martes, 31 de agosto de 2010

Cerrado por vacaciones 2010

Pues ya ha llegado otra vez el esperado momento de las vacaciones que, año tras año, acaece con más rapidez -que cierto es eso de que a partir, no se si de los treinta o de que edad, los años vuelan,  en breve nos sorprenderán los anuncios de turrones – momento en que, para mí, finaliza realmente el año, supongo que como deformación de mi época de estudiante o de aficionado a las temporadas deportivas, y por eso, antes de su comienzo, echo hacia atrás un vistazo, a modo de resumen del año transcurrido, para, sobre todo durante los últimos días de las vacaciones, hacer propósitos, de cara al nuevo año, de intentar corregir aquello en lo que concluí que me había equivocado y de iniciar aquellos nuevos retos que, en demasiados casos, seguirán siendo intenciones solamente. Por eso, en medio de la vorágine de escritos y requerimientos de otras administraciones y juzgados que pretenden cubrir el expediente para que, a la vuelta de sus vacaciones, nosotros, que parece que no tenemos derecho a coincidir con ellos en el mismo período de vacaciones, podamos haber cumplimentado las documentaciones exigidas so pena de perder la subvención de turno o de ser recriminados por no haberlos cumplimentado en tiempo y forma, pues siempre se nos podrá argüir que se nos concedió un plazo que no hemos cumplido, empiezo a echar ese vistazo retrospectivo que, dada mi cada día más menguante memoria, se reducen a los últimos acontecimientos vividos.
Este año, sobre todo si nos desplazamos al extranjero o a lugares infestados de turistas foráneos, nos sentiremos como más importantes por aquello de que somos campeones del mundo de fútbol, hecho del que me he alegrado enormemente, pero que no parece que haya calado en la ciudadanía hasta el punto de, como parecían recomendarnos los medios de comunicación, de ponerse a currar en armonía y sin quejarse por la falta de empleo y de las reducciones retributivas, siguiendo el ejemplo de Casillas, Xavi, Iniesta y compañía, aunque no sé si a éstos les habrá ayudado algo los casi 600.000 € con los que han sido premiados por tan singular y, parece que única, gesta.
Desde luego en donde no ha calado  ha sido en el colectivo de los controladores aéreos, si bien debo agradecer su magnánimo gesto de perdonarnos a los posibles afectados, primero temporalmente y, ahora, parece que a más largo plazo, y permitirnos ir de vacaciones, no sé si a costa de nuestra seguridad, pese a su drástica reducción de sueldo a 200.000 € anuales, que, digo yo, les supondrá un duro reajuste de sus vidas.
Pero siempre hay desagradecidos porque, hace unos días, un médico radiólogo de la sanidad pública madrileña se quejaba en una carta al director de un importante periódico de que para llegar a su situación laboral ha pasado una selección para poder cursar su carrera universitaria, realizarla durante seis años, hacer un examen de oposición para realizar una especialidad de cuatro años y un concurso oposición para obtener su plaza de radiólogo, mientras que los controladores aéreos pueden acceder a su profesión con tres años de estudios universitarios, si bien pone en duda que actualmente sean necesarios, y un curso de formación de aproximadamente un año, y que ganan casi tres veces más trabajando 576 horas anuales menos que él, que percibe 75.000 euros brutos con trienios y guardias incluidos y que, lógicamente, se reducirán un 5%, por jornadas de trabajo en las que pasa el 90% de su jornada frente a una pantalla viendo imágenes de pacientes y cuyos errores pueden tener consecuencias indeseables para la salud de éstos.
Eso sí, hay que quitarse el sombrero ante el éxito cosechado, sobre todo entre el colectivo femenino, por el atractivo César Cabo, secretario de comunicación de la Unión Sindical de Controladores, cuya popularidad en las redes sociales ha subido como la espuma hasta el punto de que cuenta, incluso, con un club de fans en Facebook, que ya supera los 500 seguidores, aunque éste club no es el único, ya que en la misma red social ya se pueden encontrar varias páginas sobre el representante de los controladores bajo el nombre de 'Quiero que César Cabo controle mi espacio aéreo', 'A César Cabo, yo le subiría el sueldo' o 'César Cabo, contrólame a mí'.
Por lo demás, me voy de vacaciones con la sensación de que los funcionarios somos el único colectivo al que, de verdad, se le han aplicado las medidas anti crisis, aunque, por supuesto, no incluyo a aquellos que han tenido la desgracia de perder sus puestos de trabajo, ni a los pensionistas.
La sensación es también de recelo ante la situación que viviremos a finales de año y que nos lleve a la misma situación que a los funcionarios griegos que, el año que viene, dejarán de percibir las pagas extraordinarias además de los recortes que ya han sufrido este mismo año.
Me voy de vacaciones con pesimismo a la vista de las noticias que invaden, día tras día, los medios de comunicación - este fin de semana pasado en un solo periódico aparecían tres artículos sobre la situación económica de los Ayuntamientos – y la falta de adopción de medidas realistas frente al colapso que se avecina.
Es destacable la noticia que resalta que  las empresas de servicios abandonarán contratas de Ayuntamientos medianos por la deuda, que calculan en 3.425 millones.
Me temo que vamos a asistir a tristes acontecimientos como la anunciada suspensión de servicios en muchos casos, porque las empresas contratistas, por hartura o por la imposibilidad real de seguir asumiendo pérdidas, van a cerrar el grifo de esta financiación atípica y extra bancaria que han encontrado los municipios, consistente en seguir prestando servicios, acometiendo obras, celebrando fiestas y pagando nóminas mediante un sistema piramidal en el que se van pagando las deudas más antiguas o a las empresas más latosas o que se encuentran en mejor situación para exigir el abono de sus deudas a costa de no pagar a los últimos en llegar; lo que va a desembocar en la adopción de medidas coercitivas por los tribunales para forzar el cumplimiento de sus sentencias, como las multas sobre el patrimonio personal de los ordenadores de pago – hace poco me he referido a ellas en este mismo blog con ocasión del caso del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán – y, por ende, la imposibilidad de pagar las retribuciones del personal que empieza tener cierta frecuencia y que si nadie lo remedia se va a generalizar.
Y para alegrar la vuelta de las vacaciones a los que están próximos a terminarlas y el comienzo de ellas a los que somos más tardíos, el ministro de Fomento José Blanco ha avisado que los impuestos españoles son muy bajos y que hay que buscar fórmulas para homologarlos a la media europea, aunque ha confesado que solo se trata de una reflexión a título particular, sin embargo el ministro no ha aludido a que en sus reflexiones ni tan siquiera se le haya pasado por la cabeza la homologación de a los ciudadanos españoles con la media europea en materia salarial, pues, a tenor de los últimos datos disponibles según Eurostat,  referidos al periodo 2003-2008, España cuenta con una remuneración bruta anual para los trabajadores a tiempo completo de 21.500 euros, aproximadamente la mitad que la de los tres países que encabezan la clasificación, un 20% por debajo de la media, frente a los 46.058 euros anuales del Reino Unido,  los 42.720 € de Holanda  y los 40.914 € de Alemania
Dios nos coja confesados cuando los responsables de la patria se ponen a cavilar y no encuentran otra salida que la de aumentar los ingresos sin que se atisbe la más mínima mención a políticas de contención de gastos en algún que otro sector que no sea el de los empleados públicos.
Pero no hay mal que por bien no venga, así, con un poco de suerte, cuando llegue el próximo 29 de septiembre, día en el que los sindicatos en un metódico e inaudito alarde de previsión han convocado una huelga general, podremos tener una ligera idea de contra qué se hace, porque, en caso contrario, no sé quién se va a acordar de los motivos de la convocatoria.
Yo, por mi parte, me permito sugerir algunos motivos más para la celebración de la huelga general, eso sí partiendo de la asunción de que es necesario sacrificarse, como es que los colectivos más perjudicados comprueben que a todos se les pide el mismo esfuerzo; que cuando la situación escampe no se lleven a cabo actualizaciones salariales y de pensiones sobre las cantidades resultantes de las previas reducciones, sino que se incluya una cláusula de recuperación del poder adquisitivo,  consolidable y no coyuntural; y que la clase política adopte medidas serias y ejemplares y, al modo que cada uno hacemos en nuestras microeconomías familiares, se destierren de la administración los fastos, protocolos y gastos prescindibles que todos conocemos y que se conciencien de que un grano no hace granero pero ayuda al compañero.
Jesús Santos Oñate

lunes, 30 de agosto de 2010

El método de ahorro de Heineken

No le gustan ni los descuentos ni las promociones. Pero mientras su dedicación a valorar sus mercancías afecta a las ventas y a su cuota de mercado, sus grandes ahorros en costes la están sacando del hoyo.
Y hay espacio para más. Heineken, la segunda cervecera del mundo en volumen de ventas después de Anheuser-Busch InBev, afirmó el pasado miércoles que sus ahorros en costes, mayores de lo esperado, contribuyeron a un aumento del 29% de sus ganancias en la primera mitad de año, cifradas en 787 millones de dólares (621 millones de euros), un 8% más de lo estimado previamente.
Casi la mitad de los 104 millones de euros ahorrados en costes procedieron del cierre de cuatro fábricas en Europa. Heineken también está cumpliendo sus objetivos sinérgicos de 150 millones de euros hasta 2010 a raíz de su adquisición de la cervecera mexicana Femsa Cerveza, completada en abril. Eso debería contribuir a mejorar los bajos márgenes operativos de la empresa, del 15% en la primera mitad anual. Analistas de Sanford C. Bernstein calculan que dichos márgenes podrían aumentar entre el 17% y el 18% en los próximos tres años.
Esta circunstancia la situaría en la línea de la compañía danesa Carlsberg. Dicho esto, las ventas de Heineken todavía continúan cayendo, hasta un 2% en el primer semestre. La dirección no espera muchos cambios durante el resto del año, ya que el consumo sigue por los suelos. Y aquí está el problema. Incluso después de la operación con Femsa, Heineken aún recela de los mercados cerveceros más consolidados. En Europa occidental, sobre todo el Reino Unido, España, Francia y Holanda, obtienen un 52% de ingresos y un 34% de beneficios.
Por contra, en Africa y Oriente Medio (de los que Nigeria ocupa la mitad del mercado), los ingresos se cifran en el 13% pero los beneficios ascienden hasta el 24%. Así que, mientras haya posibilidad de rebajar costes en Europa, los márgenes no serán tan elásticos. El negocio de la venta en supermercados y demás locales de venta al público se concentra, en la mayor parte de Europa,en tres o cuatro cadenas de distribución.
Y eso presiona a los precios. Heineken comercia a 11,8 veces los ingresos previstos en 2011, lo que supone un 14% de descuento para el sector. Un dato muy duro teniendo en cuenta sus ajustes históricos en los costes. Pero a menos que pueda reanimar sus ventas, Heineken aún no es rival para los dos principales jugadores emergentes, A-B InBev y SABMiller.
Renée Schultes

viernes, 27 de agosto de 2010

La e-administración en el mundo

La ONU tiene en marcha una serie de estudios periódicos que permiten tomar la temperatura del nivel de desarrollo de los indicadores E-Gobierno y E-Participación en los 191 países que forman parte de la organización.
Con todos esos datos se elabora la United Nations E-Government Development Database (UNDD) o base de datos de desarrollo de la Administración Electrónica de las Naciones Unidas que se puede consultar por países.
El último estudio correspondiente a 2010 publicado en abril sirve para comprobar la evolución que han sufrido los distintos países en materia de Administración Electrónica y participación online de los ciudadanos desde 2003. Para elaborar estos indicadores se analizan datos de tipo económico, social y medioambiental que dan como resultado un indicador del nivel de implantación de la Administración Electrónica y otro relacionado, el de participación ciudadana.
Dos de las tendencias que ha detectado este estudio es el aumento de las vías de participación y canales para la recepción de opiniones que las administraciones han abierto, así como la apuesta por las redes sociales y los blogs para llegar al ciudadano.
Otra tendencia que revela el informe es el aumento de las comunicaciones móviles con el ciudadano, tanto para alertas globales como para la gestión de citas previas y otros servicios personalizados.
Europa se sitúa junto a América por encima de la media las demás regiones en los indicadores. El primer puesto por países en los indicadores E-Gobierno y E-Participación es para la República de Corea, entre otros factores señalados en el informe de Naciones Unidas, por el portal de participacion ePeople y por la web central de la administración coreana y los servicios online que permiten de forma centralizada.
Según el índice E-Participación de Naciones Unidas, en 2010 España se encuentra en la tercera posición de los 157 países analizados, mejorando 31 puestos respecto a 2008, por debajo tan sólo de Corea y Australia.
En el indicador de Desarrollo de E-Government, España está en el novenos puesto, y el quinto entre los países europeos. Nuestro país ha mejorado once posiciones pasando de la posición numero 20 en 2008 a la 9 en 2010, por delante de Reino Unido, Japón y Estados Unidos entre otros.
No en vano, la Secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, recogió el pasado 23 de junio en Barcelona el premio de Naciones Unidas al Servicio Público en reconocimiento a la mejora de calidad de los servicios que la Administración General del Estado presta a los ciudadanos a través de Internet.
La ciudadanía
El estudio Government Online de Pew Internet analiza el tema desde el otro punto de vista, el de los ciudadanos como usuarios. Los datos son de Estados Unidos pero sirven para comprobar cuáles los servicios más utilizados y los niveles de penetración.
El 82% de los usuarios de Internet, un 61% de la población adulta de Estados Unidos, ha accedido alguna vez los sitios de la administración para alguna gestión o consulta. Las tareas administrativas como la renovación del carnet de conducir o el alta de un vehículo las realiza online un 33% de los usuarios.
Otras actividades son la consulta de los datos públicos en inversiones y gastos (40%) así como la lectura y descarga de textos legales e información sobre trámites con las administraciones.
Entre las conclusiones del estudio también se desprende la eliminación de barreras de acceso a la administración para grupos sociales con datos de acceso muy similares.
En España un punto de acceso a todas las gestiones de la Administración es 060.es, un portal que reune las webs públicas, los servicios en línea, buscadores temáticos y las vías de participación ciudadana en un mismo lugar.

jueves, 26 de agosto de 2010

Los ayuntamientos temen llegar al colapso financiero en el 2011

«El ayuntamiento que no está ya al límite, está muy cerca de entrar en el colapso financiero». Este es el mensaje de alerta con el que presidente de la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), Manuel Bustos, resume la gravedad de las cuentas públicas de los ayuntamientos ante la triple sacudida que les espera a partir de enero próximo.
En el 2011, las corporaciones locales tendrán que empezar a devolver los 1.500 millones de euros, que, según acaba de publicar el Ministerio de Economía y Hacienda, resultan de la liquidación definitiva del ejercicio del 2008. Esa es la cantidad que las corporaciones locales recibieron de más en el 2008, cuando se calcularon las transferencias del Estado a los ayuntamientos y las diputaciones en función de una optimista previsión de ingresos que luego no se cumplió por efecto de la crisis económica. Hacienda ha permitido a los ayuntamientos hacer esta devolución a lo largo de cinco años, en sesenta mensualidades, la primera de ellas en enero. Es la misma fórmula aplicada a las comunidades autónomas, que deben devolver 5.514 millones a cuenta del 2008. Pero los ayuntamientos sienten que están en mucho peor situación.
TRIPLE ZARPAZO / «Las autonomías acaban de firmar un nuevo modelo de financiación que les aporta más recursos. Nosotros, no», resume Bustos, quien también es alcalde socialista de Sabadell y miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Además, las medidas de austeridad del Gobierno imponen a las corporaciones locales la obligación de amortizar todas sus deudas de tesorería a 31 de diciembre, «lo que introducirá una tensión extraordinaria en las cuentas». Como tercer zarpazo, desde el 1 de enero, las corporaciones locales tienen prohibido endeudarse a largo plazo.
Aún habrá que esperar una cuarta sacudida, pero ya en el 2012, cuando haya que afrontar la devolución de las cantidades correspondientes al 2009, que se esperan mucho más elevadas. Se calcula que los ayuntamientos tendrán que devolver alrededor de 4.000 millones a cuenta del 2009 y las autonomías, 20.000.
Algunos gobiernos autonómicos han empezado a pedir una nueva prórroga en la devolución de las cantidades. Los ayuntamientos aún no hablan de eso. «Lo primero es que nos sentemos con representantes del Estado y de las comunidades autónomas para llegar a un diagnóstico común» sobre los problemas financieros de los ayuntamientos. Esta es la petición que Bustos ha planteado formalmente como presidente de la FMC y miembro de la FEMP. «Lo segundo es encontrar mecanismos de urgencia que nos ayuden a sobrepasar esta situación coyuntural», añade. Es importante que estas cuestiones queden despejadas en septiembre, porque en octubre hay que elaborar los presupuestos municipales del 2011.
RECORTE DE LOS SERVICIOS / Si los ayuntamientos no pueden devolver las cantidades que deben al Estado, Hacienda podría restarlo de las transferencias del 2011 y el colapso estaría servido. Ya hay ayuntamientos con dificultades para pagar las nóminas de sus empleados y la mayoría recurren a alargar más y más los plazos de pago a sus proveedores.
Según Pedro Arahuetes, alcalde socialista de Segovia y presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, los ayuntamientos seguirán prestando los servicios básicos pese a la difícil situación económica que atraviesan, aunque no se descarta algún recorte puntual en algunos de ellos. En declaraciones a Efe, Arahuetes citó como ejemplo la posibilidad de que algunos entes locales opten por prestar el servicio de recogida de basuras en días alternos, en lugar de a diario.
EL PERIODICO

miércoles, 25 de agosto de 2010

El conflicto de controladores y la huelga de Auto Res disparan las reclamaciones

  El conflicto de los controladores aéreos con el Ministerio de Fomento y la huelga en la empresa Auto Res han disparado las quejas de los consumidores, según ha informado la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (Fuci).
   Esta organización ha detectado un incremento notable de las quejas relacionadas con el sector turístico durante el mes de julio y la primera quincena de agosto. En total, en este periodo se han recibido 3.824 reclamaciones, lo que supone un 19,5% más que en el mismo periodo de 2009.
   Del total de quejas recibidas, dos de cada tres, es decir, el 66%, están relacionadas con el transporte, mientras que el 19% tienen que ver con alojamientos y hostelería, y el 15% se deben a conflictos con las agencias de viaje.
   Según Fuci, estos datos son consecuencia del conflicto entre los controladores y Fomento, que provocó cancelaciones y retrasos en muchos vuelos, y a la huelga en Auto Res, "que no ha hecho más que empeorar la situación de miles de pasajeros".
   La Federación recuerda a los consumidores que "no pueden dejar en tierra sus derechos" y les recomiendan que presenten reclamaciones ante cualquier situación que vulnere sus derechos.
RECOMENDACIONES
   En este sentido, Fuci recuerda que en caso de denegación de embarque (overbooking) con su consentimiento o contra su voluntad, cancelación de su vuelo o retraso del mismo, se tiene derecho a optar entre la devolución del precio del billete en un plazo de siete días o la asignación de plaza en otro vuelo o transporte alternativo en una fecha posterior que convenga al pasajero.
   Asimismo, el consumidor tiene derecho a ser informado, a recibir atención por parte de la compañía (comida y refrescos, servicios de comunicación y alojamiento) si es preciso pernoctar.
   Por último, existe un derecho a recibir una compensación adicional en caso de denegación de embarque. Sin embargo, la normativa europea establece que la compensación económica directa no se puede reclamar por grandes retrasos y cancelaciones si la causa es una huelga.
   Por otro lado, Fuci recuerda a los pasajeros que en todos los aeropuertos españoles existen a disposición del usuario hojas de reclamaciones, en las que podrán formular sus quejas y exponer sus sugerencias sin ningún tipo de restricciones.
   Asimismo, señala que las reclamaciones deben realizarse ante las compañías aéreas cuando se haya contratado únicamente el transporte, y ante las agencias de viajes cuando se trate de un vuelo realizado en el contexto de un viaje combinado.
   Por último, en caso de que viaje en autobús, para los casos en los que el trayecto se interrumpa, Fuci informa de que la empresa de transporte está obligada a tomar las medidas necesarias para trasladar a los viajeros hasta su destino, sin perjuicio del derecho del usuario a reclamar una indemnización por los correspondientes daños y perjuicios.
 En caso de pérdida o deterioro del equipaje, la empresa está obligada a indemnizar al viajero con una cantidad máxima de 14,5 euros por kilogramo hasta un máximo de 30 kilos.
EUROPAPRESS

martes, 24 de agosto de 2010

El BOE publica hoy la prórroga de los 426 euros, que ha origido críticas sindicales y de la oposición

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-Ley por el que se prorroga la ayuda de 426 euros mensuales a aquellos parados que agoten sus prestaciones o subsidios entre el 16 de agosto de este año y el 15 de febrero de 2011.
   Frente a las fases anteriores de esta ayuda, en las que los beneficiarios tenían que tener menos de 65 años, esta nueva prórroga sólo está dirigida a los menores de 30 años, a los mayores de 45 años, y a los parados de entre 30 y 45 años que tengan responsabilidades familiares.
   De esta forma, quedan excluidos de esta ayuda los desempleados de 30 a 45 años que carezcan de cargas familiares.
   Estos cambios respecto a los criterios de edad vigentes anteriormente han origido críticas sindicales y de algunos grupos de la oposición, que se quejan de que el Gobierno ha recortado el número de beneficiarios por la puerta de atrás.
   Por su parte, el Ejecutivo se escuda en la resolución que aprobó el Congreso el pasado 20 de julio para justificar los nuevos colectivos que pueden beneficiarse de esta prórroga. Así, el Gobierno asegura que en dicha resolución se instaba a prorrogar los 426 euros, atendiendo especialmente a los parados de larga duración, menores de 30 años y mayores de 45 años.
   Para acceder a los 426 euros, los parados menores de 30, mayores de 45, y aquellos comprendidos entre 30 y 45 años con cargas familiares tendrán que haber extinguido por agotamiento la prestación contributiva o el subsidio por desempleo entre el 16 de agosto de este año y el 15 de febrero de 2011.
   La prórroga de esta ayuda, conocida como 'Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción' (Prodi), entra hoy en vigor, aunque surtirá efectos desde el 16 de agosto de este año.
EUROPAPRESS

lunes, 23 de agosto de 2010

Decálogo a favor de un urbanismo más sostenible... Libro blanco...

El tradicional debate en toda crisis sobre el cambio de ciclo económico ha dado paso hoy a otro bien distinto, el del cambio de modelo productivo. Un cambio de modelo provocado y exigido por una crisis sistémica, algo que se antoja mucho peor que las habituales crisis cíclicas. Y es que si una crisis cíclica es la antesala de tiempos mejores, de volver a recorrer caminos conocidos, lo de sistémico parece impedir pensar en unos buenos tiempos que vendrán. Tras una crisis sistémica el futuro no parece previsible y, cuando tiene la virulencia de la actual, casi parece que no hay futuro.
Demasiadas cosas están cambiando en el país para obviar una realidad que el tiempo, aceleradamente, está imponiendo. Nos hallamos inmersos ante una revisión en profundidad del Estado de bienestar penosamente construido en la Europa de la segunda mitad del siglo XX, ante una auténtica inmolación de lo público y ciudadano en la pira del capitalismo global, eso que ahora llaman “los mercados” como si de un dios omnipotente y omnipresente se tratase. Sí, demasiadas cosas parecen estar cambiando.
Acaso una de las causas determinantes de la exposición del sistema financiero y de la crudeza de la crisis en nuestro país está en la práctica urbanística. Por eso es lógico que uno de los factores decisivos del cambio de modelo productivo ha de hallarse en el urbanismo. El Ministerio de Vivienda acaba de difundir el Libro blanco de la sostenibilidad del planeamiento urbanístico español. Se trata de un documento no muy extenso que trata de contribuir a la consecución de un cambio de modelo territorial y urbano que, en esencial, apueste por la rehabilitación y la renovación de la ciudad ya existente frente a la construcción nueva, limitando el despilfarro de recursos de todo orden. Avanza pues por el camino iniciado por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, identificando las disfunciones presentes en el planeamiento desde la perspectiva de la sostenibilidad y concretando los criterios que la concretan. Y lo hace desde la reflexión sobre la distribución competencial misma, sobre el alcance de las competencias normativas estatales y autonómicas.
Las propuestas del Libro blanco se concentran en el “decálogo a favor de un urbanismo más sostenible”. Ese decálogo es el que incorpora un potencial transformador del planeamiento y del conjunto del urbanismo que tiene repercusión en todos los niveles de Gobierno. Esos diez puntos, que me limito a enunciar aquí con alguna acotación, remitiendo al lector interesado al documento en cuestión, son los siguientes:
1) Imbricar estrechamente la competencia urbanística y ambiental potenciando así el papel del Estado.
2) Consolidar el nuevo esquema de relación entre el derecho de propiedad y el planeamiento urbanístico impidiendo que la mera aprobación de éste asigne plusvalor a aquél.
3) Superar demarcaciones administrativas como referencia de planeamiento, de manera que, dada la relevancia de las exigencias ambientales, el ámbito de los planes y los responsables de la regulación, gestión y control se corresponda con unidades naturales.
4) Replantear el contenido y la relación de la planificación territorial con la planificación urbanística. La planificación territorial debiera incorporar una ordenación estratégica, a largo plazo, y otra operativa, vinculada al programa de gobierno en cada momento.
5) Cambiar las características del plan de urbanismo en sentido análogo al expuesto para la planificación territorial. El plan de urbanismo debe incorporar una planificación estratégica, especialmente vinculada a los objetivos de sostenibilidad, y otra operativa, a más corto plazo y más vinculada a objetivos políticos.
6) Necesidad de seguimiento del plan. El planeamiento urbanístico no puede quedar abandonado a su suerte, en manos públicas o privadas. Si es un instrumento público, que plasma opciones políticas y aspiraciones ciudadanas, ha de ser objeto de seguimiento permanente mediante fórmulas participativas.
7) Potenciación de la información y participación ciudadanas tratando específicamente de desburocratizarla, fomentando una participación amplia y transparente, bien informada, de la ciudadanía en la toma de decisiones.
8) Implantación y evaluación de los criterios o indicadores de sostenibilidad del planeamiento. Tales criterios, que el Libro blanco analiza en la normativa urbanística de todas las Comunidades Autónomas, se estructuran en los de carácter territorial y los de carácter estrictamente urbanístico:
a) Criterios de carácter territorial: reordenar usos agrícolas, potenciar agricultura y ganaderías periurbanas de proximidad, rentabilizar la vuelta a los usos ganaderos tradicionales no estabulados, reordenar sistemas de distribución y comercialización de productos agrícolas y ganaderos, reconvertir áreas agrícolas degradadas en forestales y dificultar el uso del territorio dedicado al turismo basado en su consumo.
b) Criterios de carácter urbanístico: reducir significativamente el consumo de suelo, evitar la dispersión, complejizar las áreas urbanizadas, controlar los estándares y densidades definiendo horquillas de valores y no mínimos o máximos, rehabilitar, renovar partes de la ciudad, favorecer la vivienda en alquiler y diseñar con criterios bioclimáticos.
9) Promover el uso eficiente de un patrimonio inmobiliario sobredimensionado que genera viviendas sin uso y personas sin vivienda. Esta cuestión resulta del cambio de modelo querido, menos expansivo y más rehabilitador de lo edificado y renovador de la ciudad, más dirigido al alquiler que a la venta, a la vivienda protegida que a la libre.
10) Asunción de la crisis de un modelo inmobiliario insostenible y necesidad de cambiarlo. Éste último punto del decálogo es, realmente, el objetivo subyacente en el conjunto de políticas que viene impulsando el Ministerio de Vivienda.
Probablemente, el impacto mediático que producirá el Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español será limitado. Pruebas de stress de entidades financieras, corrupción y desafecciones dan mucho más juego mediático y político. Pero ahí queda. Contamos con un documento que afronta el análisis de la situación sin eludir cuestiones problemáticas, con riesgos, con opciones. El tiempo, elecciones mediante, dará o quitará razones. 
Julio Tejedor Bielsa    

viernes, 20 de agosto de 2010

La NBA y la Administración Local

Es profesionalmente gratificante aportar un valor añadido a la rutina del día a día. Es estimulante hacer más cosas que dar fe y asesorar jurídicamente. Es bonito sentirse parte de un equipo. Es aún más bello conseguir cosas buenas con ese equipo –el tuyo-, concebir o apadrinar proyectos, ejecutarlos con éxito, percibir que la organización crece y se adapta a los tiempos con nosotros dentro y sentir que, en algo o en mucho, uno ha tenido que ver con esa metamorfosis positiva.
No voy a repetir lo dicho en “El Mal Entendido Derecho de Movilidad de los Habilitados Estatales”  salvo en una pregunta retórica (con su respuesta): “¿De qué sirve “huir” y, sobre todo, forjar un currículum de “huidas”? Sirve para hacer ver que no aguantamos o que no nos aguantan en ningún sitio…”. Como uno tiene la mente bastante estructurada, desarrollaremos estas ideas, como casi siempre, mediante varios hitos al respecto:
1.- Ganar con tu equipo versus ir a un equipo que gana.
Según la fuente Marca.com, Michael Jordan, el mejor jugador en la historia del baloncesto, ha hablado acerca de la llegada de LeBron James a un equipo de estrellas, Miami Heat, donde el jugador recién llegado de Cleveland, compartirá vestuario con Dwyane Wade y Chris Bosh, coincidiendo de este modo en el mismo equipo 3 de los 5 mejores jugadores del mundo, lo cual les acerca al Título que, individualmente, ninguno de ellos ha logrado.
"Nunca hubiera llamado a Larry (Bird) y a Magic (Johnson), para decirles 'Vamos a juntarnos y jugar en el mismo equipo'", comentó Jordan. "…Siendo honesto, yo quería vencer a aquellos chicos", ha proseguido 'Air', en referencia a sus duelos de época con el alero de los Celtics y el base de los Lakers. Por si alguien no lo sabe o no lo recuerda, Jordan, Magic y Bird hicieron mejores a sus compañeros y grandes a sus equipos, fueron fieles a los mismos y, desde una gran rivalidad pero profundo respeto, soñaban con vencerse los unos a los otros, compitiendo con los mejores y saboreando así mucho más la victoria.
Acerca de James también ha hablado Charles Barkley, miembro del 'Dream Team' original, quien ha dicho que James "nunca será Jordan…Hubiera sido algo honorable quedarse en Cleveland tratando de ganar siendo 'El Hombre'... Si estuviera en Cleveland y ganara un campeonato ahí, habría dejado un legado increíble. No importa cuantos títulos gane con Miami, está claro que ese siempre será el equipo de Dwyane Wade", ha advertido Barkley.
2.- Los que abandonan el barco
Volviendo a la realidad de la Administración Local, y hablando de “habilitados” (FCHCE en adelante), censuro una vez más el modus operandi de quienes “trabajan” en tres Ayuntamientos de promedio al año por sistema. Supongo que llegan, toman posesión, hacen dos o tres informes “demoledores”, y cuando ya lo han puesto todo “manga por hombro” entonan el “ahí os quedáis”. Flaco favor el que nos hacen a los demás; no me extraña que en algunos Ayuntamientos los Alcaldes tengan puestas velas a San Pancracio para que ningún FCHCE pida su vacante, y mantengan en nuestro puesto a “técnicos de su confianza”, algunos de los cuales, debo reconocerlo, lo hacen mucho mejor que algunos FCHCE; mientras que otros, ciertamente, son poco más que un asesorzucho, por lo que tampoco es buena (ni legítima) esta solución.
3.- Los que no abandonan el barco I
Otros FCHCE no se van ni a la de tres, y sin embargo en algunos casos, si fueran coherentes, deberían hacerlo. No hacen más que refunfuñar. No hay persona más desagradable en una Administración que un “quejica” obtuso que lo ve todo imposible e ilegal y que, no sólo ve el vaso medio vacío, sino que además se ahoga en él. Además, aunque las cosas vayan fatal, curiosamente nunca son culpa suya. Querido Secretario apodado “el mosquito” (“en mi Ayuntamiento eso de la modernización no se puede hacer, estamos años luz por detrás”); querida Interventora de los ojos saltones (“aquí mando yo y se hace lo que yo diga, y si me llevan la contraria me cojo una baja por depresión”), ¿no estáis bien en vuestro Ayuntamiento?, ¿no sois felices? Pues ejerced vuestro derecho de movilidad, que lo tenéis bien hermoso, y dejad de amargar la pacífica existencia de cuantos están a vuestro alrededor. Igual en otro sitio os aguantan, aunque lo dudo mucho. En fin, al menos así se reparte el suplicio.
4.- Los que no abandonan el barco II
Finalmente, los más admirados de entre mis compañeros FCHCE, han accedido a puestos más altos dentro de nuestra profesión después de demostrar durante años en Ayuntamientos medianos su compromiso y eficacia a la hora de implantar uno o varios proyectos, dejando un legado administrativo y personal más que notable: una organización que funciona, y unos compañeros con los que ha surgido el sentimiento del aprecio. Luego, cumplidos unos objetivos y un ciclo, es el momento de “ascender”. Y como para lo bueno sí que digo nombres propios, ahí van:
- Excelente trabajo durante muchos años el de Hilario Llavador, junto con Pepe Chisbert (Interventor), en el Ayuntamiento de Catarroja. Ahora Hilario es uno de los Secretarios del Ayuntamiento de Valencia y Catarroja un Ayuntamiento que funciona a nivel organizativo y técnico de forma modélica.
- A Fernando Salom, durante el último Pleno en el que ofició como Secretario en Albal antes de partir a Torrent -municipio de casi 80.000 habitantes cuya Secretaria General ahora ostenta-, los propios concejales le rindieron un homenaje con aplausos y buenos deseos de todo tipo por la gran labor desempeñada durante tantos años.
- Lorenzo Pérez Sarrión, quien siempre ha dejado impronta en los municipios en los que ha estado por ser un excelente profesional y compañero, llegó hace relativamente poco a Gandía -municipio aún mayor que Torrent, y, para más INRI, turístico- y tuvo la loable iniciativa de acometer un proceso de modernización en una organización compleja por su tamaño y por otras cuestiones; dicho proceso, así me consta, va estupendamente.
En definitiva, hagamos mejor nuestra organización en lugar de largarnos a la más mínima a un hipotético “Ayuntamiento VIP” en el que todos son altos y rubios y cobran mucho. Seamos Michael Jordan y no LeBron James, aunque en Chicago haga mucho frío y aire, y en Miami estén todo el día de fiesta en la playa con los exiliados cubanos, al son de la música de Gloria Estefan.
5.- Nos vemos dentro de un mes
No tiene nada que ver con lo anterior, pero vistas las fechas en las que estamos y teniendo en cuenta que no volveré a escribir aquí hasta septiembre, reitero lo que digo casi todos los años: “La mayoría de españoles disponemos de nuestras vacaciones en agosto, y personalmente me gustaría volver y que todos volviérais a nuestras queridas Administraciones en septiembre, para disfrutar de un estimulante síndrome postvacacional o de una sensual discusión con el Alcalde. Pensar que, por desgracia, no va a ser así en todos los casos, me causa un gran pesar. No cabe duda de que, a pesar de las medidas que la DGT y que otros poderes públicos puedan concebir y ejecutar, y sin perjuicio de los intangibles, de las circunstancias que no dependen de nosotros, sería buena idea mantener un punto de prudencia y de cordura compatible con la relajación y el ocio. Y no sólo al volante, sino también en otras lides, como en los baños playeros o piscineros, las comidas (y bebidas), y otros excesos… Y no sólo para nosotros, sino también – y sobre todo- para los que nos rodean… Servidor no pretende ser la voz de la conciencia de nadie, pero se conforma con que al menos uno de los lectores de estas sencillas líneas pueda verse influido positivamente por ellas. Por eso el comentario de hoy no es jurídico, ni técnico, ni siquiera es “de opinión”. Se trata únicamente de un consejo, que seamos prudentes; acompañado de un desiderátum: Felices vacaciones; nos vemos dentro de un mes... de acuerdo?” (“Nos vemos dentro de un mes”, publicado en el blog de espublico el 08/08/2008).
En fin, que lo suyo es volver, aunque como dijo Elbert Hubbard: “Nadie necesita más unas vacaciones que el que acaba de tenerlas”.
Víctor Almonacid Lamelas   

jueves, 19 de agosto de 2010

¿Un nuevo derecho de contratos para Europa?

Un apasionante asunto jurídico recorre los pasillos de las instituciones europeas: nada menos que la elaboración de un derecho de contratos común para toda Europa. Se trabaja en el marco del llamado Programa de Estocolmo que establece las prioridades de la Unión Europea en relación con el espacio de libertad, seguridad y justicia para el periodo 2010 - 2014. Con dicho Programa se trata de avanzar en la unificación de asuntos que afectan a la ciudadanía europea y a la administración de justicia y al efecto se prevé la adopción de reglas mínimas para aproximar los derechos civil y penal. Aquí es donde se enmarcan justamente los contratos. La cuestión no es nueva pero reviste ahora una importancia política y jurídica de primer orden. El objetivo es que los ciudadanos europeos dispongan de un derecho unitario en materia de contratos junto al propio de sus respectivos Estados nacionales. Y que puedan acudir a él.
Nadie puede desdeñar ni ocultar la dificultad de tal empeño y además las críticas a tales proyectos están sembrando las publicaciones jurídicas especialmente en Alemania. Como decía, el asunto viene de lejos: ya en 1989 y luego en 1994 el Parlamento Europeo expresó su deseo de progresar en este terreno y llegó a hablar de un “código civil europeo”. Trabajaba ya en esa época un grupo privado de juristas en unos “Principles of European Contract Law”. A comienzos de este siglo XXI se fueron perfilando los fines a perseguir. En 2001 fue la propia Comisión la que abrió el debate y al mismo tiempo sustituyó la ambiciosa idea del “Código” común (que pretendía incidir nada menos que en el napoleónico o el alemán, modelo de tantos otros, entre ellos, el español) por otra menos aparatosa, en concreto, la creación de un “marco de referencia común para el derecho contractual en Europa”.
En 2005 se creó una red en la que se trabajó en un proyecto concreto (“Draft Common Frame of Reference”).
Cuando se empezó a conocer lo que se estaba cociendo en su seno se advirtió que no se trataba tan solo de formar un cuerpo jurídico derivado de los principios existentes en todos los derechos nacionales sino de algo más laborioso y de mayor alcance, a saber, poner en pie nuevos valores y una nueva visión jurídico-política. Ahí se desataron las críticas centradas en las imperfecciones técnicas de los papeles que circulaban y que no eran solo menudencias quisquillosas de los juristas sino que enfilaban asuntos muy de fondo: mientras que los alemanes e ingleses denunciaban la previsible erosión del principio de autonomía privada, los colegas nórdicos y también los franceses temieron por la desaparición de las conquistas sociales de sus respectivos derechos privados.
Pero la Comisión europea no se arredró y ha puesto en pie una comisión de dieciocho expertos que están trabajando con celo. Doce son catedráticos de Facultades de Derecho y los seis restantes proceden del mundo que podríamos llamar “la praxis”, entre ellos varios magistrados. Las reticencias (que están aireando periódicos tan serios y además tan comedidos como el “Frankfurter Allgemeine Zeitung”) se centran ahora en la relación de estos expertos con el citado “Draft Common Frame of Reference” al que se miró siempre con recelo. Parece que incluso los especialistas que asesoran directamente a la Comisaria de Justicia proceden de este círculo. Y además se esperan frutos en el plazo -bien corto- de un año. “No parece que preocupe mucho la calidad, de lo que se trata es de crear hechos consumados” denuncian distinguidos juristas de todo el territorio alemán. Y eso que es bueno para la acción política no lo es para un trabajo científico de tanta delicadeza.
¿Estamos ante una auténtica revolución en el mundo de las ideas jurídicas? Pensemos que no ha habido cabeza de relieve desde hace muchos siglos -desde el Derecho Romano a los pandectistas y de ahí a los grandes privatistas franceses, alemanes etc de los siglos XIX y XX- que no se haya ocupado de los contratos. Una revolución que, de consumarse, acabará afectando a la práctica de los millones de contratos que se celebran a diario en toda Europa. Como en la difusión de imágenes, permaneceremos atentos a la pantalla. 
Francisco Sosa Wagner   

miércoles, 18 de agosto de 2010

España y Marruecos, líos de vecinos

Acabo de regresar de un viaje de cinco días por Marruecos, y leo en la prensa española los incidentes y las protestas acaecidas en Melilla. Diversas asociaciones nacionalistas marroquíes denunciaron unos supuestos maltratos racistas por parte de nuestra policía, lo que ha sido desmentido de modo tajante por nuestras autoridades. Pero el eco fue creciendo, hasta el punto de que Juan Carlos ha tenido que llamar personalmente al monarca alauita para poner las cosas en su sitio. Es probable que las aguas vuelvan a su cauce, y todo haya quedado en un pequeño incidente sin mayores problemas. Ojalá sea así una vez más. Llama poderosamente la atención, de todas formas, el dramatismo que adquiere cualquier roce, por pequeño que sea, con nuestro vecino del sur. También tenemos conflictos diarios con Gibraltar y los tomamos con más filosofía, por injustos que sean contra nuestros intereses y contra la justicia internacional. Ni que decir tiene que los problemas que periódicamente tenemos con Portugal – con apresamientos de pesqueros o con la acción de oro en la venta de Vivo a Telefónica, por ejemplo – o con Francia – camiones de frutas tirados por el suelo -, no levanten ni las pasiones ni el recelo que nos suscitan cualquier asunto con Marruecos. Algo atávico e irracional, jaleado por muchos, parece moverse en contra de nuestro vecino del sur. En el imaginario colectivo está muy implantada la idea del “moro malo”, sin que la realidad haya sido capaz de atenuarla. En verdad, Marruecos es mucho mejor vecino de lo que nos creemos.

Soy de los que piensan que Marruecos puede convertirse en un aliado más que en un enemigo. Poseemos una importante historia común, con importantísimas influencias culturales y sociales recíprocas. El norte tiene una tendencia hispanófila mayoritaria, lo que es muy desconocido por estos lares. Marruecos está inmerso en un sorprendente proceso de crecimiento económico y social, y debe ser un espacio natural para nuestras empresas y productos. La diplomacia española es consciente de la importancia estratégica de esta relación, mientras que el españolito de a pie no lo es. Seguimos desconfiando de los marroquíes, y tendemos a darle la espalda. En nuestras relaciones, a veces ha sido Marruecos la equivocada, y otras veces nosotros. Merece la pena seguir en el esfuerzo de acercamiento, teniendo claro ciertos límites, como, por ejemplo, la inequívoca españolidad de Ceuta y Melilla, lo que debe de estar fuera de toda discusión. No así el estatus del antiguo Sáhara español, donde todas las partes deberíamos movernos para buscar una solución razonable. Tendemos a idealizar al Polisario y a satanizar a los marroquíes. Tampoco eso es justo. Por ese campo podríamos avanzar por el bien de todas las partes implicadas. Nuestra toma de postura es influyente en la materia y será piedra sutil de batalla soterrada durante estos próximos años. Pese a nuestras inevitables de vecinos merece la pena conocer a ese gran país que es Marruecos.
Manuel Pimentel

martes, 17 de agosto de 2010

Hablar de forma políticamente correcta

Hace unas semanas tenía puesto de fondo en la tele el debate sobre el Estado de la Nación, excelente runrún para el duermevela de la siesta. El nombre tiene su guasa en estos momentos y se podrían buscar variopintos dobles sentidos.  ¿El estado de algo o de las cosas en general o el estado del Estado-organización? ¿El estado del Estado-nación o el estado del país y sus nacionalidades?  Bueno la cuestión es que en un momento en que el duermevela me lo ha permitido escucho al Presidente replicar al Portavoz de CiU y hace alusiones al Estatut, al Parlament y al President. En vez de referirse al Estatuto (de Cataluña) o al Parlamento (catalán).
 En este país o eres políticamente correcto o eres un degenerado. Y parece que lo políticamente correcto en cuanto a los topónimos y nombres de instituciones en lenguas autóctonas hispana es, aunque seas de Soria y no sepas más que castellano,  nombrarlas por su denominación en esa lengua, despareciendo todo vestigio del castellano, aunque se trate de un diario de Cuenca quien esté comentando el tema y tenga una evidente traducción. Con el argumento del respeto a la diferencia idiomática y el respeto a la diferencia, todos los no catalanoparlantes o vascoparlantes, para no ofender, nos referimos a “sus cosas” en su propia lengua.
Así, cualquier político o cualquier medio de comunicación neutro, medio progre o progre total alude al Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña como el President y Palau de la Generalitat. O el Lehendakari si se habla del Presidente del Gobierno vasco que trabaja en la Lehendakaritza. Si es en un medio sonoro o audiovisual (radio o televisión), hasta se intenta pronunciar en el correcto catalán oficial y ortodoxo de Barcelona (no de otra parte). Se habla de la Generalitat en vez de hablar del Gobierno de Cataluña, del Síndic de Greuges, Osakidetza, Ararteko, Xunta, y si nos referimos a topónimos los ejemplos son incontables: A Coruña, Ourense, Sanxenxo, Girona, Lleida o L’Hospitalet, Galdakao, Hondarribia, Donosita, Pasaia, etc. 
Si uno acude a la Real Academia de la Lengua y su Diccionario Panhispánico de dudas y busca por ejemplo, “Lleida”, se encuentra con que la RAE le redirecciona a “Lérida” e indica sin género de dudas: ”Lérida. Nombre tradicional en lengua castellana de la provincia y ciudad de Cataluña cuyo nombre en catalán es Lleida. Salvo en textos oficiales, donde es preceptivo usar el topónimo catalán como único nombre oficial aprobado por las Cortes españolas, en textos escritos en castellano debe emplearse el topónimo castellano.”
Cada uno puede hablar como le dé la gana, pero es del todo incorrecto para un castellanoparlante referirse en otra lengua a nombres de lugares e instituciones cuando existe traducción, sean catalanes, gallegos, austríacos, holandeses o de donde sea. Supongo que chocaría mucho si en cualquier periódico nacional se hablase de The Prime Minister of  the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland que reside en London. Todos decimos el Primer Ministro Británico en Londres. Igual de ridículo sería hablar de The President of the United States of America y su White House o de Fifth Avenue of  New York. Por no decir que se va uno de turismo a ver el concierto de fin de año a Wien en vez de a Viena. Como tampoco va a la agencia de viajes y pide un vuelo con hotel para Firenze en vez de Florencia, Den Haag por La Haya, Antwerpen por Amberes, Köln por Colonia o Warszawa por Varsovia. No es necesario seguir poniendo ejemplos, hay miles. Si uno hablase así, todo el mundo le diría que es patético.
Cuando uno sale de Pau hay indicadores en las rotondas para dirigirte a Saragosse, normal, así se dice Zaragoza en francés. Cuando uno sale de Zaragoza hacia Cataluña te dirigen en la A-2 a Barcelona y Lleida.
 La premeditada y buscada diferencia triunfando sin que nadie se atreva a rechistar desde la absurda premisa de un necesario “respeto” absolutamente innecesario, haciendo ver por otra parte que autonomía-diferencia = guay del Paraguay y centralidad-unión = malo malísimo, yuyu. Pues mire usted, no es así, depende. Es irracional.
Ignacio Pérez Sarrión

viernes, 13 de agosto de 2010

Urbanismo, igualdad de género y seguridad... La ciudad prohibida

Quizá una de las críticas más comunes a la reciente legislación estatal de suelo, hoy recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, ha sido la de su carácter meramente programático. Es una legislación de principios, de objetivos, que deja los medios a los legisladores competentes, los autonómicos, en cuyas manos queda pues en gran medida la efectividad de la legislación estatal. Es cierto que ese carácter programático no se da en muy relevantes cuestiones como las atinentes a cesiones, reservas de suelo para vivienda protegida o, muy especialmente, valoraciones. Sin embargo, una crítica común, no exenta de cierta ironía, ha sido la realizada a la referencia que el artículo 10.1.c) de la citada Ley de Suelo realiza a los principios que han de atenderse en la ordenación de los usos del suelo y, en particular, de tales principios, el de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Establece dicho precepto que las administraciones públicas deberán “atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente”.
Recientemente ha publicado el Gobierno Vasco un Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana , cuya lectura puede contribuir a alumbrar a los críticos, fundamentalmente juristas, sobre el alcance que la igualdad entre mujeres y hombres puede tener desde la perspectiva urbanística. Y es que, lejos de lo que pueda pensarse, el diseño de la ciudad, su mantenimiento, la distribución de los equipamientos o la movilidad, entre muchas otras cuestiones, no resultan neutrales desde la perspectiva del género ni producen los mismos impactos para hombre y mujeres en una sociedad en la que prácticamente tres cuartas partes del trabajo doméstico es realizado por mujeres. Si a eso unimos los impactos que producen la dificultad o facilitad para realizar desplazamientos exigidos por la gestión del hogar y las necesidades de los niños puede empezar a vislumbrarse el impacto de género del diseño urbano. Por lo demás, también desde la perspectiva de la seguridad los impactos de género del urbanismo son diferentes. La ciudad segura,  se afirma en la obra citada, es la ciudad compartida y viva, la calle llena, con actividad y gente. Y esa percepción de seguridad, o inseguridad, es distinta para hombres y mujeres.
Un diseño urbano que no atienda a principios como los expresados en la legislación estatal de suelo corre el riesgo de dar lugar a una ciudad prohibida, con mapas concretos como los ya elaborados en Basauri, Ermua, Ondarroa, Hernani, la mancomunidad Uribe Kosta, o a problemas como los identificados en ciudades como Montreal, Madrid o Barcelona, entre otras, por diferentes colectivos. No se trata de vagas directrices de género sino de concretos objetivos urbanísticos como evitar pasos subterráneos; diseñar los pasadizos a cota de calle suficientemente anchos para evitar la sensación de tubo, sin elementos intermedios que dificulten la visión y con buena iluminación, acceso directo a portales sin recovecos o zonas de poca visibilidad, con acceso directo a la calle y sin patios interiores; exigir portales acristalados con visibilidad desde y del exterior; recorridos prioritarios libres de elementos que dificulten el control visual; disponer la iluminación orientada al peatón y no a los coches; diseñar, mantener y controlar la vegetación para que no dificulte la visión por su excesivo crecimiento; ubicar portales, accesos garajes y escaparates a paño de fachada, sin retranqueos; evitar lugares donde pueda esconderse una persona fácilmente; evitar espacios monofuncionales que queden desiertos a determinadas horas buscando la mezcla de usos que garanticen un uso continuo del tejido urbano; evitar la proliferación de solares o casas abandonados; garantizar el cumplimiento de la normativa de supresión de barreras arquitectónicas; estudiar el mobiliario urbano como parte del proyecto y no como elemento posterior; adecuar las zonas infantiles también para los cuidadores y diseñarlas para hacer posible su uso en días de lluvia; o disponer y hacer un seguimiento continuo del uso de los espacios públicos para adaptarlos a los cambios sociales y urbanos.
La aportación del Manual de análisis urbano es la metodología aplicada para analizar los espacios urbanos desde la perspectiva del género y la seguridad, una metodología participativa que permite alcanzar conclusiones de mejora de los espacios urbanos existentes y futuros. Una metodología que, en definitiva, demuestra que esos principios cuya observancia impone la legislación estatal a las administraciones competentes en materia de ordenación urbanística sí tienen contenido, quizá no económico, pero sí social y jurídico. Esos principios son el resultado de una percepción del urbanismo, y del derecho urbanístico en particular, que no se detiene únicamente en el propietarios, el empresario y la administración. Son la plasmación de un urbanismo en el que el ciudadano sí es relevante. Y esto algunos, todavía hoy, no parecen entenderlo.
Julio Tejedor Bielsa 

jueves, 12 de agosto de 2010

Reino Unido elevará la edad de jubilación hasta los 66 años

El Gobierno británico estudia elevar la edad de jubilación masculina hasta los 66 años en un plazo de cinco años, mientras que en el caso de las mujeres se llegaría a esta edad en 2019, según informa el diario 'Daily Telegraph', que apunta que la edad de jubilación seguiría incrementándose gradualmente hasta alcanzar los 68 años para ambos sexos en 2038 como máximo.
   Inicialmente, el ministro de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith, planeaba fijar la edad de jubilación para los hombres en 66 años para 2016 y en 2020 para las mujeres, por lo que de confirmarse este adelanto respecto a los planes iniciales, 3,3 millones de hombres y 3,6 millones de mujeres se verían forzados a trabajar un año extra antes de recibir su pensión.  
  De hecho, Duncan Smith ha sugerido en varias ocasiones su predisposición a acelerar el proceso. "Pienso que se podría acelerar el actual plan para elevarla a 68 años. Es estúpido esperar", afirmaba el ministro hace un mes.
   Bajo los planes del anterior Gobierno laborista de Gordon Brown, las proyecciones para elevar la edad de jubilación eran de alcanzar los 65 años para las mujeres en 2020 y de ahí llegar a los 66 años para ambos sexos en 2026 para posteriormente y de manera gradual subir hasta los 68 años en 2048.
EUROPA PRESS

miércoles, 11 de agosto de 2010

La Seguridad Social reclama más de 14 millones por descuentos "indebidos" en prestaciones de incapacidad

La Seguridad Social ha reclamado 14,12 millones de euros en concepto de compensaciones "indebidas" por el abono de la prestación por incapacidad temporal, según informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
   La Secretaría dirigida por Octavio Granado ha remitido un total de 24.640 reclamaciones a varias empresas que presentan irregularidades en la liquidación de cotizaciones, en las que solicita el reintegro de las cantidades descontadas de forma indebida en el pago de dicha prestación.
   Con el fin de agilizar el trámite burocrático, la Seguridad Social delega en las empresas el abono de la prestación cuando se produce la baja de un empleado por enfermedad, cantidades que luego se descuentan de las cotizaciones que los empresarios deben abonar.
   La Secretaría de Estado de la Seguridad Social dictó el pasado mes de abril una resolución en la que se establecen diversos procedimientos de remisión de información, de comprobación, control y, en su caso, reclamación de deuda de las compensaciones por pago delegado de la incapacidad temporal.
EUROPA PRESS

martes, 10 de agosto de 2010

Las administraciones disparan el pago a eventuales y eluden la austeridad

Según los últimos datos de Ejecución Presupuestaria disponibles, el gasto del Estado destinado a pagar el sueldo de los empleados públicos temporales avanzó un 5% hasta mayo, lo que sugiere que el Ejecutivo sigue apostando por emplear a más trabajadores en vez de mejorar la productividad de los funcionarios.
Esta partida no es la que tiene más peso en los gastos de personal –ya que se destinan más de 40 millones de euros al año a nivel estatal–. Sin embargo, a esto habría que sumar las destinadas a pagar al “personal laboral” u “otro personal”, que dispararían aún más la factura. Lo cierto es que si sigue aumentando al ritmo actual en el conjunto de las administraciones podría hacer peligrar el objetivo de estabilidad presupuestaria que marca Bruselas, y que obliga a Zapatero a reducir el déficit público del 11,2% al 3% del PIB de aquí a 2013.
Además, los sindicatos de funcionarios no están de acuerdo con que se siga contratando a más personal mientras que a ellos se les ha rebajado por decreto su sueldo un 5% de media. La mayoría de los analistas, aunque sí ven con buenos ojos los ajustes impulsados, consideran que serán necesarias medidas adicionales para arreglar el desequilibrio presupuestario.
En cambio, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, sí que está tratando de controlar el excesivo desembolso registrado durante la crisis para pagar las nóminas de los altos cargos, aunque por ahora los esfuerzos no logran paliar el despilfarro de los últimos años: los pagos destinados a pagar las nóminas de los ministros se han reducido un 2% hasta junio. No obstante, desde que estalló la crisis económica esta partida se había disparado un 8,6% y llegó a superar los 84 millones de euros.
Pero el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero no es el único que está recurriendo a los trabajadores eventuales para tapar los agujeros de la Administración. Los alcaldes dispararon el gasto en esta misma partida un 26,5% entre 2007 y 2009 hasta los 233,4 millones de euros. El aumento fue sólo del 12,7% en sólo un año. Si este incremento no cesa, el recorte de los salarios públicos del 5% de media podría resultar insuficiente para acabar con los números rojos.
Altos cargos
Los ediles tampoco han sido ejemplo de austeridad a la hora de fijar sus propios sueldos y los de sus concejales. Según el presupuesto consolidado de las entidades locales que recoge el Ministerio de Economía y Hacienda, en los dos peores años de la crisis los responsables locales dispararon esta partida –y, por lo tanto, sus retribuciones– hasta los 445 millones de euros, un 20,5% más que en 2007.
También sorprende que los pagos para hacer frente a las nóminas de otro tipo de personal sin justificar en los ayuntamientos ascendieran a 538,63 millones en 2009, un 17% más que cuando comenzó la peor crisis de los últimos cuarenta años. Si se suma a esta partida la de altos cargos y la de trabajadores eventuales, los consistorios desembolsan como mínimo 1.200 millones de euros al año, más de un 0,1% del PIB, a pagar nóminas de empleados que no tienen puesto fijo en la Administración.
El papel de las CCAA
Las autonomías también tienen gran parte de la culpa del despilfarro de los gastos de personal: los pagos del conjunto de las autonomías en esta partida ascendieron en 2009 a los 55.335 millones, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las regiones no justifican cuál es el desglose de este epígrafe en los Presupuestos consolidados que aglutina el IGAE.
Sin embargo, los datos sí que apuntan a que hay más contrataciones temporales en las CCAA. Según los últimos datos disponible en el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en julio de 2009 había 314.495 empleados públicos en las CCAA definidos como “otro personal”. En cambio, sólo seis meses antes había 307.931 en esta situación, un 2,1% menos.

lunes, 9 de agosto de 2010

Suprimir Municipios

Aunque no con mucha fuerza y, desde luego, con muy poca trascendencia pública, al albur de la crisis actual,  se ha reabierto un viejo debate como es de la supresión de municipios en España, tema que ya han tratado de manera ejemplar, aunque tangencialmente, en este mismo blog Francisco Sosa Wagner  en su artículo “Diputaciones: ¿Sí o no?; y Mercedes Fuertes López en su artículo “En defensa de las Diputaciones”, sobre el que me gustaría aportar mi modesto punto de vista y mi experiencia personal porque, desde que me inicie en esta profesión nuestra, me pronuncié abiertamente a favor de la medida, si bien debo admitir que, seguramente, tal postura se debe básicamente a mi condición de urbanita de nacimiento. Recuerdo que, tras tomar posesión en un pequeño pueblo conquense de 1.100 habitantes y superar el doble impacto del primer trabajo y de aterrizar en un lugar  en las antípodas de una gran ciudad,  durante la asistencia a un curso – no recuerdo sobre que versaba -,  a los que procuraba asistir ya que suponían un oasis en el que podía relacionarme con personas con las que podía sentirme comprendido pues, no en vano, hablábamos de temas parecidos, el Interventor de la Diputación de Toledo – creo que era Pedro Caballero – afirmó que le parecía una barbaridad enterrar en pequeños pueblecito a jóvenes profesionales que apenas contaban con medios para desempeñar su profesión.
La verdad que esa afirmación me hizo sentirme identificado y me transmitió la tranquilidad interior necesaria, al no verme tan sólo y olvidado, para desarrollar mi trabajo durante 13 años en aquel municipio al que me fui adaptando paulatinamente, pero sin que, en ningún momento, me abandonara la sensación, más bien la realidad, de no contar con los medios y las herramientas mínimas para poder desempeñar dignamente mi labor y de que los tímidos avances que experimentaba eran  fruto de un esfuerzo ímprobo del que dudaba que formara parte de mis obligaciones, pero al que no debía renunciar si pretendía estar actualizado aunque fuera insignificantemente.
Esta sensación era compartida por otros profesionales de la localidad, tales como médicos, profesores, veterinario, guardias civiles a los que recuerdo patrullando en ocasiones en vespinos de su propiedad, asistentes sociales, etc…, que, igualmente, debían dedicar parte de su tiempo libre y recursos a ponerse al día y procurarse medios con los que no quedarse rezagados en la calidad de sus servicios, y los que me unía la certidumbre de estar perdiendo oportunidades de progresión profesional, personal e intelectual, logrando, en el mejor de los casos, no quedarnos descolgados irremediablemente del pelotón de colegas más afortunados desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo.
Es cierto que mentiría si dijera que no guardo buenos recuerdos de esos 13 años y que no aprendí a valorar la tranquilidad – a veces excesiva – de vivir en un pequeño pueblecito, pero la realidad que conocí no me deja lugar a dudas de que el mantenimiento de municipios de escasa población, condenados a luchar por su cuenta, no es racional ni efectivo desde la perspectiva de la prestación de servicios de una calidad  mínimamente aceptable.
Recuerdo, con ocasión de los Planes Provinciales de Obras, dado que el Municipio en el que yo me encontraba destinado era, por así decirlo, la capital de zona puesto que los pueblecitos del entorno no superaban los 400 habitantes, la decepción de sus Alcaldes al conocer el montante de dinero que les correspondía en función de sus poblaciones y el caso particular de Alcohujate con una población aproximada de 90 habitantes, inmortalizado por Camilo José Cela en sus  “Viajes a la Alcarria”  al comentar  las pudendas partes de sus mozas, que año tras año se limitaba a colocar 6 o 7 farolas de alumbrado público porque el presupuesto no daba para más.
Es verdad que la situación ha cambiado mucho, pero me temo que no tanto, y no se puede negar que siguen existiendo muchos municipios, demasiados, que apenas pueden  hacer frente a una prestación de servicios  que los ciudadanos exigen en un alto grado de excelencia, sobre todo en un momento en que las nuevas tecnologías y los campos a los que se extienden  las competencias  municipales  sin parar (urbanismo, servicios sociales, medio ambiente, cultura, turismo, desarrollo rural, seguridad ciudadana, etc…), requieren la participación de personal más cualificado y especializado que antaño cuyo coste incrementa el del servicio.
Con motivo de este debate que la crisis y el ejemplo griego, que en Mayo pasado ha decidido acabar de un plumazo con 679 municipios, han desempolvado tímidamente, el vicepresidente y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha declarado que plantear la supresión de municipios es ofender a los ciudadanos y crear problemas.
Sin embargo, si los ciudadanos están en su derecho de demandar servicios públicos de calidad,   no comprendo en qué les puede ofender el concienciarles de su coste y qué problemas puede crear el plantearles la alternativa  mejores servicios a costa de una organización administrativa más eficiente frente a  servicios mediocres a costa de conservar un mal entendido sentimiento de identidad,  pues una teórica reestructuración municipal no implica la desaparición física  de los pueblos, sino su obligatoria asociación prestacional en beneficio de todos.
Pedro Castro, residente de la FEMP, en una clara línea de oposición a la posibilidad de supresión enfatiza que no se puede olvidar que en España existe un sentimiento de identidad muy arraigado con respecto al pueblo o ciudad de cada uno. Los Alcaldes a los que les ha planteado el tema la prensa se suben por las paredes y eso que, a buen seguro, algunos nunca se encontrarían entre los candidatos a desparecer. El de Sabadell (Barcelona) se defiende diciendo  «primero, que me digan qué Ayuntamientos quieren eliminar, que digan cuáles»; el de Alcobendas (Madrid) ironiza: «es como si el Gobierno, por haberse desmadrado con el gasto, sugiriera como solución fusionarse con Francia». Eso sí los Alcaldes aprovechan para mencionar la auténtica prioridad: mejorar la financiación local.
Estas posturas me recuerdan mucho a los vecinos de María Desamparados García López  que están contra del déficit público, que tan genialmente ha descrito en su magnífico artículo publicado en este mismo blog – me atrevería a decir que el mejor que he leído en este foro, con todos los respetos a los excelentes autores que publican sus interesantes reflexiones – que piden y exigen pero no parecen muy dispuestos a asumir los costes de sus demandas y a los que nadie se atreve a explicar las consecuencias de una actitud tan egoísta e insolidaria y tan arraigada en nuestra sociedad. Ándeme yo caliente…
Todos mis respetos hacia las señas de identidad de todos. Yo, a pesar de ser urbanita, adoro las calles y el barrio en los que pasé mi infancia porqué allí están mis raíces, pero no creo que sea razón suficiente para pedir y exigir que no sufran ningún cambio y que deban tener un tratamiento preferente.
Exigir que no se supriman municipios con la coartada del sentimiento de la identidad, el municipalismo o de que los servicios no se prestarán con la misma atención y, por ende, pretender que pequeños municipios ofrezcan toda clase de actividades que a sus vecinos se les puedan antojar con un grado de calidad pareja, al menos, a la de los municipios limítrofes, a pesar de que los medios no sean suficientes y con unos costes asequibles no parece razonable y se debe poner seriamente la cuestión sobre la mesa.
Quizás haya que plantear la cuestión con toda rudeza y contraponer los sentimientos a razones de rentabilidad, eficacia y eficiencia, pero, desde luego, lo que no parece acertado es rasgarse las vestiduras a priori para evitar un debate serio - como ya ocurrió en Cataluña, hace nueve años aproximadamente, cuando la Asociación Catalana de Municipios, dominada por pequeños municipios, montó en cólera y rechazó el Informe Roca, elaborado por  un equipo de expertos dirigidos por Miquel Roca que proponía como medida imprescindible, entre otras, la eliminación de 200 municipios con menos de 250 habitantes, respetando su identidad -  ni aducir razones tan peregrinas como las que hemos visto  que esgrimen algunos políticos para no entrar en materia, que llevan a pensar que existen otras razones menos idealistas en tan rotundas posturas.