Escalofrío de Terror

Cuando el BOE concretó el pasado lunes las medidas del famoso decreto-ley del ajuste, un escalofrío de terror recorrió todos los ayuntamientos de España. De un plumazo, con nocturnidad y alevosía, les dejaban sin posibilidad real de crédito. Los alcaldes llamaron de urgencia a sus delegados de Hacienda, éstos a sus interventores, los interventores hicieron consultas jurídicas. Ninguno, ni en su peor pesadilla, hubiera podido figurarse que les sería cortado el único hilo de liquidez del que disponían.  Los más ágiles se apresuraron a convocar plenos urgentes para aprovechar el único día que les dejaba la fulminante entrada en vigor del decreto. Una truculenta subsanación de errores aclaró que la prohibición de operaciones a largo no entraría en vigor hasta principios de 2011. Ese aplazamiento rebajó algo la tensión, aunque nos tememos que el alivio será fugaz y pasajero. Ya nada volverá a ser como antes. Hasta ahora los bancos habían prestado el dinero a los ayuntamientos. A partir de ahora se lo pensarán muy mucho antes de desembolsar créditos a entidades que saben que tendrán muchas dificultades para poder devolver lo que reciben. La sequía crediticia que asoló a empresas y familias, diezmará a partir de ahora las cuentas municipales. A pesar de la rectificación, el gobierno ya ha apuntado al corazón de la bestia, la deuda municipal. Por ese agujero negro puede descoserse el débil tejido económico de gran parte de nuestras instituciones. De facto o de iure, los bancos dosificarán con cuentagotas su riesgo municipal. El desplome ha comenzado. Desgraciadamente – y en eso el gobierno tiene razón – los municipios habían empezado una loca carrera de endeudamiento para tapar los muchos agujeros de su angustiosa situación. No tenían otra alternativa real de financiación, una vez agotada la mina de oro del urbanismo desatado. Pedían y pedían para las nóminas, para las contratas, para los proveedores, pera los consumos básicos. La deuda creció con tal rapidez que pronto alcanzaría los 50.000 millones de euros, la friolera del 5% del PIB. Los munícipes, como antes ocurriera con las autonomías, el Estado, las familias y las empresas, le habían perdido el miedo a la deuda. “Haced lo que debáis, aunque debáis lo que hacéis” repetía con imprudencia el presidente de la FEMP. Para cuadrar el presupuesto se inflaban ingresos y se pedían préstamos. Nadie, hasta la fecha, acometió de verdad recortes severos. Nos endeudábamos pensando ingenua o irresponsablemente, que alguien vendría a rescatarnos del pozo en el que nos metíamos. Pero no. Esta vez no será así. En esta ocasión, el Estado ni está ni se le espera. Bastante problemas tiene para cuadrar sus cuentas, como para pensar ahora en salvar la de los municipios, que se ven abandonados ante su desoladora realidad. Muchos son los que están al límite de sus posibilidades, cuando no directamente en una situación e suspensión de pagos real. ¿Qué pasará ahora que se acaban los préstamos redentores? Pues que nadie lo dude. No tendrán dinero. No podrán pagar ni obras, ni proveedores y, en muchos casos nos tememos que tampoco las nóminas. Se generará una grave conmoción social y económica que derivará en una honda crispación.
Sin duda alguna, los municipios tienen sus propios pecados que purgar. Ahora bien, ¿no podía el gobierno haber consultado o negociado una medidas tan traumáticas y determinantes? ¿No se podía haber acompasado con un plan de reducción de gastos? Los próximos meses serán muy convulsos. Todos los partidos políticos son responsables en igual grado de la deuda municipal. ¿Qué harán para lograr domar al monstruo que han cebado?

Manuel Pimentel

De la Autenticidad de las Normas: la rectificación de errores del RDL 8/2010

Gran revuelo se ha armado con la medida introducida por el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE de 24 de mayo), en relación a las Entidades Locales. Me refiero no ya al recorte de retribuciones de los empleados públicos, sino a la prohibición de acceder al crédito a largo plazo hasta el 31 de diciembre de 2.011. Los medios se han hecho pronto eco de la norma: las Entidades Locales no podrán endeudarse hasta 2.012; el Gobierno corta el grifo a los municipios para atajar el déficit, etc. Pero, ¿cuál es realmente el dies a quo?

Muy resumidamente. El artículo 14 RDL 8/2010 declara como recursos afectados los derivados de la aplicación de las medidas de reducción de costes de personal en los ejercicios 2010 y 2011, que se destinarán, con el orden de preferencia en el que están relacionados, a las siguientes finalidades:a) A sanear el remanente de tesorería derivado de la última liquidación, cuando éste fuera negativo.

b) A disminuir el nivel de endeudamiento a largo plazo.
c) A la financiación de inversiones.
d) Cuando no resulten de aplicación los apartados a) o b), los recursos no aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones, se destinarán en sucesivos ejercicios a las finalidades establecidas en los apartados a), b) y c), con el mismo orden de prelación, hasta su aplicación total.

El apartado 2º del precepto señala, de forma inesperada, que a partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011, las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización o ambos. Añade el apartado 3º que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.

Ahora bien, eso era así el día 24 de mayo (día de la publicación en el BOE): aquella medida surte efectos desde la entrada en vigor de la norma (al día siguiente de su publicación, o sea, 25 de mayo) hasta el 31 de diciembre de 2.011. Pero el día 25 de mayo ya no es así. La razón la encontramos en la rectificación de errores que publica el BOE el 25 de mayo en relación al RDL 8/2010: «En la página 45121, artículo 14. Dos, donde dice: «A partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011…», debe decir: «A partir del 1 de enero de 2011 y hasta 31 de diciembre de 2011…».

Toda esta sucesión de acontecimientos me trae al recuerdo el artículo del imprescindible profesor Alejandro Nieto “La autenticidad de las normas escritas” (REDA, 1978), de obligada lectura, y que parafrasea el título de este modesto comentario…
Retornando al 2.010, tenemos que la prohibición ya no es efectiva desde el día 25 de mayo de 2.010, sino desde el 1 de enero de 2.011. Todo fue un error, nos dicen. Como el del agente que a principios de este mes ordenó vender un billón de títulos, con 'b', en lugar de un millón, con 'm', al equivocarse de tecla en su ordenador, y que desató el pánico en los mercados bursátiles. O así nos lo han contado. No obstante, hay que recalcar que aquí nos encontramos ante normas jurídicas, ante acuerdos que se adoptan conforme a reglas jurídicas: lo que es (debiera ser) el funcionamiento de un Estado de Derecho, en resumidas cuentas. Para comenzar, según el artículo 18.4º de la Ley del Gobierno 50/1997, de 27 de noviembre, “De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados”. Así pues, en el acta de la sesión del Consejo de Ministros que nos ocupa suponemos que se recogerían los acuerdos adoptados, entre ellos la aprobación del RDL 8/2010. Y si se delibera y aprueba es que lógicamente se conoce el contenido sustantivo de lo que se aprueba. En el caso de órganos colegiados de la Administración Local la cuestión está bastante clara: cuando se eleva un acuerdo para su aprobación por el órgano colegiado que corresponda (si es una disposición general como una Ordenanza, el Pleno), el expediente debe estar formado y completo (dictaminado incluso), incorporando como no puede ser de otro modo el texto de la disposición que se aprueba. Además, menuda extraordinaria y urgente necesidad (artículo 86.1º CE), presupuesto que habilita a los Reales Decretos-Leyes, de una medida que no es efectiva sino a partir de 1 de enero de 2.011… Todo ello es un ejemplo muy edificante para las Administraciones “inferiores” (autonómicas y locales), para sus dirigentes y sus empleados.
Por otro lado, conocemos lo limitado jurídicamente del concepto de rectificación material o corrección de errores, o como se conoce tradicionalmente fe de erratas. Se trata de corregir errores materiales y evidentes, apreciables a simple vista, sin necesidad de esfuerzo interpretativo o de calificación alguno, y sin que se altere el sentido de lo que se retoca. ¿Es una rectificación simple y material cambiar donde dice “a partir de la entrada en vigor” por “a partir del 1 de enero de 2011”? Resulta evidente que no. El sentido de la norma se altera de modo nítido, y precisamente por el lado por donde han venido las presiones del “24 de mayo”. La maniobra es, sencillamente, burda y chapucera. Se podría haber salvado el problema correctamente, en todo caso, mediante la modificación de aquella norma, si es que al final se estima inadecuada, cuando se tramitara como Proyecto de Ley por el Congreso.
Pero toda esta sucesión de despropósitos, de una perversión de las normas, de los conceptos y del lenguaje, no es sino una pequeña muestra, aunque quizás de las más visibles, de la degradación del sistema, que no es sólo económica, sino que es una crisis mucho más amplia (educativa, social, política, jurídica, etc.), una crisis global. Una crisis que lleva presente muchísimos años entre nosotros, pero que tras el derrumbe económico muestra ahora sus vergüenzas de forma impúdica.
Nos resta por esperar ahora con impaciencia cuál sea la sorpresa que mañana nos aguarda, ya sea tras las páginas del BOE, del último acuerdo adoptado en un Ayuntamiento, o de una decisión autonómica, tanto da.

Rodrigo Ortega Montoro

La Sociedad transparente

Durante los últimas días se suceden las noticias relacionadas con el  uso indebido que algunas empresas de Internet han llevado a cabo con los datos de sus usuarios.

En EEUU a la Federal Communication Commision (FCC) agencia encargada de regular todos los servicios vinculados a las transmisiones y comunicaciones se le acumula el trabajo.  Las influyentes y activas asociaciones civiles estadounidenses como  la Electronic Privacy Information presionan a la FCC para que investigue las posibles vulneraciones por el uso indebido de datos privados de los usuarios que las empresas de internet como Google, Myspace o Facebook están realizando. 

Tanto a Facebook como a MySpace se les acusa de haber enviado a agencias de publicidad datos de algunos de sus usuarios sin su consentimiento, con el objetivo de crear perfiles comerciales. No es la primera vez que Facebook, en su necesidad por encontrar un modelo de negocio que le permita rentabilizar la información de sus más de 400 millones de usuarios, tiene problemas por el uso que hace con los datos de que dispone. Ya le ocurrió hace apenas dos años con su sistema de publicidad Beacon que finalmente tuvo que cerrar. Por su parte también a Google se le acumulan los casos relacionados con  la recogida de datos para su servicio Street View y que tras los problemas surgidos hace unos meses con el lanzamiento de Buzz, han vuelto a encender las alertas sobre la gestión de la información privada que realiza la empresa que nació bajo el lema "dont be evil". 

La crisis económica ha intensificado el modelo de publicidad "low cost" en la Red, muy intrusivo y poco selectivo, que aporta poco valor al usuario y por tanto al anunciante. En el actual modelo de Internet las empresas se ven obligadas a buscar fórmulas para que la publicidad sea más efectiva y diferencial. Para ello es necesario una mayor segmentación a  partir de un mejor conocimiento del usuario. En este contexto,  los datos sobre  los  usuarios se ha convertido en el "oro negro" de los nuevos modelos de negocio. El problema surge cuando los usuarios no son conscientes del uso que se hace de sus datos. ¿A quién pertenecen nuestros datos y qué usos se pueden hacer de ellos?. No siempre somos conscientes de que toda nuestra actividad deja huella en la Red y que todos los datos por insignificantes que nos puedan parecer aportan gran información sobre nuestros hábitos.

En un reciente artículo titulado Metricmanía el NYT ponía de manifiesto, además del innegable potencial de los datos, la obsesión que se ha apoderado de las empresas por intentar medirlo todo. Como se ha comentado aquí con anterioridad algunos periodistas a veces parecen más interesadas en "medir" que en "contar", por ello, y tomando una cita del articulo del NYT atribuida a Albert Einstein, es más necesario que nunca recordar que "No todo lo que puede contarse cuenta y no todo lo que cuenta puede ser contado".

Pepe Cerezo

Porcentaje de descuentos a trabajadores públicos

La bajada de sueldo a los trabajadores públicos oscilará entre el 0,56% y el 7%, además cinco de los ocho millones de pensiones no subirán el próximo año, según anunció ayer De la Vega.

De la Vega ha detallado la furtura reducción del sueldo de los funcionarios públicos que dependen de la Administración General del Estado, que oscilará entre un 0,56% y un 7%, en función de sus ingresos. Esta relación es la siguiente:

• 
  
  Grupo E-2 recorte del 056%
• 
  
  Grupo C-2 recorte del 2,7%
• 
  
  Grupo C-1 recorte del 4,5%
• 
  
  Grupo A-2 recorte del 5,75%
• 
  
  Grupo A-1 recorte del 7%.

El personal laboral también sufrirá un recorte del 5% de media de su salario, a excepción de los que reciban menos de 949 euros brutos al mes.

Afectará también en un 15% a los miembros del Gobierno, en un 8% a los directores generales y entre un 7% y un 10% a los altos cargos de Administración General del Estado.

MANIFIESTO DE APOYO A LA HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO DEL DIA 8 DE JUNIO

La propuesta del gobierno de reducir los salarios en el sector público, la congelación de las pensiones, el empeoramiento en la aplicación de la ley de dependencia, rebaja en las políticas sociales y en las inversiones públicas, nos lleva a un conflicto social.

Este conflicto social nos lleva a dar una respuesta inmediata y contundente, teniendo en cuenta que estas medidas son las primeras de una batería de otras anunciadas que pueden agravar la situación.

La propuesta del gobierno no es una salida para la crisis, no se hace recaer los esfuerzos en quienes la originaron y pretenden que los trabajadores y trabajadoras que no la hemos provocado seamos los que paguemos los platos rotos.
El gobierno rompe unilateralmente el dialogo social en el sector público, el Acuerdo 2010 – 2012 ya contemplaba hace 7 meses medidas de contención salarial suficientes para el escenario de crisis, de hecho, la situación de la economía y de las finanzas actual no difiere sustancialmente de la conocida en el momento de la firma del Acuerdo y, por tanto, nada posterior justifica su incumplimiento.

A las medidas anunciadas se unen otras que ya venían cuestionando el Acuerdo, como las referidas al empleo público, a la paralización de la negociación de otros temas sustanciales como la jubilación parcial o la Ley de Función Pública AGE, etc.

La Negociación Colectiva es un derecho fundamental que está en la Constitución Española, con estas medidas una vez más el Gobierno quiebra este derecho constitucional. Poniendo en cuestión de manera grave la validez y eficacia de los procesos de negociación colectiva en el ámbito de las empleadas y empleados públicos, tratando de enterrar con ello el avance que, en esta materia, supuso la aprobación del EBEP.
La reducción de salarios no solo afecta al personal funcionario, sino a todas las empleadas y empleados públicos. Queremos manifestar públicamente nuestro rechazo a la campaña de descrédito sobre lo público y sobre el personal funcionario, vertida por los medios de comunicación.
La inmensa mayoría de este personal, se puede considerar mil eurista, ya que más del 60% no superan los 1.500€ en bruto.
Queremos denunciar que cuestionando el sector público, se está abriendo la puerta a la externalización y la privatización, suponiendo de facto una renuncia expresa al papel que, en nuestra opinión, deben jugar los servicios públicos y el conjunto del sector público en la recuperación económica y en un cambio de modelo productivo. Contamos con servicios públicos que son los más eficientes de toda Europa.
Esta convocatoria refleja claramente la importancia de la unidad de acción entre las fuerzas sindicales en el sector público, lo que sin duda es un valor añadido a nuestras reivindicaciones.
El gobierno renuncia a actuar sobre los ingresos y solo pretende hacerlo sobre los gastos, en este sentido conviene recordar las políticas fiscales, que ha mermado los ingresos del estado en unas cuantías muy superiores al recorte de gastos que ahora se anuncia.
En otros países de nuestro entorno se están tomando medidas para que las grandes fortunas y las empresas también contribuyan en la reducción del déficit público, y aquí solo se actúa sobre los que tenemos nómina.
Decisiones como la desaparición del impuesto de patrimonio, las continuas rebajas (inequitativas además) del IRPF, medidas como el “cheque bebé” u otras que se hacen al margen de la renta de quien la percibe, o la desfiscalización y rebaja de lo que tributan las rentas del capital han privado al estado de recursos que ahora serían determinantes.
Además, tampoco se han adoptado medidas decididas relativas a la persecución del fraude fiscal o el afloramiento de la economía sumergida, que también está privando de importantes ingresos al estado.
Todo lo anterior ahonda el que seamos una pocas personas (las rentas del trabajo) las que soportamos los ingresos del estado y a las que, además, ahora se nos imponen los recortes.
Contra lo que han venido reiterando, e incluso lo que nos intentaron vender que el estado del bienestar no se toca y los derechos sociales tampoco, han variado el timón del barco y a partir de ahora, merman las políticas sociales y el gasto social. Baste recordar que entre las medidas, además de la que afecta a las retribuciones del sector público, hay otras como la congelación de las pensiones, las que afectan a la ley de dependencia, las que afectan a la cooperación internacional, etc.
No al recorte de derechos sociales

Ahora más que nunca derechos sociales y defensa de lo público

El laberinto griego

El mundo económico y financiero gritó a los cuatro vientos la señal de recuperación, sin embargo, el panorama ha sido ensombrecido por las cenizas provenientes de Islandia, el derrame de crudo en el Golfo de México, pero sobre todo, por la amenaza de bancarrota que desde Grecia pudiera extenderse a otros países europeos. Y de nueva cuenta las consabidas recetas que sacrifican a los trabajadores mediante dudosos planes de austeridad, y aunque se manifieste que también se afecten a los funcionarios, la igualdad se encuentra fuera de lugar. Porque la estructura del laberinto exige del trabajo, e incluso, de la vida, de hombres y mujeres pero no de unos pocos sino de muchos. El exceso o demasía es su característica, engulle todo, desde las esperanzas y sueños por una vida mejor hasta los fondos públicos, de ahí el incremento colosal de las deudas públicas y de las sumas estratosféricas de los rescates financieros, a una sociedad que quizá carece de futuro. Así, la globalidad ha colocado ha Europa, y posiblemente al mundo entero al borde del precipicio.  Porque, quién y cómo se garantiza que no se repita la historia,  “Se puede leer en la prensa de estos días que Grecia ‘engañó’ a Eurostat (!)… ¿sólo Grecia?” como afirma Javier Grandio (www.fiscalizacion.es en Publicado el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, 28 de abril de 2010). Y efectivamente, las instituciones de control y fiscalización han estado más sumergidas en las apariencias que en develar la verdad.

Si en realidad se contara con instituciones garantes de la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia, no se estuviera en la circunstancia actual. Pero tal parece que en el campo de la auditoría y la contabilidad no ha habido crisis, continúan con su discurso habitual, por ejemplo, el tema principal de la jornada del 29 de abril de 2010, organizado por el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, ha sido “Colaboración de los auditores con los órganos de control de sector público”, y se reitera que las Normas Internacionales de Auditoría “refuerzan la información financiera de gobiernos y organismos”, y en el paroxismo Antonio Minguillón Roy, cita “En el pasado, la auditoría en los sectores público y privado pertenecían a dos mundos diferentes, pero ahora esos mundos separados se han unido en este camino único sobre una base global” Clacs Norgren, Auditor General de Suecia (www.auditors-censors.com Normas Técnicas de Fiscalización de los OCEX, 29 de abril de 2010). Ésta concepción dominante ha dado lugar a la supuesta convergencia, que se acepta incondicionalmente en foros y congresos de auditoría pública. Pero es un error, la auditoría pública no ha surgido como una actividad y con un campo de estudio independiente, desde su origen adoptó la terminología y visión de la auditoría privada, por esto afirmo que, lo que se conoce como auditoría pública o fiscalización es la extensión de la auditoría empresarial. La crisis en Grecia evidencia la debilidad de la auditoría, la fiscalización, y de las instituciones de control.
Y ante ello, las instituciones rectoras de auditoría y fiscalización vuelven a callar. Su respuesta es la habitual, porque han sido diseñadas para obedecer al poder. Y al poder no le interesa que se clarifiquen los caminos del laberinto contable y presupuestal, dado que desentrañarían que la bestia de la corrupción mora en su interior.
No todos los caminos conducen a la lucha contra la corrupción. Como el nuevo Plan General de Contabilidad Pública (España), o las Normas y Metodología para la emisión de Información Financiera y estructura de los Estados Financieros del ente público (México), aunque prometan que desean cumplir con la simplificación, facilitar la fiscalización, la rendición de cuentas, y la transparencia. Porque su héroe no es Teseo, si no el simple Deseo. Por esto el camino de la fiscalización en el combate contra la corrupción ha sido construido con buenas intenciones. Como también cuando se apela a la ética, a la ciudadanía, y a otras causas externas, pero que tienen en común, alejar a la auditoría y a la fiscalización en el tema central de problematización.
Si en el Monte Olimpo se gestó la cultura occidental, resulta paradójico que la serpiente está a punto de morderse su propia cola, y luego entonces, quizá presenciemos el fin de un ciclo, y el nacimiento de nuevas formas en el convivir.

Mario Alberto Gómez Maldonado

Los trabajadores afectados por la denuncia de Izquierda Unida realizan un recorrido a pie por las calles del pueblo para protestar por la marcha atrás en la retirada del recurso

El pasado miercoles, los trabajadores afectados por la denuncia de las bases de la convocatoria por la cual obtuvieron sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre continuaron con el calendario de movilizaciones que se reanudó la semana pasada, una vez que el grupo municipal de Izquierda Unida decidió unilateralmente romper los acuerdos fijados el 22 de febrero pasado, consistentes en la retirada del recurso. Como ya adelantamos hace unos días, la protesta de ayer consistió en una marcha a pie por las calles del municipio, con salida y llegada en la plaza de la Casa Consistorial, y que fue seguida por los empleados afectados por la denuncia, compañeros de los departamentos y familiares.

Tras recorrer el centro urbano, provistos de pancartas con los lemas “Los trabajadores en defensa de su puesto de trabajo” y “Por la defensa de nuestros derechos”, además de carteles con los consabidos mensajes de “Izquierda Unida miente continuamente” e “Izquierda Unida destruye mi puesto de trabajo”, los manifestantes se concentraron en el interior del Ayuntamiento por espacio de unos minutos, para luego salir a la plaza, donde terminó el acto de protesta.

Los sindicatos reiteramos que estas movilizaciones, tanto las realizadas antes del 22 de febrero como las llevadas a cabo tras la ruptura del acuerdo por parte de IU y las que todavía están por hacer,  pretenden única y exclusivamente luchar por nuestros puestos de trabajo y en absoluto han de vincularse a ninguna motivación política. Además, nuestras movilizaciones ponen el acento en los incumplimientos reiterados de la palabra dada por Izquierda Unida a los trabajadores, sin entrar en ningún momento su labor política de oposición.

Secciones sindicales CSI-CSIF y FSP-UGT del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
20 de mayo de 2010.

El 88% de altos cargos suprimidos seguirá cobrando del Estado.

Son funcionarios de carrera.

El Plan de Racionalización de la Administración central incluye la eliminación de una secretaría general, 18 direcciones generales y 14 organismos autónomos. El sueldo de un director general ronda los 4.300 euros al mes.

Sin embargo, el ahorro en costes de personal será prácticamente inapreciable, ya que la mayoría de altos cargos que ocupaban los puestos suprimidos son funcionarios de carrera.

Por lo tanto, seguirán cobrando del Estado. El ahorro neto se cifra entre tres y cuatro millones de euros, una cifra insignificante si se tiene en cuenta que los gastos de personal de la Administración central superarán los 27.500 millones de euros este año.

El ya ex director general de Servicios y Coordinación Territorial, José Luis Borque Ortega, y sus homólogos en Comunicación de la Defensa (Georgina Higueras), en Relaciones Informativas y Sociales (Lourdes Camino) y en Desarrollo de la Sociedad de la Información (David Cierco) son los únicos altos cargos eliminados que nunca pasaron unas oposiciones. Cierco y Borque son economistas mientras que Higueras y Camino proceden del mundo del periodismo.

El resto seguirá de una u otra forma dentro de la Administración Pública. El ex secretario general de Política Territorial, Juan Manuel López Carbajo, es de los pocos que ya conoce su nuevo puesto. Desde ayer, ocupa el cargo de director general de la Agencia Tributaria después de que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, decidiera prescindir de Luis Pedroche. El ex director también seguirá vinculado al sector público ya que será nombrado vocal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sixto Heredia cambia de aires

Pedroche, como ya avanzó el sábado este periódico, rechazó ocupar la presidencia de Correos. En su lugar, el Gobierno ha elegido a Alberto Lafuente, que desde mayo de 2005 era consejero-director general de Sistemas Técnicos de Loterías del Estado. Sustituye a Sixto Heredia, que pasará a ocupar el puesto de consejero de finanzas en la embajada de España ante Portugal. Los nombramientos se llevarán a cabo mañana.

Más allá de los cambios de cromos, el impacto del plan de racionalización recaerá en la fusión y eliminación de sociedades de titularidad estatal. El tijeretazo en las empresas públicas reducirá el gasto en torno a los 14 millones de euros. Y el recorte de altos cargos elevará el ahorro hasta los 16 millones. En cualquier caso, el propio Gobierno reconoce las limitaciones del plan de racionalización. De hecho, 16 millones de ahorro no parece mucho cuando el déficit público en 2009 superó los 115.000 millones de euros.

Jaume Viñas

El valor del suelo. Y el valor de aplicar las normas

 El valor de la construcción y la urbanización.-

Desconozco los costes de construcción de una vivienda a ciencia cierta, pero si se le pregunta a un constructor el precio/metro cuadrado construido de vivienda de calidad media, cualquiera lo indica sin mucho cálculo. Y desde luego es un valor importante pero hasta ahora no era el más importante.

Hay que sumar también el valor de la urbanización. Los técnicos te dicen una cantidad a ojo de buen cubero sin equivocarse mucho.

La financiación .-

Bancos y Cajas de Ahorros andan ahora enfrascados en el canguelo crediticio y quizás falta de liquidez no declarada y no sueltan un duro salvo que uno ya sea rico y tenga muchas propiedades y posibles, ya se sabe el dinero es muy miedica y va a lo seguro. Bien, este problema de las finanzas, los créditos, las provisiones de fondos y las garantías es muy complicado. Sin embargo el euribor está al uno coma y muy poco Me pregunto si desde lo público no se podría impulsar un poco más la recuperación, por supuesto desde parámetros de operaciones viables. ¿O es que no se han ocupado nuestros políticos de controlar las Cajas de Ahorro? Si así lo han hecho, será no por intereses inconfesables sino para algo útil a la sociedad, entre otras cosas para revertir una parte de los beneficios en ésta o asumir un poco entre todos los riesgos. Así pues por un lado se debe procurar mover el mercado de los créditos. Y se puede complementar por otra parte con la posibilidad de conceder avales públicos.

 El sistema.-

Establecido todo lo anterior, me pregunto ingenuamente ¿por qué no se actúa por la Administración mediante el sistema de expropiación? El Ayuntamiento, una vez conocidas las necesidades de vivienda, expropia, a precio de suelo rural, el suelo necesario para la construcción de las viviendas que hagan falta, las construye mediante un contrato de obras y las vende a precio de coste (cargando sólo los gastos que se hayan ocasionado).

 Ciudades habitables y reordenación territorial.-

Y hablando de todo un poco. Caso de Aragón. El Alcalde de la ciudad –en Aragón cuando se habla de la ciudad, prensa y políticos, todos entienden que es Zaragoza- quiere ser la tercera ciudad de España. Ya he manifestado que yo no sé muy bien para qué. Yo no quiero vivir en la tercera ciudad de España, estoy muy feliz en la quinta. Las encuestas dicen que la gente que vive en Zaragoza es feliz de vivir en Zaragoza. Así que no lo compliquemos. Propondré pues ingenuamente frenar el ansia inmobiliaria de la ciudad y transferir esa ansia a la periurbanidad. El problema es el grandísimo término municipal de Zaragoza. Pues bien, dedíquese todo ese entorno ha hacer un gran anillo no, mejor un gran donut verde. De otro modo quizás haya que apostar por cerrar el resto de Aragón.

Acaban de salir los datos de renovación del padrón. Teruel vuelve a perder población; los inmigrantes, que sostenían un poco las cifras, se están empezando a ir. Si no se frena un poco Zaragoza y se potencia el resto del territorio, quizás será lo mejor convertir todo Aragón en un gran coto de caza. Y nos dejamos de historias.

Concluyendo.-

Así, ¿a cuánto saldría una vivienda? Tengamos en cuenta que no hubiera valor de especulación y no hubiera beneficio marginal, sólo el industrial de la empresa constructora. Si conjugásemos todos los factores anteriores, concluiremos que es posible realmente construir viviendas de calidad a precios muy, muy ajustados porque se poseen todos los factores necesarios para ello: posibilidad de obtención de suelo barato. Complementado con una adecuada política crediticia, se salvarían muchos de los problemas. Organización para llevar a cabo el proceso y sistema de financiación. ¿No apostamos por lo público?

Tenemos todo lo necesario para trabajar bien en el tema de la vivienda. Lo que hace falta es un poco de imaginación, ganas de trabajar, honradez y voluntad política. Olvidando el urbanismo como medio de financiación local y retomándolo como una mera cuestión social, la satisfacción del derecho de todos a tener un techo donde cobijarse y desarrollar su vida. Qué bonita es la Constitución. Nada más. Y nada menos. Pues eso, simplifiquemos.

Ah, y otra cosa. Simplifiquemos también la normativa, hecha sólo para gurús. Conozco a alguien que cuando recibe una explicación que no entiende, siempre dice que se lo expliquen bien que como no es tonto, si se lo explican bien, lo entenderá. Pues con las leyes urbanísticas igual.

Ignacio Pérez Sarrión

Exposición itinerante sobre Trabajo y Salud

Si en 1984 se producían 15 accidentes laborales con resultado de muerte por cada 100.000 trabajadores, a día de hoy esa cifra se ha reducido a la tercera parte. Los avances en la protección y la prevención en el trabajo han sido muy significativos en las últimas décadas gracias a las mejoras tecnológicas y a las reformas legislativas. La exposición itinerante que arrancó en el Parque de las Ciencias de Granada pretende mostrar la evolución histórica de la siniestralidad laboral pero también llamar e “incitar a la acción” a gobiernos, empresas y otros entes sociales para seguir avanzando en el campo de la prevención.

Este es el principal mensaje de la muestra que pretende recorrer varias ciudades de España tal y como ha explicado su director Emilio Castejón.

La muestra hace un repaso histórico de cómo han evolucionado las condiciones de trabajo y el cuidado de la salud en España. También analiza cómo las movilizaciones obreras han propiciado transformaciones en la legislación en el trabajo. La presión ejercida por los trabajadores en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX supuso un importante avance pero fue el año 1971 cuando marcó un punto de inflexión al probarse el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo y relevantes reformas legislativas que obligaban a las empresas a un mayor control de la seguridad de los trabajadores.

A modo de comparativa, mientras en 1973 se produjeron 2.700 accidentes laborales mortales para una población trabajadora la mitad que la de hoy en día, en el año 2009 la cifra no llega a las 800 muertes.

La exposición también pretende concienciar sobre las enfermedades o patologías asociadas al trabajo que aunque han ido evolucionando en positivo (algunas han quedado erradicadas), en la actualidad han surgido otras como el estrés cuyo origen a veces pueden estar asociado a situaciones no estrictamente laborales.

Una vez que finalice la muestra de Granada, Trabajo y Salud continuará su recorrido por otras ciudades españolas. En el mes de septiembre se desplazará a Albacete y, a continuación, visitará Bilbao y Santiago de Compostela.

CSIF convoca movilizaciones

Funcionarios piden eliminar al 90% de asesores de la Administración.

El secretario nacional de Formación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), Miguel Borra, ha afirmado que las medidas anunciadas ayer por el Gobierno son "muy graves", puesto que van en una dirección "absolutamente equivocada", además de incumplir el acuerdo firmado hace siete meses para modernizar y mejorar los servicios públicos, y reclamó al Gobierno que elimine a "los miles de asesores" que tiene la Administración.

En declaraciones a la COPE recogidas por Europa Press, Borra señaló que si lo que quiere el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es reducir o acabar con el déficit "tendría que haber mirado primero donde está auténticamente el derroche de las cuentas públicas", es decir, eliminar por ley el 90% de miles de asesores que tienen el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales.

Borra denunció que estos asesores "no tienen ninguna responsabilidad y están elegidos a dedo por los dirigentes políticos de turno, con nóminas muy superiores a las que cobra cualquier empleado público".

En esta línea, también planteó que el Ejecutivo podría haber prohibido por ley que los consejos de administración de las empresas públicas se repartieran los cargos políticos, su segundo o tercer sueldo o acabar con los gastos "suntuarios" que tienen muchas comunidades autónomas o ayuntamientos.

"En vez de eso Zapatero ha ido a lo más llamativo, a lo más fácil, que es reducir un 5% el sueldo a muchísima gente que está cobrando poco más de 1.000 euros sin valorar el trabajo que realizan los funcionarios públicos en la Sanidad, la Educación, la Justicia, la Policía, (...) tras varios años sufriendo recortes salariales y unos años de bonanza que en nuestro sector nunca se han visto", lamentó.

Borra insistió en que poner a los empleados públicos como "los malos de la película" es el recurso "más fácil" para "no meter la tijera donde realmente está el derroche presupuestario, no enfrentarse a la reforma laboral o no modernizar la Administración y mejorar así los servicios públicos", que en época de crisis "son más necesarios todavía".

"Cuando muchos funcionarios superan escasamente los 1.000 euros para llegar a fin de mes que sean los empleados públicos los que tengan que asumir sólo en este año 3.500 millones de los 5.000 millones que se van a ahorrar, y en 2011, la mitad, 5.000 millones, de los 10.000 millones de euros previstos que irán también a costa del empleo público, ¿dónde está el ahorro del resto de las administraciones", se preguntó.

MOVILIZACIONES Y HUELGA GENERAL.

Preguntado por la posibilidad de una huelga, Borra informó de que el colectivo ya ha acordado en una reunión extraordinaria una serie de actuaciones como protesta al recorte anunciado por el Ejecutivo. Del 17 al 21 de mayo el sindicato CSIF realizará una serie de asambleas en los centros de trabajo y convocará una rueda de prensa el próximo 24 de mayo en todas las provincias para explicar las medidas que van a adoptar.

Para el 25 de mayo ha convocado concentraciones en todas las Subdelegaciones del Gobierno y una manifestación a nivel autonómico y nacional. "Con mucha seguridad todas estas movilizaciones acabarán con una convocatoria por parte de CSI-CSIF de una huelga general en la Administración pública", advirtió.

Europa Press

Medidas dolorosas, pero inevitables

Por vez primera desde que comenzara nuestro particular via crucis, hemos percibido un enérgico golpe sobre la mesa. Por fin reconocemos la hondura y la gravedad de una crisis que aún puede devorarnos. El presidente de gobierno ha presentado una ronda de recortes del gasto público que ha sorprendido, más que por su importe, por las materias y conceptos afectados. El ahorro estimado asciende a 15.000 millones de euros, una cuantía considerable, pero muy inferior a los 35.000 millones que nos han recomendado varias instancias europeas. Caminábamos hacia el abismo, y las medidas de ajuste eran inevitables y urgentes: la cirugía promete ser dolorosa y habíamos perdido demasiado tiempo en dilaciones inexplicables. Pero la salida no vendrá sólo por el ejercicio de apretarnos más y más el cinturón. Además de estos recortes, serán precisas más actuaciones para lograr que recuperemos la confianza externa e interna que precisamos como combustible imprescindible para la recuperación. Políticas fiscales y laborales han de ser modificadas para conseguir que redistribuyamos con justicia los costes del ajuste y para que, al tiempo, logremos conseguir una economía productiva y competitiva. Nuestra recuperación económica y de empleo no vendrá ni del consumo interno ni de la inversión pública; tendrá que ser el sector exterior el que “tire” de la actividad. Y para ello, y dado que no es planteable competir vía salarios, deberemos hacer un esfuerzo en productividad, ingenio, tecnología y valor añadido. Un reto que nos compromete a todos. Nos hemos empobrecido y precisaremos unos años de sacrificio y esfuerzo para recuperar el patrimonio perdido. Y debemos realizarlo entre todos, no sólo la parte más débil. Como también nos afecta a todos la extensión del compromiso salarial. Autonomías y ayuntamientos seguirán el ejemplo del gobierno y se aplicarán la medicina amarga. ¿Qué harán las empresas públicas y municipales regidas, en principio, por convenios laborales ajenos al derecho administrativo? No parece lógico que disfruten de un trato privilegiado, por lo que tendrán que ajustarse a lo previsto en su conjunto.

Y los sindicatos, ¿qué harán? Es normal que las medidas no le hayan gustado nada de nada. Tienen ante sí dos modelos posibles. El de la bronca descomunal, tipo Grecia, o el de los recortes más o menos consensuados, como es el caso ejemplar de Irlanda. Prefiero este segundo al primero. El tiempo nos dirá hacia donde nos lleva nuestro derrotero.

Manuel Pimentel

MEDIDAS ADOPTADAS POR CSIF

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS

En sesión extraordinaria, ante la gravedad de la situación generada por las medidas adoptadas por el Gobierno, el CEN de CSI-F :

ACUERDA

1.Realizar asambleas informativas en los centros de trabajo de toda España durante la semana del 17 al 21 de mayo, para explicar la situación en que nos deja las decisiones del Gobierno.

2.Ruedas de prensa en todas las provincias el día 24 de mayo, anunciando las medidas adoptadas por CSI-F.

3.Concentraciones el día 25 de mayo ante todas las subdelegaciones del gobierno.

4.Concentración a nivel autonómico y nacional en fecha a determinar.

Todas estas movilizaciones concluirán con la convocatoria de una HUELGA GENERAL en todas las Administraciones Públicas.

La contratación de personas con discapacidad sube casi un 20%

La contratación de personas con alguna discapacidad ha aumentado un 19,1 por ciento en el primer trimestre del año 2010 respecto al mismo periodo del año anterior, según ha asegurado este lunes la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, durante la Jornada sobre empleo y discapacidad organizada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.

Pese a este buen dato, la ministra ha admitido que este colectivo sufre un "alto índice de desempleo". Para paliar esta situación, el Gobierno trabaja en el incremento del 5 al 7 por ciento de la cuota de reserva de empleos públicos para personas discapacitadas, aunque la ministra ha reconocido que a día de hoy "en muchos casos se incumple este cupo".

Jiménez también ha admitido que existen empresas con más de 50 empleados que no cumplen con la obligación legal de contar con un 2 por ciento de trabajadores discapacitados. Por otro lado, ha indicado que el Gobierno estudia la posibilidad de instaurar cláusulas sociales para dar preferencia en la contratación a aquellas empresas cuyas plantillas de trabajadores estén formadas por más de un 2 por ciento de discapacitados.

La ministra ha señalado que "todavía persisten muchos situaciones de injusticia y dificultad", pero quiso dejar claro que "hace ocho o diez años" la situación de las personas discapacitadas "era infinitamente peor".

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que el Ejecutivo es "plenamente consciente de que la durísima crisis" que atraviesa España "tiene especial incidencia en los colectivos más vulnerables, como el de la discapacidad".

En cuanto al actual sistema de bonificaciones a la contratación, Corbacho ha dicho que "muchas de ellas deben de reorientarse" pero que hay colectivos a los que "de ninguna manera" se debe perjudicar.

A su vez, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha indicado que la discapacidad afecta a cerca de 3,5 millones de personas en España, de los que un millón se encuentra en paro o inactivo.

Por su parte, el ex ministro de Trabajo Jesús Caldera ha apuntado que la crisis afecta de "manera particular" a los colectivos más vulnerables, por lo que hizo un llamamiento a las empresas privadas, a las administraciones públicas y a la sociedad en general para promover la contratación y la mejorar la calidad del trabajo de este grupo social.

Europa Press.

CSIF no descarta una huelga general en contra de las medidas de Zapatero

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Domingo Fernández Veiguela, anunció hoy que "por supuesto" convocarán movilizaciones en protesta por la rebaja del 5% de los salarios de los empleados públicos, sin descartar una huelga general, y barajó la posibilidad de denunciar al Gobierno por "incumplir" el acuerdo trianual hasta 2012 que garantizaba el poder adquisitivo de los funcionarios.

El presidente del sindicato mayoritario recordó que el sindicato ya decidió convocar una huelga general en la función pública en 1996, cuando se congelaron los salarios públicos.

"Aplicar todo el recorte a costa de los funcionarios es injusto y grave", reiteró Fernández Veiguela, y lanzó un guante a UGT y CC.OO. para "defender juntos" la potenciación de los servicios públicos, si bien se mostró taxativo: "Haremos movilizaciones solos o acompañados".

Asimismo, Veiguela consideró "injusta e ineficaz" la decisión anunciada por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso, por lo que echó en falta otras medidas de austeridad "mucho más ahorrativas".

"Si hay que apretarse el cinturón, lo hacemos todos, pero el ahorro tiene que apuntar primero a otros sitios. Lo fácil es rebajar el sueldo a los empleados públicos", lamentó, para después emplazar al Gobierno a suprimir un 90% el número de asesores fiscales y a controlar el "despilfarro" derivado de la duplicidad de competencias entre la Administración central y la comunidades autónomas y ayuntamientos. "Serían medidas que podrían conseguir más ahorro, además de ser más justas", aseguró.

"DESILUSIÓN" CON DE LA VEGA.

El líder de CSIF incidió en que los funcionarios cobran sueldos "muy modesto", que cifró en una medida entre 1.300 y 1.500 euros. "Muy pocos funcionarios superan los 2.000 euros, incluso contando el plus por experiencia", agregó.

Así pues, se mostró "desilusionado" con el incumplimiento del acuerdo suscrito el pasado 25 de septiembre con el Gobierno --que recogía un incremento del 0,3% para este año y su revisión en los dos próximo años-, y en el que participó activamente la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega. "Es una pena que De la Vega no cumpla su palabra", espetó.

Europa Press

Convenios adversus contratos

Sigo con cierta esperanza la jurisprudencia que emana del Tribunal de Justicia de la Comunidad europea. Hilar la solución de conflictos debiera facilitar tejer el tapiz del Derecho comunitario, integrando y armonizando el de los países miembros. Pero, en ocasiones, parece que el Tribunal desenreda una madeja enmarañada a la que ha contribuido el propio Derecho comunitario y las interpretaciones de la Comisión europea. Tal es mi sensación tras leer la sentencia de 9 de junio de 2009, asunto C 480/06 El origen del recurso radica en un “negocio jurídico” entre varias Administraciones, llamémoslo así para no prejuzgar, aunque la traducción española utiliza directamente el término “contrato”. Cuatro Landkreise (unas singulares circunscripciones administrativas locales alemanas) suscribieron con el servicio de limpieza de la ciudad de Hamburgo un acuerdo para eliminar sus residuos en la nueva planta incineradora de basuras, a cambio de abonar un canon anual. Existían otras estipulaciones y precisiones, pero podemos dejarlas en este momento de lado.

Antes de entrar en el resumen de la sentencia, quiero llamar la atención sobre un riesgo creciente: ¡las defectuosas expresiones cuando no pésimas traducciones! La versión española de la sentencia escribe “nueva instalación de valorización térmica”, locución horrible y reprochable cuando contamos con la palabra tradicional de “incineración”, que es, por cierto, el término que se utiliza en la redacción original de la sentencia en alemán “Müllverbrennungsanlage” (planta incineradora de basuras) y en el que ha sido (entiendo) el texto más difundido, el inglés (incineration facility). Si el traductor ¿español? quería evitar ese vocablo, podía haber señalado que se trataba de una planta de “biomasa”, pues realmente esa instalación genera calor y electricidad con la combustión de las basuras. Una magnífica solución sobre la que algún día habrá que volver. Más “palabros” salpican el texto de la sentencia, pero parece mejor eludirlos y atender a los problemas jurídicos.

La Comisión europea denunció a la República Federal Alemana, al entender que el acuerdo suscrito entre las Administraciones suponía un incumplimiento de la Directiva 92/50, esto es, la que regulaba los procedimientos de adjudicación de los contratos de servicios. No se había realizado ningún concurso público previo a la firma de ese “contrato”. En su argumentación insistió en que los servicios de limpieza y reciclado estaban sujetos a la citada Directiva y que no concurría ninguna situación que dispensara su aplicación. Rechazaba igualmente que pudiera invocarse la doctrina de los contratos domésticos, al no cumplirse los requisitos necesarios, en concreto, no existía ningún “control análogo” al existente con sus propios servicios entre la ciudad de Hamburgo y los Landkreise .

Sin embargo, la Comisión europea admitía que, si se hubiera constituido una personificación entre las Administraciones, no hubiera existido incumplimiento de la Directiva. ¿Y por qué crear un consorcio o una sociedad pública entre varias Administraciones es bien visto por la Comisión y suscribir un convenio para conseguir el mismo fin, no? Aquí radica, a mi juicio, la miopía de la Comisión, en considerar que todo acuerdo es un contrato de servicios y, en consecuencia, debe impulsarse una concurrencia pública con los empresarios privados. Pero el acuerdo no era propiamente un contrato, sino un convenio, cuya causa, el elemento más importante para delimitar cualquier negocio jurídico, era la colaboración entre las Administraciones para la prestación de un servicio público. Y esa cooperación puede dar lugar a una nueva personificación, o no.

La defensa alemana se apoyó en que las prestaciones objeto del acuerdo eran “misiones públicas”, esto es, servicios públicos exigidos por el Ordenamiento comunitario. Y que desde su planificación, la instalación se había ideado para asumir las basuras de Hamburgo y de los municipios cercanos. Actividad que no podía realizar ningún empresario privado en las condiciones fijadas.

El Tribunal desestimó el recurso de la Comisión al entender que no se había incumplido el Derecho comunitario. Y es que sorprende que haya que recordar que las directivas de contratación se dirigen a facilitar la competencia de aquellos servicios que se prestan en régimen de libre mercado. Una finalidad distinta, por tanto, de la colaboración entre Administraciones para la mejora de la prestación de los servicios públicos.

Mercedes Fuertes López

Comienza en Granada el II Congreso de Modernización de los Servicios Públicos

En el Congreso de Modernización de los Servicios Públicos -punto de encuentro de los agentes implicados, entorno ideal para intercambiar experiencias, conocer buenas prácticas y nuevos proyectos en el sector- se expondrán, a través de conferencias, mesas redondas, paneles temáticos y ponencias, las acciones que se están llevando a cabo en materia de nuevos modelos de atención y de participación por y para la ciudadanía, simplificación y agilización de trámites, gestión de personas y modernización de infraestructuras, administración electrónica y cooperación entre administraciones.

El Gobierno andaluz está trabajando para conseguir una Administración moderna y eficaz, que prosiga incorporando la mejora continua en su funcionamiento y la calidad en los servicios que presta a la ciudadanía. Por ello, una actividad más del Congreso será, precisamente, la entrega de los Premios de Calidad de los Servicios Públicos y Administración Electrónica, en su V edición.

La modernización de la Administración Pública ha dejado de ser un reto para convertirse en una exigencia, constituyendo un factor clave para la dinamización económica y para lograr la cohesión social.

Si bien la iniciativa de este evento parte de la Junta de Andalucía, el ámbito de este 2º Congreso tiene una vocación nacional en cuanto a la temática que se aborda, con un perfil de participante procedente de las Administraciones Públicas a nivel estatal, autonómico, local o de universidades, así como empresas privadas ligadas al sector y, por otra parte, inicia una dimensión internacional, especialmente enfocada en esta edición hacia los avances en Modernización de Servicios Públicos en Iberoamérica.

I ENCUENTRO NACIONAL DEL SECTOR ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bajo el lema de “Juntos Podemos” , el sindicato CSI.F celebró durante los días 27, 28 y 29 de abril en Madrid , en el Salón de Actos de la Tesorería General de la Seguridad Social, c/ Curz del Sur, 2, el “ I Encuentro Nacional de Administración Local” .

El Sindicato, mayoritario en la Administración, defendió, sin fisuras y con contundencia, a lo largo de estos tres días, el trabajo que realizan los empleados públicos , y la necesidad de seguir manteniendo la sociedad del estado de bienestar que nos hemos dado.

El Coordinador Nacional de Administración Local, Pedro Muñoz Sauceda , que presentó el Encuentro y dio la bienvenida a los presidentes de Administración Local de las distintas Autonomías, valoró el interés del Presidente Nacional, Domingo Fernández Veiguela , por impulsar estos foros. Para Muñoz Sauceda el Encuentro debía servir, como al cierre del mismo se constató, para hablar y debatir de temas tan importantes para el Sector, como el desarrollo del EBEP y su incidencia jurídica en la Administración Local , los procesos de jubilación anticipada en Policía Local, del análisis y situación del sindicato, así como de la Formación.

Agradeció la presencia de todos y cada uno de los presidentes, así como de Miguel Borra , Secretario Nacional de Formación, quien más tarde participaría en una de las ponencias sobre el EBEP, además de comentar la importancia de la Formación en el Sector, y también la de Avelino Montes , Presidente de la Comisión de Garantías, quien mostró el mapa sindical de CSI.F en el conjunto del Estado.

Manifestó su confianza en que del encuentro saldrían directrices para seguir trabajando por y para el mejor servicio al ciudadano y dio la palabra al Presidente Nacional Domingo Fernández Veiguela, encargado de la apertura del Encuentro.

El Presidente Nacional en sus palabras de apertura, valoró y defendió el trabajo que desde el Sector se está haciendo , así como la importante representación de CSI.F en el mismo. Alentó a continuar por este camino, se mostró duro y contundente en el rechazo a las críticas que en estos últimos meses se han venido vertiendo, desde algunos sectores políticos , contra los funcionarios y demás servidores públicos. Y rechazó que sin ningún pudor, con falta de conocimiento y de la realidad del trabajo que hacen, se les coloque como parte de la crisis que nos afecta en estos momentos . Por ello instó a que se establecieran las directrices de esa defensa.

Entre las muchas cuestiones que se analizaron estuvo el desmontar una a una las muchas falacias que contra los empleados públicos y al albur de la crisis se han vertido: Se exagera en el número, bastante más inferior que el existente en los países de nuestro entorno. Fernández Veiguela, recordó que funcionarios son también los policías locales, los policías nacionales, la guardia civil, los médicos, los maestros, los jueces y un largo etcétera de empleados públicos que facilitan la vida a los ciudadanos de este país. Trabajan en lo público, en lo de todos y gracias a ese trabajo funciona la sociedad y podemos disfrutar del estado del bienestar que tenemos.

El presidente se preguntó si eran necesarios tantos cargos públicos. Si era preciso tener tantos Asesores en Comunidades y Ayuntamientos . Si son precisos tantos miles de empresas públicas que, en muchos casos, forman una auténtica Administración paralela.

En el encuentro quedó claro y patente que el sindicato está en disposición de hablar de ese gasto inútil y de dónde se puede ahorrar . Pero desde luego no detrayendo del servicio que se da al ciudadano desde las Administraciones.

Si se recorta drásticamente la oferta de empleo público, apuntó Fernández Veiguela, por ejemplo, si se jubilan 500 policías locales y sólo se ofertan 100 plazas, cómo se garantiza y se realizará el trabajo que han dejado los otros 400 . La deriva, según CSI.F parece que es privatizar el servicio público como se intenta hacer con los bomberos en Galicia. O quizá con interinos y así seguir fomentando el empleo precario.

¿Quieren ahorrar? Que lo hagan, pero de otro sitio. Por ejemplo les diríamos que porqué son necesarias tantas televisiones locales, de ahí sí que pueden ahorrar, que se están convirtiendo en un pozo sin fondo de gasto público.

Un Estado social debe garantizar los servicios básicos y más ahora en época de crisis , si queremos seguir teniendo la sociedad del bienestar. Y esta sociedad del bienestar, es contraria al feroz liberalismo que se intenta implantar en algunos sectores de nuestra sociedad y en unas comunidades autónomas más que en otras.

CSIF no sólo se opone a estas privatizaciones, sino que denuncia con todos los argumentos y bazas a su alcance , cualquier rebaja en la calidad del servicio público al ciudadano.

En el Encuentro, quedó claro que como servidores públicos, no se puede, ni vamos a caer en la trampa que quieren tejer sobre este sector, por lo que CSI.F desde la acción sindical que nos compete, no sólo informaremos a los empleados públicos , y defenderemos sus derechos, sino que también trasladaremos a los ciudadanos la información que sea necesaria para frenar este despropósito.

Se pidió prudencia en sus afirmaciones a los poderes políticos, y que se respeten las reglas del juego democrático sin trampas.

CSIF ha cerrado este encuentro con el compromiso firme y sin fisuras, de seguir defendiendo la dignidad de los empleados públicos, manifestado por los Presidentes de Administración Local, que uno a uno fueron desgranando el trabajo que realizan en los Ayuntamientos en los que tienen representación y también el esfuerzo por trasladar ese mensaje en aquellos en los que aún no tienen representación. Y apostaron por seguir trabajando para que se mantengan los servicios básicos a los que los ciudadanos tienen derecho y nosotros el deber de proporcionárselos.

Por ello CSIF trasladara a aquellos que compete, gobiernos municipales, FEMP y demás entidades involucradas , el creciente temor ante la deriva que están tomando algunas declaraciones y las graves consecuencias que para la defensa de lo público, lo de todos, pueden tener en un futuro no muy lejano.

Hay que detener esta espiral pues sino, el daño puede ser irreversible, si cala en la opinión pública, algo que ni se corresponde con la realidad , y desde luego no tiene nada que ver con el trabajo que se realiza desde los Ayuntamientos y demás servicios al ciudadano. Lo que se pretende con estas declaraciones es deteriorar los servicios, enfrentar a los ciudadanos con aquellos que están a su servicio y que su único cometido y fin es servirles, quizá con otras intenciones más espúreas como poner este servicio en manos privadas.

La jugada no está nada mal, se siembra la desconfianza y se comienza a propagar que en manos privadas se funcionaría mejor. Pero, a estas alturas, ¿alguien se cree que en manos de empresas, que su finalidad son los beneficios contantes y sonantes, iba a mejorar el servicio?

CSIF defenderá la permanencia de lo público y la necesidad de que estos servicios básicos estén en manos de empleados públicos y no en manos privadas.

El Encuentro puso de manifiesto también la importancia y necesidad de seguir fomentando la formación continua y especializada de los empleados públicos , no sólo para fomentar la carrera profesional, sino como la mejor herramienta para ofrecer cada día un mejor servicio y de calidad al ciudadano del S.XXI.

La Jubilación anticipada para Policía Local y que ya disfrutan otros Cuerpos de Seguridad, ocupó también una parte destacada en el encuentro, así como los distintos acuerdos de colaboración firmados por CSI.F tanto con el CEP como con Guardia Civil (AEGC) y también en el relativo a Bomberos, con la firma del acuerdo con la Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, para la formación homologada. Acuerdo este de gran importancia dado que ahora también a la formación que imparte CSIC en otros sectores, añade esta formación homologada para Bomberos.

La clausura estuvo a cargo de Begoña Larrainzar , Vicepresidenta de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la FEMP y Presidenta de la Comisión de Justicia, Administraciones Públicas y Asuntos Europeos de la FMM, así como Concejala del Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid, quien en sus primeras palabras manifestó la importancia de foros y encuentros como el convocado por CSI-F en una materia tan delicada y actualmente cuestionada como es la Función Pública. Asimismo afirmó que creía en el modelo constitucional de Función Pública, en su doble condición de funcionaria y de política, como pieza clave para el cumplimiento de los objetivos de cualquier administración que debe, en definitiva, trabajar por y para los ciudadanos.

César Barrio , Secretario de Acción Sindical de Administración Local Madrid, valoró la intervención de una voz externa al sindicato en este Encuentro y sobre todo una voz muy cualificada por su capacidad en todo lo relacionado con la Función Pública, su capacidad de diálogo demostrada en las muchas horas de negociación llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Madrid , donde durante muchos años fue Concejala de Personal y RRHH y por su vocación municipalista.

Se mostró preocupada por lo que vaya a pasar con el Proyecto de Ley de Gobierno Local, ya que los últimos borradores habían suprimido toda referencia a un régimen común y específico de función pública local. Además, también recordó que fue la Constitución Española la que creó la Administración Territorial de las Comunidades Autónomas, integrándose ésta por una asunción de competencias en la Administración del Estado y las Corporaciones Locales.

Se congratuló de que la FEMP haya podido entrar en la Mesa General, en la Conferencia Sectorial y en la Comisión de Empleo, pues gracias a ello “las voces de las entidades locales se pueden oír y se puede decidir frente al Gobierno y en igualdad con las CCAA”.

Defendió el papel de los sindicatos y su necesidad para la acción política puntualizando que la gente que ejerce el sindicalismo o la política para su beneficio personal , se deslegitima a sí mismo como interlocutor en los distintos foros o sectores de trabajadores de la sociedad a la que representa.

Insistió en que es bueno seguir trabajando para calar en la cultura de la negociación y destacó que la FEMP fue pionera en 1995 negociando con los sindicatos mayoritarios el Acuerdo Marco.

Por último finalizó su intervención recomendando que se estuviera pendiente del desarrollo normativo del EBEP , y destacando la importancia del trabajo que los funcionarios locales realizan en pro del servicio a los demás, por la cercanía al ciudadano y desde luego por ser, las entidades locales, la más antigua en esta tarea.

Tras su intervención el Coordinador Nacional de Administración Local, Pedro Muñoz Sauceda, dio las gracias a los asistentes a este Encuentro, valoró positivamente lo tratado a los largo de los tres días en el mismo y confió que los temas tratados y el enfoque dado a los mismos, fuera la mejor herramienta de trabajo para los próximos meses.

Un pensionista demanda a la Seguridad Social acusándola de modificar el cálculo de la pensión

El Juzgado de lo Social número 5 de las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una demanda presentada por un pensionista en la que acusa a la Seguridad Social de haber introducido un cambio normativo en el periodo de cálculo de la pensión que le ha supuesto un "quebranto económico".

La demanda ha sido dirigida contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria.

El demandante, F. V. I., denuncia que con el cambio normativo, introducido a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2010 y que modifica el apartado 1.1 del artículo 162 de la Ley General de Seguridad Social, no se computa el último mes cotizado a la Seguridad Social antes de la fecha de la jubilación, sino uno de 15 años atrás, hasta ahora fuera del periodo de cálculo.

Así, el demandante expone que se ha variado la redacción anterior, de forma que en vez de tenerse en cuenta los 180 meses "inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca el hecho causante" se tomarán en consideración los 180 meses inmediatamente anteriores "al mes previo al del hecho causante".

F.V.I especifica así que ha sufrido un "quebranto económico de por vida respecto a la situación [normativa] vigente a 31 de diciembre de 2009".

El demandante cotizó 38 años y 6 meses, y el 2 de enero de 2009, al cumplir los 65 años (superando ya en más de 1 año y medio los 35 necesarios para alcanzar el 100% de la base de cotización), decidió voluntariamente seguir en activo con la intención de "revalorizar su pensión al máximo" jubilándose el 2 de enero de 2010.

"Es un hecho contrastado que en el presente supuesto, si este demandante se hubiera jubilado el día 2 de diciembre de 2009 con la normativa anterior, hubiera gozado de la misma pensión que ahora se le reconoce jubilándose un mes después, esto es, en enero de 2010. Es decir, no le ha servido en absoluto a los efectos de obtener una mayor pensión, cotizar y trabajar el mes de diciembre por entero. Para eso se hubiera quedado en su casa, descansando y disfrutando de su merecidísima pensión", asegura la demanda.

Además, la demanda a la que ha tenido acceso Europa Press razona que el cambio normativo "carece de motivación y razonamiento alguno, amén de producirse y publicarse el día 23 de diciembre de 2009, hurtando de facto la capacidad de decisión de este interesado a los efectos de dejar de trabajar o no cotizar dicho mes de diciembre, pues, a la vista queda, que a menos que le sea reconocida su cotización, no le ha servido de nada".

TRABAJO SE EXPLICA.

Fuentes de la Seguridad Social consultadas por Europa Press reconocieron que sí se introdujo un cambio normativo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos por el que no se contabiliza el último mes sino un mes por delante de 15 años atrás.

Las fuentes consultadas explicaron que dicho cambio obedece al desarrollo de la Administración electrónica y que con él se pretende ahorrar un trámite administrativo a los pensionistas. Asimismo, precisaron que se consultó con los agentes sociales y se hizo un estudio para analizar las ventajas y desventajas de la medida.

El resultado de dicho estudio, señalaron las fuentes, fue que en la gran mayoría de los casos esta modificación resultaba indiferente o incluso beneficiaba a los pensionistas, mientras que sólo en unos pocos supuestos era perjudicial.

Europa Press

Hipocresía pactada

En el contexto socio-político-institucional español todos los actores se podrían agrupar ahora mismo en únicamente dos categorías: los que mueven los hilos y las marionetas. Los primeros son poquísimos, pero manejan el percal a su antojo. El resto somos todos los demás, la inmensa mayoría. Una especie de apartheid que se basa en la pura manipulación. Un sistema apoyado en el opio (fútbol, telebasura), en la hipocresía, y en la mentira (política y mediática; y por cierto, no hay tanta diferencia entre ambas). Al final, ni los «buenos» son buenos, ni los «malos» aparecen como tales hasta que se necesita un chivo expiatorio; mientras que otros (normalmente los peores) se libran ad aeternum. El caso es que hay pactos oscuros y ocultos entre, por ejemplo, PP y PSOE. No, no se llevan tan mal como parece, créanme.

El sistema político dualista que de alguna forma se ha implantado de forma oficiosa en España es, cuanto menos, un tanto dudoso. Con el argumento del «voto útil» resulta que no tenemos un Presidente (en el Estado) de «otro partido» desde Calvo Sotelo. No decimos que el próximo o próxima deba serlo, pero eso de que sea imposible en nuestra opinión le resta valor a la democracia. El caso es que llevamos tiempo diciéndolo: «Me resulta ya cansino lo de «izquierdas» o «derechas», y no digamos ya lo de PSOE o PP, Madrid o Barça, carne o pescado, black or white... Huyamos de los dualismos: seamos independientes y votemos a tres partidos distintos en cuatro procesos electorales consecutivos (el cuarto podría ser en blanco, o incluso nulo); vayamos aunque sea en un sólo partido de fútbol (y además amistoso) con el más débil; y permitámonos el lujo de comer de todo (o casi), que bien administrado no engorda, e incluso adelgaza.» («Réplicas (de replicar)» ), publicado en el blog de espublico el 03.03.2009).

Insisto. PP y PSOE son mucho más amigos de los que parecen, y se unen contra enemigos comunes «oficiales» (terrorismo, medio ambiente, delincuencia, crisis) pero también contra enemigos «oficiosos» y muchas veces anónimos que les inquietan lo mismo o más. De los anónimos, por desconocidos, no puedo hablar, pero les aseguro que personas válidas como Rosa Díez les tocan bastante las narices. Hace 20 años era Mario Conde: ¿alguien ha analizado cómo pasó del cielo al infierno con tanta celeridad? El mismo Jesús Gil, al que por supuesto no voy a defender, era un ejemplo claro de «tocanarices». No era precisamente un dechado de ética, pero sin duda recibía más ataques por resultar incómodo a PSOE y PP (al fin y al cabo ostentaba la Alcaldía de un municipio importante) que por vulnerar la legalidad. Alguien dirá que PSOE y PP también se denuncian de vez en cuando, e incluso con frecuencia entre ellos, y que de alguna forma se «autocontrolan». Mentira. Paripé: te saco la trama del Gürtel, te pillo a Bermejo cazando (sin licencia de caza) con Garzón, etc, etc, pero «lo gordo» que no salga. En cuanto a los integrantes del poder judicial, resulta que por un lado se les pide independencia, pero cuando se meten «con quien no deben» entonces prevarican. Alguien pensará que hablo precisamente de Garzón, pero yo me acuerdo mucho de Gómez de Liaño…

Cambiando de tema, y retomando la breve referencia al dualismo en el fútbol, personificado en Real Madrid y Barça, sabemos que han pactado crear una «Liga Élite» (para los que les interese, consistiría en convertir la actual LFP en una especie de Premier League). No es este nuestro punto fuerte, pero parece ser que el tema tiene que ver (cómo no), con los derechos televisivos. Bien, en todo caso vemos una vez más cómo dos (los dos grandes, obviamente), están tomando y prácticamente imponiendo acuerdos que afectan a otros, los cuales tienen mucha menos participación en la toma de decisiones y, por supuesto, en su parte del pastel. ¿Ven? Cuando les interesa estos dos tampoco son tan enemigos.

Y volviendo a la política, en este caso local, doy fe (al fin y al cabo uno es Secretario) cómo PP, PSOE y hasta Los Verdes votaron unánimemente a favor en un punto del orden del día plenario cuyo objeto era modificar el PGOU para propiciar una actuación consistente en urbanizar, en «suelo no urbanizable protegido», una zona residencial en primera línea de playa (más bien «cala» en este caso) coronada por un Hotelazo de veinte estrellas. La Ley es muy clara: no se puede urbanizar en «suelo no urbanizable protegido», ya que dicho suelo no se puede reclasificar a «urbanizable». En cuanto a Los Verdes, si algún sentido tienen es que se supone que abogan en defensa de la Naturaleza. Sin embargo en esa actuación que les parecía tan bien se talaron árboles y murieron ardillas. Vergonzoso. Cuando digo una cosa cómo ésta no falta quien me argumenta «esto es política, la política es así». Pues bien, este tipo de política me da arcadas. De verdad.

En fin, políticos y medios nos manipulan, porque el objetivo de los que mandan es únicamente repartirse el pastel. Mientras, la gente está crispada, partiéndose la cara por unos y por otros (a veces literalmente). Pero simultáneamente, tipos lustrosos que delante de la tele se insultan, cierran pactos interesados en caros restaurantes (a esto le llaman «almuerzos de trabajo») entre risas, bogavantes y champán. Al menos tendrán colesterol. Me alegro.

Víctor Almonacid Lamelas