el sector público y privado ya era mínima el año pasado.

El porcentaje de absentismo en el sector público a lo largo del último trimestre fue del 1,75 por ciento, respecto al 1,76 del sector privado, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, estos datos demuestran que las recientes medias impulsadas por el Gobierno están injustificadas y absolutamente fuera de lugar y reclama que se elimine esta penalización.

De hecho, en el mismo periodo del año pasado (segundo trimestre de 2011) la diferencia entre ambos sectores ya era mínima, en concreto, 2,09 por ciento en el sector público respecto al 2,04 del privado.

La instrucción de Jornada y Horarios, publicada el pasado 29 de diciembre, penaliza con reducción de retribuciones las situaciones de baja que no comporten incapacidad temporal (las enfermedades leves, como catarros o lesiones que no requieren baja médica).CSI-F entiende que esta orden es una nueva vuelta de tuerca sobre los derechos de los empleados públicos y contribuye a difundir la idea falsa de que el absentismo es mayor en la administración.

Por otra parte, las medidas sobre la incapacidad temporal, entraron en vigor el 15 de octubre. Los datos del INE desmontan esta tesis y evidencian que las ausencias al trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal son muy similares en ambos sectores. Además, el descenso en el absentismo se debe fundamentalmente a la situación económica que atraviesa el país.

Por otra parte, es preciso llamar la atención en que los nuevos criterios del Gobierno van a dar lugar a situaciones indeseadas, dado que por no perder dinero de su nómina, empleados públicos como médicos, policías, o profesores van a acudir a su puesto de trabajo en condiciones físicas mermadas o, por ejemplo, con los síntomas de un catarro, como fiebre o malestar.

Según CSI-F, las administraciones tienen instrumentos para perseguir a aquellas personas que de manera injustificada se ausentan del trabajo y por tanto, no es necesario que vuelvan a pagar justos por pecadores.

En este sentido, CSI-F propondrá el impulso de criterios objetivos para evaluar la productividad de los empleados públicos, así como un nuevo plan de reordenación de empleo, en el marco de la futura reforma de la Administración Pública que prepara el Gobierno.

El inocente cincuenta y uno por ciento… y su traducción aragonesa

Decía en mi comentario anterior que no resulta fácil embridar a la propiedad ni, añado ahora, someter la actividad de urbanización a principios elementales en cualesquiera otros ámbitos de acción pública o, en particular, de obra pública. No han faltado quienes, sutilmente, consideran que la ejecución de la obra pública de urbanización no es tal porque, en realidad, se trata del simple ejercicio del derecho de propiedad, obviando que el destino final habitual de la urbanización (salvo en urbanizaciones privadas y frecuentemente de manera limitada) es la entrega a la administración que asume su titularidad y mantenimiento. Sin embargo, para quien así piensa parece existir una diferencia sustancial, ontológica, entre la ejecución de una obra de urbanización y la de una carretera, o una autopista, o cualquier otra infraestructura pública. Es explicable.La presión es mucha y el reflujo tiende a llevar las cosas a su lugar de origen, a limitar publicidad, concurrencia, competencia y potestades públicas a favor de quienes ostentan la propiedad del suelo ordenado. La ciudad es pública, sí, pero su construcción, aprobado el plan general, está en manos privadas, igual que los beneficios cuando los hay. El caso de Aragón resulta bien revelador. La gestión urbanística en la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, fue probablemente la materia en la que resultaban más perceptibles las novedades y, desde luego, las que tenían mayor potencial transformador de la práctica urbanística. Imponía una profunda reestructuración de los roles que administraciones públicas, propietarios y empresarios urbanizadores interpretaban en los procesos de ejecución del planeamiento recogiendo el guante arrojado por el legislador estatal, según expuse en mi anterior comentario.

Cuando se trata de ejecutar actuaciones integradas, sobre ámbitos denominados unidades de ejecución, éstas han de desarrollarse mediante la modalidad de gestión que la administración elija en cada caso al aprobar el planeamiento atendidas las características de la actuación y las exigencias derivadas de los intereses públicos (arts. 125.4 y 129 de la Ley aragonesa). La gestión de actuaciones integradas es siempre pública porque la obra de urbanización, salvo que esté directamente vinculada a la edificación según afirmé en mi anterior comentario, es siempre pública. Pese a lo que pudiera parecer inicialmente, el régimen de actuaciones integradas en Aragón no respondía, ni responde tras su reforma, al modelo valenciano y castellano-manchego de urbanizador. Puede afirmarse que el sistema aragonés es híbrido pues, al calor del nuevo régimen del suelo establecido en la legislación estatal y el propósito de mantener el tradicional sistema de compensación, conformaba un régimen de gestión de las actuaciones integradas, siempre público (art. 141.2 de la Ley aragonesa), que distingue la gestión directa, mediante expropiación o cooperación, de la gestión indirecta, mediante compensación o urbanizador (art. 141.2 de la Ley). El sistema de gestión se apartaba tanto de la subsidiariedad de la gestión pública como de la confianza inconsciente en un urbanizador confrontado con la propiedad del suelo.

El régimen general de gestión indirecta en la Ley aragonesa antes de su reforma mediante Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en coherencia con la regla general establecida en el artículo 6.a) del texto refundido estatal, era el de urbanizador. Establecía con claridad tal regla es el propósito del artículo 167.1.a) de la Ley cuando preveía que la gestión indirecta por urbanizador se aplicaría “cuando en el planeamiento que apruebe la ordenación pormenorizada se establezca su ejecución por gestión indirecta, salvo que se prescriba expresamente la gestión indirecta por compensación”. La gestión indirecta por compensación, en consecuencia, requería la expresa decisión de planeamiento, según establecía el artículo 159.1.a) de la Ley. Ahora bien, de acuerdo con el carácter excepcional o peculiar querido por el legislador estatal al eximir de tramitación en competencia a la iniciativa de los propietarios de suelo, de no impulsar los propietarios la gestión indirecta por compensación en el plazo legalmente establecido o, aun haciéndolo, si la paralizaban, por ministerio de la Ley quedaba sustituida la modalidad de gestión indirecta por compensación por la de urbanizador sin posibilidad de rehabilitación ni de prórroga del plazo [arts. 159.4, 167.1.b), c) y d), y 167.2 de la Ley aragonesa]. La gestión indirecta por compensación aparecía, en consecuencia, como una oportunidad para la iniciativa de los propietarios del suelo que requería una decisión expresa del planificador, pero no era una permanente exención de competencia o un blindaje sine die o por largos y rehabilitables plazos frente a terceros o la propiedad Administración. De este modo, el legislador aragonés trata de preservar la compensación del envite de las instituciones europeas.

Hoy las cosas ya no son así. Ni el régimen general en gestión indirecta es el del urbanizador, a pesar de lo querido por el legislador estatal, ni la compensación un sistema excepcional entendido como cauce para la participación de la propiedad en la gestión urbanística en plazos preclusivos. La reforma de varios de los preceptos citados mediante la Ley 3/2012 ha convertido a la compensación en el régimen general de gestión indirecta postergando la selección con publicidad y concurrencia todavía querida por el legislador estatal. Eso sí, todavía mantiene la libertad de elección de la administración de la modalidad de gestión derivada de los artículos 129 y 141 de la Ley. Pero han desaparecido las iniciales restricciones al cambio de modalidad de gestión, que garantizaban que el incumplimiento de plazos por la propiedad determinase la aplicación de la gestión indirecta por urbanizador o de la gestión indirecta, previniendo maniobras tendentes a hacer ineficaz el nuevo modelo de gestión y, a la postre, las determinaciones temporales de los planes. Además, se devuelve la reacción frente al incumplimiento del plazo a la oscuridad de lo discrecional, de lo arbitrario en muchas ocasiones, al remitir al municipio, con escasos elementos reductores de su discrecionalidad, la decisión en caso de incumplimiento.

No queda ahí la cosa. La reforma de la Ley aragonesa de urbanismo actualmente en tramitación va todavía más allá y, pese a la subsistencia, aún, del régimen de gestión de la obra de urbanización establecido en 2007-2008, se plantea eliminar la libertad de elección de la modalidad de gestión que, según he expuesto, corresponde a la administración. Así, pese a mantener el artículo 129.1 en términos semejantes a los actualmente vigentes, introduce un apartado segundo (que recuerda la anterior Ley aragonesa de 1999, aprobada en un contexto radicalmente diferente al actual) conforme al cual “si el planeamiento general lo permite, la Administración deberá tener en cuenta el sistema o sistemas de actuación que puedan proponerse por los particulares en el proyecto de planeamiento de desarrollo de iniciativa privada. Para que la propuesta del sistema de compensación vincule a la Administración respecto a una unidad de ejecución, el proyecto de planeamiento deberá estar suscrito por propietarios que sumen más de la mitad de la superficie de esa unidad y garantizar que el desarrollo de las obras se adecúe a las necesidades de crecimiento y forma de la ciudad”. En suma, salvo que medie prohibición expresa, propietarios que representen más de la mitad de la superficie del ámbito de planeamiento de desarrollo podrán imponer a la administración la modalidad de gestión que deseen. Ni más, ni menos. Y además, conforme al nuevo apartado tercero “el sistema de actuación podrá ser sustituido, de forma justificada, de oficio o a instancia de parte y conforme al procedimiento de aprobación de los estudios de detalle”. Será lo que diga el inocente cincuenta y uno por ciento, la sacrosanta e inocente propiedad. Sólo que en muchas ocasiones no es tan inocente.

¿Resolverán algo reformas como esta, reformas que plantean una vuelta atrás, a los mismos vicios, a la misma autocomplacencia, a las mismas maquinaciones que nos han traído hasta aquí? Pienso que no. Y el urbanismo equidistributivo no resolverá nada. Y no lo hará porque es un urbanismo opaco, que camufla cargas impuestas desigualmente al sector privado para financiar actividades públicas, para acabar sufragandos fastos innecesarios y públicas inauguraciones. Los compradores de vivienda y otros productos inmobiliarios, hoy gravemente endeudados y titulares de unos bienes devaluados, han financiado la fiesta de los años locos del boom inmobiliario, esas grandes inauguraciones, los grandes beneficios de la banca y las empresas inmobiliarias, la expansión internacional de las grandes constructoras españolas. Ese modelo de urbanismo no es inocente, y no me parece responsable volver a él.

No hay soluciones mágicas. El urbanizador valenciano, desde luego, no lo era. Pero la propiedad tampoco lo es. Ambos abusaban con frecuencia de otros, siempre con la connivencia o la tolerancia de la administración. El primero, de los propietarios con los que no negociaba en modo alguno los programas, y a los que imponía cargas más allá de las legales; los segundos de los propietarios minoritarios ¿O acaso algún urbanista puede negar los abusos de ese inocente cincuenta y uno por ciento? ¿No era habitual la delimitación de ámbitos de gestión en función de las mayorías que se conformaban en los mismos? ¿No eran habituales propuestas de convenios a la administración en las que el proponente ostentaba únicamente propiedad, o mera opción de compra, sobre poco más del cincuenta por ciento del ámbito? ¿No se producían “pases” de suelo en forma de enajenación de opciones de compra no ejecutadas tan pronto se lograba la firma del convenio urbanístico? ¿No han venido siendo comunes en los años de la quimera inmobiliaria honorarios estratosféricos de los equipos técnicos y jurídicos impuestos por el propietario mayoritario del ámbito? ¿No seleccionaba el mayoritario a la empresa constructora que ejecutaba la urbanización obviando cualquier posible ajuste a las directivas europeas? ¿No se manipulaban los costes de urbanización en perjuicio de los minoritarios? ¿No se minusvaloraba su propiedad cuando se les imponía del modo expuesto el pago de costes de urbanización que no podían afrontar?

La corrupción y los abusos han revestido múltiples formas en el urbanismo español, formas que van mucho más allá de los mediáticos porcentajes que ocasionalmente saltan a los medios de comunicación. El sistema se prestaba a ello. El intento de superarlo plasmado en leyes como la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, o la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, hoy, sin embargo, parece abocado al fracaso. El viejo urbanismo resulta, aún hoy, demasiado tentador. Quienes lo han gobernado, propietarios, administraciones, empresas inmobiliarias, entidades financieras, todos aquéllos que dominaban los resortes del complejo mecanismo derivado de las leyes (que no regulado por ellas) se resistirán a perder el control. Como en un viejo buque, sin embargo, parecen abocados a hundirse con él arrastrando al país con ellos. Al tiempo.

Julio Tejedor Bielsa

Instrucción de jornada y horarios para la Administración General del Estado

En el B.O.E. del sábado 29 de diciembre de 2012 se ha publicado la Instrucción de jornada y horarios para la Administración General del Estado, la misma mantiene en todos sus términos la última propuesta de la Administración en la Mesa General del pasado día 26 de diciembre de 2012 donde no hubo acuerdo.

Entre las novedades positivas de esta instrucción hay que destacar la posibilidad en las vacaciones de disfrute individual de hasta cinco días hábiles por año; la reducción a media hora de la obligatoriedad de la interrupción para la comida no computando como trabajo efectivo en las jornadas de mañana y tarde y el disfrute de un día retribuido en el caso de que una y solo una fiesta caiga en sábado.

Las propuestas de CSI-F eran más ambiciosas en cuanto a la flexibilidad horaria que deseábamos y a la posibilidad de recuperar los días de vacaciones perdidos, no obstante, estas medidas estaban incluidas entre las reivindicaciones que CSI-F llevó a la mesa de negociación, que aunque no terminó con buen fin, sirvió con nuestra presión para sacar adelante algo positivo dentro de esta instrucción para los Empleados públicos.

En el mismo B.O.E. se ha publicado la Orden HAP/2802/2012 en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal, estas ausencias comportarán la reducción de retribuciones prevista en la situación de incapacidad temporal salvo en los cuatro primeros días en que se produzcan.

Con esta orden derivada de la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de una enmienda del partido popular, el gobierno sigue mostrando su desconfianza en el Empleado público, cuando las cifras demuestran que no existe un problema de absentismo laboral en la Administración General del Estado, esta medida obligará a los Empleados públicos a asistir enfermos a sus puestos de trabajo si no quieren perder más retribuciones.

CSI-F entiende que esta orden hay que interpretarla como otra vuelta de tuerca sobre los derechos de los Empleados públicos, por lo que seguiremos manifestando nuestra oposición más firme contra medidas como esta que supongan nuevos recortes.

NAVIDAD "EXTRAORDINARIA"

Es sencillo: si los ciudadanos ganan menos, consumen menos; y las empresas dejan de contratar. Huelga decir que los pequeños son los primeros en caer. Los números asustan. Cerca de 126.500 empleados públicos en Málaga han dejado de cobrar la paga extraordinaria de Navidad este año, lo que supone dejar fuera de circulación más de 145.000.000 de euros estas fechas solamente en la provincia.

Hace unos días conocíamos, además, que el año cierra con 50.000 trabajadores autónomos menos. La repercusión de la supresión de la extra va más allá de una nueva merma en el ya maltrecho poder adquisitivo de los empleados públicos, que, recordemos, actualmente sufre una reducción superior al treinta por ciento por los sucesivos recortes.

Una paga menos precisamente en el período de mayor consumo supone inevitablemente menor circulación económica. Y los primeros en notar esta disminución o paralización del flujo económico son los comerciantes malagueños que, habituados al movimiento de la caja en estas fechas, pueden estar también condenados a una Navidad sin blanca. Muestra de ello son las propias cifras del sector, que, además de las bajas, ha sufrido una notable caída de las contrataciones temporales. Es sencillo: si los ciudadanos ganan menos, consumen menos; y las empresas dejan de contratar. Huelga decir que los pequeños son los primeros en caer.

Parece, entonces, un ajuste poco acertado suprimir esta retribución si la intención es levantar el país. La provincia dejará de mover más de lo que aparentemente sopesamos.
Obligados al ahorro extraordinario, los empleados públicos se esfuerzan estos días por reducir al máximo el gasto y poder responder, de esta forma, al pago de los costes habituales.
Sobre los empleados públicos malagueños recae así el enorme esfuerzo de salvar esos 145.000.000 de euros, aunque el gasto cotidiano sea equivalente al del resto de ciudadanos. Pero toda la indignación, la impotencia y la prudencia de los afectados no alcanza para hacer recapacitar a nuestros gobernantes, algunos, al margen de las circunstancias, según parecen creer, en su limbo local.

Determinados alcaldes y concejales de la provincia, obviando este sacrificio y con los pies bastante lejos del suelo, han optado por continuar percibiendo la retribución que el Estado no ha dudado en coger despóticamente de sus propios trabajadores. Si bien es cierto que algunas corporaciones han decidido en un cuestionable alarde de solidaridad no cobrarla o donarla a alguna causa, otras, sin embargo, la han mantenido con orgullo y defendido con silencio.

Recientemente, CSI·F puso en marcha una campaña para conocer exactamente qué harán en cada caso con la extra de Navidad los cargos electos de la administración local malagueña. Así, la central sindical remitió a los 101 municipios, las mancomunidades y la Diputación Provincial un escrito solicitando esta información, cuyas respuestas son dignas de mencionar. Aunque muchos defienden haberla rechazado, otros, por el contrario, la cobrarán con presunción y emplearán en lo que consideren «oportuno». Y están en su derecho. Pero llegado el momento del ahorro, la austeridad y el recorte, predicar con el ejemplo hubiera sido la opción menos deshonesta.

La vocación ha dejado paso a la mezquindad en nuestra política, en cuyo blindado ecosistema no cabe cuestionamiento ético alguno por parte del resto de los mortales. Y asumirlo no es sencillo. La impotencia a la que ese empleado público, conociendo todo esto, tiene que hacer frente es el mayor de los excesos. Si de arrimar el hombro se tratara, dudo que quien pudiendo no hiciera el sacrificio. Sin embargo, todo esfuerzo parece en vano cuando es el gobernante el que seca nuestra administración pública; esa que, no nos olvidemos, nos sigue perteneciendo.

CSI·F REITERA EL ADELANTO DE LA PAGA EXTRA HASTA 2015 Y ANIMA A TODAS LAS CC.AA. A SEGUIR ESTE MODELO

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha pedido al Gobierno, en una reunión mantenida en Moncloa con los subsecretarios de Presidencia y Hacienda , que se adelante la paga extra de julio de 2013 a enero de 2013, y así de manera sistemática hasta 2015, siguiendo el modelo que ha aprobado este jueves la Junta de Extremadura.

La Xunta de Galicia también acordó ayer el adelanto del 50 por ciento de la paga extra, mientras que el Parlamento Vasco aprobará hoy una medida en la misma línea, para compensar a los empleados públicos por la anulación de la extra de Navidad. En este sentido, CSI·F aplaude la voluntad política de estas autonomías, especialmente las gobernadas por el PP que contravienen las directrices del Gobierno central, y anima al resto de las administraciones a seguir este ejemplo.

Para CSI·F, sindicato más representativo de las Administraciones Públicas, esta fórmula no es gravosa de cara a los objetivos de déficit. Además, parece razonable que el conjunto de los empleados públicos de todo el Estado se rijan por los mismos criterios, sin diferencias entre territorios administrativos.

Por otra parte, CSI·F obtuvo ayer el compromiso del Gobierno de abrir una línea de negociación con los agentes sociales en el marco de la reforma de las Administraciones Públicas, para todas aquellas cuestiones que afecten al personal administrativo.

Responsabilidad contable (I)

Explicar a una colega extranjera cómo hemos llegado a la grave situación económica en España no me ha resultado nada fácil. (Tampoco estoy segura de haberlo conseguido). Joven jurista, y probablemente por ello algo ingenua, inició su conversación dándome a entender su conocimiento de la política española con la noticia de que el nuevo Gobierno había prometido una reforma legal para garantizar la transparencia y responsabilidad de las autoridades públicas. Es cierto que esos dos principios son los más elementales e imprescindibles para considerar que es posible garantizar una mínima corrección en la acción pública. Pero no es suficiente su solemne reiteración, si reproduce un nuevo falsete en la comedia que tantos representan con imposturas de seriedad.

Contamos ya en España con bastantes leyes que recuerdan los deberes de información de las cuentas públicas o de las obligaciones que suscriben las Administraciones al celebrar los contratos. ¿Se cumplen esas mínimas normas de información? Basta leer los sucesivos Informes del Tribunal de Cuentas sobre el sector público donde se reproducen un año y otro también los lamentos por la falta de remisión de datos de muchas Administraciones públicas a ese relevante órgano constitucional. Es cierto que necesitamos una Ley de transparencia. Prácticamente todos los países occidentales, en los que se presume de un buen Estado de derecho y de la defensa de los derechos de los ciudadanos, cuentan con ella. Pero el texto presentado por el Gobierno peca de pusilánime. Lo prueban las múltiples enmiendas que han presentado los grupos políticos. Seguiremos su tramitación con interés. 

¿Y qué decir de la exigencia de responsabilidad? Pues también contamos ya con algunas leyes que desde hace años tratan de proteger la integridad de los caudales públicos y perseguir a quien cause daño a los mismos. Quienes hemos tenido que preparar una oposición para tratar de acceder a la función pública, hemos estudiado y repetido en voz alta muchas normas que insisten en la dación de cuentas, en la fiscalización, en los juicios por alcance, en las diferencias con la malversación, en la ilegalidad de comprometer pagos no presupuestados, en la falta de justificación de las inversiones, en la distracción de subvenciones y ayudas públicas, y una retahíla de conductas que se consideran infracciones a la gestión económica y presupuestaria… El proyecto de ley de transparencia y buen gobierno acoge también preceptos para delimitar infracciones a la buena gestión pública, derecho como sabemos consagrado en la Carta de derechos de la Unión europea, pero algunas son nuevas repeticiones de infracciones ya conocidas.

La conversación con esta jurista amiga continuó porque para avanzar en la investigación que está realizando de Derecho comparado quería saber qué es lo que frustra una eficaz gestión ante tanta densidad de normas.

Entre otras cosas, le traté de explicar, están fallando los controles. Por un lado, andan escasos los Tribunales de Cuentas, tanto el estatal como los autonómicos, de suficientes funcionarios para llevar con más agilidad tanta fiscalización como tienen encomendada. Le enseñé la información que facilita el propio Tribunal de Cuentas sobre sus sentencias, ciertamente pocas para quienes conocemos la grave situación de tanto organismo público. Y lo que es peor, con una decisión que se aleja mucho en el tiempo de los hechos que la originaron. Es cierto que no están todas, porque, por ejemplo, en la provincia donde nos encontramos, se ha conocido en estos últimos días una liquidación tras un procedimiento de alcance de más de tres millones de euros por el desorden y falta de contabilidad del anterior alcalde. Quien sigue, por cierto, como concejal.

Por otro, le dije con cierta suavidad, hay que anotar las presiones de algunos responsables políticos sobre los funcionarios de habilitación nacional, secretarios, interventores y tesoreros. A pesar del rigor que muestran estos funcionarios en su trabajo, y de la ayuda de los programas informáticos que tan indispensables son a la hora de la llevanza de cuentas, padecen en ocasiones cierta presión de alguna autoridad, quien está más preocupada de consolidar su influencia territorial e imponer su arbitrario criterio que de garantizar el correcto cumplimiento de la ley. Tengo algunas noticias de situaciones conflictivas, de ceses en los puestos claves de control, así como de alguna sentencia en la que se muestra la persecución contra una buena funcionaria… Pero preferí no darle más datos hasta no contar con la correspondiente resolución. Quedó esta profesora en que estudiaría la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas que le había facilitado y que discutiríamos situaciones para comparar los regímenes jurídicos europeos.

Parece mentira que después de tantos años tengamos que seguir insistiendo en la responsabilidad contable de las autoridades.

Mercedes Fuertes López