¿Echarse al monte?

Hay quien sabe ver las oportunidades. Frente a la tendencia de girar la noria de la crisis en el mismo sentido, hay quien mira un poco más allá del cordel del convencionalismo que ata nuestro torpe comportamiento. Además de las ciudades con sus paredes de cemento, además de grandes obras de infraestructuras para seguir desarrollando las mismas zonas, es posible ver pequeños pueblos, sus campos, sus montes y sus bosques. Debería preocupar mucho a los responsables políticos la zona rural, su despoblación y la desatención de tantas hectáreas de bosques y baldíos. Resulta dramática esa situación de desamparo.Por suerte, hay quien sabe ver -como digo- las oportunidades. Me cuentan vecinos de la provincia de Soria cómo están consiguiendo rentables aprovechamientos en montes pro-indiviso y vecinales en mano común. Es complejo y difícil el trabajo para localizar a descendientes de antiguos vecinos del pueblo que quieran colaborar en el proyecto. Sin embargo, la Asociación forestal de Soria ha conseguido impulsar esos “montesdesocios”, crear ya algunas juntas gestoras y empezar a organizar diversas explotaciones productivas. No sólo los aprovechamientos madereros, muy rentables, sino también otros muchos como los derivados de los frutos del bosque, el aprovechamiento micológico, así como también turísticos con sus rutas de senderismo… No faltan, además, otros ingresos como el que proporciona algún molino de viento para producción eléctrica. Montes que dan vida a los vecinos; montes animados de manera distinta al que nos divirtió en la obra de Wenceslao Fernández Florez.

Y, a la vez, montes cuidados. Bosques que se salvan de las plagas o que resultan más difíciles de devastar por los incendios.

De estos vecinos sensatos (que no necesitan ser calificados por la moderna semántica de “emprendedores”) podían tomar nota algunos Alcaldes para tratar de facilitar los aprovechamientos en los montes comunales. Resulta imprescindible paralizar la despoblación de los pueblos, resulta necesario que los vecinos alimenten su fiel arraigo con unas mínimas ventajas y rentas que provengan de las tierras. Resulta urgente, en estas épocas de invierno y, ante un año en el que muchos no hemos podido ver la nieve ni el agua en nuestros campos, aprovechar estos días para iniciar las tareas de entresaca de los bosques, de limpieza de los cortafuegos, de saneamiento de los árboles… medidas para evitar que las chispas del verano enciendan las brasas del bosque.

Y de nuevo hay que mirar también a las Diputaciones. Esas Administraciones públicas que están en el punto de atención de algunos políticos, quienes pretenden con su supresión poner un escueto parche ante otros grandes agujeros del despilfarro público. Muchas Diputaciones mantienen la titularidad de montes de utilidad pública y, por ello, podrían insistir en los planes de cuidado y repoblación.

Ante tanta conferencia que afronta la lucha contra el cambio climático, ante tanta jornada ambiental, ante tanta promesa electoral sobre el cuidado del medio-ambiente, ante tanto eslogan y pegatina verde, deberían las Administraciones, Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades autónomas, cada una en su propio ámbito, promover campañas de repoblaciones forestales para incrementar la masa verde y así realmente los eslóganes tuvieran alguna muestra tangible. ¿Por qué no fijar que un porcentaje del presupuesto público se destine a la repoblación? Pero una repoblación sostenida. Y me permito contar un caso real del que fui testigo. Hace años presencié cómo en un monte de mi Municipio, la Junta de Castilla y León propició una repoblación. Contrató a una empresa para plantar liliputienses ejemplares en noventa hectáreas. En unos días concluyó el trabajo y ahí quedó. Abandonado. Sin que nadie lo cuidara o sostuviera. Hoy ese monte sigue abandonado. Secas las pocas plantas que se ven.

En fin, hay que “echarse al monte” pero con medidas sensatas y eficaces.

Mercedes Fuertes López

¿Tenemos futuro los editores?

Un día sí y otro también escuchamos con resignación aquello de que el libro digital, el conocido como e-book, terminará enterrando al tradicional libro de papel. Si así ocurriera… ¿qué futuro tendríamos los editores?

Anticipo mi opinión. El libro papel convivirá mucho tiempo con el digital y no sólo por cuestiones románticas, de costumbre o educación, sino por una simple y determinante cuestión neurológica. Nuestra mente no funciona igual al leer sobre el papel que sobre la pantalla. Los circuitos neuronales le van a echar el salvavidas definitivo a los libros que algunos agoreros dieron por muertos.Nicholas Carr defiende esta tesis en su recomendable libro Superficiales, ¿qué está haciendo internet con nuestra mente? en el que anticipa que el hábito de internet hará que nos cueste mucho más la lectura prolongada o el pensamiento que precise de razonamientos densos y para ello acuña una ingeniosa frase: “Intente leer un libro mientras resuelve un crucigrama: tal es el entorno intelectual de internet”. Estamos siendo moldeados por nuestro entorno informativo, que nos empujará a la obsesión por la conectividad constante. La aparición de internet ha obligado a los periódicos tradicionales a adaptarse a nuevos formatos más visuales, más fragmentarios, menos densos, supuestamente más atractivos.

“La Web es una tecnología del olvido”. Internet nos fuerza a pensar como la red lo hace. La memoria es una capacidad que podemos externalizar, depositarla en la “nube” y rescatarla cuando nos haga falta. ¿Para qué ejercitarla? Internet ha venido para quedarse y para forzarnos a modificar nuestra forma de trabajar, de ocio, de relaciones personales, de consumo y hasta de nuestra propia mente. Así, el cerebro de un lector funcionará de distinta manera ante una pantalla – aunque sea de tinta electrónica como la de los e-books – que ante un libro. En el primer caso será una lectura distraída, mientras que la segunda puede profundizar.

Los editores tendremos que estar atento a las nuevas tecnologías y diseñar o impulsar productos específicos para ellas, pero no darse por muertos. El libro aún tiene mucha vida por delante. Los vientos digitales y globales cambiarán en algo las reglas de navegación editorial y quizás, también, los tipos de buques que nos tocará patronear, pero la energía precisa para su impulsión continuará siendo la misma: el amor al libro, a la libertad, a las ideas, al arte y al conocimiento. Lo repetiremos una vez más: los tiempos pasados no tienen por qué ser mejores. Es más, la filosofía propia del aventurero-viajante que siempre late bajo nuestra alma de editor nos impulsa a caminar más y más lejos, confiados en que el paisaje más hermoso aparecerá al trasponer la siguiente cuesta. A lo mejor no es así, pero el porvenir siempre fue de los que creyeron en él. La editorial es, pues, una actividad de futuro, por más que los profetas de la catástrofe vaticinen su final. El libro ha muerto, proclaman. ¡Viva el libro!, replicamos nosotros. Seguiremos siendo necesarios. Buscaremos y descubriremos autores, anticiparemos tendencias, levantaremos debates y polémicas, enriqueceremos el panorama cultural, regaremos los corazones de los enamorados con lágrimas arrancadas de nuestros textos, llevaremos conocimientos a los labios siempre sedientos de sabios y estudiosos. Nos devanaremos los sesos buscando vías para que nuestros libros y contenidos lleguen hasta el lector, procurando que nuestros ingresos superen a los gastos. No será fácil. Las nuevas tendencias parecen parir gigantes, y desde nuestro pequeñismo tendremos que aprender a sobrevivir. Nuestro instinto de supervivencia nos impulsará a descubrir nuevas posibilidades para seguir traficando con ensueños y melancolías. No podemos tenerle miedo a la sociedad en la que nos tocó vivir. Los tiempos no son ni buenos ni malos, simplemente son. Y los editores seguiremos siendo imprescindibles para que cada generación conozca a las anteriores y, lo que es aún más importante, se reconozca a sí misma.

Seguiremos teniendo alma de poeta. Y para tocar suelo y sobrevolar economías, precisaremos de técnicas y contabilidad. Porque si nuestra esencia es cultural, nuestro cuerpo es de empresa. El principal recurso natural de la editorial del mañana será la creatividad y el criterio editorial, pero se deberá desplegar a través de la gestión de personas, la distribución, los canales de comercialización, los diversos soportes, la promoción, los medios de comunicación, el comercio de derechos, las nuevas tecnologías y a través, en fin, de tantas otras artes e industrias de las que tan prolijamente hemos hablado. La historia nunca se detiene para nadie, tampoco para los editores, pero no necesariamente cualquier tiempo pasado tuvo por qué ser mejor.

Manuel Pimentel

Obra social

Es una suerte para este blog el contar con algunos de los máximos expertos en Derecho público económico y, particularmente, en el régimen de las entidades crediticias, que bien pueden seguir ahondando, con rigor, en el devenir de esta nutritiva rama de la ciencia jurídica. Lo cierto y elemental es que, en estos tiempos de fusiones, consumadas o presentidas, poco queda ya y menos va a quedar del espíritu original de las cajas de ahorro, por lo que, mensajes oficiales al margen, nunca está de más insistir en la pregunta de qué va a ser, en el futuro, de la obra social y cultural de estas entidades.

Al día de hoy, cuando las cajas más potentes ya son bancos en toda regla, podría reflexionarse sobre los mensajes corporativos que se siguen ofreciendo y cotejarlos con la dura realidad de la crisis.

Comienzo con las cuñas de presentación, en la respectiva página web, de la obra social de tres de las más potentes entidades, aún presentadas bajo el nombre de cajas a impositores y curiosos:

a) “Trabajamos por los colectivos más vulnerables: personas con discapacidad o en exclusión social, enfermos de Alzheimer y Parkinson, inmigrantes, infancia en riesgo social, víctimas de violencia de género… Más de 300 años apoyando proyectos sociales, culturales, educativos y medioambientales”.

b) “El conjunto de actividades que se programan y realizan tienen una vocación de apoyo a los colectivos más desfavorecidos, como discapacitados, marginados, enfermos y sus familiares y tercera edad. El compromiso social (…) es irrenunciable”.

c) “Porque creemos que todas las personas deberíamos tener las mismas oportunidades (discapacitados, enfermos, inmigrantes, reclusos, niños y jóvenes)”.

Sería injusto negar las aportaciones y los patrocinios de estas y otras entidades a fines enteramente loables y edificantes, por más que la clientela de a pie, entre la que me incluyo, observe y padezca en sus propias carnes, la avaricia rayana en usura con la que se desenvuelven tan benéficos agentes económicos.

En estos tiempos de crisis, cuando el grifo del crédito está casi cerrado y los intereses escandalizan, algunas cajas, o, para ser exacto, algunos cajeros de éstas, se han convertido en albergues de indigentes; de personas sin techo que buscan cualquier hueco, como el que dispensan muchas oficinas bancarias entre sus puertas, para resguardarse del frío, pernoctar y lo que tercie. Todos lo hemos visto en muchos lugares y sabemos de la reacción de los bancos, tendente a incrementar la seguridad cuando no a clausurar en horario nocturno estos cajeros tornados en habitáculos. Es entendible, porque a nadie le apetece entrar a sacar unos euros a un lugar minúsculo poblado de pobres okupas. Además, la imagen social, para unas entidades que están todo el día gastando en nuevos logos y decoración multicolor, puede resentirse si se las relaciona con durmientes andrajosos.

Confieso lo mucho que me deprime esta estampa, que lleva fácilmente a la relación mental entre el hecho de que unos acreedores hipotecarios dejen sin casa a los más desfavorecidos por la catástrofe económica y el que esos mismos prestamistas implacables se encuentren con que las antesalas de sus despachos y ventanillas se convierten en alcoba de los parias de la tierra.

Por eso, cuando leemos que las antiguas cajas mantienen, por bandera, a los colectivos más vulnerables, tenemos que preguntarnos que por qué no empiezan por sus propios deudores. Ya sé que es difícil la flexibilidad en este campo, pero es que las instantáneas de embargos y desahucios, cada día más frecuentes, nos hacen ver aquellos mensajes bondadosos y filantrópicos bajo sospecha de hipocresía. Aunque todos esos programas de las obras sociales sean verdad y cuesten dinero.

Leopoldo Tolivar Alas

Más de 300.000 españoles han emigrado en busca de trabajo desde el inicio de la crisis, según Adecco

El número de demandantes de empleo para trabajar fuera de España se ha duplicado desde el inicio de la crisis, de manera que más de 300.000 españoles ya han decidido abandonar el país en busca de una oportunidad laboral, según indica un estudio de Adecco.

En concreto, el informe remarca que el número de españoles que buscan empleo en el extranjero ha llegado a representar el 10% de los demandantes de empleo que se acercan hasta las oficinas de la empresa de gestión de recursos humanos.

Asimismo, insiste en que desde principios de 2008 hasta el cierre de 2011 el número de españoles mayores de edad residentes en el extranjero creció un 25,6%, superando los 1,5 millones de personas.

Por comunidades autónomas, el estudio destaca que Canarias (51,5%), Baleares (44,4%) y La Rioja (39,4%) son las que han experimentado un mayor incremento de expatriados a otros países, mientras que Ceuta (10,3%), Extremadura (11,1%) y Castilla-La Mancha (13%), son las que menos fuga de trabajadores han registrado.

Además, sitúa entre los motivos de la esta migración la situación del mercado laboral español y el incremento continuado del paro, junto con el hecho de que las empresas españolas se focalicen cada vez más en mercados con mayor potencial de crecimiento.

También destaca como motivo fundamental la alta calidad de las ofertas de países como Argentina, Francia o Alemania, así como la disminución de barreras formativas dentro de la Unión Europea gracias a la homologación de diplomas y la libre circulación de estudiantes.

JOVEN Y CON AUTONOMÍA PROFESIONAL, EL PERFIL.

Por otra parte, el informe subraya que las personas más motivadas por la idea de trabajar en el extranjero son los jóvenes, con prioridades laborales como la responsabilidad de su puesto, la autonomía profesional y la perspectiva de hacer carrera dentro de una compañía.

Del mismo modo, insiste en que las mujeres que se plantean marcharse valoran también el ambiente de trabajo y la flexibilidad de horarios, a la vez que afirma que tanto varones como féminas coinciden en que es una oportunidad idónea de aprender un idioma y vivir una experiencia diferente.

En lo que a la edad se refiere, el estudio insiste en que el perfil corresponde a jóvenes con edades entre los 25 y los 35 años que no poseen responsabilidades familiares y con formación altamente cualificada.

EL 50% ELIGE EUROPA.

Respecto al destino, apunta que el 50% de los españoles que decide marcharse elige el continente europeo como destino, a pesar de que el país en el que actualmente residen más españoles mayores de 18 años es Argentina.

No obstante, señala que las ofertas de trabajo más atractivas para los españoles están en países desarrollados como Alemania, los países escandinavos, especialmente Noruega, y Reino Unido, aunque también destacan otros países latinoamericanos como Argentina, Chile, México y Brasil.

Por último, asegura que existen oportunidades en los países emergentes de Europa del Este como Polonia y República Checa que por el desarrollo de sus infraestructuras precisan perfiles técnicos como arquitectos o ingenieros de obras públicas.

EUROPAPRESS

Informe sobre los resultados del consejo de política fiscal y financiera

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre los resultados del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 17 de enero de 2012, por el que se adoptan medidas extraordinarias en materia de política financiera y se analizan los principales elementos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Presupuestaria de las Administraciones Públicas.

El Estado y las Comunidades Autónomas son conscientes de que el respeto al principio de estabilidad presupuestaria es un elemento esencial para facilitar el acceso a la financiación y contribuir así a la creación de riqueza y empleo en España. Además, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria es necesario para alcanzar los compromisos adquiridos con la Unión Europea.

A su vez, el Estado es consciente de que la inestabilidad de los mercados ha supuesto un incremento extraordinario de los costes financieros que soportan las comunidades autónomas.

Estabilidad presupuestaria

En materia de estabilidad presupuestaria, las Comunidades Autónomas manifiestan su firme compromiso con la estabilidad de las finanzas del conjunto de las Administraciones públicas y apoyan las líneas maestras de la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que se resumen en que, al finalizar el periodo transitorio que se establezca en la Ley Orgánica que desarrolla el artículo 135 de la Constitución, deberán presentar equilibrio o superávit, con un límite un déficit estructural máximo del 0,4 por 100 del PIB y un límite de deuda que no podrá superar el 60 por 100 del PIB.

Además, las Comunidades Autónomas consideran adecuada la incorporación, en la normativa de estabilidad de desarrollo del artículo 135 de la Constitución, de un techo de gasto y una regla sobre la evolución del gasto autonómico en línea con la normativa y la metodología acordada en el ámbito comunitario.

Igualmente, consideran adecuada la incorporación de la normativa comunitaria de sanciones por posible incumplimiento de los objetivos de estabilidad, que atenderán al principio de gradualidad en función de la reiteración y/o la magnitud de la desviación.

Ejercicio 2012

Por lo que se refiere al ejercicio 2012, elaborarán los presupuestos, o ejecutarán los mismos en el caso de estar ya aprobados, teniendo en cuenta que los ingresos derivados del sistema de financiación y el resto de recursos de las comunidades autónomas se verán condicionados por el escenario económico.

En materia de eficiencia de los servicios públicos, las Comunidades Autónomas emprenderán las actuaciones que sean necesarias para su mejora, de manera que se eviten duplicidades en la actuación de las Administraciones Públicas y llevarán a cabo los compromisos que se adopten en materia de reordenación y racionalización del sector público autonómico.

Transparencia

En materia de transparencia, se ha propuesto que remitan trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información de la evolución de la tesorería y de los saldos pendientes de pago a proveedores, así como información de la ejecución de los planes de restructuración del sector público.

También se ha propuesto que remitan puntualmente la información que resulte necesaria para dar cumplimiento a la normativa de la Unión Europea y acompañarán sus presupuestos de la información precisa para establecer la equivalencia entre el presupuesto y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional. Además, los presupuestos recogerán información sobre necesidad de endeudamiento, inversiones de las empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados y obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de la utilización de fórmulas de pago aplazado.

Compromisos

La Administración General del Estado se compromete:

En materia de sistema de financiación, a adelantar en 2012 el 50 por 100 del importe estimado de las liquidaciones de los recursos del sistema de financiación a favor de las Comunidades Autónomas que lo soliciten. También, a aplazar hasta un máximo de total de 120 mensualidades el reintegro pendiente de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 para las Comunidades Autónomas que lo soliciten y acuerden con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un programa de ajuste.

En materia de política financiera, el Estado se compromete a prorrogar y ampliar la moratoria en el cumplimiento de los límites previstos en la Ley Orgánica 8/1980, de financiación de las Comunidades Autónomas, que consisten en la obligación de destinar el importe total del crédito a la realización de gastos de inversión y que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, no exceda del 25 por 100 de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.

A establecer una línea ICO para la financiación de pagos a proveedores que no se hayan podido financiar debido a la situación de los mercados financieros para las comunidades autónomas que lo soliciten.

A promover la creación de un mecanismo de financiación de carácter voluntario y extraordinario que permita a las comunidades autónomas que lo soliciten y acuerden un programa de ajuste con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acceder a la financiación necesaria para alcanzar los objetivos de estabilidad y las refinanciaciones de sus vencimientos a los menores costes.

Acuerdos

En desarrollo de lo anterior, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó lo siguiente:

1. Convocar el grupo de trabajo para el desarrollo de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera atribuidas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria para analizar el texto de la nueva ley orgánica.
2. Convocar el grupo de trabajo de eficiencia del gasto público.
3. Convocar el Comité Técnico Permanente de Evaluación del sistema de financiación

El Banco de España avisa de que el paro escalará hasta el 23,4% este año sin reformas laborales "ambiciosas"

La tasa de paro escalará hasta el 23,4% este año y se reducirá de modo "muy marginal" en 2013 si España no acomete una reforma "ambiciosa" del mercado laboral, especialmente en lo concerniente a los mecanismos de contratación y negociación colectiva, así como al establecimiento de pautas para moderar "en mayor medida" los aumentos salariales en 2012 y 2013.

Así lo advierte el Banco de España en su último boletín económico, en el que señala que con medidas "decididas" en estos ámbitos "se contribuiría a mitigar el coste, en términos de empleo, del descenso previsto de la actividad", se impulsaría la competitividad y la productividad de la economía española y se mejoraría la percepción sobre la sostenibilidad del endeudamiento externo de España.

El panorama laboral que dibuja el Banco de España en ausencia de reformas es sombrío. Con un PIB cayendo al 1,5% este año, el empleo registrará una contracción cercana al 3% y la tasa de paro subirá casi dos puntos, hasta el 23,4%, según sus cálculos.

En 2013, las proyecciones de esta institución apuntan a un retroceso del empleo en media anual del 0,7%, aunque en términos intertrimestrales prevé que empiece a crearse empleo neto en la segunda mitad del próximo año.

De acuerdo con sus previsiones, la productividad aparente del trabajo aumentará un 1,6% en 2012, frente al 2,4% de 2011, mientras que en 2013 su ritmo de avance se ralentizará hasta situarse en el entorno del 1%.

EL EMPLEO PÚBLICO SE REDUCIRÁ CON "CIERTA INTENSIDAD".

La institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez estima que el empleo en el sector público disminuya con "cierta intensidad" en 2012 y 2013 como consecuencia de la congelación de la oferta de empleo, la reducción del sector público empresarial y la simplificación y racionalización de la estructura administrativa del Estado, comunidades y ayuntamientos.

El Banco de España señala además que el ajuste afectará "con notable intensidad" al sector privado, aunque calcula que empezará a crearse empleo neto en la economía de mercado a comienzos de 2013.

"Si se pusieran en marcha medidas efectivas para adecuar la remuneración de los puestos de trabajo a su produtividad y, en general, para permitir que las condiciones laborales en un sentido amplio pudieran adaptarse a las necesidades específicas de las empresas, el resultado sería una anticipación e intensificación de la generación neta de empleo en el sector privado de la economía", argumenta el Banco.
EUROPAPRESS

Feisbucracia (Facebookcracy), SITEL y otros

No se me ocurre otra palabra mejor para apuntar el fenómeno y el poder que en muy poco tiempo ya tienen las redes sociales, facebook, twitter y similares, un sistema de comunicación y de opinión que reviste caracteres de libertad absoluta y de inmediatez. Hoy quien no está en las redes sociales, no es nadie, no existe. Y la cantidad de información que circula por la red es tal que uno no es dueño en absoluto de sus datos, por mucho que se quiera disponer de cierto ámbito de privacidad, ésta prácticamente resulta imposible. Si no es uno mismo el que directamente y quizás imprudentemente ha introducido su propia información en las redes (en Aragón se diría que algunos son unos destalentaos), siempre habrá otro que te incluirá en webs, blogs, redes etcétera. Uno no es dueño de sus datos. La Ley Orgánica de Protección de Datos trató de poner un poco de orden en el uso de las bases de datos, pero me temo que con muy escaso éxito. Se puede conseguir que la cesión en sí de datos se limite mucho más de lo que estaba, pero la información personal circula a gran escala y sin control.Curioso es un libro titulado Numerati de Stephen Baker en que se muestra el manejo que se hace por las empresas de los datos personales de la gente para investigar multitud de comportamientos humanos, casi siempre con valor económico pero también con otros fines, loables o no. El subtítulo del libro es “Lo saben todo de ti”. Quizás mantiene una tesis un poco folclórica y catastrofista a la vez que escalofriante, pero con gran parte aparentemente de verdad. Todo se reduce a un sistema binario, cero-uno para a partir de ahí procesar una ingente cantidad de información valiosa ya o potencialmente valiosa en un futuro cercano. Realmente las personas que implementan estos sistemas son unos genios.

Uno envía o recibe un correo de gmail (supongo que en otros gestores ocurre lo mismo) y a continuación sale a la derecha automáticamente información y publicidad sobre contenidos relacionados con la “conversación” mantenida. Obviamente se hace con sistemas informáticos automatizados y motores de búsqueda, algoritmos que procesan las palabras y desvelan cuáles pueden ser los intereses de cada cual.

El Gran Hermano orwelliano ya está aquí. Somos poco conscientes de que además de la información que se obtiene a través de los servidores de internet, de correo electrónico y de redes sociales, existe el “Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas” (SITEL), una tecnología que permitiría al Gobierno, nada más y nada menos, que pinchar todos los teléfonos de España al mismo tiempo y conocer, además de las conversaciones, la identidad del sujeto, su operador telefónico, el punto geográfico exacto en el que se encuentra e incluso el tipo de contrato que tienen. Leer el artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones causa cuando menos una gran inquietud, dada su redacción, su extensión y las dudas que se traslucen de su exégesis. Algunos opinan que se desprende que obliga a la Policía a facilitar al agente encargado de una investigación e incluso antes de la ejecución de la orden judicial (por tanto con desconocimiento del Juez competente), la información sobre la identificación de la persona, su domicilio, el número del titular del servicio, el número de cuenta asignada por el proveedor de internet, la dirección de correo electrónico, la situación geográfica de la terminal, etc. En este sentido se puede ver el artículo de Guillermo Díaz Bermejo en Noticias Jurídicas (se puede leer en http://noticias.juridicas.com/articulos/20-Derecho%20Informatico/200910-4939479023902378.html.) Este abogado deja traslucir que la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia pueden obtener los datos de carácter personal de cualquier usuario de teléfonos móviles en cualquier momento y en cualquier punto de España sin necesidad de disponer, para ello, de un permiso judicial.

Con SITEL se puede conocer todas las llamadas efectuadas y recibidas por una persona, hora y la duración, teléfono del interlocutor, posicionamiento (similar a un navegador GPS) con tal que el móvil esté encendido, datos sobre el terminal y el usuario (hay que recordar que ahora los clientes de prepago tienen que identificarse), la grabación de las conversaciones, registro de mensajes, correos electrónicos, etc. Así pues existe, al menos en posibilidad, un exhaustivo control de las personas por parte del Estado.

Volviendo al principio, ¿cambiaremos el actual sistema de democracia por la feisbucracia? Como concepto en sí mismo, en cuanto a que facilita una inmediatez de comunicaciones y de opinión parece estar bien, estaríamos hablando de una suerte de democracia directa, un sistema en el que todo ciudadano opina sobre todo en todo momento. Es un debate que se debe abrir, porque lo queramos o no estamos abocados a medio plazo a tener que plantearnos el tema, tanto el control del Estado, el de las grandes corporaciones y la posible democracia directa, todo ello a través de las nuevas tecnologías. Obviamente la democracia asamblearia nunca ha sido factible por poco práctica y fácilmente manipulable, está claro. Pero las nuevas tecnologías ¿no nos están acercando cada vez más a ella? ¿Por qué no sería posible? Son incógnitas que se tendrán que ir resolviendo.

El problema de las redes y de la inmediatez es que ante tal sobreabundancia de información, prácticamente no se lee lo que no está en un primer párrafo de un escrito o una entrada. Quizás el éxito de twitter es la necesaria cortedad de los mensajes, nadie lee más de 150 caracteres, o pongamos palabras. Todo instantáneo, como dicen en Valencia “pensat y fet” lo que nos lleva al posible problema de la irreflexión y el impulso. Por otra parte las generaciones que vienen lo hacen con internet 24/24 horas desde la más tierna infancia. Acceso a todo tipo de información sin límites, lo cual es maravilloso, pero impide cualquier reflexión sosegada. Y poco compromiso y planificación. Carpe diem, vive el momento. Muchos chavales esperan hasta quince minutos antes para saber si quedan o no con los colegas….. Desquedan si no les apetece en el último momento con un simple SMS, whatsapp o incluso una perdida. Es así. Nos tendremos que ir acostumbrando. Sociólogos, politólogos y juristas deberán plantearse el poder de las redes sociales las potencialidades y los peligros.

 Ignacio Pérez Sarrión

Una vez más los Empleados Públicos somos los parias de la sociedad

No solo nos congelan el sueldo, sino que nos bajan la nomina y además tendremos que trabajar más por la no convocatoria de oposiciones excepto, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados y cuerpos responsables del fraude fiscal.

Este mes de enero tendremos la primera bajada de nómina por el incremento del IRPF. Con objeto de reducir el déficit público, se grava la cuota estatal del IRPF en los periodos 2012 y 2013, lo que supone un incremento que va desde el 0,75% a un 7% más de retención, se divide en siete tramos, teniendo en cuenta el estado civil del cotizante.

Sueldo bruto anual Bajada anual de sueldo     No solo nos congelan el sueldo, sino que nos bajan la nomina y además tendremos que trabajar más por la no convocatoria de oposiciones excepto, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados y cuerpos responsables del fraude fiscal.

Este mes de enero tendremos la primera bajada de nómina por el incremento del IRPF. Con objeto de reducir el déficit público, se grava la cuota estatal del IRPF en los periodos 2012 y 2013, lo que supone un incremento que va desde el 0,75% a un 7% más de retención, se divide en siete tramos, teniendo en cuenta el estado civil del cotizante.

Sueldo bruto anual Bajada anual de sueldo - Soltero sin hijos Bajada anual de sueldo -   Casado con hijos

             Hasta 9.500€                                          Sin decremento                                 Sin decremento

             Hasta 12.000€                                            20.25€                                          Sin decremento

            Hasta 16.000€                                             53.86€                                          Sin decremento

               20.000€                                                    81.95€                                                27.38€

              30.000€                                                      248€                                                 151.81€

             45.000€                                                      606.55€                                             475.48€

            70.000€                                                     1.471.35€                                         1.306.28€

          110.000€                                                     3.071.35€                                         2.906.28€

          160.000€                                                     5.420.21€                                         5.221.14€

La subida salarial media de los distintos convenios colectivos en los últimos 12 meses ha sido del 2.48€ y a nosotros nos han bajado el sueldo, este año nos lo congelan y encima nos suben el IRPF

¡Que se vaya al contencioso!

¿Quién de los vinculados a la gestión administrativa no ha oído, o emitido, aquél aserto dirigido al administrado que le invita a recurrir? El “que se vaya al contencioso” forma parte de la tradición administrativa de este país nuestro. Ciertamente sus causas son diversas. Es producto a veces del hartazgo ante la insistencia impertinente de un administrado sin razones y sin razón, resultado de la prepotencia del gestor político o profesional en otras, cuando esas razones del administrado existen, o de la imposibilidad material o falta de voluntad para resolver expresamente, estimando o desestimando la pretensión de fondo.

Pero algo acaba de cambiar recientemente. La administración, en sus más diversos niveles, cuenta con servicios que aseguran su representación y defensa en juicio, incluso con ciertos privilegios procesales no menores. Abogados del Estado, Letrados de Comunidades Autónomas, Letrados municipales, de plantilla o contratados, asumían y asumen el relevante papel de defender en sede procesal la posición de la administración, prolongando así ante la instancia judicial su función constitucional de servicio a los intereses generales. El administrado, en cambio, surgido el conflicto con la administración, ha de buscar a quien le represente y defienda en juicio, y, aun convencido y cargado de razones, asumir como un coste para obtenerlas el de los servicios que requiere y contrata con tales profesionales. Hace frente, también, al tiempo, un largo periodo de incertidumbre derivado del endémico atasco judicial. Con todo ello jugaba la administración del “que se vaya al contencioso”, confiada en muchos supuestos en que no merecía la pena el viaje, ni en tiempo, ni en coste.

Pero en estos tiempos que corren aun las más arraigadas tradiciones corren el riesgo de perecer. Y acaso le ha llegado el turno a esta. La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, ampliamente criticada por las restricciones al acceso a la jurisdicción o a determinadas instancias judiciales como elemento central de la agilización propuesta, introduce una serie de modificaciones en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Tres resultan relevantes a los efectos de este comentario, aunque conviene dejar constancia al menos de otras como las relativas a medidas provisionales o ejecución de sentencias.

En primer lugar, la reforma del artículo 78.1 y el nuevo apartado tercero del artículo 78 amplía el ámbito del procedimiento abreviado, al tiempo que se introduce una modificación que conforma lo que podríamos considerar un subprocedimiento superabreviado, en el que se omitiría a instancia del actor el recibimiento del pleito a prueba y la celebración de vista. Se trata de reducir así notablemente la duración del proceso judicial garantizando una resolución más rápida del conflicto.

La reforma de los artículos 81.1.a), 96.3 y 99.2, en segundo lugar, restringe notablemente el acceso a los recursos de apelación y casación en el convencimiento de que a menos recursos más agilidad, asumiendo de ese modo también una limitación del debate en sede judicial y, consecuentemente, del ámbito efectivo de la tutela judicial, que quedaría en muchos supuestos en única instancia. Ciertamente, también se logrará al cerrar la vía de recurso alcanzar resoluciones judiciales firmes en plazos mucho más breves, de modo que el factor tiempo se ve así también mitigado como coste añadido al recurso contencioso-administrativo.

Por último, en tercer lugar, y los profesionales de la gestión local bien harán en explicarlo detenidamente a sus munícipes, la reforma del artículo 139.1 impone el contencioso-administrativo el principio de imposición de costas al vencido. La percepción de gratuidad que los gestores públicos tienen del conflicto judicial debe, por tanto, cambiar. Y es que ahora, “en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”. Es más, incluso “en los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad”. Ciertamente, son de esperar mayores concreciones en la jurisprudencia basadas, en su caso, en acuerdos con colegios profesionales acerca de la concreción de las “serias dudas de hecho o de derecho” o del alcance de la “mala fe o temeridad” procesales.

Pero lo cierto es que, salvo expreso y razonado pronunciamiento del órgano jurisdiccional, se impondrán costas al vencido totalmente, administración o administrado. Del mismo modo, incluso en casos de estimación o desestimación parcial se impondrán costas al litigante de mala fe, administración o administrado, siempre que así lo acuerde razonadamente el órgano jurisdiccional, saliendo al paso así de recursos temerarios o dilatorios o de temerarias actitudes administrativas de remisión al contencioso-administrativo. La percepción del coste de la justicia debe cambiar, también para la administración.

 Julio Tejedor Bielsa

Los primeros 15.000

Me refiero, por supuesto, a los primeros 15.000 M. € que hay que arrojar al fuego sagrado de la reducción del déficit público, y que constituyen el importe estimado por el nuevo Gobierno como resultado de las medidas de ahorro de gasto público (6.300 M €), y de aumento de los ingresos (8.900 M €). Y digo que son los primeros, porque inevitablemente deberán llegar más si queremos que el resto del mundo siga pagando las deudas que hemos acumulado durante los años de “alegría y fiesta” que hemos vivido.Hace unos días comenté que, para cumplir el plan de convergencia que el propio Tesoro Público había anunciado a los analistas internacionales, las cuentas del Estado deberían concluir 2011 con un déficit equivalente al 6% del P.I.B., este año el 4,4%, y el próximo, 3%; también apunté, como muchos otros interesados en el tema, que iba a ser muy difícil cumplir el primer hito del plan, porque todo apuntaba a que 2011 terminaría peor de lo previsto, por dos razones evidentes: el denominador, P.I.B., iba mal y no alcanzaría el saldo necesario para que se cumpliera la ecuación, y el numerador, saldo de las cuentas públicas, estaba retenido en vista de las elecciones, por lo que el último trimestre del año contemplaría un aumento considerable de las partidas de gasto. En este sentido, todo apuntaba a que las cuentas de la Seguridad Social se darían la vuelta en el último trimestre, pasando del ligero superávit del tercer trimestre anunciado en Noviembre, a un déficit elevado, solamente con que los tres últimos meses del año fuesen tan malos, no peores, que en 2010; y era la única rúbrica de la cuentas públicas para la que se esperaba saldo positivo.

Pues bien, como tantas veces sucede en la empresa y en los negocios, todo lo que podía ir mal, ha ido mal, y nos encontramos en el punto que todos sospechábamos, y los “desalmados” analistas internacionales intuían: muy alejados de donde les dijimos que íbamos a estar. Sinceramente, llegados a este punto, me parece un poco infantil la polémica sobre si un ministro ha dicho que terminaremos en el 8% de déficit, otro que un poco por encima, y un tercero que en el 8,2%; más allá de los problemas de imagen y coordinación que se puedan derivar de los comentarios, y que se enmarcan en el terreno político, lo cierto es que la realidad termina imponiéndose, y como nos alejamos de la ruta marcada, hemos de corregir el rumbo cuanto antes, porque de lo contrario, estamos condenados a la intervención, como otros países europeos.

Como en otras ocasiones, unos breves cálculos aritméticos pueden centrar el tema. Debíamos terminar 2011 con un déficit conjunto de las administraciones de unos 60.000 M €; puede que lo hagamos en 81.000 M € (para no tomar partido por ninguno de los tres ministros opinantes); dando por hecho que la economía crezca este año, supuesto que hoy por hoy tiene mucho de voluntarista, deberíamos terminar 2012 con un saldo público de unos -44.000 M €. Es decir, para cumplir el plan de convergencia este año deberían subir los ingresos y/o bajar los gastos públicos (dependiendo de la combinación que estime conveniente el Gobierno) unos 16.000 M € antes de la desviación, 37.000 M € después de conocidos los datos. Si el paquete de medidas anunciado hace unos días supondrá unos 15.000 M €, nos falta por encajar en los próximos meses primero la noticia, y después el pago, como poco de otros dos paquetes y medio semejantes.

Sin duda, para corregir el rumbo de la nave España, veremos, inevitablemente, más medidas impopulares, desagradables, duras… porque no hay más remedio; y, si sirve de algo mi opinión, cuanto antes se tomen, mejor, porque antes podremos salir de la crisis en que estamos sumidos. Solo espero que después de este tratamiento de choque aplicado, según comentan sus autores, ante la gravedad del enfermo, se opte por atacar las partidas de gasto público innecesario tanto del Gobierno central, como de las autonomías y corporaciones locales, con intensidad y voluntad real, porque de lo contrario, si continua la presión sobre los ingresos, difícilmente se reanimará la economía, y puede que deba transcurrir mucho tiempo antes de que el PIB reanude su olvidada marcha positiva.

Cuando desde el exterior se aprecia el esfuerzo real por enmendar los errores antiguos, y que no actuamos como los griegos, que llevan dos años diciendo que van a hacer lo que casi todos sabemos que no quieren hacer, en cuanto algún dato económico muestre signos de recuperación, las expectativas de los agentes cambiarán, definiendo un horizonte distinto. Si se me permite un ejemplo de la vida real, sería tanto como que un enfermo aquejado de una grave enfermedad pulmonar decidiera dejar de fumar: por sí sólo, eso no le cura, pero deja de echar más leña al fuego, de manera que un tratamiento correcto pueda salvarle; por el contrario, si persiste en el hábito de seguir fumando, sólo un milagro podría salvarle.

Tomás García Montes

Informe sobre la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentado sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, que el Gobierno aprobará en breve.

Tal y como se comprometió el Gobierno, se trata de la primera Ley que se aprobará y que demuestra que el primer objetivo de la política económica del Gobierno es el control del déficit público, ya que la estabilidad y la sostenibilidad presupuestarias son claves para el crecimiento económico y la creación del empleo.

La elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad, que desarrolla la reforma constitucional que se aprobó en agosto, es un paso determinante en este compromiso, pues va a constituir la base jurídica y económica de nuestra política presupuestaria.

Objetivos de la Ley

Los tres objetivos básicos de esta Ley son:

• Garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las Administraciones públicas.
• Fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española.
• Reforzar los compromisos de España con la Unión Europea.

La primera novedad de esta Ley es el propio título de la misma, en la medida que incorpora la sostenibilidad presupuestaria como principio rector de la actuación económico-financiera de todas las administraciones públicas españolas. Con ello lo que se pretende es reforzar la idea de estabilidad no sólo en un momento coyuntural, sino con carácter permanente, con lo que nos preparamos para los retos a los que nuestro sistema de bienestar se enfrenta a medio y largo plazo.

Ante la Unión Europea se responde como un solo país. Por eso la Ley va a regular en un texto único la estabilidad y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones públicas, tanto del Estado, como de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Esto, además de mejorar la coherencia en la regulación jurídica, supone una mayor claridad de la Ley y transmite una idea de igualdad en las exigencias presupuestarias y de responsabilidad y lealtad institucional entre todas las Administraciones Públicas.

La Ley incorpora el principio de lealtad institucional como principio rector para armonizar y facilitar la colaboración y cooperación entre las distintas administraciones.

Gobernanza económica europea

Otro aspecto fundamental es que esta Ley recoge los nuevos requerimientos de la gobernanza económica europea, siendo en España uno de los primeros países en incorporarlos a su ordenamiento jurídico interno. Entre otros, cabe señalar: la especificación de un límite de déficit estructural que garantice el margen de maniobra y refuerce el carácter estabilizador de la política fiscal, el establecimiento de un límite de deuda como garantía de la sostenibilidad presupuestaria,la formulación de un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración del presupuesto y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad y deuda pública, el refuerzo de los mecanismos sancionadores en los que se tendrán en cuenta, en línea con la normativa europea, la reincidencia y gravedad de los incumplimientos.

Además, se garantiza una adaptación continua y automática de la Ley a la normativa de la gobernanza económica europea.

Obligaciones de todas las Administraciones Públicas:

Al finalizar el periodo transitorio, todas las Administraciones públicas deben presentar equilibrio o superávit. Se considera que se cumple esta situación cuando el déficit estructural no supere el 0,4 por 100 del PIB. Para alcanzar este objetivo se fijarán durante el período transitorio límites de deuda y techos de gasto para todas las Administraciones.

El resto de entidades que forman parte del sector público (empresas públicas, fundaciones, etc.) deberán presentar equilibrio financiero.

La deuda de las Administraciones públicas no podrá superar en conjunto el valor de referencia del 60 por 100 del PIB establecido en la normativa europea, salvo en caso de circunstancias excepcionales.

No obstante, se podrá superar el límite de déficit estructural y de volumen de deuda pública en situaciones excepcionales (catástrofes naturales, recesión económica grave o situación de emergencia extraordinaria).

Tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas y las grandes ciudades, deberán aprobar un techo de gasto con carácter previo a la elaboración de sus presupuestos.

Se aprobará una regla de gasto para todas las Administraciones, regla que incorpore la normativa europea en esta materia.

Para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad.

Para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrán en cuenta la regla de gasto establecida y el déficit estructural alcanzado. En caso de desviación respecto a los límites establecidos, el objetivo deberá contemplar, siguiendo la normativa comunitaria, una reducción mínima anual del 0,5 por 100 del PIB para el conjunto de Administraciones públicas, que se distribuirá en función de la administración responsable y de los límites establecidos para cada administración pública.

Para la fijación del objetivo de deuda pública se tendrá en cuenta el volumen alcanzado en el ejercicio inmediato anterior. Si se exceden los límites establecidos, se deberá garantizar una senda de reducción, siguiendo la normativa comunitaria, de al menos una veinteava parte anual de la desviación.

Transparencia

Finalmente, la Ley refuerza el principio de transparencia, principio del que se pueden destacar como principales aspectos los siguientes:

1. Se acompañará al proyecto de presupuestos de cada administración pública la información precisa para establecer la equivalencia entre el presupuesto y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional. Hasta ahora esta exigencia sólo se contemplaba para el Estado.
2. Además, los presupuestos deberán recoger información sobre: necesidad de endeudamiento, inversiones de las empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados, obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de la utilización de fórmulas de pago aplazado.

El 71% de españoles no quiere retrasar la edad de jubilación

El 71 por ciento de los españoles está "totalmente en desacuerdo" con la idea de retrasar la edad de jubilación antes de 2030, según una encuesta del eurobarómetro publicado este viernes por la Comisión Europea, que sitúa el rechazo de los españoles por encima de la media europea, del 60 por ciento.

Así, sólo uno de cada tres europeos y un 21 por ciento de los españoles se declara de acuerdo con aumentar la edad de jubilación de aquí a 2030, si bien un 61 por ciento de los europeos cree que se debe permitir a quienes cumplan la edad de jubilación oficial seguir trabajando si así lo desean.

Sólo cuatro países --Dinamarca (58 por ciento), Países Bajos (55 por ciento), Irlanda (53 por ciento) y Reino Unido (51 por ciento)-- tienen una mayoría de encuestados que apoyan la idea de retrasar la edad de jubilación.

La encuesta del eurobarómetro también muestra que el 71 por ciento de los españoles cree que los trabajadores de mayor edad no son vistos de manera positiva por los empleadores, y el 20 por ciento asegura haber sido víctima o testigo de discriminación laboral por causa de la edad.

La encuesta, además, ha preguntado a los ciudadanos de los distintos Estados miembros hasta cuando consideran que una persona es 'joven' y 'viejo'. Entre los europeos, la edad media para dejar de ser joven es la de 41,8 años, mientras que consideran que se es 'viejo' a partir de los 63,9.

En el caso español, los preguntados opinan que se es joven hasta los 47,6 años de edad, mientras que la frontera para ser 'viejo' la fijan en los 65,5 años.

Por otra parte, la oficina de estadística europea (Eurostat) ha publicado este viernes datos sobre la tasa de empleo según el tramo de edad y muestra cómo se reduce en los últimos años de actividad.

Así, la tasa de empleo para los mayores de 65 años en España fue del 2 por ciento en 2010 (1,6% en 2000); menos de la mitad de la media europea, que en 2010 alcanzó el 4,7 por ciento.

La tasa de empleo en España en 2010 fue del 62,5 por ciento para la población de entre 20 y 64 años de edad (60,6 por ciento diez años antes), y se reduce en los últimos tramos de edad, de modo que la tasa es del 54,4 por ciento para las personas de entre 55 y 59 años de edad y del 32 por ciento para quienes tienen entre 60 y 64 años de edad.

En Europa, la media de la tasa de empleo en 2010 fue del 68,6 por ciento para la población de entre 20 y 64 años; del 60,9 por ciento para el tramo de 55 a 59 años; y del 30,5 por ciento para quienes tienen entre 60 y 64 años.
EUROPAPRESS

Los Reyes Magos y el Derecho

Por más que costumbres foráneas y hechos diferenciales propios y magnificados traten de minar el arraigo de la festividad de Reyes, al día de hoy es innegable que sigue siendo un elemento de cohesión nacional, como la Liga de fútbol o la bicentenaria Lotería Nacional, tan amenazada por las ínfulas privatizadoras del gobierno anterior y, sorprendentemente, del actual, cuyo grupo parlamentario había recurrido la disposición adicional 34ª de la anterior ley de presupuestos, que daba vía libre al sacrificio de la gallina de los huevos de oro del erario. Cosas de la política que, en cambio –y volviendo a la fiesta de Epifanía- ha tenido que recular ante la posibilidad de trasladar al lunes inmediato la celebración de los Magos de Oriente, lo que habría generado un descomunal enfado entre el segmento infantil, que no vota pero tiene familia que lo hace.

El hecho es que la inmensa mayoría de las localidades españolas, de cualquier tamaño y poderío financiero, organiza cabalgatas el cinco de enero, tirando, no pocas veces, la casa por la ventana, con ricos atuendos, ornamentos, carrozas y semovientes con y sin jorobas. Y se reclutan figurantes, en una suerte de voluntariado para alegrar a los más pequeños de la vecindad, a los que, en algunos lugares se avitualla o, incluso, se gratifica simbólicamente. Y luego, claro está, aparece la decisión, unipersonal o colegiada, de elegir a los notables o populares del lugar que quieran representar a aquellos portadores de oro, incienso y mirra que se acercaron un lejano día del reinado de Augusto, hasta Belén.

Esa elección, a diferencia de la comparsa, suele ser muy meditada y no pocas veces se busca pagar favores o comprar vanidades. Otras, ciertamente, reconocer a personas modélicas o comprometidas con la protección de la infancia. Pero a no dudar que esa elección no deja de ser un reconocimiento honorífico, muchas veces otorgado a dedo por el alcalde de turno. Y es que, por algunas de nuestras calles, han desfilado coronados y bajo túnica, futuros condenados por la justicia pero, que en el momento de subirse a la cabalgadura eran benéficos mecenas u hombres de negocios ejemplares.

Sería pedir peras al olmo el exigir publicidad y concurrencia en la selección de Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no estaría de más recriminar alguna cacicada claramente interesada, disfrazada de discrecionalidad administrativa. Máxime en estos tiempos donde la casuística al respecto motiva sonrisas o sonrojos. Por ejemplo, desfiles donde, en aras de la igualdad de género, han travestido a una señora de rey mago o cabalgatas, más de una, donde lo racialmente correcto ha llevado a maquillar simultáneamente a un blanco de negro y viceversa.

Pero volviendo al interés festivo y cultural de esta fiesta, merece la pena elogiar el reciente Decreto 199/2011, de 23 de diciembre, del Consell de la Comunitat Valenciana, por el que se declara Bien de Interés Cultural Inmaterial la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy. Disposición donde se recuerda que “la festividad de la Epifanía en Alcoy tiene una personalidad propia con la Cabalgata de Reyes Magos, que se documenta por primera vez en el año 1866, si bien es a partir de 1885 cuando la Cabalgata adquiere las características que la definen y que la han convertido en la (…) más antigua de España”.

El Decreto declara que la gestión de la Fiesta de la Cabalgata de Reyes Magos es competencia del Ayuntamiento de Alcoy, pero que por su interés claramente supramunicipal –máxime siendo ya BIC-, “si se produjese cualquier cambio en la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy que modifique lo dispuesto en el anexo y que exceda del normal desarrollo de los actos de la festividad anual, los interesados lo deberán proponer a la Dirección General de Patrimonio Cultural, para, en su caso, proceder a la autorización administrativa y consiguiente modificación del presente Decreto, justificándolo en la mejora tutelar de los valores protegidos”.

Igualmente se entiende que a todas las administraciones públicas –se entiende que la estatal, autonómica y local- les corresponde velar por el mantenimiento y la dignidad de la fiesta, y fomentar la difusión de este bien, garantizando su estudio y documentación con criterios científicos e incorporando los testimonios disponibles a soportes materiales que garanticen su pervivencia.

La cabalgata infantil -Les pastoretes- que se remonta al año 1889; el Bando Real, que se incorporó como preludio de la fiesta de Reyes en 1924; el Pregó del tio Piam, recuperado en 1996 y que consiste en el anuncio de un personaje popular del Alcoy del siglo XIX; la visita de los Magos a centros asistenciales por la mañana y la cabalgata propiamente dicha, de algo más de dos kilómetros y medio de recorrido, integran esta manifestación cultural que, con toda justicia, ha pasado del sentimiento popular al reconocimiento jurídico.

 Leopoldo Tolivar Alas

Bombillas de ideas

Cada vez son más los Ayuntamientos que ven como se va apagando la luz de algunas de sus instalaciones. Cada vez “ven” menos porque hay más oscuridad. Y es que entre los muchos conflictos que están enredados en el sector eléctrico (“un oscuro embrollo” titulábamos Francisco Sosa Wagner y yo un capítulo de nuestro libro “El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica”), entre tanta maraña, también hay problemas municipales.La elevada deuda que durante años se ha mantenido en muchos Ayuntamientos con la empresa suministradora, probablemente alimentada por la comodidad de que los retrasos e impagos no tenían inmediatas consecuencias, ha tratado de resolverse con la imposición de acudir al mercado eléctrico para suscribir estos contratos. Los Ayuntamientos deben adjudicar el servicio eléctrico, tras la correspondiente convocatoria de un concurso público, y someterse a las nuevas condiciones pactadas, que no serán ya tan favorables. Pero todavía no se ha culminado la adaptación a la reforma. Desde que se aprobó, el Gobierno ha ido ampliando el periodo transitorio y ha ido alejando la fecha fatal que liquidará el régimen anterior. Cuando escribo estas líneas se rumorea que se alargará de nuevo el plazo que debía concluir el próximo 31 de diciembre de 2011.

Es cierto que muchos concursos han quedado desiertos porque las empresas eléctricas no admiten las condiciones que ofrecen los Ayuntamientos y, de manera recíproca, los munícipes no quieren adherirse a las cláusulas que presentan las empresas por parecerles algo abusivas. Sería bueno que la Comisión de defensa de la competencia analizara esas propuestas.

Pero también, sobre este conflicto, sería oportuno que las autoridades municipales meditaran sobre su factura de la luz y oyeran a los técnicos y especialistas. Porque resulta muy importante ser consciente de lo que se gasta y porqué se gasta. Pues ¿son necesarias tantas iluminaciones? ¿se han incorporado nuevos productos de muy bajo consumo, como la tecnología LED? Es más, podría ser una buena oportunidad para considerar la producción de energía por el propio Ayuntamiento. Hace ya muchos años, conocimos las experiencias de Ayuntamientos alemanes y austriacos que generaban con un sólo molino de viento o la instalación de placas solares o pequeños saltos de agua en los ríos más de la energía que se consumía en el término municipal, tanto para las dependencias públicas como para el consumo particular de sus vecinos.

Y más elementos para la reflexión ofrece la oscuridad del conflicto eléctrico. Ahora que algunas Diputaciones están preocupadas por defender su papel, ante las sospechas de que las tijeras frente al despilfarro público pueden cometer algún destrozo en el ámbito provincial: ¿por qué no abanderan el asesoramiento a los Ayuntamientos en estos contratos? ¿Por qué no realizan estudios o contratan con una empresa especialista para que ofrezca la mejor comparación de precios y condiciones entre las propuestas de las poderosas empresas eléctricas? He ahí un papel relevante para asistir a tanto Municipio desasistido.

Es decir, que en medio de esta oscuridad podrían encenderse bombillas de ideas para cambiar los comportamientos y promover el ahorro energético, la propia producción y el papel relevante de las Diputaciones. Mientras tanto, salud en 2012.

Mercedes Fuertes López

El paro de la eurozona se mantiene en noviembre, mientras que en España aumenta dos décimas

El desempleo en la zona euro durante el pasado mes de noviembre se mantuvo en el 10,3% alcanzado en octubre, con España nuevamente a la cabeza con una tasa de paro del 22,9%, dos décimas más que en el mes anterior, según informó Eurostat.

Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea (UE) la tasa de desempleo se situó en noviembre en el 9,8%, igual que el mes anterior, y una décima más que en septiembre, cuando se mantuvo en el 9,7%.

En comparación con el mismo mes del año anterior, la tasa de desempleo aumentó tres décimas en la zona euro, y dos décima en el conjunto de la Unión Europea.

La agencia estadística europea calcula que 23,674 millones de personas carecían de empleo en noviembre en la UE, de los que 16,372 millones se encontraban en la zona euro, lo que supone un aumento mensual de 55.000 parados en el conjunto de la UE y de 45.000 en la zona euro. Respecto a noviembre de 2010, la cifra de desempleados entre los Veintisiete subió en 723.000 personas y en 587.000 en la zona euro.

Entre los países miembros cuyos datos estaban disponibles, las menores tasas de paro se registraron en Austria (4%), y Luxemburgo y Países Bajos, ambos con un 4,9%, mientras que las más altas fueron las de España (22,9%), Grecia (18,8% en septiembre de 2011) y Lituania (15,3% en el tercer trimestre de 2011).

Por su parte, la tasa de paro masculino aumentó dos décimas en noviembre en la eurozona, hasta el 10%, y dos décimas en la UE, hasta el 9,7%, mientras que el desempleo femenino subió cuatro décimas en el conjunto de los Veintisiete (10,7%), y tres décimas en la zona euro, hasta el 10%.

Asimismo, la tasa de paro entre los menores de 25 años ascendió hasta el 21,7% en la zona euro, desde el 21,4% del mes anterior, mientras que en el conjunto de la UE se situó en el 22,3%, tres décimas más que en octubre.

En las tres categorías España volvió a registrar en noviembre las cifras más altas de desempleo con un paro del 49,6% entre los jóvenes, siete décimas más que en octubre, mientras que el desempleo masculino aumentó en tres décimas, hasta el 22,8% y el paro femenino se mantuvo en el 23%.
EUROPAPRESS

Los contribuyentes pagarán una media de 222 euros más tras la subida del IRPF, según Gestha

La subida del IRPF aprobada por el Gobierno el pasado viernes costará de media 222 euros anuales a cada contribuyente y recaerá en su mayor parte sobre las clases medias y bajas con ingresos por debajo de los 33.000 euros anuales, que representan el 85% de los trabajadores, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

De este modo, los asalariados que se mueven en el entorno del 'mileurismo', es decir, aquellos que ganan hasta 17.700 euros brutos anuales y que representan el 55% del total deberán pagar a Hacienda unos 23 euros más al año, mientras que quienes superen esa cantidad, pero no lleguen a 33.000 euros, deberán desembolsar unos 165 euros más.

Estos dos tramos de ingresos, unidos al de los asalariados que no alcancen los 53.400 euros, cuyo gravamen extra rondará los 490 euros, aportarán en conjunto unos 2.065 millones de euros anuales, lo que supone más de la mitad de los 4.111 millones de euros que el Ejecutivo prevé recaudar gracias a esta subida temporal del IRPF.

En el extremo opuesto, aquellos que ganan más de 300.000 euros anuales y que apenas suponen un 0,2% del total contribuirán con una mayor cuantía, unos 16.187 euros anuales, aunque el peso total de esta aportación no alcanzará siquiera los 465 millones de euros.

La modificación del IRPF también afectará a los ingresos provenientes del ahorro. Así, los pequeños ahorradores que ganen menos de 6.000 euros anuales a través de esta vía --más del 95% del total-- tan solo tendrán que pagar 25 euros más al año, cifra muy reducida en comparación con los más de 6.650 euros que tendrán que aportar de media quienes obtengan más de 24.000 euros al año por este concepto.

El aumento de los gravámenes al ahorro tan sólo generará unos 1.246 millones de euros anuales, por lo que el 80% de la nueva subida recaerá una vez más sobre los trabajadores, incluidos los desempleados y pensionistas, y no, como hubiera sido deseable según Gestha, sobre otros rendimientos más vinculados a los grandes patrimonios, como los de capital.

ALGUNAS PENSIONES PERDERÁN PODER ADQUISITIVO.

En este sentido, el secretario general de los técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, considera positivo que en las nuevas medidas el Ejecutivo eche mano de este tipo de ingresos "más exclusivos", aunque matiza que aún es necesario eliminar ciertas normas contrarias a la progresividad, empezando por excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro.

Por otro lado, entre las consecuencias de esta modificación del IRPF, los técnicos de Hacienda destacan que la actualización de las pensiones apenas se notará en el bolsillo de los jubilados, y en algunos casos se verá incluso neutralizada por la subida de impuestos.

De este modo, y según sus cálculos, en España hay más de un millón de pensionistas (el 13,4% del total) que, al percibir prestaciones por encima de los 22.000 euros durante el pasado año, verán eclipsada su revalorización y terminarán perdiendo poder adquisitivo durante el próximo año.

GRAVAMEN SOBRE LAS GRANDES EMPRESAS.

Por ello, de cara a las nuevas medidas de ajuste que el Ejecutivo prevé aprobar en breve para contener el déficit, Gestha aboga por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas, aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros, elevando del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros.

Gracias a esta medida, calcula Gestha, la recaudación se elevaría ya en más de 13.900 millones de euros anuales, cantidad muy superior a la que se obtendrá por la modificación del IRPF, además de reducirse la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.

Por último, Gestha recordó que la mejor forma de revitalizar la economía sin afectar a los salarios pasa por luchar contra la economía sumergida, que supone cerca de 245.000 millones anuales, el 23,3% del PIB, así como por la creación de un impuesto sobre la riqueza, una modificación de las Sicavs para establecer un porcentaje máximo de participación de entre el 2% y el 5% del capital social o un impuesto a las transacciones financieras.
EUROPAPRESS

Funcionarios y expresiones despectivas

Está de moda eliminar licencias y autorizaciones así como reducir trámites ante las Administraciones públicas. Casi todas las Comunidades autónomas y por supuesto el Estado, cada cual en sus respectivos ámbitos de competencias, han aprobado leyes y reglamentos en esa dirección y todo ello debe ser bien recibido.

Lo que no está bien y no debe ser bien recibido es el tono descalificador con que se suelen presentar estas modificaciones legales que emplean expresiones como “acabar con el papeleo” o con “la burocracia”.Habrá que recordar que el denostado “papeleo” es la forma en que se ha plasmado hasta ahora el cumplimiento de preceptos legales que han exigido a los ciudadanos presentar una instancia, acompañarla de un proyecto de esto o de aquello, avalarlo con la firma de un profesional competente, pagar una tasa etc. No para molestar ni para enredar, sino para atender exigencias elementales de seriedad en el comportamiento de los peticionarios y de las Administraciones receptoras de escritos y peticiones. Que todo eso hoy se pueda incorporar a otro formato de los muchos que la técnica nueva ofrece o de los que están por alumbrarse es algo que debe ser saludado positivamente. Faltaba más. Es verdad que con estas novedades muchas ocupaciones de las tradicionales que han existido en las Administraciones desaparecerán como han desaparecido el pregonero, la casa de postas y el telegrama. A los oficiales de primera, segunda, tercera de ocho mil, diez mil reales al año que aparecen en las novelas del siglo XIX (de Galdós en España o de Balzac en Francia) nadie los echa en falta porque el viento de la historia y lo que arrambla casi siempre es benéfico.

Pero lo cierto es que en el formato papel o en el de un correo electrónico o un sms siempre será necesario hacer llegar a la Administración el informe técnico que avala la apertura de un taller de reparación de automóviles o de una discoteca. Insisto: no para entretener al señor de una ventanilla que pasa una mañana ociosa sino como requisito de formalidad y de recto proceder.

Y con ello llegamos a ese “señor de la ventanilla”, es decir, a la denostada “burocracia”. ¡De qué manera tan despachada se proclama esa estúpida consigna de “acabar con la burocracia”!

Pues se olvida que los funcionarios no están para dificultar el despliegue de la imaginación fecunda de los ciudadanos ni para cortar las alas al dinámico empresario “schumpeteriano” que quiere comerse el mundo con sus inventos e ideas innovadoras. Parece mentira que sea necesario recordar que ese señor, el funcionario público, es un garante de la legalidad y que su función consiste en que las actividades que se desarrollan en la vida social se acomodan a lo previsto en el Ordenamiento jurídico. Con todas las imperfecciones, con todas las limitaciones que un cometido tan amplio y relevante impone, pero siempre con la brújula imantada por el interés público.

Desde hace años no he regateado en mis escritos las críticas (espero que fundadas) a las instituciones y a su funcionamiento. En eso consiste nuestro oficio de juristas y más el de profesor universitario. Pero la descalificación atropellada de las misiones de los servidores públicos no solo es injusta sino que además es testimonio del escaso aprecio que se dispensa al principio de legalidad, que no es una bagatela sino el estandarte de más colorido del Estado de Derecho.

Sean pues bien recibidas las modificaciones legales que tienden a facilitar al ciudadano sus relaciones con las Administraciones públicas. Pero sean mal recibidas y rechacemos las que, de paso, aprovechan para descalificar a los funcionarios públicos y su imprescindible función social.

Francisco Sosa Wagner

El tribunal de cuentas, pide cuentas

Recientemente, el Tribunal de Cuentas de España ha remitido un cuestionario a aquellos municipios con remanente de tesorería negativo a 31 de Diciembre de 2008, incluso a aquellos donde las competencias en materia de tutela financiera han sido delegadas en su Comunidad Autónoma.Este indicador de la liquidez o falta de liquidez en caso negativo, nos suministra información sobre el fondo de maniobra y viene a indicarnos a cuanto asciende la diferencia acumulada entre ingresos y gastos, es decir, si con los fondos líquidos y cobrándose lo que hay como pendiente de cobro se podría pagar lo que queda como pendiente de pago.

El remanente de tesorería ha sido ampliamente tratado, con numerosas críticas en cuanto a su falta de imagen fiel y a la grave distorsión que puede llegar a provocar debido principalmente a los siguientes motivos:

a) Los pagos pendientes de aplicación realizados sobre gastos no reconocidos y contabilizados en la cuenta 555, que provocan una distorsión en la imagen fiel de la liquidez de las Corporaciones Locales.

b) No incluir saldos de dudoso cobro, no dar de baja derechos de imposible cobranza y el reconocimiento de ingresos de naturaleza incobrable o incierta con la ilusión financiera que provoca.

c) La falta de inclusión de gastos pendientes de reconocer y financiados con ingresos que ya han podido ser gastados por el llamado principio de caja única (gastos con financiación afectada acumulados positivos)

d) No reconocer gastos que se han llegado a producir y que pueden estar o no contabilizados en la cuenta 413.

Las principales preguntas que se hace ahora el Tribunal de Cuentas las podemos resumir en los siguientes aspectos, relacionados con el remanente de tesorería contable, y la aplicación real del artículo 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) ante la aprobación de cualquier tipo de plan de saneamiento y su nivel de cumplimiento:

1.- ¿A que ejercicio se remonta la situación de desequilibrio financiero que refleja el remanente de tesorería a 31 de Diciembre de 2008?

2.- ¿Cuál es la fecha de aprobación definitiva de los presupuestos del periodo 2008-2011?

3.- ¿Detalle del remanente de tesorería del año 2009?

4.- Breve descripción de los motivos que han impedido el cumplimiento de la obligación de rendición de la Cuenta General de 2009 al Órgano de Control Externo.

5.- ¿Detalle del remanente de tesorería de año 2010?

6- Detalle de las modificaciones presupuestarias financiadas con excesos de financiación afectada y remanente de tesorería para gastos generales en los ejercicios 2009 y 2010.

7- ¿Se han adoptado alguna de las medidas previstas en el artículo 193 TRLRHL para sanear el remanente de tesorería negativo del 2008? ¿se elevó a pleno la reducción de gastos del presupuesto del 2009 conforme al artículo 193.1 TRLRHL? ¿aprobó la concertación de alguna operación de crédito de las reguladas en el 193.2 TRLRHL? ¿adopto la medida del 193.3 TRLRHL aprobando el presupuesto del ejercicio siguiente con superávit?

8.- ¿Se elevo al pleno propuesta de adopción de alguna de las medidas del artículo 193 TRLRHL, pero fue rechazada?

9.- Condiciones financieras de dichas operaciones de legislatura.

10.- ¿Se acogieron a las medidas de endeudamiento previstas en el RD 5/2009 de 24 de abril de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, mediante el saneamiento del remanente de tesorería negativo del 2008 y el pago de deudas pendientes de reconocer?

11.- Condiciones financieras de las operaciones concertadas conforme al RD 5/2009.

12.- Planes aprobados en el año 2009, distinguiendo entre los aprobados por ahorro neto negativo, por falta de estabilidad presupuestaria, por el RD 5/2009, debido a un plan de normativa autonómica o por otros motivos.

13.- Previsiones del plan de saneamiento aprobado por capítulos económicos de ingresos y gastos de los importes previstos liquidar para los ejercicios 2009 y 2010, y los efectivamente liquidados.

14.- Remanente de tesorería previsto liquidar para el año 2009 y 2010, en los planes aprobados.

15.- Descripción de las principales medidas de saneamiento.

En cuanto a los municipios afectados por este cuestionario sabemos que de los 8.114 municipios, 6911 suministraron información sobre sus cuentas del año 2008 y de estos 926 presentan remanente de tesorería negativo (según se desprende de “Haciendas Locales en cifras 2008” del Ministerio de Economía y Hacienda). El número sería superior de incluir saldos de dudoso cobro, dar de baja créditos prescritos, fallidos e incobrables, registrar las desviaciones reales de los gastos con financiación afectada y eliminar las graves distorsiones que pueden llegar a provocar los pagos pendientes de aplicación, y en ultima instancia cuantificar el efecto de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

Según los datos del año 2009 los municipios que suministraron información sobre sus cuentas ascienden a 7.458 y el número de municipios con remanente de tesorería negativo pasa de 926 a 897, pese a que son 438 municipios los que se acogen al RD 5/2009. Es de esperar un aumento en el número de municipios con remanente de tesorería negativo a partir del año 2010, debido al aumento en la remisión de cuentas como consecuencia del efecto del artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible, a la caída de ingresos en los años 2009 y 2010 como consecuencia de la crisis económica y especialmente de los ingresos urbanísticos y al posible incumplimiento de los planes aprobados en base al mencionado RD 5/2009.

Es importante aclarar que la falta de implantación de las medidas establecidas en el artículo 193 TRLRHL, sobre lo que se insiste en el cuestionario, o en su defecto la implantación del correspondiente Plan de saneamiento conforme a la STS de 20 de Noviembre de 2008 puede suponer la impugnación del presupuesto. Dicha Sentencia contempla la aprobación plenaria de un Plan de saneamiento con anterioridad a la aprobación del presupuesto, como una medida que eximiría de una posible impugnación del presupuesto por no tomar las medidas del artículo 193 TRLRHL.

Finalmente la aprobación de planes de saneamiento de cualquier tipología y su nivel de cumplimiento, aparecen también como cuestiones de especial interés para el Tribunal de Cuentas, así como el nivel de ejecución de las medidas aprobadas.

Al margen de la continuidad del Tribunal de Cuentas en este tipo de fiscalizaciones y sus posibles consecuencias, para cualquier tipo de análisis sobre la realidad local se hace imprescindible una mayor imagen fiel del remanente de tesorería y para un control del mismo un mayor seguimiento y exigencia en el cumplimiento de las medidas aprobadas con un Plan de Saneamiento.

 Alfredo Velasco Zapata