Valeriano Gómez apoya la propuesta de Rubalcaba para crear un contrato de aprendizaje

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha apoyado el contrato de aprendizaje propuesto por el candidato del PSOE a las próxima elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, para jóvenes sin cualificación.

En rueda de prensa, Gómez, que forma parte del equipo electoral de Rubalcaba, dijo estar "de acuerdo" con la "idea general" y la "pretensión" de la propuesta de Rubalcaba. De hecho, defendió la necesidad de adoptar un modelo dual, de inspiración alemana, en el que se complemente el empleo y la formación.

Si bien, quiso dejar claro "estas medidas (situar a los parados en itinerarios de formación) no se toman nunca para adelgazar las cifras del paro, sino para reducirlo".

La confección de este sistema forma parte de las discusiones de la mesa tripartita del empleo, que sigue su curso, junto a otras cuestiones como la mejora de tratamiento del empleo a tiempo parcial, la ampliación del régimen transitorio por el cual el Fogasa se hace cargo de parte de las indemnizaciones por despido o la posible ampliación de la ayuda de 400 euros (Plan Prepara).

Según indicó el ministro de Trabajo, es de esperar que la mesa alcance algunas conclusiones "en días", aunque preguntado cuando podría producirse la aprobación del correspondiente decreto, Gómez indicó que podría dilatarse varias semanas.

Únicamente, indicó que, en tanto que la vigencia del plan Prepara termina el 16 de agosto, la aprobación "no debería estar muy alejada de esa fecha".

¿Cuál es la realidad de la situación?

Hay dos versiones opuestas sobre el contenido de la mítica Caja de Pandora, en uno de ellas se dice que contenía todos los males y al abrirse se dispersaron, para desgracia humana, cerrándose la tapa justo antes de que la esperanza, que también estaba ahí, fuera liberada (Trabajos y días 90-105). La segunda versión relata que en realidad la Caja tenía bienes y su apertura ocasionó que éstos volaran privándose de ellos los hombres que en adelante solo viven afligidos por males. Ambas versiones coinciden en que lo único que se conserva dentro es la esperanza, el matiz es que para la primera versión la esperanza sería un mal y, para la segunda, un bien.Llevamos ya algún tiempo alertando de la situación a la que están abocadas la mayoría de las entidades locales españolas (La desaparición del sistema local en RAAP, Ante la implosión de los ayuntamientos españoles en El País) sin apenas oír algún eco que no sea una mera declaración de intenciones. Hemos planteado alguna propuesta, desde la fusión de los municipios a la revisión competencial, la reducción de cargos, la profesionalización y autonomía en la gestión administrativa, o la intensificación de la democracia participativa. Los títulos de los artículos reseñados son de por sí expresivos de una denuncia formal.

Tengo la convicción de que con la crisis iniciada por estos lares en torno a 2008 la Caja de Pandora abierta en la administración local española es de la primera versión, en la que lo único que nos queda, la esperanza, constituye un mal. Llevamos esperando una reactivación económica de un modelo caduco que en ningún caso puede paliar los males estructurales que están larvados desde hace dos siglos. Y esperamos desesperadamente algo que ya nunca va a llegar.

Mi intención a través del espacio que me brinda éste blog es efectuar algunas propuestas que mejorarían, de un día para otro, la situación actual. No trataré el tema de las competencias que han ido asumiendo los ayuntamientos y pertenecen a otros niveles de gobierno, el asunto está demasiado trillado y de nada ha servido calificarlas como impropias para dejarlas de prestar. Sobre este punto únicamente he de decir que se debe clarificar con los instrumentos previstos en la legislación administrativa, ya sea la aceptación de transferencias, la delegación de competencias o la encomiendas de gestión en lugar de basarse en la fórmula residual de atribución del artículo 25.1 de la Ley de Bases de Régimen Local. Tampoco voy a tratar el tema de la invención de competencias, ¡demasiado trabajo tenemos con el elenco existente para imaginar más! Precisamente a lo que me voy a referir es a un replanteamiento o relectura de las competencias obligatorias actuales o el sentido de las atribuciones que tienen las entidades en estos momentos.

Son propuestas desde diferentes planos, con otras perspectivas, que están dentro de lo posible, aunque impliquen una redefinición de la gobernabilidad, y, en algunos, casos la modificación constitucional, o de leyes orgánicas, o de las propias bases de régimen local que nadie parece dispuesto a pactar con carácter general, menos aún cuando hemos abandonado el contexto en el que debía haber sido abordado el gobierno local que es el ámbito supranacional (¡qué pena que no se sujetará en Europa, la última utopía del siglo XX!) en lugar de los derroteros por donde vamos aquí, encapsulados en el “copia y pega” (bad code smell) autonómico o regional. Y también son medidas que se pueden implantar en el ámbito local, sobre la base de una estrategia oblicua. Me dispongo pues a abrir la Caja de Pandora de la que no hemos de esperar nada, no nos queda nada más.

Guillermo Lago

Tribunal de Cuentas ¿Para qué?

Si el Tribunal de Cuentas no responde a la transparencia, conforme a su Aviso: Los auditores privados no pueden fiscalizar las instituciones públicas como ayuntamientos y comunidades autonómicas (www.nuevatribuna.es, 2011-07-01). Ante la intención de nuevos gobernantes locales de realizar auditorías externas sobre las cuentas de determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos. Cuando la realidad pública nos indica que, sí pueden realizar auditorías públicas los auditores privados ¿Acaso la Nueva Ley de Auditoría de Cuentas, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de julio de 2010 no supuso un paso adelante al reconocer la insuficiencia de los medios propios en los órganos de control de las Administraciones Públicas expresada en los Congresos Nacionales de Auditoría del Sector?Si el Tribunal de Cuentas no contribuye con la transparencia, en tanto acepta por una parte, que su función es primordialmente pública, y su auditoría en correspondencia tiene una naturaleza igual, es decir, pública. Y por otra, su Presidente, Manuel Núñez Pérez, afirma que muchas de las actuaciones en la fiscalización continúan permaneciendo en un mundo desconocido para la mayor parte de la sociedad, derivado “más a posiciones ideológicas o partidistas que al verdadero interés de la sociedad” (Transparencia e instituciones de control, revista Auditoría Pública, número 49, noviembre de 2009, p. 11). Sin embargo, omite analizar que el Tribunal de Cuentas obliga a los auditores a mantener el secreto de cuanta información conozcan en el ejercicio de su actividad. Luego, ¿Cómo el Tribunal de Cuentas puede cumplir con una función pública, que su auditoría también sea pública, y contribuya con la transparencia si exige la secrecía o confidencialidad?

Si el Tribunal de Cuentas no transparenta la colaboración o participación de firmas privadas en la fiscalización de los fondos públicos. Al aparentar cerrarles la puerta pero darles entrada por la de atrás, bajo la justificación de la insuficiencia en los organismos de control, y tal pareciera la “única salida” para solucionar su grave retraso, un problema que acusa el Tribunal de Cuentas y que existe en la generalidad de los órganos de fiscalización. Y si en verdad el Tribunal de Cuentas ha pretendido salir al paso de las informaciones sobre la referida intención, su declaración de la colaboración de la auditoría privada con la pública resulta hueca. Porque no aclara o determina las causas de la permanente desactualización, dependencia, insuficiencia, o rezago en los órganos de fiscalización. En el fondo, la pretendida colaboración refleja el dominio conceptual de la auditoría privada, y éste término proviene del latín privatus, es decir, privado, del verbo privare, privar de algo. Y la auditoría privada es la herramienta que ha permitido privar información. Pero, lo público es aquello que es de interés general, debe estar a la luz, todos deben poderlo ver. Luego, ¿No resulta absurdo solicitar un informe anual de transparencia a las firmas privadas cuando su práctica se desarrolla en la oscuridad, al margen de las miradas y del escrutinio público de la sociedad?

Si el Tribunal de Cuentas no asume en su institución y en sus auditores, su historicidad. Al atribuirles supuestas propiedades per se, que les permiten aislarse de sus circunstancias y situaciones, tal como lo ejemplifica “El Consejero Mayor de Cuentas de Andalucía, Antonio M. López, pretende reforzar la independencia, integridad y objetividad de la institución y para eso ‘debe estar fuera del debate político’, al tiempo que ha señalado que no descarta para ampliar el campo de actuación buscar colaboración de entidades privadas especializadas en el sector público” (Web de Auditoría Pública, noticias). Tal si la política fuera un ‘contaminante’ y las entidades privadas estuvieran ajenas a esta ‘contaminación’. La auditoría desde su origen hasta nuestros días se ha legitimado a través de la idea, que su naturaleza es independiente y se desarrolla con objetividad. Es decir, sus propiedades están en sí, no obstante Enron o Lehman Brothers, se acude una y otra vez a la auditoría privada tal si fuera un faro que guiara a la certidumbre y seguridad sobre el manejo de los fondos públicos, aunque se olvide que esa guía ha llevado a empresas, gobiernos y a la sociedad global al borde del naufragio y a encallar. Más los funcionarios de la fiscalización parecen encontrarse en una dimensión donde no les afecta los condicionamientos históricos, y en todo caso, si los perciben no han estado dispuestos a determinar la forma o el grado en que la política y lo social influyen en la fiscalización. Pero en tanto, en el seminario que organiza la universidad de verano de Maspalomas, promovido por la Audiencia de Cuentas de Canarias, Manuel Núñez centró su discurso en defender a los Órganos de Control Externo como los garantes de las cuentas públicas, luego Tribunal de Cuentas ¿Para qué?

Mario Alberto Gómez Maldonado

El equilibrio veraniego

Aunque el verano suele cambiar todas nuestras prioridades, y las cuestiones que nos han ocupado durante el invierno pasan a un segundo plano, este año padecemos una tremenda presión de los mercados financieros sobre la deuda pública de los países mediterráneos, y es imposible ignorar la gravedad del momento.

Grecia ocupa un lugar predominante en la lista de preocupaciones; pero Portugal, España y ahora Italia no desaprovechan la menor ocasión para robar planos de atención pública al país heleno. En mis artículos anteriores me he referido a Grecia, y hoy vuelvo a hacerlo, pero desde un punto de vista diferente y, he de reconocer, bastante informal pese a la gravedad del momento: la situación es tan extrema, que causa pudor tratar asuntos triviales, pero el verano es el verano.

Casualmente he hablado estos días con varias personas que, por diferentes motivos, tienen previsto ir de vacaciones a Grecia, bien sea en plan cultural, o en plan turístico playero, y tal coincidencia me ha llamado la atención. Es evidente que Grecia ha sido siempre un lugar muy atractivo para las vacaciones, interesante, y próximo; pero este año parece que ha ganado puntos en la lista de intenciones de muchos españoles (los que se puedan permitir unas vacaciones así, claro).

En todas esas charlas sobre veraneos en Grecia el diálogo ha sido parecido: teníamos ganas de ir desde hace mucho tiempo, hemos encontrado una oferta muy interesante, nos sale muy bien de precio, etc.; con tal de que nos respeten las huelgas y manifestaciones, estaremos muy bien. Y la verdad es que resulta un razonamiento muy sensato que, además, refleja uno de los posibles mecanismos de ajuste que deben funcionar para que Europa supere la crisis (si queda tiempo para ello).

Como consecuencia de la adversa situación que está experimentando Grecia desde hace tiempo, y dado que el país no dispone de la herramienta de la devaluación de la moneda para superar la crisis, sólo queda el recurso de reducir los costes nacionales para ganar competitividad: los precios de los activos, salarios y servicios deben bajar; es decir, el país se tiene que abaratar respecto del exterior, para ganar atractivo ante el resto del mundo, de Europa, principalmente. (Por favor, “no disparen sobre el pianista”, la economía es como es).

Cuando se produce ese abaratamiento del país, hay muchos demandantes del producto Grecia como destino turístico que antes no podían, o no querían, gastar parte de su renta en visitarlo que, sin embargo, ahora sí ven provechoso para sus propios fines organizar las vacaciones con ese destino; esto significa más ingresos para el país elegido y, suponiendo que, a pesar del malestar reinante entre los habitantes de Grecia, la calidad de servicio y atención no baje (e, incluso, que suba) se convierte en una oportunidad para equilibrar parcialmente la adversa situación.

Dependiendo del peso relativo que el turismo tenga en la balanza de pagos del país, se necesitarán más o menos años para superar el problema; en el caso de Grecia, el turismo es, sin duda, un componente muy importante del producto interior bruto (supone en torno al 20% del PIB) y, aunque ha sufrido mucho con la crisis y la mala imagen del país estos últimos meses, puede que este verano recupere parte del terreno perdido.

Es evidente que no sólo con turismo saldrá Grecia de su crisis, pero el razonamiento es parecido para todas las facetas de la economía: grandes empresas, autopistas de peaje, puertos, aeropuertos, etc. son activos que han perdido valor relativo, sus propietarios actuales tendrán problemas serios para mantenerlos a flote o sufrirán importantes pérdidas, el gobierno no podrá mantener a todos sus empleados, o tendrá que pagarles mucho menos…; a los ojos de los inversores del resto del mundo, por el contrario, ganan atractivo: corresponden a un país cuyas reglas de juego se encuadran en el estándar europeo, la población seguirá necesitando que le ofrezcan productos y servicios, y aportando capital y métodos de gestión más avanzados, producirán unos rendimientos satisfactorios; la condición principal es que se respeten las normas de juego, o como dirían los veraneantes, que nos respeten las huelgas. Esa entrada de fondos procedente del resto del mundo, junto con los restantes ajustes internos que el país deberá afrontar, terminarán por revertir la situación, sentando las bases de la siguiente fase positiva del ciclo económico.

Está claro que en esta secuencia faltan matices, que muchas personas sufrirán en el ajuste (menos salario, pérdida del valor patrimonial, empeoramiento de las condiciones laborales y de jubilación, más presión fiscal….) pero en el agregado, puede que establezcan las bases para que el país siga aproximándose a los niveles de renta europeos. Como he dicho en otra ocasión, yo prefiero esa evolución antes que el modelo “sudamericano”.

Tomás García Montes

SOS: Ayuntamientos en quiebra. Nuevas recetas para el equilibrio.

Los ayuntamientos comienzan a lanzar su SOS desesperanzado. No tienen un duro en sus cuentas de ruina. En épocas de bonanza acometieron grandes inversiones, ampliaron plantillas y ofertaron nuevos servicios con la ilusoria confianza de que las vacas gordas durarían por los siglos de los siglos, amén. Llevamos cuatro años de crisis, y el Gobierno de España tuvo que someterse a una estricta cura de adelgazamiento que ahora debe recetar a autonomías y entidades locales. Las instituciones internacionales y europeas exigirán a nuestro país la paulina reducción del déficit, al tiempo que someterán a nuestras cuentas públicas a un riguroso control y seguimiento. Dado que nuestra estructura global del gasto se distribuye entre los diferentes niveles territoriales, es razonable que aquello que se le pueda exigir al Estado se le deba poder exigir también al resto de administraciones. No tendría ningún sentido que el déficit se descontrolara por la falta de voluntad o de la capacidad de gestión de algunas entidades territoriales. Es legítimo y necesario que existan instrumentos de control para garantizar, en todo caso, el cumplimiento de los límites presupuestarios comprometidos con el exterior y aprobados en las Cortes. Existe un interés general en el hecho de garantizar el rigor presupuestario de nuestros ayuntamientos, diputaciones y autonomías, por lo que debemos reforzar el control del gasto. Por tanto, además del establecimiento del límite legal del techo de gasto para cada ejercicio, debemos garantizar el suficiente poder a unos interventores y secretarios que deben disfrutar de la necesaria independencia de los responsables políticos locales como para poder garantizar eficazmente su función. Debemos repensar la conveniencia de que volvieran a ser cuerpos nacionales a todos los efectos.

Otra novedosa línea de trabajo es la de legislar sobre la responsabilidad de los consejos de gobierno y plenos, al igual que ya ocurre con las empresas. Los miembros de un consejo de administración deben responder ante la justicia con sus propios bienes en caso de gestión inadecuada o manifiestamente ilegal. De igual manera debe ocurrir con los responsables políticos, que no pueden, irresponsablemente, arruinar unas cuentas públicas con políticas manirrotas sin suficiente respaldo presupuestario. Debe enterrarse para siempre aquello tan repetido por algún responsable de la Federación española de Municipios de “Haz lo que debas, aunque debas lo que hagas”, que ha conducido al estado de absoluta ruina de tantas de nuestras instituciones.

Las ayudas de Papá-Estado ni están ni se les esperan. Cada ayuntamiento tendrá que abordar su problema en solitario. Existen políticas de ahorro que no conllevan grandes sacrificios, como la reducción de inversiones o de gastos corrientes, pero esta vía ya se encuentra casi agotada por estos dos últimos ejercicios de restricciones presupuestarias. Los ahorros deberán obtenerse de las partidas del capítulo I, personal, y del IV, transferencias, así como de las subvenciones a las empresas públicas dependientes. En aquellos ayuntamientos que deban acometer extinciones de contratos y nuevas reducciones de sueldos serán previsibles fuertes tensiones sociales. Los nuevos alcaldes y presidentes autonómicos no pueden limitarse al mantra de responsabilizar a los anteriores gestores del estado de las cuentas. Eso ya lo sabían los ciudadanos y por eso cambiaron su voto. Los regidores tendrán que actuar responsablemente hasta restablecer un razonable equilibrio financiero.

Otro capítulo novedoso que se podría abordar es el de la estructura de la negociación colectiva de los trabajadores municipales. Normalmente, en el ámbito público, los convenios son más generosos mientras más cercano sea su ámbito. Así, un policía local suele ganar más que uno autonómico y éste más que el nacional. Un funcionario municipal suele ganar más que el regional y éste que el nacional, como se suele advertir en las transferencias. Ese gradiente de condiciones es debido a la mayor capacidad de presión de los sindicatos sobre el poder a medida de que éste es más cercano, lo que origina que, en más ocasiones de las razonables, los convenios locales sean más elevados de lo recomendable y sostenible. Una posible solución sería la de elevar el ámbito de negociación al menos hasta el nivel provincial, o, mejor aún, a nivel autonómico, estableciendo distintos valores en función de la población municipal. Esta fórmula permitiría alejar el ámbito del conflicto de los negociadores, y así equilibrar unas fuerzas ahora en demasía inclinadas a favor de unos trabajadores municipales que, a la postre, tienen que ser pagados por el conjunto de los ciudadanos.

Pero el recorte de gasto será insuficiente para salvar la situación. Nuestros ayuntamientos precisarán subir impuestos si quieren cuadrar cuentas y esta subida drenará aún más el escaso consumo en nuestras localidades. En consecuencia, si se quiere reactivar la economía, estas subidas deberán ser lo más reducidas posibles.

También existen otras vías de generar nuevos ingresos, como la de la explotación de los ingentes recursos municipales. Existen grandes oportunidades de colaboración público-privada, donde está casi todo por hacer. Existen experiencias muy interesantes en otros países de las que podríamos aprender.

Algunas voces consideran que la necesidad de fondos de nuestras instituciones es tan elevada, que no tendrán más remedio que acometer políticas similares a las famosas desamortizaciones del XIX, que permitieron el nacimiento del estado liberal. Las privatizaciones de empresas públicas ha sido una vía muy utilizada por el Estado en estos últimos años; recordemos el caso de Telefónica o Endesa o los de Loterías y AENA en la actualidad. También las entidades territoriales pueden beneficiarse de alguna privatización, o de venta o alquiler de su espectacular patrimonio, en su mayor parte ocioso.

En resumen, tanto para las partidas de gasto como por la de ingresos existen fórmulas novedosas para explorar. Los gestores y profesionales municipales tendrán que realizar un enorme esfuerzo de innovación e imaginación para superar el enorme reto que suponen unos ayuntamientos cercanos a la quiebra.Manuel Pimentel

Gestión y dirección

En muchas ocasiones, en la gestión diaria en un Ayuntamiento me pregunto el porqué de algunas cosas. Por ejemplo por qué el Alcalde tiene las competencias que tiene y por qué está omnipresente y ubicuo en toda la gestión municipal. Por qué se decidió establecer este sistema gestor presidencialista.

Con la transición política tras el franquismo se pasó de un sistema casi totalmente tecnocrático a un sistema casi totalmente de dirección política. La Ley de Bases configura un sistema en el que el Alcalde es un órgano político pero además, un órgano gestor en lo más extenso de la expresión. O lo que es lo mismo, el Alcalde, elegido mediante sistema indirecto, configura el gobierno municipal, gobierna y administra, desde su posición, define la idea política y ejecuta todo lo necesario para la acción de esa idea. Así (dicho sea en términos de hipótesis) de acuerdo con el programa electoral que le ha llevado al poder, impulsa los proyectos y políticas municipales a través de la aprobación del presupuesto aplicando recursos escasos a necesidades alternativas. Hasta ahí, todo correcto.Como la historia determina el comportamiento colectivo aunque no queramos, quizás hay que considerar que el bandazo fue excesivo y que convendría, tras más de veinticinco años de Ley de Bases reflexionar acerca de si el sistema elegido no genera serias disfuncionalidades en algunos aspectos en cuanto nuestro ordenamiento jurídico local y el funcionamiento normal de un Ayuntamiento.

Siempre me he cuestionado qué necesidad hay de que un Alcalde sea quien decida acerca de actos absolutamente reglados. ¿Por qué tiene que ser el Alcalde quien otorgue una licencia de obras cuando el procedimiento para su concesión es un acto perfectamente reglado? ¿Por qué debe intervenir el Pleno o el Alcalde para aprobar un pliego de condiciones de contratación de obras o para ejercer la jefatura superior del personal? El Pleno debiera ser un órgano de decisión de las grandes políticas públicas y sociales y el Alcalde el director de la orquesta, decide qué obra se va a interpretar pero no la ejecuta (aunque muchas, las perpetra) personalmente. Así, la ejecución concreta de las políticas ¿no debería encomendarse a los funcionarios o a técnicos independientes cualificados? Vaya por delante que personalmente prefiero no tener responsabilidades, es más cómodo, pero hay que indicar también que no tiene mucho sentido que se haya evitado un sistema gerencial que recaiga en grupos de profesionales cualificados. Pareció más democrático así porque veníamos de una tecnocracia pero no es probablemente mejor el sistema actual. Al igual que un sistema más centralista no tiene porqué ser menos democrático que uno absolutamente descentralizado.

Lo mismo ocurre con la Administración Autonómica. Bien está que el Gobierno autonómico sea el que adopte las decisiones importantes y dirija la política general que le compete, es decir quien aplique un programa de gobierno legitimado por las urnas. Pero a partir de ahí, el entramado de pasteleo que se organiza es tremendo, ineficiente y absurdo. Al margen del aspecto clientelar, que sin duda es muy importante, no se entiende por qué tiene que ser un jefe de servicio un cargo de designación política.

De una forma ridícula, se parte de una falsa, insostenible e implícita presunción de que el político no puede fiarse del funcionario porque este es desleal, incompetente, parcial u obstruccionista. Cuando en este momento es, o al menos debiera serlo sin duda, un profesional independiente y cualificado para ejercer una función pública al servicio (meramente) de la norma y para aplicar los programas decididos por los legitimados democráticamente. Y hemos de decir que en la mayoría de los casos los funcionarios son buenos profesionales que, precisamente por tratar de ser independientes se llevan más de una colleja y se ven apartados de la gestión en beneficio de otros afines o amigos del político. Con lo que además se logra otro efecto perverso: se desmotiva al personal. La única forma de alcanzar algún puesto interesante es ser amiguete de fulano o zutano.

Estamos en este período de reajuste tras las elecciones locales y autonómicas en pleno trasiego de designaciones.

Ignacio Pérez Sarrión

Valeriano Gómez dice que la salida de la crisis pasa por alcanzar "la normalidad" del sistema financiero

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha considerado que "la clave de la salida de la crisis" está en alcanzar la normalidad en la financiación de la economía española, "que lleva tres años consecutivos con tasas de crecimiento del crédito interno de cero o de carácter negativo". Asimismo ha advertido de que "no ha habido ninguna economía que crezca y cree empleo que no haya normalizado previamente la situación de su sistema financiero".

Gómez ha realizado estas afirmaciones en la conferencia 'El paro, la principal secuela', que ha ofrecido dentro de los cursos de verano de la UPV/EHU en San Sebastián, donde ha destacado que el mercado de trabajo español tiene "problemas intensos" derivados de haber alcanzado un nivel de desempleo "masivo", así como de la "intensidad y duración de la crisis" porque "nos introducimos en el cuarto año y nuestro modelo de protección por desempleo es un modelo más pensado para crisis algo más cortas".

A su juicio, debe haber respuestas en el ámbito de la política de empleo, aunque ha advertido de que "siempre serán insuficientes". "No podemos asignar la salida de la crisis y la responsabilidad de salida de la crisis a nuestra regulación laboral. Hay otros ámbitos que tienen que acompañar necesariamente la salida de la crisis, entre ellos, naturalmente el ámbito financiero", ha señalado.

De este modo, ha manifestado que la política laboral "tiene que ayudar también a alcanzarlo, no está al margen", aunque ha insistido en que el "gran objetivo hoy" es "alcanzar normalidad cuanto más pronto posible en el funcionamiento de nuestro sistema financiero".

"Cuando esto ocurra España estará en condiciones de volver a recuperar progresivamente un nivel de creación de empleo y de crecimiento económico suficiente como para poder abordar esta ingente tarea de la política pública española durante el próximo lustro que es el de reducir drásticamente un nivel de desempleo que ya ha alcanzado tasas lo suficientemente intensas para considerarlo el problema más urgente que tiene nuestra sociedad en los próximos años", ha apuntado.

CONSTRUCCIÓN.

El ministro ha hecho un repaso de los hechos que han llevado a la crisis y ha destacado que la construcción ha sido la principal responsable, sector que ha sufrido una caída "abrupta" que le ha llevado a un nivel de un tercio con respecto a las tasas que tenía en 2007, además del "grave" endeudamiento que se ha derivado de la situación de "crecimiento excesivo" en la construcción residencial.

En esa línea, ha apuntado que en el sector de la construcción se han perdido 1.650.000 empleos, es decir, que ocho de cada diez empleos perdidos son de este sector y que "se perderán algunos más porque no han concluido los ajustes".

De este modo, ha reiterado su crítica a la actitud de las entidades financieras por el hecho de que hayan "insistido en la expansión de su crédito" a la construcción en un momento de "auge y exceso" y ha asegurado que aunque hubo algunas "actuaciones destacables en materia de provisiones, el nivel de supervisión de la actividad de las entidades fue muy insuficiente".

Valeriano Gómez se ha referido a cuatro "grandes mitos sobre el mercado laboral español" que, en su opinión, "son falsos o hay que revitalizarlos" como son que el funcionamiento del mercado de trabajo el causante del desempleo; que la economía española no es capaz de crear empleo suficiente; que el marco de contratación es tan complejo que impide crear empleo; y, por último, la rigidez del esquema de despidos.

CONTRATOS.

De este modo, ha remarcado que las modalidades de contratación que más se utilizan son tres temporales y dos indefinidas, al tiempo que ha considerado que en "sí es más fácil despedir pagando 45 días por año mediante el despido improcedente" lo que ha producido un "cambio drástico" con la reforma que se realizó en 2002. "Es sencillo y costoso, pero en otros sitios es menos costoso, pero más difícil y eso también supone coste", ha añadido.

El ministro de Trabajo ha remarcado también la necesidad en los próximos años de lograr que el coste de la contratación temporal en la cotización al desempleo "sea razonablemente proporcional al uso que la contratación temporal realiza de el sistema de protección por desempleo y a la inversa con la contratación indefinida".

"Debemos caminar, cuando superemos la crisis, hacia un modelo en el que la cotización al desempleo del trabajo estable sea menor que el actual, porque apenas un 30 por ciento del sistema de protección por desempleo es utilizado por trabajadores que son despedidos con un contrato estable", ha explicado.

"En mi opinión los dos problemas esenciales son combatir la dualidad, la segmentación entre la contratación laboral y la más estable y, en segundo lugar, el excesivo desempleo juvenil con respecto a la tasa general, el doble en las etapas de expansión y en la de crisis", ha afirmado Gómez, quien ha apostado por una transformación del modelo de transición de la formación al empleo.

EUROPAPRESS

¿Cree que es un buen jefe?

Esta cuestión deberían planteársela muchos líderes que gobiernan a sus equipos convencidos de que son unos genios de la gestión. Un ejercicio de humildad muy recomendable es averiguar qué piensan sus subordinados, cómo le sufren y qué cambiarían de su forma de trabajar.

¿Qué diferencia a los buenos jefes de los malos? Muchas cosas, es cierto, pero una de las más importantes es que los buenos son humildes, reconocen sus imperfecciones y escuchan a los que tienen a su alrededor: compañeros, superiores y subordinados.

“El coste de los responsables ineptos y agresivos es enorme, sus equipos trabajan más torpemente, cometen errores e incluso sufren más problemas cardiacos”, comenta Robert I. Sutton en su libro Buen jefe, mal jefe. Para evitar la proliferación de nefastos gestores Sutton propone a toda persona que tenga un grupo de profesionales a su cargo que responda al siguiente cuestionario:

¿Qué sorprende más a mis subordinados de mis actos y estados de ánimo?
¿Qué opino de mi propia competencia y compasión?
¿Cómo reacciona mi equipo a las grandes y pequeñas cosa que hago?
¿Querrían trabajar de nuevo conmigo?
¿Soy consciente de lo que significa trabaja para mí?

Si consigue recopilar todas las respuestas se sorprenderá y probablemente se deprimirá. Como la mayoría de los seres humanos, los directivos no ven sus fallos y se consideran mejor que los demás. Ése es el peor y más grave de sus errores: la soberbia y la prepotencia.

En su obra, Sutton explica una serie de pautas para “acallar al jefe estúpido que lleva dentro”. Por ejemplo, si descubre que sus colaboradores le consideran un directivo tóxico acepte la incómoda verdad, admita las críticas y no mate al mensajero.

Si su radiografía muestra que es un experto en presionar hasta el límite en nombre de la productividad y los objetivos, aprenda a frenar. Las consecuencias de exigir sin medida pueden ser nefastas. Diseñe con su equipo un plan de trabajo que permita alcanzar las metas sin descuidar las características y necesidades de cada profesional. Y recuerde que con un trato irrespetuoso no podrá esperar mucha compasión o esfuerzo adicional cuando una situación lo requiera.

El mal humor y el “yo soy así” no tienen buena prensa. Si éste es su caso busque las causas que motivan su estado de ánimo. Si consigue controlarlas, además de mejorar personalmente, conseguirá un acercamiento a sus subordinados que se traducirá en nuevas propuestas y planteamientos.

En el caso de los jefes que tratan a sus empleados con desprecio, Sutton considera que muchas veces la causa de su comportamiento es que imitan modelos de gestión de otros. En estos casos es fundamental reconocer su debilidad y tratar de buscar, poco a poco y con la ayuda de todos, la mejor forma de actuar.

Combatir la soledad del líder
El desconocimiento de cómo les ven sus empleados deja patente que la llamada soledad del líder es real. Ejercer un puesto de mando, evidentemente, implica un aislamiento del resto de los empleados y colaboradores. Por eso deben buscar vías de acercamiento y alejarse de lo que Fernando Botella, CEO de Think&Action, considera los comportamientos que motivan la soledad:

1. El síndrome de la oveja Dolly. Todos deben ser clones míos, pensar como yo. Es mucho más interesante y beneficioso contar con gente que lleve la contraria. Cuando todos piensan igual, sólo hace falta uno.

2. Pensar que liderar es recibir. Hay directivos que consideran que deben ser servidos, cuando realmente liderar significa dar. El líder ha de inyectar al equipo la energía que impulsa a la acción y debe también conseguir que ésta se mantenga en el tiempo. No sirve de nada un genio rodeado de miles de sirvientes.

3. Falta de disciplina y humildad. La disciplina es necesaria en el líder para afrontar la adversidad, para persistir en la búsqueda del conocimiento, para descubrir las posibilidades y, especialmente, para explotarlas…Pero también la humildad, que es la capacidad de cultivar lo que se quiere y de cultivarse a sí mismo.

4. No ofrecer gratitud.Un directivo no debe nunca olvidar que lidera voluntarios. El liderazgo, y esto es lo que le diferencia claramente del mando, es la capacitación para manejar el estado motivacional de los individuos del equipo. Pero la motivación está en cada uno de ellos, así que la responsabilidad del jefe es generar los estímulos adecuados y personalizarlos.

5. Confundir evaluación con desarrollo. Liderar no es ordenar, no es ejercer autoridad y medir el grado de cumplimiento de las órdenes, sino que tiene mucho que ver con enseñar, con educar y con facilitar el desarrollo de los colaboradores.

Expansion

Los accidentes de trabajo descienden un 9% hasta mayo

El número de accidentes de trabajo bajó un 9% en los cinco primeros meses del año, con 24.141 siniestros menos respecto al mismo periodo de 2010, según el avance de la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En concreto, los accidentes en jornada que requirieron baja laboral se redujeron un 8,5%, con una contracción de los accidentes graves del 11,8%, y de los mortales, de un 4%. El número de accidentes in itinere descendió un 13,1%.

En cuanto al conocido como 'Índice de incidencia', esto es, del número de accidentes en jornada con baja por cada 100.000 afiliados con cobertura de accidentes, se produjo un descenso de 25,8 puntos.

Para Trabajo, según precisó en un comunicado, esta caída es "muy superior" a la producida entre el número de trabajadores afiliados medios a la Seguridad Social con sus riesgos profesionales cubiertos en el mismo periodo. "Esto evidencia que esta disminución de la siniestralidad es superior a la producida por la pérdida de actividad", subrayó.

La reducción hasta mayo se produjo en todos los sectores, excepto en el agrario. La industria y la construcción redujeron su índice de incidencia en más de 42 puntos porcentuales, mientras que el sector servicios lo hizo en 19 puntos. Así pues, el índice de incidencia acumula en los últimos ocho años un descenso del 40%.

¿Por qué todos contra los Municipios?

No creo que “sobren” Administraciones, ni que sean precisamente las Municipales, o sea, los Municipios, los que hayan de pagar el pato de la crisis. Si el Estado contemporáneo ha entrado en una situación crítica -de la que difícilmente va a poder salir sin reestructurar seriamente las bases sobre las que se asienta- también se debe a una irresponsable centralización de los Estados que ha agostado los vínculos naturales de solidaridad de los hombres con sus auténticos núcleos de convivencia (familia, barrio y municipio).Estoy convencido de que existe una desproporción geométrica entre el interés de los ciudadanos y la lejanía de los encargados de resolver las cuestiones públicas, salvo excepciones. Y, si existe alguna posibilidad real de interesar a los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos de forma real y eficaz, es a través de la aproximación de aquéllos a los centros primarios de decisión política, además del fortalecimiento de los sentimientos de participación activa en los órganos decisorios y de propiciar, en suma, la ósmosis entre éstos y los miembros de la comunidad. Es verdad que la aparición de necesidades colectivamente sentidas en niveles superiores a los de las reducidas comunidades de antaño, ha exigido la génesis y categorización de organizaciones políticas de mayor ámbito geográfico y, por ende, financiero, burocrático, patrimonial, etc. Sin embargo, no parece necesaria ni la debilitación progresiva, ni la supresión de núcleos organizativos geográfica y orgánicamente reducidos, en favor de los grandes aparatos políticos contemporáneos, aunque la célula municipal -también provincial o comarcal- carece, cada vez en mayor grado, de ese “sense de pouvoir” que caracteriza a cualquier organización política.

Treinta y tres años después de la Constitución de 1978, constatamos progresos, tan indiscutibles como desiguales, en el autogobierno municipal -nada tiene que ver la evolución de los pequeños con la de los “grandes”-, y también que la aparición y fortalecimiento de las Comunidades Autónomas han eclipsado la vida municipal (provincial o comarcal), sobre todo en los aspectos económico-financieros. Es cierto que los “entes políticos intermedios” (como los “estados federados”, “comunidades autónomas” u otras variantes similares) han contribuido a mitigar los vicios de las tendencias centrípetas, sin que, desgraciadamente, hayan eliminado del todo la patología de las actitudes centrífugas, especialmente para las entidades “menores” como los Municipios, abandonados a su suerte y muchos de ellos abocados en buena medida a su desaparición. Pero lo diré sin ambages, recordando al gran Alexis de Tocqueville: “El municipio es la escuela de la democracia”. Sí, sin duda, en los municipios, y especialmente en los más pequeños, se fragua uno de los valores esenciales de la democracia, que es el vínculo entre los representantes políticos y los representados a quien aquellos deben servir. Conexión, o contacto, que permite un juego efectivo de la evaluación del desempeño de la actividad política y de los controles de la misma.

¿Qué resulta más difícil admitir el minifundismo municipal a toda costa y con todas las consecuencias de su “autonomía”? Pues, por un lado, que los “servicios públicos” imprescindibles se presten por quien pueda hacerlo y, por otro, que los tributos -quintaesencia del principio de solidaridad- se distribuyan mejor. Conviene evitar que, como ocurre con el poder, una vez arriba, los impuestos se queden en lo alto.

Jose Bermejo

La Inspección de Trabajo impuso sanciones por 62 millones en el primer trimestre

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó un total de 304.845 actuaciones entre enero y marzo del presente año y como consecuencia de ello impuso sanciones por 62 millones de euros a un total de 124.152 trabajadores afectados.

Según recoge la estadística publicada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, aproximadamente la mitad de las actuaciones realizadas, 148.049, tenían relación con el área de Seguridad Social. Como consecuencia de las actuaciones, se recogieron actas por un total de 23.290 infracciones.

La actividad de la Inspección en el área de Seguridad Social llevó a levantar en acta 13.528 infracciones, que afectaban a 20.779 trabajadores. La Inspección promovió que 17.085 trabajadores fueran dados de alta en la Seguridad Social, tras comprobar que trabajaban sin estar afiliados.

CASI 12.000 CONTRATOS HAN PASADO A INDEFINIDOS.

El área de Seguridad y Salud Laboral también registró un importante número de actuaciones por parte de la Inspección, 98.194, que afectaron a 38.264 trabajadores. Se reflejaron en acta 5.563 infracciones y se ordenaron 74 paralizaciones.

En cuanto a las relaciones laborales, tras realizar 31.830 actuaciones se registraron 1.689 infracciones, que afectaban a 55.176 trabajadores. La intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social permitió la transformación en indefinidos de 11.682 contratos.

Por último, el área de Empleo y Extranjería llevó a cabo 19.853 actuaciones, de ellas 15.659 específicamente en extranjería.

De los más de 62 millones de euros que se propusieron como sanciones, las más elevadas fueron las del área de Seguridad Social, 23,5 millones. Le siguen las propuestas en Seguridad y Salud Laboral, con 15,6 millones; Empleo y Extranjería, con 12,4 millones, y Relaciones Laborales, con 7,2 millones.

El debate sobre las diputaciones

Las Diputaciones se acaban de colar en el debate público. ¿Si o no a las Diputaciones? Lo primero que debe destacarse es el cuidado con el que debemos movernos. Por la elemental razón de que “el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo”. Esto no está escrito en un panfleto sino en el artículo 141, punto segundo de la Constitución española. Por tanto, mesura a la hora de pretender el fin del aliento de las Diputaciones.

Fueron conformándose estas como instituciones a lo largo del siglo XIX al hilo de la nueva planta de la Administración que se diseña en la Constitución de 1812 y que conoció, en relación con la Administración local, momentos de infarto: pensemos que la primera Regencia de Espartero (con el exilio de la Reina Gobernadora), en 1840, se debe a la polémica sobre la elección de los alcaldes, como si de un entremés cervantino se tratara. La provincia está buscando a la sazón su hueco y lo encuentra a partir del célebre Decreto de Javier de Burgos que las crea y encomienda su mando y administración a los subdelegados de Fomento, a imagen y semejanza -más o menos- del Prefecto francés.

De momento la Provincia no es, básicamente, sino un espacio pensado para los servicios del Estado. En las reformas posteriores -1845 y el resto de la posterior obra de los moderados- se va afianzando poco a poco su carácter de espacio propio y por ello no es extraño que las Diputaciones vayan perfilándose como un escalón de la Administración local. Junto al control de los Ayuntamientos y la colaboración en la recluta de quienes debían servir al Ejército, las Provincias y las Diputaciones empezarán a disponer de un ámbito de gestión propio: bienes, establecimientos asistenciales, montes, etc.

Las leyes de finales de siglo, ya con la Monarquía restaurada -a partir de Sagunto-, abundan en esta dirección, lo que se confirma en los Estatutos de Calvo Sotelo aprobados durante la Dictadura de Primo de Rivera, una obra legislativa que -preciso es recordarlo- la II República no se atrevió a tocar y, cuando lo hizo, en 1935, fue de forma bien respetuosa.

Ahora -en estos años de sobresaltos que vivimos- me sorprende que se haya anudado la reforma de la sanidad pública nada menos que a la supresión de las Diputaciones. No puede haber una afirmación más desafortunada porque lo que se debe a las Diputaciones es un homenaje, justo en ese ámbito, pues fueron pioneras en la creación de magníficos hospitales y en la atención a enfermos desasistidos, por ejemplo los que exigían tratamiento psiquiátrico. Solo cuando hagamos ese homenaje podemos volver a vincular sanidad y Diputaciones.

Para que se me entienda, no defiendo sin más el escalón provincial ni a las Diputaciones y tengo escrito en muchos sitios que su constitucionalización fue una exageración en 1978. Lo que sí mantengo es que lo que hagamos con estos artefactos debería hacerse en el marco de una reforma general de la Administración local. De una reforma pensada en todos sus escalones y abarcando todos sus matices. No en “un repente” ni de la manera despachada con la que a veces procedemos por estos pagos.

Por tanto, vamos a pensar en los ocho mil y pico municipios, en las mancomunidades, en las comarcas, en los servicios periféricos de las Comunidades autónomas … y, cuando tengamos todo eso digerido, abordamos la reforma provincial. A lo mejor entonces se vuelve a encontrar sentido a la idea que los expertos de la Comisión García de Enterría adelantamos en 1981: las Diputaciones como administración indirecta de las Comunidades autónomas.

Francisco Sosa Wagner

Está decidido: voy a crear mi propia empresa

Con espíritu emprendedor y estas pistas, se convertirá en su propio jefe. No se trata de revolucionar el mercado, sino de buscar una idea realista y viable que se pueda materializar en un proyecto que nadie haya puesto en marcha todavía.

Éste es el punto de partida para convertirse en emprendedor. A partir de aquí se inicia un camino en el que tendrá que definir y planificar su futura empresa, conseguir documentos y permisos y, sobre todo, encontrar los recursos económicos para levantar el negocio.

Sin duda, no es tarea sencilla. Pero con una gran dosis de información y sabiendo dónde debe acudir, tendrá parte de la senda recorrida.

1 .-  La idea. Los emprendedores deben detectar una necesidad que exista en el mercado o crear negocios que satisfagan o generen necesidades futuras. La crisis, incluso, puede dar pistas. No obstante, existen sectores en alza, como la tecnología, las energías renovables o la salud, que tienen más facilidad para encontrar inversores.

2.- Cuanta más información, mejor. Las Ventanillas Únicas, proyectos dependientes de la Administración y de las Cámaras de Comercio, son puntos de contacto que integran bajo un mismo techo todos los servicios de orientación y tramitación necesarios para arrancar un negocio.

Otro punto de asesoramiento es www.eugo.es. En esta página web, que funciona como una ventanilla única, se pueden encontrar todos los datos para crear una empresa de servicios. Y www.ventanillaempresarial.com ofrece asesoramiento online, análisis previos de negocio y la relación de ayudas a las que se puede optar, entre otras informaciones.

3.- Del dicho al hecho. El emprendedor deberá transformar su idea en un plan de negocio en el que defina la iniciativa, los objetivos y las vías para conseguirlos. Este documento sirve para analizar la viabilidad del proyecto, tanto técnica como financiera; y sus riesgos. El plan sirve, además, como tarjeta de presentación para los futuros inversores, socios o bancos.

4.- En busca de la financiación. Conseguir los recursos económicos para montar una empresa se ha convertido en uno de los mayores obstáculos de los emprendedores. La crisis cerró el grifo, y desde entonces el acceso al capital es el eterno problema y la principal queja de los nuevos empresarios.

Las Líneas ICO, los business angels, las sociedades de capital riesgo, así como las entidades bancarias, son algunos de los organismos a los que se puede acudir.

Por otra parte, el plan de negocio deberá especificar los fondos necesarios para la puesta en marcha de la empresa y cómo se va a conseguir el capital.

5.- Hacer frente a la burocracia. La creación de un negocio en España dura, por regla general, 47 días, mientras que la media en los países de la OCDE es de 13. De hecho la excesiva carga burocrática es uno de los caballos de batalla de emprendedores y expertos: en nuestro país hay que realizar diez trámites, frente a los cinco que son necesarios en los Estados del organismo antes citado.

Aun así, las ventanillas únicas han simplificado el proceso reduciendo de cuatro días a uno el tiempo medio para crear una empresa individual; y de 31 a 13 una sociedad mercantil, si no se precisa de licencia municipal de apertura o de otras autorizaciones.

SUGERENCIAS • Crear una empresa, paso a paso: http://bit.ly/e0pjt8

• Para encontrar financiación: http://bit.ly/fNADna

• Claves para no quebrar: http://bit.ly/h8duQM

• Si decide abrir un negocio en el extranjero: http://bit.ly/dX2ORK

Arqueología: Huellas del pasado con gran futuro

Los responsables municipales tendrán que estrujarse las entendederas para intentar cuadrar unas cuentas imposibles. La primera tentación – medicina necesaria – será la de ajustar costes. Pero si la gestión municipal se limita en exclusiva al recorte sobre el recorte, les puede ocurrir lo de aquel tacaño tratante de bestias que apenas si les echaba de comer. Un día los vecinos se sorprendieron al verlo gritar desconsolado. ¿Qué te ocurre? – le preguntaron -. Pues una desgracia, les respondió compungido. ¡Ahora que había enseñado al mulo a no comer va y se me muere! Pues eso. Siempre podremos recortar y recortar hasta el cierre definitivo de la casa consistorial. Más barato imposible.Pero no se trata de eso. Se trata de cuadrar cuentas – y para ello será necesario reducir costes e incrementar ingresos, amén de una mejor participación en los presupuestos generales – y, sobre todo, de favorecer la actividad. Dedicamos muchas energías a recortar de aquí y de allí, o dilucidar qué impuestos podemos subir sin fastidiar en demasía al votante expectante, pero muy pocas a crear un marco adecuado de actividad.

Son tiempos para la imaginación, la innovación y la experimentación para la gestión municipal. Los ayuntamientos no tienen liquidez, están endeudados, pero disponen de un enorme patrimonio inmobiliario, mobiliario y patrimonial que deben poner en funcionamiento. También será necesario y positivo recurrir a fórmulas aún inexploradas de colaboración público-privadas. Antiguos resabios y malos hábitos condenan a la parálisis a unos espectaculares activos que podrían crear empleo y riqueza al tiempo que favorecen a la divulgación cultural.

Y el patrimonio arqueológico, uno de los más desconocidos, es de los que presenta un mejor futuro. Participo en un programa de divulgación arqueológica, lo que me permite conocer yacimientos del pasado distribuidos a lo largo y ancho de nuestra geografía. La semana pasada visité varias cuevas con pinturas rupestres de la provincia de Málaga, desde la celebérrima Cueva de Nerja, hasta la de Ardales, pasando por el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera. Cada una de ellas es gestionada bajo una fórmula distinta, pero todas ellas presentan un enorme éxito de visitantes que generan una interesante actividad en las respectivas zonas. La fórmula es bien sencilla; aunar rigurosa investigación científica, con políticas de conservación y mantenimiento, y una vocación de divulgación y educación. Una receta mágica que satisface los requerimientos públicos con la demanda de la sociedad.

Poseemos el más variado e importante patrimonio arqueológico de toda Europa. Raro será el municipio que carezca de algún yacimiento de relativa importancia o singularidad. Este patrimonio se encuentra distribuido tanto en ámbitos rurales como urbanos y es complemento simbiótico de actividades de turismo rural y desarrollo local. La colaboración público-privada puede funcionar y liberar importantes recursos económicos que, bajo la tutela pública, pueden actuar de motor económico y cultural, al tiempo que impulsor de la ciencia y la cultura. Un buen ejemplo de todo ello es PREIBER, una red de Prehistoria Ibérica organizada por un conjunto de grupos de acción social pertenecientes a seis comunidades autonómicas. Representan a territorios ricos en pinturas rupestres, como Saja-Nansa, en Cantabria; Valle de Alcudia y Sierra Madrona, en Ciudad Real; Somontano, en Huesca; Guadalteba, en Málaga; el Consorcio del oriente de Asturias y el Macizo del Caroig, en Valencia. Pretenden, como misión, que su patrimonio cultural sirva para el desarrollo socioeconómico de sus territorios, generando un producto cultural de relevancia internacional, que mejore la viabilidad de las zonas rurales. Esta iniciativa, encaminada a acercar al conjunto de la sociedad, de forma innovadora, el patrimonio del arte rupestre, es una buena muestra del gran futuro que albergan los tesoros de nuestro rico pasado. Piense en su municipio… ¿a qué conoce algún yacimiento que se podría investigar y pone en valor? ¡Pues póngase en marcha! La Universidad será un excelente aliado en su camino.

Manuel Pimentel

Firma Electrónica: ¿Hasta cuándo el visto bueno del Secretario en el acto resolutorio?

El artículo 2.e del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, asigna a los “Habilitados” la función de dar fe pública, certificando “todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos de la entidad.” Esto se plasma mediante el tradicional “Ante mí”, dando constancia de que el Alcalde ha sido quién ha firmado el acto resolutorio.

En el Procedimiento Administrativo tradicional en papel, esta figura es esencial para dar fe de la identidad del firmante, y de la autenticidad del documento firmado por él; pero con la implantación de la Administración Electrónica en los Ayuntamientos, estamos incorporando un nuevo elemento que es el de la Firma Electrónica. Ésta aporta las siguientes garantías:

- Autenticidad del firmante, puesto que es la Autoridad Certificadora que expidió el certificado con el que se firma, es quién da garantía de quién es el firmante, al tener que identificarse mediante un código PIN.

- Integridad del documento, transformándose el documento en un estándar PDF/A, que garantice su inalterabilidad y perdurabilidad.

- Sellado de tiempo, dejando huella del momento exacto en el que fue firmado el documento.

- Verificable, mediante un código, que permita al receptor del documento, comprobar la autenticidad e integridad del mismo.

No debemos olvidar que para que la Firma Electrónica sea equiparable a la firma manuscrita reconocida, ha de estar basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma, como recoge el artículo 2.e del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Con la firma electrónica, aparecen dos entidades que certifican la validez del documento:

-La Autoridad Certificadora (CA) que expidió el certificado con el que, por ejemplo, el Alcalde firma la Resolución. Entre otras, las Autoridades Certificadoras reconocidas en nuestro país son la Dirección General de la Policía que expide el DNI electrónico, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), u otras Autoridades autonómicas como la Agencia valenciana de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) o la Agencia catalana de Certificación (CATCert).

-Un Servidor Sellador de Tiempo (Timestamping, TSA), ajeno a la Administración, que garantice la veracidad temporal del documento. Por ejemplo, el que ofrece el Real Instituto y Observatorio de la Armada.

-Con estas dos entidades, se obtiene una fe de quién ha firmado el documento y de cuándo se ha realizado. Labor que refuerza la labor fedataria actual del Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Haciendo prospección de futuro, cuando la Firma Electrónica sea algo habitual en todas las Administraciones, quizá se acabe por replantear la necesidad de esta acción humana, siendo reemplazada por la tecnológica. Quedándose, tal vez, esta labor fedataria del Habilitado, como un mero reforzamiento consuetudinario, o tal vez, incluso, llegándose a extinguir.

Raúl Argente

La trascendencia del voto en blanco

La idea no es mía, me la encontré en una carta al director – siento no recordar en cuál periódico, ni el nombre del autor – hace ya algunas semanas, supongo que durante la última campaña electoral, y me convenció al instante lo que me lleva a pensar que, en mi interior, pensaba algo parecido. Se trata de la trascendencia del voto en blanco. El autor de la idea proponía que los votos en blanco computaran de igual forma que aquellos que se dan a las formaciones políticas que presentan sus listas electorales, de tal modo que, si alcanzaran el porcentaje correspondiente en aplicación de la ley de D´hont, esos puestos no se atribuirían a ninguna candidatura.Así, por ejemplo, si, en el caso del congreso de los diputados que se compone de 350 escaños, el porcentaje de los votos en blanco alcanzase, en su caso, el número equivalente a 50 diputados, la cámara baja se constituiría solo con 300. Esta medida que se aplicaría en cualquier proceso electora estatal, autonómico o local, tendría gran importancia, sobre todo, en aquellos casos en los que se requiriera una mayoría cualificada para la aprobación de propuestas o para la adopción de acuerdos.

Piénsese en el caso de un Ayuntamiento mediano con 25 concejales en el que el voto en blanco se correspondiera con el porcentaje equivalente pongamos que a 3 concejales. La mayoría absoluta requerida para a la adopción de los acuerdos relativos a las materias previstas en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que sería de 13 concejales, habría que alcanzarla con los restantes 22 concejales, lo que, salvo en casos de mayorías aplastantes, exigiría alcanzar pactos entre las fuerzas representadas, so pena de no poder abordar durante todo el mandato, al no contar con el respaldo suficiente de la ciudadanía, aquellos asuntos que, en principio, el legislador considera de mayor sensibilidad por afectar más profundamente al interés general.

En las elecciones municipales del pasado mayo el porcentaje de participación ascendió a un 66,23 %, cifra nada desdeñable si se tienen en cuenta los tradicionales bajos niveles de participación en América o el 58,9 % de las elecciones legislativas portuguesas de junio de 2011. Pero si se hace una lectura inversa de la participación en las elecciones municipales españolas de mayo – ya se sabe lo de la botella medio llena o medio vacía – hay que constatar que la abstención ha significado un 33,77 % y el voto en blanco un 2,54 %. Es decir, los concejales surgidos de esas elecciones no han sido votados por 12.294.774 de ciudadanos con derecho a voto que representan a más de un tercio del electorado.

Es verdad que habrá que admitir que nadie ha impedido a estos ciudadanos ejercer su derecho de sufragio y que si no lo han hecho sus razones tendrán, pero creo que es un dato sobre el que es necesario reflexionar. No parece una medida saludable para el sistema democrático que, con independencia del grado de participación del electorado, los representantes políticos, con alcanzar la mayoría de los votos válidamente emitidos, puedan abordar cualquier clase de cuestiones por trascendentes que sean y que puedan afectar a una población que no les ha apoyado en un significativo porcentaje.

Tradicionalmente, al menos así me ha parecido siempre, la abstención implica un alto grado de desafección por el sistema democrático, lo que permitiría afirmar que quién no quiere participar y se autoexcluye no tiene derecho a protestar. Pero hoy en día, de entre las diversas causas de la abstención hay que destacar la elevada cota de desconfianza en la clase política. Un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas pone en evidencia que los políticos son percibidos en la calle como el tercer problema de España, tras la crisis y el paro.

Además, el estudio revela que los ciudadanos que muestran tal rechazo no se encuadran necesariamente entre los más jóvenes, lo que podría concluirse a la vista de los movimientos de indignados a los que asistimos en estos días, sino que tiene una media de edad de 46,13 años. Tiene mayor peso entre los 25 y 34 años; está menos representado entre los más jóvenes (menos de 25 años) y entre los mayores (más de 65 años), así como que la mitad (49,1%) del colectivo tiene trabajo frente a un 19,5% que está en paro y tiene títulos educativos más elevados (24,2%) frente a los que no identifican el problema (17,2%). Su situación económica es superior a la media (33,8%) frente a los que no otorgan gravedad al problema (28,6%).

Estos datos hacen patente que los ciudadanos que repudian a la clase política, ni son una pandilla de jóvenes irresponsables como se quiere tachar por algunos sectores de opinión a los integrantes del 15M, ni su opinión responde a situaciones coyunturales de falta de trabajo, a lo que hay que añadir un notable nivel cultural. Ello lleva a pensar que el alto grado de abstención en las pasadas elecciones municipales tiene su causa en la falta de alternativas a la que se enfrenta una ciudadanía que, vetando a una clase política de la que no se fía, no encuentra otra forma de mostrar su protesta, porque la influencia de la abstención en los resultados electorales es la misma que la del voto en blanco.

Por eso la idea de que los votos en blanco se computaran como si de votos a candidaturas se tratara me parece una forma óptima de captar a quienes no encuentran formaciones políticas que les representen o cuyos programas no les convenzan, para que su presencia se hiciera notar en el seno de las instituciones mediante la fórmula de restar representantes en activo, con la consecuencia, anteriormente apuntada, de que, dependiendo la importancia de ese porcentaje silencioso, no pudieran adoptar resoluciones sobre materias que afectan a una parte del electorado que no quiere ser representado por quienes no le ofrecen confianza o que le ofrecen programas que no tienen en cuenta sus necesidades.

Los políticos no deberían actuar con tanta tranquilidad de espaldas a una parte de la población que no quiere votarles y, una vez pasado el proceso electoral, gobernar como si cualquier nivel de participación bastara o no tuviera importancia el número de votantes que acuden a las elecciones que legitiman su mandato, como si el único objetivo fuera obtener la mayoría de los que hubieran votado sin importarles que porcentaje del cuerpo electoral encarnan y encastillarse en una situación irreal, porque no hay que perder de vista que toda esta fuerza electoral desmotivada es fácil presa de propuestas populistas que, después, en caso de prender en los votantes, no tendrán una fácil marcha atrás.

Puede que la idea sobre la trascendencia del voto en blanco que me limito a transmitirá ya que, como he dicho no es mía, no sea la mejor solución para regenera un sistema democrático que necesita imperiosamente una reactivación, pero no deja de ser una posibilidad sobre la que debatir. De todas formas se admite cualquier clase de idea al respecto.

 Jesús Santos Oñate

Gómez plantea impuestos "especiales" para las "muy altas" retribuciones de los directivos de banca

El ministro de Trabajo lamenta que algunas retribuciones de los altos ejecutivos superen en 1.000 veces el sueldo de los trabajadores que están al final de la escala retributiva.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha apostado por introducir tipos fiscales "especialmente aumentados" para gravar aquellas retribuciones "muy altas" de los directivos de la banca.

"Las retribuciones a partir de un nivel que se considere máximo deberían tener una gravación fiscal mayor", aseguró el ministro en declaraciones a Telecinco.

Gómez recordó que otros países ya "están pensando" en la posibilidad de aplicar este tipo de gravámenes "especiales" para aquellas retribuciones altas. Precisamente, el ministro ya calificó de "exceso" la retribución por importe máximo de 10,15 millones de euros anuales que percibirá la cúpula directiva de Bankia, el grupo que integran Caja Madrid y Bancaja y cinco cajas más.

El titular de Trabajo, que aclaró que el Estado "no puede entrar" en cuál es la retribución de los directivos del sector privado, subrayó que este modelo salarial de la banca se ha ido imponiendo a lo largo de los últimos 20 años, y lamentó que algunas retribuciones de los altos ejecutivos superen en 1.000 veces el sueldo de los trabajadores que están al final de la escala retributiva.

"Es un modelo que no tiene ningún futuro, no es posible pensar en fidelizar a la gente a base de mantener ese tipo de diferencias", advirtió el ministro.

Gómez además criticó el desarrollo del sector de la construcción "hasta límites insospechados", al recordar que llevó a España a tener 2,7 millones de empleados en el sector, más que los que tenía Alemania, cuando este país cuenta con una población que duplica a la española. "Esto es lo que no debe volver a ocurrir", sentenció.

El ICO pagará hasta 3.400 millones a las pymes que tengan deudas con los ayuntamientos

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pagará hasta 3.400 millones de euros las pymes que tengan deudas pendientes con los ayuntamientos, a los que se descontarán las facturas que pague el organismo de los ingresos a cuenta que realiza anualmente el Estado a las corporaciones locales.

   Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, adelantó que esta medida, incluida en un amplio decreto ley que recoge las nuevas medidas sobre embargos hipotecarios y la regla de gasto para el Estado y los ayuntamientos, se trata de una idea "sencilla" y no dudó de que va a funcionar de forma satisfactoria.

   El mecanismo consiste en que los proveedores de las administraciones públicas, y especialmente pymes de menos de 250 trabajadores, puedan recibir de modo inmediato a través del ICO el pago de una parte muy relevante de las deudas que con ellos mantienen las entidades locales.

   El organismo crediticio destinará recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales, generando a cambio un crédito del ICO frente a éstas, que deberán devolver en un máximo de tres años y que tendrá por garantía la participación de la entidad concreta en los tributos del Estado.

   Las operaciones tendrán un límite máximo del 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011, es decir, unos 3.400 millones de euros.

   De este modo, añadió Rubalcaba, el Gobierno atiende la "difícil situación" en la que se encuentran tanto los proveedores como las propias entidades locales en estos momentos de especial dificultad.

DEDUCCIONES EN EL IRPF POR INVERSIONES EMPRESARIALES

   Por otro lado, el decreto ley recoge también una medida dirigida específicamente a impulsar nuevos proyectos empresariales, y especialmente iniciativas innovadoras que favorezcan el cambio de modelo productivo.

   Para ello, el Gobierno ha aprobado un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas por los inversores que se impliquen a medio plazo en la creación e impulso de esos proyectos, sin participar en la dirección y gestión de las sociedades resultantes. La inversión máxima anual será de 25.000 euros y las plusvalías resultantes estarán exentas.

Trabajo realizará 5.100 inspecciones laborales sobre la igualdad en el ámbito de la empresa

El Ministerio de Trabajo e Inmigración realizará 5.100 inspecciones en empresas para garantizar que se cumplen condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, según ha informado el titular de esta cartera al Consejo de Ministros.

   De este modo, se dará continuidad al Plan de Actuaciones en materia de igualdad en las empresas 2008/2010, que contemplaba controles sobre discriminación en la relación laboral, discriminación salarial, prevención de riesgos laborales con enfoque de género, acoso sexual y por razón de sexo, discriminación en la negociación colectiva, discriminación en el acceso al empleo y derechos sobre conciliación de la vida familiar y laboral.

   Según ha informado el Ejecutivo, finalizado el citado programa, se articula un Plan de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de igualdad y no discriminación por razón de sexo como "área de actuación permanente de la materia de Relaciones Laborales, dentro de la programación anual de las Inspecciones de Trabajo de todas las comunidades autónomas".

   Además, junto a la actividad rogada (denuncias y petición de informes) se mantendrá una actividad programada, estableciendo criterios de selección de las empresas a incluir en las actuaciones inspectoras y se incrementará el número de actuaciones selectivas en base a informaciones previas que permitan actuar sobre empresas con indicios de irregularidad.

Organismos de Fiscalización ¿Para qué?

Si el próximo Ministro de Portugal anuncia su intención de crear un Tribunal de Cuentas privado para controlar y reducir el déficit público. Si las Cuentas de Cataluña serán auditadas por el despacho de auditoría Deloitte, afirmando que el Informe “deberá entregarse en un par de meses” (En la web de fiscalización De la ingeniería a la corrupción, 10 de junio de 2011) y costará 885,000 euros (IVA incluido). Si el Congreso del Estado de Michoacán (México) anuncia que podría contratar auditores externos para solucionar el rezago en los procedimientos de auditoría por parte de su Órgano de Fiscalización (330 empleados) en entidades estatales y ayuntamientos del año 2008 al 2010, el monto a destinarse será de 5 millones de pesos. Si “Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos, con 34,323 millones de euros, pero en relación con el tamaño de su economía la que tiene más deuda es la Comunidad Valenciana, con el equivalente al 17,4% de su producto interior bruto” (elpais.com, La deuda de las comunidades marca un récord al subir 11,4% del PIB, 17 de junio de 2011), y sin embargo, “El conceller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha afirmado este viernes que la deuda catalana entra ‘dentro de lo previsto’” (Barcelona, 17(EUROPA PRESS). Luego, si se advirtió e informó el grado de endeudamiento, se supone que se adoptaron las medidas para prevenir los riesgos. Pero no fue así, España es una inmensa deuda, y en México, Ramón Galindo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado “Dijo que muchos gobernadores han endeudado hasta niveles impagables sus estados”. Como en el estado de Michoacán, que a principios del 2011 la deuda pública ascendía a 14 mil 869 millones de pesos, casi el 5% del PIB estatal. Por esto, las reestructuraciones de la deuda pública se han justificado en los Órganos de Fiscalización y sus Gobiernos como medidas extremas o de supervivencia, tal como “la contratación de 5 mil 500 millones de pesos con los bancos, es la cantidad netamente requerida por la autoridad estatal para no colapsar las finanzas estatales” (La Voz de Michoacán, 17 de junio de 2011, p. 5 A).

Si en la concepción colectiva de la sociedad se acepta que los Organismos de Fiscalización se encuentran fuera de duda y de la problematicidad. Por ejemplo, “El Tribunal (de Cuentas de España) ha realizado un gran trabajo, aunque no deje de sorprender el dilatado espacio tiempo entre las cuentas fiscalizadas que se incluyen las de hace cinco años. Pero el retraso no hay que imputarlo a este importante órgano constitucional, sino a las propias entidades locales” (En la web de esPublico, Sobre el sector público local (I), Mercedes Fuentes López, 13 de junio de 2011), o la titular de la Auditoría Superior de Michoacán, al afirmar “La auditoría no concluye procedimientos pues los inculpados acuden a tribunales para obtener amparos y librar sanciones” (La Voz de Michoacán, 15 de junio de 2011, p. 10 A).

Si la actualidad, últimas noticias o novedades en los portales de los Organismos de Fiscalización no reflejan el grave problema del endeudamiento público y su relación con el rezago o retraso en éstos. Al contrario, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana informa que ocupa el primer lugar por cumplimiento en 2006 y 2007, y el tercero en 2008 en la rendición de cuentas de las entidades locales, con base en Informe realizado por el Tribunal de Cuentas que “valora la situación y la actividad económico-financiera del sector público local, analiza el cumplimiento de la obligación de las entidades locales de rendir la cuenta general, determinar su integridad, la coherencia interna, estudiar las principales magnitudes presupuestarias económicas y financieras agregadas”. Luego resulta contradictorio que la Comunidad de Valencia sea líder en lo positivo pero también en lo negativo. O, la página web de la Auditoría General de la Nación de la República de Argentina, nos presente como actualidad, el Informe Participación en el XX INCOSAI-2010 (En la web de la Auditoría General de la Nación República Argentina) en el cual se da a conocer las actividades realizadas en el Congreso de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica, en noviembre de 2010. En el documento se afirma que “los temas fueron sometidos a debate, tal como en el, Tema I: Valor y beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)”.

Pero si se debatió hubo necesariamente discusión de opiniones, contienda o controversia sobre cuál es el valor o importancia de la fiscalización, es decir, cuál es el valor de los Organismos de Fiscalización cuando no han previsto el grave endeudamiento público en cada país, municipio, o localidad. Sin embargo, en el referido Informe se concluyó: en confirmar la importancia del rol de las EFS en la vida democrática de las naciones”. Y ciertamente, se confirma la recomendación de la Conferencia acerca del Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, celebrada meses antes, en mayo del mismo año que sugería “se fomente la divulgación del valor y los beneficios de las EFS” (En la web de Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI, en conclusiones y recomendaciones, p. 6/6). Más, divulgar es hacer público una idea o pensamiento que previamente han sido aceptados, excluyendo la posibilidad del debate y la reflexión, entonces, ¿Por qué el Informe Participación de la AGN establece que el tema del valor en las EFS fue debatido cuando la participación de los Organismos de Fiscalización consistió solamente en confirmar la recomendación?

Si los comentarios acerca de la privatización de la fiscalización por parte de funcionarios y “expertos” en fiscalización, giran en torno a: ¿Están en entredicho la credibilidad de los auditores públicos?; Otro, afirme “no es la mejor propuesta un Tribunal (de Cuentas) privado para supervisar la deuda pública. No se puede negar que es una propuesta audaz, invirtiendo el sistema, en lugar del Estado para regular actividad privada, es el sector privado el que regular al estado”. Y a otros más, les parece que el problema no es una Nueva Auditoría sino hacerlas “pronto y bien”. Sí, es el subdesarrollo mental que padecen nuestros auditores públicos que no logran romper el cordón umbilical de la auditoría privada. Porque no han entendido la complejidad de la realidad pública, y por ende, de sus cuentas y de su herramienta básica, una auditoría que se legitima si verdaderamente es pública, no privada. Por ello, la defensa de la auditoría pública no está sujeta a desvaríos, ni a interpretaciones trasnochadas, o de otro modo, tendremos que seguir cuestionando auditores públicos… ¿Para qué?

Mario Alberto Gómez Maldonado