El Ministerio de Educación presenta el nuevo portal de Formación Profesional a través de Internet

La secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, Eva Almunia, presentó ayer en Zaragoza el portal que permitirá realizar estudios de Formación Profesional a través de Internet. Este portal informa de las opciones existentes en todas las Comunidades Autónomas, orienta a los estudiantes potenciales y da acceso a una oferta formativa modular con matriculación en línea y estudios que tendrán la misma validez que los presenciales.

Ante los Directores y Directoras Generales de Formación Profesional de las 17 Comunidades Autónomas y otros miembros de la comunidad educativa, Almunia destacó la importancia de esta herramienta que permite impulsar el nuevo modelo de Formación Profesional y hacer realidad la necesaria flexibilización del acceso a estos estudios, cumpliendo así una de las medidas recogidas en la "hoja de ruta" de la Formación Profesional.

La nueva plataforma permitirá que todos aquellos que no disponen de un título de Formación Profesional puedan compaginar sus obligaciones laborales o personales con las actividades formativas necesarias para conseguirlo, mejorando con ello sus opciones en el mercado laboral.

La secretaria de Estado señaló que esta actuación se enmarca en la necesidad de impulsar un modelo alternativo de crecimiento económico basado en el conocimiento, fomentando la formación continua a lo largo de la vida, el trasvase de unas actividades profesionales a otras, y el aumento de la formación tras el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

El nuevo portal de acceso público permite a todos conocer en qué consiste la modalidad a distancia y cuál es la oferta en cada Comunidad Autónoma, ofrece orientaciones para quienes deseen cursar estos estudios, y da acceso a la plataforma virtual desde la que los interesados podrán realizar su formación una vez matriculados.

La plataforma presenta materiales interactivos, de fácil manejo, incorpora interesantes recursos en el desarrollo de su contenido y facilita un contacto permanente con el profesorado y con los compañeros.

El portal se ha puesto en funcionamiento a lo largo del curso 2009-2010 en el ámbito del Ministerio de Educación y en diversas Comunidades Autónomas, ofertando el Ciclo Formativo de Grado Medio en Emergencias Sanitarias y el Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil. La matrícula en Ceuta y Melilla en este primer año ha sido de 164 alumnos y alumnas en Educación Infantil y de 47 en Emergencias Sanitarias. De cara al próximo curso 2010-2011 se prevé una oferta mucho más amplia de ciclos formativos en esta modalidad.

Acceso al portal FP online: http://www.educacion.es/fponline

Acerca de los Convenios Municipales

Los agentes sociales negocian en silencio las reformas del mercado laboral que quieren presentar antes de que finalice el mes de abril. La estructura de la negociación colectiva es una de las cuestiones fundamentales que se abordan, ya que puede tener unas consecuencias más importantes que la tan cacareada rebaja de la indemnización por despido. Uno de los aspectos más reiterados por los analistas es la necesidad de descentralizar la negociación colectiva, esto es, acercar los convenios a la realidad de la empresa. Aunque como principio este postulado nos suena bien, encierra en su interior varios peligros que deben sopesarse antes de pontificar un sistema que puede tener sus contraindicaciones.

Los convenios municipales son un buen ejemplo de ello. Hablo desde el respeto a ese ámbito de negociación y desde el propio riesgo de generalizar. Pero creo que tenemos el deber de denunciar que en muchos ayuntamientos, algunos cuerpos o algunas empresas municipales han repetido una dinámica idéntica a la de los controladores aéreos en España. A base de presión y contundencia, sus salarios y condiciones de trabajo están muy por encima del resto de trabajadores de otras administraciones e, incluso, de otros ayuntamientos vecinos. Esto es fruto de la debilidad de los políticos municipales ante la capacidad de negociación de ciertos cuerpos y comités de empresas municipales que amenazan con la huelga, o con otras medidas aún más contundentes, cada finalización del convenio. Al final, los munícipes, débiles, terminan cediendo más allá de lo que la prudencia aconsejaría. Por su cercanía, su resistencia a la presión ambiente disminuye. Así podemos observar como los salarios municipales están por encima de los autonómicos, y estos a su vez de los nacionales. Esta graduación inversa es motivada precisamente por esa estructura de negociación colectiva. Por eso, debemos tener mucho cuidado con los convenios municipales, que están suponiendo una carrera hacia el suicidio de las finanzas de nuestras ciudades y pueblos, como tantos responsables municipales ya reconocen en privado. Algunas voces ya comienzan a reclamar que los convenios tengan un ámbito más elevado, como el autonómico, para que el poder de la administración se equilibre con el de trabajadores y se puedan cerrar convenios más ajustados.

No es un tema menor. Asistimos atónitos al espectáculo de las ruinas municipales. Uno tras otro irán cayendo muchos ayuntamientos en la quiebra, mientras que los salarios contemplados en sus convenios siguen creciendo muy por encima de la media nacional. Los delegados de hacienda se llevan las manos a la cabeza, pero no pueden hacer nada por evitarlo. Si no cambiamos de dinámica, barruntamos, se multiplicarán las dificultades para atender las nóminas municipales, tal y como ya acontece en varios ayuntamientos.

Manuel Pimentel

Trabajar con ahínco más de 50 horas semanales es adicción

Son hiperactivos, no delegan, se consideran indispensables y apenas tienen vida más allá de la oficina. Ese es el perfil del adicto al trabajo y, según un estudio de la Universidad Jaume I de Castellón, lo da el 12% de la población trabajadora de España. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que trabajar más de 12 horas diarias (60 semanales) es adicción, pero según el nuevo estudio se puede rebajar a 50 esta cifra, siempre y cuando no solo se trabaje estas horas, sino que se haga de forma compulsiva.

Mario del Líbano, investigador de la Facultad de Ciencias Humanas, acaba de publicar en la revista Psicothema un informe en el que se confirma esta doble estructura de la adicción al trabajo: "Solo se es adicto si además de trabajar excesivamente -dice Del Líbano- se trabaja de forma compulsiva para calmar la ansiedad y los sentimientos de culpa que producen en la persona el hecho de no trabajar".

Del Líbano ha reafirmado la validez de una escala nueva, la Duwas (Escala de Adicción al Trabajo Holandesa, por sus siglas en inglés), a través de 2.164 trabajadores holandeses y 550 españoles, de diferentes sectores y de entre 16 a 69 años.

Confirma que es negativo

En las dos sociedades se ha visto que el trabajo es un hecho positivo, pero su adicción -workaholism, en inglés, una mezcla de trabajo (work) y alcoholismo (alcoholism)- tiene componentes muy negativos desde el punto de vista de la salud y psicosocial. Hay que recordar que para muchos autores de los ochenta la adicción al trabajo no era mala per se.

Según apunta el equipo de investigadores de Mario del Líbano, hay muchas personas que están en riesgo de sufrir esta conducta patológica, y son variados los motivos que los llevan a ella: las presiones económicas, familiares o sociales; el miedo a perder el trabajo; la competitividad; la necesidad de tener éxito; el miedo a los jefes prepotentes y amenazantes; los elevados niveles de autoeficacia laboral o la carencia de afectos personales que se intentan suplir con horas en la oficina.

Son muchos los síntomas que indican que hay un problema, aunque el último en darse cuenta suele ser el afectado, pero hay pistas fáciles de seguir. En el test Duwas abundan expresiones como "me siento culpable cuando no estoy trabajando en algo", "es duro para mí relajarme cuando no estoy trabajando", "es importante para mí trabajar duro incluso cuando no me gusta lo que hago", "gasto más tiempo trabajando que con mis amigos, mis hobbies o mi ocio" o "me suelo poner plazos de finalización cuando trabajo".

De las Complicaciones de los Fondos Estatales de Inversión Local

Acerca de la utilización de la contratación de obra pública como motor de impulso de la economía ante la delicada situación económica que venimos atravesando, mediante la inyección de liquidez en el mercado, ya se han efectuado diversos comentarios en éste y otros foros. Es una opción política la de intervenir como se ha hecho con el FEIL, y ahora con el FEIL II (o Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local), valiéndose de las Entidades Locales para tramitar y poner fondos públicos en el mercado a cambio de obra pública. La bondad y efectividad de estos mecanismos es una cuestión que está por ver. Aunque no se puede negar que la tramitación electrónica de estos expedientes, o la celeridad (forzosa) en su tramitación son aspectos positivos que se han puesto de manifiesto con los Fondos Estatales. En todo caso, no pretendemos entrar en cuestiones de oportunidad, sino en cuestiones que afectan y dan más de un quebradero de cabeza a los prácticos que de un modo u otro intervenimos en la gestión de estos Fondos. Y concretamente, analizaremos una “cuestión menor”, pero que es reveladora de las complicaciones internas de estos Fondos: la contratación de la dirección de las obras financiadas con cargo al FESL.

La contratación externa de la dirección de la obra (y la redacción del proyecto) se declara financiable con cargo al FESL, novedad que incorpora el Real Decreto-Ley 13/2009, respecto al anterior FEIL. Hasta aquí no hay problema. Ahora bien, estos contratos de dirección de obra (y nos referimos a cuando su importe sea inferior a 18.000 euros) no debieran tramitarse como contratos menores, pese a aquella cuantía, dado que el plazo de ejecución de estos contratos forzosamente sobrepasará el año (que es un límite esencial para el contrato menor): recordemos que según el artículo 218.3º LCSP, “El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras (…)”. Y no pudiendo ser inferior a un año el plazo de garantía, habríamos sobrepasado la anualidad que exige el contrato menor. Acudiríamos entonces al procedimiento negociado sin publicidad, seguramente, con la mayor complejidad que ello acarrea (pliegos, adjudicaciones provisionales y definitivas, etc.).

Pues bien, la Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se aprueban los criterios para disponer de los recursos librados y los requisitos de justificación de los proyectos de inversión y las actuaciones de interés social financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre (BOE de 17 de marzo), señala en su punto Tercero.3 que “Para la justificación, cuando proceda, de la redacción de proyectos y dirección de obras deberán remitirse las facturas y acreditación de su pago efectivo”. Y la Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por su parte, señalaba que “La fecha límite de ejecución de las obras y de la adquisición de los suministros a ellas asociadas, así como la adquisición de servicios y suministros mencionados en el artículo 9.4, será el 31 de diciembre de 2010. Una vez finalizada la ejecución de las obras, servicios y suministros, los Ayuntamientos, mancomunidades y agrupaciones de municipios dispondrán de plazo para acreditar las inversiones realizadas y la finalización de las obras, así como, cuando corresponda, la adquisición de los suministros a ella vinculados hasta el 31 de marzo de 2011”.

Por un lado, la Resolución de 11 de marzo de 2010 dice “Para la justificación, cuando proceda, (…)”, pero por otro lado parece que la fecha tope será hasta el 31 de marzo de 2011. ¿Acaso nos dejara la aplicación introducir datos más allá de dicho límite temporal convalidándolos? Difícilmente se podrán justificar antes del 31 de marzo de 2011 estos servicios, y remitir la factura y acreditación de su pago efectivo. Porque si el pago se satisface como regla general una vez realizada la prestación (sin perjuicio de la posibilidad de pagos parciales, claro está, los cuales no implican por otro lado que el órgano de contratación acepte que la prestación del servicio se ha realizado satisfactoriamente y según lo pactado), y recibida por parte de la Administración, en este caso la prestación concluye más allá de aquella fecha forzosamente dado que la prestación del director de la obra se extiende hasta lo que nos dice el artículo 218.3º LCSP. Puede parecer todo esto una cuestión menor, pero el funcionario que se enfrenta a un contrato como el que comentamos encontrará toda una serie de dificultades prácticas reales (y ésta es una pequeñísima muestra) en la complejidad de casar normas de distinto ámbito material (contratación pública, y la tramitación de las ayudas económicas de los Fondos Estatales) que en muchas ocasiones chirrían y no parecen que se encuentren del todo coordinadas.

Rodrigo J. Ortega Montoro

Gobierno plantea compatibilizar el trabajo con el plan de pensiones

El Gobierno está dispuesto a ofrecer más estímulos a los trabajadores para que retrasen la edad de jubilación y se queden más tiempo en el mercado laboral después de los 65 años. El Ejecutivo propondrá el próximo día 29 al Congreso de los Diputados que quienes tomen esta decisión y tengan un plan privado de pensiones puedan cobrarlo como renta haciéndolo compatible con el trabajo, según adelantaron fuentes del Gobierno a EXPANSIÓN. Mientras tanto, y de acuerdo con la regulación actual, la pensión de la Seguridad Social se revaloriza un 2% cada año, si el trabajador ha cotizado 35 ejercicios, o un 3%, si lo hubiese aportado a la Seguridad Social durante cuarenta años. Junto a ello, la empresa que tiene a un trabajador de esta edad o mayor está exonerada de pagar cotizaciones a la Seguridad Social, salvo la que se refiere la de Accidentes y Enfermedades profesionales. En definitiva, con éstas y otras medidas, el Gobierno quiere que, de forma paulatina, la edad efectiva de jubilación -que ahora está en los 63 años y 6 meses- se acerque cada vez más a los 65 años, que es la que establece la ley para que una persona se pueda jubilar con todos los derechos y toda la cuantía de la prestación, siempre que haya cumplido otras condiciones como una cotización laboral de 35 años. De esta forma, el Ejecutivo espera ir convenciendo a los trabajadores para mantenerse en el mercado de trabajo tras los 65 años, porque lo que no quiere hacer es retrasar la edad legal de jubilación; medida que, por otra parte, sería muy impopular. "Es más razonable que exista una previsión social complementaria en lugar de que no haya unos topes de cotización", explican las mismas fuentes. De paso, se fomenta el ahorro en un momento de crisis.

Bases máximas En estos momentos, el tope de las bases máximas salariales está en 3. 166 euros mensuales, a partir de la cual, en el Ejecutivo se ve bien que quien pueda acuda a los planes de pensiones privados. La prestación máxima de la Seguridad Social está en 34.526 euros al año, ó 2.466 mensuales multiplicados por 14 pagas, según el Ministerio de Trabajo. De todas maneras, la medida de facilitar el cobro del plan de pensiones también serviría para estimular una retirada paulatina del mercado laboral, con la variante de que la Seguridad Social no saldría perjudicada como en los últimos años ha ocurrido con la jubilación parcial. Es decir, gráficamente, cuando el beneficiario va a trabajar por la mañana, y cobra su salario reducido, y por la tarde percibe una pensión también más reducida. Hasta que el Gobierno introdujo medidas correctoras en los últimos años la jubilación parcial "se había convertido en una vía que las empresas y los trabajadores empleaban para la retirada anticipada", dicen las fuentes consultadas. En su propuesta a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que dará a conocer el próximo día 29, el Ejecutivo también pedirá a los diputados que estudien incentivos para que se queden trabajando buena parte de quienes se retiran totalmente del mercado de trabajo porque tienen incapacidad para su ocupación habitual. "Tenemos que buscar la ayuda a estas personas para que puedan tener otro tipo trabajo y para ello, tenemos que cambiar mucha normativa. ¿Por que la propia legislación impide trabajar a quien puede seguir haciéndolo? o ¿por qué algunas empresas impiden a las personas que prejubilan ocuparse en otra compañía? Todo esto no tiene sentido", concluyen las mismas fuentes del Gobierno. Todas las claves de las nuevas medidas ¿Por qué plantea el Gobierno estímulos para mantener la actividad laboral después de los 65 años? El Ejecutivo está preocupado porque a medio plazo el sistema de pensiones va a sufrir la acción simultánea de tres fenómenos: el envejecimiento de la población, la retirada de quienes nacieron en la explosión de la natalidad de la década de las año sesenta del siglo XX y, por el contrario, la falta de nuevos trabajadores/cotizantes por la caída de la natalidad de los años ochenta y noventa. ¿Qué repercusión puede tener hacer compatible el trabajo después de los 65 años con el plan de pensiones? Un beneficio para la Seguridad Social que podría ahorrarse el pago de las pensiones a quienes tomasen esta decisión, si están debidamente estimulados. Incluso, podría aumentar la participación del ahorro en los planes privados de previsión. La Seguridad Social mantiene conversaciones con la Dirección General de Seguros para la plasmación concreta de la propuesta. ¿Cuál es el universo potencial de aplicación de la propuesta? En conjunto, la Seguridad Social tiene dieciocho millones de trabajadores afiliados ocupados, aunque no todos tienen un plan de pensiones privado. Según Inverco, en el tercer trimestre del año pasado, los partícipes en los fondos de pensiones eran de 10.

560.000.

Casas Inundadas

Veo en los periódicos fotos de calles inundadas, de casas sumergidas en lagunas, de huertas invadidas por los ríos. Muchos pueblos de España están anegados. En Córdoba, en Jaén, en Madrid y en otros muchos sitios. Es cierto que está lloviendo a mares. Que estamos penando por algún pecado cometido, del que no tengo conciencia, pero que muy grave tiene que ser para que no pare de llover.

Pero es cierto también que en muchas noticias aparece la referencia a la ilegalidad de la urbanización, del poblado irregular, de que el asentamiento se levantaba sobre dominio hidráulico. Y pienso: tantas leyes del suelo, que impiden construir en las zonas de riesgos; tantos planes y proyectos, con sus estudios contrarios debido a los peligros que advierten y, sin embargo, esos planes se ejecutan con complacencia; tantas licencias, que amparan ilegalidades; tantas construcciones que prescinden de seguir cualquier permiso y se levantan con desparpajo; tantos controles por el Registro de la Propiedad, desde hace ya casi veinte años; tantas Confederaciones hidrográficas con sus planes y exigencias de autorización, para que nada haya cambiado y las ilegalidades campen con libertad donde les plazca. No tenemos remedio. Mucha agitación y energía para hacer normas, planos, informes, autorizaciones y permisos, miles de fotocopias o, ahora, millones de correos electrónicos con pdfs adjuntos, pero las ilegalidades y los riesgos se siguen multiplicando.

Me cuenta un amigo que va por el Ministerio de los “medios”, que están elaborando un mapa cartográfico en cumplimiento de una Directiva europea. ¡De nuevo Europa! Quizá lo que no podamos resolver nosotros, con todos nuestros estudios e ideas, se nos imponga desde Europa. Pero eso me da tristeza.

Y es que pienso que, junto a esos mapas que tardarán todavía años, y antes de que se repitan desgracias o incluso tragedias terribles con muertos, como las de Biescas o Badajoz, deberíamos empezar a conducirnos con los muchos instrumentos que sobresalen de nuestras leyes, pues están repletas de medidas. Por ejemplo, ¿por qué no empezar a actuar ya contra las viviendas ilegales?

Quienes vivimos en pueblos pequeños oímos a los vecinos mayores, a los que gozan por el recuerdo de los tiempos, cómo se asombran por dónde se hacen las nuevas urbanizaciones. ¿Somos conscientes de que luego se presentarán reclamaciones exigiendo la responsabilidad patrimonial a la Administración?

Nunca podremos estar a salvo de los riesgos. Somos muy frágiles y hay mucha apariencia y falsedad en la seguridad con la que nos desenvolvemos. Pero ya que presumimos de ser tan racionales y contar con tantos instrumentos jurídicos ¿por qué caemos en la irracionalidad del capricho y no seguimos la sensatez de seguir unas mínimas reglas? Os paralizo, queridos lectores, antes de que me deis vosotros la respuesta: ¡porque falta voluntad política!

Mercedes Fuertes López

Comunicado de esta Seccion Sindical

Con relación a las últimas noticias aparecidas en los medios sobre la

comparecencia ante el Juzgado de los funcionarios D. Manuel González

Lamothe y D. Aurelio Atienza Cabrera, este sindicato quiere publicar el presente manifiesto. Ante todo, queremos dar nuestro apoyo a los funcionarios que se están viendo afectados por la denuncia hecha pública en varios diarios, porque tenemos confianza plena en la legalidad de sus actuaciones, como así lo vienen demostrando diariamente en su labor profesional.

Queremos advertir que la proximidad de elecciones municipales hace

que, nuevamente, se prevea mayor publicidad y repercusión de denuncias realizadas por agrupaciones políticas u otras con similar interés electoral, con la única intención de influir en el futuro voto de los ciudadanos, y que, desgraciadamente, volverán a sufrir los funcionarios en forma de descrédito y ataques a su dignidad profesional. Esta intencionalidad política puede entreverse con facilidad en las numerosas denuncias realizadas en las que se suponían implicados funcionarios públicos y que han sido sistemáticamente

archivadas por los Juzgados.Insistimos que en todas estas maniobras de descrédito, se suelen implicar a funcionarios (de muy diversas ideologías) y que tienen como único referente en su profesión el ajustarse a la Ley, pese a quien pese, y es por ello por lo que pedimos públicamente el respeto y la consideración del muy

devaluado derecho de presunción de inocencia de estos trabajadores, máxime cuando las consecuencias de trabajar a diario en un campo minado por las luchas políticas se viene a convertir, desgraciadamente, en “gajes del oficio” de todo funcionario público.

Reiterar nuestro apoyo a los funcionarios arriba citados, expresar nuestra confianza en la labor que realizan y poner en valor la profesionalidad e independencia que les ha caracterizado durante los muchos años que llevan trabajando para el Ayuntamiento de este municipio.

En Alhaurín de la Torre, a 23 de marzo de 2010

LA SECCIÓN SINDICAL CSI-CSIF

Cámaras y escáneres evitarán las agresiones a funcionarios

El Gobierno regional aprueba un plan de prevención para garantizar la seguridad en los edificios de la Administración autonómica

Cámaras de seguridad en las entradas y salidas de público y zonas de entrega de paquetería, así como vigilancia en los centros donde el riesgo de agresión sea mayor y escáneres o equipos de detección de metales protegerán a los funcionarios murcianos. Estos son algunos de los sistemas de seguridad que se detallan en el Plan de Prevención y Actuación ante Agresiones Externas para los empleados de la Administración regional que fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, proyecto con el que se intentará garantizar la seguridad de 10.000 funcionarios. Además, se prevé la instalación de sistemas de comunicación y alarma en determinados puestos y la dotación de teléfonos móviles para el personal de la Administración cuyas tareas se desarrollen fuera de su centro habitual de trabajo. El objetivo de este plan es evitar o minimizar el riesgo de determinadas actitudes o situaciones violentas que se producen en las consejerías y organismos autónomos de la Administración y que suponen un daño para la salud de los trabajadores, según explicó la portavoz del Gobierno murciano y consejera de Presidencia, María Pedro Reverte. Blindan a 50.000 empleados Desde la Consejería indicaron que este plan viene a completar los que ya existen en el ámbito sanitario y docente, tres documentos con los que se protege a los 50.000 empleados públicos que hay actualmente en la Región de Murcia. A la implantación de sistemas de vigilancia también se unirán programas formativos para los funcionarios sobre habilidades comunicativas para que sepan manejar situaciones delicadas, sobre todo en los departamentos con más riesgo como son los centros de atención al ciudadano y servicios de inspecciones o sanciones, entre otros. Aunque la Administración no cuenta con un registro exhaustivo para estas agresiones, indican que en los últimos cuatro años se han producido 44 amenazas verbales y seis agresiones físicas, de las que cinco agresiones se registraron el pasado año en trabajadores sociales que desarrollan su labor con menores y familias. De las cinco agresiones del último año dos fueron de menores y tres de familiares -dos en el centro de trabajo y una en el juzgado-. Por colectivos, los guardias de seguridad son los que han denunciado un mayor número de amenazas -35-, derivando una de ellas en agresión física que fue denunciada. A éstos les siguen los agentes medioambientales, que han denunciado tres amenazas por discrepancias con cazadores, y veterinarios que han tenido que sacrificar animales que tenían alguna enfermedad durante una inspección rutinaria.Desde la Comunidad Autónoma también indicaron que este plan fue aprobado por unanimidad el pasado 27 de enero en el Comité de Seguridad y Salud de la Administración y Servicios, en el que están representadas las organizaciones sindicales UGT, CC OO, CSI-CSIF y Sterm.

Los ayuntamientos siempre responden

Los problemas de financiación de las administraciones públicas desencadenados o agudizados por la crisis económica están generando en nuestro país un intenso debate sobre el volumen y la eficacia del gasto público. Un debate -siempre oportuno y necesario- en el que los ayuntamientos a veces salen injustamente malparados.

Soy un firme convencido de que la crisis nos exige a todos un esfuerzo intenso de gestión para sacar el mayor rendimiento a los escasos recursos con que contamos: hay que hacer más con menos. Pero, dicho esto, creo que las necesidades de esta difícil coyuntura no deberían hacernos perder la perspectiva. Porque, aunque en algunas áreas pueda ser más eficiente, la dimensión del sector público en España no es excesiva si nos comparamos con los estados que nos sirven como modelo.

Los ayuntamientos españoles somos un buen ejemplo de cómo, con un marco financiero y competencial insuficiente e inadecuado -es la eterna reforma pendiente de nuestra administración-, se prestan servicios de calidad a los ciudadanos y se dinamiza la actividad económica de nuestros municipios. Más allá de los rigores del momento, creo que nadie puede negar la impresionante mejora que las ciudades españolas -pequeñas, medianas y grandes- han experimentado en las tres últimas décadas hasta alcanzar niveles de calidad de vida comparables con las mejores referencias de nuestro entorno europeo. Y las encuestas de satisfacción de los ciudadanos con su ámbito urbano suelen ratificar con claridad esa percepción.

Los ayuntamientos, como administración pegada a la piel de nuestros pueblos y ciudades, siempre responden, porque su vocación secular es la de dar respuesta inmediata a los problemas que se plantean en el día a día incluso cuando eso implica que la ortodoxia de la gestión deba ser reinterpretada con un criterio de oportunidad social.

Por eso debo considerar un acierto pleno la decisión del Gobierno de España de instrumentar -como una de las principales acciones contra la crisis- sendos planes de choque de inversión local en 2009 (FEIL) y 2010 (FEESL), con un importe total de 13.000 millones de euros, en los que se ha combinado la capacidad de ejecución de los ayuntamientos -todas las actuaciones debían completarse en el propio ejercicio, lo que ha exigido un nunca suficientemente valorado acto de agilidad burocrática- con su cercanía a los problemas cotidianos de los ciudadanos. Ello ha hecho posible una lluvia de pequeños y grandes trabajos que han creado miles y miles de puestos de trabajo en un momento en que la urgencia extrema era frenar a toda cosa la destrucción de empleo, y que han representado una mejora muy notable en el equipamiento y las infraestructuras urbanas.

Hay quienes no han entendido la función social de los ayuntamientos, ni las cosas que preocupan a los vecinos, ni la importancia que para un modelo económico eficiente y dinámico tiene el contar con entornos urbanos de calidad. Por ello han minusvalorado la utilidad y efectos de los dos fondos estatales de inversión local. Sin embargo, estoy seguro de que dentro de unos años se seguirá hablando del impacto que esas obras dejaron de forma duradera en la configuración de nuestros pueblos y ciudades. De hecho, lo que se ha demostrado es que la capacidad de ejecución y de detección de necesidades cotidianas por parte de los ayuntamientos es imbatible y merece ser atendida de forma continuada como uno de los principales vehículos de inversión pública.

Además, la concentración de esfuerzos en el año 2010 en los proyectos enfocados a la innovación tecnológica y la sostenibilidad medioambiental va a permitir darle más visibilidad y eficacia a unos planes cuyo resultado final va a ser el tener unas ciudades mejor equipadas, más agradables, más dinámicas o, lo que es lo mismo, más competitivas y de más calidad. No puede haber una inversión mejor para nuestro futuro.

Juan Alberto Belloch Julbe.

Felicitacion Dia del Padre

Desde esta Seccion Sindical queremos expresar nuestra mas sincera felicitacion a todos los Padres en este dia tan especial, esperando que sea un dia maravilloso rodeados de vuestros seres queridos. Transmitiros a todos un caluroso abrazo y que paseis un buen fin de semana. "Felicitar a todos los Pepes y Pepitas".

¡¡¡¡   FELICIDADES  !!!!!

El Gobierno adapta la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado.

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración General del Estado, que sustituye al vigente desde 1998 e introduce importantes mejoras de tipo organizativo y funcional. El Real Decreto incorpora las indicaciones de la 'Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012', aprobada por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2007, con el fin de que las Administraciones Públicas, en su condición de empleadores, puedan hacer plenamente efectivo el derecho de los empleados públicos a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, tal y como se reconoce en la Ley del Estatuto básico del empleado público. Entre las mejoras que introduce cabe destacar una apuesta por la utilización de recursos

preventivos propios, siguiendo las recomendaciones de la citada estrategia española; una mejor definición de funciones y un mayor apoyo a los empleados públicos designados para funciones de prevención; la potenciación de la figura de los 'Servicios de Prevención Mancomunados' en todos los servicios descentralizados, y la especificación de que el personal laboral pueda desarrollar funciones en materia de prevención de riesgos laborales. Además, el nuevo Real Decreto amplía las funciones de la Dirección General de la Función Pública, a fin de mejorar las posibilidades reales de coordinación y apoyo de la organización preventiva de la Administración General del Estado, y establece un mecanismo uniforme para la notificación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, con independencia de los regímenes de Seguridad Social aplicables.

Acoso laboral o mobbing: cómo detectarlo y defenderte.

O lo contrario, te castigan a hacer tareas insulsa hasta que te aburras. Hay acosadores que prefieren ocultarte información y documentos importantes de modo que te indzcan a acometer errores, te acusen de irresponsabilidad y te sancionen. Algunos te envían mails cargados de odio y de insultos. El origen del acoso laboral muchas veces esconde discriminación por razón de la diferencia. Sexo, estado civil, edad, raza, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación a un sindicato, lengua o discapacidad. La consecuencia del acoso laboral o mobbing es que la persona que lo sufre se siente minusvalorada. Se deteriora su autoestima. Pierde su dignidad. Pero también hay consecuencias psicosomáticas: depresión, eczemas en la piel, tensión, estrés. Las visitas al médico son constantes. Bajas y depresiones Comienzan las bajas por depresión, el encierro en la habitación a oscuras el deambular por la casa. Las personas que sufren mobbing pueden reaccionar con violencia ante otras personas, sus seres queridos o quienes les rodean. O renunciar a su puesto de trabajo. En otras ocasiones, son despedidos por falta de rendimiento. Y eso es lo que on permite la Constitución. Toda persona tiene derecho a la dignidad. "Es un valor espiritual y moral inherente a la persona", afirma una sentencia del Tribunal Constitucional. "Lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás". ¿Qué hacer?

¿Qué hacer ante estos casos? Ya hay muchos bufetes de abogados especialistas en acoso laboral. En primer lugar, recomiendan reunir toda clase de pruebas. ¿Un mail donde te trataba de forma despreciativa? Guárdalo. ¿Una orden para que cambies de actividad y te degradan? Ve al director de personal y pide que lo certifique. ¿Insultos en público? Tienes el testimonio de tus compañeros. ¿Bajas por depresión? Presenta los informes médicos. Todo esto significa que pueden empezar una denuncia en toda regla, con abogados de por medio. A veces, la simple amenaza de que vas a iniciar un proceso judicial basta para que los acosadores dejen de ejercer su violencia psicológica. Los jueces dictan sentencias cada vez más favorablea a las personas que son víctimas de acoso laboral. En unos casos, esa sentencia supone la restitución de la persona en su puesto de trabajo. En otros, una indemnización acorde con el mal causado. Afortunadamente, a veces no hay que acudir al juez. En algunas grandes empresas, ya existe un protocolo que puede ser empleado por las personas que se sienten víctimas del acoso laboral. Estas normas de actuación forman parte de su Responsabilidad Corporativa, es decir, de su imagen ante la sociedad. Y si no cumplen estas normas éticas, pierden su calificación en los índices mundiales de Responsabilidad Corporativa, índices que cada vez son más importantes para su prestigio. Acoso no intencionado Los jefes muchas veces no se dan cuenta de que están creando situaciones que se acercan al mobbing. Por ejemplo, asignando permanentemente tareas difíciles a una persona porque piensan que es eficiente; o no teniendo un sistema claro de asignación de tareas; o incluso, poniendo en marcha un plan de reducción de puestos de trabajo. Pero las consecuencias de todo ello pueden ser muy nocivas. El caso de la compañía telefónica francesa es uno de los más dramáticos. A lo largo del año pasado, varios empleados de esta compañía se suicidaron al sentirse víctimas del acoso laboral, traslados forzosos o amenazas de despido. La imagen de la compañía se hundió.

Prediciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares

LOS METODOS TRADICIONALES SIGUIEN SIENDO LOS MEJORES

Una investigación publicada en el último número del “The Journal of the American Medical Association” en donde se ha realizado un seguimiento a 19.000 mujeres durante 12 años, ha concluido que el mejor método para predecir el riesgo de enfermedades cardiovasculares son los tradicionales; es decir, medición del colesterol y la tensión arterial. Los autores confirman la importancia de realizar una historia familiar, que integre el estudio genético, los comportamientos y los factores ambientales. (http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/303/7/648?home).

Tras analizar 101 marcadores genéticos , se ha comprobado que, por sí solos, no han servido para identificar a aquellos pacientes más susceptibles de sufrir la enfermedad. La manera más fiable de predecir el riesgo consistió en preguntar durante la anamnesis por sus antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, concluyendo que el dato con mayor valor predictivo fue tener un familiar con menos de 60 años que haya padecido un infarto. Este dato indica la existencia de una base genética, pero se concluye que la misma por sí sola no es condición suficiente para producir la enfermedad.

Por ello incidimos en que entre estas últimas informaciones deben incluirse los datos sobre la práctica de actividad física. Los genes juegan un papel esencial en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares pero son igualmente relevantes los hábitos de vida y el entorno en el que se desarrolla el paciente.

Congelar el salario a los funcionarios? Mejor no. Os proponemos otras medidas más interesantes

Hoy el presidente del Observatorio del Trabajo Autónomo de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), José Barea, pidió la congelación de la totalidad de las retribuciones de empleados públicos durante cuatro años. El Servicio de Estudios del BBVA pedía, hace dos meses, que el salario de los empleados públicos volviese a niveles de hace una década. El presidente de la patronal CEOE, Díaz Fernán, hacía unas declaraciones públicas en las que manifestaba que “en España sobran funcionarios”. Todo apunta a que los gurús de la economía de mercado tienen claros los caminos para solucionar la crisis y apuntan claramente a un colectivo. Los empleados públicos.

Para hacer frente al déficit, por ejemplo, el gobierno puede reducir el gasto del Congreso en regalos navideños, cerca de 160.000 euros. Más de 10.000 cargos públicos reciben regalitos por esas fechas, un gasto cercano a los 2,2 millones de euros. El salario de unos 1.500 conserjes.

La retención de las nóminas de los diputados y senadores es sólo del 4,5%. ¿Porqué no incrementar las retenciones como a todo hijo de vecino? Con sus salarios, seguramente las retenciones deberían superar el 20%.

Los senadores cuentan aproximadamente con 1,7 millones de euros al año para gastos de teléfono. ¿Y si llaman con su teléfono como hacemos todos? Seguro que no gastan tanto. El salario de unos 1000 administrativos.

Los diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las arcas del Estado aviones, trenes o barcos. Disponen de unos 5.000.000 de euros al año para viajes. El salario de más de 3.000 auxiliares administrativos.

Si se pagasen el transporte al trabajo, el teléfono, no se hiciesen regalos con nuestro dinero y la retención en la nómina fuera la correspondiente, posiblemente, reduciríamos el déficit más que congelando el salario a los empleados públicos.

Si lees el libro “La Casta”, que conste que no es publicidad, seguramente te darás cuenta de que se puede reducir mucho, pero que mucho más.

Comunicado de la Asamblea Local de Izquierda Unida

IU retira elcontencioso-administrativo de los trabajadores

La Asamblea de Izquierda Unida de Alhaurín de la Torre quiere hacer público el siguiente comunicado en referencia al conflicto de los trabajadores de nuestro Ayuntamiento:

1.- Debido a la existencia de intereses políticos por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, encabezado por el alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, para que se mantenga el contencioso-administrativo interpuesto por Izquierda Unida en los juzgados contra las bases de las últimas oposiciones para puestos de trabajo públicos del ayuntamiento, con la clara idea de seguir utilizando políticamente a los trabajadores/as en contra de Izquierda Unida, y para defender sus intereses políticos particulares,

2.- y como Izquierda Unida lo que quiere por encima de todo es defender a los trabajadores y trabajadoras, para los que tantos años llevamos reclamando estabilidad en sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Alh. de la Torre, y que no se les siga perjudicando, y teniendo en cuenta el momento actual de crisis económica debe primar la consolidación de los puestos de trabajo por encima de los intereses políticos.

3.- y dejando bien claro una vez más que consideramos culpable único de esta situación a la que se ha llegado en el Ayuntamiento de nuestro pueblo al alcalde y a su equipo de gobierno, por lo que seguiremos insistiendo en que se depuren todas las presuntas irregularidades cometidas en el sistema de acceso a los puestos de trabajo municipales, en la causa penal que ya está interpuesta en los juzgados desde hace tiempo contra el primer edil de nuestro municipio.

4.- Por todo ello es por lo que la Asamblea de Izquierda Unida de Alhaurín de la Torre decide retirar el contencioso-administrativo antes referido.

Atentamente, la Asamblea de I.U. de Alhaurín de la Torre.

¿Burbuja de Deuda Municipal?

La burbuja financiera se sumó a la inmobiliaria para arrasar en forma de tormenta perfecta. El temporal se ceba ahora sobre la deuda de los estados. ¿Cuál será la siguiente? ¿Acaso es la burbuja de la descontrolada deuda municipal la que espera turno para explotar? Desde el inicio de la crisis, los bancos han prestado al sector público lo que le han negado a las empresas privadas que han pagado sus excesos de euforia. Éstas, al verse sin liquidez, han tenido que acometer severos recortes, cuando no cerrar definitivamente. Mientras que el volumen total prestado a empresas y familias disminuía a los largo del pasado año, la deuda pública crecía sin cesar. Los ayuntamientos no han sido ajenos a este festín de endeudamiento público, acuciados por unas finanzas en práctica bancarrota.

Y no toda la culpa de la ruina municipal la tiene el sistema financiero. Todos los actores implicados han puesto su granito de arena en el desaguisado que sufrimos. Muchos ayuntamientos han sido gobernados desde la irresponsabilidad económica, al tiempo que sus trabajadores exigían más y más en convenios imposibles. Hará un mes, el presidente de la Federación de Municipios, Pedro Castro, lanzó una consigna que será recordada en la historia del municipalismo español: "Haz todo lo que debas aunque debas todo lo que hagas". Es decir, sigamos gastando mientras los bancos nos lo permitan. Un verdadero canto al suicidio final. Porqué: ¿nos lo seguirán permitiendo las entidades financieras? Un escalofrío se extiende entre los interventores y responsables de las finanzas municipales. Saben que viven de prestado. El capítulo I sigue creciendo, mientras que la recaudación continúa escarbando. Las cuentas no se sostienen, y los presupuestos son papel mojado en la mayoría de los casos: aguantarán hasta el verano, como mucho. Precisan del dinero de los bancos para seguir tapando esos agujeros que no hacen sino multiplicarse. Y los bancos comienzan a ponerse nerviosos. ¿Cómo van a devolver los ayuntamientos y sus empresas las deudas contraídas? Ese es uno de los grandes misterios que nos queda aún por desentrañar. Muchos confían en que, como siempre, Papa-Estado, pagará la fiesta. Se equivocan. Ni está, ni se le espera.

Veamos de qué dimensiones estamos hablando. De acuerdo con los datos que publica el Banco de España, la deuda total de las corporaciones local ha pasado de 28.428 millones de euros en 2000 a 54.504 millones en junio de 2009, un incremento del 90%, casi el doble que el aumento de la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas (46%). Dentro de esta deuda, el importe de lo que se denomina "cuentas pendientes de pago", es decir, endeudamiento no formalizado ni en préstamos bancarios ni en valores, se ha incrementado de 8.447 millones de euros en 2000 a 21.745 millones en junio de 2009. Desde junio de 2009 hasta la fecha, estas deudas se han acelerado, y puede que nos llevemos un susto cuando se cierre el ejercicio. También existen dudas de cómo se repercuten las trampas y los déficits de las sociedades municipales, auténticos agujeros sin fondo.

¿Qué ocurriría si los bancos no aumentaran las cantidades prestadas a los ayuntamientos? Sin duda alguna, muchos de ellos se verían abocados a una situación extremadamente delicada. Tendrían que aplicar severos presupuestarios y, en muchos de ellos, iniciar EREs tal y como ya ocurrió en Jerez de la Frontera. Los responsables municipales han sido pródigos a la hora de aumentar gasto y plantilla, pero incapaces de reducir costos. Si continuamos así, iremos a la ruina cierta.

La siguiente partida del sudoku se centrará en las cuentas de autonomías y ayuntamientos. Y estamos preocupados. Nos tememos que el agujero será mayor del que hasta ahora reconocido. Que Dios nos coja confesados porque el cielo anuncia ciclón tropical.

¿Pero el Secretario del Ayuntamiento es realmente Controlador de la Legalidad?

Es un tema muy recurrente el de las funciones del Secretario municipal (pese a que como sabemos se repite hasta la saciedad que son tasadas), y de si éstas comprenden el control de la legalidad de todos (absolutamente todos) los actos y acuerdos que se adoptan por los distintos órganos municipales. Y el tema es de enorme importancia ya que, de modo reflejo, el círculo de su responsabilidad ad extra (fundamentalmente, la que se ejerce ante los órganos judiciales) vendrá acotado por la definición de sus funciones. La reciente Resolución DGRN de 15 de enero de 2010, y sus conclusiones, constituyen una buena excusa para realizar algunas reflexiones al respecto.

Esta Resolución aborda un recurso interpuesto por un Notario contra la negativa del Registrador de la Propiedad a inscribir una escritura de declaración de obra nueva terminada; la negativa de éste se fundamenta en que no se acredita la licencia mediante certificación del Secretario (sino que se realizó mediante oficio del Concejal de Urbanismo), y que la superficie total construida excede de la señalada en la licencia. Nos centraremos en la cuestión de la acreditación de la licencia urbanística mediante certificación del Secretario. La DGRN establece en este punto que debe confirmarse la calificación del Registrador, pues, «si bien sería admisible la comunicación directa por parte del Alcalde al Notario de la licencia correspondiente, en los demás casos, y por aplicación de lo establecido en el artículo 162.1.d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, corresponde al Secretario del Ayuntamiento el control del consiguiente acto administrativo, lo que sirve no solo para dar fe de la realidad del mismo, sino también de su ajuste a la legalidad y de su validez actual, legitimidad y vigencia».

Lo primero que sorprende de esta Resolución de la DGRN es que cita y se fundamenta en legislación ya derogada. Por otro lado, que el apartado 1.d) del artículo 162 TRRL al que alude sencillamente no existe. Veamos. El artículo 162.1 TRRL fue derogado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público (ya vigente al tiempo de practicarse la notificación o traslado de la licencia urbanística en el presente caso). Y que en su anterior redacción al EBEP, el apartado 1º del artículo 162 TRRL lo que establecía es lo siguiente [hasta el apartado b), porque el d) ni existe, ni existió]: «1. La función de la Secretaría comprende: a) El asesoramiento legal preceptivo de la Corporación, así como de su Presidencia y Comisiones. b) La fe pública de todos los actos y acuerdos».

Suponemos que quería aludirse con ello a la función de fe pública del Secretario. Es la Disposición Adicional 2ª EBEP la que establece que son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal, y entre ellas, la de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. Pero la cuestión preocupante aquí es si esta función de fe pública incluye la del control de legalidad de los actos que se someten a dicho ejercicio de la fe pública (desarrollado en el artículo 2º Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, y contemplado de modo diferenciado respecto del asesoramiento legal preceptivo, artículo 3º RD 1174/1987).

Para PÉREZ LUQUE, la fe pública del Secretario de Administración Local no trata de la legalidad (propia del informe), sino de la veracidad de lo que hay en los documentos o de lo que ha sucedido. Otros autores, sin embargo, defienden que la fe pública comprende el control de legalidad de lo que se interviene. Por ejemplo, para PAZ TABOADA, “el fedatario ejerce un control de legalidad sobre los actos que autoriza, lo que le exige realizar un previo examen de los requisitos del acto en que interviene, así como advertir a los comparecientes sobre aquellas cuestiones que considere relevantes desde el punto de vista legal y que afecten al negocio en el que interviene”. Esto pudiera extenderse al ámbito de la contratación, en cuanto el artículo 2.h) RD 1174/1987 relaciona como función de fe pública, la de autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas las licitaciones, contratos y documentos administrativos análogos en que intervenga la entidad. Pero no creemos que se pueda ampliar más allá.

En el ámbito notarial, por ejemplo, es claro que la fe pública comprende el juicio de legalidad, que es lo tradicional de ésta, y lo que expresamente se consagra en su legislación: según el artículo 1º de la vetusta Ley del Notariado de 1862, “El Notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales”; y el Reglamento Notarial de 1944, en su artículo 145: “La autorización o intervención del instrumento público implica el deber del notario de dar fe de la identidad de los otorgantes, de que a su juicio tienen capacidad y legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes e intervinientes (…)”.

Pero en el ámbito de la fe pública local, nada se dice de esto. Es decir, que no incorpora un juicio de legalidad sobre la forma y el fondo del acto administrativo que es objeto del instrumento público. Sí sobre la veracidad del mismo, pero no sobre su ajuste o desajuste a la legalidad. ¿O es que el Secretario puede negarse a certificar el Decreto de Alcaldía dictado que autoriza a construir una edificación residencial en suelo no urbanizable de especial protección, y que solicita el interesado?

La idea, con un contenido poético indudable, de que el Secretario de Administración Local es una especie de garante de la legalidad y de la comunidad local en su conjunto, y que ejerce a modo de controlador interno de legalidad de las actuaciones municipales, no se corresponde con la realidad de nuestra normativa. Una normativa que progresivamente se ha ido reformando y que se ha dirigido a desapoderar a estos funcionarios, recortándoles el ámbito de sus funciones (la última estocada, hasta el momento, la Ley 57/2003 para los Municipios de Gran Población). Un ejemplo claro se aprecia en su función de asesoramiento legal, también reducida al mínimo.

No puedo dejar de recordar aquí lo que decía la Base 44 de la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local: “Los Secretarios (…) están obligados a advertir a las Corporaciones de las manifiestas infracciones legales en que puedan incurrir con sus actos y acuerdos”. De esta genérica advertencia de legalidad ya no queda rastro alguno en el actual régimen de estos cualificados funcionarios.

IÑARRA GONZÁLEZ, hace unos años (2005) en un interesante artículo, y a la vista de esta evolución normativa, proponía la reforma de las funciones de los Secretarios de Corporaciones Locales, y entre ellas el cese del control de legalidad y de fe pública por parte de éstos. En su artículo señalaba que estos funcionarios deberían tener como funciones básicas: 1) el apoyo al Secretario de la Junta de Gobierno y Pleno (el Secretario de estos órganos será un concejal); 2) custodia de Actas del Pleno y Junta de Gobierno, Decretos de Alcaldía y concejales delegados; 3) asesoramiento legal al Alcalde, mediante la emisión de informes únicamente cuando este se lo solicite; 4) funciones propias de los actuales Secretarios en el momento de la constitución de la corporación (salvo el relativo al arqueo e inventario); 5) delegado de la junta electoral de zona en los procesos electorales; 6) jefatura del personal de su departamento. En cualquier caso, “no ejercerían funciones necesarias en materia de contratación, personal, patrimonio... Tampoco emitirían certificados de actos y acuerdos de órganos colegiados, ni harían avisos de ilegalidad”.

Señalaba igualmente IÑARRA GONZÁLEZ que es necesario reconocer que el sistema de control de legalidad y fiscalización diseñado por el régimen jurídico actual está en crisis. Sistema que no satisface a los Alcaldes, que ven con recelo a quien “desde dentro” opina o cuestiona la legalidad de sus actos, ni a los Secretarios, situados en una difícil posición, lo que provoca fuertes tensiones.

A nuestro juicio, o se reforma el sistema de control y fiscalización interno, si es que se quiere fortalecer el control administrativo realmente (lo que exige dotar de funciones e independencia real, entre ella la económica, a los Secretarios e Interventores), o bien se termina definitivamente con todo vestigio de control interno, y se asignan a éstos directamente otro tipo de funciones. Mantener el sistema existente, confuso y retocado hasta la desfiguración, no nos puede conducir sino al paroxismo.

La Polémica de los Toros

El empeño de algunos políticos catalanes de prohibir la fiesta de los toros me recuerda la posición que durante siglos mantuvo la Iglesia católica en relación con este mismo espectáculo. Porque ha de saberse que de Roma vinieron prohibiciones y admoniciones severísimas. Y muchos eclesiásticos españoles, adelantándose incluso a sus superiores, es decir, siendo -como suele decirse- “más papistas que el Papa” ya habían encendido todas las alarmas apoyados en los escritos de los santos padres que tampoco fueron muy benevolentes con las diversiones populares. El cardenal Juan de Torquemada (muerto en 1468), teólogo diserto en los concilios de Basilea y Florencia y tío del famoso inquisidor, sostuvo con rotundidad la ilicitud del toreo por ser contrario a las prescripciones de la buena doctrina cristiana, máxime si se tenía por diversión o por puro espectáculo. Y después santo Tomás de Villanueva aprovechó sus vehementes sermones -ya en el siglo XVI- para arremeter contra la costumbre de correr toros.

Pero fue el papa Pío V (santo en el santoral de la Iglesia) quien, nada menos que en una Encíclica, decretó la excomunión para todos los que intervenían en la fiesta y los que a ella acudían. Como a la sazón reinaba Felipe II, monarca tenido por prudente, se pusieron en marcha todas las gestiones imaginables para ver de dulcificar un poco la pena papal que tenía trazas de afectar al pueblo español en su conjunto. Y en ello se desempeñó el duque de Sesa, embajador de la máxima confianza del monarca. Mas no fue sino en el pontificado posterior, el del Papa Gregorio XIII, cuando se excluyó de la terrible pena canónica a los legos.

Pero la historia de los papas es interminable y da vueltas como cangilón de noria. Así que de nuevo Sixto V reitera la condena que volvería a aliviar Clemente VIII (es probable que su nombre le llevara a ejercer una cierta benignidad con las debilidades de los mortales).

Los historiadores eclesiásticos no fueron a la zaga. Entre ellos destaca el padre Juan de Mariana quien en su tratado “De Spectaculis”, publicado en 1609, atiza de lo lindo contra toros, caballeros, aficionados y hasta contra el pobre que controlaba las entradas.

Fray Bernardino de Sandoval hace lo propio en su “Tratado del oficio eclesiástico canónico”, libro donde se analizan los textos pontificios de condena con verdadera finura teológica, finura que -como se sabe- está emparentada con la finura jurídica (porque el Derecho no es al cabo sino el hijo adoptivo de la Teología).

En fin que las condenas fueron tan insistentes y variadas que teólogos misericordiosos hubo que se vieron obligados a hacer distingos para aligerar las conciencias de los fieles que acudían a ver correr toros o participaban como protagonistas en estos regocijos. Este fue el caso de fray Manuel Rodriguez Lusitano quien en su notable obra “Suma de casos de conciencia” analiza caso por caso -es el casuismo típico del tratamiento de los pecados- todos los supuestos para respaldar, con apoyo sólido en los principios de la fe, los subterfugios y evasivas de que se servían los mismos eclesiásticos para sortear el rigor de las prohibiciones papales. La tranquilidad de los pecadores bien valía un pequeño esfuerzo argumental.

Como se puede comprobar por estos datos -al alcance de cualquier lector del “Cossío”-, el espíritu inquisitorial es como la energía en la física: ni se crea ni se destruye. Simplemente se transforma.

Las Pensiones y los Pensionazos

El anuncio del Gobierno de comenzar a negociar un plan para reformar las pensiones ha motivado una intensa polémica y un intenso debate público sobre su conveniencia. Dicho plan está estudiando calcular la pensión sobre más años de salario o un periodo más largo de cotización, retrasar la edad efectiva de retiro laboral mediante la reducción de las jubilaciones anticipadas e incentivando el retraso voluntario de la jubilación o añadir dos años más a la edad legal de jubilación, desde los 65 años actuales a los 67, esta última, sin duda, la medida estrella de la propuesta.

El objetivo final de la eventual reforma es sostener a medio plazo el actual sistema del sistema de la Seguridad Social dada la presión demográfica, que está haciendo aumentar la esperanza de vida y reduciendo la natalidad, lo que descompensará la proporción entre cotizantes y trabajadores, y la merma de afiliados, agudizada por la crisis económica. Pero, aunque muchos expertos dudan de la reforma sea en sí misma sea suficiente para mantener el equilibrio presupuestario y encarar la crisis, el Gobierno se mantiene firme en su propuesta y de momento ignoran las protestas de los sindicatos, que creen que retrasar la edad de jubilación actual es sinónimo de renunciar a una conquista social de los trabajadores y reprochan al Gobierno que intente solventar el problema con un recorte del gasto público.

3.000 euros de salario base... y un jugoso paquete de complementos...

Muchas voces estan alzando la voz contra el exclusivo sistema de prestaciones en materia de jubilación de los diputados y senadores, que les asegura un retiro al que ningun ciudadano puede aspirar. Este régimen especial garantiza a los miembros de las Cámaras unos complementos al sistema de pensiones común que les garantiza una pensión más alta, un derecho a prejubilarse más beneficioso y un plan de pensiones privado muy generoso.

Noticia de Europa Press : El Congreso de los Diputados abrió ayer por la tarde su sesión plenaria con la presencia en el hemiciclo de apenas de medio centenar de diputados, una séptima parte del aforo, lo que supone que había casi 300 escaños vacíos.

Otra noticia: El Congreso abre su sesión plenaria con apenas 30 diputados y 300 escaños vacíos.

Otra noticia: El debut de María Dolores de Cospedal como senadora realizando alguna pregunta oral se ha hecho esperar 22 meses, pero ha resultado bastante amargo para la popular, que tuvo que escuchar cómo la ministra de Defensa le reprochaba que no hubiera empleado tanto tiempo en preparar bien su intervención, ya que su pregunta carecía de "fundamento".

Y después de ver todas estas noticias resulta que un trabajador tiene que cotizar 35 años para que te quede poder cobrar una pensión digna. Estos diputados y senadores que a los 7 años tienen derecho a una gran pensión …

Queremos opinar. Y se puede

En estos momentos de crisis estoy seguro que mucha gente desearíamos poder participar en los asuntos públicos expresando nuestra opinión y que la misma fuese tenida en cuenta. Es probable hasta que los ciudadanos expresásemos compromisos de solidaridad e incluso que aceptáramos mucha más austeridad en beneficio general. Sin embargo hemos construido una democracia formal que consiste tan solo- depositar un papel blanco, azul o sepia, en un cajón transparente llamado urna. Ése es el no va más del sacrosanto ejercicio democrático ciudadano. Nos preguntan una vez cada cuatro años, y con eso consideramos que cumplimos nuestros deseos de participar en los asuntos públicos. Demasiado. Dentro de un año y pico tenemos aquí las locales y dentro de un par de años, las generales, a todos nos dará una hemorragia de satisfacción y de orgullo al ir el domingo a votar. Mientras tanto, nuestra única capacidad de participación democrática, son los foros de Facebook y las esos apartados de los periódicos digitales que te invitan a que pongas algo con un deje aquí su comentario. Ya se sabe que hablar libera, eso dicen los psiquiatras.

En fin, pilarín. Si uno así está contento, es que aun está muy azorado por la dictadura anterior y le parece una cosa más que suficiente que le pregunten cada cuatro años por su opinión sobre qué lista le parece menos mala; porque evidentemente buena totalmente no le acaba de parecer nunca ninguna. Le incluyen a gente a la que no conoce ni en pintura y/o a la que no votaría ni harto de vino. Pero esto es como las lentejas, las tomas o las dejas.

La democracia se convierte en un sistema que consiste en optar por una lista cada equis tiempo, más bien largo. Decides sobre unas listas elaboradas por los oligarcas del partido, que son cuatro y el de la guitarra (y ya parecen muchos), con la que se pagan favores y retribuyen o compran lealtades. Previamente los propios correligionarios del partido colorado, azul o verde, se han dado entre ellos en el mejor de los casos codazos varios y en el peor, una cuantas puñaladas traperas dentro del seno de sus organizaciones por estar en puestos con posibilidades. Ya dijo un político cuyo nombre afortunadamente no recuerdo, que “hay amigos, enemigos y compañeros de partido”.

Bueno, a lo que iba. En este mundo tan tecnológicamente avanzado en el que dentro de no mucho es posible que veamos robots programados y ciertamente sumisos que suplan a los funcionarios (art. 1ª del Reglamento del Buen Robot [REBURRO]: No harás nunca daño a tu jefe; antes, te autodestruirás), aun no he oído a ningún político nacional, autonómico, local o mediopensionista que haya sugerido la posibilidad de establecer algún sistema electrónico, telemático o digital para el tratamiento de los asuntos públicos. Me refiero, evidentemente, a un sistema en el que se pueda preguntar a la gente, a los electores sobre las cosas del país. No es tan difícil hoy por hoy. Y si es difícil, que se pongan al tajo un 5 % de los 600 asesores que se dice que tiene el Sr. Presidente (serían 30, que ya son) y que estudien el tema.

Fuera de bromas, ¿tan difícil sería implementar sistemas que permitan pulsar la opinión de los ciudadanos? ¿No está el Gobierno tan orgulloso de que seamos la pera limonera europea en cuestión digital? ¿No hemos formulado nuestras solicitudes al FEIL y ahora al FEESL los 8000 Ayuntamientos españoles con firma electrónica?. ¿No tiene una buena parte de la población ya el DNI electrónico? Para presentar y pagar la declaración de Hacienda o una multa de tráfico hace tiempo que se pueden utilizar sistemas informáticos seguros pero debe ser extremadamente difícil al parecer establecer sistemas que permitan pulsar la opinión ciudadana. Hace ya años que presumimos de tener un excelente sistema informático en Hacienda, puntero en el mundo mundial.

Por qué no pues establecer cajeros electorales y de opinión. Los bancos también hace mucho que establecieron sistemas para facilitar a sus clientes las cosas y todos sabemos que las cosas del dinero deben hacerse de forma segura. Hoy por hoy, hasta los abuelitos menos digitalmente avezados van a los cajeros casi siempre con naturalidad y los utilizan. Aunque haya que establecer espacios habituales de ventanilla tradicional por si acaso.

SI SOMOS IGUALES GANAMOS TODOS

Un año más el Sindicato CSI•F quiere sumarse a la celebración del Día Internacional de la Mujer destacando en este día la necesidad de MEJORAR la igualdad de derechos de la mujer.

Esta cita se ha convertido en una jornada de reflexión sobre el largo camino que las mujeres han tenido que recorrer para ver reconocidos sus derechos. Así lo refleja como principio fundamental la UE y el artículo 14 de la Constitución española, que proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo.

CSI•F reivindicará, a lo largo de este año 2010, medidas de apoyo a la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos laborales y en todos los organismos públicos y políticos basándonos en que la mujer tiene derecho no sólo a un trabajo igual con igual salario, sino que también tiene derecho a realizarse como persona y para ello el hombre y la sociedad deben comenzar por CONCILIAR.

Desde CSI•F como sindicato debemos ayudar a realizar los cambios necesarios para que la organización del trabajo permita garantizar una distribución equitativa de las responsabilidades laborales y de las tareas domésticas y por tanto debemos adoptar medidas que nos permitan conciliar las responsabilidades personales, sociales y profesionales.

Por eso, desde aquí, hacemos firme nuestro compromiso de aportar con nuestro trabajo la creación de una sociedad más justa y libre y que dé cabida a todos aquellos que vean la igualdad de las personas como única vía posible para una mejora de nuestra sociedad actual.

Queremos hacer especial hincapié en que en este día, 8 de marzo, se defienda una sociedad más justa y libre, donde la igualdad de las personas sea la única vía posible para intentar mejorar nuestra sociedad.

CSI•F reconoce el esfuerzo y trabajo realizado por todas y cada una de las mujeres que componen nuestras sociedades y rinde homenaje a todas ellas, en este 8 de marzo.

Desde el Sindicato, no nos cabe la menor duda que, gracias al esfuerzo de todos, la situación de la mujer ha avanzado de forma significativa. Pero aún quedan muchas cosas por hacer para que la igualdad entre hombres y mujeres sea completa y conseguir así una sociedad más justa para todos.

Despilfarro público

En medio de la crisis económica y de los pactos de transferencias a favor de las Comunidades autónomas, se otorga una subvención directa de siete millones de euros y “mira para qué finalidad”, me señalaba esta buena defensora del interés público, pues no en balde aprendió mucho de su padre que fue secretario de un Ayuntamiento.

Y claro que en este momento parece un dispendio. Resumo el acuerdo que se publicó en el Boletín oficial del Estado el 31 de octubre pasado. El Gobierno subvenciona, sin convocar ningún concurso público, a “Basque Culinary Center Fundazioa”. Esta fundación, que cumplirá ahora un año, depende de la Universidad de Mondragón y en ella participan conocidos cocineros vascos. Entre sus fines resalta la creación de una Facultad gastronómica y la creación de un Centro de investigación e innovación gastronómica. Esos objetivos y “la trascendencia de la cultura gastronómica en el producto interior bruto” (sic) son los que califica el Gobierno de “razones de interés público, social, económico” que justifican esa subvención “singular” y directa para atender “cualquier gasto para poner en marcha” la Facultad y el Centro de Investigación.

No debería extrañar que a algunas personas nos sorprenda esta prioridad que se adelanta a otras necesidades. Pensar en otras posibles actuaciones públicas, que se podrían realizar, no es una actitud demagógica. La demagogia es manipulación, no la intención de contrastar razonamientos. Así, con siete millones de euros se pueden renovar muchas instalaciones hospitalarias para acoger las últimas tecnologías. ¡Los hospitales de toda una Comunidad autónoma!, me dice un especialista en gestión sanitaria. Y qué decir de las prestaciones sociales y la ayuda a la dependencia. Con esos millones de euros se cumplirían las solicitudes de toda una provincia. Y las necesidades de tantos Ayuntamientos y su grandísima deuda con miles de empresarios, a quienes se les está empujando a la insolvencia. Ante tantas otras necesidades asombra este acuerdo y más maravilla su rápida ejecución. Porque, según el real decreto publicado, el pago se realizaría de manera anticipada, tras su publicación, y sin necesidad de constituir garantía alguna.

Quizá haya que empezar a indicar estos casos de dispendio, no sólo para que no se repitan, sino, incluso, para que se corrijan. En mi modesto entender, antes de anunciar una reducción lineal del sueldo de los funcionarios públicos, habría que reconsiderar otros muchos gastos que han incrementado la deuda pública. Es más, creo que debería reconsiderarse la legalidad de este regalo a los cocineros. ¿No resultan tales acuerdos lesivos a los intereses públicos? ¿Por qué no se convocó un concurso público? ¿Hubiera cerrado el restaurante Bulli si se le hubieran facilitado siete millones de euros? ¿Por qué se han recortado otras ayudas a proyectos de investigación? ¿Por qué hubo de realizarse el pago anticipado sin mayores garantías? ¿Se ha otorgado ese mismo trato a los Ayuntamientos con las ayudas de los denominados Planes E? ¿Era tan urgente adelantar la subvención estatal, cuando hay otras subvenciones, menos cuantiosas creo, del Gobierno Vasco y la Diputación provincial?

En fin, mientras estudio para darme respuesta a estas preguntas, creo que deberíamos llevar a la práctica esa cláusula de “buena administración” que se incluye en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Los directivos mejor pagados en España

“Más allá del elitista club del millón, que no deja de ser una anécdota, la remuneración del conjunto de los primeros ejecutivos sólo cayó un 3,4% en 2008 respecto al año anterior. Además, descontado el efecto distorsionador de los 14 millones de euros que repartió Endesa en indemnizaciones en 2007, los primeros espadas ganaron un 5,1 % más en 2008. Así se desprende del análisis exclusivo realizado por Actualidad Económica a partir de la información enviada por las propias empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). ¿Cómo ha sido posible esta bonanza salarial?

Los expertos coinciden en que durante el ejercicio pasado las retribuciones contaron principalmente con dos salvavidas: por un lado, se produjo el vencimiento de planes de incentivos a medio plazo y, por otro, la caída de los resultados se concentró, sobre todo, avanzada ya la segunda mitad del año. “Los ejecutivos que cobraron planes plurianuales se lo ganaron: veníamos de años económicamente muy buenos y cumplieron todos sus objetivos”, explica Alejandro Gortari, socio de la consultora ZavalaGortari. “En 2008 no ha habido variaciones significativas en el paquete de compensación porque cobraron la herencia de las vacas gordas”, añade.

El caso de Alfredo Sáenz, vicepresidente segundo y consejero delegado de Santander, encaja perfectamente en este perfil. Con un sueldo de aproximadamente 9,3 millones de euros, es el directivo mejor pagado del ranking y algo más de la mitad del montante (4,7 millones) responde a la parte variable de su retribución por resultados. A los analistas no les extraña este emolumento, ya que el Santander, a pesar de la crisis financiera generalizada, fue en 2008 el primer banco del mundo por beneficios, según la revista Forbes.

La mayoría de las compañías cotizadas todavía no detalla los sueldos de sus ejecutivos. Por ello, para poder realizar este ranking se ha hecho una estimación utilizando el dato de cuánto cobran todos los consejeros ejecutivos de las empresas, que sí son públicos. De esta forma, si una empresa sólo tiene un consejero ejecutivo (Abertis, por ejemplo), se le ha atribuido directamente esa cantidad como su sueldo. En el resto de casos se ha realizado un cálculo aproximado de cómo se reparte esa cifra entre los consejeros ejecutivos. Si son dos, al primer ejecutivo se le atribuye el 70% del total; si son tres, el 50%; sin son cuatro, el 40%, y si son cinco, el 30%. En algunos casos se han hecho ajustes para que las cifras sean más fiables. El dato de Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto, corresponde a lo que cobró como consejera de Santander (la matriz de Banesto).

Prisa y Mapfre se han descartado del ranking porque tenían demasiados consejeros ejecutivos (6 y 8, respectivamente), y la estimación podía resultar un tanto distorsionada. En el caso de Vocento, aunque sólo aparecía un consejero ejecutivo con una retribución de más de 3,8 millones de euros, se ha ajustado el dato porque la mayor parte de ese dinero había sido destinado a pagar la indemnización de Belarmino García, que abandonó la compañía en enero de 2008. En Reyal Urbis, también se han descontado 1,6 millones de euros destinados a pagar indemnizaciones. En Banco Sabadell ha habido ajustes porque en el sueldo de los consejeros ejecutivos se incluía a José Permanyer, aunque éste pasó a ser consejero externo al final del ejercicio. En Cepsa se hizo la estimación teniendo en cuenta que Carlos Pérez de Bricio ejerció de presidente durante los primeros seis meses. Es reseñable que este directivo renunciara a cualquier indemnización por jubilación. En otras compañías, como Amper, la retribución se le ha asignado al ejecutivo que lideró la gestión durante el ejercicio 2008, Enrique Used, aunque al cierre de año fuera sustituido. Otros ejecutivos aparecen en el ranking, aunque han dejado sus cargos en 2009, como Felipe Frías, de Bodegas Riojanas, y Jesús García de Ponga, de Metrovacesa.