jueves, 30 de junio de 2011

Aprobado el Proyecto de Ley de Contratos de Distribución

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Contratos de Distribución, prosiguiendo con el proceso iniciado el pasado 20 de mayo, cuando el Gobierno informó positivamente el Anteproyecto de Ley.
Esta iniciativa legislativa responde a la necesidad de promulgar una norma reguladora de los contratos de distribución, ampliamente demandada por varios sectores. Con ella, se pretende modernizar la regulación de los contratos de distribución comercial, contenida en el Código Civil, en el Código de Comercio y en normas especiales, siempre respetando al máximo la libertad de pacto entre las partes. No obstante, se regulan una serie de cuestiones mínimas en las que está el origen de la mayor parte de los problemas que se han dado hasta ahora como la falta de claridad de los contratos, la imposición de compras mínimas o inversiones específicas o la ausencia de plazos en los contratos, entre otros.
Para la elaboración de este Proyecto se ha partido de la jurisprudencia de nuestros juzgados y tribunales, y se ha tomado como referencia la regulación existente en países de nuestro entorno como Francia y Alemania.
Objetivos
Los cuatro grandes objetivos que se pretende lograr son:
1.Mejorar la transparencia en contratación entre proveedores y distribuidores.
2.Reequilibrar la capacidad negociadora de las partes.
3.Establecer reglas de contratación claras, que ofrezcan un régimen supletorio mínimo ante la ausencia de previsión contractual por las partes.
4.Promover la elaboración de Códigos de Conductas Sectoriales, al igual que el recurso a mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos (mediación y arbitraje).
Así pues, este texto legislativo pondrá solución a muchas situaciones conflictivas. Ante la imposición unilateral de condiciones, se establece el deber de información precontractual, unido a un deber de confidencialidad, para que las partes emitan un consentimiento informado; y ante la falta de claridad de condiciones, se propone la formalización escrita y con modificaciones consensuadas o pactadas.
Inversiones impuestas
El Proyecto de Ley establece que las inversiones impuestas serán consignadas en la información precontractual y su plazo de amortización deberá estar acorde con la duración del contrato. Asimismo, los objetivos comerciales deberán establecerse bajo la base de las necesidades abastecimiento del mercado y compras mínimas, sobre previsiones razonables.
La norma fija también, entre otras cuestiones, que no se podrán facturar productos no requeridos, los cambios en los precios deberán ser comunicados por adelantado, con un plazo por defecto fijado en treinta días, y el distribuidor tendrá que contar con el consentimiento del proveedor para realizar campañas publicitarias.
Distribución de prensa
Esta norma favorecerá, entre otros, al sector de la distribución de prensa, contribuyendo a detener la desaparición de muchos puntos de venta ya que han pasado de más de treinta mil a veintidós mil, en los últimos ocho años. También dentro del sector de la hostelería, restauración y bares se podrán ver sus consecuencias con ahorros provenientes de facturas incorrectas por falta de claridad en condiciones contractuales.
Por último, con la aprobación de este Proyecto de Ley y su remisión a Cortes Generales se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno en el acuerdo suscrito con las principales asociaciones del Sector Automoción el pasado 7 de marzo. Igualmente, se da cumplimiento al mandato al Gobierno para la elaboración de una Ley de Contratos de Distribución Comercial, contenido en la Disposición Adicional 11ª de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

miércoles, 29 de junio de 2011

Trabajo ve "histórica" la integración de las empleadas del hogar en el régimen general de la Seguridad Social

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha dicho que la integración de las empleadas del hogar en el régimen general de la Seguridad Social, plasmado en el principio de acuerdo entre Gobierno y sindicatos, es "un paso histórico para miles y miles de mujeres".
En rueda de prensa, Rodríguez ha avanzado además que "en muy pocos días" el Gobierno realizará una propuesta para una nueva regulación laboral de estas trabajadoras y ha concretado que "se abrirá un ámbito a que estos servicios puedan ser provistos por empresas".
Según ha dicho, este nuevo ámbito "no va a hacer desaparecer" la relación laboral directa con el empleador en el hogar y que ambas modalidades "convivirán".
Esta propuesta se abrirá a consulta con los agentes sociales antes de ser aprobada durante un periodo que confió en "que sea corto"

martes, 28 de junio de 2011

Las estrategias anticrisis de las grandes fortunas

Desde comienzos de año, las turbulencias bursátiles por culpa de la crisis griega han obligado a los inversores a reorganizar sus carteras y las grandes fortunas no han sido una excepción. La mayoría ha adoptado un sesgo defensivo en sus sicav –el vehículo de inversión característico de los patrimonios elevados–, reduciendo sus posiciones en renta variable, apostando por valores defensivos e incrementando el peso de la liquidez.
Pese a ello, según datos de CNMV algunas de las grandes sicav tan tenido que cerrar el primer trimestre del año con pérdidas, como es el caso de Allocation (propiedad de la familia Del Pino, fundadores de Ferrovial) y Soandres de Activos (perteneciente a Rosalía Mera, exmujer de Amancio Ortega y cofundadora de Inditex). Además, ninguna de las sicav de mayor tamaño ha conseguido batir al Ibex, que ganó un 3,07% en los tres primeros meses del año.
Una de las que mejor lo hizo fue Morinvest, la sicav de la empresaria y financiera Alicia Koplowitz, que subió un 2,73% en el periodo. Esta sicav dedica una buena parte de la cartera a activos conservadores –sólo los depósitos acaparan casi un tercio–, y añade un plus de rentabilidad a la cartera invirtiendo en renta variable a través de instrumentos derivados, que suponen en torno al 10% del patrimonio.
Con un mercado alcista en los primeros meses del año, las sicav con un mayor peso en bolsa fueron las que mayores réditos consiguieron en ese periodo. Así, una de las más rentables fue Soixa, propiedad de la familia Hernández Calleja –fundadores de Ebro Puleva–, que invierte de forma casi exclusiva en renta variable. Este vehículo consiguió una ganancia del 3,94% en el trimestre.
Entre el 2% y el 3% de rentabilidad se situó Brunara, la sociedad de Felipa Jové (hija del fundador de Fadesa) y Ardizia Inversiones, la sicav de la familia Fernández Somoza, accionistas de control de Transportes Azkar.
Uno de los rasgos comunes en estas sociedades es su carácter internacional. La mayoría dedica más peso a los activos extranjeros que a los nacionales, especialmente a la hora de invertir en renta variable.
Sin embargo, y a pesar de la inquietud que genera la deuda soberana en los mercados desde principios de año, las grandes fortunas inviertieron sin problemas en Letras y Bonos del Tesoro español. Una apuesta de la que quizá ahora se arrepientan tras el fuerte repunte en el riesgo país.
En lo relativo a los depósitos, no temen sacar provecho de las altas rentabilidades que ofrecen las entidades españolas desde que se inició la guerra del pasivo.
En cuanto a la bolsa nacional, las grandes fortunas se decantan principalmente por blue chips, como Telefónica y Repsol, sin dejar de lado a los dos grandes bancos, Santander y BBVA. No obstante, su apuesta por los valores de mayor capitalización no les impide dejar un hueco en la cartera para sus convicciones en el terreno de las small caps, apostando por valores como Acerinox y Corporación Alba.
Aunque algunas sicav recurren casi exclusivamente a la inversión directa, como es el caso de Soixa y Brunara, la mayoría complementan sus apuestas en bolsa y renta fija con los fondos de inversión. Estos productos no sólo se utilizan para diversificar el riesgo de la cartera, sino que suponen la vía de entrada preferida para posicionarse en activos como la bolsa emergente o las materias primas, en los que ni siquiera los inversores más sofisticados suelen posicionarse directamente.
Las sicav también suelen reflejar las convicciones de inversión de sus propietarios. Así, una de las principales posiciones en renta variable española de Morinvest es Acerinox, compañía de la que Alicia Koplowitz es accionista mayoritaria con un 17% del capital. Sin embargo, las grandes fortunas no siempre barren para casa. Por ejemplo, Allocation, la sicav de la familia Del Pino, no apuesta por Ferrovial; ni Cartera Mobiliaria, la sicav participada por la familia Botín, invierte en acciones de Santander. Eso sí, apuesta sin problemas por BBVA, BNP Paribas y Bank of America. La sicav, regentada por Santander Asset Management, tampoco tiene problemas en invertir en emisiones de deuda privada de Bankinter y Banco Popular, aunque para la inversión en depósitos prefiere recurrir exclusivamente a Banif.
Todo queda en casa
Las grandes fortunas no invierten en sus propias compañías, pero las gestoras no cometen el mismo error. La mayoría de las sicav incluyen productos que pertenecen a la misma entidad –o al mismo grupo bancario– que los gestiona. Es el caso de Soixa, gestionada por Bestinver. El fondo con mayor patrimonio de la cartera (un 5,61%) es, precisamente un producto de la casa, el Bestinver Internacional.
En la sicav de Rosalía Mera, gestionada por JPMorgan Gestión, los fondos con mayor peso en la cartera son el JPMorgan Highbridge Income Opportunities, con un 6,7%, y el JPMorgan Diversified, con un 4,28%. Además, la principal apuesta en renta fija se encuentra en una emisión de deuda privada de la entidad estadounidense.
1- APUESTA POR LOS GRANDES
Los pesos pesados del Ibex son los protagonistas de las carteras de las grandes fortunas españolas. Con datos de CNMV para el primer trimestre del año, la sicav de la familia Somoza, la familia Del Pino y Felipa Jové invertían unos 14 millones de euros en Telefónica. Su apuesta resultó acertada, ya que la operadora se apuntó una subida del 3,5% de enero a marzo (ahora pierde un 5,07% en lo que va de año). Otros de los valores preferidos son Repsol, Santander y BBVA. Aunque tengan un peso secundario, las small caps no se quedan fuera de las carteras. De hecho, Acerinox está presente entre las primeras posiciones de las sicav de Koplowitz y la familia Hernández Calleja, mientras que la firma de capital riesgo Dinamia protagoniza la cartera de la familia Del Pino.
En renta variable internacional, las apuestas se centran en valores europeos y estadounidenses de gran tamaño como BMW, Shell, Nestlé, Phillip Morris y la minera Freeport McMoran.
Preferencia por las big caps
Bolsa Española. Los favoritos son Telefónica, Santander, BBVA y Repsol.
Bolsa Internacional Las mayores apuestas se centran en BMW, Shell y Nestlé.
2- PRODUCTOS CON CINTURA
Los grandes patrimonios suelen incluir fondos de inversión en sus sicav no sólo como elemento de diversificación, sino también como puerta de acceso a otros mercados. Por ejemplo, la sicav de Felipa Jové invierte directamente en valores de la bolsa europea y americana, pero a la hora de posicionarse en Japón recurre a un fondo cotizado, el ETF de Nomura vinculado al Topix, que le permite ganar exposición a este mercado con una comisión más barata.
Las grandes fortunas también sienten predilección por los productos globales, que se caracterizan por su capacidad para adaptarse a las distintas circunstancias del mercado. Es el caso del Velociraptor de Fonditel, todo un clásico en la sicav de Alicia Koplowitz, en la que ha estado presente -con algunos reembolsos puntuales- en los últimos cinco años. No obstante, en los últimos tres años el fondo ha experimentado varios reveses. En ese periodo acumula una caída del 18%, si bien la rentabilidad en 2011 es positiva (2,62%).
Un producto que se caracteriza por su cintura con los mercados es el ARN Investment Newly Industrialised Economies, el fondo con más peso en la cartera de la familia Del Pino. “Se trata de un producto de bolsa asiática de gestión conservadora que en época de bonanza gana menos que el índice, pero en tiempos de caída, consigue frenar las pérdidas”, explican desde el departamento de Análisis de Profim. Este producto, que gana un 6,5% a tres años, no está al alcance de cualquiera. La inversión mínima es de 100.000 dólares.
Aunque para inversiones exclusivas, el OEI Mac Inc, la apuesta principal de la familia Hernández Calleja. Se trata de un hedge fund resgistrado en Caimán que tiene una estructura principal-subordinado, de modo que invierte casi exclusivamente en otro fondo, el Odey European Inc, uno de los productos con más éxito de la bolsa europea.
Las estrategias preferidas
ETF Las sicav complementan la distribución de activos con fondos cotizados, la forma más barata de ganar exposición a un mercado.
Rentabilidad absoluta La flexibilidad a la hora de hacer frente a la evolución de los activos es clave en tiempos de crisis.
Carácter defensivo Para apostar por los activos de más riesgo, como la bolsa asiática, se buscan gestores que minimicen las caídas.
Hedge funds Son los vehículos de inversión más flexibles, Especialmente cuando están domiciliados en jurisdicciones como Caimán.
3- SIN MIEDO AL RIESGO PAÍS
A pesar de las suspicacias en los mercados de renta fija sobre la deuda de las economías periféricas, los altos patrimonios no temen hacerle un hueco a la deuda pública española en sus carteras. “Nosotros no recomendamos la deuda del Tesoro, especialmente la periférica, pero es cierto que durante el primer trimestre hubo inversores que corrieron el riesgo, apostando por una bajada de los diferenciales de la deuda”, explica Mónica Rein, directora de inversiones de Sabadell Banca Privada.
En el caso de las sicav, las emisiones predominantes son las letras y los bonos del Tesoro, cuya duración a corto plazo les permite minimizar el riesgo de duración o, en otras palabras, no perderse las posibles subidas de tipos.
La rentabilidad de la deuda pública va ligada al riesgo país y, a principios de año, muchos pensaban que el riesgo que los mercados adjudicaban a España se corregiría a finales de año. Como el precio de los bonos discurre en sentido contrario al cupón que ofrecen, la apuesta sale rentable siempre y cuando la los intereses de la deuda española se corrijan. Una circunstancia que, hoy por hoy, parece lejana, con la prima de riesgo en los 280 puntos básicos.
Posiciones en deuda
Bonos y letras del Tesoro
Las sicav eligen deuda española apostando por una corrección en la prima de riesgo. Eligen tramos cortos para evitar el riesgo de duración.
Bonos flotantes Como recalculan los intereses periódicamente en función del Euribor, permiten recoger una eventual subida de tipos.
Depósitos y deuda privada Optan por las entidades españolas para los depósitos y por las banca extranjera para las emisiones privadas.
Diario Expasion.




lunes, 27 de junio de 2011

Participación en la vida municipal

Me invita una fundación del sindicato “Comisiones Obreras” a impartir una conferencia sobre “la participación de los ciudadanos en la Administración municipal: ¿exigible o graciable?” en el marco de unas Jornadas sobre la ciudad.
Cuento, ante un público realmente interesado -se puso de manifiesto en el animado y largo coloquio-, cómo se instrumenta esa participación. La primera vía es la política a través de las elecciones locales, de uno de cuyos procesos justamente acabamos de salir. Critico abiertamente el sistema electoral español pues permite pactos postelectorales con los que los ciudadanos no contaban, en todo caso, que nunca fueron anunciados. Es esta una perversión de nuestra democracia que se debe corregir instaurando la segunda vuelta en la elección de los alcaldes, como se ha hecho ya en algunos países europeos, de entre los cuales Alemania es probablemente el más característico. Se trataría -dije ante mi público- de llamar de nuevo a los ciudadanos a las urnas para que no sean los secretarios de los partidos quienes, en un reservado de un restaurante, apañen votos y proclamen alcaldes.Añadí que esta depravación de nuestra democracia no legitima sin embargo los insultos a los alcaldes elegidos ni los gritos de descalificación global del sistema que se han vivido en algunas ciudades. En la mía -León-, el alcalde, que ha conseguido una holgada mayoría para su partido (el popular), tuvo que aguantar que le gritaran “nos nos representas” a la salida del Pleno que le otorgó la vara de mando. Esta actitud no se puede admitir porque quienes hemos aprendido algo de historia sabemos que todas las dictaduras del mundo se han edificado ora sobre la vanguardia del proletariado (la comunista) ora sobre la del patriciado (la fascista). Y el final es bien conocido.
Pasé luego a algo menos político, más menudo y también más olvidado: la participación que las leyes prevén para que los ciudadanos puedan influir en el gobierno local. Recordé cómo la legislación de haciendas locales permite presentar alegaciones a los presupuestos en determinadas circunstancias y cómo la de régimen local prevé asimismo cauces participativos que hoy llegan a la posibilidad de ejercer la iniciativa popular “presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal” (artículo 70 bis en la versión de la ley 57/2003 de modernización del gobierno local”). Y lo mismo cabe decir de la consulta popular a que alude el artículo 71 o de la vía asociativa vecinal aunque esta ofrece, en la práctica, algunas trampas pues es frecuente que las asociaciones sean meros disfraces de los partidos políticos.
Y en 2008, con motivo de la refundición de la legislación urbanística (Real Decreto legislativo 2/2008), se ha añadido a la ley local un artículo (el 70 ter) que generaliza algo que ya era tradicional en la legislación sectorial, a saber, el conocimiento de los instrumentos y la posible participación de los ciudadanos en la tramitación de los planes urbanísticos, documentos de gestión o convenios.
Mayor dificultad ofrece la participación ciudadana en los grandes proyectos de obras públicas y es ahí donde deberían afinarse -en su legislación específica- los mecanismos de participación ciudadana desde un momento temprano, es decir, cuando aún el plan no está del todo maduro y admite rectificaciones o mejoras. Una buena política de comunicación y de eficaz participación -insisto: temprana- evitaría la aparición de esas “coordinadoras”, “mesas” o “plataformas” que tanto dificultan el avance de obras que una Administración ha declarado de interés público. A veces por años y años …
La democracia española es bien raquítica y yo he dedicado mi pluma a denunciar esta situación en libros y artículos de prensa. Pero hay ámbitos -estos municipales son muy ricos- donde es posible y exigible -no graciable- que la ciudadanía haga oír su voz. Que no es la “a tí debida” de los poemas de Pedro Salinas, pero ¡qué caramba! es voz de ciudadanos conscientes que merece la pena escuchar.

jueves, 23 de junio de 2011

Valeriano Gómez admite que la "asignatura pendiente" de España es que el diálogo social funcione en crisis

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha reconocido que la "gran asignatura pendiente" de España es que el diálogo social fructifique también durante periodos de crisis económica como el actual, por lo que valoró el pacto 'anticrisis' para reformar las pensiones.
En una interpelación de la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho en la Cámara Alta, el ministro recordó que durante la primera legislatura del Gobierno de Zapatero se produjeron más de 20 acuerdos entre sindicatos, empresarios y Gobierno.
En una defensa enérgica de la reforma laboral, Gómez reivindicó el cambio "radical" en los EREs, al pasar de "abusar" de despidos colectivos a priorizar los expedientes de suspensión o de reducción de jornada, el conocido como 'modelo alemán'.
"La reforma laboral ha logrado cambiar la pauta", afirmó el ministro, para después volver a vincular el éxito de esta reforma a la evolución de la economía. "Es imposible pasar de una destrucción de empleo intenso a una creación de puestos de trabajo", avisó.
En cuanto a la reforma de la negociación colectiva, advirtió de que en la tramitación parlamentaria el Gobierno impondrá dos 'líneas rojas': mantener la ultraactividad y flexibilidad interna fruto del acuerdo. "Flexibilidad interna, toda la necesaria, pero no impuesta", subrayó

miércoles, 22 de junio de 2011

En caso de sustitución de un bien de consumo defectuoso, el vendedor debe retirar ese bien del lugar en el que hubiera sido instalado

La Directiva que regula la compraventa de bienes de consumo dispone que el vendedor debe responder frente al consumidor de toda falta de conformidad de ese bien en el momento de su entrega. En caso de falta de conformidad, el consumidor tiene derecho a la puesta en conformidad de ese bien, sin cargo alguno, mediante la reparación o la sustitución, a menos que ello resulte imposible o desproporcionado. Toda reparación o toda sustitución debe efectuarse sin inconvenientes mayores para el consumidor. De no poderse obtener esa puesta en conformidad, el consumidor puede exigir una rebaja del precio o la resolución del contrato de compraventa.
Antecedentes
La Sra. Putz y la empresa Medianess Electronics GmbH celebraron, a través de Internet, un contrato de compraventa para la adquisición de un lavavajillas nuevo por el precio de 367 euros. Las partes convinieron que dicho bien sería entregado delante de la puerta de entrada del domicilio de la Sra. Putz, y se pusieron de acuerdo sobre los gastos de entrega. La entrega del lavavajillas y el pago del precio tuvieron lugar según lo pactado. Después de que la Sra. Putz hiciera instalar el lavavajillas en su domicilio, resultó que éste era defectuoso y que su reparación era imposible, sin que las operaciones de instalación del referido aparato pudieran ser la causa de los correspondientes defectos. En este contexto, las partes convinieron que se procedería a la sustitución de dicho aparato. No obstante, la Sra. Putz exigió que Medianess Electronics no sólo entregara un nuevo lavavajillas, sino que igualmente retirara el aparato defectuoso y que instalara el aparato de sustitución o que sufragara los gastos de retirada y de nueva instalación, a lo cual se negó dicha sociedad.
Los órganos jurisdiccionales alemanes que conocen de estos litigios preguntan al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión obliga al vendedor a hacerse cargo de la retirada del bien no conforme y a la instalación del bien de sustitución. A este respecto, dichos órganos jurisdiccionales señalan que el Derecho alemán no prevé ninguna obligación para el vendedor que no hubiera observado un comportamiento culposo de hacerse cargo de tales operaciones.
Sentencia
El Tribunal de Justicia señala que el legislador de la Unión quiso hacer de la gratuidad de la puesta en conformidad del bien por el vendedor un elemento esencial de la protección garantizada al consumidor. Tal obligación de gratuidad de la puesta en conformidad del bien tiene por objeto proteger al consumidor del riesgo de cargas económicas que podría disuadirlo de hacer valer sus derechos a falta de tal protección.
Pues bien, si, en caso de sustitución de un bien no conforme, el consumidor no pudiera exigir al vendedor que se hiciera cargo de su retirada del lugar en el que hubiera sido instalado con arreglo a su naturaleza y a su finalidad y de la instalación del bien de sustitución en ese mismo lugar, tal sustitución le ocasionaría cargas económicas adicionales que no habría tenido que soportar si el vendedor hubiera ejecutado correctamente el contrato de compraventa. En efecto, si desde un principio el vendedor hubiera entregado un bien conforme al contrato, el consumidor sólo habría tenido que hacer frente una única vez a los gastos de instalación y no habría tenido que cargar con los gastos relativos a la retirada del bien defectuoso.
El Tribunal de Justicia constata que el hecho de imponer al vendedor los gastos relativos a la retirada del bien defectuoso y a la instalación del bien de sustitución no conduce a un resultado no equitativo. En efecto, incluso en el supuesto de que la no conformidad del bien no se deba a un comportamiento culposo del vendedor, no es menos cierto que, al entregar un bien no conforme, éste no ha cumplido correctamente la obligación que había contraído en virtud del contrato de compraventa y, por lo tanto, debe asumir las consecuencias de su incorrecta ejecución. En cambio, el consumidor, por su parte, ha pagado el precio de venta y, por lo tanto, ha cumplido correctamente su obligación contractual. Además, el hecho de que, confiando en la conformidad del bien entregado, el consumidor haya instalado, de buena fe, el bien defectuoso conforme a su naturaleza y a su finalidad antes de que se manifestara el defecto no puede constituir una falta que pueda serle recriminada.
Por consiguiente, en una situación en la que ninguna de las partes contratantes ha observado un comportamiento culposo, está justificado que los gastos relativos a la retirada del bien no conforme y a la instalación del bien de sustitución corran a cargo del vendedor, por cuanto tales gastos adicionales, que son necesarios para la sustitución, se habrían evitado si desde un principio el vendedor hubiera cumplido correctamente sus obligaciones contractuales. La obligación del vendedor de hacerse cargo de dichos gastos es independiente de si, en virtud del contrato de compraventa, estaba obligado a instalar el bien entregado. El objetivo de los derechos así conferidos a los consumidores por la Directiva no es poner a éstos en una situación más ventajosa que aquella a la que podrían aspirar en virtud del contrato de compraventa, sino simplemente restablecer la situación que habría existido si, desde un principio, el vendedor hubiera entregado un bien conforme.
Por lo demás, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva se opone a que una normativa nacional otorgue al vendedor el derecho a negarse a sustituir un bien no conforme, como única forma de saneamiento posible, debido a que tal sustitución le impone costes desproporcionados en relación con la relevancia de la falta de conformidad y del valor que tendría el bien si fuera conforme. En efecto, si bien la Directiva establece que el consumidor tiene derecho a la puesta en conformidad del bien defectuoso, mediante reparación o sustitución, excepto si ello resulta imposible o desproporcionado, la Directiva dispone igualmente que debe considerarse desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables. Por consiguiente, en el supuesto de que resulte posible sólo una de estas dos formas de saneamiento, el vendedor no podrá negarse a la única forma de saneamiento que permita poner el bien en conformidad con el contrato.
No obstante, el Tribunal de Justicia señala que en una situación en la que la sustitución del bien defectuoso, como única forma de saneamiento posible, entraña gastos desproporcionados debido a la necesidad de retirar el bien no conforme del lugar en el que hubiera sido instalado y de instalar el bien de sustitución, la Directiva no se opone a que el derecho del consumidor al reembolso de los gastos relativos a la retirada del bien defectuoso y a la instalación del bien de sustitución se limite, en caso necesario, a una cantidad proporcional a la importancia de la falta de conformidad y al valor que tendría el bien si fuera conforme. En efecto, tal limitación deja incólume el derecho del consumidor a solicitar la sustitución del bien no conforme. Sin embargo, la posibilidad de tal reducción no puede dar lugar, en la práctica, a que quede sin sustancia el derecho del consumidor al reembolso de tales gastos. Además, en el supuesto de una reducción del derecho al reembolso de los referidos gastos, debe reconocerse al consumidor la posibilidad de exigir, en lugar de la sustitución del bien no conforme, una reducción adecuada del precio o la resolución del contrato.

martes, 21 de junio de 2011

Trabajo dice que ha reestructurado los pilares del ordenamiento laboral español "en poco tiempo"

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha manifestado que el Gobierno, a través de las distintas reformas que ha llevado a cabo en el mercado de trabajo, ha sido capaz de reestructurar los pilares básicos del ordenamiento laboral español "en muy poco tiempo".
Durante su intervención en el Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Epssco) que se está celebrando en Luxemburgo, la secretaria de Empleo ha señalado que este proceso se ha realizado de acuerdo con los interlocutores sociales por medio de un diálogo que el Gobierno espera mantener abierto.
En un comunicado, Rodríguez ha asegurado que España comparte las reflexiones expuestas por la Comisión sobre los mercados de trabajo y, en especial, la necesidad de hacer un esfuerzo para aumentar la tasa de empleo, luchar contra el desempleo estructural, reducir el fracaso escolar y lograr que los salarios reflejen de manera más adecuada la productividad.
En este sentido, ha destacado las reformas que se han llevado a cabo en España en los últimos meses, "dirigidas a cumplir con gran parte de estas recomendaciones".
En concreto, Rodríguez se ha referido a la reforma de la negociación colectiva, aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada, y que, según sus palabras, se dirige a lograr "más negociación en la empresa, más flexibilidad interna, más capacidad de adaptación de las condiciones de trabajo al entorno empresarial y más dinamismo en la negociación de los convenios colectivos".
Por último, la secretaria de Estado de Empleo ha manifestado la conveniencia de disponer del tiempo suficiente para analizar las propuestas de la Comisión ya que, en su opinión, "algunas de ellas podrían haber alcanzado mayor grado de consenso y mejor definición si se hubiese dispuesto de un procedimiento más ordenado en tiempo y forma".



lunes, 20 de junio de 2011

Tigres y competencias municipales “impropias”

Se trata de un asunto recurrente. Me refiero al de los gastos de los Ayuntamientos en actividades que no son de su estricta competencia. Según los últimos estudios publicados, esta realidad afecta a la cuarta parte del total de los municipios españoles. Entre 2004 y 2007 estos dedicaron unos doscientos cincuenta euros anuales por habitante a financiar gastos no obligatorios. Dicho en términos generales, los alcaldes emplean tres mil millones de euros anuales a financiar estas llamadas “competencias impropias”. La seguridad y la protección civil más algunas prestaciones sociales son los ámbitos donde se despliega esta “anómala” actividad municipal.Desde la presidencia de la Federación de Municipios y Provincias se ha clamado contra esta realidad: “esto no puede seguir así”. Pero recordemos que esa misma presidencia fue la avalista de que la financiación local quedara aparcada y remitida ad calendas graecas cuando se discutió la financiación autonómica. Entonces, voces sensatas quisieron anudar la una a la otra, probablemente conscientes de que era la ocasión pintiparada para que el poder central se ocupara de los ayuntamientos españoles. Era claro que al tal poder central no le interesaba en absoluto mezclar ambas cuestiones, muy peliagudas, y la referida a las Comunidades autónomas, con una carga política especialmente explosiva.
Y, a base -imagino- de arrumacos, se consiguió en hora infausta el respaldo de la Federación de municipios. Así que ahora no es serio llorar como seres desvalidos lo que no se supo defender como responsables políticos adultos.
Desde el punto de vista jurídico, para mí es claro que la calificación de unas competencias como “impropias” es poco afortunada. Porque, como he escrito en muchas ocasiones, existe en nuestro Ordenamiento una declaración genérica según la cual puede el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, “promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyen a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal” (art. 25.1). Esta fórmula guarda marcado paralelismo con la cláusula contenida en el Derecho alemán y referida a la competencia universal de los Municipios para todas las cuestiones relacionadas con la colectividad local, entendidas éstas como las necesidades que los vecinos no pueden procurarse por sí mismos. Y aquí viene toda el despliegue teórico que muchos autores, empezando por Forsthoff, hicieron acerca de tales necesidades en el marco de un Estado moderno. Por tanto, las competencias de los Ayuntamientos son “propias” en cuanto estos asumen voluntariamente la obligación de ejercerlas.
Ahora bien, es evidente que, en virtud de un principio de mínima prudencia política, no deberían embarcarse en aventuras cuando carecen de la adecuada cobertura financiera. Por tanto, ahora que empieza un nuevo período en los Ayuntamientos españoles, me atrevería a aconsejar a los alcaldes que pongan plomo en sus pies.
Y que, a través de una renovada Federación de muncipios, planteen al poder central y a los autonómicos la necesidad de abordar ese modelo general de financiación que los ayuntamientos necesitan para sobrevivir. Sin complacencias ni apaños con los tales poderes porque, a final de cuentas, tienen más de inofensivos “tigres de papel” que de fieros mamíferos de la selva.

viernes, 17 de junio de 2011

Gómez replica a los sindicatos que la reforma laboral ha logrado "menos despidos"

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha dicho este jueves que respeta la recogida de firmas por parte de los sindicatos para revertir la reforma laboral aprobado el año pasado, pero les ha replicado que esta reforma "mantiene los equilibrios fundamentales" en el mercado de trabajo español y ha permitido que haya "menos despidos en las empresas" y más casos de reducción de jornada.
"La reforma laboral ha hecho que los expedientes de suspensión de jornada, lo que llamamos el modelo alemán, frente a los expedientes de extinción, hayan crecido más de un 300%. Tenemos menos despidos en las empresas y en cambio más capacidad de adaptación al ciclo económico cuando las cosas van mal, cuando hay situaciones adversas", ha destacado Gómez.
A su juicio, se trata de una reforma que "mantiene los equilibrios fundamentales en nuestro modelo de relaciones laborales", ya que da "flexibilidad a las empresas" pero "cuida también de los derechos de los trabajadores". Por ello, ha reclamado no realizar "evaluaciones precipitadas" de sus resultados y esperar a que la economía vuelva a crecer antes de sacar conclusiones.
El ministro de Trabajo ha señalado que "en este momento en la agenda del Gobierno no figura una nueva reforma laboral" y ha dicho que la UE no ha pedido explícitamente a España más cambios en el mercado de trabajo, sino únicamente que examine a finales de 2011 los resultados de la reforma del año pasado y después "tomar las decisiones que correspondan".
Gómez se ha reunido en Bruselas con el comisario de Empleo, László Andor, para presentarla la reforma del sistema de negociación colectiva aprobada la semana pasada por el Gobierno. "Ha sido una reforma bien recibida por la Comisión", ha sostenido.
El ministro de Trabajo ha celebrado que el Ejecutivo comunitario retirara la petición a España de que rebaje las cotizaciones sociales y suba el IVA. "El Gobierno ha reiterado también que no es el momento de producir este tipo de cambios ni en nuestro sistema fiscal ni en nuestro sistema de cotizaciones", ha insistido.
Asimismo, ha insistido en que España "no tiene un sistema de indiciación salarial", sino que "negocia libremente los salarios y no hay una vinculación estricta de los salarios a la evolución de los precios".
El ministro de Trabajo ha anunciado finalmente que la semana que viene, probablemente el viernes, habrá una reunión de los empresarios y los sindicatos para retomar los trabajos de la mesa de empleo. Se centrarán en la modificación del contrato a tiempo parcial y en medidas de estímulo para el empleo juvenil.

jueves, 16 de junio de 2011

Reforma de la negociación colectiva

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de medidas para la reforma de la negociación colectiva.
Esta decisión se enmarca dentro del proceso de reformas estructurales que está abordando el Gobierno de España y pretende dar respuesta a la necesidad de mejorar y modernizar el sistema de negociación colectiva.
El Gobierno elabora este Real Decreto Ley tras ampliar el tiempo de negociación entre las organizaciones sindicales y empresariales que marcaba la reforma laboral, con el convencimiento expresado de que lo deseable hubiese sido una reforma pactada por los protagonistas de la negociación colectiva.
Reforma profunda, equilibrada y avanzada
Ante la falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios, el Gobierno ha buscado una reforma profunda, avanzada y equilibrada, teniendo en cuenta las posturas expresadas por los protagonistas de la negociación colectiva.
El Real Decreto Ley aprobado pretende introducir mayor flexibilidad interna en las empresas, de forma que cuando sufran cambios o atraviesen situaciones de dificultad, sea posible su adaptación a las nuevas condiciones, con el objetivo de mantener el empleo, en lugar de ir al despido, como sucede ahora.
También busca que los trabajadores puedan tener mayor participación en esa flexibilidad interna y aumentar con ello la seguridad sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como agilizar la negociación de los convenios.
Principales novedades
Se da prioridad a la aplicación del convenio de empresa en relación al sectorial en aspectos como salario base y complementos salariales; retribución de horas extras y de trabajo a turnos; horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos y planificación de vacaciones; adaptación de la clasificación profesional; adaptación de las modalidades de contratación; y medidas para la conciliación de vida y trabajo.
Estos cambios aumentan la capacidad de la negociación colectiva en la empresa para potenciar la flexibilidad interna y adaptar las condiciones laborales a las circunstancias específicas y concretas de las empresas.
Por otro lado, la capacidad de ordenar la negociación colectiva se reserva a los convenios sectoriales estatales y de Comunidad Autónoma, y se deja de reconocer ese papel a los convenios provinciales
Otro importante elemento de modernización que introduce la reforma es reconocer por Ley la capacidad de negociación colectiva en los grupos de empresas, permitiendo así dar cauce en esta materia a las nuevas realidades empresariales.
Nueva dinámica
Coobjetivo de agilizar y dinamizar la negociación de los convenios desarrolla una nueva dinámica negocial respecto a la vigencia de los mismos:
- Preaviso de denuncia de tres meses antes de finalizar la vigencia.
- Plazo de un mes para el inicio de negociación de un nuevo convenio desde la denuncia del anterior.
- Plazo de entre ocho y catorce meses para la negociación de un nuevo convenio.
- Compromiso de sometimiento a mecanismos de mediación y arbitraje, si no hay acuerdo transcurrido ese plazo, con el objetivo de solucionar las discrepancias surgidas.
La reforma de la negociación colectiva facilita la solución extrajudicial de los conflictos, favoreciendo con ello la paz social y una aplicación ágil y eficaz de las medidas.
Asimismo, se aumenta la capacidad de actuación de las Comisiones Paritarias, compuestas por la representación de los trabajadores y la empresa y que son los encargados de negociar los convenios y su correcta aplicación posterior, con la finalidad de lograr una administración de los convenios más dinámica, de manera que algunas de sus materias pueden ser modificadas de forma consensuada y paritaria.

 



miércoles, 15 de junio de 2011

Sobre el sector público local

Hace unos días concluí la lectura del Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización del sector público local correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008. Se aprobó hace ya casi tres meses (en concreto en el Pleno del día 24 de marzo), pero su extensión, más de cuatrocientas páginas de información, así como la avalancha de otras normas que nos caen encima retrasó mi curiosidad. Conviene conocerlo.El Tribunal ha realizado un gran trabajo, aunque no deje de sorprender el dilatado espacio de tiempo entre las cuentas fiscalizadas ¡se incluyen las de hace cinco años! Pero el retraso no hay que imputarlo a este importante órgano constitucional, sino a las propias entidades locales. Abochorna saber que muchas Administraciones no envían información a los órganos de fiscalización. Alrededor del 30% de las Administraciones locales mantienen un deficiente cumplimiento de su obligación de rendir cuentas. Me ha sorprendido encontrarme con el dato de que hay muy poco nivel de cumplimiento en las Administraciones de Andalucía, Cataluña y Madrid; mientras que, por el contrario, las Administraciones más cumplidoras son las alojadas en la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Galicia, Navarra y la Región de Murcia. En todo caso, en los completos anexos de este Informe aparecen con detalle los nombres de las Administraciones incumplidoras.
Un gran esfuerzo se ha hecho desde el año 2005 para incorporar a los sistemas de contabilidad pública y control las ventajas que permite la informática y la realización los procedimientos vía telemática. El Tribunal ha promovido planes de formación, medios de asistencia y ayuda y, sin embargo, todavía denuncia que los resultados son muy pobres dentro de los Ayuntamientos incumplidores. En el Informe se puede leer que con muchos Ayuntamientos no ha sido posible contactar con los responsables de la contabilidad, no se ha encontrado a personal que atendiera el teléfono o recogiera el correo, ni se han respondido a los requerimientos que ha realizado el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo es posible tamaña desconsideración? Es lógico que se hayan abierto procedimientos conminatorios contra Alcaldes para imponer multas coercitivas.
Estas deficiencias se incrementan con relación a las Entidades locales menores. La cifra es pavorosa: ¡no han rendido cuentas el 85%! Una mala cifra para quienes, como es mi caso, defendemos el mantenimiento de estas pequeñas administraciones locales como medio para evitar la despoblación y el cuidado del campo y de los montes. Si algún día se inicia el proceso de fusión de Municipios, sería conveniente que las antiguas capitalidades pudieran mantenerse como entes locales menores y administrar sus bienes y distribuir entre sus vecinos las rentas de los montes. Pero si hay estos malos precedentes en el funcionamiento de estas entidades ¿quién las defenderá?
Ante esta información urge establecer medidas contundentes para que las Administraciones autonómicas puedan poner en marcha controles rápidos y eficaces para evitar ese grave incumplimiento. Es cierto que los presupuestos públicos de muchas de estas Administraciones locales son reducidos, en comparación con otras estructuras políticas. Sin embargo, por pequeños que sean, siempre se trata de dineros públicos sobre los que hay que tener un exquisito cuidado en su administración y disposición, en su intervención y dación de cuentas. Ese celo es uno de los pilares básicos del edificio del Derecho público. Si no lo atendemos, no podremos extrañarnos de que las estructuras políticas y administrativas presenten el estado de cierto deterioro y los ciudadanos empiecen a desentenderse del mantenimiento de esa casa común y cuestionen su aportación mediante el necesario pago de impuestos a las arcas públicas. (Sigo alarmada también por la cifra de economía sumergida que otro Informe ha desvelado: ¡el 25% del PIB!).
En fin, sin perjuicio de que siga comentando este interesante Informe, urge, como primera providencia, que las nuevas Corporaciones asuman la firme creencia de que deben rendir cuentas públicas de los fondos que gestionan.
Mercedes Fuertes López

martes, 14 de junio de 2011

Los secretos de la viagra profesional: hay vida laboral después de los 50

Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), planes de prejubilación titánicos, despidos para rejuvenecer y dinamizar la plantilla. Los profesionales senior están viviendo un momento complicado en su vida laboral. Pero medio siglo de vida a las espaldas y una experiencia profesional probada sirven para hacerse un hueco en este entramado laboral cada vez más competitivo.
En la mayoría de los casos, estos trabajadores han estado décadas en una misma empresa. Una estabilidad que, cuando se rompe, produce un vértigo lógico que hay que vencer si se quiere seguir avanzando en la carrera profesional. Las cargas familiares, las nuevas generaciones que llegan pisando los talones, un reciclaje profesional que quizá no se haya acometido aún, son algunos de los miedos que se presentan cuando con más de 50 años uno se divorcia de su empresa de toda la vida. No son pocos los empleadores que prefieren contratar mano de obra joven sosteniendo la creencia de que los que han superado la cincuentena son menos versátiles y exigirán contratos más estables y mejor remunerados.
Aunque “no son pocas las dificultades que van a encontrarse, no deben caer en el desánimo”, aconseja Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y de RSC de Adecco. Con una actitud positiva, persistencia, autoestima y capacidad creativa, cualquiera, tenga la edad que tenga, puede hacerse un hueco en el mercado laboral. Una postura optimista es importante, pero los profesionales senior no deben descuidar su formación. Mesonero recomienda “el reciclaje, recibir adiestramiento en áreas que tienen desactualizadas como la informática, las nuevas tecnologías o las técnicas de márketing y ventas”. El objetivo es “equiparar a los mayores de 50 con los más jóvenes y, de esta forma, conseguir que la mayor experiencia de los primeros se convierta en valor añadido”.
Y es que no hay que olvidar que estos trabajadores cuentan con un bagaje al que muchas compañías no pueden renunciar. Sobre todo, si se trata de perfiles directivos. Ana González, consultora de Talent Management BPI Group, cree que en el caso de los ejecutivos la edad puede convertirse en un factor que puede jugar a su favor. “Sus competencias, su experiencia en estrategia y en liderazgo pueden convertirse en la mejor carta de presentación para muchas compañías”.
Quizá en no pocas ocasiones, y debido en gran parte a la grave crisis económica, la mayoría de ellos, a pesar del currículo, no podrán ingresar en plantilla. Pero eso tampoco debería tomarse como un problema. Una buena salida es trabajar por proyectos. Los profesionales senior pueden reconvertirse en freelance, asesorando en distintas materias a empresas, colaborando en diferentes planes, en proyectos de consultoría, management, etcétera.
La clave: emprender
Según Pilar Jericó, socia directora de Be Up, “pueden ofrecer su experiencia y en algunos casos, como personas técnicas o directivos, que ayuden a otros en lo que ellos saben; emprendiendo nuevos proyectos, o bien moviendo la red de contactos para buscar nuevas opciones”. La agenda de estos profesionales senior es otra de las bazas con las que pueden contar a la hora de ocupar un hueco en una empresa o para iniciar un nuevo plan de negocios por su cuenta.
Emprender una nueva aventura empresarial es otra solución. De nuevo, serán los exdirectivos los que más opciones de éxito tengan en esta tarea. Pero los contactos no son lo único con lo que cuenta un trabajador mayor de 50 años. Eso sí, “hay que tener muy claro el proyecto y eso pasa por hacer un análisis de mercado, de la competencia, no lanzarse impulsivamente porque no sólo están jugando con una inversión económica, también con una emocional”, afirma González. No obstante, hay que tener cuidado cuando se quiere emprender un nuevo negocio pues “algunas veces no se hace con detalle y se lanzan a proyectos que fracasan. Hay que ser realista y no marcarse cotas inalcanzables”.
Otras alternativas
Los perfiles más bajos cuentan con menos opciones, aunque también pueden probar con el autoempleo. De todas maneras y según Francisco Mesonero, “actualmente las empresas empiezan a demandar profesionales con experiencia en áreas como la dependencia o la atención telefónica al cliente, debido a que los mayores proyectan una mayor credibilidad y confianza”.
La edad no supone una barrera, asegura la consultora de BPI Group, “cuando hablamos de perfiles más técnicos, como fresadores o técnicos de montaje, por ejemplo, porque no hay tanta oferta en el mercado”.
Estamos perdiendo mucha capacidad profesional en las empresas con el criterio de enaltecer la juventud y su promesa de futuro”, dice Jericó. Y es que el talento, por tanto, no tiene edad.

lunes, 13 de junio de 2011

Trabajo incluirá en la reforma posibles pactos de los agentes sociales sobre flexibilidad

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha asegurado a los agentes sociales que "si llegan a un acuerdo sobre flexibilidad interna, ni por parte del Gobierno ni del grupo socialista habrá ninguna dificultad para trasladarlo en forma de enmiendas" al proyecto de Ley durante su trámite en el Parlamento. "El diálogo debe continuar", ha recalcado.
En rueda de prensa para valorar el proceso de contactos antes de la aprobación de la reforma de la negociación colectiva, ha trasladado, por el contrario, un mensaje a los grupos parlamentarios: que el Gobierno no aprobará un sistema de ultraactividad que desproteja a los trabajadores. Así, ha especificado que el tiempo máximo para negociar la renovación de un convenio estará en una horquilla de entre 12 y 18 meses, en función de la complejidad del mismo.
Dicho esto, frente a la CEOE y los sindicatos, que han acusado al Gobierno de no incluir los acuerdos alcanzados hasta el momento de la ruptura de las negociaciones de la reforma, Gómez ha recordado que las partes no llegaron a realizar "un principio de acuerdo por escrito".
Además, les ha recordado que aún hay otros elementos en los que deben seguir negociando en el marco de la reforma, como el diseño de "un buen mecanismo de mediación y arbitraje".
"Ahí hay elementos fundamentales en los que pueden perfectamente avanzar en la negociación", añadió, para reiterar que la reforma diseñada establece que "el arbitraje debe ser organizado de tal forma que en los convenios sea un contenido mínimo".
LAS JUSTIFICACIONES
Además, ha explicado, con la vista puesta en los sindicatos, que el Gobierno ha cumplido en materia de ultraactividad y no la elimina, al tiempo que ha defendido que los convenios de empresa sólo prevalecerán por encima de convenios sectoriales provinciales, no de los nacionales y autonómicos. En este punto, ha explicado que la intención del Gobierno es que se reduzcan paulatinamente los convenios provinciales y un aumento de los convenios estatales o autonómicos.
Para los empresarios, ha defendido que la revisión de las flexibilidad es "la más atrevida y profunda" jamás realizada. Así, ha destacado que la reforma no sólo da más peso al convenio de empresa, sino que permite descuelgues salariales y más libertad para el empresario a la hora de cambiar las condiciones de trabajo. "No es una reforma hecha a la medida de las organizaciones sindicales", ha sentenciado.
En cuanto a los contactos mantenidos con los grupos parlamentarios, el ministro de Trabajo ha destacado que "la primera impresión ha sido razonablemente positiva", a lo que ha añadido que, "más allá del color de cada uno, ha habido voluntad de colaboración".
En cuanto al calendario de la reforma, Gómez ha dicho que, una vez aprobado el Decreto Ley, la intención es convalidarlo en el Congreso "lo antes posible" para tramitarlo con "urgencia" como proyecto de Ley.

viernes, 10 de junio de 2011

Estructurar la demanda de vivienda, regular la oferta: Experiencias pioneras

Los registros administrativos para gestionar el parque de vivienda social que habían empezado a surgir en algunas Comunidades Autónomas (País Vasco, Aragón) se generalizaron en España a raíz de lo establecido en el artículo 13.7 y la disposición transitoria octava del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. El precepto citado previó que “la venta y adjudicación de las viviendas acogidas a este Real Decreto habrá de efectuarse a demandantes inscritos en los registros públicos previstos al efecto por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, según los procedimientos que éstas regulen, que, en todo caso, deberán garantizar los principios de igualdad, publicidad, concurrencia, así como eliminar cualquier tipo de fraude en las primeras y posteriores transmisiones”. La exigencia de registros de demandantes fue reforzada por el artículo 5.1.d) del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, al establecer taxativamente que “la venta y adjudicación de las viviendas sólo podrá efectuarse a demandantes inscritos en los registros públicos previstos al efecto por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta”, prescindiendo de procedimientos alternativos que sí admitía el plan anterior.Los registros impulsados por el Plan estatal 2005-2008 contaban con diversos precedentes europeos (Paris 1990; Munich 2001; Cantón de Ginebra 1997; Edimburgo 2003 en el marco de la iniciativa escocesa del “national framework for common housing registers”) y españoles (País Vasco, 1997; Aragón 2004; San Sebastián 2004; municipio de Madrid 2005). Si los precedentes europeos se caracterizan por su vocación a la gestión del parque de vivienda social en alquiler, los españoles tenían en común su vocación general, omnicomprensiva de todas las tipologías de vivienda protegida, social o no, y su vinculación a los procedimientos de adjudicación, al menos inicialmente.
La creación de los registros de solicitantes o demandantes de vivienda y la intervención administrativa sobre los procesos de adjudicación ampliaron notablemente el ámbito de actuación de la administración competente en materia de vivienda, tradicionalmente centrada en la gestión de ayudas y subvenciones públicas y, con grandes altibajos, en la provisión de vivienda social en el marco de un servicio social de interés económico general. Los registros de solicitantes o demandantes se han limitado a la vivienda protegida, sin constituir bases estadísticas omnicomprensivas de toda la demanda residencial. No faltan quiénes, vinculando la ampliación del ámbito de los registros a la vivienda libre a las medidas de estímulo del sector inmobiliario y del cooperativismo, formulan tal propuesta vinculándola incluso al derecho a la vivienda y a la subordinación de las decisiones de clasificación de suelo al mismo según la más reciente normativa estatal de suelo y configurándola, sin precisión técnica a mi juicio, como servicio público.
En todo caso, la gestión de los registros de solicitantes de vivienda genera un incremento sustancial de la carga de trabajo y, por ello, resulta indispensable canalizar las demandas ciudadanas de acción administrativa explotando nuevas tecnologías, creando nuevas estructuras multicanal de atención al ciudadano e implantando procesos de administración electrónica. Han de gestionarse solicitudes de inscripción, de cancelación, de modificación, procesos de adjudicación pública o privada, por promotores o cooperativas o entidades análogas, autorizaciones variadas para la aplicación de procedimientos especiales, bajas, caducidades, renuncias, etc. En suma, la creación de ese nuevo ámbito de intervención pública, de gestión del nuevo servicio de interés general en materia de vivienda al que he aludido al inicio de este trabajo, exige poner en marcha sistemas eficaces y novedosos que permitan canalizar las relaciones de la administración con los ciudadanos y empresas afectados.
En Aragón lo anterior se resolvió mediante la creación del registro de solicitantes de vivienda protegida de Aragón y el servicio administrativo de gestión de demanda de vivienda, integrado en la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación a lo largo de los años 2004 y 2005. El registro de solicitantes de vivienda protegida de Aragón está en funcionamiento desde principios de 2004 y los procedimientos de adjudicación bajo control público desde mediados de 2005. La articulación jurídica del registro aragonés se realizó en paralelo con el diseño de las herramientas informáticas y de los sistemas de atención multicanal para garantizar un adecuado funcionamiento desde el primer momento, esencial dadas las expectativas generadas. El sistema de relación con el ciudadano se desplegó por las tres provincias aragonesas y se basó en oficinas de atención presencial con cita previa, una página web transaccional en la que se implantan de manera progresiva procesos de administración electrónica (inscripción, modificación) y un centro de atención de llamadas a través del cual el ciudadano puede realizar sus gestiones, incluida la cita previa para las oficinas presenciales o la cumplimentación de solicitudes, sin necesidad de desplazarse físicamente a centros administrativos. La administración electrónica es, también aquí, el futuro inmediato.
Los objetivos de los registros de solicitantes de vivienda protegida son fundamentalmente dos. En primer lugar, deben servir para conocer y evaluar dinámicamente la demanda de vivienda protegida y su distribución en el ámbito correspondiente para hacer posible el diseño de políticas de vivienda protegida más realistas y adecuadas a las necesidades de los ciudadanos. En segundo lugar, el registro ha de ser un instrumento básico para facilitar la intervención y control públicos del mercado de vivienda protegida y del cumplimiento de la normativa en la materia. En particular, los registros suelen ser herramientas esenciales para articular los procedimientos de acceso a la vivienda protegida a través de cualquier vía (promoción pública, promoción privada concertada o convenida, resto de promoción privada, autopromoción individual o en cooperativa o entidad análoga, segundas transmisiones). Como resultado de todo ello muchas administraciones autonómicas cuentan hoy con una base de datos de valor inestimable para el diseño e impulso de las políticas públicas de vivienda, una base en la que no sólo está recogida la demanda, sino también la oferta, los promotores o gestores, las promociones impulsadas y muchos otros datos, como la evolución de las titularidades de las viviendas protegidas existentes, datos objeto del máximo nivel de protección desde la perspectiva de la normativa de protección de datos. 
Julio Tejedor Bielsa

jueves, 9 de junio de 2011

Más del 50% de los españoles busca trabajo en las redes sociales, según Viadeo

Un 51% de los españoles dice utilizar las redes sociales para buscar empleo, según un doble estudio que analiza la percepción de los ciudadanos, los directores de recursos humanos y los usuarios de la red profesional 'online' Viadeo acerca de la situación laboral actual.
   El estudio señala que un 64% de los directivos que han participado en el sondeo reconoce que suele consultar el perfil de los candidatos a un puesto de trabajo en las redes sociales antes de la entrevista. De hecho, tres de cada diez admiten haber descartado a algunas personas por no tener presencia en este tipo de redes o tener un perfil pobre o poco actualizado.
   Un 44% de los encuestados por Viadeo que dice no tener trabajo lleva más de un año buscándolo. En este sentido, para los directores de recursos humanos que han colaborado en el estudio son "indispensables" a la hora de lograr el éxito en el proceso de búsqueda presentar el currículum de manera "sencilla y atractiva" (26%), saber venderse en la entrevista (23%) y tener un buen conocimiento de la empresa (22%).
   Por contra, los factores que los expertos creen que conducen al candidato al fracaso son la falta de experiencia (30%) y formación (20%), las mentiras en los currículums (20%), no saber enfrentarse a una entrevista (12%), la carencia de modales (10%) y un aspecto inapropiado (8%).
EL 43%, SATISFECHO CON SU TRABAJO
   El 43% de los españoles en activo está contento con su empleo actual, según los resultados de la encuesta de Viadeo, mientras que el 33% se considera "infeliz" en su puesto de trabajo, pero tiene miedo de dejarlo por la situación de crisis económica en la que se encuentra el país.
   Para los encuestados, los motivos de esa infelicidad laboral vienen dados por el salario (34%), la ausencia de perspectivas de crecimiento (20%) o la necesidad de vivir nuevos retos (16%).
   Por otra parte, Viadeo ha repartido este miércoles en Madrid 20 becas para la realización de másters valoradas en más de 100.000 euros en un evento que ha contado con la colaboración de escuelas de negocio como ADM International Bussiness School, Cesma Escuela de Negocios o IDE-Cesem.

miércoles, 8 de junio de 2011

Gómez avanza que la reforma de la negociación colectiva será "prudente y tranquila"

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha avanzado que la reforma de la negociación colectiva que el Gobierno aprobará el próximo viernes, 10 de junio, será "prudente y tranquila" y que es de esperar que esté en vigor el próximo otoño.
   En el marco de una jornada sobre 'Desempleo Juvenil' organizada por el Consejo Económico y Social (CES) y el Comité Económico y Social Europeo, el titular de Trabajo ha dicho que el Ejecutivo partirá de los acuerdos "no escritos" alcanzados por patronal y sindicatos poco antes del "relativo fracaso" de las negociaciones.
   Más allá, Gómez explicó que el Gobierno no eliminará la ultraactividad de los convenios cuando éstos caduquen, e impulsará los mecanismos de mediación y arbitraje para solucionar los conflictos.
   Asimismo, ha dicho que el Gobierno facilitará la flexibilidad interna en las empresas, tanto en materia de jornada laboral como en las condiciones salariales, pero articulada de forma "dialogada".
   En el caso de que el entendimiento no fuera posible, Gómez ha dicho que será preciso acudir a la mediación y al arbitraje, pero ha recalcado que esto ha de hacerse de forma "voluntaria" entre las partes.
   Concretamente, ha dicho que lo que plantea el Gobierno es "buscar un ámbito en el que muchas cosas derivadas de las relaciones laborales que ahora terminan en los juzgados de lo social encuentren un ámbito intermedio entre la mediación y el arbitraje".
   Pero ha recalcado que la Ley no puede imponer un sistema de mediación y que éste ha de ser pactado libremente en el convenio. "Nos parece que el diálogo social entre empresarios y sindicatos en el futuro, más allá de que no hayan sido capaces de alcanzar un acuerdo, pueda dar lugar a un acuerdo concreto sobre el desarrollo de la mediación", a ser posible, después del verano.
LAS MUTUAS, A SEPTIEMBRE.
   Por otro lado, Gómez despejó que la reforma de las mutuas no se acometerá hasta septiembre, como se fijó en el Acuerdo Económico y Social (ASE) del 2 de febrero, pese a que ya existía un acuerdo avanzado a tres bandas sobre esta materia.
   "Nos sentimos vinculados al acuerdo del 3 de febrero para propiciar una reforma de las mutas. A ese acuerdo nos remitiremos, no a éste que se ha estancado", ha dicho.
   Con todo, ha asegurado que el Gobierno se siente comprometido con el control del absentismo y a favor de introducir más relación entre los costes de la incapacidad temporal y las aportaciones de las empresas.
NO SE TOCARÁN LOS SALARIOS Y NO HABRÁ NUEVOS CONTRATOS.
   Preguntado por si la reforma del Gobierno introducirá alguna novedad en materia salarial, el ministro de Trabajo ha dicho que el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva ya preserva la moderación salarial y que los salarios no se pueden regular por Ley.
   "La Ley no puede ni debe actuar, sería constitucionalmente imposible", dijo, para añadir que "eso forma parte del terreno de la autonomía de la negociación colectiva".
   Tras apostar por el diálogo social, Gómez puso el acento en la mesa tripartita de los convenios que ya está trabajando para introducir mejoras en la contratación a tiempo parcial, y dijo que "la intención del Gobierno no es producir un nuevo contrato", sino un "nuevo esquema", pensando sobre todo en los trabajadores más jóvenes, combinando más, por ejemplo, la formación y el empleo.
   Dicho esto, indicó que el proceso de negociación permanecerá abierto durante las próximas semanas y confió en que pueda dar resultados pronto.

martes, 7 de junio de 2011

La precariedad es la "mayor" característica del empleo juvenil español, según Fepes

El presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social, (Cepes), Juan Antonio Pedreño, ha manifestado que la precariedad es la "mayor" característica del empleo juvenil español durante su intervención en la 'Conferencia sobre el Desempleo Juvenil' organizada por el Comité Económico Social y Europeo (CESE) y por el Consejo Económico y Social de España (CES) este lunes.
   Según Pedreño, el empleo juvenil español sobresale por tener una alta tasa de temporalidad en el trabajo asalariado, un alto índice de sobrecualificación y unos sueldos muy inferiores a los de la población adulta.
   Para Pedreño, "la vía a potenciar por todas las instituciones y poderes públicos para paliar el problema es dar un mayor impulso al fomento del autoempleo, ya sea de forma colectiva o individual", ya que a su juicio no sólo se generaría empleo, sino que se consolidaría y rejuvenecería la estructura social.
   Para finalizar su intervención, Pedreño ha hecho un llamamiento a las autoridades, tanto estatales como europeas, para que consideren "esta problemática, que no sólo afecta al sistema económico, sino que también debilita la cohesión social".

lunes, 6 de junio de 2011

De negociación colectiva, pepinos y ciclos

Fergurson, el entrenador del Manchester, en un alarde de caballerosa deportividad, reconoció la aplastante superioridad del Barça tras su victoria en la final de la Champion. Comentó que todos los equipos experimentan ciclos, y que el Barcelona FC gozaba, en estos momentos, de las mieles de su cima. Tenía razón. Todas las organizaciones tienen ciclos al alza, cuando todo parece salirles bien, y a la baja, cuando todo se desliza a peor. Y mientras que los vientos de la fortuna soplan a favor del equipo catalán,  el destino le pinta bastos a nuestro ancestral PSOE, tras muchos años de dulce miel y reluciente oro. Las desgracias nunca vienen solas sino que conforman legión para los socialistas: la mala gestión de la crisis económica, el tortazo electoral en las municipales y autonómicas, la equívoca determinación/ nominación/dedazo de Rubalcaba., y, por si fuera poco, hasta los pepinos se rebelaron, y los alemanes, con grave improvisación – quién lo diría, ellos tan perfectos – nos señalaron con su irresponsable dedo acusador por una falta que no habíamos cometido. Cada día desconfían más de nosotros, y nuestra debilidad externa nos hace presa fácil de caprichos y desvaríos varios, que así de dura es la vida, que le vamos a hacer. Pues en esta estábamos, cuando saltó la enésima mala noticia. Empresarios y sindicatos se levantaron de la malhadada mesa de reforma de la negociación colectiva, tras comprobar lo imposible de su cometido. Meses y meses de trabajo tirados por la borda que no sirvieron para otra cosa que para conformar un sonoro fracaso y abonar la melancolía de lo que pudo haber sido y no fue. Al gobierno, inocente en este culebrón, le cae ahora la patata caliente. Tendrá que presentar su propia reforma el día 10, y a buen seguro que a nadie dejará contento. Si se queda corto, nuestros prestamistas nos subirán el coste asfixiante de nuestra deuda, y, si se pasa, su parroquia le hará pagar factura en las próximas elecciones. Por uno u otro lado, será el PSOE el que pague. Cosas de los dichosos ciclos de Fergurson, quién sabe.
Mientras que los socialistas optimistas están ocupados en repetir el mantra del consuelo de que no existe mal que cien años dure y mientras que los socialistas pesimistas le añaden aquello tan fúnebre de que ni cuerpo que lo aguante, los españolitos de a pie debemos pedir responsabilidades no sólo a nuestros vapuleados partidos políticos, sino que, también, debemos exigírselas a los agentes sociales. ¿Cómo es posible que no se pongan de acuerdo ni siquiera ante estas circunstancias extremas de nuestro empleo? La negociación colectiva es vital para nuestra competitividad y capacidad de creación de empleo. La negociación colectiva es a la norma laboral casi lo mismo que los reglamentos a las leyes. Éstas teorizan y ponen límites, pero aquella es la que concreta la realidad. Ya sabemos lo que decía el prócer Romanones: hagan ustedes las leyes que deseen, pero déjenme a mí los reglamentos. Pues eso: son los convenios colectivos, ¡estúpido!
Sin embargo, la sociedad española no ha prestado suficiente atención a una materia tan trascendente y nos hemos preocupado mucho más por las sucesivas reformas laborales que no hacen otra cosa sino el decirnos el cómo podemos entrar a trabajar y el cómo salimos de la empresa, pero casi nada nos indica del cómo trabajamos durante el tiempo – a veces corto, pero en otras ocasiones de muchos años – que estamos entre los dos extremos. Los convenios regulan salario, jornada, turnos, vacaciones, responsabilidades, es decir, todos los aspectos que hacen posible el día a día de la empresa y del trabajo. Pues bien, nuestros agentes sociales han sido incapaces de alcanzar un acuerdo básico sobre la materia. Los sindicatos apenas se han movido, y los empresarios prefirieron levantarse antes que participar en los juegos florales de una acuerdo sin contenido. ¿Qué hará el gobierno ahora? Pues visto lo visto, nos tememos que una reformita insubstancial que deje las cosas más o menos cómo están. No podemos permitírnoslo. Nuestro sistema de negociación colectiva tiene más de treinta años y está completamente obsoleto. Y lo que era bueno para la España de los setenta, no tiene nada que ver con lo que precisamos en la España de la segunda década del XXI. Resulta imprescindible reformas que nos acerquen al resto de países europeos, de los que, desgraciadamente, nos separamos día a día en empleo y competitividad. Los agentes sociales no estuvieron a la altura. Lástima. ¿Lo conseguirá ahora el gobierno? Ojalá, aunque, si hacemos caso a los dichosos ciclos, al gobierno no podrá evitar el continuar deslizándose hasta el precipicio mientras le dura su ciclo bajista. Quizás usted tenga más confianza que yo en este Zapatero epilogal, pero yo me quedo con la filosofía parda del bueno de Fergurson.
Manuel Pimentel

viernes, 3 de junio de 2011

Aprobado el Proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que incorpora aportaciones del Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial, así como de Comunidades Autónomas y de diversas entidades que trabajan en la lucha contra la discriminación. Para su tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia.
Las características generales de la Ley son:
  • Es una Ley de garantías, que pretende garantizar el ejercicio del derecho más que reconocer nuevos derechos.
  • Se trata de una Ley de derecho antidiscriminatorio, más que de derechos sociales.
  • Es una Ley general, que opera a modo de legislación general de protección ante cualquier discriminación, frente a las leyes sectoriales.
  • Es una Ley integral, respecto a los ámbitos que incluye y los motivos de discriminación que recoge.
Objetivos
En cuanto a los objetivos de la misma, éstos son:
De forma general:
  • Consolidar legislativamente la igualdad.
  • Ser un mínimo común denominador normativo que contenga las definiciones y garantías básicas del derecho antidiscriminatorio.
  • Dar cobertura a las discriminaciones actuales y a las futuras.
  • Trasponer de manera adecuada las Directivas comunitarias de protección frente la discriminación.
  • Impulsar la aplicación transversal de la igualdad de trato y la no discriminación en las políticas públicas.
De forma específica:
  • La prevención y erradicación de cualquier forma de discriminación.
  • La protección y reparación de las víctimas.
Derecho a la igualdad de trato y no discriminación
El Título I de la Ley trata sobre el derecho a la igualdad de trato y no discriminación. En el Capítulo I se mejoran las definiciones de discriminación directa, indirecta y medidas de acción positiva, y se incorpora por primera vez al ordenamiento jurídico español las definiciones de:
  • discriminación por asociación y discriminación por error
  • discriminación múltiple
  • acoso discriminatorio
  • inducción, orden o instrucción de discriminar
  • represalia
  • diferencia de trato no discriminatoria (cláusula de salvaguardia para aquellas diferencias objetivas, legítimas y adecuadas derivadas de disposición, acto, criterio o práctica).
En el Capítulo II se establece el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en determinados ámbitos de la vida política, económica, cultural y social: empleo y trabajo tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, organizaciones (políticas, sindicales, empresariales…), educación, atención sanitaria, servicios sociales, acceso a la oferta pública de bienes y servicios, vivienda, establecimientos o espacios abiertos al público y medios de comunicación social y la publicidad.
En materia de educación, el Consejo de Estado entiende que la prohibición de financiación pública para centros educativos que excluyen a alumnado por razón de alguna causa de discriminación no vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde a sus propias convicciones. Además, según el Consejo de Estado, tampoco vulnera la libertad de educación ni la libertad de creación de centros docentes ya que, al margen de la financiación pública, el modelo de educación diferenciada se puede seguir aplicando.
Respecto a la contratación de seguros, en ningún caso el sexo podrá constituir un factor que determine diferencia de trato en las primeras y prestaciones de las personas aseguradas. Se da cumplimiento así a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 1 de marzo, que establece que no pueden existir diferencias de trato por razón de sexo.

jueves, 2 de junio de 2011

CEOE no plantea el contrato único de 20 días de indemnización en la mesa tripartita de la contratación

Gobierno, sindicatos y patronal han finalizado la segunda reunión tripartita de la mesa de contratación, en la que CEOE no han planteado el contrato único con 20 días de indemnización por despido y un máximo de una anualidad incluido en la propuesta presentada en los últimos días por la patronal madrileña CEIM, informaron a Europa Press en fuentes de CC.OO.
   Por el contrario, las mismas fuentes resaltaron que la reunión "ha ido bien". Desde el ámbito sindical, se había expresado el temor a que la patronal acudiera a la reunión con esta propuesta de máximos tras haber endurecido ayer su postura en la reunión de la negociación colectiva.
   Así pues, la reunión tripartita ha servido para "profundizar" en cuestiones como la contratación a tiempo parcial o la creación de un sistema dual que complemente formación y empleo, así como las alternativas de empleo para los trabajadores de mas edad.
   Las mismas fuentes insistieron que "la mesa tripartita tiene que funcionar", por lo que confiaron en que no esté "influenciada" en ningún momento por las negociaciones que se desarrollan en el marco de la negociación colectiva.

miércoles, 1 de junio de 2011

La Fundación Laboral de la Construcción lanza un servicio de formación para las empresas del sector

La Fundación Laboral de la Construcción ha presentado el 'Servicio FOCO a empresas', un programa de gestión integral de formación dirigido a las empresas del sector.
   Durante el acto de presentación, que ha tenido lugar en la feria Expomantec, que se celebra hasta el próximo sábado, el director general de la entidad paritaria, Enrique Corral, ha señalado que el objetivo de este servicio es facilitar a las constructoras la ejecución de sus planes de formación.
   Según el director general de la fundación de la construcción, el servicio FOCO permite hacer un estudio de detección de necesidades formativas de los trabajadores de la empresa para, acorde con los resultados, diseñar un plan de formación del que se puede hacer un seguimiento y una evaluación.
   Este servicio está especialmente dirigido a las pymes, ya que, según Corral, "son las que más necesitan la ayuda de la entidad porque son las que cuentan con menos recursos para poder encargarse de la formación de sus empleados".
   Además, la fundación también ha presentado su nuevo portal de formación, cursosenconstruccion.com, que pretende convertirse en el portal de referencia para los trabajadores y empresas del sector en materia formativa.