Denuncias incentivadas u otra vuelta a las andadas

La noticia, filtración o lo que sea que apunta a que, para invertir la huelga de “bolis caídos” de la policía de tráfico, se premiará a los agentes que más tiren de talonario, es un verdadero despropósito. Primero, porque si hay un malestar justificado en los funcionarios de la moto, por razones laborales o retributivas, eso no se soluciona a costa de apretar las tuercas a los conductores incautos, sino con una política justa que tenga en cuenta la labor y los sacrificios de dichos empleados públicos. Segundo, porque como ya he escrito más veces, eso de “tolerancia cero” de la noche a la mañana viene a reconocer que, hasta el presente, hubo una amplia dosis de pasotismo perseguidor –lo que no deja de sorprender- y el “ius puniendi” debe ser siempre igual e idéntico para todos sus posibles destinatarios; lo demás es arbitrariedad sin paliativos. En tercer lugar, porque uno ya daba por superada la existencia de normas o instrucciones secretas (o discretas, como en las logias) y pensaba que el principio de publicidad llegaba a la regulación de toda suerte de incentivos. En cuarto término, porque multiplicar deliberadamente el uso de la potestad sancionadora para recaudar y, posteriormente, para evitar huelgas de brazos caídos mediante pagos extra, se viene llamando, desde hace muchos años, desviación de poder; causa de anulabilidad por antonomasia. Y, en fin, porque tan deplorable práctica no es la primera vez que se usa, con distintos y siempre espurios fines, fracasando estrepitosamente al poco tiempo.

Permítanme contar una batalla, a propósito de uno de esos precedentes fallidos que tuvo, creo recordar, por provincias experimentales, hace unos veinte años, a Toledo y a León. A poco de salir en la prensa, como ahora, la puesta en marcha de tan genial idea, yo, que trabajaba a las orillas del Bernesga, yendo a ochenta por hora por una carretera general, recibí una orden de alto y, orillado al arcén, oí cómo un benemérito me decía que me pensaba empapelar por ir a la velocidad que iba –en eso no mintió-, en un tramo limitado a sesenta. Me quedé de piedra, porque la tal carretera me era tan familiar como el pasillo de casa y, en el punto kilométrico de la denuncia, ni había una travesía, ni un cruce, ni nada. Puro y duro descampado, tramo recto y raya discontinua. No sé si llegué a protestar pero lo que sí hice fue volver al día siguiente pertrechado de cámara fotográfica. Quiso el cielo que, exactamente en el punto donde se marcaba el hectómetro en el que el guardia había situado la infracción, hubiera una señal redondita, con su orla roja, que indicaba, ni más ni menos, “cien”. Le saqué más fotos que a una famosa y monté unas alegaciones incendiarias en mi descargo. La cosa fue tan gorda y evidente que, lo que nunca pensé que ocurriría, el Jefe Provincial de Tráfico, al que no conocía de nada, me llamó para pedirme perdón. Un gesto insólito, de una honorabilidad extraña al funcionamiento tan impersonal de la Administración. Me dijo que el denunciante, al darle traslado de mi escrito, tuvo que reconocer que era verdad lo que yo había dicho pero “seguro que la infracción se habia producido en otro punto” (sic). El responsable de Tráfico me comentó que estaban pensando qué hacer en relación con tal sujeto. Yo le contesté que, siendo grave su abuso de autoridad, y su mentira, por la violación de su presunción de veracidad, la culpa última no era de él sino de quienes propiciaban tales conductas. Ya no supe qué pasó luego aunque sí sé que “los incentivos”, que en aquellos días creo que también se extendían a días de asueto, acabaron durando lo que un caramelo a la puerta de un colegio.

Ahora volvemos a las andadas y a uno se le vienen a la memoria anécdotas que daba por felizmente superadas y que creía fruto de la inexperiencia democrática. Pero se ve que seguimos tropezando en la misma piedra.

Por lo menos, debiera preverse que el agente incentivado, de prosperar unas alegaciones o un recurso administrativo o judicial frente al acto nacido de su denuncia, pagara de su bolsillo un equivalente a la multa que quiso imponer. Eso sí que es justicia conmutativa. Pero claro, así no se inmovilizaría ni a un chimpancé ebrio que circulara a doscientos por hora y en sentido contrario por una autovía. Pobres guardias; una vez más víctimas de los experimentos de los gobernantes y del resentimiento de los gobernados. 

Leopoldo Tolivar Alas  

Los sindicatos unifican su defensa en el anticipo de la edad de jubilación para policías locales y autonómicos

El pasado  19 de julio, se ha formalizado la adhesión por parte de los sindicatos policiales de toda España, al Acuerdo de defensa del anticipo de la edad de jubilación para los funcionarios de policía local y autonómico de todo el país, que ya mantenían CSI-F, CC.OO y UGT.
La importancia de este acto viene dada por la unidad absoluta de todos los representantes de los cuerpos locales y autonómicos de seguridad pública, a través de CSL y COP, unidos a las tres Organizaciones Sindicales mayoritarias, en un plan de reivindicaciones absolutamente justificativa de la garantía del servicio público destinado a la ciudadanía.
Todos coincidieron durante el acto de hoy, en que la formalización de esta unidad de acción sindical, es un ejemplo de la necesidad que tienen los servicios de policía de unificar sus parámetros en muchos aspectos como el que ha generado este acuerdo reivindicativo.
Son muchos ámbitos diferenciados los que inciden en las decisiones que articulan el funcionamiento del ejercicio policial en los marcos municipales y las comunidades autónomas, generándose una discriminación en asuntos tan transcendentales como la propia jubilación según el ámbito de dependencia.
Las Organizaciones sindicales, han trazado hoy una importante vía de trabajo cuyo objetivo es adelantar la jubilación de los policías locales y autonómicos, mediante la unidad de las fuerzas reivindicativas bajo una misma voz, frente a todos los gobiernos.
A primeros de Septiembre, se volverán a reunir para comenzar con el curso reivindicativo, trazando el calendario oportuno para desarrollar el acuerdo alcanzado por todas las partes.

La Policía y la Guardia Civil se incautaron en 2009 de más de 5 millones de copias fraudulentas y falsificaciones valoradas en más de 438 millones de euros

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollaron 4.584 intervenciones por delitos contra la propiedad industrial e intelectual en 2009, detuvieron a 5.131 personas y se incautaron de 5.162.432 objetos valorados en más de 438 millones de euros. Estos son los principales datos del balance de las intervenciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil contra la piratería industrial e intelectual que ha sido presentado hoy por representantes de los ministerios del Interior; Industria, Turismo y Comercio; y Cultura, y de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema).
Del total de operaciones desarrolladas, el 56% han sido por delitos contra la propiedad intelectual y el resto (44%), contra la propiedad industrial. En cuanto a la valoración estimada de la mercancía intervenida, el 95% (más de 418 millones de euros) corresponde a la propiedad industrial mientras que el valor de los objetos relacionados con la propiedad intelectual alcanzó los 19,8 millones de euros, a los que habría que sumar el perjuicio económico derivado de la explotación no autorizada en Internet de los derechos de propiedad intelectual.
La valoración total de la mercancía intervenida ha aumentado un 13% respecto a 2008 (438 millones de euros en 2009 frente a 385 millones el año anterior), a pesar de que el número de productos incautados se redujo un 30,7% (7,4 millones de productos en 2008 frente a 5,1 millones en 2009). El 32,3% de esos objetos eran juguetes, el 10,9% marroquinería y complementos, el 7,8% material informático, el 7,7% material audiovisual y el 7,2%, material fonográfico.
Por Comunidades Autónomas, Madrid fue donde se realizó un mayor número de intervenciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el 25,2%, seguida de Andalucía (24%) y la Comunidad Valenciana (18,2%).
Propiedad industrial
El año pasado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron 2.014 intervenciones por actividades que vulneran derechos de propiedad industrial, detuvieron a 2.198 personas y se incautaron de 4,1 millones de objetos. La valoración económica de este material asciende al menos a 418,2 millones de euros.
Por sectores, el más perjudicado fue el de la marroquinería y los complementos (el 42% del valor total de las incautaciones correspondía a estos productos) seguido de joyería y relojería (16,7%), informática (16,1%) y juguetes (10%). Además destaca a la cabeza de todas las intervenciones el sector juguetes (32´5% del total) lo que evidencia que hay cada vez más falsificaciones en productos que afectan a la seguridad de los consumidores.
Por puntos de incautación, el 51,3% de las intervenciones relacionadas con la vulneración de los derechos de propiedad industrial se desarrollaron en fábricas o almacenes, el 25,8% en establecimientos y comercios, el 17,7% correspondió a resguardo fiscal y el 2,4%, a la venta ambulante ilegal.
En cuanto a las comunidades autónomas, destaca el número de intervenciones desarrolladas en Andalucía (27,8%), en la Comunidad Valenciana (17,7%), en Madrid (13,4%) y en Cataluña (12,2%).
Propiedad intelectual
En 2009, las intervenciones policiales de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual se han incrementado en un 17%, (2.570 frente a 2.184 en 2008). En estas actuaciones, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 2.933 personas y se incautaron de más de un millón de objetos valorados en 19,8 millones de euros. A esta cifra habría que sumar además el perjuicio económico derivado del uso fraudulento a través de Internet de los derechos de propiedad intelectual.
Por sectores, el audiovisual registró el 37,7% de las intervenciones, seguido muy de cerca por el fonográfico, con el 35,5%. El resto de sectores se encuentran por debajo del 3%.
En cuanto al lugar de incautación, en 2009 se produjo un descenso muy significativo de la venta ambulante (que pasó de representar un 81% de las intervenciones en 2008 a un 41,5% en 2009) y un incremento de las intervenciones en domicilios, que alcanzó el 50,7% cuando en 2008 apenas representaron un 8,2% de las intervenciones.
Por comunidades, en Madrid se desarrolló el 34,4% de las intervenciones, seguida de Andalucía (20,9%) y de la Comunidad Valenciana (18,6%).

Reinventarse

El mundo se mueve, y no nos espera. Por inercia, tendemos a refugiarnos en aquello tan bucólico de ”cualquier tiempo pasado fue mejor” mientras no alcanzamos a comprender que muchos de los cimientos de nuestro mundo se desmoronan. El presente ya es futuro, y nos empeñamos en observarlo con ojos del pasado. Nosotros, nuestras empresas e instituciones pudieron ser muy válidas para las realidades pasadas, pero muchas de ellas se muestran obsoletas y oxidadas para la realidad de hoy. Los valores se mantienen jóvenes y lozanos, mientras que los instrumentos para alcanzarlos deben mutar en consonancia con una realidad cambiante cuyo destino no alcanzamos a intuir.

La crisis está dejando a muchas economías, empresas y personas como un campo desolado. Quién más quién menos, ha sufrido la fiereza de su zarpazo. Muchos han caído pero otros han decidido sobrevivir, y, para conseguirlo, nada mejor que apretar los dientes, doblar el trabajo y la imaginación y, sobre todo, reinventarse. La reinvención, más que un “palabro” de moda en el caprichoso mundo del management, es un concepto amplio y atractivo que puede ayudarle a encontrar una nueva senda por la que desarrollarse y prosperar. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, reinventar significa volver a inventar. Si en el pasado “nos inventamos” como profesionales, a veces, en determinadas circunstancias, es recomendable volverse a inventar, sin que exista edad para ello, aunque lo más frecuente es que sea acometida durante la cuarentena y primera parte de la cincuentena. Y eso a escala personal. En las instituciones ocurre algo parecido. Nuestro esqueleto público fue diseñado para la España de los finales de los ochenta, que poco tiene que ver con la España de hoy. Debemos avanzar con los tiempos, por más que las resistencias al cambio siempre tiendan a frenar cualquier evolución hacia un futuro que, por definición, siempre nos resultará incierto.

Hemos oído hasta la saciedad el mantra de que crisis equivale a oportunidad. Es cierto. La reinvención es la llave que nos permite atravesar la barrera del miedo hacia el cambio. Como Carlos Alonso nos dice en su libro Reinventarnos profesionalmente: “La sociedad actual nos exige reinventarnos tarde o temprano. Si finalmente se convierte en una oportunidad dependerá de nuestra altura de miras, sinceridad con nosotros mismos y de la actitud para abordarla”. Analice su caso. ¿Cómo le va? ¿Cree que posee talentos infrautilizados? ¿Teme que pueda ser despedido? ¿Va su empresa a cerrar? ¿Está insatisfecho con lo que hace? Aplique esas preguntas a la institución en la que trabaja o que le representa. ¿Le satisface? Pues quizás haya llegado el momento de reinventarse. Carlos Alonso escribe que “la solución está en nosotros y en comprender nuestro entorno. De nada sirve lamentarse. No es que podamos reinventarnos, sino es que estamos obligados a ello, descubriendo las capacidades que incluso pudiéramos tener aletargadas” y resume su filosofía para el proceso de reinvención en los siguientes diez consejos: Reflexione seriamente sobre el asunto, sin dejarse aplastar por miedos y temores. No reniegue de su etapa anterior, utilice la sabiduría que de ella haya adquirido. Madure sus ideas con gente de confianza y con expertos. Explore, no trace un camino excesivamente rígido, admita los cambios y los matices. Elija una actividad que le satisfaga, para lograr el triángulo perfecto entre talentos, gustos e ingresos. Esté dispuesto a reducir su retribución, si fuese el caso, si la actividad elegida le hace más feliz. No se obsesione con la ruta que haya elegido, no vaya a ser que tenga que reinventarse de nuevo a corto plazo. Aproveche sus relaciones personales, tanto para tener conocimiento de la posible nueva actividad como para su acceso a ésta. Busque un entorno de trabajo que le agrade. Aproveche para hacer su revolución personal.

La reinvención suele resultar impulsada por dos motores. El interno, más poderoso, que desde una insatisfacción personal anhela una mejora, o el externo, en el que son las circunstancias las que nos empujan a cambiar. Una crisis económica, con el consiguiente hundimiento de sectores económicos o empresas es un buen ejemplo de ellos. A veces, ambos motores, externo e interno, se autoestimulan. Así ocurre en los que ven tras una crisis una oportunidad: las circunstancias les empujan a hacer lo que en el fondo deseaban pero que no se atrevían a acometer. Las crisis nos facilitan a cruzar el umbral del riesgo y a vencer – quizás porque no tengamos otra alternativa – el freno del miedo.

Existen cuatro tipologías de reinvención. La primera sería aquella que el profesional realiza en el seno de su misma empresa. El segundo caso sería cuando el trabajador pasa a otra empresa, pero a desarrollar una función similar a la que desarrollaba en la anterior. Los cambios afectan más a lo circunstancial – salario, condiciones de trabajo, cercanía al domicilio, jefes y compañeros – que a lo substancial de una reinvención, que si tendría mucha más entidad en la tercera tipología, el salto a otra empresa con una ocupación diferente, lo que suele producirse tras un prolongado proceso de reflexión y en personas con la suficiente seguridad en sí mismas. La cuarta tipología que podríamos analizar corresponde a la forma más pura y tradicional de reinvención que es cuando se da el salto para crear la propia empresa, lo que supone superar el miedo a emprender y arriesgar. ¿En cuál de ellos estaría usted?

En la reinvención pública el motor es doble. O la insatisfacción de los ciudadanos, o el cambio de paradigmas ideológicos. El mayo del 68 o la instauración del Estado de Bienestar serían ejemplos de este segundo caso, y la actual crisis económica del primero. Muchos ayuntamientos están en quiebra literal, y eso nos obligará a reinventarlos. La tarea es ardua y fundamental. Que tengamos suerte en ella. Ojalá volvamos a los valores. 

Manuel Pimentel  

La picaresca laboral dispara las inspecciones de trabajo en Málaga

La soga de la crisis aprieta el cuello del maltrecho mercado laboral mientras algunos empresarios, trabajadores y desempleados buscan fórmulas para el desahogo que no se ajustan a la ley. Conscientes de que la salud de muchas empresas de la provincia ha empeorado en lo que va de crisis, la oficina de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Málaga extrema las precauciones multiplicando su control sobre el tejido empresarial malagueño y evitar el fraude.
Así se desprende del resumen de actividades de esta oficina relativo al primer semestre de este año, periodo en el que los inspectores sumaron 1.261 visitas más que entre enero y junio del año pasado. En total, 5.126 visitas (un 32% más), que provocaron 9.621 actuaciones (+31%) para detectar 1.304 infracciones (+18%) valoradas en casi 2,5 millones de euros. La jefa de Inspección de Málaga, Mercedes Muñoz, confirma a La Opinión de Málaga la tendencia al alza de la actividad con un aumento superior al 54% en el importe de las liquidaciones a la Seguridad Social, una subida del 60% en prestaciones ilegales detectadas (cobrar el paro y trabajar) y hasta un 273% más en el importe de las liquidaciones.
Solamente en la ausencia de altas a la Seguridad Social, el resumen semestral contabiliza en la provincia más de 7.000 actuaciones en las que se han detectado 863 infracciones (830 en asalariados y 33 en autónomos) cuyo importe asciende a más de 657.000 euros. Sin embargo, la cantidad liquidada en las arcas de la Seguridad Social se eleva hasta rozar los dos millones de euros. No menos relevante resulta comprobar que esas inspecciones supusieron el alta inmediata de 596 trabajadores que hasta ese momento trabajaban de forma irregular frente a las 381 bajas.
Sin embargo, la picaresca y la economía irregular se agudizan cuando los inspectores de trabajo se introducen en el campo de las prestaciones. Aquí, en los primeros seis meses de este año se han realizado 1.156 actuaciones en las que se detectaron irregularidades en la situación de 341 trabajadores.
La causa más numerosa, con 171 casos, se refieren a personas que fueron sorprendidas trabajando mientras percibían la prestación por desempleo. La consecuencia inmediata, según Muñoz, es la suspensión inmediata de esa prestación. En este tipo de infracción también se vieron implicados 156 empresarios, datos que revelan la igualdad que muestran jefes y empleados a la hora de jugársela. Con menos casos pero igual de llamativas, aparecen infracciones en las prestaciones por incapacidad temporal o permanente, es decir, aquellos trabajadores que fueron sorprendidos trabajando durante una baja médica, los que continuaban trabajando después de haber sido incapacitado para ello o jubilados que continuaban su actividad. Las inspecciones entre los trabajadores extranjeros sí que han sufrido descensos significativos. No en el número de actuaciones, que han pasado de las 985 del primer semestre del año pasado a las 1.422 del presente, pero sí en las infracciones detectadas. Tanto es así, que entre enero y junio de este año se han detectado 100 irregularidades por las 170 del mismo periodo de 2009. La mayoría de ellas, según los datos del la Inspección Provincial, se refieren a los permisos de trabajo de extranjeros que trabajan por cuenta ajena.

La Opinion de Malaga

Otro modelo. Fiscalidad del urbanismo y haciendas

El urbanismo español hasta hace poco tiempo era un remanso de autocomplacencia. Era una máquina de hacer dinero para el bolsillo de unos pocos, una fuente de recursos que parecía inagotable para financiar políticas públicas y, a la contra, un enorme agujero de carga hipotecaria que acababan asumiendo ciudadanos y empresas, destinatarios finales de los productos inmobiliarios en definitiva. Todo parecía funcionar. Se generaba carga hipotecaria en origen, en los sucesivos pases de suelo, y se colocaba esa carga hipotecaria al final, al adquirente del producto terminado. Todos contentos. Los de los pases de suelo con un dinero más que fácilmente ganado. Los gestores de la urbanización con unos beneficios industriales más que razonables. Los promotores con unos beneficios que nacían a veces del descuento de los incrementos anuales de dos cifras del producto terminado. Los ciudadanos y empresas, a la postre, con unas viviendas o naves que, aún gravadas, incrementaban su valor año a año muy por encima de cualquier otro producto financiero. Todos contentos. Hasta tal punto lo estábamos que ni se nos pasaba por la imaginación que las cosas pudieran hacerse de otro modo. Sin embargo, hoy la cosa ya no funciona. Interrumpida la cadena que trasladaba la carga hipotecaria generada por la especulación realizada con el suelo, cuyo valor recordemos se calculaba en función de expectativas hoy frustradas, está todavía por ver quien asume las pérdidas. Desde luego no lo harán quienes cobraron los pases de suelo. Tampoco parecen estar dispuestos a hacerlo ciudadanos y empresas, que ni quieren ni pueden comprar a los precios a los que se les pretende vender. Quedan, en medio, entidades financieras y promotores inmobiliarios. Y ahí están. A la greña. En mi siguiente comentario volveré sobre la situación de las entidades financieras y la posición del Banco de España sobre la cuestión.

Se habla ahora de cambio de modelo. Lo inimaginable cuando la máquina funcionaba es lo demandado hoy. Las cosas han de hacerse de otro modo. Este Estado autonómico nuestro, tan descentralizado él, se ha convertido en un gigantesco laboratorio donde desde cada Comunidad y Ayuntamiento se plantean medidas para hacer frente a la nueva situación. Surgen así Comunidades que, pese a la retracción de la demanda, ofertan incrementar edificabilidad sin mayores cargas a quienes decidan impulsar el desarrollo de los suelos beneficiados. Encontramos Ayuntamientos que, por su parte, actúan como garantes de los compromisos de los propietarios, privados ellos, en los procesos de compensación. U otros que advierten a las entidades financieras tenedoras de suelo, dación en pago mediante, que si no lo urbanizan y financian su edificación se lo expropiarán como suelo rural que es, es decir, aplicando el método de capitalización de rentas, los magros coeficientes fijados en la vigente legislación de valoraciones y, acaso, la indemnización por la privación del derecho a impulsar la transformación urbanística del suelo. Lo dicho, una sucesión de experimentos. Pero todos avanzan en la misma dirección, la de siempre. Todos parecen presuponer que, superado el resfriado, volveremos a cabalgar.

Un auténtico cambio de modelo impone transformaciones más profundas. La primera, decisiva, olvidada en España desde hace más de cuarenta años, pasa por la recuperación de la fiscalidad del urbanismo. Sólo por vía fiscal podrá recuperarse objetividad y transparencia en los procesos urbanos y obtener recursos para financiar actuaciones urbanísticas. Tales instrumentos, con antiguos precedentes en nuestro derecho desde los presupuestos separados de los ensanches hasta tributos inéditos en la práctica cómo los que gravaban los incrementos de volumen edificable a mediados de los setenta; pueden hoy proporcionar recursos, pueden contribuir a erradicar prácticas convencionales cercanas o incursas en corrupción; pueden, en definitiva, constituir la base para la decisiva e imprescindible reforma de la financiación local (que debería acompañarse de la de la planta y las competencias). No es pues únicamente sostenibilidad ambiental lo que debe inspirar la práctica urbanística. Es preciso, tal y como establece la legislación estatal de suelo, garantizar la sostenibilidad de las haciendas locales, de la ciudad generada por la acción urbanística pública y privada.

No es una utopía. Hace poco tiempo unos como crítica, otros como loa, destacaban cómo en España se promovían tantas viviendas como en Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Hoy eso explica la virulencia de la crisis inmobiliaria en nuestro país. En Francia, donde también conviven iniciativa pública y privada en el urbanismo, aunque no en el peculiar sentido en que en España se ha entendido esa convivencia, existe un completo sistema fiscal del urbanismo que nutre de recursos fundamentalmente a las haciendas locales. Tasa local de equipamiento, tasa complementaria de la anterior, tasa departamental para los consejos de arquitectura, urbanismo y medio ambiente, tasa departamental de espacios naturales sensibles, tasa especial de equipamiento de Saboya, tasa por superación del techo legal de edificabilidad, la tasa por arqueología preventiva o canon por establecimiento de oficinas o locales de investigación en la región de Ile-de-France han proporcionado a la hacienda francesa entre 1997 y 2007, según datos publicados por el Ministerio francés de la ecología, la energía, del desarrollo sostenible y del mar, la friolera de 6.752.908.734 euros. Que el sistema funciona lo demuestra que los ingresos de 2007 son algo más del doble de los de 1997.

El establecimiento y operatividad de ese sistema fiscal no impide que, como ocurre en España, constructores y operadores asimilados contribuyan a la financiación y/o ejecución de las redes y los equipamientos públicos o se encuentren obligados a realizar determinadas cesiones gratuitas de terrenos para tales finalidades. No es una cosa por otra. Pero lo cierto es que las obligaciones, fiscales o de otro orden, son más claras, están tasadas y proporcionan seguridad a todos los operadores cerrando la puerta a prácticas demasiado frecuentes en los últimos años en España. Más transparencia y menos convenios. Más objetividad y menos prescripciones improvisadas. Más precisión en la delimitación de lo público y lo privado. Y el cambio de modelo vendrá por sí mismo.

Julio Tejedor Bielsa  

¿Son irrelevantes los bailes de cifras?

Que cada vez que hay una concentración, una huelga, una manifestación o simplemente una cola o una lista de espera, las versiones numéricas difieren profundamente según quien las dé, es una obviedad. Algo con lo que estamos acostumbrados a convivir y que, cuando no se refiere a hechos graves, hasta puede provocarnos una sonrisa. Que los promotores de un paro en una empresa, o en el sector público, digan a los medios que el seguimiento es diez o cien veces superior a lo que dice el empleador, es lo habitual. Que una procesión reivindicativa sea multitudinaria según sus organizadores o muy modesta, según quien se molesta por la misma, es el pan nuestro de cada día. Que las lecturas de la recuperación estival o navideña del empleo se vean con lentes muy distintas que reducen o amplían los guarismos reales, según quien escrute los números, también es algo normal que nos conduce, como vacuna, al escepticismo. Y lo mismo ocurre con las pandemias –ahí está el fiasco feliz de la Gripe A-, con la asistencia a recitales y conciertos (que si los organiza un Ayuntamiento nunca dirá que fueron cuatro gatos) o con las reuniones callejeras espontáneas con motivo de un éxito deportivo. De todo ello hemos tenido muestras recientes en nuestro país: desde la huelga de funcionarios, pasando por la gran manifestación de Barcelona, hasta los colapsos de las vías públicas al terminar el Mundial de Sudáfrica.

El tema sobre el que reflexionar no es la divergencia de cómputos, aunque pueda preocupar, por ejemplo, que la seguridad estatal, la autonómica y la local en ocasiones difieran de forma espectacular. Porque, ¿qué tranquilidad nos ofrecerían si nos trasladaran el mensaje de que un robo se había perpetrado por un solo ladrón, según unos; en cuadrilla, según otros o por una banda numerosa y militarizada, según los últimos? Noticias así generarían más inquietud cívica que el propio robo. Pero, insisto, la cuestión no es ésta, sino si esas discrepancias monumentales, escandalosas, son relevantes para el derecho. Porque si son inocuas, tanto da. Pero si no lo son, alguien debería exigir más rigor.

Mi opinión es que, en muchos casos, esos datos en arábigos dispares, no son ajenos al mundo del Derecho. Hasta donde sé, el ejercicio de la huelga, la libertad para manifestarse o la defensa pública de expresiones o convicciones ideológicas o religiosas, son derechos fundamentales. Por tanto si el marco en el que se producen esas movilizaciones pertenece al ámbito más excelso del Derecho Constitucional, el contenido humano que lo hace tangible no puede ser una cuestión despreciable. Podrá serlo una oscilación numérica mínima pero no los desatinos que contraponen cifras de fracaso total a otras de éxito rotundo.

Pongamos un ejemplo: en la manifestación contra la sentencia del Estatuto catalán, si hubo en las calles la cifra que manejaron los organizadores se habrían concentrado en una sola ciudad sólo un millón de personas menos que las que votaron el texto estatutario (de las cuales, además, el voto afirmativo representó el 73,9%). Un millón y medio de asistentes sería, por tanto, un contra-plebiscito en toda regla. La Guardia Urbana, como sabemos, redujo en casi cuatrocientos mil el número de asistentes -¡la población real de Vigo de diferencia!-. Pero aún así, más de un millón cien mil almas son todo el latir de una Comunidad. Por contrario, de atenernos a los cincuenta y seis mil que computó la empresa Lynce para la Agencia EFE, estaríamos –lo que a ojo no parecía en absoluto- ante una limitada queja colectiva. Yo entiendo, repito, que el cómputo, especialmente cuando lo hace una Delegación del Gobierno, un Ministerio, una Consejería o unas fuerzas de seguridad, es más que una mera actividad material a realizar rigurosa y diligentemente por los poderes públicos. Las cifras, como bien se sabe en el INE, son elementos propagandísticos que influyen en los resultados electorales. No digo que haya un gregarismo feroz en el electorado pero, para gentes indecisas o con poco conocimiento de un asunto, el supuesto movimiento de las masas es determinante de la papeleta que al cabo de un tiempo introduzcan en la urna. Y esto, repito, vale lo mismo para las concentraciones anti-aborto o de defensa de la familia tradicional, que para las lecturas sobre el nivel de españolidad de algunas poblaciones con motivo de un éxito de la Selección nacional. O para secundar, o no, una próxima huelga en atención a los resultados que se den de la anterior.

Sí tiene incidencia, por tanto, la alegría con la que se ofrecen datos numéricos a gusto de cada cual. Y recuerdo el principio constitucional de objetividad de la Administración que obligaría a no mentir interesadamente ni en cifras económicas, ni laborales ni de protestas cívicas. Ni en su contra, ni a su favor. Y a los privados también debe exigírseles rigor porque los altavoces con los que ofrecen datos interesados tienen, después trascendencia pública. Una manifestación minoritaria, por ejemplo, nunca se convertiría en el eje de un debate sobre el estado de la Nación.

Y me sorprende que a estas alturas de sofisticación técnica puedan permitirse unas mediciones tan contradictorias de personas. Hace ya unos cuantos años, en un país centroeuropeo muy dado a la democracia directa, fui testigo de un baile de cifras en un acto masivo. Con la precisión propia del lugar y a partir de filmaciones o fotos aéreas ampliadas se llegó a contar el número exacto de personas garantizando el respeto a la identificación personal y a la imagen. La suma, como era previsible, no coincidía con ninguna de las ofrecidas por quienes se habían implicado en el desarrollo de la concentración o la habían querido descalificar.

Aunque el exceso de concisión también puede llevarnos al ridículo. Es el caso, por ejemplo, de la cifra oficial de analfabetos en España: 872.436. ¡Qué fieras! ¡Ni que pasaran lista! 

Leopoldo Tolivar Alas   

Los funcionarios sin paga

Trabajadores municipales se ajustan el cinturón por los recortes y los retrasos en el cobro - La Línea, Barbate, Jerez y Los Barrios demoran el pago de nóminas.

Siempre les habían dicho que conseguir una plaza en la Administración les daría tranquilidad económica. Pero, aunque son funcionarios, sus cuentas corrientes siguen temblando cada final de mes. La penosa situación económica que padecen los ayuntamientos gaditanos para los que trabajan, que les impide pagar a sus empleados en plazo, les hace vivir en la más absoluta incertidumbre. "El problema es la nevera", sostiene Salvador Delgado, oficial de mantenimiento en La Línea. "No se pueden hacer gastos extraordinarios", corrobora Manuel Piña, operario conductor en Los Barrios. "El banco nunca espera a que nos paguen para pasarnos la hipoteca", lamenta José López, coordinador de Protección Civil en Barbate. Alguno ha tocado ya la paga de junio pero nada saben de la extra de verano.La intranquilidad se ha alojado en los hogares de los funcionarios de estos ayuntamientos, o de otros, como el de Jerez, que no podrá pagar la totalidad de sus nóminas hasta esta semana, es decir, más allá de la mitad de mes. En Barbate también se han retrasado. El pasado jueves ingresaron la nómina de este mes, aunque la extra tendrá que esperar. Agosto es una incertidumbre."La cosa está mala. Eso lo sabemos todos los que trabajamos para el Ayuntamiento. El alcalde[el socialista Rafael Quirós] habla con nosotros y nos dice que todo lo que entra de ingresos se lo lleva la Diputación para pagar la deuda con la Seguridad Social. Y si no hay ingresos, no se nos puede pagar", repasa José López. A él todos le conocen como Rossi. Está casado y tiene cinco hijos. Entró con 22 años en el Ayuntamiento. Ya lleva 32. Ha visto pasar a todos los alcaldes que Barbate ha tenido en la democracia. "Aquí esto no es nuevo. Lo llevamos arrastrando desde hace tiempo. No se puede achacar a la actual crisis. Siempre hemos vivido con esta incertidumbre", explica resignado.Los funcionarios barbateños se manifestaron durante la última semana frente al Consistorio para reclamar sus sueldos. "Parábamos a las diez y nos concentrábamos a las puertas del Ayuntamiento media hora. También hemos hecho un encierro. Nos han pagado la de junio pero el problema no está arreglado. Aquí no hay un duro". La nómina llegó justo a tiempo para la feria del Carmen. "Nos deberían pagar entre el uno y el cinco de cada mes pero no lo hacen. El caso es que tenemos préstamos, hipotecas... Y nadie espera a que cobremos".

Salvador Delgado mira a su nevera. Es oficial de mantenimiento en la Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Línea desde 1983. Está casado, tiene dos hijos mayores de edad y un nieto a su cargo. Este mes aquí se ha pagado con 16 días de retraso. "Es imposible vivir así. No podemos atenernos a nada. Al final se van pagando las cosas. El problema es la nevera, que no se puede comprar, que no se puede gastar porque hay que pensar que el mes siguiente también tardaremos en cobrar", se queja. También crítica al gobierno municipal que dirige Alejandro Sánchez (PP). "No da la cara. Es indignante que, encima de lo que estamos pasando, ahora también se nos recorte el sueldo", lamenta.

Los sindicatos en La Línea se han quejado también de que los bancos están cobrando intereses de los recibos devueltos a los funcionarios, a pesar de conocer la situación que están padeciendo. Una situación similar se vive en Los Barrios, gobernado por el PSOE. En este ayuntamiento los retrasos en los pagos de las nóminas se repiten desde hace más de un año. Este mes el gobierno que preside ahora Juan Montedeoca ha conseguido que los funcionarios puedan cobrar con sólo cinco días de atraso. Pero los trabajadores no son muy optimistas.

Manuel Piña es operario conductor del servicio municipal de limpieza. Está casado, tiene dos hijas de 21 y 16 años, y se ha cansado de los impagos y las promesas incumplidas. Él fue uno de los que se encerró en el ayuntamiento durante cuatro días para exigir el pago de sus sueldos. Lo hicieron en mayo en medio de una grave inestabilidad política en el consistorio. En el último año Los Barrios ha tenido tres alcaldes, tras la renuncia de Alonso Rojas y Ángeles Ariza. "La familia nota que la situación es mala porque no se pueden hacer gastos extraordinarios. El gasto de los intereses de los bancos me ha dejado en números rojos", protesta.

Al igual que sus otros compañeros, no cree que la angustia que sufren cada mes se deba exclusivamente a la crisis. "El ayuntamiento está obligado a intentar conseguir más ingresos. Y si no entra ninguno hay que buscarlos". Cobrar con cinco días de atraso ha sido todo un alivio en una ciudad donde se llegó a cortar la luz en dependencias municipales por falta de pago. Ocurrió en mayo. "Entonces tardamos 18 días en cobrar". Fue cuando Manuel Piña y otros funcionarios se encerraron. Y lo volvería a hacer.

P. ESPINOSA / C. ROMAGUERA

Ah, bueno, solo se trata de prevaricación administrativa

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido la apertura de la vista oral y la imputación de 14 concejales del Ayuntamiento Torrejón de Ardoz, entre ellos la ex Alcaldesa, al encontrar indicios de que pudieron cometer un delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal, por lo que se enfrentan a una condena de ocho años de inhabilitación especial para el desempeño de un cargo público, como consecuencia de la aprobación de un convenio urbanístico que supuso la venta de suelo municipal a una empresa por un valor de 3,24 millones de euros, en cuya tramitación el Secretario del Ayuntamiento, según el informe de calificación del fiscal, puso de relieve "la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito". Hasta aquí no parece que haya nada excepcional, sino simplemente una de tantas noticias que, por desgracia, abundan en demasía.

Lo sorprendente del caso, por no decir sonrojante, es que los ediles han insistido en que no están acusados «ni de beneficiarse ni de enriquecerse personalmente, sino de una posible prevaricación urbanística, es decir, si se ha adoptado una resolución jurídica injusta a sabiendas y en que mediante este acuerdo plenario los 14 concejales salvaron la construcción de 107 viviendas de integración social y permitieron llevar a cabo la construcción de otras 390 viviendas públicas».

Es verdad que quiénes trabajamos con el derecho administrativo sabemos que mientras los asuntos se mantengan en el orden contencioso-administrativo el tema no es tan grave desde el punto de vista de las responsabilidades personales, pero que si trasciende al derecho penal puede haber complicaciones.

Pero da la sensación de que se está justificando a priori una posible condena con el argumento de que no había más remedio que prevaricar, presuntamente, si se querían construir las viviendas, ya que, al parecer, si no se aprobaba el convenio se perdía una subvención de la Comunidad de Madrid y de que la prevaricación administrativa no es una conducta constitutiva de delito. No pretendo entrar en el fondo del asunto porque desconozco los detalles en profundidad, ya que solamente he sabido del tema por las noticias de prensa, pero, una vez más, nuestros dirigentes políticos parecen demostrar un preocupante desprecio por una legalidad de la que - y no me cansaré de repetirlo hasta la saciedad – son sus primeros responsables en cuanto que pertenecen, con mayor o menor cercanía, al poder legislativo y, cuando menos, ostentan un mayor grado de cercanía a éste último, lo que les permitiría ejercer una legítima presión con el fin de modificar aquellas normas jurídicas que consideren perjudiciales para el buen funcionamiento de sus políticas locales.

¿Cuántas veces, los que nos dedicamos a éste complicado mundo de la administración local, hemos oído frases tales como: - Pues esto tiene que salir como sea porque yo me he comprometido a ello en la campaña electoral y no me puedo permitir que se demore con la tramitación de un expediente tan largo?.

¿No sería más razonable que, al elaborar los programas electorales, se estudiaran las posibilidades reales de que pudieran ser cumplidos sus postulados durante la legislatura, teniendo en cuenta las pautas temporales que exigen las tramitaciones impuestas por la legalidad vigente?.

Da la impresión de que se ha asentado en demasiadas conciencias políticas la idea de que, mientras no se meta la mano en la caja, es legítimo saltarse la legalidad si con ello se benefician los intereses generales de la población y, lo más grave, es que muchos ciudadanos, sobre todo si se benefician de estas irregulares decisiones, están dispuestos a respaldar esta manera de actuar, porque de otra manera no se explican situaciones como las de Marbella donde el equipo de gobierno era premiado, una y otra vez, con mayorías aplastantes sin parangón en toda la geografía nacional.

¿Pero, entonces, cómo se les puede exigir, a los ciudadanos el cumplimiento de la legalidad?.

Sería suficiente con que un vecino arguyera que no puede esperar a que se le conceda una licencia porque le urge construir su vivienda o abrir su negocio; o bien que no puede pagar los tributos que le corresponden porque se le ocurren mejores formas y más acuciantes en que gastarse su dinero, para que se le exonerara de sus obligaciones por causa de fuerza mayor.

Eso sí, en el caso de Torrejón de Ardoz, según los concejales imputados, tuvieron en cuenta un informe jurídico de la abogada de la Concejalía de Urbanismo y otro técnico del arquitecto municipal y, según su versión, el secretario y el interventor no hicieron informes "durante la larga tramitación del procedimiento, confundiendo a los concejales, ya que no pudieron conocer ni valorar sus informes antes del pleno".

Con esto ya tenemos completo un panorama que los funcionarios de administración local conocemos de primera mano y del que se ha tratado en este blog en varias ocasiones.

Si a ello le sumamos que se trataba de aprobar un convenio urbanístico, perversa figura que no termina de comprender mi estrecha mentalidad funcionarial y que no comparto, es muy posible que el panorama quede aderezado con intereses y presiones de por medio.

Digo que no comparto la figura de los convenios urbanísticos porque, si tal como ha puesto de manifiesto el Tribunal supremo, los de gestión se concluyen para la gestión o ejecución de un planeamiento ya aprobado, mientras que los de planeamiento tienen por objeto la preparación de una modificación o revisión del planeamiento en vigor, se me escapa la necesidad de pactar el ejercicio de potestades administrativas, regladas en el primer caso y destinadas a satisfacer los intereses generales en ambos, que lógicamente quedan coartadas, sin que por ello deje de admitir la colaboración de los particulares en la toma de decisiones que afectan a sus intereses, y porque, en demasiadas ocasiones, únicamente suponen una forma de financiación anticipada con la consiguiente merma de libertad en la adopción de decisiones, cautivas del convenio, en las que debe primar un interés público .

Recapitulando, sin pretender juzgar el caso de Torrejón de Arzdóz en el serán los tribunales quiénes resolverán si se ha cometido algún delito, algo falla en nuestro sistema de derecho si admitimos que algunos dirigentes locales consideren un mal menor y necesario para los «intereses generales» de su localidad saltarse conscientemente la legalidad vigente y esgriman como argumento para lograr la absolución política de sus conciudadanos que sólo se trata de prevaricación administrativa y que no han mentido la mano en la caja, porque esto último no les será perdonado. 

Jesús Santos Oñate  

El Ministerio de Industria regula la utilización de la telefonía móvil en los aviones

El Miercoles dia 14 entró en vigor la Orden Ministerial por la que se regula el servicio de comunicaciones móviles a bordo de aeronaves en vuelo, identificado por las siglas MCA (Mobile Communication on Aircraft). Esta Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, publicada ayer por el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone la regulación general para la prestación de este servicio, aunque con carácter previo se han autorizado emisiones temporales a los operadores que lo han solicitado.

El MCA es un servicio de prestaciones similares a los de telefonía móvil de segunda generación (GSM), disponible a bordo de aeronaves en vuelo a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el suelo. Este servicio podrá ser utilizado por los pasajeros abonados a un operador de comunicaciones móviles con el que el operador prestador del servicio MCA haya suscrito un acuerdo de itinerancia.

En definitiva, se trata de disponer del servicio de telefonía móvil durante los vuelos utilizando los terminales de telefonía móvil propios de cada abonado y con las mismas prestaciones que ofrecen las redes terrestres con tecnología GSM.

La Orden Ministerial regula tanto los aspectos técnicos como las condiciones que deben cumplir los operadores que deseen prestar este servicio. Para la prestación en aeronaves en vuelo, el servicio MCA requiere la definición de unas condiciones técnicas de funcionamiento armonizadas que aseguren su continuidad transfronteriza. Estas condiciones han sido establecidas por la Comisión Europea.

Asimismo, la Comisión Europea ha establecido una serie de recomendaciones a los Estados miembros destinadas a armonizar la normativa reguladora de la prestación del servicio MCA, dejando a la voluntad de éstos la exigencia o no de una concesión administrativa.

Con el fin de incrementar los niveles de seguridad, garantía y control para la prestación de este servicio, en un entorno sensible como es el del tráfico aéreo, la Orden aprobada introduce la cautela de exigencia de identificación de los operadores. En el caso de prestación en aeronaves bajo bandera española, se exige una concesión. Si se trata de aviones bajo bandera extranjera, la identificación se exige mediante notificación a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, dado que, de acuerdo con la legislación internacional sobre aviación civil, el espacio de la aeronave se considera bajo jurisdicción del país en el que se encuentra matriculada.

La costumbre y las malas costumbres en la administración local

Cualquier persona con un mínimo de formación jurídica sabe que las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, como proclama el art. 1-1 del Código Civil, el cual se ocupa, a lo largo de los apartados del mismo artículo, de matizar el papel de la costumbre en el sistema de fuentes, quedando muy claro, entre otras cosas, que la ley es de aplicación preferente a la costumbre. Esta prelación de la norma escrita sobre la costumbre se acentúa mucho más en el concreto sistema de fuentes del Derecho Administrativo, que es el que en mayor medida nos afecta a los profesionales de la Administración Local, pues incluso cuando nos encontremos con fuentes aplicables de las ramas jurídicas civil, penal, laboral o mercantil, casi siempre será después de atravesar de un modo u otro la puerta del Derecho Administrativo, que será el que habilite o se remita a la aplicación de esas instituciones de otras ramas, o bien determine las consecuencias jurídico-administrativas de tal aplicación. Este esquema tan lógico y elemental se tambalea sin embargo o se rompe en mil pedazos en la práctica diaria de muchas de las Entidades Locales españolas. Desde que uno toma posesión hasta que puede ser plenamente consciente de en dónde se ha metido hay un camino más o menos largo. Normalmente, todo empieza con parabienes como que en ese Ayuntamiento “se está muy a gusto porque en el fondo es una gran familia”, o que en esa localidad “se entra llorando y se sale llorando” etcétera, etcétera. Desde entonces hasta que se ve uno en medio de una vorágine cainita a la que se es, o se debe ser, ajeno, pues de todo hay, y ha tenido que marcar su terreno a base de informar con la mayor rectitud posible, es muy frecuente encontrarse con situaciones anómalas, y en ocasiones conflictivas, que vienen dadas precisamente por una sobrevaloración de la costumbre como fuente del Derecho o de la mera rutina como tal. Es decir, se invierten los términos y se pretende aplicar o, mejor dicho, seguir aplicando la costumbre con preferencia sobre la norma escrita, o lo que es lo mismo, aplicar la costumbre “contra legem”. Desgraciadamente, esta actitud la tienen en algunas ocasiones funcionarios veteranos propios de la entidad que con un claro síndrome de ama de llaves de “Rebeca” contestan que “siempre se ha hecho así”.
Sea el origen de esas situaciones bien político o bien funcionarial o de profesionales externos, lo cierto es que quienes tenemos que informar jurídicamente tenemos de algún modo u otro y más tarde o temprano que enfrentarnos a ellas con los medios a nuestro alcance, que son, aparte del quehacer práctico diario, nuestros principales instrumentos: los informes jurídicos preceptivos y, además en el caso de los Secretarios, el ejercicio honesto y rigurosamente profesional de la fe pública administrativa.
Esta tarea no siempre es sencilla y su grado de dificultad varía en función del motivo concreto del problema. Así, si la situación se debe a mera ignorancia sin mas, la solución es muy sencilla e incluso se suele agradecer el haber aportado la idea necesaria para la solución del problema. Si la situación se debe a una “ignorancia” tozuda y/o comodona la solución se va haciendo más difícil. Pero como sea una “ignorancia” interesada, debida a intereses inconfesables o a no querer contraer responsabilidades que sin embargo legalmente corresponden, la solución será casi imposible o imposible del todo, y no tendrá lugar más que con ocasión de algún cataclismo o similares que se pueda producir.
Basándome en experiencias propias y ajenas que algún compañero me ha comentado, a continuación expongo algunos ejemplos de esas rutinas y conductas prácticas ajenas a la legalidad en ocasiones más elemental.
Los ejemplos son numerosos si empezamos por la materia electoral, pudiendo empezar por la práctica de la autenticación de firmas para candidaturas de agrupaciones electorales independientes en elecciones municipales, donde es tan frecuente encontrarse con la pretensión de que el Secretario haga de Notario gratuito desplazándose a la sede o similares de la agrupación en cuestión fuera de horario de trabajo. Dentro también del contexto electoral, y centrándonos en las asignaciones que se perciben por el proceso electoral, se puede uno también encontrar o, por un lado, con que el “personal colaborador” del Ayuntamiento invoque el extraño precedente de que los Secretarios anteriores repartían con ellos la asignación que les correspondía como tales Secretarios del Ayuntamiento; o, en el extremo opuesto, también hay compañeros secretarios que se incluyen como representantes de la Administración o como personal de limpieza y acondicionamiento de colegios u otras tareas, cobrando las oportunas remuneraciones además de su asignación como Secretarios. Por no contar la resistencia que suelen oponer algunos Ayuntamientos cuando el “nuevo” Secretario dice que el sorteo de los miembros de las mesas lo tiene que hacer el Pleno, pues mientras en algunos sitios se duda tan sólo de la competencia plenaria, en otros no se quiere hacer ni siquiera el sorteo.
No digamos nada acerca de la “intuitiva” concepción de la fe pública administrativa, nacida de la más infusa de las ciencias. Lamentablemente, ese auténtico batiburrillo mental no solamente proviene de ciudadanos sin formación jurídica, lo cual es excusable, sino que también proviene en ocasiones de profesionales jurídicos de otras Administraciones e incluso fedatarios públicos no municipales y, lo que es peor, a veces de normas jurídicas sectoriales que a saber qué mentes han pergeñado. En este sentido, es muy frecuente confundir las funciones de los secretarios municipales con las de los secretarios judiciales, lo que obliga a ir blandiendo cada rato el art. 2 de nuestro Reglamento de FHCN para que nos puedan entender. O en las ejecuciones forzosas con entrada en domicilio, cuando se pretende desde dentro y desde fuera del Ayuntamiento en cuestión que el Secretario municipal vaya a “levantar acta”. Cambiando de tercio pero dentro aún de la fe pública administrativa, ¿qué decir de las resistencias más o menos tenaces de algunos jefes de unidad a rubricar al margen las certificaciones?. Por mucho que quiera considerarse su escasa relevancia, argumento frecuentemente opuesto a la práctica de la rúbrica, no es menos cierto que el art. 205 del ROF que requiere esa rúbrica sigue en vigor. Si tan poca relevancia tiene, ¿por qué esa resistencia a rubricar al margen la certificación que nos han preparado? En fin, creo que no hace falta ser un zahorí…
Si las cosas que se acaban de mencionar pasan con la fe pública administrativa, con la delimitación de funciones de Secretaría en general la cuestión rompe todos los moldes. Se parte, espero que inconscientemente, de una idea: la Disposición Derogatoria de nuestro reglamento de FHCN es papel mojado y, en consecuencia, siguen en vigor para los funcionarios afectados, entre ellos los Secretarios, los preceptos que antiguamente regulaban nuestras funciones. Así, todo lo jurídico y la tramitación de todo lo administrativo siguen siendo competencia del Secretario, quien coordina ambas facetas en el Ayuntamiento. Igualmente, la custodia de toda clase de documentos municipales sigue siendo responsabilidad del Secretario,  quien, según interese, también sigue siendo el jefe del personal municipal. Dentro de esto último hasta hace no mucho ha ido circulando por los Ayuntamientos un modelo de nóminas hecho en imprentas en el que el Secretario tenía que certificar “como Jefe del Personal” algo parecido a que el personal que figuraba en el documento había prestado sus servicios durante ese mes. Hasta aquí, dentro del disparate, puede existir la débil justificación del precedente normativo, pero los más grave empieza cuando esas funciones y responsabilidades que se pretenden “endosar” al Secretario no tienen más apoyo que el precedente, real o inventado, de la práctica municipal anterior, con lo cual el Secretario pasa a desempeñar todo aquello que nadie quiere hacer y a dirigir unidades administrativas “sueltas” que no interesan para nada a ningún político o funcionario.
Al hacer referencia en lo que se acaba de decir a las unidades administrativas se podría pensar que estas reflexiones son válidas solamente para las Entidades de cierto calibre para arriba, pero creo que estas reflexiones sirven para las de todos los tamaños. Con independencia de las dificultades prácticas, no se puede considerar jurídicamente correcta la idea de que en las Entidades pequeñas el Secretario tiene que hacerlo todo porque es la única “unidad administrativa” que hay. Frente a ello, opino que la delimitación de funciones reservadas a FHCN (actualmente FHCE) viene claramente determinada por el Ordenamiento Jurídico, y si las leyes lo han querido así, la situación resultante no debe pagarla el Secretario de turno, asumiendo toda clase de cometidos,  por mucho que se le invoquen los más pintorescos precedentes.
En fin, desconozco como serán “por dentro” las Administraciones Estatal y Autonómica y por ello no sé si se verán las mismas cosas que en la Local, pero debe ser difícil superar algunos comportamientos de la última. Ha habido donde se han publicado licitaciones públicas basadas en pliegos inexistentes que jamás se habían aprobado;  sigue siendo muy frecuente llevar al Pleno toda clase de asuntos y considerar a este órgano como órgano residual, con lo cual en esta materia todavía no ha transcurrido tampoco el año 1985 ni las modificaciones legales de régimen local que hubo desde entonces; se hacen informes de puro adorno y complacencia en los que no se concluye nada para que nadie se sienta molesto.
En todos los ejemplos, tanto propios como ajenos, que he expuesto, se ha argüido sin excepción la tan manida frase de que “siempre se ha hecho así”. En algunos casos era lamentablemente cierto, en otros, tras la oportuna comprobación, encima no lo era, lo cual es éticamente más reprobable. Pero de un modo u otro, queda clara y patente la frecuencia con que en la Administración Local se puede dar el fenómeno de elevar al rango de costumbre como fuente del Derecho a lo que no son más que malas costumbres debidas a las más variadas motivaciones. 

Miguel Angel Gimeno

El recibo de la luz

El Partido Popular y el PSOE han acordado congelar las tarifas eléctricas. A simple vista, esta idea parece buena. Unas familias y unas empresas castigadas por una durísima crisis económica no soportarán el coste adicional de una subida del recibo de la luz. En consecuencia, los hogares tendrán más renta disponible y las compañías no verán incrementarse sus costes energéticos lo que no empeorará su ya delicada situación. Al final, las "únicas" perdedoras son las grandes compañías del sector eléctrico a las que se les exige un esfuerzo de solidaridad. Esto es cierto pero no del todo. En la práctica, la congelación de las tarifas de la electricidad, a pesar de su aparente racionalidad y atractivo, genera efectos secundarios de una considerable importancia.

   De entrada, los consumidores españoles no pagan el coste real de la energía lo que ha generado el famoso "déficit tarifario", esto es, las empresas que venden electricidad lo hacen a un precio inferior al que cuesta producirla. Con el tiempo, ese agujero se estima en unos 20.000 millones de euros que, antes o después, alguien tendrá que pagar salvo que se pretenda que las compañías eléctricas vayan a la quiebra. Como esta hipótesis parece improbable, los ciudadanos de este país tendrán que cerrar esa brecha bien con un recibo de la luz más alto bien con una subida de impuestos. Como diría Holmes, elemental querido Watson Por otra parte, la congelación tarifaria tiene un impacto terrible sobre las empresas eléctricas. Por un lado, reduce de manera sustancial sus ingresos lo que inevitablemente conduce a un recorte de sus inversiones. Optarán bien por no invertir dentro y/o por hacerlo fuera en parajes con un entorno regulatorio más favorable. Por otro, la menor rentabilidad de las compañías del sector se traducirá en una rebaja de sus calificaciones financiero-crediticias lo que dificultará y encarecerá la obtención de recursos en los mercados de capitales. En un entorno como el actual, en el que las empresas españolas tienen casi cerrada la financiación externa, esto constituye un golpe demoledor.

 En conclusión, la no subida del precio de la luz constituye un error y responde en gran medida, a consideraciones de carácter político o electoral que no sólo no resuelven sino que agravan los problemas del sector energético español. Esto es una pésima noticia y pasará una elevada factura en el futuro.

Lorenzo de Quiros.

Inauguracion de nueva sede

El proximo miercoles dia 14 de Julio esta previsto la inauguracion de la nueva sede provincial del Sindicato Csif.

El local situado en C/ San Jacinto, detrás del edificio de Hacienda, junto al Hotel NH, tiene una superficie de 770 m2 con 75 m de fachada; está previsto que la distribución sea de 241 m2 para oficinas de los diferentes sectores: enseñanza, sanidad, local, correos, justicia, autonómico; 84 m2 estarán destinados a Asesoría Jurídica, aulas para formación de 115 m2;51 m2 para archivos y el resto serán zonas comunes.

El acto de inauguracion estara dividida en dos, por la mañana, la oficial con la presencia de autoridades locales, y una segunda ya por la tarde con la presencia de los delegados sindicales de los diferentes sectores. Esperamos que con estra nueva sede queden paliados todos servicios que este sindicato ofrece a sus afliados en mayor medida y eficiencia. 

Desde la delegacion de Alhaurin de la Torre queremos felicitar Joaquin Perez Muñoz, su presidente por esta iniciativa que mejorara el servicio a todos los afiliados de este Sindicato.

Las Administraciones Públicas dispondrán de un plazo máximo de 30 días para saldar sus deudas

Las Administraciones Públicas, que tienen pendiente de pago un total 38.000 millones de euros a las empresas, dispondrán desde 2013 de un plazo máximo de 30 días para saldar deudas con sus acreedores y desde este miércoles comenzará el plazo para adaptarse a los criterios de la nueva norma. El ICO insuflará crédito a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a estos pagos en el periodo máximo estipulado.

El pasado miércoles 7 de julio entro en vigor la Ley de Morosidad, que reduce los plazos de pago a proveedores y fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de la Administración, con un periodo de adaptación en ambos casos que se extenderá hasta 2013.

La norma, publicada el martes 6 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a ayuntamientos con el fin de que puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos y elimina la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley, informa Europa Press.

El periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo se extiende hasta 2013, con una escala de 50 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013.

Empresas privadas
En el caso de las empresas privadas, cuya deuda con sus proveedores se sitúa en 60.000 millones de euros, el período transitorio también se extiende hasta 2013, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. Quedan excluidos de estos plazos el sector de la alimentación y los productos perecederos, que estarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos.

Las constructoras de obra pública contarán con plazos distintos para rebajar el plazo máximo de pago de facturas a sus subcontratistas y proveedores, que actualmente supera los cien días. Estas compañías podrán pagar a 120 días desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2011. El año que viene, este plazo deberá rebajarse a 90 días, para fijarlo en los 60 reglamentarios en el ejercicio 2013.

La ley también habilitará al Gobierno para determinar un "régimen especial" de pagos para el sector del libro que tenga en cuenta las "especiales circunstancias" de este sector en relación a los ciclos de explotación, la rotación de 'stocks' y el específico régimen de depósito de libros. Además, establece que las empresas informen en su memoria de cuentas anuales sobre los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores.

La nueva norma persigue equiparar los plazos de pago con los que se registran en otros países de Europa y aumentar así la competitividad de las empresas españolas, ya que en la actualidad, la Administración tiene pendientes de pago con las empresas por un monto total de 38.000 millones de euros, mientras que, de su lado, la deuda de las empresas.

Expansión.com

Los consultas de funcionarios sobre refinanciación de deudas aumentan un 15% tras los recortes

Los consultas de funcionarios y de empleados públicos sobre refinanciación de deudas aumentaron en un 15%, después de que el Gobierno anunciase la rebaja del 5% de los sueldos el pasado mes de mayo, según los datos registrados por la Agencia Negociadora Productos Bancarios.

   De este modo, los trabajadores de la Administración tratan de evaluar sus posibilidades de supervivencia financiera ante una merma en sus ingresos, que, en muchas ocasiones, puede dificultar el cumplimiento de sus compromisos de pago en el corto plazo.

   Según explicó la Agencia Negociadora, los funcionarios representan el segmento de la población en el que la estabilidad laboral supone una ventaja decisiva a la hora de plantear operaciones de refinanciación de deudas.

   Por ello, las entidades financieras, más allá del volumen global de la deuda financiera de un funcionario, valoran su capacidad de reembolso que, en su caso, está prácticamente garantizada por su condición de tales, siempre que puedan obtener una mejora en las condiciones tanto de plazo como de tipo de interés.

   Actualmente, tanto bancos como cajas de ahorro centran sus objetivos comerciales de activo (préstamos y créditos) en los colectivos más salvaguardados del mercado laboral y, por ello, les siguen prestando una especial atención.

   Desde hace un mes, la Agencia Negociadora cuenta en web con un calculador que evalúa la viabilidad de las operaciones de refinanciación incorporando los criterios de 'scoring' utilizados por las principales entidades financieras y que, desde su puesta en marcha, ha registrado ya 16.000 solicitudes de información.

EUROPA PRESS

¿Quiénes son los mercados?

Un experto económico comentaba en una radio que los mercados reaccionan muy bien cuando los gobiernos adoptan medidas restrictivas sobre las clases sociales más desfavorecidas, pero que reaccionaban muy mal cuando tales medidas afectan a las clases sociales más privilegiadas.

Estas y otros muchos comentarios y noticias que se pueden oír en la prensa hablada y escrita, casi a diario, le hacen a uno preguntarse, desde la más absoluta simpleza y desconocimiento macroeconómico, ¿quiénes son los mercados?.
¿Quiénes ostentan tal poder que, a pesar de la crisis que nos invade, siguen repartiéndose beneficios, fruto de la especulación, y se permiten atacar, económicamente hablando, a países enteros, al más puro estilo carroñero, aprovechándose de su debilidad y pasándose por el arco del triunfo cualquier atisbo de soberanía popular?.
Parece ser que en España la crisis ha generado 16.000 ricos más que en 2008, según un informe realizado por Merrill Lynch Global Wealth Management y Capgemini que señala que «el número de particulares con patrimonios elevados en España -activos de inversión mínimos de un millón de dólares excluyendo de primera vivienda y consumibles-, creció en esta cifra a lo largo de 2009».
Los bancos que cotizan en el Ibex repartirán entre sus accionistas 7.600 millones de euros como retribución con cargo al ejercicio 2009. Es cierto que la cifra supone una rebaja del 12% frente a los 8.580 millones distribuidos en 2008.
¿Pero no han tenido los Bancos Centrales que inyectar fondos públicos en la banca privada para solventar sus problemas de liquidez?.
Del último trabajo de los académicos estadounidenses Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, según el artículo de A. Bolaños (El País 01/02/2009), se extrae la conclusión de que «las crisis bancarias devienen, sin remisión, en una explosión de gasto público. Los investigadores calculan que, de media, “la deuda pública aumenta un 68% en los tres años posteriores a una crisis bancaria”. Una estimación que, en el caso español, se ajusta como un guante a las previsiones del Gobierno. “Invariablemente se produce una caída de la recaudación fiscal, así como un incremento significativo del gasto público”».
Y ahora el déficit público, en cuyas causas, no tengo duda, influyen otras  cuestiones como, por ejemplo, la falta de rigor y de prudencia de la clase política a la hora de endeudarse, lo tenemos que pagar entre todos los empleados públicos, los pensionistas y todos los trabajadores afectados por la reforma laboral.
¿Pero esto, según propugnaban algunos bienintencionados, no íbamos a arreglarlo entre todos, pues no en balde todos éramos culpables de no habernos negado a que se nos concedieran préstamos y no haber previsto que los tipos de interés subirían? -a quién se le ocurre creerse que todos saldríamos beneficiados de la bonanza económica -.
Sin embargo, no parece que esto, si es que tiene arreglo, lo vayamos a lograr con el esfuerzo de todos. Como siempre unos arriman más el hombro que otros y algunos hacen gala de un poder que escapa a las reglas y a los principios de la sociedad democrática.
Ni tan siquiera Estados Unidos y la Unión Europea, de común acuerdo, han sido capaces de imponer una tasa a la banca que pretendía contribuir a un reparto equitativo del coste de la crisis financiera y a una mayor estabilidad del sistema, en palabras del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.
En nuestro país no termina de arrancar el famoso impuesto extraordinario que va a crear el Gobierno para los patrimonios que superen el millón de euros, inspirado en el Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna vigente en Francia, aunque se anuncia su entrada en vigor para el año 2011.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denuncia el "escandaloso trato de favor" que, en su opinión, se está dando a los presuntos defraudadores titulares de cuentas opacas en Suiza, ya que critican que la Agencia Tributaria, en lugar de haber iniciado inspecciones de estos contribuyentes o, en su caso, haber puesto en conocimiento del juez los presuntos delitos cometidos, "ha requerido" a estas personas para que presenten declaraciones complementarias y "con ello eviten su responsabilidad penal".
Sinceramente no termino de entenderlo o mejor dicho no me gusta lo que veo. Se adoptan drásticas medidas para intentar salir de una crisis a la que parece que algunos ni tan siquiera se han asomado y da la sensación de que estos poderes ocultos se mueven como pez en el agua, aunque  vengan agitadas, al menos para las clases menos favorecidas, paganas de  los despropósitos que hemos vivido.
El economista austriaco Schumpeter afirmaba, con motivo de la crisis de 1929, que el capitalismo se nutre de ellas para desarrollarse y que una crisis siempre suponía una destrucción creativa.
El problema es que estos alardes de imaginación creativa siempre apuntan en la misma dirección. Se impone la reducción de los gastos sociales para poder mantener a flote unos mercados que responden a intereses muy particulares y especulativos, bastante alejados del principio de creación de riqueza para la sociedad.
Por eso creo que se impone la necesidad de que los ciudadanos no preguntemos quiénes están detrás de estos mercados, qué poder tienen para imponer sus intereses al resto de la sociedad y, en definitiva, por qué los representantes de las soberanías nacionales no pueden o no quieren atajar los desmanes que en nombre del sistema financiero nos vemos abocados a sufrir.
Se dice que los mercados reaccionan muy mal antes las medidas de control, pero lo que está encima de la mesa es una batalla entre los poderes políticos y los especuladores.
Puede parecer utópico, pero en manos de la ciudadanía está el decidir, en el seno del juego democrático, si es preciso adoptar medidas intervencionistas que salvaguarden el estado de bienestar social para todos y no solo para unos pocos y, egoístamente, si prefiere vivir en un mundo disfrazado de oropeles que, antes o después exige su peaje, o, decididamente, apuesta por unos valores solidarios que a todos nos beneficiaran en mayor o menor grado.

Jesús Santos Oñate   

Nuevas formas de gestión de los servicios públicos locales: fundaciones del sector público

El origen de la Administración Pública que nace en la Revolución francesa, es el continuo proceso de personificación de la Administración, y su exclusiva sujeción a un marco normativo propio, el llamado Derecho Administrativo; así la actividad administrativa y en consecuencia la prestación de los servicios públicos, se sujetan a las normas públicas, y por lo tanto, a los beneficios (derechos y garantías) y sus posibles defectos (ineficacia).
Frente a esta dinámica pública, los últimos años vienen determinados, por el llamado proceso de “huida del derecho administrativo”, o privatización del sector público. Hoy en día, un instrumento no ampliamente estudiado en dicho campo, son las fundaciones sin animo de lucro, creadas al amparo del Art.34 de la Constitución, y la actual Ley 50/2002, de Fundaciones.
Si la Ley 30/1994, que unificó la normativa de fundaciones, ya legitimaba la facultad de los entes públicos para la creación de fundaciones sin animo de lucro, la actual normativa va más allá de la anterior legitimación genérica, pues les dedica un titulo propio, el décimo (Arts. 44 a 46). Dicho titulo, y para las fundaciones del sector público, viene regular un sistema mixto, pues dentro de un régimen eminentemente privado, viene a establecer la aplicabilidad de determinadas normas públicas (contratación, personal, régimen presupuestario). El único límite viene constituido por la imposibilidad de asumir potestades públicas.
La crisis del Estado de Bienestar, ha determinado la necesidad de creación de un tercer sector, a través del cual, el sector privado colabora en la consecución de intereses generales, y como ha resaltado el Tribunal Constitucional (STC18/1984)  “interesa  recalcar el reconocimiento constitucional de entes asociativos y fundacionales, de carácter social, y con relevancia pública, y que dicha relevancia no conduce necesariamente a su publificación, sino que es propio del Estado social de derecho la existencia de entes de carácter social, no públicos, que cumplen fines de relevancia constitucional o de interés general.”.
Si atendemos a los razonamientos del alto tribunal, resulta extraño que los entes públicos, utilicen instrumentos de gestión  jurídico-privados, mediante los cuales, los particulares cumplen fines de interés general, pues este es el propio e inherente de los entes públicos (Art.103 CE). Si la ratio fundacional, es la participación del sector privado, en el cumplimiento de fines de interés, que sean los entes públicos, los que acudan a dicha formula, es una incongruencia. Pero lo cierto, es que si la ley permite la creación de fundaciones como entes instrumentales, no queda más que aceptarlo, aunque se separe de una manera total de la inicial teoría de la huida del Derecho Administrativo, mantenida por el profesor Villar Palasí.
Los informes publicados por la Intervención General del Estado, que estudian el sector público empresarial y fundacional, donde en el año 2006, se tenían localizadas 81 fundaciones de titularidad municipal y 40 provincial, hemos pasado en el 2007, a 93 municipales y 47 provinciales. Si tenemos en cuenta, que el total a nivel estatal, es de 541, la representatividad local es relativamente elevada. Pese a ello, no es un instrumento especialmente conocido por los gestores locales, pero ya es un indicio de que el fenómeno está en proceso de auge. No cabe duda, eso si, que no sujetarse a  los controles de legalidad funcionarial, será un gran beneficio para nuestros Acaldes y concejales; está por ver, si el interés público, casa con dicha voluntad.
La cuestión, en el momento actual, no es tanto si las fundaciones se constituyen como formas validas para la gestión de determinados servicios públicos, sino si los entes locales, tienen legitimación para su creación. Si se estudia atentamente, la actual normativa en vigor y pese, a lamentables sentencias del Tribunal Supremo, podemos resolver la cuestión en un sentido negativo, circunstancia que casa con la postura  mantenida entre otros por Piñar Mañas o Parejo Alfonso. La exposición de esta conclusión, se incardina, como ya hemos referenciado ut supra, en el proceso de privatización del sector público, y en el estudio del Derecho de la organización administrativa; una argumentación más amplia, nos llevaría a un desarrollo no adecuado al presente blog, y sin ánimo de hacer publicidad, ya ha aparecido recientemente en una revista del ramo (Revista de Estudios Locales, nº 129, Abril 2010).  

Tomás Lomo Casanueva   

El 25% de los hogares españoles sufren problemas de ruido

Un 25,1 por ciento de los hogares españoles padece problemas de ruido en su entorno y hasta un 31 por ciento ha denunciado su situación en algún momento, según recuerda la asociación Clave, con datos de 2008 del Instituto Nacional de Estadística, que señalan que la comunidad más tranquila es Asturias, mientras que las más ruidosas son la Comunidad Valenciana y las Baleares.

   Por este motivo, la asociación dedicada a la atención de la deficiencia auditiva, reclama un "mayor compromiso de las administraciones públicas y también de los propios afectados para "cambiar el mapa de ruidos".

   Así, la organización explica que el verano suele ser el "periodo más convulso del año" en la lucha contra el ruido porque se dispara el nivel de denuncias" y porque se acucian "los síntomas inseparables" de la contaminación acústica, como el insomnio, estrés y dificultades auditivas.

   Además, señala que aunque aparentemente disminuye la actividad en las grandes ciudades, durante las vacaciones surgen otras fuentes generadoras de ruido como obras en la vía pública, terrazas, motocicletas, motos de agua, conversaciones en la vía publica, botellones o vecinos que ponen a prueba el volumen de sus aparatos de televisión o de música.

ANDALUCÍA, BALEARES Y VALENCIA, "NIVELES ALARMANTES"

   Por comunidades autónomas, Andalucía con un 31,4 por ciento seguida muy de cerca de las Islas Baleares (29,8 por ciento) y la Comunidad Valenciana (29 por ciento) son las regiones con "niveles alarmantes" de problemas acústicos mientras que la más silenciosa de España es el Principado de Asturias, donde sólo se registran un 11,8 por ciento de los casos notorios de contaminación.

   Asimismo, Clave subraya que un 31 por ciento de los ciudadanos ha decidido en algún momento emprender medidas contra el ruido. En este sentido, destacan los riojanos, con un 39,9 por ciento, seguidos de los aragoneses, con un 38,4 por ciento.

   En la Comunidad de Madrid, cuyo impacto reconocido se eleva hasta el 27,4 por ciento de los hogares afectados, los principales problemas son el tráfico rodado (12 por ciento), los vecinos (13,7 por ciento) y las obras en la vía pública.

   Con el objetivo de prevenir los problemas de audición, la organización recomienda "en verano más que nunca", alejarse de la fuente sonora, aislarla si es posible, utilizar cascos de protección en las obras en la vía pública.

   Igualmente, la asociación incide en que la música "afecta a los usuarios de la generación IPod" (unos 10 millones de ciudadanos en Europa) que están en peligro de sufrir pérdidas auditivas, a los que recomienda fijar el volumen máximo de cualquier reproductor a la mitad, ajustar el volumen en una habitación tranquila y no en un entorno ruidoso y utilizar auriculares que anulen el ruido de fondo.

   CLAVE Caring for Hearing Impairment es una entidad benéfica británica que destina los medios necesarios para desarrollar su actividad en España a través de su delegación "CLAVE atención a la deficiencia auditiva".

48 alertas de productos no alimenticios por riesgo para la salud en junio

  El Instituto Nacional del Consumo (INC), dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social, ha incluido en su web 48 alertas sobre productos no alimenticios durante el mes de junio, que pueden generar un riesgo grave a los consumidor, especialmente sobre juguetes, vehículos y accesorios y productos eléctricos.

    Según ha informado el INC, tres fueron detectados en frontera y se rechazó su importación, mientras que otros 35 fueron retirados del mercado y prohibida su comercialización.

    En los diez restantes, fue el propio fabricante quien, como obliga la normativa, comunicó a las autoridades de consumo la existencia de posibles riesgos en sus productos y adoptó las medidas necesarias para paliarlos.

   Los juguetes, vehículos y accesorios y productos eléctricos son los que reúnen mayor número de notificaciones (11, 8 y 8, respectivamente), dados los requisitos exigidos por la normativa que los regula y, en el caso de los juguetes, por la especial vigilancia a que están sometidos por los servicios de inspección al estar dirigidos a una población vulnerable. Los riesgos que plantean son consecuencia de las irregularidades que se les ha detectado.

   Igualmente, el país de origen del producto con más notificaciones ha sido China (11), seguido de productos con un país de origen desconocido y, a continuación, Alemania (6), España (4), Francia (2), Italia (2), Bélgica (1), Japón (1) y Lituania (1).

El poder no debe desviarse

Es poderoso el poder municipal. Son sus potestades notables. Entre todas sobresale, lógicamente, la potestad normativa con su impronta de establecer nuevas obligaciones y de configurar derechos. De ahí que haya de ajustarse con rigor a unas pautas y no sobrepasar ciertos límites; ha de ejercerse con suficiente razonabilidad y siempre dirigida al interés público y común. Pero la cercanía y el conocimiento exacto de las situaciones puede ensombrecer esa visión del interés general y encaminar esas potestades hacia otros objetivos. (¡Para que luego se canten tantos beneficios de la descentralización!) Un ejemplo de esa criticable utilización de poderes municipales lo muestra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del pasado veintiséis de enero de dos mil diez. Resuelve el recurso interpuesto contra la nueva Ordenanza municipal de medio ambiente que aprobó el Ayuntamiento de Alcazarén (Valladolid). Una ordenanza que, pese a ese título tan genérico y prometedor, se limita a atender a sólo una preocupación, a saber, distanciar la localización de ciertos establecimientos que almacenaran residuos del núcleo de población. En un escueto texto se precisaba que la distancia mínima para alojar instalaciones que almacenaran más de veinticinco toneladas de residuos al año debía ser de, al menos, dos kilómetros y medio.
Los magistrados se extienden de manera bien correcta a justificar las facultades municipales para dictar tal ordenanza de protección ambiental, la legalidad del procedimiento, la procedencia de fijar una distancia mínima, porque la normativa de Castilla y León no ha derogado la previsión contenida en el clásico Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas que permitía fijar otra distancia a la genérica de los dos kilómetros que en su texto aparecía. Sin embargo, el juicio final es la contundente declaración de nulidad de la Ordenanza municipal por haber incurrido en desviación de poder.
Y es que el Alcalde había presentado la iniciativa de la nueva Ordenanza de medio ambiente poco tiempo después de que una empresa hubiera solicitado la licencia para establecer un centro de tratamiento de residuos en una parcela que esa empresa había adquirido y que distaba sólo del núcleo de población un kilómetro y medio. Mientras el procedimiento de otorgamiento de licencia se demoraba durante meses en sucesivos trámites de petición de documentación complementaria y de suspensiones de actuaciones, la tramitación de la Ordenanza saltaba con presteza las mínimas diligencias procedimentales exigidas e, incluso, inatendía el informe de la Secretaria del Ayuntamiento. Se aprobó en tiempo record. Además, el Alcalde había promovido una campaña en contra de la instalación de ese centro de tratamiento de residuos. Esas son las pruebas que conducen a que el Tribunal declare que ha existido desviación de poder, pues se ha utilizado esa importante potestad pública normativa, no para regular la protección ambiental, sino para impedir o, al menos, obstaculizar que una empresa abriera un almacén.
Los centros de tratamiento de residuos son ejemplo de constante conflicto municipal. Pero del mismo modo que todos contamos con cubos de basura en nuestras casas, también debemos saber reordenar el espacio para gestionar los servicios de basuras y su reciclado. Ya el Ordenamiento se cuida de establecer cautelas para que las actividades molestas incorporen medidas que anulen o minoren en gran parte sus efectos nocivos. En el concreto caso que atiende la sentencia citada, el nuevo almacén contaba con el informe favorable de la Confederación hidrográfica, de la Comisión territorial de Urbanismo y del departamento ambiental de la Administración autonómica. Por ello, el poder municipal debiera haber actuado sin desviación y exigido las medidas de seguridad y aislamiento que estas instalaciones acostumbran. 

Mercedes Fuertes López

Informe sobre el Plan de Acción 2010-2011 en materia educativa

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Educación sobre los objetivos de la educación para la década 2010-2020—Plan de Acción 2010-2011 en materia educativa, dotado con 590 millones de euros para el año 2011. Con la colaboración de las Comunidades Autónomas, permitirá modernizar y flexibilizar el sistema formativo español para abordar sus necesidades más urgentes: mejora del rendimiento escolar, refuerzo de la Formación Profesional, internacionalización de las universidades, mayor autonomía de los centros, formación del profesorado, y cultura de la evaluación, entre otras. Todo ello garantizando la equidad del sistema.

El Plan de Acción 2010-2011se basa en doce objetivos que han logrado en los últimos meses un respaldo mayoritario como prioridades para la década 2010-2010 por parte de la comunidad educativa. Cada objetivo va desglosado en medidas concretas consideradas prioritarias que empezarán a ejecutarse durante 2010 o 2011 y cuya estimación presupuestaria se ha realizado teniendo en cuenta la actual política de austeridad. La dotación para las medidas previstas en 2011 asciende a 590 millones de euros.

Se contemplan ambiciosos programas y medidas que fortalecerán la cooperación con las Comunidades Autónomas: algunos se consolidan, otros se amplían o refuerzan y un amplio conjunto se pone ahora en marcha.

Novedades

Entre las novedades destaca el Programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. Apostará por la formación y el intercambio, las becas y ayudas y los programas de inmersión lingüística de los centros; impulsará las estancias en el extranjero de profesores y alumnos, promoviendo un programa específico para que alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato estudien entre tres y diez meses en países europeos, como hace el Programa Erasmus en la etapa universitaria; incrementará los centros plurilingües y fomentará el reconocimiento de las competencias en idiomas adquiridas.

El 4º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria se modifica y adquiere un carácter orientador con dos opciones, una enfocada al Bachillerato y otra hacia la Formación Profesional. Se introduce flexibilidad en el sistema para que los jóvenes siempre tengan posibilidad de reorientar posteriormente su elección.

El proceso de modernización e internacionalización de las universidades incluye una nueva regulación del doctorado, medidas que fomenten la transferencia del conocimiento, la potenciación de los campus a través de aspectos como la agregación y la especialización para construir un verdadero eje universidad-ciudad-territorio, y la racionalización de la oferta docente. También habrá un Observatorio Universitario de Becas, Ayudas y Rendimiento Académico.

Otras novedades incluidas en el Plan son:

• Programa de educación inclusiva, que contempla un conjunto de medidas transversales a todo el sistema.
• Certificación oficial de las competencias básicas de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, que se añade al actual título que obtienen.
• Contratos-programa plurianuales entre administraciones educativas y centros educativos para fomentar el éxito escolar.

Ampliación, refuerzo y consolidación

Entre los programas y medidas que se amplían o refuerzan destaca el Programa de Fortalecimiento de la Formación Profesional, con medidas como la transformación de la Plataforma FP en Internet en un centro virtual de referencia que permita estudiar 35 títulos en 2011 o la intensificación del intercambio de alumnos entre Comunidades Autónomas para realizar los distintos módulos de formación, lo que va a permitir el mejor conocimiento de los territorios y la comparación de mejores prácticas.

Otros programas que se amplían o refuerzan son:

• Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA). Se extienden a los alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria y a todos los centros sostenidos con fondos públicos.
• Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), en los que la obligatoriedad se extiende a dos años.
• Dos nuevas evaluaciones generales para los alumnos de 6º de primaria y 4º de secundaria, en coordinación con las Comunidades Autónomas.
• Becas salario y de movilidad. Se potencian tanto para estudiantes como para profesores en los ciclos de Grado y Máster.

El Plan también consolida programas que ya están en marcha y han demostrado su efectividad en el sistema educativo, como son Escuela 2.0 (para potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los centros) y Educa 3 (de fomento de la escolarización de niños de cero a tres años).

El propósito es lograr una mayor flexibilidad del sistema educativo, reconocimiento las nuevas formas de enseñar y de aprender. Para el Ministerio de Educación, sólo dicha flexibilidad permitirá abordar los dos grandes retos que tiene España: la reducción del fracaso escolar y el incremento del número de jóvenes que se gradúan en Educación Secundaria Obligatoria y que continúan su formación después de ella.

El Plan confirma el compromiso del sistema formativo español con la excelencia y la equidad. Mantiene la consideración de la educación como bien de interés público, así como la apuesta por una formación inclusiva, reconocedora de la diversidad y la interculturalidad. Es la dimensión social de la educación que ha abanderado España durante la Presidencia de la Unión Europea y que ha permitido que la educación se sitúe, por primera vez en la Historia, como uno de ejes fundamentales para el crecimiento y el empleo comunitario en la Estrategia Europa 2020.