Smart Cities o como avanzar a un mundo feliz

En este contexto de crisis económica surge lo “smart” como solución a casi todos nuestros problemas. Al parecer, nos encaminamos hacia un mundo smart, en el que todas las cosas que nos rodeen serán inteligentes y nos harán la vida mucho más cómoda y agradable. Es cuestión de tiempo. Los mejores centros de investigación de todo el mundo, junto con las grandes empresas de tecnología se afanan para que en un periodo de tiempo razonable habitemos en un entorno inteligente. O, al menos, en un entorno más inteligente que en el que ahora vivimos.Para describir este nuevo fenómeno se utiliza el concepto smart city o ciudad inteligente. De repente nos encontramos con que un buen número de ciudades aspiran a ser inteligentes y para demostrar su firme convicción empiezan por completar su nombre con el calificativo en inglés: smart. Proliferan, además, los congresos, jornadas, cursos y otros eventos difundiendo las bondades de la ciudad inteligente. Ha comenzado la carrera a ver qué ciudad es la más smart, con la consiguiente elaboración de distintos ranking para premiar a la ganadora. Por si fuera poco, ya hay quien se plantea emitir certificados para acreditar la inteligencia de las ciudades, previa superación, como es de rigor, de las pruebas pertinentes.

La prensa empieza a hacerse eco de esta nueva realidad e identifica las smart cities con un mundo feliz. En el suplemento de negocios del periódico el País del día 27 de noviembre aparece un extenso artículo que llevaba por título “Las ciudades inteligentes ya están aquí”, en el que cinco expertos reflexionan sobre las ciudades inteligentes. En ese mismo suplemento se incluye un artículo firmado por la consejera delegada de Siemens España, que bajo el título “El mañana sostenible de Danica” habla de la necesidad de ofrecer soluciones globales innovadoras y sostenibles para la gestión de las ciudades y concluye diciendo que “Sólo las ciudades que sean capaces de anticiparse a las necesidades futuras de sus habitantes ocuparan los primeros puestos en los rankings de la mejoras ciudades para vivir y tendrán un papel vital en el desarrollo económico mundial, lo que significa una mayor calidad de vida y oportunidades de desarrollo para los ciudadano. No debemos privar a nuestros hijos de la posibilidad de vivir en un mundo mejor”. Al parecer, ya tenemos nuestra utopia hacia la que avanzar.

Ante este nuevo fenómeno uno se pregunta qué hay realmente detrás de esta envoltura: ¿Es cosa de algunos humanistas –o lo que ahora se denomina pensadores sociales- teorizando sobre la ciudad ideal, como hicieran Platón y Moro? ¿Forma todo esto parte de una gran campaña de marketing promovida por un grupo de filántropos para hacernos soñar con un futuro mejor y para que olvidemos el duro presente? ¿Hay acaso un conjunto de empresas que bajo el eslogan publicitario “smart cities: hacer mas con menos” quieren vendernos sus productos y servicios?

Algo de todo esto hay en el fenómeno complejo de las denominadas ciudades inteligentes, como se puso de manifiesto en el Smart City Expo World Congress, celebrado en Barcelona los días 29 de noviembre a 2 de diciembre. En el origen de este fenómeno hay una investigación sobre los cambios en las ciudades y los problemas y oportunidades que estos cambios van a provocar. Un claro ejemplo es la línea de investigación que sigue el Senseable City Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que tiene por objeto la ciudad en tiempo real, mediante el despliegue de sensores que ofrecen información inmediata sobre todo lo que está pasando en la ciudad.

Hay también detrás del fenómeno de las smart cities importantes avances tecnológicos -en particular en todo lo relativo a las tecnologías de la información y la comunicación-, que aplicados a las infraestructuras y servicios urbanos ofrecen, se dice, una gestión eficiente de la ciudad. El fenómeno smart city tiene mucho que ver con los avances que se están produciendo en lo que se denomina la internet de las cosas (IoT), que consiste en la conexión a la red de todo tipo de dispositivos y objetos, generando e intercambiando información. Todo esto parece ciencia ficción pero al parecer no lo es.

Y detrás de este rótulo hay, indudablemente, oportunidades de negocios para algunas empresas. Las grandes empresas dedicadas a ofrecer aplicaciones y soluciones en tecnología de la comunicación –Telefónica, Cisco, IBM, Siemens, Indra, Atos … -, junto con otras empresas dedicadas a la ejecución de infraestructuras y a la prestación de servicios urbanos –Ferrovial, FCC, Urbaser, Agbar… – y algunas del sector energético –ENDESA, Repsol …-, se han dado cuenta de que las necesidades y problemas que tienen las ciudades pueden generar nuevas oportunidades de negocio.

El merito de estas empresas es hacer ver los grandes retos que tienen planteados las ciudades en este comienzo de siglo, creando la necesidad de afrontarlos para ofrecer a sus ciudadanos calidad de vida. El relato utilizado por estas empresas para que los poderes públicos y la ciudadanía tomen de conciencia de estos retos es ciertamente sugerente. Se habla de una nueva revolución urbana, de visión holística de la ciudad, de eficiencia, de sostenibilidad, de tecnología y conectividad, de gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos, de colaboración público-privado como fórmula mágica, de liderazgo, de nuevos negocios y empleos… . En suma, se nos ofrece un mundo lleno de posibilidades: ciudades inteligentes para ciudadanos inteligentes. Véase, si no, el reciente estudio de la Fundación Telefónica titulado “Smart Cities: un primer paso hacia la internet de la cosas”.

Se nos dice que sólo las ciudades que encaren con decisión estos retos serán smart y obtendrán el correspondiente certificado de inteligencia. Hay que suponer que las demás seguirán siendo estúpidas y gestionando de forma torpe e ineficiente sus servicios. El dilema de las ciudades está servido: hacerse inteligentes y gestionar de forma eficiente los servicios para conseguir más con menos o quedar sumidas en la estupidez y seguir dilapidando con una gestión ineficiente los cada vez más escasos recursos económicos.

Ya hay experiencias piloto que se pueden tomar como referencia para que las ciudades avancen por la senda de la inteligencia. La ciudad japonesa de Yokohama demuestra su inteligencia combinado de manera efectiva diferentes tecnologías y mecanismos de toma de decisión para reducir emisiones de CO2 y su dependencia energética de los combustibles fósiles. Niza, por su parte, hace una apuesta inteligente por la gestión integral de la movilidad urbana, en la que están previstas diferentes intervenciones tanto en el transporte público (reducción del precio del billete, impulso a las bicicletas y coches eléctricos) como en el establecimiento de vehículos en la calle y la gestión del tráfico mediante la sensorización intensiva del entramado urbano.

En España no nos quedamos rezagados. Hay varias ciudades que están experimentando la aplicación de tecnologías innovadoras de la comunicación y la información en la gestión de las infraestructuras y servicios urbanos. Una experiencia interesante es la de Santander con el proyecto SmartSantander, que está sirviendo como laboratorio de ensayo para la aplicación de los avances tecnológicos relacionados con la Internet de las cosas (IoT) Para ello se han desplegado en determinadas zonas de la ciudad un conjunto de dispositivos (sensores, captadores, cámaras, terminales móviles…) capaces de ofrecer información durante las 24 horas del día: previsión meteorológica, medición de niveles de ruido y contaminación, tráfico… Esta extensa red informativa está gestionada por una plataforma capaz de almacenar de forma integrada y local los datos transmitidos. Toda esta información deberá servir para una mejor gestión de los servicios urbanos y para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

En Malaga, a través del proyecto smarcitymalaga, se apuesta por responder a los retos energéticos del siglo XXI, impulsando la eficiencia, las energías renovables, la utilización de las redes inteligentes (smart grids) y el uso del vehículo eléctrico. Se parte de una nueva concepción del negocio energético –que está por llegar-, basada en la gestión descentralizada y en la implantación de redes inteligentes, lo que permitirá la interacción con el cliente. El propósito final es reducir el consumo de energía en edificios y en el transporte, reducir emisiones de CO2 e incrementar el uso de energías renovables mediante la autogeneración para contribuir al objetivo del 20/20/20.

Es inevitable que algunas ciudades o municipios –o más bien sus gobernantes- tengan la tentación de utilizar esta etiqueta de moda para tapar un pasado reciente caracterizado por una gestión nefasta o como un simple recurso de markentig para su promoción, para lo que llevarán a cabo alguna actuación smart que se encargarán de difundir por todos los medios. Existe el riesgo de que se trivialice este fenómeno y que todas las ciudades y municipios cambien su denominación y la completen con el calificativo smart: smartPozondón, smartJadraque, smartUsón; smartMarcén… .

Pero no se puede desconocer que los avances tecnológicos que ahora se están experimentando y otros que, sin duda, irán surgiendo van a provocar y están provocando cambios importantes en el desarrollo de las ciudades. La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a las infraestructuras y servicios urbanos se llevará a cabo de la misma forma que se han aplicado estas tecnologías en las empresas para la mejora de los distintos procesos como la producción, relación con proveedores, relación con clientes… .

Cada ciudad, cada municipio, teniendo en cuenta sus necesidades y problemas, deberá trazar su propia senda buscando soluciones a medida para poder rentabilizarlas. Ello exige un diagnóstico o un análisis previo de la situación de las distintas infraestructuras y servicios urbanos –ciclo del agua, recogida y tratamiento de residuos, movilidad y transporte, alumbrado público, gestión de grandes equipamientos culturales y deportivos, medio ambiente… .- para poder valorar en cuál de ellas es razonable aplicar las innovaciones tecnológicas que permitan una gestión más eficiente y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Está claro que el contexto económico actual no parece el más propicio para financiar las inversiones necesarias para la instalación de estas tecnologías en las distintas infraestructuras y servicios urbanos. En algún caso se propone como solución que estas inversiones se financien con el ahorro de costes derivado de las mejoras introducidas en determinadas infraestructuras y servicios urbanos. Existen ya algunas experiencias de financiación de las mejoras con el ahorro de costes en la gestión del alumbrado público y de edificios públicos.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha adjudicado la gestión integral del alumbrado público –que incluye el suministro de electricidad y la mejora, mantenimiento y reparación de todas las instalaciones- a la empresa de servicios energéticos ETRALUX, por un plazo de diez años. El precio que percibe esta empresa como contraprestación es un poco menor al coste que suponía para el Ayuntamiento el consumo eléctrico del alumbrado y el mantenimiento de las instalaciones antes de la adjudicación del contrato. De manera que la empresa de servicios energéticos amortizará las inversiones que se compromete a realizar con el ahorro que obtenga con las mejoras que introduzca en la gestión del alumbrado público. Por un modelo de gestión parecido ha optado Bilbao Kirolak (organismo municipal del Ayuntamiento de Bilbao encargado de la instalaciones deportivas), adjudicando la gestión energética integral de todas las instalaciones deportivas a la Unión Temporal de Empresas integrada por FERROSER –empresa filial de FERROVIAL- y TECMAN.

En fin, estas experiencias pueden servir de modelo para la gestión y financiación de otros servicios urbanos. No obstante, la aplicación de las nuevas tecnologías en las infraestructuras y servicios urbanos exigirán, sin duda, revisar los actuales modelos de gestión y financiación y también la forma de planificar la ciudad.

Pedro Corvinos Baseca

De recortes, sistema productivo y errores imperdonables…

Afronta el país un ajuste del déficit público que, en el conjunto del sector público, oscila según los analistas y en función del resultado del déficit en 2011, entre 20.000 y 40.000 millones de euros. No está de más recordar, para adquirir cierta conciencia de las cifras de las que hablamos que, según los presupuestos generales del Estado para 2011, el gasto del Estado en seguridad ciudadana no llega a los 5.400 millones de euros, similar al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. El gasto total en pensiones contributivas y no contributivas ronda los 112.000 millones de euros, el gasto en autonomía personal y atención a la dependencia gira en torno a los 1.500 millones de euros, el de vivienda no llega a 1.200 y el de prestaciones a desempleados y fomento de la inserción y la estabilidad laboral apenas alcanza los 38.000 millones de euros. La previsión de amortización y gastos financieros de la deuda pública para 2011, que no pudo tomar en consideración las ínfulas de la ya famosa prima de riesgo, alcanzan los 74.000 millones de euros, con tendencia a un rápido y muy preocupante crecimiento que contrasta con el estancamiento de ingresos y la probabilidad de recesión y, en consecuencia, de caída del producto interior bruto. Que cada cual elija dónde aplicar la tijera, sin olvidar el gasto sanitario y educativo que gestionan la totalidad de las Comunidades Autónomas. Hasta aquí los recortes.Y es el caso que, pese a todo y advertidos los riesgos del rápido crecimiento de los gastos financieros, la situación del déficit y el volumen de deuda que afronta el sector público español, siendo ambos elevados, no alcanza los niveles de otros Estados europeos. El problema en España, a mi juicio, se agrava realmente al tomar en consideración unos mecanismos ineficientes de gobernanza, alumbrados en el posibilismo de la transición pero que parece conveniente replantear hoy, y la estructura de nuestro sistema productivo, en el que el peso de la actividad inmobiliaria fue tan elevado, y tan alto el nivel de captación de recursos financieros, que ha entrado en quiebra, precisado de una profunda reestructuración.

No puede alegarse ignorancia. El debate sobre el excesivo endeudamiento familiar y de las empresas a que han dado lugar el funcionamiento del sector inmobiliario y el sistema hipotecario español estaba vivo, aunque soterrado por la verdad oficial, en la España del inicio de la actual crisis. Los trabajos de economistas como García Montalvo lo acreditan sobradamente (J. García Montalvo, “Deconstruyendo la burbuja inmobiliaria: expectativas de revalorización y precio de la vivienda en España”, Papeles de economía española, nº. 109, pp. 44-75). Pero es que, ya en relación con la burbuja anterior Naredo había explicado en 1996 “su principal causa de origen interno: el alegre endeudamiento público y privado contraído durante el auge que pesa ahora como una losa de plomo sobre la demanda interior, cuya recuperación tantas veces anunciada no acaba de consolidarse” (J. M. Naredo, La burbuja inmobiliario-financiera en la coyuntura económica reciente (1985-1995), Siglo veintiuno de España editores, Madrid, 1996, p. IX), mientras que, un tercer economista, Fernández Durán, avisaba en 2006 que “a corto plazo, es muy factible que estalle la burbuja especulativa inmobiliaria internacional, empezando probablemente en EE.UU., y que ello tenga una aguda repercusión mundial […] El intento de desplazar en el tiempo (hacia el futuro) y amortiguar los ciclos económicos capitalistas, mediante la creación de liquidez sin freno, parece haber tocado a su fin. Todo ello puede contribuir al estallido de una burbuja inmobiliaria internacional, que puede provocar una depresión-deflación planetaria… […]. Además, la repercusión sobre la «economía real» será mucho mayor en caso de estallido de una burbuja inmobiliaria, que en el de una bursátil (como la de 2000-2003)… […]. El problema es que ahora esa situación se trasladaría a escala global, con consecuencias imprevisibles” (R. Fernández Durán, El tsunami urbanizador español y mundial. Sobre sus causas y repercusiones devastadoras, y la necesidad de prepararse para el previsible estallido de la burbuja inmobiliaria, Virus editorial, Barcelona, 2006, pp. 63-65). Pese a ello, el conjunto de nuestros poderes públicos y económicos asumieron acríticamente y con gran complacencia un sistema productivo, centrado en la actividad inmobiliaria y potenciado por un sistema hipotecario, también impulsado decididamente en la transición y propugnado en los Pactos de La Moncloa, cuyo funcionamiento, sin controles efectivos, ha puesto periódicamente en cuestión la viabilidad económica del país y derechos básicos de los ciudadanos. Éste era nuestro sistema productivo, hoy caído.

Y llegamos así a los errores imperdonables, si es que sólo se trató de errores. La realidad descrita por los economistas citados, objetivable, fue valorada de diferente modo por el Banco de España que llegó a decir, en fechas similares y sobre los mismos datos, que “la posición financiera del conjunto de los sectores residentes continúa siendo compatible con el mantenimiento del dinamismo actual de la economía española. No obstante, el intenso crecimiento de los compromisos financieros de familias y empresas y la elevada concentración de sus inversiones en el sector inmobiliario siguen incrementando la sensibilidad de las decisiones de consumo, inversión y empleo a la evolución de los tipos de interés y de los precios de la vivienda. […] En todo caso, la fortaleza de los balances bancarios tiende a amortiguar el posible alcance de los riesgos de naturaleza financiera que inciden sobre el comportamiento del gasto de la economía en el medio plazo” (Informe anual 2005, Banco de España, Madrid, 2006, p. 152). Tan solo un año después, el mismo Banco de España continuó con su optimista valoración de la situación, avisando ya de algunos riesgos no suficientemente ponderados, al afirmar que “durante 2006 se produjeron algunos desarrollos positivos relacionados con la posición financiera de las familias. Así, el precio de la vivienda continuó desacelerándose suavemente, en línea con un escenario de normalización gradual del mercado inmobiliario. Además, se redujo la tasa de expansión del crédito para adquisición de vivienda, aunque la moderación del crecimiento de la financiación se vio frenada por un renovado auge de los préstamos para consumo. El mantenimiento del dinamismo del consumo y la inversión residencial a medio y largo plazo requiere una mayor contención del ritmo de avance del endeudamiento de los hogares. […] la situación financiera de las sociedades continuó siendo sólida, lo que, junto con las todavía holgadas condiciones de financiación, configura un entorno que sigue siendo propicio para un avance sostenido de la inversión productiva privada. La solidez de la situación patrimonial de las entidades de crédito, por su parte, continúa constituyendo un importante elemento de fortaleza que limita el posible alcance de los riesgos de naturaleza financiera sobre las perspectivas macroeconómicas a medio plazo” (Informe anual 2006, Banco de España, Madrid, 2007, p. 136). La fecha de publicación del informe anual de 2006, ya en el 2007 del estallido de la burbuja, es significativa. La verdad oficial continuaba siendo el “aterrizaje suave” o, en palabras de nuestro antiguo banco central, “suave desaceleración”. No pasaba nada, en un suspiro todo pasaría y volveríamos a cabalgar.

Aunque en 2005 el Banco de España sí se refirió a la burbuja tecnológica, la burbuja inmobiliaria española no mereció su atención, ni tan siquiera una mención mínimamente atenta como factor relevante en los informes de 2005 a 2010, aunque lo era, sin lugar a dudas (J. L. Campos Echevarría, La burbuja inmobiliaria española, Marcial Pons, Madrid, 2008, pp. 107-143; o, con tono divulgativo, J. L. Ruíz Bartolomé, Adios, ladrillo, adiós. Claves para superar el crash inmobiliario, Libroslibres, Madrid, 2010, pp. 15-33). No sólo es sorprendente esta omisión. Todavía lo es más la desconexión entre los riesgos sistémicos vinculados al sector inmobiliario que estaba asumiendo el sistema financiero español, especialmente cuando se advierte que en los propios informes del Banco de España se afirmaba la clara sobrevaloración de las viviendas tratando de compensarlas, primero, con genéricas referencias a su posible absorción futura y, ya a partir del año 2006, cuando el aterrizaje suave empezaba a ser forzoso, omitiendo pura y simplemente la cuantificación de la sobrevaloración que se cifró entre el 14% y el 23% en 2003, el 24% y el 35% en 2004. La sobrevaloración se trasladaba directamente al sector financiero cuando las viviendas se adquirían con préstamos hipotecarios sobre tasaciones que, frecuentemente, elevaban los precios para ajustarse a la cuantía del préstamo solicitado sin hacer indispensables garantías adicionales. No esrazonable pensar que los medios y capacidad del servicio de estudios del Banco de España condujesen a análisis tan tenues de una realidad económica tan evidente conforme a patrones que, además, tenían precedentes.

Lo cierto es que los excesos de lo que se ha dado en llamar la “década prodigiosa” del sector inmobiliario español están en el origen de los actuales problemas y de la interrupción de las políticas públicas de provisión de vivienda asequible, digna y adecuada. Esta quimera inmobiliaria concretada en una inmensa burbuja inmobiliaria y elevados y cuantiosos riesgos crediticios, cuya existencia fue negada por la mayoría de políticos, financieros, empresarios y economistas, dio paso al actual colapso financiero, a un escenario de crédito decreciente y encarecido, condicionado por la situación exterior y las dificultades para la captación de financiación, y subordinado a la recuperación del equilibrio en las cuentas del sector financiero limitando su exposición al sector inmobiliario. En ese contexto ha de valorarse un modelo hipotecario y de acceso a la vivienda que continúan primando el acceso en propiedad sobre otras alternativas, que continúan alineando las políticas públicas de vivienda con las políticas económicas de fomento de la actividad del sector de la construcción, que mantienen a la administración y a posibles operadores sin ánimo de lucro en un papel subsidiario, marginal y decreciente con respecto a otros operadores económicos inmobiliarios y financieros. La historia de las políticas de vivienda en España se repite periódicamente porque sus bases financieras y objetivos económicos no han cambiado nunca.

Y no es un tema técnico, desconocido o inaccesible a la política. Los responsables políticos, de cualquier signo, que intercambiaron su posición en los años 1996-2004 y 2004-2011 impulsando unos y asumiendo otros, incluso gozosamente, el modelo imperante, no pueden en modo alguno alegar ignorancia acerca de las causas y consecuencias de la orgía de endeudamiento en que el país cayó de 1996 a 2006. Durante la tramitación de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, la enmienda número 23, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, propuso introducir un nuevo artículo 25bis en la Ley 2/1981 con un conjunto de límites legales al crédito hipotecario. Se trataba de imponer reglas más rigurosas que las vigentes, que condicionasen imperativamente el juicio de solvencia del cliente que han de realizar las entidades de crédito. Para ello, se proponía establecer restricciones de carácter temporal, por un lado, con un calendario que acababa limitando el plazo máximo de amortización a quince años, y de índole subjetiva, por otro, calculando un límite máximo por referencia al peso porcentual del pago mensual conjunto de intereses y devolución del principal sobre los ingresos personales o familiares de los obligados en las operaciones de crédito hipotecario, que acababa limitado al treinta por ciento de éstos. La enmienda recibió un voto a favor, un solo voto, treinta en contra y cuatro abstenciones. Mal consenso.

Julio Tejedor Bielsa

La errónea condecoración de cuerpo

Perdón si suena mal el título, aunque a lo mejor era cosa de estudiar si no hay productos de nuestros poderes públicos, merecedores de ser incardinados en una suerte de coprología jurídica. Pero, sin perjuicio de la opinión que saque cada quién del asunto a reseñar, el comentario versa sobre cuerpos y carreras funcionariales.Como todos hemos visto recientemente, el Ministerio de Justicia, tras coronarse de gloria propiciando un indulto escandaloso, quiso ser agradecido, lo que es loable, con algunos de los más sacrificados colectivos de servidores públicos que han padecido y luchado contra el terrorismo etarra al que parece querer darse por finiquitado. Ojalá. En ese sentido –y partiendo de que las Fuerzas Armadas dependen de otro departamento- el señor Caamaño Domínguez quiso premiar con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort los esfuerzos y sufrimientos de la Magistratura, incluida la del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, de la llamada “administración de la Administración de Justicia” y, cómo no, de la Policía Nacional y la Guardia Civil que, por cierto, dependen tanto del Ministerio de Justicia como las policías autonómicas o locales.

Para ello se expidieron media docena de Reales Decretos, registrados como 1746 a 1751/2011, todos firmados el 25 de noviembre. Su motivación, previa a la concesión de la condecoración, era la misma: “la defensa de los derechos y libertades frente a la violencia terrorista y desde el reconocimiento a todas las víctimas que permanecerán por siempre en nuestra memoria”.

Pero la chapuza fue colosal porque, si bien el BOE de 29 de noviembre, otorgó tal medida honorífica de fomento, correctamente, a la Carrera Fiscal, a algunos colectivos funcionariales de la Justicia y a los Cuerpos de la Policía Nacional y Guardia Civil, sin embargo, premió a todos y cada uno de “los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional”, así como “a los Secretarios Judiciales”, sin diferencia ni distinción.

Eso significaba, en claro agravio para los juristas que, tras toda una vida consagrada al Derecho, habían recibido tal Cruz –y casi siempre en una categoría inferior-, que cualquier persona salida de la Escuela Judicial o recién posesionada en la Secretaría de un Juzgado, tenía derecho a encargar la distinción y lucirla, a conveniencia, sobre la toga. Tampoco había diferencias por la actitud de los distinguidos hacia el terrorismo; daba lo mismo haber sido beligerantes, tibios o incluso tolerantes, que de todo hay en la Viña del Señor y eso de que el valor se presume está en claro desuso.

Tamaña barbaridad tuvo que ser anulada, justamente el día de la Constitución, mediante la fórmula fácil de la corrección de errores, que todo lo aguanta, como bien sabemos los que nos dedicamos al mundo local, a propósito del ROF.

Así, se rectificó que donde dice: «a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional», debe decir: «a la Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional». Y donde dice: «a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia», debe decir: «al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia». También se aprovechó para aclarar que, donde uno de los Reales Decretos, premia «a la Abogacía del Estado», debe decir: «al Cuerpo de Abogados del Estado».

Que un yerro tan de bulto –y repetido en más de una disposición- no haya sido detectado por los filtros de los servicios jurídicos del Estado, asusta. ¿O es que se prescinde de ellos y se mandan al Boletín, a las bravas, las cuestiones más solemnes?

En todo caso, aunque seamos condescendientes con este dislate, debemos preguntarnos si tal otorgamiento inicial, a todos y cada uno de los jueces, magistrados y secretarios, no era un acto declarativo de derechos, necesitado para su eliminación de una rigurosa revisión de oficio. Puede parecer exagerado, pero hay que ponerse en la piel de quienes se sintieron durante una semana entera dignos destinatarios de tan insigne reconocimiento e incluso, con todo el derecho del mundo, pudieron ir a encargar la Raimunda a una conocida joyería en el Madrid de los Austrias.

Leopoldo Tolivar Alas

El colapso de nuestros ayuntamientos y la imaginación

Los problemas se nos amontonan, con su rugir feroz de garras y dientes afilados: desempleo, crisis de la deuda, déficit, peligro de recaída en la recesión… Pero este espanto de cifras macro y la angustia del desempleo no deben hacernos olvidar la delicadísima situación por la que atraviesan nuestras instituciones territoriales, autonomías y ayuntamientos, con toda su caterva de diputaciones, mancomunidades, consorcios y empresas municipales asociadas. No nos andaremos con rodeos. Si no se toman medidas de extraordinaria entidad, este conglomerado institucional puede colapsarse antes del próximo verano, colapso que ya ha comenzado por su parte más débil, los ayuntamientos. Cada día nos desayunamos con un nuevo desaguisado a las finanzas municipales: les cortan la luz, les cierran los tranvías, los equipamientos, sus trabajadores no cobran… Y esto sólo es el principio. Alcaldes y concejales apenas si tienen margen – o valentía – para actuar, y miran al cielo a la espera de un milagro que, desgraciadamente, no acontecerá.Los responsables políticos de estas instituciones, en muchos casos sin experiencia de gestión, no logran comprender lo irreversible de su dramática situación. En el fondo de su alma siguen pensando que alguien vendrá a resolverles la situación. “No pueden dejarnos caer, al final vendrá el Estado y nos darán el dinero que precisamos” repiten con la fe del mantra sagrado. Se equivocan. En esta ocasión, el Estado ni está ni se le espera. Son ellos los que tendrán que arreglar la situación en la que ellos mismos se metieron, al calor de la orgía de la euforía colectiva y de la irresponsabilidad de gestión que, entre todos, hemos tolerado cuando no alentado. Aquellos ayuntamientos que fueron prudentes se encuentran en la actualidad saneados, mientras que a los manirrotos y pintoreros – que son muchos – les aguarda el frío y el crujir de dientes de la ruina.

Si no hacen algo, irán inevitablemente al colapso. Es inviable que los gastos sigan subiendo con rapidez, mientras que los ingresos se estancan o retroceden. Los munícipes no saben cómo controlar esos gastos que en gran parte están predeterminados por férreos armazones legales, como, por ejemplo, las subidas salariales en las empresas municipales, normalmente generosas en las cláusulas de sus convenios. Algunas empresas municipales que no tienen dinero ni para pagar las nóminas, tienen que soportar subidas salariales superiores al 4%. Un disparate irresponsable que nadie sabe detener. El agujero se ha hecho de tal magnitud, que ni siquiera una acción más contundente de los munícipes serviría por sí sola para la solución. PSOE y PP – ojalá con el apoyo de otras fuerzas políticas – tendrán que alcanzar en esta legislatura dos grandes acuerdos en la materia. Uno, a corto plazo, de saneamiento municipal, y otro, para medio plazo, de redefinición de la arquitectura y entramado institucional español, claramente sobredimensionado, obsoleto, redundante e ineficiente, a pesar de lo mucho bueno que también nos ha aportado.

Para acogerse al plan de saneamiento municipal – algo parecido al fondo de rescate europeo – los municipios tendrían que comprometerse a unas medidas estrictas de control de su gestión municipal, con un reforzamiento del papel de los interventores y secretarios, y un riguroso cumplimiento de un plan de ajuste y disminución de déficits. Se permitirían las quitas a cambio de pronto pago, lo que aliviaría la deuda de los municipios.

A medio plazo serían precisas medidas más imaginativas y osadas, pero igualmente imprescindibles si queremos desfacer el entuerto en el que nos hemos metido. Las empresas no pueden pagar sus impuestos porque, a su vez, las instituciones no les abonan sus facturas, o viceversa. Una medida inteligente sería la de crear un sistema de compensación de créditos y deudas. Los ayuntamientos deben dinero a las empresas, y éstas, a su vez, a los ayuntamientos. En la mayoría de las ocasiones, la compensación de esos saldos resulta tarea imposible. Si se consiguiera realizar, tanto las empresas, como los ayuntamientos verían mejorar y sanear sus balances, al tiempo que se ahorraría una enorme cantidad de dinero en reclamaciones, recargos, abogados y pleitos. Si se alcanzara un gran acuerdo nacional podrían compensarse, incluso, los saldos entre las empresas y las distintas administraciones, lo que mejoraría tremendamente la situación patrimonial y de balance de empresas e instituciones.

Los municipios son grandes propietarios de activos de distinta naturaleza. Son ricos en bienes, pero carecen de la liquidez que precisan imperiosamente. Debemos facilitar el pago con activos mobiliarios o inmobiliarios para aquellos ayuntamientos que lo consideraran oportuno, así como embarcarse en colaboraciones público/privadas de diversa naturaleza. En algunas ocasiones, para salvar la prestación de determinados servicios públicos, se podría favorecer el copago en especie, esto es, la participación activa de los ciudadanos en la coproducción de servicios públicos, que trasciende el mero uso responsable de los recursos públicos. Podemos evitar el colapso de nuestra administración territorial. Pero solo si trabajamos de forma valiente, osada, imaginativa, a través de grandes acuerdos, y con una estrategia a medio plazo. Si no hacemos nada, irán cayendo una tras otra como un castillo de naipes. Aún podemos reescribir esta crónica de un colapso anunciado.

 Manuel Pimentel

El paro juvenil le cuesta a Europa 2.000 millones de euros cada semana

El fuerte desempleo que en Europa afecta a un 21% de los jóvenes de media -cerca de un 49% en España_ tiene un coste de cerca de 2.000 millones de euros cada semana para la sociedad europea, esto es, el 1 por ciento del PIB de los Veintisiete, según ha advertido este martes el comisario de Empleo y Asunto Sociales, Laszlo Andor.

El comisario ha comparecido este martes ante la prensa para recordar a los gobiernos europeos que en las arcas del fondo social europeo hay aún 30.000 millones de euros sin comprometer para los próximos dos años y les ha emplazado a lanzar nuevas acciones para recuperar la estabilidad en el mercado laboral.

"El peso que soporta la sociedad en estos momentos es de 2.000 millones de euros cada semana (...). Necesitamos una asociación importante entre las instituciones y los Estados miembros, pero también entre los Estados miembros y los interlocutores sociales", ha afirmado en rueda de prensa el comisario.

Andor ha insistido en que la situación es "seria y preocupante" y ha alertado de que la cifra de 7,5 millones de europeos de entre 15 y 24 años de edad que no estudian ni trabajan va "aumentando con la crisis" y provocan la "pérdida del conocimiento" en Europa.

Las dificultades para encontrar empleo también están obligando a "abandonar Europa" y esa es "tendencia que no puede continuar", ha advertido el comisario. "Tenemos el riesgo de perder una generación y es algo muy negativo para nosotros", ha insistido.

En esta situación, el Ejecutivo comunitario ha revisado el uso del Fondo Social Europeo y ha detectado que hay aún 30.000 millones de euros disponibles para el periodo 2012-2013 que no han sido comprometidos por el mal uso de los recursos o las dificultades de absorción de algunos países. España es uno de los países con "problemas" en el uso del fondo, en palabras del comisario.

Bruselas propone varias acciones para invertir los recursos comunitarios y ofrece a los gobiernos nacionales "asistencia técnica" para garantizar la optimización de la inversión.

Además plantea mejoras en medidas directamente financiadas por la Comisión tales como destinar 4 millones de euros a los Estados miembros para planes de 'garantía joven' para asegurar que quienes acaban la escuela logran un empleo o continúan su formación en un plazo máximo de cuatro meses tras dejar las aulas.

Otras ideas apuestan por utilizar becas de formación como Erasmus o Leonardo da Vinci para favorecer que los jóvenes logren su primer empleo en empresas (hasta 130.000 puestos en 2012), reforzar el programa europeo de Voluntariado para ofrecer 10.000 vacantes, dedicar 1,3 millones para impulsar las ofertas para aprendices y usar 3 millones de euros para financiar planes de apoyo a jóvenes emprendedores.
EUROPAPRESS

Territorio, desarrollo rural, planta administrativa y gobernanza

No puede negarse que uno de los activos de nuestro país, por maltrecho que esté en algunas zonas, es nuestro territorio. Sobre el mismo se proyecta la acción de entidades públicas y privadas, no siempre fácil de articular. Sobre él confluyen múltiples intereses, frecuentemente contrapuestos. Entre territorios, con sus representantes al frente, se producen habitualmente curiosas prácticas de competencia, a escala local o autonómica. La riqueza de matices que cualquier acercamiento a la problemática territorial posee es inmensa. Ahora, desde la normativa de desarrollo rural estatal, que contempló la figura en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, y el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, se acaba de regular el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural mediante el Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre. Si la propia denominación del instrumento resulta atractiva, la proyección que la nueva normativa pretende darle, impulsándolo como herramienta de política económica general para el medio rural español, lo hace todavía más.La preocupación del legislador, impulsada por la Unión Europea hoy en crisis, por el desarrollo rural me lleva a reflexionar sobre los problemas que atraviesa la gobernanza del medio rural en España. Contamos con un medio rural extraordinariamente fragmentado desde un punto de vista administrativo, con una endémica debilidad financiera y densidades de población bajísimas, con una población envejecida y en franca regresión y graves dificultades, en el actual contexto de crisis y reconversión de lo público, para mantener un nivel de dotaciones y servicios que lo hagan ya no atractivo sino simplemente digno para la vida en sociedad. Y es que según datos del padrón de 2010 de los 8.114 municipios españoles 4.862 tienen menos de mil habitantes, de los cuales 1.058 cuentan con menos de 101 y 2743 entre 101 y 500 habitantes. Es la España interior la que reúne el mayor número de estos municipios, muy especialmente Castilla y León, Aragón y, algo menos, Castilla-La Mancha. En ellos, muy frecuentemente, resulta difícil afrontar la prestación de los servicios exigidos por la normativa de régimen local. En este contexto, ante la impotencia política para lograr una efectiva reordenación de la planta municipal, la importancia de las políticas de desarrollo rural y su percepción y conversión en auténticas políticas de desarrollo económico sostenible no pueden ocultarse.

Cualquier gestor guiado por criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad observará con sorpresa y preocupación el devenir de la administración en España. No sólo no se afronta la reordenación del mapa local como consecuencia de su evolución demográfica o los movimientos migratorios sino que se tiende a ignorar y aun agravar el problema. Hoy día, tras la implantación de las Comunidades Autónomas, que han potenciado un gobierno asimétrico del territorio, se siguen creando municipios, por segregación de otros mayores; se crean comarcas, como administraciones territoriales, en competencia con los propios municipios, pese a la dicción de la normativa básica de régimen local, y con las diputaciones provinciales; se cuestiona a las diputaciones provinciales, juzgándolas innecesarias una vez implantadas las Comunidades Autónomas en todo el territorio; pero asistimos también a creaciones como las veguerías de Cataluña, que, en la escena española, es la Comunidad Autónoma líder en administración local, con sus municipios, comarcas, veguerías y provincias aun dejando al margen otras entidades locales que proliferan en su territorio ¿Alguien da más? No creo que el problema, evidente, pueda ignorarse durante mucho más tiempo y las apelaciones al municipalismo, que se han traducido en cierto inmovilismo, no parecen dar mucho más de sí.

El atractivo de las políticas de desarrollo rural o del contrato territorial, a mi juicio, radica en que toman como centro al ciudadano del medio rural, a las explotaciones económicas típicas del mismo; fomentan el asociacionismo, las agrupaciones y asociaciones de titulares de explotaciones agrarias, gestión y aprovechamiento de montes o terrenos forestales o terrenos cinegéticos. Se trata de acciones públicas que centran su atención en los auténticos problemas de la tierra, los de sus habitantes, y tratan de afrontarlos evitando la despoblación del medio rural, generando una actividad agraria multifuncional que mejore la cadena de producción en el mismo, creando y conservando empleo rural, manteniendo los sistemas agrarios tradicionales. Pero, además, el contrato territorial se vincula estrechamente a la consecución de objetivos en relación con el medio rural mismo, conservando y restaurando la calidad ambiental, el suelo, el agua, el patrimonio natural y la biodiversidad, el paisaje rural y el patrimonio cultural o la consecución de los objetivos de la Red Natura 2000 u otros espacios de áreas protegidas, entre otros. Buscan, pues, otros agentes, otros destinatarios.

Vivimos tiempos críticos y la organización administrativa no puede quedar al margen, no quedará al margen. Se hace necesario un gran pacto de Estado que mejore la gobernanza del territorio, orgánica y funcionalmente. No es cuestión únicamente electoral, aunque lo electoral actúa como freno a la efectiva intervención sobre la planta administrativa. Cuestionar las provincias supone poner en cuestión la fundamental demarcación electoral. Cuestionar municipios insostenibles comporta debilitar la base de poder, por artificiosa que sea, de pequeños partidos de ámbito regional que tienen a gala su elevado número de alcaldes y concejales, que palidece si lo traducimos a número efectivo de ciudadanos representados. Cuestionar comarcas, veguerías u otros inventos coyunturales genera inseguridad e incertidumbre en un sistema de partidos que tiende a mantener las estructuras electorales que conoce y que, además, mimetiza la organización del partido mismo con esa planta local. En otras palabras, reorganizar la administración pública y reformar la planta y el sistema electoral tiene un profundo impacto sobre el sistema de partidos que sus actuales estructuras dominantes, que basan en el conocimiento del sistema actual su dominación, no parecen dispuestos a asumir.

Decía el preámbulo del Estatuto local de 1924, según nos recuerda E. Orduña Rebollo (Historia del municipalismo español, Iustel, Madrid, 2005, p. 181) que “el municipio no es hijo del legislador; es un hecho social de convivencia anterior al Estado, y anterior también, y además superior a la Ley”, así como que “el nuevo Estatuto admite la personalidad allí donde la Naturaleza la engendra, sin establecer requisitos de mero artificio que nunca han podido tener posible cumplimiento”. Quizá, pero el mismo Estatuto apuntaba diferencias entre unos y otros municipios, y otorgaba personalidad jurídica y plena capacidad a las entidades locales menores. Admitía la diversidad que hoy, en gran medida, negamos. No podemos continuar acumulando niveles de administración, inadaptados a la realidad sobre la que han de actuar o incapaces de hacerlo, para continuar cuestionando constantemente su eficacia y eficiencia. Es precisa una reflexión serena, seria y sin apriorismos que analice las necesidades de gobierno del territorio, las demandas de sus ciudadanos; que concrete las competencias que se proyectan sobre el mismo y el nivel de gobierno más adecuado para su ejercicio; que identifique los requerimientos mínimos para que una administración resulte sostenible y pueda hacer frente a las competencias que se le encomienden; que distinga entre los municipios los que han de configurarse como administración con competencia y responsabilidad directa de gobierno y los que han de ejercerla, por resultar inviables otras alternativas, a través de otros niveles de gobierno. Los sentimientos personales y colectivos de pertenencia a la tierra, la identificación identitaria con un lugar, son merecedores de todo mi respeto y consideración porque protegen la tierra y la pervivencia de núcleos de población que dan vida al territorio. Pero no necesariamente han de traducirse en la existencia de una administración pública territorial que sólo estará justificada cuando pueda desarrollar, conforme a los principios constitucionales, su genérica función de servicio a los intereses generales.

Julio Tejedor Bielsa

El plan de divergencia

Recientemente comenté algunas ideas acerca del mal dato de crecimiento del PIB en el tercer trimestre, y las negras perspectivas que auguraba; abundando en esta línea, se ha publicado la información correspondiente al saldo de la Seguridad Social y, como se esperaba, también ha sido malo.

Una primera lectura del saldo acumulado a Octubre arroja un superávit de 5.610 M. €, equivalente al 0,52% del PIB; pero el propio Ministerio de Trabajo e Inmigración informa que faltaban por contabilizar 900 M € de gasto, que reducirían esa cifra a 4.710 M €, es decir, el 0,44% del PIB. Comparado con el año pasado a esta misma fecha, el dato es preocupante, porque supone la mitad del saldo positivo que se registró entonces. Esta circunstancia es la consecuencia natural del pésimo comportamiento de las variables clave del mercado laboral: durante los últimos 12 meses, el número de cotizantes ha disminuido en 430.000 personas, y el de pensiones ha aumentado 128.000; cualquier sistema que se enfrentara a una situación parecida reduciría los márgenes.

Pero, además, las perspectivas para lo que resta de año no son nada optimistas, porque una parte considerable del gasto se concentra al final del ejercicio: como ejemplo, valga señalar que en apenas 2 meses, el año pasado el saldo dio la vuelta, concluyendo en un déficit equivalente al 0,2% del PIB; si, como temen muchos expertos, este año concluye de manera parecida, podría suceder que al final, la Seguridad Social produjera un déficit equivalente al 0,75% del PIB, es decir, -8.000 M €, aproximadamente.

Como dije en el anterior comentario, el pasado verano el Tesoro Público explicó a los analistas financieros más influyentes del mundo que su Plan de Convergencia a la ortodoxia europea aspiraba a terminar 2011 con un saldo equivalente al -6% del PIB, para que el próximo año fuera -4,4% y concluir 2013 llegando a la meta del -3%. Si, para simplificar los cálculos, suponemos que el PIB se mantuviese constante durante todo este tiempo en 1,068 Billones de €, que es el correspondiente a las cifras anualizadas del último trimestre, el citado Plan equivaldría a que las cuentas públicas concluyeran 2011 con un déficit de 64.000 M €; el próximo, -47.000 M €; y el deseado final se produjera en -32.000 M €; por cierto, arrancamos desde -98.000 M €, que es como se cerró 2010.

Para comprender mejor el alcance de los ahorros que el sector público en su conjunto debe realizar durante el próximo trienio, a lo mejor ayuda esta referencia: en 2009, que es el último año para el que el INE ha publicado los datos, la recaudación total por IRPF de toda España supuso 30.400 M €; es decir, el esfuerzo de ahorro de la Administración este año debería haber sido tanto como lo que entre todos los contribuyentes pagamos por la renta; y el año próximo, la mitad.

O, si se prefiere, esta otra referencia: el conjunto de medidas de ajuste del verano pasado (recorte del 5% en media de los salarios de los funcionarios, congelación de las pensiones, eliminación del “cheque-bebé”, reducción de la ayuda al desarrollo, etc.) pretendían conseguir un ahorro en el gasto público de 10.000 M €; es decir, que el Plan de Convergencia contemplaba para 2011 la reducción del déficit público en una cantidad equivalente a tres veces y media el recorte del año pasado, y eso antes de las desviaciones comentadas. Y, desgraciadamente hay que centrarse en el numerador, los gastos, porque no parece que el denominador, PIB, vaya a ayudar mucho en este esfuerzo que nos espera.

En este obscuro marco, el dato de la Seguridad Social del tercer trimestre ha sido una piedra más en la pesada carga que soporta nuestra economía, porque era el único componente de todo el balance de las cuentas públicas que podía terminar en positivo, aportando unos 4.300 M € al conjunto, mientras que los demás factores restaban cantidades importantes: 51.000 M € el Gobierno Central; 13.900 las Autonomías; y 3.200 las Corporaciones Locales (las tres últimas cifras, negativas, no se olvide).

Si el único factor que arrancaba en positivo y debía concluir igualmente en positivo, la Seguridad Social, parece que no cumplirá el objetivo en Diciembre; si las Comunidades Autónomas llevaban acumulado un importante déficit a mitad del ejercicio, que amenazaba el logro del objetivo anual; si las Corporaciones Locales atraviesan una dificilísima situación financiera que tiene a muchas al borde de la suspensión de pagos; y si además el PIB no creció el tercer trimestre y todos los síntomas apuntan a que puede caer durante el cuarto…. más que de convergencia a los criterios ortodoxos del euro, habría que hablar de divergencia. Por tanto, no nos extrañe que los analistas financieros que supervisan el cumplimiento de los objetivos propios auto-impuestos por el Tesoro tengan serias dudas del éxito, y actúen en consecuencia.

En vista de estos datos, me temo que mientras no cambie el ciclo y la economía recupere el crecimiento, a todos los contribuyentes nos esperan importantes sacrificios.

Tomás García Montes

Una subida del IVA podría hacer desaparecer "a un buen número" de autónomos, según UPTA

Una subida del tipo general del IVA podría suponer la desaparición de "un buen número" de los 784.625 trabajadores autónomos que desarrollan su actividad en el sector del comercio, como ya ha ocurrido en países como Italia y Portugal, según ha informado la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) en un comunicado.

Según la organización, un incremento de los impuestos indirectos retrasaría la recuperación del consumo, por lo que muchos pequeños comercios no podrían continuar su actividad.

No obstante, UPTA reconoce que el comercio es uno de los sectores que mejor se está comportando en lo que al trabajo autónomo respecta, ya que en términos interanuales registra un crecimiento superior a 4.000 activos, aunque esta tendencia ha cambiado en el último diferencial de octubre a noviembre, mes en el que se registraron 1.571 bajas.

Por todo ello, la organización confía en que el nuevo Gobierno cumpla su promesa de no subir los impuestos indirectos, al considerar que el simple rumor de que se pueda producir este incremento junto a la incertidumbre acerca de la liberalización de horarios están produciendo una "contracción" en la apertura de nuevos espacios comerciales.
EUROPAPRESS

Funcionarios andaluces, un éxito judicial

El Tribunal de Justicia de Andalucía dictó el día 2 de noviembre una sentencia notable que afecta a la función pública en el marco del procedimiento de protección de los derechos fundamentales. Se trata de un hito relevante en una polémica que viene de antiguo: la incorporación de personal en las nóminas de las Administraciones sin respetar el principio de mérito y capacidad.El asunto en el que se inscribe el pleito -muy bien llevado a mi entender por los abogados que han intervenido en él- había suscitado un gran revuelo. Tanto que llegó a la calle en forma de manifestaciones de funcionarios en Sevilla y a los medios de comunicación pues se publicaron artículos y análisis despiezando sus distintos elementos.

Veamos. La sentencia es la consecuencia de la demanda que interponen diecisiete empleados contra un Decreto de la Junta de Andalucía que contiene el estatuto de la Agencia andaluza de instituciones culturales. Argumento de la misma era la vulneración del derecho fundamental a acceder a la función pública conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la convocatoria, que son derechos reconocidos por los artículos 14 y 23 de la Constitución.

La Sala, tras rechazar las causas de inadmisibilidad opuestas por la representación letrada de la Junta de Andalucía, entra resueltamente en el fondo de la cuestión para hacer afirmaciones importantes. No se trata simplemente -dicen los magistrados- de “la huida del derecho administrativo” sino de algo bastante más inquietante: “es un desprecio al Estado de Derecho porque todos los trabajadores que se integran como personal laboral de la Agencia han eludido el acceso por esos principios de igualdad, mérito y capacidad”. Y es que nada menos que 534 empleados se habían colocado bajo el calorcito de la nómina pública sin pasar prueba fiable alguna, invocando tan solo lazos de parentesco o entrañable amistad con tal o cual personaje, coincidencia con ellos en sus respectivos sueños políticos o cercanía en sus posiciones sindicales.

Si bien tales lazos son apreciables para la convivencia social pues constituyen una prueba de la humana solidaridad y del entendimiento entre vecinos, es claro que la función pública no puede edificarse sobre ellos al ser las Administraciones públicas unas organizaciones que están pensadas para servir con objetividad los intereses generales. Y no para cobijar intereses de clientelas por muy tiernos que sean o aparenten ser.

Estamos ante un notable éxito de unos funcionarios que no han dudado en afrontar los inconvenientes y gastos que genera el ejercicio de acciones legales ante los tribunales de justicia para defender principios que no solo son los constitucionales vigentes sino que, añado por mi parte, son los más “revolucionarios” que existen en la Constitución española al garantizar que a una remuneración estable pública solo se accede superando pruebas públicas, con un temario conocido y realizadas ante un tribunal integrado por personas con competencia profesional acreditada.

He calificado de hito a la sentencia y, en efecto, así es si tenemos en cuenta que el hito es una especie de mojón o poste que sirve para indicar la dirección o la distancia en los caminos o para delimitar terrenos. En este caso, la dirección es la de seguir avanzando para hacer una realidad sin fisuras el respeto a esos principios constitucionales enunciados. Sabiendo -pues no hemos de caer en la ingenuidad- que es un desiderátum, una aspiración siempre inacabada como la historia de la Administración pública y de la función pública nos demuestran. Pero estar en ese camino y no extraviarse en él es esfuerzo que merece la pena.

Francisco Sosa Wagner

Hacer bulto

Como todos los ciudadanos-electores recibo estos días la ingente, incómoda y abrumadora cantidad de cartas que casi todos los partidos que aspiran a algún escaño nos envían estos días a casa. Suele comprender una carta del líder de la cosa, muy estudiadamente redactada para dar cierto aire de familiaridad y complicidad, o sea, para que le veamos cercano, colega y por otra parte respetuoso y serio en algunas ideas clave o ideas-fuerza que decidieron utilizar como principal argumento electoral (por cierto, dispendio que pagamos todos con cargo a los PGE). No es que tampoco animen a que uno vaya a la web a estudiar su programa; leer de primera mano las propuestas del partido equis ya sería la repera.Lo que me sorprende de toda esta propaganda, que con toda probabilidad va a ir a parar al archivo vertical, léase papelera en un brevísimo espacio de tiempo, es que sale el logo del partido, el susodicho líder con foto incluida y aparece su firma (lo que podremos utilizar en grafología para desvelar bastantes aspectos que nos ocultan). A la carta adjuntan las papeletas de los candidatos que se presentan por la circunscripción electoral, tanto las del Congreso como las del Senado, éstas, por supuesto premarcadas para facilitar el hecho en sí de votar.

Con suerte, el tan sólo cada cuatro años buscado elector, abre la carta y se le ocurre leer las papeletas e inmediatamente se pregunta, ¿pero quiénes son estos señores/as? Ni idea. Alguno suena porque ha estado ya de portavoz de alguna cosa e incluso es concejal y además quiere acumular un cargo en Madrid (probablemente dimitirá como concejal) pero el resto, ni le suena siquiera levemente.

Y bien, llega el día de las elecciones y el elector Nicanor deposita su voto, buen ciudadano. Realmente ha votado a un partido, a un líder y a una (supuesta) idea pero sigue desconociendo quiénes son los que figuran en la lista. He hecho un ejercicio con algún amigo: le he preguntado en reiteradas elecciones anteriores si podría citar a un par de diputados de su provincia. Con suerte ha recordado a uno. Conclusión: se vota a no-se-sabe-quien. Se vota, en definitiva para hacer mayoría, o lo que es lo mismo, para hacer bulto.

Los siguientes cuatro años, el feliz diputado se pasará gran parte de la semana en Madrid, en el Ave y con un i-Pad pagado por todos; tendrá como misión pulsar un botón y aplaudir o abuchear cuando le digan. Previamente ha recibido instrucciones de su grupo: a esto se dice que sí, a aquello que no, a eso otro, abstención. En lo de más allá, mejor ni vayas. Algún diputado o parlamentario ni siquiera tomará la palabra ni una sola vez en esos cuatro años, se limitará a lo dicho, a hacer bulto y apretar un botón cuando toque. Si el afortunado consigue estar más de siete años hasta tendrá una pensión. Así, no es de extrañar las puñaladas que se dan los correligionarios dentro de los partidos. Alguien decía eso de que hay amigos, enemigos y compañeros de partido.

Al cabo de un par de meses se podrá preguntar a cualquier votante a quién ha dado su confianza y éste sabrá decir el partido y el líder, pero no tendrá ni idea de las personas. Son diputados-florero que van a sumar nada más.

Curiosa es la idea que alguien lanzó en internet y que circula estos días para que nadie marque la cruz en el voto al Senado. Haciendo política-ficción al estilo Saramago en su novela Ensayo sobre la lucidez, ¿qué ocurriría? Es imprevisible, pero quizás los partidos entonces se tomaran en serio la necesidad de una reforma constitucional en profundidad. La idea en sí es atractiva, aunque obviamente parece que no es seguramente la mejor forma de solucionar el problema de una Cámara de segunda lectura con muy escasa virtualidad.

Lo que muchos nos planteamos a menudo es si no sería mejor enviar a Madrid en vez de a 350 diputados, a veinte o treinta como mucho y si es necesario otorgarles un voto ponderado. Nos ahorraríamos un dineral en sueldos, despachos, asesores, comunicaciones, viajes, etc, etc de personas que se limitan a cumplir órdenes de los oligarcas del partido. Cuando la Constitución dice eso de que los miembros de la Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo es una completa falacia: lo están totalmente a las instrucciones del partido. Ya dijo un veterano político que el que se mueve no sale en la foto.

 Ignacio Pérez Sarrión

Trabajar a diferente velocidad

Resulta muy ilustrativo el papel de los ayuntamientos en la organización de los procesos electorales. Para mí es un ejemplo de cuál es la administración más eficiente en la prestación de servicios básicos y esenciales a la sociedad, la que trabaja (está acostumbrada) a una velocidad diferente, da respuesta inmediata y también la que realiza sin protagonismo ni parafernalia.Los ayuntamientos son para las Juntas electorales de zona, lo que las Cortes generales para la Junta electoral central. Aunque las actuaciones que le atribuye la Ley Orgánica de Régimen electoral parezcan escasas (ser oídos en cuanto a los límites de las secciones electorales, sus locales y las mesas correspondientes, su señalización, exponer el censo electoral, tramitar las reclamaciones frente al mismo, la reserva de locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral y colocación de carteles y la celebración de los sorteos para la formación de las mesas electorales), en realidad son esenciales para el funcionamiento del sistema electoral, por ejemplo, la confección y notificación de la designación de los miembros de mesa, tras el sorteo que se celebra por los plenos y su firma por la JEZ, la realizan personalmente los ayuntamientos con la celeridad exigida de éste acto: 72 horas.

Nadie sabe que los empleados de la administración local, además de notificar en tiempo récord, son los que habilitan los colegios electorales; instalan y realizan el montaje de las urnas, cabinas, y mesas; verifican que no tengan barreras arquitectónicas; las proveen de los medios materiales;limpian y retiran todo el material electoral antes de que al día siguiente empiecen las clases; facilitan el voto de las personas con minusvalía; los que se preocupan de que se constituyan todas las mesas y no se tenga que suspender las elecciones, ni se produzcan interrupciones en la votación; los que asesoran y apoyan durante la jornada electoral, a través de los representantes de la administración, a los miembros designados; los que transmiten los datos de participación o informan de los resultados del escrutinio de las mesas directamente al gobierno, dando una imagen de transparencia y eficacia que es real entre otras funciones o que sean en fin los secretarios de los ayuntamientos los que realizan los pagos en metálico de las indemnizaciones correspondientes a los miembros de mesa, que es transferido a sus propias cuentas personales por el Estado, garantizando que sean recibidas antes del mediodía por los integrantes de las mismas y justificando su debida recepción.

Hoy quiero rendir homenaje a todos los que trabajan de forma efectiva para que se pueda votar con normalidad, los que ponen a punto la máquina, y en especial a esos funcionarios y secretarios de los ayuntamientos (que son delegados de la junta electoral de zona y actúan bajo la estricta dependencia de la misma) que dedican muchos días, antes y después de la jornada electoral, para garantizar el funcionamiento de la democracia, a aquellos que están en pie, desde la madrugada del domingo electoral a la madrugada del día siguiente, hasta que el último miembro de la última mesa electoral escrutada entregue perfectamente los sobres con la documentación a la Junta electoral para su escrutinio general.

Guillermo Lago

Nos jugamos casi todo en estas semanas

La contundente mayoría absoluta obtenida por Rajoy llega con un mensaje implícito: necesitamos un gobierno fuerte, inteligente y decidido que nos saque del agujero en el que nos encontramos. Pero no sabemos cómo lo hará, por la sencilla razón de que durante la campaña no se ha dicho. No recuerdo una campaña tan laxa, tan exenta de tensión electoral. Nuestra atención no estuvo centrada en los discursos de los candidatos, ni siquiera en sus propuestas tópicas y grises, sino en el rugir de la crisis que amenaza con devorarnos. Los candidatos se limitaron a cumplir el guión previsto, mientras que nuestra atención despavorida se obsesionaba en los acontecimientos europeos, bajo un euro en riesgo, una prima de riesgo enfurecida y unos gobiernos intervenidos bajo la alargada sombra del poder alemán. Sabíamos – sabemos – que los siguientes podemos ser nosotros, y un escalofrío nos recorre mientras analizamos las posibilidades reales de salir airosos del envite. Por eso, no nos ha interesado la campaña. En verdad, estábamos deseando que finalizara cuanto antes, para que alguien tomara con firmeza el timón de una nave a la deriva. De ahí, ese espectacular respaldo a las siglas del PP, que en nuestro imaginario se nos representa como un buen gestor, avalado por su éxito económico del 96.

Al final se cumplió fielmente el guión de esta crónica de un éxito anunciado y Rajoy gobernará España con una mayoría absoluta rotunda. Para el líder gallego ha llegado la hora de la responsabilidad. Tras nuestra felicitación, debemos desearle la mayor de las fortunas en su gestión. Los españoles le hemos entregado la mayor acumulación de poder – suma del nacional, el autonómico y el local – que jamás conoció gobernante alguno de nuestra España democrática.  Nuestro buque hace aguas y le pedimos que las achique al tiempo que le exigimos que navegue a toda vela. Tendrá que ajustar el presupuesto al tiempo que debe conseguir reactivar la economía para no caer en recesión. No le valen excusa alguna; nadie se apiadará ni aceptará el clásico recurso de la herencia recibida. Ya sabemos que los anteriores lo hicieron muy mal, por eso los mandamos a la oposición. Los españoles le pediremos soluciones y no excusas.

Rajoy se mira frente a la historia. Sabe que no lo tendrá fácil. Y no sólo por las supuestas protestas contra las seguras medidas de ajuste y reformas que se atisban en el horizonte, sino, sobre todo, porque sabe que algunos poderosísimos centros de decisión ya han condenado a España y no piensan remitir sus ataques por un simple – anecdótico para ellos – cambio de gobierno. Los mercados ya descontaban la semana pasada la mayoría absoluta del PP y daban por seguro su rápido paquete de medidas, y, a pesar de ello, nos castigaron elevando la prima de riesgo por encima de 500. Rajoy sabe que el efecto anuncio de un cambio se diluirá como un azucarillo, por lo que debe prepararse para actuar con contundencia y rapidez. Hoy, de hecho, mientras escribo estas líneas, justo el lunes siguiente a las elecciones, la prima de riesgo sube mientras la bolsa baja con intensidad.

Rajoy sabe que no todo está en sus manos. España sólo podrá salir si Europa logra enderezar su entuerto, lo que no parece claro a día de hoy. Ha hecho bien estableciendo lazos directos con una Merkel plenipotenciaria en la actual Europa. Pintamos muy poco en las grandes decisiones europeas y estamos bajo sospecha; cualquier fallo tendrá consecuencias irreparables. Rajoy acertará – estoy convencido – en sus primeros pasos. Nombrará un gobierno solvente, con personas con experiencia y valía contrastada, como primera señal de confianza. Inmediatamente, prorrogará mediante decreto el presupuesto, con un ajuste superior a los 30.000 millones de euros – una auténtica barbaridad de dinero – para tratar de conseguir el objetivo del déficit para 2012, tras el fiasco de 2011. La mano no le podrá dudar al firmar un recorte de incierto resultado. Nadie tendrá compasión con el nuevo gobierno. O cumple los compromisos europeos, o un furioso vendaval puede llevárselo por delante. El ajuste es necesario, pero no suficiente, dadas las consecuencias depresivas que tendrá sobre nuestra economía, que puede recaer en recesión con su dolorosa e inaceptable secuela de desempleo. Por eso, deben complementarse con reformas profundas – laboral, financiera, energética, fiscal – que nos permitan recuperar competitividad e inducir actividad económica. No son horas de medias tintas. Nos jugamos el todo o la nada en las primeras semanas de gobierno. No habrá tiempo para mucho más.

Es muy probable que el PSOE, muy debilitado, nombre a su nuevo líder en un congreso a celebrar en enero, justo cuando el nuevo gobierno esté dando sus primeros pasos. Todavía quedan dos largos meses para esto, que se harán agónicos ante las zozobras económicas. Esperemos poder llegar enteros hasta entonces, o, mejor aún, disminuir los plazos legalmente previstos para el traspaso de poderes.

El PSOE no apoyará las reformas presupuestarias ni económicas o sociales. Sin embargo, sí trabajarán en conjunto para las profundas reformas que son precisas en nuestra arquitectura institucional. Una de los grandes aciertos conjuntos sería el pactar un plan de saneamiento para ayuntamientos y autonomías. A cambio de rigor presupuestario y restructuración fiscal, se podría ofrecer tesorería para salvar las urgencias perentorias.

Si Europa logra estabilizarse y Rajoy toma las medidas reseñadas, podría comenzar a recuperarse la confianza que precisamos. Si, por el contrario, continúan las zozobras europeas, o Rajoy no se atreve o no acierta con las reformas necesarias, las cosas se nos complicarían – a los españoles y al propio Rajoy – de forma extraordinaria. Esperemos que se haga buena la hipótesis más favorable, aunque, desgraciadamente, no podemos descartar las peores.

No nos aburriremos durante estas próximas semanas. Nos lo jugamos casi todo en ellas.

 Manuel Pimentel

El suelo urbano no consolidado y la economía en el nuevo Reglamento de valoraciones

Cual si de un peculiar canto del cisne se tratase, acaso como epílogo de los cambios normativos en materia de suelo y urbanismo impulsados desde el Estado, se acaba de publicar el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo (RVS). La norma, anunciada en su día por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, desarrolla su texto refundido, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (en adelante TRLS08), y, como es lógico, responde al propósito general de dicho texto legal en materia de valoraciones, que no es otro que determinar con la necesaria objetividad y seguridad jurídica el valor de sustitución del inmueble en el mercado por otro similar en su misma situación, excluyendo expectativas urbanísticas.Lo cierto es que no puede uno dejar de preguntarse acerca de la oportunidad de la norma a pocos días de unas elecciones generales y a menos de dos meses de la fecha límite para la aplicación del nuevo sistema de valoraciones conforme al apartado segundo de la disposición transitoria del TRLS08, según redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, con un sector financiero tocado por los activos que en forma de suelo y viviendas terminadas o en construcción está adquiriendo y un sector inmobiliario prácticamente parado, si no hundido, por la falta de financiación y la limitadísima, y decreciente, demanda. Pero aprobada, publicada y en vigor está.

Sorprende comprobar, en primer lugar, cómo el RVS se inicia con diversas previsiones que no se refieren a la materia que dice regular. Es el caso de los artículos 2 y 3, dedicados a la situación básica de suelo urbanizado el primero y a la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica y ambiental el segundo. Y no acaba la sorpresa ahí sino que, al analizar la regulación reglamentaria de la situación básica de suelo urbanizado, puede constatarse lo que puede considerarse una clara rectificación, bajo pretexto de desarrollo aclaratorio, de lo establecido en el artículo 12.3 TRLS08. Recuérdese que dicho precepto, dedicado a las situaciones básicas de suelo, establece que “se encuentra en la situación legal de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento”. Y lo hace, además, tras prever en el anterior apartado 2.b) del mismo artículo que está en la situación de rural “el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente”. Sobre tal base pocas dudas suscitaba la situación básica en que se encontraban los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado, y ello independientemente de que se tratase de nuevos espacios que nunca habían sido urbanizados o de suelos que lo fueron en su día y que han sido sometidos por el planeamiento a operaciones integradas de reforma interior en cualquiera de sus modalidades.

Fue precisamente en tales ámbitos, además de en los suelos clasificados como urbanizables delimitados o sectorizados, en los que resultaba más perceptible la rectificación del sistema de valoraciones tradicional en España, al prescindir de la valoración por el método de repercusión, con o sin remisión a los valores catastrales, e imponer el método de capitalización de rentas. Especial impacto produce el cambio al aplicarse sobre el suelo urbano no consolidado, por razones obvias, máxime en un contexto como el actual de contracción del crédito y, muy especialmente, atendiendo a lo previsto en el apartado segundo de la disposición transitoria tercera TRLS08, que sólo prorrogó el régimen de valoración de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, respecto de los terrenos que formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo.

Pero la crisis pesa, aunque el reglamento dice proponer el criterio expuesto, según su preámbulo, para resolver problemas de interpretación y aplicación de la regulación legal del suelo urbanizado “cuyo acotamiento con determinados elementos se entiende necesario”. Es por ello que el artículo 2 RVS, aun partiendo del trascrito artículo 12.3 TRLS08, añade un segundo supuesto a la presunción iuris et de iure de integración de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Junto al que recoge la norma legal, considera ahora integrado el suelo que “esté incluido en un ámbito para el que el instrumento de ordenación prevea una actuación de reforma interior o de renovación urbana”. De este modo, la norma reglamentaria viene a distinguir dos supuestos en el suelo urbano no consolidado, el que estuvo integrado y se ve sometido por el planeamiento a reforma interior o renovación urbana y el que no lo estuvo nunca, que quedaría encuadrado dentro del suelo rural. Sutil, sin duda, el planteamiento reglamentario; asumible, también, para quienes desarrollan su actividad en la práctica urbanística y sufren las grandes dificultades del momento; explicable, en fin, desde este punto de vista. Pero, aún así, discutible, aunque el pragmatismo empuje a compartirlo, al transformar lo que parece ser un criterio legal cerrado en una simple presunción, a modo de lista abierta, que no excluye otros supuestos.

Menos problemática resulta la otra previsión incluida entre las disposiciones generales del nuevo RVS, sobre evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica y ambiental. La norma reglamentaria desarrolla en esta materia el artículo 15.4 y 5 TRLS08 concretando los contenidos que el informe o memoria de sostenibilidad económica de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización deberán incluir y, en relación con dichos contenidos, los del informe de seguimiento que están obligados a realizar los municipios obligados a tener Junta de Gobierno local y aquellos otros que establezca la legislación autonómica. En todo caso, resulta destacable el propósito del RVS de que se evalúen necesariamente los ingresos municipales previstos y los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de que se trate, así como las desviaciones de unos y otros. Realismo económico y desarrollo urbanístico confluyen ahora, quizá demasiado tarde, quizá ya en una situación demasiado crítica a la cual han contribuido decisivamente la propia práctica urbanística.

  Julio Tejedor Bielsa

Las consecuencias del PIB cero

Según las primeras estimaciones que el I.N.E. ha publicado sobre la evolución del PIB en el tercer trimestre de este año, parece que su crecimiento ha sido nulo, cero, para que nos entendamos; la noticia ha ocupado los titulares de la prensa especializada durante muchos días, contribuyendo al sentimiento general de desánimo que nos embarga desde hace mucho tiempo.Siempre que se publican datos sobre magnitudes tan importantes como ésta, o el IPC, o el saldo de la balanza exterior, lo que sea, me asalta la duda de cuál será la reacción de las personas no especializadas en la materia, y cómo reorientarán sus pautas de comportamiento económico en consecuencia. La preocupación es aún mayor al ver la profusión de tasas, porcentajes, estimaciones, etc. con que nos bombardean los especialistas, que a veces consiguen despistar por completo al lector y, sinceramente, no creo que sea ésa su intención, sino más bien un resultado de la deformación profesional y la jerga que utilizan.

Una primera idea que debe quedar muy clara es que el dato no es bueno. Y digo no es bueno, porque no me atrevo a decir que sea malo; me explico. El PIB es una variable que mide el conjunto de la producción de un país, y se calcula mediante estimaciones estadísticas de muy diferentes indicadores de actividad, con unos métodos cada vez más fiables y acertados; pero no es una cifra tan exacta como puede ser, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua a determinada presión atmosférica: una cosa es la ciencia exacta, y otra la aplicación del rigor científico a la economía.

El hecho de que el PIB calculado para el tercer trimestre del año sea prácticamente el mismo que el del segundo trimestre significa que “la tarta general de la economía” no ha crecido en ese trimestre, pero no olvidemos que estamos hablando de 272.000 M € (como digo siempre, para quienes todavía recuerdan las pesetas, 45,3 B. ptas.). Es evidente que la gran cantidad de personas y empresas que están atravesando dificultades muy serias para superar la crisis habrían recibido con mucha más alegría la noticia de un crecimiento de, por ejemplo, el 0,5% para no exagerar, que hubiera significado un PIB de 273.335 M€, aproximadamente; y además, la prensa habría replicado la noticia con toques de euforia, y mucha gente habría elevado esa cifra a crecimiento anual llegando a la conclusión de que en 2011 el PIB podría terminar con un crecimiento de 2,5%; etc. etc. Habría sido otra historia.

Pero lo cierto es que ha sido, o parece que va a ser, un cero. Sin embargo, en mi opinión, considerando la situación general, el impacto de la crisis en todas las facetas de la actividad, el inestable entorno internacional, etc. conseguir 272.000 M€ en un trimestre no está del todo mal; de hecho, según los datos del I.N.E., el PIB acumulado hasta septiembre de este año es un 2,5% superior al del mismo periodo del año pasado (a precios corrientes). Seamos realistas: la economía española tiene una inercia considerable, como corresponde a un país europeo desarrollado, y dispone de mimbres para superar la crisis… si hace los deberes.

Y en esta faceta de hacer los deberes es donde surge la segunda idea que me produce la noticia del crecimiento trimestral del PIB: será mucho más difícil conseguir los objetivos de estabilidad presupuestaria que nos exigen los ahorradores del resto del mundo para seguir financiado nuestras necesidades en los próximos años. No voy a entrar en el inestable terreno de las opiniones políticas sobre los mercados, porque en él cada uno es muy libre de pensar lo que quiera, y seguiré intentando mantener una posición meramente técnica. Para que nos sigan prestando dinero tenemos que parecer serios y, además, ser serios; para ello, el sector público debe cumplir los objetivos de estabilidad a los que se ha comprometido; cualquier otro camino genera riesgos no recomendables.

Como señalé en una ocasión anterior, los países europeos deben reducir los déficits públicos hasta un nivel próximo al 3% en el horizonte temporal más corto que sean capaces, porque ese indicador es el que marca la frontera de las finanzas públicas fiables y, por tanto financiables, y estaba definido en los criterios de convergencia al euro. El plan de reducción del déficit público que se ha marcado el Tesoro español establece que 2011 termine con un déficit público del 6%, 2012 del 4,4% del PIB, y 2013 del 3%.

La aritmética más elemental  establece que para llegar a esas metas hay dos caminos extremos y multitud de senderos intermedios: fuerte crecimiento del PIB manteniendo el mismo nivel de gasto público, o fuerte reducción del gasto público si el PIB no crece; y entre ambos, como he dicho, mezclas de ambas cosas en diferentes proporciones: reducción de gasto público simultáneo al aumento de la actividad.

Hablando más claro todavía: para cumplir  los compromisos con quienes nos prestan el dinero que necesitamos para mantener nuestro sistema de vida, cada 10.000 M € que no crezca nuestra economía los próximos 9 trimestres, exigirán una reducción adicional del gasto público de 1.000 M €, para seguir contando con la confianza exterior, y esa reducción adicional tendría un coste social muy elevado; pero es que, por desgracia, no creo que ni el resto del mundo, ni la famosa “prima de riesgo”, tengan tanta paciencia, así que cada trimestre que incumplamos nuestro propio plan, aumentarán las dudas sobre la sostenibilidad de la situación y las dificultades generales; por tanto, si no queremos vernos envueltos en una espiral semejante a los otros países mediterráneos, cuanto antes se corrija la situación, mejor.

  Tomás García Montes

El 64% de los españoles que buscan empleo están dispuestos a cambiar de país, según un estudio

  El 64% de los españoles que buscan empleo estaría dispuesto a irse al extranjero dada la situación que atraviesa el mercado laboral en España, lo que pone de manifiesto un cambio en la cultura de los españoles, que no han sido tradicionalmente muy proclives a la movilidad geográfica, según la tercera oleada del 'Global Talent Mobility Study' (GTMS).

   Mejorar las oportunidades profesionales y la mala situación por la que atraviesa la economía española son los principales motivos que señalan los encuestados para buscar empleo en otros países. Tener un mejor nivel de vida, ampliar experiencia y aprender un idioma son otras de las causas señaladas.

   Según la encuesta, en la que ha participado Infoempleo.com como miembro de The Network, los españoles están dispuestos a emigrar siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, como obtener un buen el sueldo (51% de los encuestados) y buenas condiciones laborales y beneficios sociales (41% de los españoles).

   Además de las buenas condiciones del contrato, los españoles también valoran un buen ambiente de trabajo, oportunidades reales de desarrollo profesional y la posibilidad de conciliar vida personal y laboral.

   En cuanto al tipo de contratación, el 72% sólo dejaría España si tuviera un contrato fijo, y el 62% se iría con contrato temporal siempre que fuera por más de 12 meses. De hecho, el 47% de los que buscan trabajo en el extranjero estaría dispuesto a irse durante más de 5 años si las condiciones fueran positivas.

   Por destinos, Estados Unidos era tradicionalmente el país más elegido por los españoles a la hora de empezar una etapa laboral en otro país, aunque en los últimos años la tendencia ha cambiado y los encuestados se decantan más por Alemania (55%) y Reino Unido (46%), seguidos por Estados Unidos, Francia y Suiza.

   En cuanto a las empresas más deseadas por los profesionales, las compañías tecnológicas ocupan los primeros puestos con empresas como Google, Microsoft, Apple, Siemens e IBM.

   A la hora de buscar oportunidades de empleo en el extranjero, el 43% de los candidatos opta por los portales de empleo nacionales, aunque los buscadores de internet, los portales de empleo extranjeros, las páginas web de las propias empresas y los contactos personales son otros de los medios más empleados.

   En este sentido, el estudio pone de manifiesto que las redes sociales están ganando terreno en este campo, ya que en esta edición un 23% de los encuestados ya las señala como su principal herramienta para encontrar un empleo internacional.

EUROPAPRESS

Bruselas propone una subida salarial del 1,7% para los funcionarios europeos

La Comisión Europea ha propuesto este jueves una subida salarial nominal del 1,7% para los funcionarios europeos que trabajan en Bruselas pese al agravamiento de la crisis económica y financiera.

   La evolución de los sueldos de los funcionarios de la UE se calcula usando como referencia los cambios en el poder adquisitivo de los trabajadores públicos de España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. El resultado este año es una pérdida de poder adquisitivo del 1,8%.

   Esta cifra se ajusta luego al coste de la vida en el país en el que el funcionario esté viviendo. Debido a la elevada inflación en Bélgica, el resultado para los que trabajan en Bruselas es un aumento salarial del 1,7%.

   Los funcionarios de la UE basados en Alemania tendrán una subida nominal del 0,6%, los que trabajan en Países Bajos del 0,4% y los que están en Francia del 1,9%. En otros Estados miembros, los funcionarios comunitarios tendrán incluso un recorte nominal en sus sueldos, como los basados en Praga (-2,7%), Lubliana (-2,2%), Sofia (-1,7%), Atenas (-1,1%) y Roma (-0,1%).

   El pasado 4 de noviembre, los países de la UE pidieron a la Comisión que suspendiera la aplicación de este método atendiendo a la fuerte crisis económica. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que no se dan las condiciones para activar esta cláusula de suspensión.

   La decisión final corresponde ahora a los Estados miembros, que deben aprobarla antes de que acabe el año.

EUROPAPRESS

MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

 Desde CSI—F Andalucía, una vez más, nos unimos en este día 25 de Noviembre en el que se  reivindica la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia es la violación de los Derechos Humanos más grave y desgraciadamente más frecuente. Una sociedad tan avanzada en algunos aspectos como es la actual, no puede ser tan primitiva como para permitir este grave problema social. Máxime cuando el abanico de lesiones es amplio y complejo, pues va desde el sufrimiento sostenido no sólo de la victima sino de todo su entorno, suponiendo esto un factor de riesgo en cuanto a conductas; hasta lesiones y secuelas, pudiéndose por último llegar hasta a la muerte.

CSI—F Andalucía, como organización comprometida con este tema, cree que se han conseguido logros importantes, como el aumento del nivel profesional, avances en el empleo, abundante normativa en materia de Igualdad o la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral pero tendríamos que hacer una profunda reflexión porque se sigue dando este fenómeno que arrasa con tanta brutalidad con la dignidad de la mujer.

Desde el punto de vista de CSI—F Andalucía, otro factor que incide en la frecuencia de esta lacra social es que la persona no tiene conciencia de ser una víctima, por lo que es muy difícil poder actuar y, por lo tanto, ayudarla.

En tanto en cuanto no se profundice en aspectos como la asunción del papel del cuidador, que hoy por hoy supone una penalización para la mujer, no avanzaremos. Debemos, tanto jóvenes como mayores, concienciarnos de que la sociedad actual es una sociedad de iguales, aunque seamos diferentes.

En conclusión, CSI—F Andalucía plantea la necesidad de seguir unas líneas de trabajo orientadas a la sociedad en general, MULTIDISCIPLINAR a través de campañas en televisión, radio, redes sociales, y más específicamente orientadas al profesorado, como personas en continuo contacto con los jóvenes, orientadas al ámbito familiar, para fomentar el respeto como valor intrínseco al ser humano, la solidaridad, así como el sentimiento de apoyo orientado al  alumnado. Y, sobre todo, FOMENTAR EL RECHAZO ANTE CONDUCTAS DE ESTE TIPO, potenciar el esfuerzo como vehículo para conseguir los logros en la vida, el respeto a uno mismo, RESPETO A LA LIBERTAD DE ELEGIR, EL RESPETO A LOS DEMÁS, así como el RESPETO A LAS INSTITUCIONES.

CSI—F ANDALUCÍA, COMO ORGANIZACIÓN SINDICAL CON UNOS PRINCIPIOS  Y VALORES   ÉTICOS, SE VE EN LA OBLIGACIÓN DE MOSTRAR APOYO A LAS VICTIMAS, PERO FUNDAMENTALMENTE CREE EN LA PREVENCIÓN DE ESTA LACRA SOCIAL  APOSTANDO  POR UNA LABOR  A   REALIZAR EN TODAS LAS ETAPAS DE  LA  VIDA.

POR TODO ELLO, CSI—F ANDALUCÍA SE POSICIONA Y APUESTA POR UN FUTURO MENOS VIOLENTO Y MÁS JUSTO Y TRABAJA EN EL PRESENTE VALORANDO LA IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER, COMO UN VALOR AÑADIDO A NUESTRA SOCIEDAD.                                   

CSI—F ANDALUCÍA