Problemas del producto DNI electrónico

Es una importante palanca para el uso seguro de la red en todos los aspectos en que se requiera una identificación personal, tanto en las relaciones de los ciudadanos con las Adminstraciones como con la empresas y cualquier entidad o servicio disponible. Es gratuito y ampliamente difundido. Tiene la garantía de la Dirección General de la Policia, y hereda (o debe heredar) la confianza tradicional depositada en el DNI *

Ahora bien, no es oro todo lo que reluce, ni todo el monte es orégano.

Montañan Merchán ha publicado en su Blog un artículo que a su vez comenta otro del PAIS del domingo, sobre las dificultades prácticas de uso del DNIe. En el artículo, Montaña muestra en general el acuerdo con las dificultades señaladas, y además pone de manifiesto el error de hacer campañas de promoción de un producto que aún no está suficientemente maduro para su aceptación y uso generalizado.

Así que reproduzco aquí el comentario que acabo de poner en su Blog al respecto:

En primer lugar, mi opinión coincide con la tuya: el titular es un poco exagerado, pero el artículo en general es bastante realista.
Yo me he encontrado con las mismas barreras que Samanta, o quizás más.
Me caducó el certificado del eDNI (sólo dura dos años, cuando el DNI en si mismo dura diez: admitamos que es incongruente) así que tuve que ir a un centro de expediciones del DNI.
Ninguna de las cuatro “kioscos DNI”que había alli funcionaba “debe ser problema de la red”. Por supuesto ningún soporte técnico al que acudir.
Amablemente me indicaron que hiciese un DNI nuevo “alegando que el otro se había averiado” sin coste adicional, cosa que hice.
Al no funcionar los kioscos, no pude cambiar allí mismo la clave, por lo que me llevé mi flamante DNI nuevo y decidí hacer el cambio en mi PC de la oficina.
Instalé la utilidad para cambiar el PIN en mi PC ( Software PAD virtual Dnie) , pero no funcionaba. Puse un correo al servicio de soporte indicando el error. La respuesta del servicio de soporte fué errónea “problema con el proxy” y encontré por mi mismo la solución (usar DNIeCambioDePIN.jar directamente en lugar de cambiodepin.bat)
Es decir que el soporte, muy amable, pero ineficaz.
Además, uso el eDNI habitualmente para banca electrónica, y es muy incómodo. Sólo por introducirlo en el lector, ya me pide el PIN. Cuando accedo a visualizar los movimientos, ya me ha pedido el PIN por lo menos tres veces. Y por supuesto me lo vuelve a pedir cuando hago cualquier operación.
Por contraste, cuando yo me identifico en una oficina, me basta con enseñar el DNI sólo una vez. Incluso cuando accedo al mismo banco por usuario y password, sólo se me identifica una vez, tras iniciada la sesión no me vuelve a pedir identificación.
No solamente es incómodo, también es incompatible.
En la OEPM ofrecemos compatibilidad de nuestra WEB con dos navegadores, Internet Expolorer y Firefox. Lamentablemente, en el caso del Firefox, hemos comprobado que el DNIe no funciona correctamente. Y además no podemos hacer nada al respecto.
De modo que, para concluir, en mi experiencia, no es un problema de marketing ni de comunicación, es un problema de producto. Hasta que no se ofrezca un buen producto, sólido, cómodo, compatible, con buen soporte, las medidas publicitarias están muy bien, pero la gente no lo usará.

En resúmen, debemos considerar que el “Producto eDNI“  es todavía un producto inacabado y que precisa importantes mejoras, que deben ser resueltas antes de que esperemos que se use de forma generalizada. Y cuando hablamos de producto, y de sus problemas como tal, no estamos hablando del eDNI como esa tarjeta de plástico con contactos que tenemos guardada en la cartera, sino como algo más, que se refleja en los problemas de producto que hay que resolver, y las soluciones necesarias:

• Problemas de usabilidad (entrega gratuita de lectores, instalación automática, facilidad para cambiar el PIN, pedir el PIN sólo cuando sea necesario,…)
• Problemas de compatibilidad (soporte real de otros navegadores (Firefox, Chrome…) y sistemas operativos (Mac, Linux…)
• Problemas de soporte (que funcionen los kioscos, que el servicio de soporte entienda y resuelva los problemas planteados,…)

El Gobierno dice que "está sobre la mesa" la revisión del acuerdo salarial de los empleados públicos

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, abrió hoy la puerta a la revisión del acuerdo salarial alcanzado con los funcionarios para garantizar la reducción en un 4% en 2013 del gasto del personal, que actualmente se estima en unos 120.000 millones, tal y como contempla el plan de austeridad.

"No es lo principal, pero sí está sobre la mesa el revisar esos pactos para hacerlos coherentes el objetivo marcado por el Gobierno", señaló Ocaña en una rueda de prensa sobre la Ejecución Presupuestaria del año 2009, donde aseguró que el instrumento principal será la reducción de la tasa de reposición.

Ocaña dijo que el acuerdo para la Función Pública, firmado el pasado 25 de septiembre y que contempla un incremento salarial del 0,3% en 2010, se tendrá que revisar en el marco adecuado, que es la negociación con los sindicatos.

El objetivo será asegurar que se cubre la reducción del 4% del coste que suponen los empleados públicos y que ha planteado el Gobierno en su plan de austeridad, puesto que lo acordado inicialmente con los sindicatos tiene ahora que adaptarse a lo planteado por el Gobierno para reducir el déficit.

Preguntado por las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral, Ocaña coincidió en la importancia de acometer una reforma "ambiciosa" que cambie las expectativas del mercado.

"Necesitamos un reforma que acabe con la sensación de que estamos condenados a tener este número de parados durante mucho tiempo. Estoy absolutamente de acuerdo" (con Fernández Ordóñez), señaló, tras destacar que ésta es una de las prioridades del Gobierno, junto a la reducción del déficit y el restablecimiento del sistema financiero.

La administración local debe liderar el futuro

Vivimos tiempos complejos para la administración local. Una etapa en la que, desde las ciudades, debemos hacer frente a los retos de la globalización. Desafíos de carácter global que inciden directamente en el día a día local y a los que ahora se han añadido los efectos de la crisis económica.

En este contexto, los municipios pueden y deben jugar un papel que, desde mi punto de vista, no debe ser ni pasivo ni secundario. Todo lo contrario: los pueblos y ciudades somos imprescindibles para afrontar el futuro con garantías de éxito. Debemos tener un papel activo tanto frente a las dificultades del presente como en la configuración de nuevos escenarios de crecimiento y de mayores oportunidades de futuro.
Una actitud que no es nueva para nuestros pueblos y ciudades. Del mismo modo que en los últimos años el municipalismo ha tenido un peso destacado en la construcción del bienestar y la convivencia del país, ante las dificultades actuales la administración local debe volver a liderar el futuro desde la proximidad y el conocimiento cercano de las necesidades y los problemas de la ciudadanía.
Así lo hemos entendido en Barcelona, donde el liderazgo municipal está siendo clave en la respuesta a la crisis. ¿Cómo lo estamos haciendo?
En primer lugar, con una apuesta incondicional por unos nuevos patrones de crecimiento. Una opción por la que nos decidimos hace algunos años, cuando el modo de crecer que imperaba en la mayoría de municipios era muy diferente. Entonces fue una opción arriesgada, que nos condujo a un crecimiento más sostenido. Ahora, en cambio, empezamos a recoger sus buenos resultados.
Y, en este sentido, Barcelona avanza en la generación de espacios y oportunidades para la nueva economía, un reto que otras ciudades se comienzan a plantear justo en estos momentos. Es, por ejemplo, lo que estamos haciendo con el 22@ o la nueva Zona Franca: dos emblemas de la nueva economía en la ciudad. Espacios industriales del siglo XX que estamos transformando y dotando para la atracción de sectores de la economía de la creatividad y el conocimiento, así como para la generación de nuevos puestos de trabajo.
En segundo lugar, a través de una gestión eficiente y rigurosa que nos ha permitido reducir deuda cuando crecíamos y que, ahora que el sector privado da muestras de debilidad, nos permite grandes inversiones. Somos solventes y ello nos ha permitido llevar a cabo la mayor inversión de la historia de la ciudad, precisamente, en momentos de crisis.
Y, en tercer lugar, sin renunciar a la proximidad. Un valor del que ninguna ciudad debería desprenderse y que nos permite conocer de primera mano, en el lugar y en el momento en que pasan las cosas, las demandas y necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Un instrumento que, además, nos hace más ágiles en la toma de las decisiones y en la resolución de los problemas.
En Barcelona creemos firmemente en la proximidad y, por ello, la estamos reforzando a través de la creación de los nuevos técnicos de barrio. Ellos son nuestras antenas en las calles y plazas de la ciudad; ellos tienen la misión de acercar el ayuntamiento a la ciudadanía pero, sobre todo, de escuchar a los ciudadanos y a las ciudadanas.
En definitiva, para Barcelona la respuesta a los retos actuales y a las oportunidades del futuro está clara: proactividad, solvencia y proximidad. Tres elementos que deben caracterizar a una administración local necesariamente fuerte si queremos un país preparado y capaz en el escenario global posterior a la crisis.

Anticuerpos

En la vecina Italia, el Presidente del Tribunal de Cuentas, Tullio Lazzaro, en la conferencia de prensa que siguió a la inauguración del año judicial el pasado 17 de febrero, explicó que la corrupción en la esfera de las Administraciones Públicas se ha convertido en un auténtico “tumor maligno”. Sobre Italia, destacó, se cierne “una especie de sombra o niebla que envuelve el tejido vital del país”. Y lamentó, igualmente, la carencia de “anticuerpos” para hacer frente desde la Administración Pública a las conductas individuales que “ofuscan la imagen del Estado”. Precisamente, uno de los mayores focos de corrupción se encuentra en las obras públicas. Estos anuncios sugieren algunas reflexiones.

Destacó el Tribunal de Cuentas italiano que se produce un enorme derroche de fondos públicos en el terreno de las obras públicas: obras no terminadas, obras inutilizadas e inservibles por su construcción incorrecta, modificados de obra continuos que inflan los presupuestos de las obras, etc. Todo ello es una muestra clara de pésima gestión pública, ineficacia y gastos inútiles a costa del erario público, fondos que terminan por caer en manos privadas y tramas organizadas de poder.
Estas denuncias del Tribunal de Cuentas italiano bien debieran hacernos reflexionar sobre las prácticas que también abundan por nuestras tierras. En el ámbito de la Administración Local, Administraciones que gestionan una parte importante de obra pública, creo que son evidentes las muestras de malas prácticas, de torpeza en el gasto público y de derroche inútil en muchas ocasiones. Todos conoceremos la típica avenida o plaza de nuestro pueblo o ciudad que se levanta de forma periódica y anual para realizar obras de adecuación o mejora, obras que se suceden casi de forma ininterrumpida. O la plaza que recién inaugurada se vuelve a levantar para construir un aparcamiento subterráneo, pongo por caso. ¿Ausencia de previsión o previsiones lucrativas intencionadas? Junto a esas decisiones de opción del gasto se suman las irregularidades que salpican la contratación administrativa en no pocas ocasiones. Por supuesto que no toda la obra pública se encuentra corrompida, pero hay que reconocer que constituye un foco importante de malas prácticas y de derroche de los fondos públicos.
Uno de los problemas fundamentales que contribuye a agravar decisivamente el “tumor maligno” lo representa, precisamente, y como bien destaca Tullio Lazzaro, la carencia de “anticuerpos” en la propia Administración. La progresiva desarticulación de los cuerpos funcionariales, su degradación en todos los aspectos, y el recurso sistemático a la contratación externa de servicios y funciones fundamentales que debieran ser realizadas por funcionarios se ha dirigido a ello. El control interno (estable, y no sujeto a los vencedores en cada elección) es imprescindible, ejerciendo una labor preventiva fundamental. Un ejemplo claro lo representan los funcionarios con habilitación de carácter estatal, introducidos en España precisamente para poner coto a prácticas caciquiles locales desde el Estado. Progresivamente, sin embargo, se han reducido y desarticulado sus medios de control, desapoderándolos poco a poco. Uno de los medios de lucha efectivos contra la corrupción pasa, precisamente, por reforzar estos controles internos administrativos. Creo que el aviso desde Italia debiera hacernos reflexionar muy seriamente al respecto. La legitimidad del sistema es la que se halla en juego.

El Ayuntamiento de Tapia gana un pleito a la SGAE, que pedía 26.149 euros por derechos de autor

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) acaba de perder una demanda contra el Ayuntamiento de Tapia al que reclamaba 26.149,41 euros en concepto de derechos de autor referente a varias actividades musicales, pero que en su mayoría el Consistorio no organizó. El juzgado de lo mercantil número de 2 de Oviedo dictó sentencia contraria al Ayuntamiento que recurrió el fallo. Ahora, la Audiencia Provincial de Oviedo acaba de darle la razón. Así las cosas, la cifra que deberá abonar a la SGAE no superará los 600 euros.

Los hechos se remontan a octubre de 2008, cuando el Consistorio tapiego recibió una denuncia de la SGAE, que le reclamaba 26.149 euros por la organización de eventos musicales entre abril de 2004 y abril de 2008. La mayor parte de dichos eventos se referían a emisiones en la radio local y al Festival Intercéltico del Occidente, cuya organización no depende del Consistorio sino de la Banda de Gaitas Occidente.

Tapia recibió la sentencia en mayo de 2009 y fue cuando interpuso recurso de apelación en el que alegó «error en la valoración», según el abogado defensor del Consistorio, Miguel Teijelo (del despacho de abogados ovetense De la Iglesia). El error alegado por el Ayuntamiento se refiere a que la emisora Radio Tapia no emitió en gran parte de los periodos reclamados, al tiempo que no organizó el Festival pese a que la SGAE quiso probarlo presentando un folleto del evento en el que figuraba el escudo municipal. En su alegación, Tapia reconoce una deuda por la emisora local de 379,02 euros. Esa deuda se refiere al cobro de publicidad durante un determinado periodo, tras el cual dejó de emitir. No obstante la SGAE trató de probar que la emisora funcionó durante más tiempo presentando una grabación del día 12 de diciembre de 2008, que carece de validez ya que la reclamación de derechos se remonta sólo hasta junio de 2008. «Al ser dicha grabación posterior, nada podrá acreditar la emisión durante el tiempo reclamado», se lee en el documento legal.

Para defenderse, el Ayuntamiento aportó una certificación del secretario municipal declarando que no hubo ingreso alguno por publicidad radiada en el periodo reclamado. También responden a otra prueba presentada por la SGAE, un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA en 2007 en el que se repasa la historia de la emisora local. En este caso, el recurso fue sencillo ya que en el propio artículo el responsable de la radio, Severino Braña, explicaba que nunca había facturado publicidad.

Respecto al resto de eventos por los que la SGAE quiso cobrar más de 26.000 euros al Ayuntamiento, éste sólo reconoce haber pagado 2.665,10 euros por varias actuaciones de la banda de gaitas Marino Tapiega y dos conciertos. Por tanto, alegan, la SGAE debe reclamarles los derechos sobre esa cantidad. En total, por las emisiones de radio y por las actuaciones el Consistorio no abonará más de 600 euros.

El usuario ya no pagará los gastos de las tarjetas robadas

 El Tribunal Supremo ha ordenado la anulación de varias cláusulas contractuales de tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas del BBVA, Bankinter, Banco Santander y Caja Madrid por ser "abusivas" para el consumidor, según la sentencia dictada el pasado 16 de diciembre de 2009.

La Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional anula así trece de las diecisiete cláusulas impugnadas por ser, además de "abusivas", "desproporcionadas" o "confusas", al estimar parcialmente el recurso de casación presentado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra una sentencia dictada en mayo de 2005 por la Audiencia Provincial de Madrid.

Entre las cláusulas anuladas, el Supremo rechaza la que estipula que el propietario de una tarjeta de crédito o de débito es el único responsable de las pérdidas sufridas por su uso fraudulento antes de comunicar su pérdida o robo a la entidad financiera.

"Las cláusulas que eximen de total responsabilidad a la entidad bancaria de manera indiscriminada y sin matización o modulación alguna son abusivas", concluye la sentencia, que considera que "son harto frecuentes los casos en que la diligencia de las entidades advirtió utilizaciones indebidas".

En este sentido, el Supremo considera también abusivas las cláusulas que eximen a las entidades financieras de cualquier responsabilidad en caso de que alguien sustraiga al cliente su PIN o contraseña de la tarjeta por "coacción" o "fuerza mayor".

Además, el tribunal concluye que las entidades financieras deben responsabilizarse de la falsificación y cobro de los cheques, así como del posible mal funcionamiento de los cajeros.

Derecho a refinanciar las hipotecas

El Supremo reconoce el derecho del cliente hipotecado a hacer uso de un plazo para tratar de refinanciar la deuda, en caso de dificultades de pago, y anula la cláusula que otorga a los bancos "una facultad discrecional de resolución del contrato por vencimiento anticipado desproporcionada".

En este sentido, el tribunal rechaza la capacidad de los bancos para aplicar vencimientos anticipados de los créditos cuando haya "un embargo de bienes" o "disminuya la solvencia del cliente por cualquier causa". Los bancos podían ejecutar esta cláusula con el impago de sólo una cuota.

El tribunal también anula la posibilidad del banco de rescindir un contrato de préstamo hipotecario por cualquier causa, así como la cláusula que estipula que la entidad financiera puede hacer vencer una hipoteca cuando se deniegue la inscripción de la escritura, aunque la negativa sea culpa de la entidad.

Además, el tribunal anula también de los contratos hipotecarios la obligación que asume el cliente, en caso de impago, de pagar las costas procesales, además de la devolución íntegra del crédito. También se anulan las prohibiciones de vender o enajenar las viviendas hipotecadas y la obligación de comunicar la cesión del préstamo a terceros.

La OCU calificó la sentencia de "éxito judicial" y destacó que, al ser firme, su fallo "se extiende a cualesquiera entidad bancaria o financiera que oferte en sus contratos alguna de las cláusulas declaradas nulas", según explicó la asociación en un comunicado.

En enero de 2003, la OCU demandó a BBVA, Bankinter, Banco Santander y Caja Madrid por introducir estas cláusulas abusivas en los contratos de préstamo y pidió su nulidad "absoluta", así como la prohibición para volver a utilizarlas.

En septiembre de 2003, el Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid estimó parcialmente la demanda y declaró el carácter abusivo de las cláusulas.

El ponente de la sentencia fue Jesús Corbal Fernández y el tribunal estuvo formado por los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos, Xavier O'Callaghan Muñoz, Jesús Corbal Fernández, José Ramón Ferrándiz Gabriel y Antonio Salas Carceller.

Más de 2.000 funcionarios se pasan a la política

Los funcionarios se han convertido en la principal cantera de los partidos. Tienen garantizada la vuelta a su anterior empleo y en mejores condiciones laborales y económicas. Durante el ejercicio de la actividad política cobran la antigüedad del cargo que ocupaban en la Administración.

En concreto, reciben entre 400 y 600 euros al mes. La conservación de la antigüedad es un privilegio exclusivo de los funcionarios. Los cargos políticos que proceden del sector privado no tienen estas ventajas, que el Gobierno no revisará en el anunciado plan de austeridad del gasto.

Según datos oficiales, a finales de 2009 había exactamente 2.092 funcionarios de la Administración General del Estado (Administración central) en situación de servicios especiales, es decir, dedicados a la política. En realidad, se trata de una modalidad de excedencia que el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 ha cambiado la denominación por la de servicios especiales.

Y aunque ningún funcionario puede cobrar dos salarios de la Administración Pública, las normas permiten a este grupo cobrar la antigüedad adquirida en el desempeño de su anterior puesto administrativo.

Por ejemplo, Juan Luis Rascón, el único parlamentario (de los 700 que hay) que informa en su blog de todos sus ingresos, señala que percibe «14 abonos al año del ministerio de Justicia de 414,85 euros cada uno en concepto de remuneración por los trienios trabajados para la Administración de Justicia desde 1987 a 2004», año en que entró en las listas del PSOE en las elecciones y en que obtuvo un escaño en el Congreso.

En esta misma situación han estado algunos políticos como por ejemplo el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, o el ex vicepresidente económico, Pedro Solbes, que acumuló más de 30 años de vida administrativa. En la actualidad, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también cobra este complemento. Está vinculada a la Administración desde 1974 (en el Cuerpo de Secretarios Jurídicos Laborales) y en 1990 accedió a la categoría de magistrado por el denominado cuarto turno.También pertenece a este grupo el actual portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, que ingresó en la carrera judicial en 1985. Su homóloga en el PP, la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría también es excedente especial de la Administración, ya que es abogada del Estado desde 1999.

También cobra antigüedad la secretaria general del PP y senadora María Dolores de Cospedal. En su declaración de actividades menciona que percibe los correspondientes trienios como abogado del Estado (accedió a este cuerpo en 1991) y, por otra parte, también cita que percibe ingresos por las Cortes de Castilla-La Mancha (es senadora por esta comunidad). Se trata de indemnizaciones por razón de servicios (dietas).

CSI-F CONTINÚA TRABAJANDO POR EL ADELANTO DE LA JUBILACIÓN EN LA POLICÍA LOCAL Y AUTONÓMICAS

Tras ser rechazada de plano la medida de ampliación de la edad de jubilación que pretende llevar a cabo el gobierno socialista sin la más mínima justificación que pueda avalarlo, hoy, 03 de febrero, ha tenido lugar otra de las reuniones periódicas de la Comisión de Trabajo Intersindical, integrada por el Vicepresidente Nacional de Admón. Local de CSI-F Rafael Ruiz Canto y los responsables de Policía de FSC-CC.OO y de FSP-UGT.

En la misma se han dado pasos importantes por parte de las tres organizaciones ante la arbitraria actuación llevada a cabo recientemente por parte del Gobierno de la nación, el cual, por intereses puramente partidistas, ha adecuado durante la negociación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados las normas oportunas para facilitar el adelanto de la edad de jubilación para la Policía Autónoma Vasca pero discriminando al resto de colectivos policiales.

Las tres organizaciones sindicales no podemos entender cómo no se usa el mismo rasero para todos a la hora de establecer la edad de jubilación, dado que paralelamente a la explicación del Presidente del Gobierno de tener que ampliar la edad de jubilación a los 67 años, a un pequeño grupo de entre un importantísimo colectivo de trabajadores sí se les permite adelantar dicha jubilación a los 60.

Según esto, en los próximos días se incrementarán los esfuerzos de negociación en el seno de las Cámaras Parlamentarias y en de la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), del mismo que se venía haciendo hasta ahora pero con una mayor rigidez por parte de las tres Organizaciones Sindicales en las exigencias a la hora de pedir un trato igualitario para todos los colectivos policiales.

Asimismo, se exigirá un mayor incremento del nivel de negociación con la Secretaría de Estado de Seguridad Social, a la que se le exigirán plazos inmediatos.

Como no puede ser de otra manera, seguiremos informando

A mí qué me dices

En este país nadie tiene responsabilidades personales. El problema siempre es culpa de otro. Da igual que se trate de ciudadanos frente a la Administración, de una Administración con respecto a otras, o de los empleados de la propia Administración con respecto a esa misma Administración. Es indiferente a qué nivel hablemos. Una señora que ha pasado mil veces por el mismo sitio, tropezará con un levísimo rebaje de un centímetro de una alcantarilla, se dislocará un tobillo y demostrará que estaba mal puesta y el Ayuntamiento deberá pagar una jugosa indemnización a la susodicha que, lejos de asumir al menos en parte su torpeza, acusará con el dedo en forma de cañón pistolero al Ayuntamiento por su impresentable e intolerable desidia. Ya se sabe, responsabilidad objetiva. A pagar.

El problema de la asunción personal individual de responsabilidad es sin duda uno de los factores de la escasísima productividad hispana y de nuestro flagrante fracaso económico, aunque es un tema del que no se suele hablar apenas. En realidad (dicho sea generalizando mucho) el individuo no siente que forma parte de un colectivo, una comunidad o una organización, se siente como un factor anónimo y productivo que es explotado y por lo tanto, emplea mecanismos de defensa en forma de eso que coloquialmente llamamos escaqueo. Un amigo decía en broma “hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan”. Y tampoco es que exista una grave sanción social hacia el espabilao, a veces hasta se le aplaude, porque demuestra que es muy listo. Al fin y al cabo en las Administraciones cuando alguien echa continuamente las culpas a otro de sus errores, abusa de las bajas, pasa de sus tareas, se enfrenta a compañeros o vecinos, crea mal ambiente o hace las cosas mal, o directamente no las hace, no pasa nada o no suele pasar nada. Un informe leído esta semana señalaba que España posee un índice de productividad de los más bajos de Europa. No sé cómo se mide ese parámetro macroeconómico, pero la conclusión era que empleamos un montón de horas para nada con un resultado –en eficiencia- obviamente penoso. Porque si algo no sale o sale mal es seguramente porque alguien se ha escaqueado o si se ha hecho y no se ha hecho bien, porque hay alguien ajeno que no ha hecho lo que debía. En la mili (en los tiempos de la leva obligatoria) había una técnica muy reconocida que era pasar lo más desapercibido posible como mejor modo de lograr un mejor escaqueo; y, por supuesto, nunca presentarse voluntario para nada: si uno se hacía el simpático, le caía el marrón con toda seguridad.

Es frecuente oír en el entorno laboral expresiones como a mí que me dices o yo no sé nada o incluso, socarrona y jocosamente, lo que se decía en la burocracia franquista, eso no es de mi negociado. Un empleado municipal decía el otro día, ante un problema que había surgido en la calle algo así como vaya lío os va a montar fulanito, como si la cosa no fuese con él. Hablaba en segunda persona del plural diciendo “os” en vez de “nos”. Es frecuente también que se llame a un Departamento específico de la Comunidad Autónoma en verano y que la persona que coja el teléfono (si es que tienes suerte) te diga que lo siente, que ese tema lo lleva su compañero/a y que está de vacaciones, que llame dentro de quince días que quizás esté ya. Mensaje: se siente, no es mi problema. Está claro que es necesario que se produzcan cambios en política macroeconómica, cambios como contención de salarios, reducción de gastos públicos y de impuestos, favorecimiento de trabas administrativas a la creación de empresas, etc. Esto se reclama desde muchos foros. Pero es total y absolutamente necesario también que se produzca un radical cambio de mentalidad laboral hacia una cultura del compromiso y de la responsabilidad. Debe promoverse, cada uno desde su propio interior y como problema propio, la parte de responsabilidad en el todo colectivo que es el país, porque todo influye en todo. Simplificando mucho, para los japoneses los problemas de la organización son problemas propios, la empresa es “su empresa”, patrimonializan su tarea.

Es tiempo pues no sólo de reclamar cambios políticos profundos, sino de que cambiemos un poco todos. Y podríamos empezar por emplear técnicas conductuales para la modificación de hábitos. Los psicólogos utilizan estas técnicas para resolver, por ejemplo, problemas de agorafobia. Si uno pontifica con expresiones como “la gente no se preocupa” está echando balones fuera. Pero si dice “la gente no nos preocupamos” esta, implícitamente aceptando una reflexión de (como diría Felipe González) aceptar su cuota-parte de responsabilidad en el problema. Y quizás así, con pequeñas acciones individuales, se puede obtener poco a poco un gran cambio colectivo. Porque no esperemos que toda solución a los problemas venga de fuera. En gran parte, somos dueños de nuestro destino. Ya sé que es muy socorrido y manido, pero digamos con John Kennedy aquello de “no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu país.” Concluyendo, soy francamente pesimista. Para cambiar hábitos hace falta muchísimo tiempo y éstos se cambian además mediante una decisión personal. Consciente al principio, estableciendo un sistema propio de autodisciplina, hasta que el comportamiento queda internalizado. Por eso es importante que se pueda ir abriendo un debate sobre el tema y que todos los agentes sociales tengan en cuenta éste como uno de los factores importantes para una mejora sustancial de la situación económica del país.

La Hora de la Responsabilidad

No se trataba tan sólo de la burbuja inmobiliaria. Ni siquiera del tsunami financiero internacional, que tantas economías y haciendas devastara. No. Nuestro problema era aún más grave, y se encontraba oculto en lo profundo de nuestras entrañas. Otros países con un peso de la construcción similar al nuestro o tan dependientes de la financiación han sufrido mucho, pero comienzan a salir. Nosotros hemos padecido por igual, pero hemos creado el doble de desempleo y presentimos que aún nos queda mucho dolor por delante. Otros ya tiran y nosotros seguimos hundiéndonos… ¿por qué? No nos vale la respuesta fácil de responsabilizar en exclusiva a la especulación de constructores y financieros. Desgraciadamente, el problema es todavía más profundo. Otros la sufrieron en mayor grado y comienzan a recuperarse.

Tampoco podemos cebarnos en exclusiva en la actuación del gobierno. Es cierto que está resultando del todo deplorable, pero si nos creemos que toda la culpa la tiene Zapatero y su mediocre equipo volveremos a equivocarnos. Hemos tenido mala suerte con los gobernantes del momento: su pésima gestión nos resta crédito internacional y ceba la desconfianza interna. Pero el resto de los partidos tampoco están a la altura de las excepcionales circunstancias por la que atravesamos. Asistimos atónitos a una dinámica suicida de nuestro sistema político, ensimismado en egoístas cálculos electorales y alejado por completo del sufrimiento popular.

Por supuesto que las burbujas financieras e inmobiliarias, que la mala gestión del gobierno y que una desconcertante dinámica política son en gran parte culpables del marrón que nos comemos, pero las responsabilidades van mucho más allá. Comienzan y terminan en cada uno de nosotros. Todos hemos sido cómplices necesarios en la orgía de la deuda y el consumo, nos hemos relajado en nuestra productividad, nos hemos alejado de conceptos como esfuerzo, sacrificio, excelencia, austeridad y superación tanto en nuestro sistema educativo como en nuestra propia vida profesional y empresarial. Nos quejamos de la falta de confianza, cuando en verdad deberíamos decir de responsabilidad. Sin responsabilidad individual, colectiva y pública, no se podrá generar la confianza que precisamos para remontar.

La próxima marejada será la municipal, y tendremos que plantearnos la cuestión de la responsabilidad. Muchos de nuestros ayuntamientos están en la quiebra. Piensan que Papá-Estado vendrá a salvarlos, pero se equivocan. Tendrán antes que hacer la tarea en casa, y conocerán del padecimiento y del crujir de dientes. ¿Han sido responsables los alcaldes? ¿Han ajustado sus plantillas según un criterio profesional, convocando oposiciones justas o han engrosado su nómina con fieles y simpatizantes de dudosa capacitación? ¿Han sido responsables los sindicatos locales? ¿Son exigentes en productividad y eficiencia o encubren hábitos relajados y alejados del espíritu del servicio público? ¿Se tiene en cuenta el interés colectivo a la hora de negociar los convenios? ¿Están los sueldos en consonancia con las horas efectivamente trabajadas? Podríamos continuar con las interrogaciones. Unos habrán hecho bien las tareas y otros muchos no. La realidad y el vecindario los juzgará según se merecen, pero convendremos que el listón de responsabilidad ha estado muy bajo. Ni nos la exigíamos a nosotros, ni mucho menos a los demás. Así nos ha ido.

Hasta aquí hemos llegado. Llega la hora de comenzar a cambiar España S.A. y debemos comenzar por nosotros mismos. Somos los principales responsables. Una vez que lo consigamos tendremos fuerza moral para exigirle responsabilidad a los demás.

Saldremos refortalecidos de esta. Existe un vigoroso latido vital bajo esta España que sufre y padece. Encontraremos la manera de canalizar la energía que irresponsablemente dispersamos. Desgraciadamente, todavía tendremos que sufrir mucho hasta aceptar, con todas sus consecuencias, que el futuro se conjuga en clave de una responsabilidad que comienza por nosotros mimos.

Contratación pública: La Ley de Economía Sostenible

Aprovechando que el Tajo pasa por Murcia, o también por Almería y Barcelona según se tercie, el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, viene a introducir en su Disposición Final Decimonovena, una modificación de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, que afecta nada más y nada menos que a 37 artículos. Y no sólo suponen la reforma de preceptos ya existentes, sino la introducción de nuevos preceptos. Si atendemos que objeto del meritado proyecto es la introducción en el ordenamiento jurídico de las reformas estructurales necesarias para crear las condiciones que favorezcan el desarrollo de una economía sostenible (art.1), resulta que todavía no se en que medida afecta ello a la normativa contractual del Sector Público, salvo que se trampee con las palabras, y que bajo grandes palabras de reforma económica, se pretendan corregir, los errores de una Ley, que cuando nació ya incumplía la Directiva 2004/18 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros y servicios. Y hago aquí, especial hincapié en el caso de la modificación de los contratos, ratio oculta de la reforma.

No voy a detenerme en comentar las reformas introducidas en el contrato de colaboración del sector público y el sector privado, ya que por razones evidentes tienen un interés practico a los efectos locales bastante reducido.

Como novedad, el establece una nueva regulación del Art.135 de la LCSP, en el plazo existente para la elevación a definitiva de la adjudicación provisional desde la publicación en el Boletín correspondiente o en Perfil del Contratante (quien tenga instrumento de certificado de tiempo que lance la primera piedra). Ahora sólo los contratos que admiten recurso especial del Art.37 (principalmente los SARA), tienen un plazo de 15 días hábiles; para el resto se reduce a 10 días. Pero, aquí, el legislador ha obviado que el Art.96.2.b regula el procedimiento de urgencia que suponía la reducción del plazo a 10 días; a partir de ahora, la reducción sólo afectará a los citados en primer lugar y no al resto, pues su plazo ya es de diez días. Error, quizá.

Se aumenta el porcentaje de subcontratación obligatorio (210.7), que alcanza el 50 %, “con el objetivo de fomentar la participación de pymes en la contratación pública”, norma que será absolutamente inaplicada de manera generalizada. No cabe duda, que la referencia esta prevista en casi todos los pliegos, desde Cores hasta Águilas, y otra cosa es que exista materialmente tiempo y recursos personales para aplicar la presente en la Administración Local. Que existen subcontratas, es evidente. Que incumplen la Ley de Contratos, pues de manera sistemática el contratista no la comunica a la Administración, es una realidad.

Pero, el mayor grupo de preceptos son aquellos que afectan a las modificaciones de contratos, así el nuevo Titulo V del Libro I, que introduce cuatro nuevos preceptos (del 92.bis al 92.quinquies), se reforma el 216 (obras a tanto alzado), el 217 (modificación del contrato de obras9, el 226 (modificación del proyecto), el 233 (modificación obra pública), el 272 (contrato de suministro). Ahora se fijan dos tipos de modificaciones:

Por un lado, las modificaciones previstas en la documentación que rige la contratación, así cabe la modificación cuando en el pliego o el anuncio se advierta tal posibilidad, regulando los mismos de forma clara y detallada, las condiciones de uso, su alcance, límites con expresa indicación del porcentaje máximo que pueden alcanzar, y el procedimiento que hay que seguir

Por otro, las modificaciones no previstas en la documentación, que sólo son posibles si concurre alguna de las causas tasadas del nuevo art.92.quarter.1; a su vez, estas modificaciones en ningún caso, podrán alterar en más o menos el 20 % del precio de adjudicación. Si atendemos, a las causas tasadas, no habrá inconveniente para que de una manera sistemática se acuda a ellas, con una breve justificación técnica. Nihil novum sub sole.

En el caso, que el proyecto o las especificaciones técnicas hayan sido redactados por un tercero, vía contrato de servicios, se establece, un trámite de audiencia al mismo, para que formule las consideraciones que estime pertinentes.

El nuevo Art.195, establece que será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, en las modificaciones del contrato, cuando se formule oposición del contratista y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior al 10% del precio primitivo del contrato. Si la anterior normativa exigía, dicho informe en toda modificación superior al 20 % hubiese o no oposición del contratista, dicho precepto se altera, y sólo se exige el mismo si existe oposición, lo cual va a resulta harto difícil, pues todo modificado es un manjar suculento para el contratista. Así nos encontraremos, que si el Pliego ha establecido la posibilidad y forma de modificar el contrato hasta el 50% del precio de adjudicación, ello se podrá hacer sin ningún tipo de límite si existe la connivencia del empresario. Si antes la preceptiva intervención del Consejo de Estado u órgano análogo, era un limite real (sólo pensar que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, tarda un año en emitir dictamen ya asusta), ahora este se suprime.

Grosso modo, estas son las reformas, pero por último, también me gustaría advertir que el Art.37 del Anteproyecto de Ley, y dentro de lo que podríamos llamar el proceso de reforma de las Haciendas Locales, a fin de garantizar su pervivencia, establece que el incumplimiento de la obligación de remitir la liquidación del presupuesto en los términos del Art.193.5 de la Ley de Haciendas Locales, implicará que la Dirección General de Coordinación Financiera a partir de Septiembre, procederá a retener la participación del ente local infractor en los tributos del Estado, salvo que acrediten razonadamente la imposibilidad material de dar cumplimiento a dicha obligación.

Manifestacion de los Compañeros denunciados por IU

Manifestación por las calles de Alhaurín de la Torre para protestar por la “utilización política de los puestos de trabajo” Los afectados por el proceso judicial interpuesto por la ex portavoz de Izquierda Unida se quejan de la “indefinición” de la asamblea local del partido.

Un centenar de personas -entre trabajadores afectados por la denuncia de las bases de la convocatoria por la cual obtuvieron sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, compañeros, funcionarios y familiares-, se han manifestado esta mañana por el centro del municipio, acompañados por los representantes sindicales de CSI-CSIF y FSP-UGT de este Ayuntamiento. Los empleados protestan de esta forma, nuevamente, por la “utilización política de nuestros puestos de trabajo”, según los dirigentes sindicales.

Los afectados han vuelto a exhibir pancartas reivindicativas y, en concreto, centran sus protestas en la “indefinición” que demuestra Izquierda Unida, promotora de la denuncia a través de su ex portavoz, Mercedes Ávila, sobre la “prometida y nunca cumplida retirada del proceso”. La marcha estaba encabezada por los representantes sindicales, que portaban una gran pancarta en la que se podía leer “Los trabajadores en defensa de su puesto de trabajo”. Además, se han mostrado carteles con lemas como “IU Miente” o “No somos marionetas de los políticos”. La manifestación pacífica ha partido de la plaza de la Juventud y después ha recorrido varias calles del centro, con breves paradas en la plaza de San Sebastián y frente a la sede de IU en la avenida de España, donde se han depositado algunas octavillas. Con esta protesta, la cuarta en los últimos dos meses y la primera que recorre las calles de la localidad, han querido denunciar la situación de incertidumbre en que se encuentran, exponiendo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía les ha mentido reiteradamente, con la promesa de una retirada de dicha denuncia. Los empleados denuncian la indefinición de la actual dirección de IU en Alhaurín de la Torre, una vez que Mercedes Ávila ya no forma parte del grupo municipal.

*nota aclaratoria: La concentración de esta mañana contaba con la necesaria autorización de la Subdelegación del Gobierno en Málaga y se ha llevado a cabo dentro de las horas sindicales a las que tienen derecho los empleados municipales. Todas las reuniones y asistencias a plenos se realizan por convocatoria de los sindicatos, tal como permite el convenio colectivo.

Secciones sindicales CSI-CSIF y FSP-UGT del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Andalucía.- Funcionarios denuncian que la Junta altera los aprobados en oposiciones

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) ha vuelto a denunciar ante la Consejería de Justicia y Administración Pública los resultados de otra convocatoria de la Oferta de Empleo Público de 2009. Y van 14 desde el pasado 23 de diciembre. Sobre el último recurso, el que afecta al cuerpo C, 2.1000 de auxiliares administrativos por la vía de acceso libre -el más nutrido- han recibido multitud de quejas de aspirantes. Según pudo conocer este sindicato, la lista definitiva de opositores fue de 24.144, de los que se presentaron 14.460 y aprobaron 3.667, "pero la comisión de selección cambió la nota de corte y al final aprobaron 742".

El Safja denunció ayer que la Junta "cambia a su antojo" la nota de corte y perjudica a miles de opositores, que ven frustradas sus esperanzas de una plaza o entrar en una hipotética bolsa de interinos. El sindicato tiene datos sobre el concurso-oposición de este cuerpo, pero sospecha que la modificación ha afectado a otros tantos de acceso libre como de promoción interna. La curiosidad, exponen fuentes de este sindicato, es que la modificación de las notas de corte se produce a veces a la baja, otras veces a la alta, sin que éstos encuentren razón explicable para esta "ilógica y polémica actuación", exponen.

La base por la que el Safja califica de "ilegal" la práctica de la comisión de cambiar la nota de corte consiste en que la orden señala que dicha modificación debe efectuarse con anterioridad a la identificación de los participantes. Pero, según apuntan desde el sindicato, "la comisión pública da la lista de aprobados el mismo día en que se comunica el acuerdo de modificación de la plantilla y de la nota de corte, es decir, cuando ya se conoce quiénes son los participantes en las convocatorias". No lo dice, pero sugiere que puede haber influencias posteriores para la selección de los aprobados.

El Safja señaló que "la actuación de estas comisiones de selección de las pruebas selectivas está siendo contraria a derecho y completamente ilegal, frustrando las expectativas de los aspirantes de las convocatorias, ya que necesariamente y de forma injusta ven disminuida sus puntuaciones, haciendo difícil la superación de las pruebas". Tras el concurso, viene la fase de méritos. Por todo ello, el Safja exigió a la Administración "que respete la OEP y que no se modifiquen las notas de corte de las distintas convocatorias, mediante acuerdos contrarios a derecho". "Esta arbitraria e ilegal modificación causa un grave perjuicio a los funcionarios en su carrera administrativa y a los miles de aspirantes que gastan su tiempo y su dinero para acceder a la Administración General de la Junta", concluyó.

Esta crítica viene a sumarse a la que tienen abierta otros sindicatos -CSIF, CCOO y UGT- por la propuesta de empleo público de 2010 que consideran "excesivamente corta y ridícula" y por la que amenazaron el miércoles con jornadas de huelga de no ampliarse.

Administración Pública afirma que "todo es legal"

El director del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), José Antonio Soriano, manifestó ayer en declaraciones a esta redacción que las afirmaciones del Safja son "falsas" y que "no se ha cambiado nota de corte alguna después de haberse publicado una anterior". "Es todo perfectamente legal e igual a como se hace en todas las demás comunidades y el Estado", afirmó Soriano. El director del IAAP explicó que, dependiendo del tipo de oposición, se "bascula" con la nota de corte hacia un lado u otro para "ajustar" los aprobados al número de plazas. En el caso referido por el Safja de auxiliares administrativos de acceso libre, el número de plazas es 75 y se estableció un nivel que al final dejó a 742. En otros casos, recordó, hubo que bajar la nota de corte para que no quedasen plazas vacantes. Soriano negó que el acuerdo de la comisión se produzca con posterioridad a la identificación de los aspirantes.

Salud. El 62% de las embarazadas cree exponerse a menudo a riesgos en su trabajo

"Las mujeres embarazadas y las que se encuentran en el periodo de lactancia son especialmente sensibles a la exposición a riesgos laborales". Esta es la principal conclusión de un trabajo publicado en el último número de la revista 'Gaceta Sanitaria'. Según ha explicado Carmen González, autora principal del trabajo e investigadora del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia, "determinados contaminantes laborales y condiciones de trabajo implican consecuencias negativas para el embarazo y el desarrollo del feto". Las conclusiones de su investigación definen el perfil de las más afectadas. Generalmente, las mujeres más jóvenes, con nivel educativo bajo, no españolas, con contratos temporales o que trabajan por cuenta propia declaran con mayor frecuencia estar expuestas a riesgos laborales. Riesgos El trabajo ha puesto de manifiesto que más de la mitad de las mujeres (el 56%) trabaja de pie o levanta cargas pesadas con frecuencia durante el embarazo en el ejercicio de su trabajo remunerado. Además, el 63% declara estar expuesta a estrés de origen laboral y el 62% a algún riesgo físico con frecuencia: ruido, temperaturas o humedades extremas, vibraciones, radiaciones y campos electromagnéticos (pantallas de visualización de datos). Por otro lado, casi una cuarta parte de las mujeres (el 22%) señala la exposición a algún agente químico, sobre todo productos de limpieza, y un 6% a riesgos biológicos, como en trabajos relacionados con el cuidado de personas. "Esta investigación puede ser útil para la planificación y priorización de las acciones preventivas necesarias para proteger la salud reproductiva de las mujeres trabajadoras embarazadas", sostiene González. Según los datos de su investigación, hasta el momento no se dispone de información rigurosa sobre exposición a riesgos laborales en mujeres embarazadas en España ya que la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, fuente de referencia de la exposición a riesgos laborales, no incluye información sobre situación de embarazo en las mujeres."Aunque la normativa española regula la protección de las mujeres en situación de embarazo o lactancia en su puesto de trabajo (Ley 31/1995 y Ley Orgánica 3/2007), las conclusiones de este trabajo indican una deficiente implementación de la normativa en España", concluye la investigadora valenciana.

CSIF rechaza retrasar la edad de jubilación a los 67 años

Desde CSI.F rechazamos, con la mayor rotundidad, la propuesta del Gobierno de retrasar la edad de jubilación a los 67 años por ser una medida unilateral, arbitraria, injusta e ineficaz. Unilateral por cuanto el Gobierno está actuando al margen y obviando los foros establecidos para analizar, proponer, y debatir todo lo relativo a las pensiones; el marco del Pacto de Toledo para todos los trabajadores en general y el Foro para el Diálogo Social para los empleados públicos.

Arbitraria e injusta dado que el retraso en la edad que se propone es de carácter general y forzoso sin tener en cuenta el tipo de trabajo y profesión, sin considerar la situación personal y condiciones, no todos tienen las mismas a esa edad, y olvidando una vez más los años cotizados y la voluntad de cada trabajador.

Ineficaz porque pretendiendo aumentar el número de cotizantes y así pretender asegurar las pensiones del futuro el efecto será el contrario. La prolongación obligatoria de la jubilación limitará la entrada al mundo del trabajo de los más jóvenes, hoy con un paro juvenil superior al 40%, y generará graves tensiones en el mercado laboral. El puesto del que se jubila puede ser ocupado por un nuevo trabajador, si no hay jubilación nadie vendrá a ocupar su puesto. Y ello sin hablar de los efectos sobre la productividad y las expectativas personales de una vida digna.

Es hora de abordar seriamente y con todo el rigor la problemática global de la jubilación. Ante medidas tan graves como ésta se hace imprescindible hablar de las jubilaciones anticipadas, tan escandalosas en algunos casos, a los 50 años o menos, con cargo al erario público. Estudiar y analizar otras fórmulas y medidas que sean ciertamente eficaces.

Desde CSI.F proponemos frente a la jubilación forzosa, injusta e igual para todos, una jubilación flexible y voluntaria, que de acuerdo con la edad, teniendo en cuenta el tiempo cotizado, cada trabajador pueda decidir el momento de jubilarse y acceder a la pensión que en justicia le corresponda, sin topes máximos ni penalizaciones.

Creemos que es considerar medidas tendentes a reducir la jornada laboral según la edad del trabajador, y en atención al trabajo y profesión, aplicadas de forma progresiva y negociada. Así sí incentivará el retraso de la edad de jubilación.

Y otras fórmulas como la jubilación parcial y voluntaria, que permitan que el trabajador pueda seguir en activo de forma voluntaria más tiempo sin impedir por ello que otros, más jóvenes se incorporen al trabajo.

CSI.F, Sindicato independiente y siempre negociador y dialogante estamos dispuestos a que se pongan sobre la mesa del diálogo y la negociación todas estas cuestiones y otras que se consideren, con el ánimo y la voluntad sincera de llegar a acuerdos y consensos tan necesarios en estos tiempos de crisis. Pero no vamos a aceptar medidas como ésta que además de no solucionar el problema más bien lo agrava.

Mejor trato fiscal por los ERE a partir de marzo de 2010

Se aprueba en el Senado por mayoría una resolución que iguala la fiscalidad de todas las indemnizaciones por despido. El Senado ha aprobado por mayoría una medida para mejorar la tributación de las indemnizaciones por despidos mediante ERE a partir del 6 de marzo. Según esta medida, los trabajadores despedidos con este procedimiento no tendrán que declarar a hacienda la indemnización recibida, siempre que esta no sobrepase el límite de 45 días por año trabajado. De esta manera se iguala la fiscalidad de todas las indemnizaciones.

Administración, plusvalías urbanísticas y contratación... Analogía quijotesca

Un maestro de urbanistas, Javier García Bellido, afirmó hace ya veinte años que la segunda gran reforma de la Ley del Suelo de 1956 fue a la filosofía del ensanche lo que el Quijote a las novelas de caballerías. Fue una analogía curiosa, en parte acertada, por lo que de punto final supuso aquella reforma, en parte errónea, porque las bondades de la histórica novela de Cervantes difícilmente podían predicarse de la Ley de 1990, de técnica depurada pero alejada de la práctica y la capacidad real de la administración urbanística de la época (y de la actual).

Hoy, una vez más, viene a mi mente esa analogía. Y es que las instituciones europeas no nos comprenden. En su insistente búsqueda de la competencia entre operadores económicos, que ha llevado a la aprobación de exigentes Directivas en materia de contratación pública, lo está devorando todo. No acierto todavía a pensar si así ocurre con buen o mal tino, ni los efectos de lo que parece por venir al urbanismo patrio de consolidarse algunas líneas jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión. Pero es lo cierto que la Comisión, cada vez con mayor rotundidad, parece pensar que el urbanismo, en tanto actividad dirigida por los poderes públicos que les permite obtener la titularidad de redes e infraestructuras, entre otras cosas, es ámbito de contratación pública. Sería hoy Europa, con sus normas de contratación, la que llevaría al límite las caballerías.

Como saben los seguidores de este blog pende ante el Tribunal de Justicia la demanda de la Comisión contra España en relación con la legislación urbanística valenciana de 2005. Existen precedentes muy notables, y conocidos, que no auguran nada bueno a las posiciones que defienden las instituciones españolas. Esos precedentes pueden agravarse si prosperan ante el Tribunal las Conclusiones presentadas el 17 de noviembre de 2009 por el Abogado General Paolo Mengozzi en el asunto C-451/08, relativo a una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal alemán. Aun cuando el origen de la cuestión litigiosa es la venta de un terreno por una administración pública a una persona privada “la especificidad del caso consiste en cambio en el hecho de que la administración pública ha decidido ceder el terreno al oferente que ha demostrado tener, en relación con dicho terreno, los proyectos de explotación y de construcción considerados más interesantes y meritorios por las autoridades municipales, titulares de las competencias en materia de ordenación urbanística del territorio”. Ante tal situación el órgano judicial se pregunta, en esencia, si han de aplicarse las normas reguladoras del contrato de concesión de obras públicas.

No voy a abordar en detalle todas y cada una de las consideraciones que realiza el Abogado General en relación con el asunto expuesto. No se trata de reproducir aquí sus argumentos y excedería con mucho el objeto de este comentario un análisis detallado de los mismos. Pero sí quiero apuntar algunas de las ideas que maneja con el propósito, que declaro, de invitar al lector a la búsqueda y lectura, valga la redundancia, de la propuesta del jurista al Tribunal. El punto de partida argumental que proporciona el Tribunal alemán que plantea las cuestiones es simple: A su juicio al caso de autos debe aplicársele la normativa en materia de concesión de obras públicas, “puesto que la administración pública se limita a permitir a la persona que pretende realizar tales obras de construcción beneficiarse plenamente conforme a las normas del derecho de propiedad, de los resultados de su actividad de construcción”. Para la Comisión la “preocupación principal es la de que algunas personas pueden adquirir una posición de ventaja sin haber estado colocados antes en una situación de paridad respecto a otras personas potencialmente interesadas en adquirir tal posición. En casos como el aquí examinado, la posición de ventaja estaría constituida por el incremento del valor de un terreno derivado del hecho de que sobre él la administración pública permite la realización de algunas actividades de construcción”. Tal posición significa, a juicio del abogado General, que para la Comisión “todo aumento de valor de un bien inmueble, cuando pueda derivarse de una actividad de los poderes públicos, debería estar sujeto a las disposiciones de la Directiva”, lo cual comporta “el riesgo de tener que aceptar el supuesto, aunque resulte absurdo, de una sujeción a las normas de la Directiva de todas las actividades de ordenación urbanística: en efecto, por definición, los procedimientos que regulan las posibilidades de realizar obras de construcción modifican de forma sustancial el valor de los terrenos sobre los que se realizan”.

Aun cuando lo anterior pudiera resultar suficiente para captar la atención del lector, no me resisto a alguna cita adicional. Y es que, advertidos por el Abogado General los excesos que pudieran derivarse de la afirmación maximalista de la posición de la Comisión, que rechaza, defiende en cambio una interpretación “funcional” del ámbito de la Directiva corregida por la necesaria existencia de “un sólido vínculo directo entre la administración pública y los trabajos o las obras que deban realizarse. Tal vínculo se deriva, por regla general, del hecho de que los trabajos o las obras se realizan a raíz de una iniciativa de la administración pública”. Pero no queda ahí. El Abogado General perfila el concepto que apunta de “vínculo directo” para concluir que “este vínculo directo puede consistir, en particular, en que la obra esté destinada a ser adquirida por la administración pública, en que proporcione a ésta una ventaja económica directa, o incluso en que el poder adjudicador haya asumido la iniciativa de la realización o corra al menos con una parte de los costes de la misma”. Enlacemos esto con nuestro modelo urbanístico, con la atribución del derecho a urbanizador como consecuencia de la aprobación del planeamiento, los deberes de urbanización, equidistribución y cesión y, sobre tales bases, el escenario abierto resultará cuando menos incierto. Y es que de fuera vendrán...

Eso sí. Todavía no hay Sentencia en el asunto C-451/08. Aún.

Comunicado de Prensa Secciones Sindicales

Publicamos este comunicado conjunto de las secciones sindicales CSI-CSIF y FSP-UGT, como aclaración a las últimas manifestaciones realizadas por el grupo municipal de Izquierda Unida. Lo hacemos sin el ánimo de continuar una confrontación dialéctica en los medios, aunque sí con la obligación de decir la verdad ante las graves declaraciones publicadas.

Conviene ante todo comentar que el recurso interpuesto contra las bases aprobadas en Junta de Gobierno es un acto legítimo al que tiene derecho cualquier ciudadano y, por supuesto, cualquier grupo político. Lo que no entendemos tan legítimo y ético, y es lo que denunciamos públicamente, es el objetivo político que Izquierda Unida quiere conseguir con el recurso y el precio que pueden pagar muchos trabajadores y familias por ello. El fin no justifica los medios, y menos cuando “los medios” son la clase trabajadora. Esto a Izquierda Unida debería sonarle de algo.

A tenor de sus manifestaciones, nos sorprende que IU no conozca el motivo por el que decimos que mienten, ya que estos mismos motivos se lo expusimos personalmente, y sin embargo, continúan haciéndolo en cada declaración que realizan. A pesar de ello, tendrán tiempo de comprobar que no nos pesará nunca repetirlo las veces que haga falta y donde sea preciso. Izquierda Unida MIENTE.

Izquierda Unida miente cuando dice que han recurrido las bases porque no la consideran igualitarias a los aspirantes, porque la portavoz de Izquierda Unida (quien interpuso el recurso) nos dijo que tan solo era un trámite jurídico necesario para que prosperara el proceso penal contra el Alcalde.

Izquierda Unida miente cuando dice que no prometieron la retirada del contencioso-administrativo, porque la portavoz de Izquierda Unida (quien interpuso el recurso) nos dijo que una vez que el penal contra el Alcalde se iniciara, quitarían el contencioso para que los trabajadores no pudieran verse afectados.

¿No es eso una utilización política de los trabajadores?, no cabe la menor duda.

Por estas razones, y por numerosas reuniones mantenidas con Izquierda Unida en la que se nos anunciaba la inminente retirada del contencioso contra los trabajadores, retirada que nunca llega, decimos que Izquierda Unida MIENTE.

Izquierda Unida quiere seguir abierto a un diálogo que no existe. No existe porque, con cada declaración que realizan, tan solo consiguen crispar aun más a los afectados y sus familias, y desde luego, no conseguirán retrasar, con más mentiras, la expresión pública de lo que este grupo político está haciendo con la clase trabajadora.

No existirá el diálogo con Izquierda Unida mientras se utilice los puestos de trabajo como moneda de cambio, mientras se utilice a los trabajadores como estrategia política y mientras continúen mintiendo a la opinión pública y a tantas familias implicadas en este proceso.

LOS TRABAJADORES EN DEFENSA DE SUS PUESTOS DE TRABAJO

CSI·F exige que se considere accidente laboral lesiones por agresión a personal de Justicia, Enseñanza y Administración.

De esta forma, se considerarían accidentes laborales las agresiones que sufran los funcionarios de estos sectores en sus puestos de trabajo, según informó el sindicato en un comunicado. CSI·F consideró en un comunicado que es un "gravio comparativo" que los sanitarios "gocen de esta consideración cuando otros empleados públicos sufren también este tipo de situaciones desagradables". En este sentido, señaló que el decreto aprobado el pasado 5 de octubre por la Generalitat tras la demanda de CSI·F "reconoció la cobertura legal y médica para el personal sanitario víctima de agresiones". Por tanto, "el 100% de la medicación y tratamiento necesario derivado de esta situación será gratuito, así como el coste de los procedimientos jurídicos". Además, añadió que se realizará "un estudio de los casos y aplicación de medidas de preventivas". La central sindical consideró "absolutamente necesario" que se extienda lo aprobado en Sanidad a los funcionarios de otros sectores, entre los que se incluyen diferentes clases de técnicos, educadores y empleados del Servef. "Todos estos empleados que atienden al público deben gozar de la misma protección y mismos derechos y beneficios --como medicación gratuita-- que otros funcionarios agredidos, ya que en ocasiones se encuentran en las mismas situaciones", explicó CSI.F. Además, el sindicato ha solicitado que se cree una comisión de seguimiento en la que se estudie el índice de agresiones, medidas correctoras y demás cuestiones relacionadas con este tipo de circunstancias.

El Ejecutivo quiere recortar un 4% el gasto en funcionarios

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la aprobación del plan de austeridad de las Administraciones Públicas. "Afecta a todas las Administraciones, pero el Gobierno hace el gran esfuerzo", dijo Salgado. El Ejecutivo prevé una reducción en el gasto de los funcionarios del 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, un 4% menos en esta partida hasta 2013. El recorte afectará a las incorporaciones, los planes de pensiones y los salarios. El déficit público alcanzó el año pasado el 11,4% del PIB.
Las medidas de acción inmediata que se pondrán en marcha para cumplir con el Plan de Austeridad que hoy ha aprobado el Gobierno incluyen una reducción de la oferta de empleo público hasta el 10% de la tasa de reposición de efectivos. Esto quiere decir que de cada diez funcionarios que se jubilen, sólo se contratará a una nueva persona. Además, Salgado ha asegurado que no se contratarán nuevos interinos.

En total, el plan de austeridad que ha aprobado el Ejecutivo estima que el ahorro alcanzará casi 50.000 millones de euros, de los cuales casi 40.000 corresponderán al Estado central. Su aplicación será entre 2010 y 2013 y tiene como objetivo situar el déficirtpúblico ese año en el 3% del PIB, para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro.

Esta iniciativa se compone de un plan de acción inmediata (2010) para la Administración Central del Estado, así como otro a medio plazo para el periodo 2011-2013. Además, el Ejecutivo ha elaborado otro plan marco para el resto de las administraciones (comunidades autónomas y ayuntamientos).

Plan de acción inmediata

"Comportará una reducción del gasto presupuestado inicialmente para este año equivalente al 0,5% del PIB", dice el Gobierno. Los distintos departamentos ministeriales deberán proponer antes del 1 de marzo al Ministerio de Economía las partidas concretas a las afectará esta restricción.

2011-2013

Las principales actuaciones se centran en reducción de gastos de personal (-0,3% del PIB), gastos de funcionamiento (-0,2%),inversiones (-0,5%) y transferencias y otros gastos (-1,6%). La vicepresidenta primera aseguró que el Plan de Austeridad "no recorta ni pensiones ni prestaciones por desempleo" ni las partidas destinadas a dependencia y políticas sociales, y tampoco afecta a las inversiones en educación e I+D+i, "principal motor de la nueva economía sostenible".

CCAA: un 5,7% del PIB menos

La dieta que propone el Gobierno también afectará a las comunidades autónomas y los ayuntamiento. Según ha anunciado, próximamente someterá a la aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera un acuerdo marco con el objetivo de que el ajuste estructural del conjunto de las administraciones alcance el 5,7% del PIB. Si se aprueba, las comunidades autónomas tendrán tres meses para aprobar un plan de reestructuración del gasto público.

El déficit público se dispara

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas se disparó el año pasado hasta el 11,4% del PIB, frente al 9,5% que estimaban los Presupuestos Generales del Estado presentados en septiembre pasado y al 4,1% registrado en 2008. "Este deterioro ha sido consecuencia tanto del impacto de la crisis en las diferentes partidas de ingresos y gastos como de las medidas temporales implementadas por el Gobierno para moderar el retroceso de la demanda y apuntalar la confianza", indica el Ejecutivo.

Cuadro macroeconómico

El Ejecutivo también ha presentado sus previsiones macroeconómicas para el periodo 2009-2013. Para 2009, estima una caída del PIB del 3,6% y para 2010, un 0,3% menos. "A partir de 2011 se iniciará una fase de recuperación más sólida que se intensificará en 2012 y 2013, con incrementos del 1,8%, 2,9% y 3,1%, respectivamente", señala.

Abrumadora mayoría de los consumidores ha reducido sus gastos

No sólo las empresas y los gobiernos están reduciendo los costes: una abrumadora mayoría de los participantes en una encuesta global en la web de WageIndicator ha indicado que están gastando menos dinero.

Casi el 75 por ciento de los 10.000 participantes de los once países que se indican, dicen que redujeron sus gastos durante el año pasado, aunque hay ligeras diferencias entre los países.

La encuesta se llevó a cabo en la web durante el mes pasado.

Relativamente pocos en la encuesta Web eligió uno de los apartados de alto precio - vacaciones, coches o vivienda - como su principal forma de ahorrar dinero. Las vacaciones fueron elegidas por casi el diez por ciento de los participantes como una forma de reducir gastos, al mismo tiempo la vivienda (2 por ciento) y los automóviles (4 por ciento) contribuyó a la reducción de gastos de sólo una pequeña parte de los participantes.

También se notó el recorte en la alimentación, con cerca de seis por ciento, aunque en este apartado se reflejan las mayores variaciones. En Guatemala el 21 por ciento de los participantes dijeron que habían reducido los gastos en alimentos, seguida por Bielorusia (20%) y Colombia (18%).

Los Países Bajos se salen de la tendencia general de otros paises, ya que sólo el 62 por ciento de los participantes dijeron que habían reducido gastos. Colombia fue el país donde el porcentaje más alto de participantes (95%) dijeron que habían reducido gastos, seguido por México (94%). También el Reino Unido (83%), India (85%) y Sudáfrica (89%) obtuvieron una alta puntuación. El mensaje nivel global es preocupante: se han reducido en una amplia gama de productos y eso es malo para las economías locales.

Leyenda del gráfico:

On holidays: En vacaciones

On housing: En vivienda

On food: En aliminentación

On several expenses: En gastos diversos

On my car: En automóvil