El acoso laboral supondrá cárcel

A partir del dia 23 de este mes  se tipifican más delitos en España. La principal novedad para las empresas es la resposabilidad penal de las personas jurídicas. EXPANSIÓN le ofrece las 10 claves.

A partir de mañana, día de Nochebuena, y tras cumplirse hoy la prórroga de seis meses tras su publicación en el BOE, se aplicarán los amplios cambios normativos que aumentan la tipificación de delitos recogidos en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio que reforma sustancialmente el Código Penal que estaba vigente en España desde 1995. Muchos de ellos afectan a cuestiones esenciales del llamado Derecho Penal de la empresa.

El más importante es que la responsabilidad penal, que hasta ahora sólo podía pivotar sobre personas físicas, también recae ahora a las personas jurídicas. Pero hay otros puntos de la reforma que se refieren a materia mercantil, fiscal, laboral, administrativa y medioambiental que vale la pena destacar.
EXPANSIÓN detalla las 10 cuestiones clave de la reforma del Código con la ayuda de los bufetes Baker & McKenzie, Ernst&Young, Gómez-Acebo & Pombo y Uría Menéndez.

1. Acoso laboral o mobbing
Se tipifica como delito (art. 173.1) cuando en el ámbito de cualquier relación laboral y prevaliéndose de su relación de superioridad, se produzcan de forma reiterada actos humillantes u hostiles sin llegar a constituir trato degradante. Será pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o los medios empleados. Hasta ahora en el trabajo sólo constituía delito el acoso sexual.

2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Es la gran novedad de la reforma para las empresas. Por primera vez en España las personas jurídicas (empresas, instituciones, etc.) responderán penalmente de sus actos y los cometidos por sus administradores o empleados y directivos a su supervisión. Siempre que no se hayan establecido los controles internos adecuados de prevención o los empleados hayan cometido el delito por cuenta y nombre de la empresa (artículo 31 bis).

Además la nueva responsabilidad penal de la persona jurídica no es alternativa sino acumulativa a las personas físicas materialmente responsables de delito y a pesar de que ésta última no haya podido ser individualizada. Las penas aplicables serán desde multas proporcionales, pérdida de subvenciones, suspensión de actividades hasta 5 años, clausura de sus locales e incluso disolución de la sociedad. Este artículo no se aplicará a determinadas personas jurídicas, como el Estado o las Administraciones Públicas.

Los países que hasta ahora habían regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas son: EEUU, Francia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Estonia, Bélgica, Chile, Canadá, Brasil y Portugal.

3. Acceso ilegal a sistemas y daños informáticos
El texto sanciona el acceso sin autorización a datos o programas informáticos (art. 197.3). Esta conducta se incluye entre los delitos contra la intimidad y revelación de secretos. También se incluye el sabotaje informático (art. 264), cuando el objetivo es dañar, alterar, suprimir o hacer inaccesible datos o programas electrónicos ajenos.

4. Estafa
La reforma introduce una nueva modalidad de estafa consistente en la utilización de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje (art. 248.2.c). Se establece específicamente la cifra de 50.000 euros como cuantía de notoria gravedad.

5. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
Se concreta la acción típica de este delito. Además de la reproducción, imitación o modificación de una marca, ya no se considera delito cualquier utilización de la marca registrada, sino la usurpación de la misma.

6. Abuso de mercado
A partir de hora se considera delito la difusión de rumores con datos económicos falsos (art. 284-2) a sabiendas de que lo son, siempre que persiga un beneficio económico para sí o para un tercero por más de 300.000 euros (ver EXPANSIÓN del 22 de diciembre). También se reordena el uso de información privilegiada (art. 284-3).

7. Blanqueo de capitales
A las conductas típicas de adquisición, conversión y transmisión de bienes procedentes de un delito, se añaden ahora las conductas de posesión y utilización de esos bienes.

8. Delitos contra ordenación del territorio y Urbanismo
Las conductas en relación de obras y la concesión de licencias se reordenan. Los sujetos activos son los mismos: promotores, constructores o técnicos, pero la conducta se amplía a las obra de urbanización, construcciones o edificaciones. Además, en la prevaricación urbanística se amplía el ámbito de los objetos sobre los que puede recaer la decisión injusta.

9. Delitos contra el Medio Ambiente
Hay amplias novedades en cuatro grandes bloques: transporte y gestión de residuos, protección de la capa de ozono, protección de hábitats de especies amenazadas y radiaciones ionizantes.

10. Delitos de falsedad documental
Falsificar tarjetas de crédito ya no se considera una falsificación de moneda, sino documental, con lo que ya no es competencia de la Audiencia
Nacional. Se equipara el uso de documento falso y auténtico por persona no autorizada.

EXPASION

Un sistema tributario local eficiente y equitativo

La actual crisis económica local está motivada por múltiples factores. Uno de los más importantes es el deficiente sistema de financación local y, fundamentalmente, la estructura y concepción del sistema tributario local, caracterizado por su ineficiencia económica y por su falta de equidad tributaria.Una de los instrumentos para posibilitar la primordial suficiencia  económica de las entidades locales es la necesaria y urgente revisión de la tributación local.

En el informe de Haciendas Locales en cifras. Avance Año 2008", de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, se señala que los tributos propios y precios públicos en los Ayuntamientos ascienden a 25.935,4 millones de euros que  representan el 49 por ciento de sus recursos totales. Asimismo, se indica que la eficacia recaudatoria de estos ingresos se sitúa en el torno al 87.7% en los impuestos directos, el 84,36 % para los impuestos indirectos y el  79,0% en las tasas y precios públicos. Esta baja eficacia recaudadora implica a la postre unos ingresos tributarios fallidos superiores al 7,3 por ciento, Si a estas pérdidas de ingresos corrientes agregamos los gastos de gestión tributaria y recaudadora, evaluados sobre un 8 por ciento de los ingresos,  hemos de inferir, que la  gestión de los tributos y precios públicos de los municipios llevan implícitos un coste mínimo de ineficiencia del 15,3 por ciento. Una evaluación del importe que representaría estos costes de inoportunidad en el ejercicio 2008 sería la nada desdeñable cifra  de 3.968 millones de euros.

Los teóricos hacendistas al caracterizar la idoneidad de un sistema tributario indicaban que debía de poseer los siguientes atributos: justicia tributaria, comodidad y simplicidad para los contribuyentes y su fácil aplicación. Es claro que estos requisitos no los reúne el sistema tributario local español. Un análisis del sistema tributario local reflejan las siguientes características:
a) La gestión tributaria de los principales tributos se realiza mediante la elaboración de padrones y su recaudación mediante recibos. Este método ha sido abandonado, por su complejidad administrativa e ineficacia, por los  sistemas tributarios centrales y autonómicos, habiéndose sustituido por el procedimiento de auto-liquidaciones por los sujetos pasivos y su comprobación posterior por los órganos tributarios. 

b) La equi-distribución del sistema tributario local se basa  exclusivamente en criterios de proporcionalidad impositiva y no de progresividad, con clara vulneración del principio constitucional del artículo 31 de nuestra Carta Magna. 

c) Los tributos de mayor relevancia impositiva (IBI, impuesto de vehículos, impuesto de plusvalía, tasa de recogida de basuras, tasa de entrada de vehículos) son impuestos que gravan realmente el patrimonio de los sujetos pasivos. No deja de constituir un anacronismo que tras la desaparición del Impuesto de Patrimonio sólo los tributos patrimonialistas que subsistan en España sean los existentes en el sistema tributario local. Esta incongruencia resulta más relevante desde la vertiente de equidad tributaria al ser los tributos locales los más generalistas en el Estado español en cuanto al número de sujetos pasivos.  Asimismo, se debe de resaltar el hecho que un importante porcentaje de personas físicas de baja renta sólo contribuyen con impuestos directos en España en el sistema tributario local, al no existir mínimo de base imponible como ocurre con el IRPF

d) La mayoría de los tributos locales tienen sus hechos y objetos imponibles en otros tributos estatales y autonómicos, constituyendo teóricamente una doble imposición:
- Impuesto de bienes inmuebles versus impuesto de patrimonio-impuesto de la renta
- Impuesto de plusvalía municipal versus impuesto de trasmisiones patrimoniales
- Impuesto de vehículos versus impuesto especial de carburante.

Resulta, pues, aconsejable, que por motivaciones de eficiencia económica, de equidad tributaria y de simplicidad impositiva, la tributación local sea materializada a través de sistemas de recargos en  impuestos estatales y autonómicos, mediante una adecuada ley de articulación con los sistemas tributarios de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas.

Tal articulación tributaria permitiría alcanzar los máximos de eficacia recaudatoria y una liquidez más inmediata por provenir los ingresos tributarios de la recaudación de las retenciones impositivas y auto-liquidaciones de los tributos estatales y autonómicos. Además, de subsanar las deficiencias tributarias comentadas anteriormente, la referida articulación impositiva conllevaría la eliminación de dos problemas económicos-financieros que tiene la Administración Local: 
- El progresivo aumento del déficit presupuestario local generado esencialmente por la minoración de los derechos tributarios previstos de recaudar.
- La falta de liquidez generada por ese déficit; según los datos de la publicación “Haciendas Locales en cifras. 2007" los derechos pendientes de cobros de presupuestos cerrados suponen más del 60 por ciento del total de deudores.

Victoriano Ángel Suárez Rincón

EL FUTURO DEL ESTADO DEL BIENESTAR

La revista EL SIGLO XXI, ha publicado un extenso artículo bajo el título EL FUTURO DEL ESTADO DEL BIENESTAR y firmado por el Presidente de CSI-F, Domingo Fernández Veiguela.
Uno de los pilares del Estado del Bienestar se encuentra en los servicios que reciben los ciudadanos del Estado, a través de sus distintas Administraciones y de su dos millones setecientos mil empleados públicos, funcionarios y laborales.
En los países de la Unión Europea, a la que pertenecemos, estos servicios son, con pequeñas variantes, la Educación, la Sanidad, la Seguridad, la administración de la Justicia, la protección del Medio Ambiente, las Obras Públicas, la Inspección y Control de los distintos aspectos del funcionamiento de un Estado democrático.

Esta Europa social, que tanto ha costado conseguir, parece estar en peligro. Dicen que es muy cara y que hay que reducir el déficit público. Y a ello se han puesto nuestros gobernantes. Pero, hasta el momento, y llevamos ya casi tres años de crisis, todo lo que se les ha ocurrido es:
a)reducir las retribuciones de los empleados públicos
b)congelar las pensiones de nuestros mayores
c)anunciar la subida de la edad de jubilación para todos los trabajadores.
Esto, y permitir que se generalice la opinión de que sobran funcionarios, precisamente los profesionales encargados de proporcionar esos servicios; funcionarios y laborales que han sido seleccionados tras demostrar públicamente, en libre concurrencia, su preparación. Funcionarios y laborales que están muy mal retribuidos.
Así es como se pone en peligro el Estado social del bienestar. Porque no se puede mantener una enseñanza obligatoria y gratuita desde la infancia, sin los 650.000 profesores que la imparten. Ni una sanidad universal sin los 500.000 sanitarios que la atienden (médicos, enfermeras, celadores…) Ni podemos garantizar la seguridad del país y de sus ciudadanos prescindiendo de alguno de los 130.000 efectivos de nuestras fuerzas armadas, de los 80.000 guardias civiles, de los 60.000 policías nacionales, y de los 90.000 policías municipales y bomberos. Ni podemos deteriorar más el lento funcionamiento de la Justicia, sin contar con los 60.000 funcionarios que la sirven, que son claramente insuficientes, como lo son los 30.000 funcionarios de las prisiones masificadas que tenemos.
Y así podíamos continuar, hablando del servicio de Correos, de Hacienda, de la Seguridad Social , etc.
Nuestra relación número de trabajadores del Estado-número de ciudadanos, es de las más bajas de Europa. No es aquí donde se pueda o se deba ahorrar, pero sí se podría analizando y corrigiendo una serie de factores que han influido, y mucho, en la generación de este déficit de las Administraciones Públicas:
1- El Estado de las Autonomías y su deriva a las Administraciones Locales.

Si los que defendimos hace treinta años el modelo autonómico del Estado llegamos a saber que iría por este camino, nos lo hubiéramos pensado dos veces. Porque resulta que, aparte de otras consideraciones fundamentales, para la organización del Estado, hemos construido un modelo bastante ineficaz y muy caro que, en los actuales términos, no podemos pagar.
Contamos con una Cámara de las Autonomías, el Senado, de la que no tenemos clara su utilidad.
Contamos con 17 Parlamentos Autonómicos, con todos sus avíos.
Contamos con 17 Gobiernos de Comunidad y dos de Ciudad Autónoma, con toda su parafernalia.
Tenemos 59 Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y más de 8.000 Ayuntamientos.
Todos los parlamentarios, la mayoría de los alcaldes y muchos concejales (por su dedicación exclusiva) cobran del dinero público.
Luego están los miles y miles de altos cargos, elegidos a dedo. Sobran al menos el 50% y los que sean necesarios tendrían que ser seleccionados entre los funcionarios de carrera.
Y están las decenas de miles de asesores, ¿qué hacen?, ¿dónde trabajan? ¿cuánto ganan?, sobran al menos nueve de cada diez.
Y está el llamado personal de confianza…
Contando alcaldes, concejales, asesores, altos cargos, etc. ¿Cuántos “liberados políticos” pagamos? ¿sesenta mil? ¿ochenta mil? ¿Cuánto cuestan al contribuyente? ¿Tienen que ser tantos y cobrar todos y tanto? ¿Cuánto se podría ahorrar aquí sin reducir el número de funcionarios y sus retribuciones?
2- El despilfarro, la alegría en el gasto.
Había dinero para todo y en último extremo no había límites para el endeudamiento. Y nuestros gobernantes, consejeros, alcaldes, concejales- con sus excepciones, que las hay- se han acostumbrado a las coches de alta gama, chofer las veinticuatro horas, escoltas para todo, gabinetes de prensa, de presidencia, de protocolo; viajes por todo el mundo, buenas dietas, mejores comidas, delegaciones-embajadas en los cinco continentes, subvenciones para todo y para todos.
¿Cuánto se podría ahorrar aquí sin bajar las pensiones de nuestros mayores?
3- La multiplicación de las empresas públicas, que escapan del control presupuestario y de la Intervención, que cuentan con Consejos de Administración muy bien pagados, que tienen directivos nombrados a dedo y sistemas de selección de personal muy “personales”.
Empresas, casi todas deficitarias, que nos cuestan más de cuarenta mil millones de euros al año.
Estado, Comunidades, Ayuntamientos, abusan de esta figura, que en unos casos entran en competencia con las empresas de capital privado y en otros sirven para externalizar servicios públicos y montar administraciones paralelas. Buen ejemplo de esta tendencia lo tenemos en la Junta de Andalucía con el conflicto y el caos que ha dejado como herencia el actual Ministro responsable de las Administraciones Públicas ¿Cuánto ahorro se podría tener en este apartado, manteniendo las empresas verdaderamente justificadas, aunque sean deficitarias y privatizando las restantes, incluidas televisiones, casinos, clubs de fútbol, fábricas de coches, etc?
Una última consideración sobre la edad de jubilación, que forma parte también de las conquistas sociales: todo es debatible y todo se puede consensuar, pero nosotros seguiremos defendiendo la jubilación flexible.
Esto quiere decir que si se fija la edad de jubilación en X años se debe de tener en cuenta:
•Que hay profesiones, que están en la mente de todos, que no se pueden ejercer a partir de cierta edad.
•Que se tendría que incentivar la prolongación voluntaria de la edad laboral.
•Que se tendrían que prohibir las prejubilaciones con cincuenta y pocos años, como ha ocurrido en banca, televisión pública, y ahora se habla para los sobrantes de las fusiones de las cajas de ahorros.
•Que se tendría que potenciar la jubilación parcial, a partir de cierta edad, combinada con contratos en prácticas para jóvenes, y que no queremos que se convierta en la práctica en una jubilación anticipada.
Y, sobre todo, queremos que se valore el tiempo de cotización, a partir de un determinado número de años cotizados (30-35 años) tiene que ser posible la jubilación con los condicionantes que se establezcan. Y a partir de un determinado número de años cotizados (35-40) tiene que ser posible la jubilación voluntaria sin perdida de derechos.
En este asunto de la jubilación, también tendrían que dar ejemplo nuestros políticos. Es una vergüenza que con unos pocos años de ejercicio en el cargo se les garanticen jubilaciones vitalicias que no están al alcance de ningún otro trabajador.
Queremos concluir con nuestro convencimiento que, si se corrigen los excesos, si se adelgaza el entramado administrativo autonómico y local, si todos nos apretamos el cinturón (y nuestros políticos tienen que dar ejemplo) podemos salvar este Estado de Bienestar basado en unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos.
Domingo Fernández Veiguela

Informe sobre el anteproyecto de Ley para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, destinado a agilizar y facilitar el funcionamiento de los tribunales civiles y contencioso-administrativos, dos órdenes jurisdiccionales fundamentales para la actividad económica.

El Anteproyecto introduce reformas orientadas, fundamentalmente, a la simplificación y supresión de trámites innecesarios, y también a impedir la dilación deliberada del proceso o limitar el uso desproporcionado de instancias judiciales. Para ello, racionaliza los procesos y mejora el sistema de recursos extraordinarios. Las medidas tienen como objetivo principal mejorar la respuesta de Juzgados y Tribunales dentro del contexto general de reforma de la legislación procesal para lograr una Administración de Justicia más ágil, moderna y eficaz.

Al tratarse de una reforma procesal que afecta a dos órdenes jurisdiccionales de enorme trascendencia para la actividad económica, los efectos de las mejoras introducidas podrán notarse en el sistema económico, con especiales beneficios para los consumidores, las pequeñas y medianas empresas, así como para la competencia en el mercado.

Entre las medidas más destacadas figuran las siguientes:

Orden jurisdiccional civil

• En el proceso monitorio (procedimiento para reclamaciones de deuda acreditadas documentalmente) se suprime el límite máximo de 250.000 euros y se equipara así al sistema monitorio europeo. De esta manera se amplía el uso de un instrumento procesal más ágil que ha demostrado su eficacia en las reclamaciones de deuda en un momento de crisis como el actual.
• En cuanto a los recursos, se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía (hasta seis mil euros), de modo que la sentencia de primera instancia devendrá firme. Con ello se salvaguarda el derecho de acceso al juez, al tiempo que se limita el uso innecesario de instancias judiciales y evita que los litigios se mantengan abiertos durante años.

También se elimina el trámite de anuncio y preparación de recursos, de forma que los mismos se anuncian y formalizan en un solo escrito, lo que reducirá los tiempos y evitará dilaciones por exceso de trámites.

En cuanto al recurso de casación, se refuerza el papel del Tribunal Supremo como garante de la igualdad y, por tanto, su papel como tribunal de unificación doctrina mediante la actualización de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes contencioso-administrativo y civil, inalterada desde los años 1998 y 2000 respectivamente, que pasa de 150.000 a 800.000 euros.

• En materia de subasta de bienes se evitan situaciones de enriquecimiento injusto al eliminar la posibilidad de que el acreedor se adjudique los inmuebles del deudor por cualquier precio o valor. La reforma cierra esta posibilidad y dispone claramente que en ningún caso podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los inmuebles por una cantidad inferior al 50 por 100 del valor por el que fueron tasados. Lo mismo ocurre con los bienes muebles, cuyo límite se establece en el 30 por 100 del valor de tasación.

En relación con los procesos especiales para la tutela del crédito, se incorpora el "renting" (alquiler a largo plazo con derecho a compra) al régimen procesal especial que ya estaba previsto para la protección de contratos similares como el "leasing", en cuanto a la recuperación de los bienes entregados en arrendamiento.

Orden contencioso administrativo

• Se incorporan determinadas modificaciones que implican una mejora y racionalización técnica, como la supresión de trámites innecesarios en la fase probatoria, la eventual supresión de la vista cuando las partes están de acuerdo, o un más adecuado y clarificado régimen jurídico de las medidas cautelares más urgentes.
• También se elevan los límites cuantitativos, tanto del recurso de apelación como del de casación, pasando este último de 150.000 a 800.000 euros, y se incorporan, además, el interés casacional como mecanismo de inadmisión de los recursos. En este caso la agilización se consigue por dos vías: en primer lugar, dotando de firmeza a las resoluciones en plazos más breves y, en segundo lugar, descargando a los órganos de apelación y casación de un importante volumen de asuntos, lo cual les permitirá desarrollar con mayor rapidez el resto de sus funciones.
• Se incorpora el establecimiento en materia de costas procesales, para los procesos de única o primera instancia, el criterio del vencimiento, con la posibilidad de que el Tribunal pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición.

CSIF anuncia "más presión" para el debate del decreto del sector público

Ahora que arranca el trámite parlamentario, el sindicato va a "intensificar" sus acciones.

El sindicato CSIF-A anunció ayer que seguirá con nuevas movilizaciones en enero en contra del decreto ley de reordenación del sector público y confía en que éste se derogue en el trámite que se debe seguir en el Parlamento andaluz, de manera que pretende ejercer "mayor presión" durante ese trámite parlamentario.
CSIF, que acaba de comenzar su ronda de contactos con los grupos parlamentarios de IU, PP y PSOE, considera que tras las "fuertes movilizaciones" llevadas a cabo, una vez iniciado el trámite parlamentario "debemos desviar nuestro enfoque hacia esta institución pues ya, formalmente hablando, no depende este asunto del Gobierno andaluz". De ahí que con independencia de todas las acciones que estimen pertinentes en señal de rechazo a esta reordenación del sector público, apuntaron que van a "intensificar la presión, aún más si cabe, durante su tramitación parlamentaria, exigiendo la derogación del decreto ley 6/2010".
Esta organización sindical, que ha salido reforzada tras su victoria reciente en las elecciones sindicales en al Junta en Educación y Sanidad, explicó que se ha analizado la situación actual con esos tres grupos parlamentarios, a los que se les ha trasladado la "exigencia rotunda de la retirada de esta norma impuesta, no negociada, inconstitucional y atentatoria contra derechos fundamentales, motivo por el cual la tenemos recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estando actualmente a la espera de sentencia".
También les han agradecido a los tres grupos que se les haya dado la oportunidad ahora, en sede parlamentaria, "de escucharnos, algo que el Gobierno andaluz nos ha negado en todo momento".
CSIF concluyó que "no va a desaprovechar esta ocasión" que se le brinda ahora en el Parlamento para trasladar de "forma clara el modelo de función pública que debe imperar en Andalucía, basado en la necesaria profesionalización de la Administración Pública y en la gestión de los servicios públicos bajo fórmulas alejadas de criterios mercantilistas o privados".

Malaga Hoy

Los funcionarios se gastarán 1.000 millones de euros menos en Navidad

La bajada de salarios en la Administración Pública va a dejar su huella en el consumo. Los funcionarios gastarán 1.000 millones de euros menos en Navidades, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

De acuerdo con sus previsiones, los médicos, profesores de instituto y universidad, oficiales de policía y el ejército sufrirán un recorte de al menos 540 euros en su paga extra de diciembre. Gestha cree que "tendrán que hacer muchos números para hacer frente al desembolso medio de 674 euros que realizan los españoles con motivo de las celebraciones que se aproximan, según cálculos de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI)".

Los enfermeros, profesores de primaria, técnicos de Hacienda o subinspectores de Trabajo, entre otros, sufrirán una reducción de al menos 324 euros en sus pagas Navidad, lo que "se comerá casi todo el presupuesto que normalmente se dedica a alimentación (201 euros) y regalos (206 euros)".

Los administrativos, para quienes la medida supondrá una rebaja de 126,37 euros, reducirán sus ingresos por encima incluso del gasto medio en la tradicional lotería (117 euros) de Navidad y del Niño.

"Tan sólo los auxiliares, cuyos salarios están por debajo de los mil euros, no tendrán que cuadrar sus cuentas, ya que se les aplicará una ligera rebaja de 7,80 euros", indica el informe.

EXPANSION

Trabajo quiere ampliar a 20 años el periodo de cálculo de las pensiones

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, cree que el periodo de cálculo de la pensión debería ampliarse desde los 15 años actuales hasta 20 años, "sin abandonar posteriormente la posibilidad de ir poco a poco" hasta los 25 años.

   "Pero con el tiempo podemos ir mucho más allá. En mi opinión, el objetivo tiene que ser que la mayor parte de la vida laboral de las personas se compute a la hora de calcular la pensión", ha dicho el ministro.

   Gómez, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha señalado que la "mejor forma" de alargar la edad real de jubilación es alargar la edad legal de manera progresiva, tal y como propone el Gobierno, que quiere elevarla desde los 65 años hasta los 67 años.

   Eso sí, habría excepciones. Según ha explicado Gómez, la idea general es que aquellas personas que tienen un historial de cotización largo, de 36 hasta 40 años, puedan seguir jubilándose a los 65 años, mientras que los que trabajan en oficios penosos podrían jubilarse incluso antes.

   Asimismo, quienes no tengan oficios penosos ni historiales largos de cotización, podrán también jubilarse a los 65, pero en estos casos aplicándoles reducciones en su pensión, igual que sucede ahora con quienes se retiran del mercado laboral antes de los 65.

   El ministro ha explicado que en toda Europa se han hecho dos tipos de reformas: mientras que unos países, como Suecia y Portugal han optado por reducir la pensión media, otros (Francia, Alemania e Italia) han optado por ampliar la edad de jubilación, que es también lo que pretende España.

   Gómez ha indicado que los actuales pensionistas no sufrirían recortes en su pensión si se amplía la edad legal de jubilación, que además se incrementaría progresivamente a lo largo de los próximos 18-20 años.

LA JUBILACIÓN A LOS 67, DE FORMA PROGRESIVA HASTA 2025-2026.

   "Eso producirá ahorros en el sistema porque habrá más ingresos durante más tiempo y habrá también menos gasto porque la gente percibirá menos tiempo su pensión. Y este proceso culminará aproximadamente en 2025-2026 y cuando eso ocurra, haremos coincidir un momento de más ingresos y menos gasto con el momento en el que se empieza a intensificar la entrada de nuevos jubilados en el sistema", ha subrayado Gómez, que ha añadido que, en cualquier caso, la intención del Ejecutivo "no es rebajar la pensión".

   El ministro, que ha dicho que la reforma de las pensiones tiene que abordarse "con crisis o sin crisis", ha puntualizado que en 2025 habrá doce millones de pensionistas, cuatro millones más que ahora, y que en 2050 habrá 17,5 millones de pensionistas. "Nuestro sistema debe prepararse para este momento", indicó.

   Respecto a las prejubilaciones, Gómez ha señalado que es un derecho recogido en la legislación actual, pero se ha mostrado partidario de que las empresas que prejubilen carguen con los costes. "No basta con descargar costes sobre la Seguridad Social, deben aportar los ingresos correspondientes para compensar el sobrecoste del sistema. Esa debería ser la línea de futuro", ha precisado.

   El ministro ha afirmado que no tiene ningún plan de pensión complementario y ha apuntado que la mejor pensión es siempre la que se alcanza con una buena base de cotización en el sistema público de pensiones. "Es bueno que existen planes complementarios pero lo importante es tener un sistema público fuerte que proteja a todos en función de su base de cotización y su salario", ha añadido.

   Sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo en la reforma de pensiones teniendo en cuenta el rechazo sindical y parlamentario a ampliar la edad legal de jubilación de manera obligatoria, el ministro de Trabajo ha asegurado que "no es el momento de tirar la toalla".

   "El Gobierno debe intentarlo. No es bueno renunciar todavía a la existencia de un buen acuerdo con los interlocutores sociales y es posible también un buen grado de consenso parlamentario", ha subrayado.

REFORMA DE CONVENIOS.

 Gómez ha indicado que la última vez que habló con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, fue antes de las manifestaciones del sábado, y ha dicho que la intención del Gobierno es restablecer una situación razonable de consenso y diálogo. "Si en el futuro puede haber una situación difícil, por parte del Gobierno trataríamos de limitarla", ha explicado.

Sobre las elecciones en CEOE, que se celebrarán mañana, ha indicado que es "muy importante" que de este proceso salga una cúpula "sólida y estable" y una dirección "fuerte", capaz de afrontar las negociaciones pendientes con los sindicatos, como la de la negociación colectiva.

En concreto, y en relación a esta reforma, ha asegurado que el escenario ideal es que sindicatos y empresarios alcancen un acuerdo, y ha vuelto a realizar un llamamiento a ambas partes para que este acuerdo se produzca antes del 18 de marzo. De lo contrario, el Gobierno tiene intención de legislar sobre esta materia. 

El ministro ha dicho que, pese a la complicada situación laboral, no se le ha pasado por la cabeza dejar su puesto. Preguntado por si votaría a un partido que ha congelado las pensiones, abaratado el coste del despido y eliminado los 426 euros para parados sin ingresos, Gómez ha manifestado que votaría a un partido que ha situado la cobertura de la protección por desempleo por encima del 80%, que ha subido el SMI y las pensiones mínimas, y que ha aprobado una Ley de Dependencia. "A ese partido sí lo votaría y ese partido es el PSOE", concluyó.

EUROPA PRESS

La futura la Ley Concursal dará más poder a los administradores para aligerar el trabajo de los jueces

El Gobierno aprueba hoy el anteproyecto de reforma de la Ley Concursal que dotará a los administradores concursales de mayores responsabilidades con el objetivo de aliviar el trabajo de los jueces de la jurisdicción mercantil.

La reforma de la Ley Concursal mantendrá la línea del texto legislativo aprobado en 2003, así como la reforma introducida mediante el Decreto Ley de marzo de 2009, y tendrá tramitación parlamentaria de aproximadamente seis meses a contar desde el próximo mes de febrero.

Con el cambio, los administradores concursales asumirán mayores atribuciones en la gestión del concurso y se incentivará su profesionalización, así como la utilización de los medios telemáticos, que serán obligatorios en consonancia con el Plan de Modernización de la Justicia. Los jueces tendrán la tutela de todo el proceso.

Entre las nuevas facultades de los administradores concursales estará la capacidad para subsanar los errores del listado de acreedores. De esta forma, se evitará la presentación de las demandas de incidentes concursales, así como la celebración de las vistas de resolución que son la principal causa de retraso de los procedimientos.

Además, los administradores podrán vender activos y realizar operaciones en beneficio del concurso antes de la aprobación del convenio de acreedores. Para ello, deberán contar con la cobertura de un seguro de responsabilidad civil. Los administradores también podrán impugnar los acuerdos de refinanciación de deudas.

La nueva ley introducirá una vía para la entrada de sociedades de gestión concursal, además, en los grandes concursos se impondrá el nombramiento de un auxiliar delegado pagado por la administración.

Perfeccionamiento de la fase preconcursal

La reforma profundizará en el perfeccionamiento del conocido artículo 5.3 de la Ley Concursal, que otorga a las empresas en situación concursal un plazo de tres meses más otro adicional para negociar con sus acreedores.

Así, la nueva regulación permitirá a las empresas con dificultades económicas acogerse a este plazo de negociación financiera y presentación de convenio anticipado de acreedores sin declarar su situación de insolvencia.

Por otro lado, se beneficiará a la mayoría en los acuerdos de refinanciación, cuando éstos tengan el respaldo del 75% de los acreedores financieros, es decir, las entidades financieras. En este caso, el juez tendrá la facultad de aprobarlos para impedir que se imponga la minoría.

Además, la nueva ley dotará a las empresas en situación de insolvencia de capacidad para pedir en cualquier momento la liquidación anticipada de los activos para evitar su depreciación de los activos. En la actualidad, cerca del 90% de las empresas que presentan concurso de acreedores acaban en liquidación.

CSIF continúa entregando reclamaciones por el descuento del 5 % en los salarios de los empleados públicos

CSIF prosigue con su campaña de entrega de reclamaciones contra los recortes salariales promovidos por el Gobierno central a mediados de año. Hasta ahora, ya se han entregado cerca de 3.000 reclamaciones por registro de entrada de diferentes administraciones públicas. Primero fueron los empleados de la Administración de la Junta y ahora se están produciendo la entrega de dichos documentos en diferentes administraciones locales (recientemente, se produjo en el Ayuntamiento de San Fernando ).
Como indicaba hace unas semanas el presidente provincial de CSIF-Cádiz, Rafael Ruiz, el recorte salarial, los problemas con las jubilaciones y todo lo que acompaña a la nefasta política desarrollada por el Gobierno del PSOE implica una nueva disminución de la calidad de vida de la sociedad gaditana, afectada fuertemente por el desempleo. Así, CSIF seguirá hasta las últimas instancias, manteniendo la exigencia de que se reponga la pérdida económica para las familias de los empleados públicos. 

En el Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre tambien se estan terminando de recoger las reclamaciones presentadas por sus trabajadores y antes de final de año se presentaran en la Asesoria juridica de la sede provincial de Malaga.

Leña al sector público

Actualmente los asalariados del sector público tienen salarios más elevados que los del sector privado en términos relativos, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE). Años atrás, no hacían o no querían hacer, estos mismos estudios para mostrar a la opinión pública que el sector público era el peor pagado.

El estudio indica que el mayor peso relativo de asalariados del sector público en niveles de estudios superiores (Educación y la Sanidad).

Entre 2006 y 2009, el INE destaca que el porcentaje de asalariados del sector público que se encuentran en el tramo de salarios más elevados se incrementó desde el 21,4% en 2006 al 22,6% en 2009.

El incremento es de un 1,2%, tremendo porcentaje al que en breve querrán poner remedio los presidentes de las diferentes patronales y bancos. Los mismos que repartirán bonos de millones de euros a sus ejecutivos, con el dinero que las arcas del estado han aportado para sus rescates o fusiones.

Mientras tanto, los medios de comunicación siguen desinformando a la ciudadanía con los supuestos privilegios de los empleados públicos. Esta lluvia fina de desinformación que, poco a poco, va calando en los ciudadanos y que, a no mucho tardar, tendrá a los empleados públicos como uno de sus principales enemigos.

El sector público es goloso para las grandes empresas, dado que es un sector donde las privatizaciones, caso de AENA y loterías, acaban reportando inmensos beneficios para las empresas adjudicatarias.

De la misma manera, un servicio público privatizado acaba suponiendo un problema para los ciudadanos, por ejemplo las compañías de aguas, telefónica y las eléctricas. Donde la inversión brilla por su ausencia y los ciudadanos pagan por un servicio que antes era público y que, en muchos casos, no reciben adecuadamente después de la privatización.

Trabajadores Publicos.

Es la educación, ¡estúpido!

Se nos llena la boca al hablar de nuevos modelos económicos, de la productividad de la sociedad del conocimiento, de nuestra competitividad en valor añadido y diseño, y luego se nos olvida algo tan obvio como es la necesidad de un buen sistema educativo. Sin la mejor educación, estamos condenados a retroceder frente a los afortunados que la disfrutan. Una obviedad… que sin embargo parecemos ignorar. No salimos precisamente bien parados del último informe sobre la educación mundial, conocido por su acrónimo de PISA. Seguimos por debajo de la media de la OCDE, lo que equivale a suspenso, para unos, estar  instalados en la mediocridad para otros. El caso es que no marchamos bien, y que pagaremos por nuestro retraso. Nos distanciamos de los mejores, y las diferencias internas se agudizan también. Miramos a los listos de la clase y nos encontramos a los chinos, a los coreanos a los europeos y a EEUU. Es decir, a los países más competitivos y que más crecen. La educación es sinónimo de cultura y valores, pero también de riqueza. Y si esto es cierto, corremos el riesgo de quedarnos atrás en esta lucha darwiniana en la que se está convirtiendo el mundo. En nuestra propia casa también existe divergencia. Las alumnos de las regiones del norte están mejor formados que las del sur. ¿A quién le irá mejor en el futuro?
 Y no será por leyes, no. Cada gobierno modifica la anterior para legar a la posteridad el no va más de la modernidad educativa, que caduca tras las siguientes elecciones. La eternidad efímera de los amores de verano que cantara Sabina, vamos. Supongo que tampoco andaremos tan mal de dineros empleados, ni por la calidad del profesorado. ¿Qué nos ocurre entonces? No tengo ni la menor idea, la verdad. Analizo con estupefacción nuestro retraso educativo con respecto a países como Polonia o Estonia – por no meter a Singapur o Corea – y no logro salir de mi asombro. ¿Por qué nos ganan? Desde luego, por presupuesto no. ¿Acaso los alumnos están más motivados para el estudio en otras latitudes? ¿Le exigen más los profesores? ¿Estamos nosotros más orientados hacia la equidad y los valores y ellos más hacia la excelencia académica? Seguro que a usted, lector, se le ocurren otras muchas preguntas que alguien debería contestar. Nos jugamos mucho en ello como para que quedaran sin respuesta.
Tiene razón nuestro nobel Vargas Llosa cuando predica desde la solemnidad de su galardón que sin buenos libros seríamos peores. Y sin buena educación, también. Pero, visto lo visto, podríamos añadirle que más pobres, también. El mundo compite desde el conocimiento y no se va a parar a esperarnos. Debemos actualizar aquel famoso lema, ¡Es la economía, estúpido! que popularizara un presidente americano por una afirmación todavía más rotunda y certera: Es la educación, ¡estúpido

Manuel Pimentel

Miles de empleados públicos rodean edificios emblemáticos de Junta para pedir la derogación del decreto de reordenación

Varios miles de empleados públicos han rodeado con cadenas humanas este jueves numerosos edificios emblemáticos de la Junta de Andalucía de todas las provincias para pedir la derogación del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta, en una acción convocada por el sindicato CSIF.

Fuentes de este sindicato han explicado a Europa Press que "miles de personas" en toda Andalucía han participado en cadenas humanas con los que han rodeado edificios emblemáticos de todas las capitales andaluzas.

Así, CSIF ha celebrado cadenas humanas en el edificio múltiple en Cádiz, en la plaza de Asdrúbal; en el edificio de la Delegación del Gobierno de Granada, en el edificio La Normal; en la Delegación de Salud de Huelva; en el edificio múltiple de la Junta de Andalucía en Jaén; en el edificio Nuevos Ministerios de Almería; en la Delegación de Hacienda y Administración Pública, de Córdoba; en el edificio de servicios múltiples o Edificio Negro, de Málaga; y el Palacio de San Telmo en Sevilla, sede del Gobierno de la Junta.

Las fuentes han lamentado que en el caso de Sevilla "la Policía nos ha impedido rodear la parte del edificio que da al Paseo de las Delicias, donde había "un despliegue policial desorbitado, cuando los empleados públicos se han manifestado de forma pacífica pidiendo la derogación de la ley".

Asimismo, empleados públicos se han concentrado este jueves en el Parlamento andaluz, donde también existía "un despliegue policial increíble", de forma que los empleados públicos "se han visto atropellados en sus derechos legítimos de protesta, cuando sólo habían llevado a cabo una mera concentración absolutamente pacífica".

Paralelamente la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) y la Unión Sindical Obrera (USO) han convocado "actos simbólicos" ante el Parlamento de Andalucía, toda vez que el pleno de la Cámara andaluza ha debatido este jueves el nuevo decreto ley de reordenación del sector público de la Junta.

POLÍTICA DEL "RODILLO"

En ese sentido, tras aprobarse la convalidación del decreto ley con los votos a favor de PSOE y en contra de PP e IU, el sindicato CSIF ha lamentado que la Junta "no sólo no escuche la voz de los sindicatos sino que tampoco escuche la voz de los representantes soberanos del pueblo, que han pedido la derogación del decreto y el inicio de conversaciones".

"Esto es más de lo mismo y ya no es sólo una cuestión meramente laboral sino política, pues el PSOE ha aplicado su política de enroque que está fuera de lugar y nos tememos que en el trámite parlamentario no va a haber voluntad política de escuchar a todas las partes", aseveraron fuentes de CSIF.

Éstas lamentaron que "se va a aplicar el 'rodillo' parlamentario y este jueves ha sido una muestra más del rodillo parlamentario, toda vez que no vemos a la Junta con real voluntad política de consenso de todas las partes".

"Se trata de un mero maquillaje de formas, pues no sólo no escucha a los sindicatos sino que tampoco a los representantes soberanos del pueblo andaluz", agregaron las fuentes, que indicaron que "el Gobierno andaluz deberá terminar por reconocer que se ha equivocado en las formas y en el fondo".

REUNIÓN CON EL PSOE

Sobre la reunión prevista este jueves con el PSOE-A y el Grupo Socialista, que finalmente no ha tenido lugar, fuentes de CSIF-A han lamentado que se han enterado de dicha reunión "por la prensa", toda vez que "para nada se trataba de una reunión acordada y no nos había llegado invitación hasta esta mañana, por lo que no podemos acudir a una reunión de la que nos acabábamos de enterar".

No obstante, dejaron claro que el sindicato tiene intención de reunirse con todos los grupos parlamentarios y ya tienen entrevistas concertadas con IU y PP para hacerle llegar su posicionamiento, aunque aseguran que "también está en nuestros planes y nuestra hoja de ruta establecer contactos con el PSOE"

EUROPA PRESS

 

 

Objetivo conseguido, el puesto se queda vacante

Perdónenme pero voy a repetirme porque quiero incidir, una vez más, sobre una cuestión que no por manida y elevada a la categoría de práctica habitual debe dejarse caer en el olvido como parecen desear algunos profesionales de la administración local.

Como todos saben acaba finalizar el plazo de solicitudes para tomar parte en el concurso unitario – sigo sin averiguar por qué este concurso sin baremos específicos no es el ordinario, aunque me imagino que cuando se ideó le traicionó el subconsciente al legislador – y he podido asistir desde la primera fila a la infructuosa odisea de una compañera para intentar averiguar el importe del complemento específico asignado a la plaza que se ofertaba y a la que, por razones que no vienen al caso ni tendría por qué explicar, barajaba optar.

Nuestra compañera, superando la comprensible sensación de incomodidad, ya que albergaba dudas sobre si solicitar una plaza de secretaría-intervención que se ofertaba en el reciente concurso unitario, dado que desconocía el más mínimo y elemental dato que cualquier profesional necesita conocer para adoptar una decisión trascendente en su vida personal como es solicitar un  traslado, decidió llamar al Ayuntamiento que teóricamente tenía vacante el puesto para intentar averiguar ese gran desconocido y secreto mejor guardado que es el importe del complemento específico asignado.

A partir de ese momento comenzaron una serie de despropósitos que le llevaron a un estado de indignación del que solo pudo encontrar consuelo mediante de la técnica del pataleo sin destinatario identificado puesto que, con la excepción de aquellos compañeros cercanos, la situación le es absolutamente indiferente a cualquiera de las instituciones que podrían tener algo que decir al respecto.

En la primera llamada realizada al Ayuntamiento en cuestión pudo descubrir a través de su interlocutor que el puesto de secretaría-intervención estaba semivacante, pues no en balde era atendido por un habilitado nacional con destino en propiedad en otra Corporación con su presencia algunas tardes y los viernes por la mañana – aunque al parecer no todos – del que podríamos predicar, con toda nuestra buena intención, un exceso de celo profesional y una vocación digna de encomio que le obligaba a no dejar una pequeña localidad huérfana de las funciones de fe pública, de asesoramiento jurídico y de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de contabilidad, tesorería y recaudación; funciones necesarias según nuestro Tribunal Supremo, que estando cubiertas de esta manera tan peculiar que no inusual, hacen innecesario acudir a otras formas de provisión más regularizadas como el nombramiento provisional, la acumulación, la comisión de servicios o el nombramiento accidental.

Pues bien, nuestra compañera esperó al primer viernes por la mañana en el que pudo localizar al ocupante de la secretaría-intervención y tras argüir que estaba en su derecho de conocer el importe del complemento específico con el que estaba dotado el puesto ante las reticencias de su compañero al otro lado del hilo telefónico obtuvo como única respuesta que le colgaran el teléfono cortando la llamada y cualquier posibilidad de continuar argumentando su petición.

Como nuestra compañera no se arredra volvió  a llamar al Ayuntamiento de marras y en esta ocasión su interlocutora, tras espetarle que el importe del complemento específico asignado al puesto de secretaría-intervención solamente lo conocía el titular intermitente que les atendía, y ante la respuesta de que éste se había negado a revelarlo, un tanto incomoda, esgrimió la excusa de que, además de que era un dato desconocido en el Ayuntamiento (????), tampoco le serviría de nada conocerlo puesto que, ya se sabe, es un concepto que se negocia caso por caso (????) – y yo que pensaba que el complemento específico se fijaba, previa valoración, por el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos de trabajo - , y que, si quería, supongo que como última tentativa para quitarse de encima a nuestra fastidiosa compañera, le podía dar el teléfono móvil del Alcalde para que se lo preguntara directamente.

Nuestra compañera lógicamente no llamó al Alcalde porque se preguntaba si conocería un dato que nadie era capaz de descifrar en el Ayuntamiento y porque se negaba a mostrarse como una profesional a la que solo le guiara la retribución del puesto, situación a la que nos aboca el oscurantismo que rodea la cuestión y que fomentan, querámoslo o no, miembros de nuestro propio colectivo.

Decepcionada y decidida a no concursar tras agotar un último intento indagando en la Comunidad Autónoma donde no tenían ni la más mínima idea de lo que les estaba hablando, me comentaba que, en su opinión, debería dirigirse al Colegio Provincial de Secretarios, a la Comunidad Autónoma o al Ministerio para denunciar la situación que acababa de vivir.

Yo, me temo que demasiado incrédulo después de veintiséis años de profesión, me mostré escéptico ante el la suerte de una denuncia ante unas instituciones que nunca han mostrado ni interés ni voluntad en reclamar un mínimo de seriedad en materia de provisión de puestos reservados a habilitados nacionales, y ni tan siquiera por exigir algo tan elemental como que las retribuciones de los puestos de trabajo ofertados se incluyan en las convocatorias de los concursos, ni que los Ayuntamientos cumplan, al menos, con su obligación de publicar junto con los presupuestos la plantilla de personal en la que deberán aparecer los conceptos retributivos de cada uno de los puestos incluidos en ella, aunque, me temo que no son los alcaldes los responsables del hurto de información al respecto que se produce en muchos casos.

Otros compañeros le recomendaban a la protagonista del caso paciencia y resignación razonando que si no se le quería facilitar el dato retributivo era porque no había interés en que el puesto fuera cubierto, como si esta circunstancia fuera de recibo.

Ese es el problema, como ya afirmaba en otra ocasión, preferimos pasar por “peseteros” llamando a los Ayuntamientos candidatos a nuestra posible solicitud, sobreponiéndonos a nuestra vergüenza, para enterarnos de “cuanto pagan”, que exigir que esa información se inserte en la convocatoria de los concursos, tal y como ocurre en el resto de los colectivos funcionariales, como parece básico y racional, y admitimos como algo normal el que un Ayuntamiento pueda maniobrar con la finalidad de no cubrir un puesto de trabajo vacante reservado a habilitados nacionales con la inestimable connivencia de algunos miembros de nuestro colectivo, sin instar ni tímidamente a Colegios, Comunidades Autónomas y Ministerio para que se opongan sin reparos a tales prácticas y se exijan las responsabilidades que correspondan a quienes desprecian la legalidad y se benefician de su incumplimiento.

En definitiva, nuestra compañera, ha optado por no concursar y, así, los beneficiados por espurios intereses podrán proclamar ¡¡¡ objetivo conseguido, el puesto se queda vacante¡¡¡

Jesus Santos Oñate

'La reforma del sistema de pensiones es imprescindible e inaplazable y debe enmarcarse en el Pacto de Toledo'

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha dirigido un doble mensaje a los representantes de los grupos que integran la Comisión del Pacto de Toledo y al conjunto de los ciudadanos "el Gobierno considera que la reforma del sistema de pensiones es imprescindible e inaplazable y -ha añadido- con la misma firmeza defendemos que esa reforma debe enmarcarse en la mejor tradición de procesos reformistas en esta materia que es el Pacto de Toledo",
Gómez ha señalado como referencia del Gobierno el documento presentado a la Comisión el 29 de enero pasado y ha subrayado que "el aumento de la población de mayor edad no es asunto propio de la Seguridad, sino que constituye un importantísimo desafío para el conjunto de la sociedad".
El ministro de Trabajo e Inmigración ha planteado la reforma en una triple dirección: reducir las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas; favorecer la ampliación de la población activa incorporando a colectivos insuficientemente integrados; y prolongar la vida laboral. En el plano formal, la reforma se orienta en tres líneas de acción: gradualidad, mayor contributividad y mejora en la gestión.
En su apelación a la unidad de las fuerzas políticas representadas en la Comisión del Pacto de Toledo, Valeriano Gómez les ha invitado a aparcar sus diferencias para lograr un acuerdo para la reforma de las pensiones, y ha recordado que "nunca antes tantas miradas, dentro y fuera de nuestras fronteras, se habían dirigido al Pacto de Toledo".

ESPECTACULAR CRECIMIENTO DE CSI-F EN LAS ELECCIONES CELEBRADAS EL 2 DE DICIEMBRE

En las elecciones que tuvieron lugar ayer, 2 de diciembre, CSI-F, ha experimentado el mayor crecimiento de todas las fuerzas sindicales, afianzándonos como la primera opción profesional e independiente de los Empleados Públicos.

En las elecciones del sector de Enseñanza Pública, CSI-F, ha sido el sindicato que más ha crecido alcanzando el 2º lugar. Experimentando un crecimiento de 89 delegados lo que supone una subida porcentual superior al 35%. Siendo la primera fuerza sindical en este sector en las Comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura.

En las elecciones celebradas en la Comunidad Autónoma de Extremadura tanto en Sanidad como en la Junta de Extremadura, hemos alcanzado la primera posición. Convirtiéndonos en el primer sindicato de los Empleados Públicos de Extremadura.

Hemos tenido crecimientos espectaculares en las Universidades de la comunidad Valenciana, en Murcia, en Sevilla, Jaén, Cádiz.

CSI-F, quiere agradecer la confianza de los Empleados Públicos al otorgarnos tan mayoritariamente su voto, esto nos da fuerzas para continuar DEFENDIENDO LO PÚBLICO y seguir luchando por los EMPLEADOS PÚBLICOS.

Gómez dice que el sistema de Seguridad Social español es "de los más consolidados de Europa"

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha asegurado que el sistema de Seguridad Social español es "de los más consolidados de Europa", por lo que no puede ser cuestionado, aunque su superávit se haya visto reducido en un 28% hasta el mes de octubre, como le ha echado en cara el Grupo Popular durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

   "Dejen de sembrar dudas y sean responsables", espetó Gómez a la bancada 'popular' en defensa de una Seguridad Social, de cuya sostenibilidad dijo estar "especialmente orgulloso".

   Según explicó Gómez, pese a las grandes dificultades económicas que atraviesa la economía española, que están provocando más gasto en prestaciones por desempleo y menos ingresos por el descenso de la afiliación, el sistema cuenta con un superávit de 10.000 millones de euros, un 1% del PIB, y cerrará el año en positivo, incluso tras abonar la paga compensatoria a los pensionistas por la desviación del IPC del 1,2%.

   Además, Gómez resaltó que el Gobierno ha transferido al Fondo de Reserva de la Seguridad Social 37.000 millones de euros desde 2004, cifra que refleja que "el sistema no está en quiebra".

EUROPA PRESS

Sueldo variable y despido del funcionario

Todo empieza por la doble propuesta del Presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, de que por un lado se aplique a los nuevos funcionarios una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la de la empresa privada y, por otro, una retribución variable ligada a la productividad. "Lo segundo sí, lo primero no. No creo que la Administración Pública sea una empresa privada", observó al respecto el Ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves.

Genial, pues con todos los respetos yo lo hubiera dicho exactamente al revés. De hecho ya es así. El régimen disciplinario contempla como sanción más grave la de separación del servicio. El EBEP establece claramente que “son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera… La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme”. Además, la “Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves”, y el “Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban”.  Por su parte, el ya poco vigente Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado señala: “La sanción de separación de servicio, únicamente podrá imponerse por faltas muy graves”. En otras palabras, la comisión de una falta muy grave, tal conducta ilegal y atentatoria contra el servicio público, merece ser sancionada con la pérdida de la tan celebrada posición inamovible de funcionario. Así de claro. Mas alguno estará pensando que en la práctica los expedientes sancionadores son conflictivos, a veces indebidamente iniciados, y a veces indebidamente no iniciados. Bueno, es cierto. Pero en todo caso se trata de expedientes administrativos que revisan los Tribunales. Y cuidado con la prevaricación. Deben ser expedientes impecables en forma y fondo. Precisamente hace poco cité en este blog la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila, de 22/02/2010. En todo caso dudo mucho que se escape un “expedientado” que realmente ha cometido una infracción grave. Lo malo es que se escapan los que no tienen expediente. Para nada estoy fomentando la apertura indiscriminada de procesos sancionadores, pero ante hechos intolerables (y, obviamente, tipificados) no creo que nos deba temblar tanto la mano, al menos, para iniciarlo. Y por cierto, también hay un régimen de deberes y un Código de conducta de los empleados públicos.

Tema productividad. El citado Ministro de Política Territorial y Administración Pública ha explicado que su Departamento está estudiando este tema y ha añadido que quieren reunirse con los sindicatos para ver posibles fórmulas para aplicarlo… ¿Pero qué fórmulas?

Cierto es que el art. 24 del EBEP, de manera genérica y sin hablar de “productividad” establece que “La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes Leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores… El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos”.

Cierto es que hay Ayuntamientos que aplican la llamada Gestión por objetivos, sistema que deriva de las técnicas planificadoras de la empresa privada y que obviamente tiene en cuenta el rendimiento del trabajador y su peso en la eficiencia global de la gestión administrativa. Yo apuntaría que la técnica de la planificación, con la que estoy totalmente de acuerdo pues no en vano forma parte de los Planes de modernización de las EELL, puede no funcionar en este caso. Habría que establecer fórmulas muy objetivas, y completamente desvinculadas del político y de hechos superfluos como qué policía pone más multas. La única “rebaja” de sueldo que vemos lógica es la única que a su vez es total y realmente objetiva: “Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador” (art. 30 EBEP). Se trata de la famosa "deducción de haberes", de vigencia intermitente en nuestro ordenamiento jurídico. Es, a nuestro juicio, inapelable, ya que simplemente prorratea la nómina en función del número de horas realmente efectivas. Por si alguno no lo sabe hay que realizar 1647 horas anuales. En la Administración Local se aplica la Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado. El Pacto de funcionarios no puede mejorar eso.

En el resto de casos, la retribución variable es, desde nuestra opinión, poco menos que una utopía. Si realmente se hiciera bien sería una buena medida, pero es muy improbable que se haga bien, teniendo en cuenta que en esta ecuación “bien” es igual a “justo”. ¿Quién evalúa la productividad? Sea quien sea será una persona (o varias), y hemos quedado en que esto no puede ser algo SUBJETIVO. Por tanto, ¿qué criterios OBJETIVOS hay que aplicar? Es difícil ubicarlos, pero aunque se consiga en la práctica se manipularía su baremo de forma SUBJETIVA. Los controles de calidad sirven (y muy bien) para medir en términos generales el nivel de eficiencia de la organización, pero para personas concretas pensamos que "patina". Resumiendo, que no podemos depender de Mandos o Mandos intermedios que nos evalúen según sus simpatías. Personalmente me niego a cobrar menos porque a un Alcalde le parezca mal mi último informe... Por tanto, hasta que se invente un sistema fiable, a cobrar todos lo mismo (lo mismo que antes)… Y al que no trabaje, deducción de haberes y/o expediente, que para eso están estos instrumentos. Mucha gente preparada hay en el paro que trabajaría con ganas, eficacia y vocación de servicio público y, con todos los respetos hacia quienes tienen problemas de salud, nunca se cogen la baja…

Víctor Almonacid Lamelas   

Valeriano Gómez descarta el despido de funcionarios porque el sector público "no está sobredimensionado"

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha descartado que el Gobierno se vea obligado a despedir a funcionarios para contener el déficit público, al asegurar que el sector público español "no está sobredimensionado".

    Durante el turno de réplica en su primera comparecencia en la Comisión de Trabajo e Inmigración en la Cámara Baja, Gómez consideró que España no cuenta con más empleo público en la Sanidad o la Educación que otros países de la UE "comparables".

   "El Gobierno no va a esa política", afirmó el ministro en alusión al recorte del número de empleados públicos anunciado por el primer ministro británico, David Cameron. "No necesitamos una reducción del número de servidores públicos, pero sí mejorar la eficacia", matizó.

   Gómez centró su intervención en respuesta a las consideraciones de los grupos a reprochar al PP su "falta" de propuestas para reformar las pensiones, y trató de excluir al principal partido de la oposición de la iniciativas: "La excepción es el PP".

   "No he visto una sola propuesta (del PP)", enfatizó, para también acusar al PP de hablar con "demasiada alegría" sobre las pensiones. Al respecto, recordó que el Gobierno de Zapatero multiplicó por ocho esta prestación. "Nosotros hacemos y ustedes predican", afeó al portavoz del PP en la Comisión de Trabajo, José Ignacio Echániz.

PRODI VINCULADO A FORMACIÓN.

    En cuanto a la ayuda de 426 euros para aquellos parados sin ingresos, el titular de Trabajo resaltó que es una medida de carácter "excepcional" que el Gobierno se plantea sustituir por un programa que combine "alguna ayuda" a la renta con la formación o la búsqueda activa de empleo. "Queremos pasar de un programa de política pasiva a una activa", indicó.

   Asimismo, defendió revertir los fondos destinados a la formación continua en las empresas, que esperó "entienda" la patronal CEOE. "En momentos de bonanza aumentamos los fondos para formación continua, ahora se necesitan más en los parados", reflexionó.

MODERACIÓN SALARIAL.

    Gómez se refirió también a la reunión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los representantes de las 37 empresas con más facturación, pues, a su juicio, se trata de estimular el "papel" de España en el exterior.

    Como 'receta' para apuntalar la recuperación económica, Gómez abogó por la moderación salarial con el fin de "mirar" los costes para que las exportaciones 'tiren' de la salida de la crisis.

EUROPA PRESS

Subvenciones

Suscrito a los servicios de Boletines electrónicos de esPublico, además de leer con la regularidad que me permite el día a día los BOEs BOAS y BOPs, recibo el resumen de las convocatorias de diversas ayudas que se publican en esta ocasión en el BOA de 15 de octubre. Así contando por encima –es probable que me haya descontado al subir y bajar la pantalla con el cursor- me salen 55 convocatorias del más variopinto cariz, pelaje y condición, y no me puedo resistir a lanzar un comentario de urgencia con el objeto de abrir debate y ver también qué opina el personal. Departamentos que convocan:  Agricultura, Obras Públicas, Industria, Educación, Vicepresidencia, Educación, Ciencia y Tecnología y Servicios Sociales. Dirigidos a todo tipo de colectivos: entidades locales, asociaciones de agricultores, estudiantes, agricultores individuales, PYMES, familias y qué sé yo cuántos más. Y para todo tipo de actividades, todas ellas muy loables seguramente. Todos los fines, públicos. Todo un estado hipersocial.

La cultura de la subvención se ha convertido en la razón de ser de administraciones, departamentos, funcionarios y una tarea política de muy dudosa comprensión y acción las más de las veces.

Siempre es igual. Debate entre libertad individual e intervención pública. Entre responsabilidad individual y estado protector. La Administración metiendo mano hasta el límite. Cuando estudiábamos derecho administrativo nos explicaban las tres formas de acción administrativa: intervención, servicio y fomento; evidentemente las subvenciones forman parte de ese tercer aspecto, que se suponía que era el menor de todos. Resultaba un aspecto residual. Los poderes públicos favoreciendo mediante incentivos –casi siempre económicos- aspectos que considera importantes dentro del ámbito de las competencias públicas.

Viene todo esto a que en un pequeño Ayuntamiento se debe desplegar una especial energía diaria en estar atento a todas aquellas subvenciones que pudieran encajar con una vaga idea que tenga el equipo de gobierno. Ya se sabe, semos probes y vamos a todas. Todo de lo más variopinto. Deplorablemente, una gran parte de la jornada del Secretario-Interventor consiste en leer boletines a ver quién da qué, en qué condiciones, en qué plazo, para ver si nos puede venir bien (en estos momentos lo que venga al cien por cien nos suele venir bien, si hay que poner algo, hay que dejarlo pasar). Y una vez tramitadas las solicitudes en la que se escribe literatura a peso que nadie leerá (memorias, etc), completar las correspondientes documentaciones y ejecutar las acciones en las condiciones que desean los amables ayudadores. Y cómo no, justificar finalmente las acciones con más memorias de cumplimientos de finalidades, declaraciones de no ser deudores, de que nadie más nos paga otras subvenciones para lo mismo y de no ser responsables del infeliz óbito de Manolete. Y, dependiendo de la institución, más papeles o menos. Desde instituciones que medio se fían de los Secretarios e Interventores hasta otras que eso, ni en broma. El paradigma de la ineficiencia y la desconfianza son los institutos de empleo: cada expediente anual que se desarrolla en la convocatoria a la que se concurre puede generar -para un trabajador que se contrate en el programa- varias decenas de folios. Pero lo más triste es que no sólo hay que hacer las declaraciones habituales de todas las subvenciones. Además hay que enviar nóminas y documentos de cotización originales para que pongan el sello de que se ha utilizado para la subvención. Pero no para ahí la cosa, además del certificado del Secretario-Interventor (que debería ser suficiente), hay que enviar la nómina firmada y, rizando el rizo de la desconfianza, el documento bancario de ingreso de la nómina y la seguridad social a través de la entidad bancaria correspondiente, no vaya a ser que eso de la nómina sea un paripé. O sea, una confianza ciega de lo que se hace en los Ayuntamientos. Y todo el personal habilitado con el que se hable anda de lo más indignado, pero como me dijo un funcionario-concedente una vez: eso es lo que hay y las condiciones las ponemos nosotros así que si quieres bien y si no.... Me pregunto si no es mucho más útil (yo estoy convencido que sí) que sean ellos mismos quienes contraten y paguen directamente a los desempleados del programa.

Constato de todo ello varias cosas:

1. Que los Ayuntamientos somos pobres y somos clientes de un sistema que nadie quiere arreglar.
2. Que somos absolutamente ineficientes, ya que la cantidad de esfuerzos que usamos los funcionarios-concedentes y los funcionarios-concesionarios es tremenda, tanto por el número de personas que intervienen como por la tramitación kafkiana de algunos expedientes subvencionales.
3. Que una empresa, una persona, un ayuntamiento o un país no se les saca de su situación a base de cientos de subvenciones existentes, que en todo caso, pueden solucionar un problema puntual, sino basándose en organización, ideas, trabajo en lo que importa y no en lo formal, en establecer ingresos estables, en incentivar la responsabilidad de los gestores, en el gasto medido y en el  ingreso meditado y en algunas ocasiones, simplemente, removiendo obstáculos para que el que va a realizar una actividad, la pueda hacer sin dificultades.   Ignacio Pérez Sarrión